miércoles, 27 de febrero de 2013

De la exportación, y de la importancia del crédito bancario / Ángel Tomás Martín *

El crecimiento de la exportación, es el resultado del esfuerzo de los empresarios para compensar el continuo descenso del consumo nacional, aun a costa de la reducción de los márgenes de beneficios, para conseguir ser más competitivos en el exterior, junto a una imprescindible inversión que exige la apertura de nuevos mercados.

Existe un alto colectivo de empresarios, que con instinto emprendedor y a base de esfuerzo, imaginación e inversión, está haciendo posible la presencia de España en un mercado cada vez mas globalizado, a la par que influye positivamente en nuestra balanza de pagos. 

No utilicemos el creciente éxito de nuestras exportaciones para lanzar la frase, ingeniosa pero poco ortodoxa "ya se ven brotes verdes", que en modo alguno puede atribuirse a nuestra economía real interior que continúa en recesión, ocasionando más cierre de Pymes y crecimiento del paro. No olvidemos que hasta que no crezca el PIB por encima del 1,5%, no veremos aparecer de forma progresiva nuevas empresas ni descenderá el paro; así nos lo hace saber Bruselas al respondernos que durante el 2.013 seguirá la recesión, el paro y el desequilibrio presupuestario.

Si bien es motivo de satisfacción observar el crecimiento de nuestras exportaciones, también es motivo de preocupación la dificultad del acceso a la financiación de nuestras empresas, imprescindible para potenciar nuestra economía real interior, tema del que hacemos algunas reflexiones a continuación.

La disminución del volumen de compras y de la cartera de clientes en la distribución, han sido las consecuencias principales de la creciente baja en el consumo que padecemos. Sin embargo, un segundo motivo, no de menor importancia, las restricciones cada vez más severas a que las entidades bancarias han sometido a las pequeñas y medianas empresas, han originado el estrangulamiento de las mismas. 

Solo en el último trienio la caída del crédito al sector privado se aproximó al 10%, equivalente al 18% del PIB, debido a las siguientes causas: 

a). Exceso de activos inmobiliarios improductivos y devaluados que el sector bancario se ha visto obligado a incorporar a su balance desde el estallido de la burbuja a finales del 2.005. 
b). Paralización del recobro de capital más intereses correspondientes a las hipotecas. 
c). Aumento acelerado de la morosidad. 
d). Inversión en deuda soberana, ajena a su natural práctica de banca comercial.
e). Necesidad de recapitalización. 

Todo ha obligado a que la concesión de créditos sea mucho más estricta y en condiciones más adversas, debido también al cierre de los mercados mayoristas de financiación hacia nuestro sistema bancario, al incremento de los intereses y comisiones aplicados, y a la exigencia de garantías más sólidas para hacer frente al elevado riesgo que supone la difícil situación económico-financiera de una buena parte de las empresas, y en especial de las pequeñas y de mediano tamaño.

Nuestra economía la sostienen principalmente las Pymes, ya que de acuerdo con los datos de Eurostat, el 99,1% del conjunto empresarial lo integran las que tienen menos de 250 empleados, y dentro de ese porcentaje, el 93% lo componen empresas que emplean entre uno y nueve trabajadores. En cuanto al porcentaje de empleo que absorben las Pymes se eleva al 79,5 del total ocupados.

Para crear riqueza ha de promoverse y estimular principalmente a estas últimas dada la importancia que tienen para la economía española, sin olvidar que hasta que fluya el crédito no será posible iniciar la recuperación.

No podemos esperar un crecimiento continuado, si no se promueven fuentes de riqueza capaces de ilusionar a los emprendedores, lo cual solo es alcanzable si analizamos y promovemos las tradicionales de cada región; tarea preferente y principal que deberían asumir las CCAA, apoyadas en un Plan Nacional estructural coherente con la riqueza natural de las mismas. 

Cualquier otro camino ni es inteligente, ni rentable, ni consigue el bienestar colectivo e individual.

(*) Empresario y economista

La justicia europea reduce en 116 millones ayudas a la Comunitat Valenciana por "irregularidades sistémicas"

BRUSELAS.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha confirmado este martes la decisión de Bruselas de reducir en 116 millones las ayudas comunitarias a la Comunitat Valenciana tras constatar "irregularidades sistémicas" en la adjudicación de contratos y el pago de los fondos. 

   La sentencia desestima todos los argumentos presentados por España y rechaza sus recursos contra la decisión del Ejecutivo comunitario. Además, se reducen los fondos estructurales para Andalucía en 219 millones de euros y los del País Vasco en 28 millones. En total 363 millones.
   Las irregularidades fueron detectadas por la Comisión durante las auditorías aleatorias realizadas para verificar cómo se habían gastado los fondos del periodo 1994-1999 en las tres comunidades. "A raíz del examen de dichas muestras, la Comisión apreció numerosas irregularidades, algunas de ellas recurrentes", destaca el fallo.
   Los errores constituían principalmente infracciones de la normativa de la UE en materia de contratación pública, tales como la modificación de contratos iniciales y la adjudicación directa de las obras complementarias sin realizar una nueva licitación; la adjudicación de contratos utilizando criterios supuestamente irregulares (como el criterio del precio medio y la implantación local y la experiencia de la empresa) y la no publicación de anuncios de licitación en el Diario Oficial de la UE.
   La Comisión también señaló la infracción de las normas aplicables en el ámbito de los fondos estructurales, como la ejecución de compromisos después de la fecha límite fijada, los pagos de los gastos con posterioridad al plazo de elegibilidad, o bien la falta de pistas de auditoría y de comprobantes de pago en proyectos de ayuda de Estado.
   En sus recursos, España no negó la existencia de irregularidades en los diferentes proyectos concretos auditados por la Comisión, pero alegó que el Ejecutivo comunitario no puede realizar las correcciones financieras mediante extrapolación.
   El Tribunal rechaza este argumento, recordando que la jurisprudencia ha establecido ya que errores sistemáticos comunes a varios proyectos de un mismo programa operativo pueden justificar una corrección financiera aplicable al conjunto del programa.

La jueza del 'caso Cooperación' cita a declarar a 13 imputados y 11 testigos a partir del 7 de marzo

 VALENCIA.- La magistrada instructora del conocido como 'caso Cooperación' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pía Calderón, ha citado a declarar a partir del 7 de marzo a once testigos y 13 imputados en la causa, entre ellos, los ex altos cargos del Consell Josep Maria Felip y Alexandre Català, según consta una providencia con fecha 25 de febrero facilitada por el TSJCV.

   Asimismo, ha acordado la declaración para el 20 de marzo de los hermanos Tauroni, Arturo y Augusto César, este último el único de los imputados que permanece en prisión desde el momento de su detención y considerado el presunto cabecilla de la trama, en la que está igualmente imputado el que fuera titular de la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y actual diputado del PP en las Corts, Rafael Blasco, quien ya declaró el pasado 18 de octubre.
   Los imputados citados a declarar son, para el 8 de marzo, a las 9.00 horas, la que fuera jefa de servicio de Gestión de Programas de Cooperación, María Dolores Escandell; a las 11.00 horas, el ex director general de Inmigración y Cooperación, Josep Maria Felip; y Francisca Codina, a las 13.00 horas, que trabajaba en ese departamento.
   Para el 11 de marzo, a las 11.15 horas, está citado el exsubsecretario de la Conselleria de Inmigración y Solidaridad, Alexandre Català, que también ocupó este cargo en Sanidad. El día 12, a las 11.00 horas, se ha acordado la comparecencia de Luis Fernando Castel, responsable de la principal empresa evaluadora externa que analizaba los proyectos de Cooperación para la extinta Conselleria.
   Un día después comparecerán ante la jueza dos imputados más que desarrollaron tareas de responsabilidad en el departamento de Solidaridad: a las 10.00 horas, Tina Sanjuán, que desempeñó el cargo de secretaria general administrativa y a las 11.00 horas Marc Llinares, responsable del área de Cooperación al Desarrollo.
   A continuación, el día 14 está reservado para directivos de la Fundación Hemisferio, Joaquín Rafael Blasco (9.00 horas); María Isabel Castillo (10.30 horas) y Alfonso Navarro (12.00 horas). El día 20 será el turno de los hermanos Tauroni, Arturo a las 9.00 horas, y Augusto César, a las 11.00 horas. La última declaración prevista por la magistrada instructora es para el 21 de marzo la de Marcial López, presidente del Patronato de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales Cyes.
   Los testigos están citados para los días 7, 11, 12 y 13 de marzo. Asimismo, la magistrada ha dispuesto para el 25, a las 9.00 horas, la continuación de la diligencia de ratificación y aclaración de extremos del informe pericial presentado por el Interventor Territorial de la Intervención Territorial de Valencia.
   El pasado 23 de febrero se cumplió un año desde que salió a la luz este caso, que acumula 32 imputados y en el que se investigan supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a ONGs por parte de la extinta Conselleria de Solidaridad, dirigida por Rafael Blasco. Los imputados prestaron declaración en su día ante la jueza de instrucción que dirigió inicialmente la investigación, hasta que pasó al TSJCV dada la condición de aforado del diputado del PP.

Juzgados de Valencia y Palma piden al Síndic de Comptes informes de fiscalización de los casos Gürtel y Nóos

VALENCIA.- El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha reconocido que esta institución ha remitido a "varios juzgados" de Valencia y Palma de Mallorca, a petición de los magistrados instructores, informes de fiscalización relacionados con los casos 'Gürtel' y 'Nóos'.

   En este sentido, ha detallado que desde 2011 a 2013 ha enviado documentación relacionada con la contabilidad electoral del PP, la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y Agencia Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa).  
   Queralt, que se ha expresado de esta manera en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de las Corts Valencianes con motivo del informe de fiscalización de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2011, ha afirmado que los casos de corrupción que han ido apareciendo les han "preocupado siempre".
   En este sentido, ha especificado que en 2013 ha remitido a los jueces "varios contratos", así como expedientes de contratación con Vaersa. Además, en junio de 2012 remitió informes de la AVT, el 23 de mayo en relación a Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y el 19 de abril, relativo a la contabilidad electoral del PP; que también se le pidió en 2011.
   Por otra parte, y a preguntas de los grupos de la oposición sobre los contratos para la organización del 'Valencia Summit' --que impulsó el Instituto Nóos cuando lo presidía el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin--, Queralt ha explicado que en la fiscalización de los expedientes de adjudicación de este evento en 2004 y años siguientes "se han ido repitiendo las incidencias" que se han ido recogiendo.
   "No se justifica la necesidad de gasto, ni el precio, ni la excepcionalidad para acudir a procedimiento abierto", ha señalado el síndic, que ha agregado que los expedientes de contratación de Valencia Summit eran "incompletos".

La jueza cita a Banco de Valencia el 13 de marzo por una demanda de Plataforma de Afectados contra la venta a CaixaBank

VALENCIA.-   La titular del juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia ha citado al Banco de Valencia el próximo 13 de marzo a la vista sobre una medida cautelar solicitada por la Plataforma de Afectados del Banco de Valencia, con carácter previo a la demanda que han presentado contra el acuerdo adoptado por el FROB, a propuesta de la "dirección interina" del banco, por el que se decidía ampliar el capital en 4.000 millones y venderlo por un euro a CaixaBank.

   Según ha informado hoy la letrada de la asociación, en una resolución previa, la magistrada admitió a trámite su demanda y les comunicó que convocaría una audiencia acerca de la medida cautelar solicitada por los afectados, consistente en la anotación preventiva de la demanda en registro mercantil.
   Ahora, en una providencia de fecha 21 de febrero, la jueza señala que se tiene por solicitada esa medida cautelar y convoca a las partes a una vista que se celebrará en la sala de audiencias del juzgado el 13 marzo, a las 12.00 horas.
   En esa vista, podrán exponer lo que convenga a su derecho y servirse de las pruebas que dispongan, así como pedir que se practique reconocimiento judicial cuando sea necesario para acreditar extremos relevantes. También podrán formular alegaciones sobre el tipo y cuantía de la caución, y Banco de Valencia podrá pedir que, en sustitución de la medida, se acuerde caución sustitutoria.
   Esta resolución se puede impugnar mediante recurso de reposición ante el juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, en el plazo de cinco días hábiles contados desde este miércoles.
   La letrada de la Plataforma de Afectados explica que la medida cautelar solicitada implica que "quede constancia en el registro mercantil de que existe una demanda en la que se pide la revocación de todos los actos, incluida la venta del banco a CaixaBank".
   "Eso podría suspender todas las actuaciones y, de hecho, la venta se ha paralizado a causa de nuestras actuaciones judiciales", subraya la abogada, quien recalca que "con independencia de que se apruebe esa medida cautelar, la demanda sigue adelante".
   En un comunicado, la Plataforma de Afectados valora la admisión a trámite de su demanda y subraya que la vista sobre la medida cautelar se celebrará la víspera de la junta general de accionistas, en la que "se pretende aprobar las cuentas anuales, los informes de gestión y la gestión social de un consejo de administración que, en poco más de un año, ha liquidado el Banco de Valencia y se lo ha regalado a CaixaBank por un euro tras inyectarle 5.000 millones de euros".
   Además, asegura que ya tiene "acciones judiciales preparadas" para presentarlas, antes de esa fecha, "ante Fiscalía y los juzgados de Instrucción competentes" contra José Antonio Iturriaga y el resto de administradores de la entidad por los presuntos delitos de administración fraudulenta, prevaricación, malversación de caudales, apropiación indebida, delitos societarios y falsedad documental.
   Al respecto, precisa que formulará "denuncias penales" contra los gestores del banco por las acciones iniciadas para la venta de la entidad a CaixaBank, así como por "acciones injustificables" como la transmisión y toma de control de los 23 fondos de inversión del banco a la Banca Privada d'Andorra o la venta de Nordkapp, "muy por debajo de su valor", a Banco Madrid.
   La plataforma también reprueba la "condonación de avales personales en una multitud de daciones de créditos, con perjuicio notable para la entidad", a través de "prácticas alejadas de la normativa bancaria y del mínimo respeto a los accionistas" en lo que considera un proceso de "vaciado" de la entidad.

Centenares de personas exigen a las puertas de Sanidad el millón de euros que debe a los centros de niños con autismo

VALENCIA.- Centenares de personas han exigido este martes a las puertas de la Conselleria de Sanidad el "más de un millón de euros" que adeuda este departamento a los centros que atienden a cerca de 400 niños con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) de Valencia, en una concentración que se ha prolongado durante cerca de dos horas y en la que han participado familiares y personal de estos establecimientos.

   Además, han entregado más de 25.000 firmas para exigir que salden la deuda y reivindicar un compromiso de continuidad de las ayudas al tratamiento que reciben hasta los siete años los menores enfermos, así como "escritos en nombre de cada niño reclamando lo adeudado".
   Durante la protesta, convocada bajo el lema '¿Y qué culpa tengo yo?', los participantes han coreado consignas como 'Basta, basta, basta, para el fútbol sí que hay pasta', 'No hay vergüenza, sí hay dinero' o 'Se nota, se siente, el conseller nos miente', al tiempo que portaban pancartas con estas reivindicaciones, en defensa de las ayudas a este colectivo y otras como 'Tus sobres = mis recortes'.
   La coordinadora de la plataforma de padres de niños con autismo de la Comunitat Valenciana, Concepción Peiró, ha denunciado los retrasos en los pagos que sufren estos centros "desde hace varios años" y ha alertado de que los impagos de la Conselleria "los hacen inviables".
   En declaraciones a los periodistas, ha explicado que los centros "no pueden más" y que los padres se ven obligados a "adelantar parte del tratamiento" que reciben los niños, unos 350 euros mensuales, por 20 horas al mes de terapia para que "aprendan a hablar, a relacionarse con la sociedad y a entender el mundo que les rodea".
   Según Peiró, a partir de los siete años ese tratamiento se queda sin cobertura de Sanidad y son los padres quienes deben asumir el coste íntegro o renunciar a él si no pueden asumirlo.
   La portavoz de los padres de niños con autismo explica que desde la Conselleria han ofrecido "dos opciones" a los centros afectados, "esperar al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y a ver si entran, ya que no es seguro" o bien "pagar la deuda de 2010 y 2011, y alguna también de 2009, con la partida presupuestaria de 2013", de modo que "se quedarían sin fondos para este año y desaparecerían las ayudas".
   De hecho, una de las mayores preocupaciones de este colectivo es la continuidad de estos tratamientos porque la Conselleria les ha trasladado que "barajan la posibilidad de eliminar este servicio sanitario, que es fundamental para los niños con TEA, si no hay fondos", lo que "dejaría en total desamparo a muchos de estos niños".
   Por su parte, la directora de la Fundación Mira'm de atención a personas con TEA de todas las edades, Marisa Samblas, ha constatado la "situación muy crítica" que atraviesan estos centros por los impagos de la administración y ha recalcado que si bien cuentan con el compromiso del conseller Manuel Llombart de que "intentará poner medidas" para solucionarlo, ellos "no pueden esperar más".
   En su caso concreto, la Conselleria les abonó "hace unos días" la deuda correspondiente a 2011 y permanecen a la espera de cobrar desde mayo de 2012 y de saber "cuándo arranca 2013 y con qué expectativas".
   Samblas explica que contrataron una póliza de crédito y que ya tienen el máximo cubierto, de modo que han tenido que recurrir a cuotas sufragadas por los padres al no poder "subvencionar más los tratamientos", haber reducido ya la plantilla y acumular "varios meses de impagos a la Seguridad Social".
 "Necesitamos más ayuda porque ya no nos dan más créditos, antes que la Conselleria era una garantía para los bancos, pero ahora ya huyen", asegura.
   "No sabemos si un tratamiento tan vital como este se va a continuar dando", ha admitido Samblas, quien subraya que las personas con TEA "necesitan muchísimos apoyos durante toda su vida" y alerta de que si desaparecen estas ayudas "se puede truncar el gran avance logrado" para hacerles "más visibles" y dotarles de un código propio.
   La concentración de este martes es la primera de una serie de acciones acordada en asamblea por los familiares y por los centros que han iniciado la protesta: Fundación Mira'm, Attem, Red Cenit, Cedin, Escolta'm, Asociación Prader-Willi, Piced, Gabinete Carmina Casillas, Gabinete Inma Alapont y Gabinete Amparo Blanquer (VIA-D).