miércoles, 4 de abril de 2012

Romeu dice que el PP en las Corts "está camino de convertirse en una mayoría imputada por corrupción"

VALENCIA.- El vicesecretario y portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, Francesc Romeu, ha lamentado este miércoles que "cada vez más escaños del parlamento valenciano están ocupados por dirigentes 'populares' investigados por la justicia o implicados en diversas causas judiciales".

   En este sentido, ha criticado que "la mayoría del PP en las Corts está camino de convertirse en una mayoría imputada por corrupción". Por ello, ha apuntado que "los 'populares' valencianos están proyectando una imagen que no sólo afecta a su partido, sino también a la Comunitat Valenciana, a sus ciudadanos y al propio sistema político".
   Francesc Romeu ha lamentado que este tipo de situaciones "provocan que fuera acabe instalándose la percepción de que los valencianos son gente poco honrada y que sólo busca el interés propio, algo que no se corresponde con la realidad y sólo se circunscribe a los dirigentes del PPCV", ha recalcado.
   Romeu, que se ha pronunciado en estos términos en un comunicadotras la imputación de la exconsellera de Turismo y Bienestar Social, Angélica Such, y del administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008 y exgerente del PP nacional, Cristóbal Páez, en la causa sobre financiación irregular del PPCV, ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "siga sin dar un paso al frente y tome cartas en el asunto".
   En ese sentido, ha criticado que Fabra "no sea firme en la lucha contra la corrupción ni en las medidas puestas en marcha para castigarla y frenarla, sino que sigue parapetado tras su silencio". "Hablaba de transparencia y un cambio en la Generalitat cuando llegó al Consell, pero cada día demuestra que es más de lo mismo", ha indicado.
   El portavoz del PSPV-PSOE ha subrayado que "han vuelto a quedar en entredicho las buenas intenciones de Fabra", ya que "tiene herramientas suficientes para adoptar medidas contra sus diputados imputados, pero se mantiene sin hacer absolutamente nada".
   A ese respecto, ha recordado que "el propio presidente de la Generalitat participó en la redacción del nuevo código ético del PP", que ha demostrado ser "completamente inútil y una nueva gran mentira del PP", puesto que "nadie está interesado en aplicarlo". 
"Si lo hicieran, el número de expedientes que deberían abrir Rajoy y Fabra a dirigentes del PP sería tal que causaría sonrojo hasta al propio Francisco Camps", ha añadido
   Así, Romeu ha incidido en que, "con Such, son ya seis los diputados imputados sólo en el caso de la financiación irregular del PPCV", ya que en la misma situación de la exconsellera de Turismo se encuentran el vicesecretario de Organización del PP, David Serra; la tesorera del PPCV, Yolanda García; el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa; el exvicepresidente de la Generalitat y exconseller de Industria, Vicente Rambla; y la también exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez. "A este proceso judicial, además, hay que añadir muchos otros, como Brugal, Emarsa y Gürtel, que ya se han cobrado sus primeras víctimas en el PPCV", ha concluido.

Compromís pregunta al Consell los motivos del cierre de las oficinas del IVEX

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, ha pedido una comparecencia del Consell en el parlamento valenciano, para que dé explicaciones del cierre de las oficinas del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) en el extranjero. 

   Asimismo, Morera ha anunciado que pedirá una relación laboral de todas las personas que están trabajando en las oficinas que cerrará el Consell y, al mismo tiempo, quiere saber "si serán despedidos o reubicados en otros departamentos, empresas públicas u organismos de la Generalitat".
   El síndic del grupo parlamentario Compromís se ha expresado en estos términos en un comunicado después de que la Generalitat haya decidido integrar sus oficinas comerciales, dependientes del IVEX, en la red del Estado.
   "No sabemos en base a qué criterios se ha tomado esta medida y si se ha consultado a las cámaras de comercio y a las asociaciones empresariales valencianas", ha manifestado Morera, quien ha destacado que tanto el expresidente de la Generalitat Francisco Camps como el actual jefe del Consell, Alberto Fabra, "han pregonado en sus discursos la importancia de la internacionalización de los productos valencianos que ahora, sin duda, lo tienen más difícil porque el ICEX no dará ninguna prioridad a esos productos y servicios".
   Morera, no obstante, ha recordado que las oficinas que cierra el Gobierno valenciana, "están presupuestadas para 2012 como se aprobó en las Corts y ahora, al extinguirlas, se produce una modificación presupuestaria que nos gustaría saber para qué se va a destinar ese dinero".
   Para Compromís, "es muy preocupante la situación", y ha preguntado "quién será ahora quien asesorará a las empresas valencianas en el exterior, que están en una clara desventaja frente a otras autonomías que sí disponen de ese servicio".
   "Por mucho que vengan a pregonar los ministros, lo que está claro es que las empresas valencianas tendrán que hacer cola y perderán muchas oportunidades y la economía valenciana no está en estos momentos para perder oportunidades", ha subrayado.
   Según Morera, "en muchos casos, el IVEX ha estado en el centro de las miradas por las malas prácticas y por ser un chiringuito muy opaco donde se ha hecho de todo y se han favorecido a determinadas personas".
   En esta línea, considera que "si ahora el Gobierno valenciano decide cerrar 13 oficinas, es porque su trabajo en el exterior no ha sido muy notable y si las cierran, es porque nadie las echará de menos y esto también sería muy grave, porque si es así, también resultará que hemos estado muchos años dando dinero en un servicio sin sentido", ha manifestado.

El PSPV denuncia que las inversiones de los PGE en Castellón se reducen un 40% respecto a 2011

CASTELLÓN.- El secretario provincial del PSPV en Castellón, Francesc Colomer, ha denunciado este miércoles que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 reducen las inversiones directas en la provincia un 40 por ciento respecto al año anterior, pasando de 201 a 109 millones de euros.

   Colomer, que ha ofrecido una rueda de prensa junto a la diputada nacional Susana Ros y al senador Enrique Navarro, ha asegurado que los PGE "desenmascaran las grandes mentiras del PP, ya que suben los impuestos, se hace una amnistía fiscal y el victimismo que mostraron los 'populares' respecto a las inversiones en la provincia cuando gobernaba el PSOE cae desplomado con las cifras que ahora presentan".
   "La provincia de Castellón es menospreciada en estos PGE, en los que no hay síntomas ni señal alguna sobre ningún proyecto nuevo", ha señalado el dirigente socialista, quien ha añadido que "son los cuartos presupuestos de la crisis y, sin embargo, en los tres anteriores se cumplieron los objetivos de rebajar el déficit, mantener las políticas sociales y no parar la modernización, mientras que el actual sólo incluye rebaja del déficit, recortes y abonar la cultura del temor entre las clases más necesitadas".
   Colomer se ha comprometido a que, en el trámite parlamentario, los representantes socialistas en la provincia intentarán corregir los PGE. Al respecto, ha pedido a los diputados y al senador que "hagan un esfuerzo para pactar con los diputados del PP las enmiendas necesarias para que Castellón salga mínimamente bien parada".
   Por su parte, la diputada Susana Ros ha explicado que los PGE son para la provincia de Castellón una "estafa política, una burla y un engaño" y ha añadido que "son los peores y más duros" e "injustos e ineficaces para salir de la crisis, con cero inversiones nuevas, ya que las que aparecen ya estaban comprometidas y se realizaron con el gobierno socialista".
   Así, ha apuntado que estos presupuestos suponen un "ataque brutal" para lo que significa la Ley de la Dependencia, un recorte en educación y en I+D+i, la "prácticamente desaparición" de las inversiones en regeneración del litoral y una reducción del 85 por ciento en la partida de la Seguridad Social para el fomento del empleo y el desempleo en la provincia de Castellón.
   El senador Enrique Navarro también ha criticado los PGE, los cuales, --según ha dicho-- "son difíciles de explicar, y la prueba es la suspensión de la comparecencia que iban a realizar hoy el presidente provincial del PP, Carlos Fabra, y el diputado Manuel Cervera para hablar de ellos".
   Navarro ha criticado que en las cuentas públicas para 2012 hayan desaparecido las inversiones para proyectos como los cuarteles de la Guardia Civil de Burrina y Onda y la Comisaría de la Policía Nacional de Villarreal que, según una respuesta del Miniterio de Interior al senador, no volverán a aparecer hasta 2016.
   El socialista también ha lamentado la reducción del 29,4 por ciento que han sufrido los Programas de Competitividad y Reindustrialización, así como los 30 millones de euros con que cuenta el Corredor Mediterráneo en el tramo de Castellón para 2012, "que sólo son para la ejecución de la plataforma". En este sentido, Colomer ha confiado en que "no haya ferrocarriles sin vías, al igual que aeropuertos sin aviones".

EUPV responsabiliza a Fabra de que los imputados en la financiación irregular "continúen" en las Corts

VALENCIA.- La síndica de EUPV y coordinadora de la formación, Marga Sanz, ha responsabilizado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que los diputados que están imputados en la causa de la financiación irregular del PP, en el caso Gürtel, continúen en su escaño en las Corts Valencianes.

   Sanz, en un comunicado, ha calificado de "vergonzoso que se vuelva a repetir el mismo esquema que con el juicio de los trajes: dos diputados, Camps y Costa, sentados en el banquillo judicial". Por ello, ha exigido a Fabra que "no permita este mismo escenario y que antes de las declaraciones de los imputados por la financiación irregular del PP, por delito electoral o por las contrataciones irregulares por las ediciones de Fitur, exija que abandonen su escaño".
   "El PP está permitiendo que se ensucie diariamente la institución de las Corts, con imputados en casos de corrupción que no son apartados de la vida política pública y que continúan sentados en el escaño", ha lamentado.
   Esquerra Unida considera que los delitos por los cuales se acusa a Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García, Vicente Rambla, Angélica Such y Milagrosa Martínez son "muy graves". En su opinión, "Fabra tiene la responsabilidad de apartar a todos los diputados, así también como a los dirigentes de su propio partido, imputados en la causa".
   Marga Sanz también ha añadido que "es imposible creerse los discursos sobre transparencia y honradez de Fabra cuando éste lleva ya casi un año sin limpiar su partido y a los cargos públicos que tiene en las instituciones y que están inmersos en casos de corrupción".

El sector turístico considera que "el sol y playa es el petróleo de la Comunitat"

VALENCIA.- El sector turístico de la Comunitat Valenciana ha mantenido este miércoles su primera Conferencia de Marcas Turísticas y Sector Empresarial, presidida por el jefe del Consell, Alberto Fabra, y donde el presidente de la Federación Hotelera de la Comunitat Valenciana (FHCV), Luis Martí, que ha actuado como portavoz, ha destacado que "el sol y playa es el petróleo de la Comunitat".

   Martí ha indicado que la conferencia en la que han participado todos los representantes públicos y privados del sector que ha sido "muy interesante" porque ha sido "la primera vez en la que se ha podido hablar de las marcas turísticas y de su potencial, además de poner en común la estrategia para este año, su plan operativo y de marketing".
   El portavoz del sector turístico empresarial ha señalado que durante la conferencia se ha hablado "mucho" de la coordinación entre el sector público y las distintas administraciones públicas, y también de la colaboración entre estos dos sectores. "Los empresarios le hemos trasmitido al presidente la voluntad de coordinarnos con el sector público para lanzar campañas de promoción e intentar salir de esta situación de crisis con el objetivo de optimizar recursos", ha explicado.
   Martí considera que la imagen que tiene la Comunitat, tanto en España como el exterior, y sobre todo en países del arco europeo, "tiene que reforzarse". El presidente de FHCV considera que en la Comunitat "se tiene que crecer, somos muy creativos y se tiene mucho potencial".
   Además ha recordado que la Comunitat es "un destino muy atractivo y aunque a veces no se llene, siempre se tiene una ocupación muy superior a otras Comunidades Autónomas". En este sentido ha insistido en que "sigue siendo atractivo el sol y playa, que es el petróleo de la Comunitat, y siguen siendo atractivos los destinos urbanos, con Valencia a la cabeza".
 "Tenemos que ser optimistas para el futuro porque contamos con una gran Comunidad Autónoma y grandes productos", ha afirmado.
   El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha reconocido que el sector turístico es "fundamental" para la Comunitat porque representa el 13 por ciento del PIB y más del 12 por ciento de las personas que trabajan en la Comunitat. "Es un sector muy cambiante y obliga a estar siempre muy atentos", ha señalado.
   Fabra ha explicado el motivo de esta primera conferencia que es "escuchar al sector para conocer sus preocupaciones e inquietudes". La Comunitat la visitan más de 21 millones de turistas al año, lo que la convierte en el tercer destino en cuanto a turistas nacionales y el  quinto en cuanto a turistas extranjeros.
   El presidente de la Generalitat ha reconocido que para ser un referente "hay que trabajar de una forma constante, permanente y diaria". "Tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias", ha añadido.
   El sector le ha pedido mejorar de infraestructuras, que no haya duplicidades, mayor coordinación con las administraciones públicas y mayor cantidad presupuestaria para promoción de la marca Comunitat Valenciana. "Estas reivindicaciones están contempladas en el plan estratégico", ha agregado.
   A este primera conferencia han asistido, además del presidente de la Generalitat, la consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, representantes de las diputaciones y de todas las federaciones, confederaciones y asociaciones del sector turístico empresarial.

CCOO critica la "sumisión" de Fabra ante unas cuentas que "dinamitan" las políticas de empleo

VALENCIA.- El secretario general del CCOO-PV, Paco Molina, ha criticado este miércoles el "silencio" y la "sumisión" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, a su juicio, "dinamitan las políticas activas de empleo y la protección social" y, con ello, "enquistan" a la Comunitat "en un modelo productivo que ya es un fracaso".

   En un comunicado, Molina ha señalado que el traslado de esas cuentas a la Comunitat "deja en una situación todavía más grave" a la autonomía y, junto a la reforma laboral, la sitúan por encima de las 700.000 personas desempleadas.
   El dirigente sindical ha criticado asimismo que se produzca un "castigo a la investigación y a la educación", así como que "ese silencio y sumisión de la Generalitat también se extiende a que ya ni siquiera aparece la reivindicación de la deuda histórica autonómica".  
   Así, ha emplazado a Fabra a "convocar una reunión urgente" con los agentes sociales para explicar "cuál va a ser la hoja de ruta que va a aplicar ante una situación que ya es alarmante, sobre todo por el crecimiento imparable del desempleo y de la desprotección social".
   Molina ha apuntado, en este sentido, que más del 40 por ciento de las personas paradas en la Comunitat ya no tienen ningún tipo de prestación.
   El máximo responsable de CCOO-PV asegura que "ya hace un mes" que solicitó una reunión con jefe del Consell y reivindica que "ahora ya el encuentro ha de ser con carácter de urgencia, puesto que ha de explicar qué es lo que piensa hacer".

La naviera MSC elige Valencia para ubicar su oficina central en España

VALENCIA.-   La compañía naviera MSC, Mediterranean Shipping Companay, ha elegido la ciudad de Valencia para ubicar, en un nuevo edificio que construirá en el PAI de Moreras, la oficina central del grupo en España. En este inmueble, que tendrá once alturas y que comenzará a construirse el próximo mes de mayo, se concentrarán todas las oficinas que esta compañía tiene distribuidas en Valencia y se centralizará el trabajo que desarrolla en las sedes que tiene en otras siete ciudades españolas.  

   Así lo han explicado este miércoles la alcaldesa de la capital valenciana, Rita Barberá, y el vicepresidente de MSC España y director de la firma en Valencia, el valenciano Francisco Lorente, en la rueda de prensa que han ofrecido para dar a conocer este proyecto.
   La primera edil ha comparecido en la rueda de prensa acompañada también por el edil de Urbanismo, Jorge Bellver; el de Licencias y Coordinación Jurídica, Félix Crespo, y la directora general de licencias, Esmeralda Orero, por estos los servicios implicados en la tramitación del proyecto de la naviera.  
   Ha destacado que los permisos necesarios para la construcción y actividad de este edificio, que supondrá una inversión de 18 millones de euros en la ciudad, se ha realizado por el nuevo sistema municipal de concesión de licencias exprés.
   Barberá ha resaltado que la puesta en marcha de esta nueva tramitación, en la que se unifican gestiones y documentación, ha hecho posible que la autorización de esta nueva sede de MSC, la segunda naviera del mundo, se haya llevado a cabo en sólo "dos meses y diez días" cuando "la ley prevé hasta ocho meses" de tardanza "y en la práctica hasta dos años".
   La responsable municipal ha resaltado la puesta en marcha de las licencias exprés en respuesta a uno de sus compromisos electorales con el fin de "agilizar las tramitación de licencias", reducir tiempos y evitar "costes innecesarios" a empresas y particulares. Ha considerado que ésta es "una magnífica noticia para la economía" que da "confianza" y es una "prueba evidente" de la contribución del Ayuntamiento para "crear empleo y dinamizar la economía".  
   Ha manifestado que Valencia es "una vez más pionera", en este caso en la reducción de trámites para poner en marcha una actividad económica o iniciar una obra. Asimismo, Barberá ha valorado la decisión de MSC, "una de las empresas más importantes del mundo", de incrementar su presencia en Valencia, donde también cuenta en el puerto con un muelle propio para distribuir el tráfico con Asia.
   En esta línea, ha subrayado la "apuesta" de la iniciativa privada por esta ciudad con el fin de desarrollar sus iniciativas y se ha alegrado de que en una "situación dificilísima" como la actual por lo que se refiere a la economía se puedan "dar noticias" como la anunciada por MSC. Ha agregado que decisiones como ésta indican que Valencia está "en las mejores condiciones para que el dinero privado se asiente aquí".
  El nuevo edificio de MSC se asentará en el PAI de Moreras, junto al PAI del Grao, según ha precisado la alcaldesa, que ha destacado que así se contribuirá también, "de forma importante", al desarrollo urbano de la zona" y "a la expansión de una de las zonas más bonitas" de la capital en un futuro. Por lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo ha indicado que esta nueva sede de la naviera supondrá la creación de 300 empleos, además de los 150 directos derivados de la construcción del edificio.
   Las obras de este inmueble, que tendrá 1.277 metros cuadrados de superficie entre oficinas y aparcamientos, se iniciarán el próximo mes de mayo y se prolongarán durante unos 22 meses. Francisco Lorente, por su lado, ha agradecido la "colaboración" mostrada por el Ayuntamiento de Valencia para poner en marcha este proyecto "en un plazo tan reducido" por lo que respecta a la concesión de las licencias.
   Lorente, que ha recordado que MSC llegó a Valencia hace 30 años, ha explicado que su sede central en esta ciudad servirá para reunir en un solo lugar a todos los empleados que tiene en esta zona, además de coordinar las actividades en el conjunto de España. Ha considerado que esto permitirá optimizar recursos y unificar sinergias, al tiempo que ha expresado la "ilusión enorme" que para la compañía supone poner en marcha esta iniciativa.
   Asimismo, el responsable de la naviera ha señalado que la importante actividad que desarrolla en el puerto de Valencia en cuanto a tráfico de contenedores ha sido lo que ha hecho decantarse a la firma para elegir este lugar como sede central. Ha apuntado que su actividad supone el 66 por ciento del tráfico de contenedores en el puerto valenciano y ha destacado que hay pocos recintos de este tipo que permitan trabajar a buques de las dimensiones de los de MSC. La compañía cuenta con un nuevo tamaño de barcos, de la longitud de la calle Colón de Valencia con capacidad para 18.000 contenedores.  
   La alcaldesa ha hecho durante la rueda de prensa un balance de los dos primeros meses de funcionamiento del sistema de concesión de licencias exprés para actividades y construcción y ha detallado que en este tiempo se han tramitado 749 expedientes, 506 para la apertura de negocios. Ha indicado que todos ellos son "generadores de riqueza y dinamización", así como de "empleo".
   De los 749 expedientes tramitados, 506 se refieren directamente a actividades, es decir, a la apertura de nuevos negocios en la ciudad --peluquerías, clínicas, comercios, talleres, entre otros--. Rita Barberá, que ha valorado la labor del servicio de licencias, ha comentado que si se estima que cada uno de esos nuevos negocios supone, al menos, la presencia de dos personas empleadas, esto implica que en estos dos meses se han creado 1.000 puestos de trabajo en Valencia.
  "Es importante visualizar de esta manera la trascendencia social de los datos", ha afirmado la primera edil, que entre los negocios de nueva apertura ha citado la apertura de la tienda especializada en deportes Decathlon, con la generación de más de 100 puestos de trabajo.
   El resto de los expedientes tramitados, 243, corresponden a actuaciones de obras, y buena parte de ellos van dirigidos a la construcción o a la rehabilitación integral de un total de 555 viviendas --200 de nueva planta y 355 de rehabilitación integral--.

El Gobierno presenta unos presupuestos para la situación "límite" del país

MADRID.- El Gobierno ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 que responden a la situación "límite del país" por el "gravísimo momento" que atraviesa la economía española. El pago por intereses del déficit aumentará de nuevo en 2012 hasta alcanzar los 28.848 millones de euros, mientras que la deuda pública rozará el 80% del PIB en este ejercicio. Los ingresos no financieros, por su parte, ascenderán un 19,1%.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha entregado este martes en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de los PGE, los primeros que ha elaborado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, quien los ha definido como "duros" pero "imprescindibles" para recuperar la senda del crecimiento económico y del empleo.
   En esta ocasión, Montoro ha innovado este año con la entrega de las cuentas públicas en formato BIDI, es decir, con la presentación de un cartel con un código QR que, leído con una aplicación informática, permite acceder directamente a una gran cantidad de información.
   El presupuesto para 2012, marcado por el objetivo de reducción del déficit del 8,5 al 5,3%, incluye un nuevo ajuste de 27.300 millones de euros. Este ajuste, el mayor de la democracia, procede de una fuerte reducción del gasto y de una serie de medidas fiscales incluidas en un decreto-ley que acompaña a las cuentas.
   En dicho decreto, el Gobierno ha introducido cambios en el Impuestos de Sociedades y en el de Labores del Tabaco, así como ha dado vía libre a una 'amnistía fiscal' para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país. Con esta medida, pretende recaudar 2.500 millones de euros, cantidad que, junto a todo lo recaudado a través de otras iniciativas puestas en marcha por Rajoy, sumaría unos 12.314 millones de euros.
   "Son unos Presupuestos que no dañan la esencia de la recuperación económica", ha dicho Montoro en la rueda de prensa en la Cámara Alta, añadiendo que las cuentas son "extraordinarias" en cuanto a la reducción del gasto y el aumento de ingresos que plantean. "Son unos Presupuestos a tenor de la situación extraordinaria de España", ha agregado.
   De este modo, el titular de Hacienda ha afirmado que los Presupuestos están "absolutamente comprometidos" con la corrección del déficit a la baja, por lo que permitirán al país cumplir con el objetivo marcado por la Unión Europea.
   "Hay que reducir la dependencia financiera. Cuando lo consigamos seguro que vendrá la recuperación de la economía. El mayor problema de España, y el que produce y agrava la recesión y nos lleva a pérdida de puestos de trabajo tan lamentables como se siguen produciendo, es la financiación de la economía, el alto endeudamiento", ha señalado.
   Por ello, Montoro ha subrayado que "la confianza hay que ganársela" y "trabajársela" porque "no vale esperar que la traiga nadie servida en una bandeja de plata". "Primero el déficit, segundo el déficit y tercero el déficit", ha apostillado, a la vez que ha insistido en que las cuentas públicas responden a la situación "límite del país".
   En cuanto a la consolidación fiscal, Montoro ha asegurado que no aceptará "excusas ni pretextos" de ninguna Comunidad Autónoma porque no caben las "posturas autóctonas" en la lucha contra el déficit.
   Al ser preguntado por la situación concreta de algunas regiones como Andalucía, Asturias o Cataluña, Montoro ha aseverado que los Presupuestos son "complicados" para todas las comunidades, por lo que ha resaltado que las negociaciones políticas solo deben referirse a la necesidad "objetiva" de cumplir con el déficit. "Todos vamos a seguir en el mismo barco", ha asegurado.
   Por otro lado, el pago por intereses de la deuda aumentará de nuevo en 2012 hasta alcanzar los 28.848 millones de euros, el equivalente a un 2,7% del PIB, a pesar de que es una cantidad superior al recorte total de los PGE, según el Ejecutivo.
   La deuda pública crecerá en este año del 68,5% al 79,8% del PIB por las nuevas necesidades financieras y la refinanciación de vencimientos, así como por el impacto de instrumentos como el FROB o el fondo de pago a proveedores. En el caso de la Administración Central, este ratio pasará del 52,1% al 60% del PIB.
   El Gobierno ha calculado que los gastos por intereses de la deuda alcanzarán los 28.876,03 millones de euros en 2012, para lo cual ha tenido en cuenta que la prima de riesgo se mantendrá por encima de los 300 puntos básicos.
   En cuanto a los ingresos no financieros totales para este año, éstos ascenderán a 211.089 millones de euros, con un incremento del 19,1% respecto a 2011, equivalente a 33.903 millones de euros más, según el proyecto de Ley de PGE.
   Los ingresos impositivos aumentarán un 4,3%, mientras que en los ingresos no impositivos se espera un crecimiento de hasta el 165,7%, como consecuencia del efecto de liquidación del sistema de financiación autonómico de 2010.
   Respecto al presupuesto de gastos del Estado para 2012, éste asciende a 214.701,87 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,4% en comparación al presupuesto inicial de 2011. El mayor volumen de gasto corresponde a las transferencias, con una dotación conjunta de 85.519,56 millones de euros, representando aproximadamente el 40% del total.
   Asimismo, el proyecto de PGE también contempla una caída de la inversión estatal en la mayoría de las comunidades autónomas. El Estado distribuirá lo que queda de este año un total de 15.531,57 millones de euros entre las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, frente a los 20.684,06 millones que se aprobaron en los Presupuestos para 2011, lo que supone un descenso del 25%.
   Cataluña, Navarra, La Rioja, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las autonomías que más pierden, mientras que País Vasco y Galicia son las únicas que no van a sufrir un descenso en las inversiones estatales, sino que las verán incrementadas.
   Por otra parte, las cuentas públicas presentadas este lunes prevén que el número de parados aumente este año en 602.800 personas, un 12% más que en 2011, hasta superar los 5,6 millones de desempleados. Esto supone que en 2012 la tasa de desempleo subirá un 2,7 puntos, hasta el 24,3%.
   Sin embargo, el presupuesto para este año destinado a políticas activas de empleo será de 5.764,74 millones de euros, un 21,3% menos que en las cuentas públicas de 2011. Un descenso que el Ejecutivo justifica en los ajustes efectuados para la reducción del déficit público y el recorte previsto en los ingresos por cuotas de formación profesional.
   Además, el Gobierno también prevé que ingresará por cotizaciones sociales un total de 106.332,96 millones de euros en 2012, un 3,7% menos que en 2011. Esta recaudación permitirá a la Seguridad Social financiar el 88,1% de su presupuesto total.
   El 46,3% del presupuesto consolidado del Estado para este ejercicio se destinará al pago de pensiones (el 37,1% del total) y de prestaciones por desempleo (9,2%). Si bien, estas últimas se han reducido hasta los 28.503,12 millones de euros, un 5,4% menos que en 2011.
   El Ejecutivo explica que el "elevado" gasto en prestaciones por desempleo registrado en los últimos años ha provocado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) "requiera de importantes aportaciones del Estado para su financiación".
   Cabe destacar que los PGE de 2012 también contemplan que el presidente del Gobierno percibirá este año un total de 78.185,04 euros en concepto de retribución, lo que supone un sueldo bruto mensual de 6.515,42 euros, el mismo que estuvo percibiendo José Luis Rodríguez Zapatero desde 2010.

Nueve de cada diez españoles consideran la corrupción un problema muy grave o bastante grave

MADRID.- Nueve de cada diez españoles consideran la corrupción un problema grave o bastante grave según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica en el que se también se advierte que dos de cada tres españoles cree que somos bastante o muy tolerantes con la corrupción en general.

   Según el estudio, un 60,5% de los encuestados creen que la corrupción en España es un problema muy grave. Asimismo, un 28,9% consideran que este problema es "bastante grave", mientras que un 6,9 creen que es "algo grave".
   Por contra, únicamente un 2,4% de los cuestionados creen que la corrupción es un problema "poco grave" en nuestro país y un 0,5% de los encuestados dicen que este asunto es "nada grave".
   El porcentaje de quienes consideran bastante o muy grave el problema de la corrupción es superior entre los jóvenes de 16 a 24 años (93,2%), quienes tienen estudios secundarios (92,3%) y los de clase media-baja o baja (91,3%).
   En cambio, ese porcentaje es inferior entre los entrevistados de 25 a 34 años (86,7%), los que tienen estudios universitarios (87,1%) y los de clase alta y media-alta (91,3%).
   En esta cuestión, no se registran diferencias reseñables en las opiniones registradas entre los colectivos de votantes de los dos principales partidos políticos.
   También, son mayoría los ciudadanos que consideran que los españoles somos bastante o muy tolerantes con la corrupción en general y en el día a día. Un 65,5% de los encuestados creen que en nuestro país somos "muy o bastante tolerantes con la corrupción".
   Asimismo, un 16,2% aseguran que somos "algo tolerantes" con este asunto mientras que solo un 14,3% de los encuestados defienden que somos "poco o nada tolerantes" con la corrupción.
   La proporción de quienes señalan que los españoles son bastante o muy tolerantes con respecto a la corrupción es superior quienes tienen entre 45 a 64 años (73,8%), quienes tienen estudios secundarios (70,2%) y los de clase media-alta o alta (69%).
   Sin embargo, el porcentaje de quienes sostienen esa misma opinión es inferior entre los más jóvenes, quienes tienen de 16 a 24 años (54,9%), quienes tienen estudios primarios o inferiores (63,2%) y los informantes de clase media-baja o baja (63,7%).
   La encuesta realizada por el instituto Simple Lógica está realizada entre el 1 y el 12 de marzo mediante entrevistas telefónicas a 1.021 adultos con un margen de error del 3,13%.

El juez imputa al administrador del PP en las generales de 2008 por 'Gürtel'

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil por supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur, dentro del 'caso Gürtel', ha imputado al administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008, Cristóbal Páez, así como al presidente del grupo empresarial Cyes, Felipe Almenar, a la trabajadora de Orange Market Mercedes Orts y a Rocío Perea Fernández. 

   Según han informado fuentes del TSJCV, el juez ha citado a declarar a Páez, también exgerente del PP nacional, el 30 de mayo por la pieza segunda, que se ocupa del supuesto delito electoral, mientras que los otros tres nuevos imputados no tienen aún citación para declarar.
   Esa es una de las citaciones incluidas en el nuevo calendario de declaraciones de imputados dado a conocer por el TSJCV este miércoles, que recoge entre otras la del exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, que deberá comparecer el 25 de mayo; la del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, que lo hará el día 29 del mismo mes; la del extesorero del PP, Luis Bárcenas, citado el 22 de mayo; y la de los supuestos 'cabecillas' de la trama Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Francisco Correa, que acudirán entre el 14 y el 15 de mayo.

El plan de España para costear los rescates de entidades encalla en Bruselas

MADRID.- El plan de España para costear los rescates de entidades intervenidas por el Estado ha encallado en Bruselas, lo que ha paralizado las subastas pendientes, según informaron fuentes conocedoras del proceso. 

   La Comisión Europea ve las propuestas planteadas por el Gobierno español para engordar el fondo que sufraga entidades quebradas como una ayuda de Estado encubierta con impacto sobre el déficit, hipótesis que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa.
   El Gobierno español aborda desde hace meses con el Ejecutivo comunitario diversas fórmulas para dotar de recursos al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la negativa de las entidades de incrementar sus aportaciones al FGD.
   El Ministerio de Economía ha planteado a Bruselas diversas vías para que el organismo dependiente del Banco de España realice un préstamo público al FGD para que las entidades lo devuelvan posteriormente a un tipo de interés de mercado.
   En este sentido, ha propuesto que el FGD realice una emisión de deuda que sea suscrita inmediatamente por el FROB a cambio de un cupón, pero la Comisión Europea considera que se trata de una ayuda de Estado encubierta con efecto sobre las cuentas públicas.
   El departamento que lidera Luis de Guindos también ha propuesto la opción contraria: que el FROB, cuya capacidad de endeudamiento se eleva a 90.000 millones de euros, emita deuda para su suscripción por parte del fondo de garantía, opción que también ha encontrado el rechazo europeo.
   El uso de los recursos del FROB no computa como déficit público en caso de que el organismo los recupere con los intereses correspondientes, pero sí en caso contrario, lo que podría amenazar el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal marcados por la UE. Las colocaciones de deuda del FROB engordan la deuda del Estado y no el déficit.
   En la actualidad, el FROB cuenta con fondos disponibles de 22.495 millones de euros entre capital (9.000 millones), dinero captado a través de emisiones de deuda (10.945 millones) y una linea de crédito sindicada (3.000 millones), mientras que ha comprometido recursos por 20.000 millones.
   Las recientes ayudas concedidas por el FROB a Unicaja para su fusión con Caja Duero España por 475 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, han provocado que en el sector financiero prendiera la idea de que la absorción de entidades débiles puede conllevar respaldo público y refuerza su rechazo a ampliar las aportaciones al FGD.
   El Gobierno había sugerido a las entidades financieras la necesidad de que afrontaran una derrama o el incremento de sus aportaciones efectivas al fondo para culminar la reestructuración del sistema financiero, lo que soliviantó a las entidades de mayor tamaño, especialmente a Santander y Caixabank.
   El FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque la ley contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias, así como que se establezca un adelanto de las cuotas anuales al FGD.
   El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, reclamó recientemente al Gobierno que aclare de dónde saldrán los recursos para costear los rescates de entidades intervenidas, del FGD o del FROB, y recordó que éste último instrumento se creó con el objetivo de impulsar la reestructuración financiera.
   El objetivo fundacional del FGD es garantizar los ahorros de los depositantes, pero el anterior Gobierno socialista amplió su función para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reestructuración financiera española en aras de reducir su capacidad y aumentar su solvencia.
   El FGD cuenta en la actualidad con menos de 2.000 millones de euros, y en el sector financiero da por descontado que se agotarán con la adjudicación del Banco de Valencia. También quedan pendientes los procesos de Catalunya Caixa y Novacaixagalicia en caso de que no encuentren inversores privados para cubrir las necesidades de capital que provocaron la entrada de fondos estatales en su accionariado.
   La subasta de la filial de Bancaja, intervenida el pasado mes de julio por sus graves problemas de solvencia tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) de aportarle capital, arrancará mucho después de lo esperado por el sector financiero, que contaba con recibir el cuaderno de venta hace un mes.