La Fiscalía de Valencia decidirá si investiga la denuncia del PSPV sobre el metro tras remitirle la documentación Cabedo

VALENCIA.- La Fiscalía Provincial de Valencia decidirá si investiga la denuncia interpuesta por el PSPV sobre actuaciones de testigos en la Comisión de investigación celebrada en las Corts Valencianes en relación con el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia que el 3 de julio de 2006 provocó 43 muertos y 47 heridos graves, tras remitirle toda la documentación el fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), según han informado hoy fuentes del ministerio público.

   El fiscal superior dictó con fecha 7 de mayo un decreto en el que acordaba abrir diligencias de investigación penal por la denuncia de los socialistas, pero luego las archivó al no citarse ninguna persona concreta ni aparecer ningún aforado en los hechos denunciados, según han explicado fuentes del ministerio público, ya que este extremo no constaba en el decreto. En el mismo escrito, el fiscal superior acordaba remitir la documentación a la Fiscalía Provincial, para que "actúe en consecuencia".

   Esta documentación llegó a última hora del lunes a la Fiscalía de Valencia, que será la que ahora decida "con libertad de criterio" si abre o no una investigación relacionada con los hechos denunciados, han explicado las mismas fuentes. Este martes aún no había realizado ningún pronunciamiento.

   El PSPV presentó el pasado 6 de mayo la denuncia a la Fiscalía en la que aseguraba aportar "nuevas pruebas" y pedía la apertura de una investigación por si en la Comisión de las Corts Valencianes sobre el siniestro se pudo incurrir por parte de algunos comparecientes en un presunto delito de falso testimonio. La presidenta del grupo parlamentario socialista en la cámara valenciana, Ana Barceló, y el diputado autonómico Francesc Signes, fueron quienes entregaron en Fiscalía del TSJCV la documentación.

   En ella adjuntaron una copia del programa 'Salvados' sobre el accidente, el "argumentario" que la consultora HM Sanchis elaboró sobre el mismo y las actas de la comisión de investigación que se celebró en las Corts Valencianes.

   Barceló explicó en el momento de la presentación del escrito que consideran que pudo producirse un delito de falso testimonio de acuerdo a la modificación del artículo 502 del Código Penal, que podría estar penado con entre seis meses y un año de prisión y recordó que cuando se citó a las personas que intervinieron en la Comisión de las Corts acerca del metro se advertía de la obligación de decir la verdad.

La Generalitat paga el 42% de la factura de abril a los farmacéuticos de la Comunitat

VALENCIA.- La Generalitat Valenciana ha abonado el 42 por ciento de la factura correspondiente al mes de abril --cerca de 40 millones-- a las farmacias de la Comunitat Valenciana y a finales de este mes de mayo pagará el 58 por ciento restante, según ha informado el Colegio de Farmacéuticos de Valencia.

   En este sentido, ha destacado que queda por satisfacer la factura farmacéutica de dos meses y medio correspondientes al ejercicio 2012, así como los meses de febrero y marzo. Asimismo, ha precisado que el pago del mes de abril se suele realizar a principios de junio.

   Con esta medida, el MICOF ha acordado suspender la asamblea prevista para este próximo jueves, porque "se cumple" el calendario de pagos, según han apuntado.

La PAH se querellará contra González Pons por presuntas calumnias si no reconoce que "mintió" en el escrache a su vivienda

VALENCIA.- La Plataforma d'Afectades per les Hipoteques ha anunciado que se querellará contra el diputado del PP Esteban González Pons por un presunto delito de calumnias y vulneración del derecho al honor si no reconoce que "mintió" en los hechos que contó respecto al escrache que tuvo lugar en su vivienda el pasado 20 de marzo de 2013.

   Así lo han anunciado este martes Ricardo Cano, abogado de la plataforma, y Ana Blanco, uno de los miembros, momentos antes de presentar en el Registro de Entrada de la Ciudad de la Justicia de Valencia una demanda para que se celebre un acto de conciliación con González Pons y, así, "darle la oportunidad" de que se retracte de sus declaraciones relacionadas con el escrache. De admitirse esta petición, y si el diputado no da marcha atrás, la PAH ha anunciado que presentará la correspondiente querella.

   El letrado ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación que el acto de conciliación es el paso previo a presentar la querella criminal, y en éste se exige a González Pons que "se retracte y reconozca que faltó a la verdad" en todo lo que contó a los medios de comunicación el día del escrache. "Si no lo hace, se presentará la querella en Madrid, por su condición de diputado", ha aclarado.

   En el escrito presentado este martes en el juzgado, la PAH indica que González Pons, "prevaleciéndose" de su condición de figura pública de la política como diputado, y "al objeto de desviar la atención sobre su implicación personal en la trama" del 'caso Nóos', llamó a diversos programas de debates en los medios de comunicación y realizó numerosas declaraciones "para denigrar a las personas que participaron en el escrache en los alrededores de su domicilio, y en general a la PAH".

   A raíz de estas declaraciones --según prosigue la demanda-- miembros del PP, "especialmente los más significados extremistas" se lanzaron a "corear" los supuestos y falsos agravios padecidos por el diputado, "realizando todo tipo de descalificaciones, injurias y calumnias".

   En el escrito se reitera que González Pons faltó "total y absolutamente" a la verdad, y que "injurió y calumnió a pleno conocimiento a los participantes en el escrache y al conjunto de integrantes de la PAH imputando hechos falsos y supuestamente delictivos sin ninguna base".

   Por tanto, la PAH exige una rectificación y que el diputado reconozca que "mintió" en sus declaraciones; que "en ningún caso" subieron 60 personas al descansillo de su escalera, ya que fueron dos miembros de la plataforma y dos cámaras; que diga que es "falso" que aporrearan su puerta durante 45 minutos o que se le calificara de "asesino"; y que es falso que se produjera ninguna coacción o que se entrara en casa de ningún vecino.

   "Los hechos están grabados por dos medios y no tiene nada que ver lo que ocurrió en su domicilio con lo que diez minutos después estaba vomitando por todos los medios", ha aseverado Ricardo Cano. "A su vivienda subieron cuatro personas, se tocó al timbre y se estuvo dos minutos", ha dicho, y ha agregado que seguidamente se le dejaron cartas de afectados en la reja de su puerta, y que cuando se bajó, la Policía había acudido y había cortado el tráfico.

   Paralelamente a este asunto, el juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia abrió hace algo más de un mes una investigación por la denuncia interpuesta por González Pons respecto al escrache, y en estos momentos está pendiente de recibir un informe policial en el que se identifiquen a los presuntos participantes en el incidente.

Moragues afirma que la situación actual "no es la idónea" para acometer la deuda histórica de las universidades

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha asegurado que la deuda histórica que la administración autonómica mantiene con las universidades públicas de la Comunitat es, "evidentemente, un compromiso que habrá que acometer" pero ha considerado que la situación actual "no es la idónea" para hacerlo. 

   El titular de Hacienda se ha expresado en estos términos en una jornada sobre la Reforma de la Financiación Autonómica, organizada por el Colegio de Economistas en Valencia, al ser preguntado por la intención de las universidades públicas valencianas de acudir a los tribunales para reclamar la deuda del Gobierno valenciano.  

   Las entidades educativas justifican la decisión en que, si solo reciben la subvención ordinaria de este año, "no podrán hacer frente a todos sus pagos", entre ellos las nóminas de los trabajadores. De hecho, las tres universidades de mayor tamaño --la Universitat de València (UV), la Politècnica de Valencia (UPV) y la Universidad de Alicante (UA), prevén que no "llegarán" a poder pagar la paga extra del próximo mes de junio.

   Interrogado por este asunto, Moragues ha comentado que "es una cuestión de las universidades, ellos llevan su cuenta, gestión presupuestaria y de tesorería". "Nosotros -ha continuado-- estamos haciendo una aportación mensual, como así nos comprometimos, y la línea de trabajo es que lo que nos comprometemos lo cumplimos".  

   Asimismo, ha recordado que Generalitat y universidades han constituido un grupo de trabajo para "analizar la situación de la deuda de 2012 y la reivindicación de la deuda histórica".

   "Aquí todos estamos haciendo esfuerzos y estamos al lado de las universidades haciendo la aportación mensual y las ayudaremos en cuanto nos sea posible y sea menester", ha agregado.

   El conseller ha manifestado que la administración valenciana está "valorando cuáles son los mecanismos financieros y de liquidez de los que dispone para hacer frente la deuda".  

   "En primer lugar --ha puntualizado Moragues-- lo que tenemos que hacer es abonar nuestro pago mensual y eso lo estamos cumpliendo: estamos pagando de forma religiosa, hubo un problema técnico el mes pasado, pero estamos cumpliendo pagando todos los meses y, en segundo lugar, (están) los flecos o pequeñas deudas que provienen de 2012, estamos viendo cuál es el instrumento de liquidez idóneo para pagar".

   "Y en tercer lugar está la deuda histórica que, evidentemente, es un compromiso que habrá que acometer pero reconocerán que la situación actual no es la idónea para acometer esa deuda", ha concluido.

Puig reitera que "hay que llegar al final de la verdad" de lo ocurrido en el accidente del metro de Valencia

ALICANTE.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado este martes que se debe "llegar al final de la verdad de todo lo que ha pasado" sobre el accidente de la Línea 1 de Metrovalencia en 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, así como en la gestión posterior al siniestro, y ha apuntado que "el Gobierno del PP en la Generalitat valenciana es el responsable político de la gestión de la crisis".

   Puig ha realizado estas declaraciones en Alicante, donde ha presentado junto a la secretaria de Vivienda del partido, María José Salvador, una proposición de ley sobre la función social de la vivienda llevada por los socialistas a las Corts, al ser preguntado por la denuncia presentada ante Fiscalía, para pedir la apertura de una investigación por si en la comisión de las Corts sobre el siniestro se pudo incurrir por parte de algunos comparecientes en un presunto delito de falso testimonio.

   Así, ha confirmado la apertura de diligencias por parte del fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, una respuesta que ha calificado de "buena", y ha incidido en que "hay que llegar al final de la verdad de todo lo que ha pasado en este asunto, más allá de lo que ha sido el propio accidente, su dramatismo, y de que 43 personas que un día subieron a un servicio de la Generalitat Valenciana, nunca llegaron a destino".

   "Se ha sabido a través de la prensa y mediante intervenciones parlamentarias del grupo socialista que se había adiestrado a las personas que participaron en la comisión de investigación. Ahora, además, ha habido una confesión directa --también en medios de comunicación-- de uno de los participantes en estas sesiones de adoctrinamiento", ha indicado.

   A su juicio, "es evidente que es necesario llegar al final de lo que ha pasado, y sobre todo ver por qué se gestionó como se gestionó, por qué no se tuvo la más mínima humanidad con las víctimas, por qué se intentó tapar todo y no buscar en ningún momento la verdad. Las responsabilidades políticas no prescriben".

   Interrogado sobre a quién señala al referirse a las responsabilidades, ha recalcado: es "evidente que el Gobierno del PP es el responsable político de la gestión de la crisis, y de impedir en estos momentos que se reabra la comisión de investigación para saber la verdad".

 "Por supuesto, el principal responsable de la Generalitat es el presidente Alberto Fabra, y si no hay respuesta, el responsable es el presidente", ha sentenciado.