miércoles, 20 de junio de 2012

Miles de personas se manifiestan contra los recortes bajo el lema 'No te calles. Defiende tus derechos'

VALENCIA.-    Miles de personas --unas 20.000 según la organización-- se han manifestado este miércoles en Valencia y Castellón para protestar contra los recortes y la reforma laboral bajo el lema 'No te calles, defiende tus derechos'.

   CCOO PV y UGT-PV han convocado esta nueva manifestación en la plaza de San Agustín de Valencia y en la calle San Luis de Castellón a las 19.30 horas. La protesta se enmarca en las movilizaciones organizadas en las principales ciudades españolas por los recortes y la reforma laboral y para exigir otra salida a la crisis.
   En Castellón, fuentes de la Policía Local han señalado que han participado unas 400 personas y que no se ha registrado ningún incidente excepto una modificación en el trazado del recorrido de la manifestación con motivo de las obras en la calle Gasset. Por este motivo, la protesta ha recorrido el tramo entre la Puerta del Sol y la Plaza de la Paz por la calle Falcó. Los sindicatos han contabilizado unas 2.000 personas.
   En Valencia, la protesta, que ha reunido según los sindicatos a 18.000 personas, ha comenzado sobre las 19.30 horas en la Plaza de San Agustín de Valencia y ha discurrido por la calle San Vicente hasta la plaza del Ayuntamiento. Desde allí, se ha encaminado hasta la calle de las Barcas hasta el Parterre. La manifestación ha concluido en la Plaza América con la lectura de un manifiesto.
   El secretario general de UGT-PV, Conrado Hernández, ha reiterado que existen "alternativas" y "el tiempo nos dará la razón".
 "Dijimos que hacia falta un impulso a la economía para crear empleo y que las medidas del Gobierno no van en buena dirección", ha señalado el líder sindical, quien ha apostillado: "si piensan que se va a salir de la crisis en contra de los trabajadores y de los ciudadanos van por muy mal camino".  
   Por su parte, el líder de CCOO PV, Paco Molina, ha comentado que "el 20 de junio de hace diez años una huelga general tumbó una reforma laboral al Gobierno de Aznar. Vamos en la misma senda". "Aunque se empeñen mucho, no nos callaremos, no podrán con nosotros y no podrán invisibilizarnos", ha indicado Molina, que ha pedido "un consenso nacional" basado en "el diálogo social".  
   Al final del recorrido, los sindicatos han leído un manifiesto en el critican "la disminución de salarios y pensiones, pérdida de derechos, debilitamiento de la negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores, deterioro de las prestaciones y servicios públicos y el ataque sin precedentes del estado del bienestar".
   Asimismo, el documento asegura que "existe otra política para salir de la crisis, para minimizar la erosión económica y social", es decir, "una apuesta por el crecimiento y la inversión pública, por el empleo de calidad y la sostenibilidad del modelo social".
   Los sindicatos señalan que "España necesita una actuación en materia fiscal más coordinada y eficaz" y censuran la aprobación de la amnistía fiscal, que comporta "un ataque ético muy grave a la justicia y a la igualdad fiscal".

El Parlamento Europeo ve errores de la época de Camps respecto a las ayudas comunitarias

VALENCIA.- El diputado de la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo Derek Vaughan ha destacado este miércoles que son "muy válidos" los proyectos ejecutados en la Comunitat Valenciana que han contacto con fondos de la Unión Europea, aunque ha asegurado que existen "errores del pasado". 

   Derek Vaughan encabeza la delegación de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara que se ha reunido este miércoles con el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra. Esta delegación ha acudido a Valencia --entre otras ciudades españolas-- para verificar cómo se gastan las ayudas europeas y si hay controles suficientes para evitar irregularidades.
   El laborista británico ha hecho hincapié en los "proyectos de gran valía" desarrollados en la Comunitat, que suponen un beneficio "no solo para España, sino para toda la Unión Europea". No obstante, ha indicado que se han detectado "ciertos errores del pasado que se espera que no se repitan", y ha aclarado que "los errores no son fraude necesariamente".
   En este sentido, ha explicado que "los errores no se cometen de una manera deliberada". Asimismo, ha indicado que en el caso de España existe "una cuestión muy compleja", dado que este país "cuenta con 145 organismos intermedios de pago que no hacen más que dificultar una situación que en otros países no se da".  
   Vaughan ha asegurado que desde la Comisión de Control Presupuestario están "encantados de venir a esta misión", y ha subrayado que tienen una intención "muy positiva", ya que buscan "ser de ayuda para España y verificar cómo se han gastado los fondos europeos".
   El eurodiputado ha explicado que han visitado varios proyectos y han tomado el AVE de Madrid y Valencia y visto "lo estupendo que es". Al respecto, ha subrayado que en la Comunitat existen "proyectos de gran valía" que "pueden marcar la diferencia para la Comunitat y para Valencia en aspectos de infraestructuras, de desarrollo, de investigación".
   Derek Vaughan ha hecho hincapié en que están en España "para ayudar a las autoridades" estatales y autonómicas y para asegurarse de que "las cuestiones que puedan haber surgido se van a remediar en el futuro" y que los proyectos "beneficien en ultima instancia al ciudadano".
   Preguntado por si han abordado la situación de Ciudad de la Luz de Alicante --donde la Comisión Europea dictaminó que las ayudas públicas de 265 millones de euros concedidas por el Gobierno valenciano a los estudios cinematográficos son ilegales y por tanto debían ser devueltas por el beneficiario--, Derek Vaughan ha señalado que no han abordado el tema y cree que ya "se resolvió".
   Por su parte, la eurodiputada española socialista Inés Ayala ha asegurado que se han identificado "errores, esencialmente en contratos de adjudicación directa". Además, ha indicado que se ha comprobado que desde 2011 se encuentran "interrumpidos" los fondos que se estaban implementando en el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) y en la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).
   En el caso del Impiva, según Inés Ayala, ya se han llevado a cabo "las correcciones necesarias" y "se ha regularizado el tema", pero en cuanto a la AVT "la Generalitat ha renunciado a los fondos y va a disolver el organismo".
   Ayala se ha referido también a una modificación de unos siete millones para la limpieza del cauce del río, que había pasado "una primera criba", pero la Comisión "ha empezado a ser muy crítica por el uso y abuso que se hace de los modificados como formas para hacer una adjudicación directa sin pasar por los concursos públicos", y "no lo ha aceptado".  
   La representante socialista ha explicado que han hablado con Alberto Fabra de infraestructuras que se construyeron "con toda la buena voluntad, pensando más en el continente que en el contenido", pero que ahora "de cara a lo que es el futuro y viendo la situación, hay que pensar más en el contenido, en las personas, en el empleo, en la innovación".
   El jefe del Consell, según Inés Ayala, ha sido "muy receptivo" y ha dicho que la actual es "una nueva etapa" y ha asegurado que "si ha habido errores", está dispuesto a "reconocerlos y a enmendarlos".
   La eurodiputada 'popular' Eva Ortíz, por su parte, ha incidido en que la Comunitat Valenciana "está dando pasos de gigante en la ejecución y control de fondos", y ha asegurado que "algunas situaciones que se han encontrado están siendo perfectamente subsanadas".
   Ortíz ha recalcado que en la Comunitat "no existen irregularidades, existen errores" y, al respecto, ha puntualizado que las administraciones "tienen un periodo de subsanación". Según la eurodiputada del PP, la autonomía valenciana "está haciendo los deberes y "cuando se detecta algún tipo de error se pone de manifiesto y es inmediatamente subsanado".
   Eva Ortíz se ha mostrado convencida de que la Comunitat va a ser   "pionera y potente" para salir de la crisis, debido a que cuenta con "una situación territorial y medioambiental estratégica en la Unión Europea".

La Generalitat asegura que la Agencia Valenciana de Turismo se mantiene

VALENCIA.- La Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte ha asegurado este miércoles que la Agencia Valenciana de Turismo no se va a disolver, ante las declaraciones realizadas por la eurodiputada española socialista Inés Ayala, quien ha dado por hecho este extremo.

   La eurodiputada española socialista Inés Ayala ha asegurado este miércoles, tras la reunión que la delegación de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara ha mantenido con el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, que desde 2011 se encuentran "interrumpidos" los fondos que se estaban implementando en el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (Impiva) y en la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).
   Ayala, quien ha señalado que este tema no se ha abordado en el encuentro con Fabra, ha comentado que en el caso del Impiva ya se han llevado a cabo "las correcciones necesarias" y "se ha regularizado el tema", pero en cuanto a la AVT "la Generalitat ha renunciado a los fondos y va a disolver el organismo".
   Sin embargo, el presidente de la delegación de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Derek Vaughan, ha remitido un comunicado a los medios de comunicación, en el que ha aclarado que la Agencia Valenciana de Turismo "no ha sido mencionada ni objeto de debate en ninguna de las reuniones mantenidas", y ha asegurado que "se trata de declaraciones realizadas por una eurodiputada a titulo estrictamente personal".
   Inés Ayala ha precisado que aunque le habían llegado "informaciones" de que la Generalitat iba a disolver la AVT, en un encuentro posterior mantenido con el secretario autonómico de Hacienda, Eusebio Monzó, y con el directores general de Proyectos y Fondos Europeos, Juan Viesca, le han confirmado que aunque "renuncian a los fondos" para la Agencia de Turismo, esto no significa que "renuncien al organismo".

El saldo entre exportaciones e importaciones en la Comunitat arroja un total de 460,9 millones hasta abril

MADRID.- La Comunitat Valenciana ha registrado un total de 7.112 millones en concepto de exportaciones y un total de 6.651 millones en importaciones en el periodo comprendido entre enero y abril, lo que arroja un saldo positivo de 460,9 millones de euros.

   Así se desprende del Informe de Comercio Exterior de la Comunitat Valenciana, con datos de la Dirección Territorial de Comercio en la Comunitat del Ministerio de Economía y Hacienda y el ICEX.
   Por provincias de la región, Alicante dispone de un saldo positivo de 427 millones, Castellón un total de 324,5 millones, mientras que Valencia dispone de un saldo negativo de 291,1 millones de euros.
   Asimismo, los datos apuntan que, en abril, se han registrado 1.699 millones de euros en abril en concepto de exportaciones, y un total de 1.648 millones en importaciones, lo que arroja un saldo positivo de 50,9 millones de euros.
   A nivel nacional, los datos señalan que se han registrado 71.643 millones de euros en exportaciones y 85.658 millones en importaciones, lo que supone un saldo negativo de 14.015 millones hasta abril.

El PSPV insta a Fabra a reconocer que el modelo de grandes eventos "es una ruina para los valencianos"

VALENCIA.- La portavoz de Grandes Eventos del PSPV en las Corts, Eva Martínez, ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a que "deje de mirar para otro lado y reconozca que el modelo de la Fórmula 1 y los grandes eventos del PP es una ruina para todos los valencianos". 

   Martínez, en un comunicado, ha preguntado al jefe del Consell si "no le da vergüenza subirse este fin de semana a un Ferrari con Eclestonne para recorrer un circuito en el que todos llevamos gastados más de 200 millones de euros y mirar hacia el otro lado cuando hay más de 26.000 dependientes que siguen sin cobrar su pensión, hay más de 200.000 familias que no perciben ningún tipo de prestación ni subsidio y cuando los pensionistas y enfermos crónicos van a tener que pagar parte de sus medicamentos".
   Del mismo modo, ha remarcado que "debería explicarnos por qué con el dinero de todos los valencianos hemos tenido que comprar Valmor y nacionalizar sus 30 millones de euros de deuda" y le ha pedido que "deje de inyectar de una vez dinero en grandes eventos e invierta en políticas serias de turismo que creen empleo".
   Por todo ello, Martínez ha apuntado que desde el grupo parlamentario socialista "vamos a exigir una comparecencia del vicepresidente del Consell, José Císcar, para que explique y detalle cuánto dinero de todos los valencianos se ha invertido y derrochado para organizar la Fórmula 1".
   La portavoz socialista ha señalado que el PP "siempre asegura que no renuncian a su política de grandes eventos porque generan beneficios y utilizan para justificar sus datos un informe del IVIE".
   Sin embargo, Martínez ha apuntado que los datos con los que se elabora este documento los reciben de Valmor, "una empresa nada fiable, que ha quebrado, dejando constancia de que la Fórmula 1 no es rentable".
   En este sentido, Martínez ha asegurado que esta empresa, en las cuentas del registro mercantil, registra 6,8 millones de euros en concepto de venta de localidades que supondría un total de 31.000 visitantes "un número muy inferior al que contabiliza el IVIE, que son 71.000, lo que demuestra que los datos no coinciden".

Sindicatos y entidades pactan las condiciones de Cajas Rurales Unidas, que incluye un plan de prejubilaciones

ALMERÍA.-   La dirección y las organizaciones sindicales de Cajamar Caja Rural y de Ruralcaja han alcanzado y firmado este miércoles el preacuerdo laboral de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, que será rubricado formalmente la próxima semana y que contempla un plan de prejubilaciones al que podrán acogerse los empleados de todos los centros de trabajo de la entidad que cumplan 55 años en 2012, o los empleados de Cajamar o Ruralcaja en la Comunitat Valenciana que cumplan 54 ó 53 años en 2012.

   En ambos casos los empleados que se acojan a la prejubilación deberán contar con una antigüedad mayor o igual a seis años. Se trata de una medida que afecta a un número potencial de aproximadamente 550 empleados y que tiene especial significación en el ámbito de la Comunitat Valenciana, según informa Cajamar en un comunicado.
   Quienes decidan acogerse a este plan de prejubilaciones recibirán una renta mensual equivalentes al 95 por ciento del salario neto fijo percibido en el último año, que será revalorizable al 1,5 por ciento anual hasta los 64 años. En materia de pensiones además de una aportación extraordinaria para la jubilación, en función de la antigüedad, se garantiza el aseguramiento de las contingencias de riesgo --fallecimiento o incapacidad, entre otros-- durante el periodo de prejubilación.
   La reestructuración de plantilla contempla también que, en materia de movilidad geográfica, los empleados que deban ser trasladados de oficina recibirán complementos durante los primeros años de desplazamiento, y si la distancia fuera de más cien kilómetros percibirán también una ayuda para vivienda de 600 euros mensuales durante los dos primeros años del traslado y un complemento por desplazamiento de 360 euros mensuales durante los cinco primeros años del traslado.
   Respecto a la homologación de condiciones laborales y económicas es especialmente significativo el planteamiento en la homologación del plan de pensiones al introducir una financiación progresiva que mejora la financiación para los colectivos de más antigüedad en los años previos a la jubilación.
   En general, las entidades aseguran que "se armonizarán las condiciones laborales, manteniendo sustancialmente los derechos de ambas plantillas". A partir del mismo momento en que la fusión sea efectiva quedarán homogeneizadas la jornada y horario, ayudas de estudios y medidas de conciliación de la plantilla, con lo que progresivamente se acometerán la "armonización" de los sistemas de retribución, las clasificaciones profesionales, el plan de pensiones, el complemento 2009 o la bolsa de vacaciones.
   Por parte de Cajamar, el documento ha sido firmado por los secretarios generales de las secciones sindicales de CC.OO., UGT y CGT, Matías Iglesias Casquero, José Martínez García y Antonino López López, respectivamente; así como por el director de Recursos Humanos, Francisco Javier Rodríguez Jurado. Por parte de Ruralcaja lo han suscrito los secretarios generales de las secciones sindicales de CC.OO. y UGT, César Cabrera Bellés y Luis Tortajada Pastor, así como el director del Área de Medios, Felipe Aguado Hernández.
   Para el director de Recursos Humanos de Cajamar Caja Rural, Javier Rodríguez, y el director de Medios de Ruralcaja, Felipe Aguado, el preacuerdo supone "una buena solución que genera expectativas a medio y largo plazo" ya que es una "solución no traumática" a la reestructuración de la plantilla, que supone un "importante sacrificio" puesto que "nos vemos obligados a prescindir de un talento muy valioso para la caja".
   Así, consideran que las bases del marco laboral para Cajas Rurales Unidas "respetan de forma general" las condiciones actuales de ambas plantillas, "generando expectativas de mejora en el medio y largo plazo". Por su parte, los agentes sindicales han valorado este acuerdo que supone "estabilidad" en el empleo" y "continuidad" en las condiciones sociales y económicas" para la plantilla.
   "Este preacuerdo prevé la salida ordenada de alrededor de unas 550 personas en toda España, si bien estas salidas se darán principalmente en la Comunidad Valenciana, Málaga y Almería, y asegura el mantenimiento de los puestos de trabajo", según señalan desde los sindicatos que han participado en la negociación.

EUPV propone a Calatrava una reunión para "aclarar dudas" sobre sus proyectos con la Generalitat

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha propuesto al arquitecto Santiago Calatrava una reunión para "aclarar dudas" sobre sus proyectos con la Generalitat y "resolver contradicciones entre sus afirmaciones y los documentos oficiales" a los que ha tenido acceso su formación. 

   Según ha dicho Blanco en un comunicado, "por ejemplo, Calatrava afirma que el Ayuntamiento de Valencia sufragó aproximadamente la mitad del coste del Puente de l'Assut de l'Or --34 millones de euros-- cuando según el expediente municipal solo hubo una aportación fija de 4.171.852,54 euros y el resto --más de 64 millones-- lo asumió la empresa pública autonómica CACSA". "Suponemos que sobre esto también tendrán algo que decir el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat", ha comentado Blanco.
   El diputado ha anunciado que va a ponerse en contacto por escrito con el arquitecto valenciano a través de sus empresas en Zürich y Valencia para proponerle "una reunión en la que pueda aclararnos las dudas que han ido surgiendo al conocer la documentación oculta a la opinión pública durante casi dos décadas".
   En la misiva, le reiterará que el objeto de sus críticas "no es la faceta artística de los proyectos sino el coste que han tenido para el erario público, que en estos momentos afronta una situación límite cercana a la insolvencia de la Generalitat".
   "La culpa del derroche no es tanto de Calatrava, que es un particular que trata de conseguir el máximo beneficio de su negocio, sino de los gobernantes del PP que deberían haber velado por los intereses generales", ha destacado Blanco.
   En el caso del puente del Assut de l'Or, "aunque el precio se multiplicó por más de dos, como es habitual en las obras de Calatrava, creemos que todos los sobrecostes fueron asumidos por CACSA, aunque no estaría mal que el Ayuntamiento y el Consell aclararan este punto".
   Asimismo, el diputado ha replicado a Calatrava que "no es cierto, como dice, que todas las decisiones, desde el propio encargo inicial hasta el último de los detalles de construcción y el presupuesto asignado, fueran tomadas única y exclusivamente por el cliente, Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (CACSA) y la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), para Valencia y Castellón respectivamente".
   Según ha recalcado, en este último caso, la también diputada autonómica de EUPV Marina Albiol, hizo público en marzo de 2011 el expediente del proyecto del Centro de Convenciones, "donde quedaba constancia de las modificaciones introducidas por Calatrava sin el visto bueno de la SPTCV, que elevaban el presupuesto de 60 millones en total a 90 millones sólo en una primera fase". "También en el caso de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias hubo modificaciones propuestas por el propio arquitecto que incluso contravenían la normativa urbanística municipal", ha añadido Blanco.
   El diputado de Esquerra Unida espera tener la "oportunidad de contrastar sus informaciones con el propio Calatrava aprovechando alguna de sus visitas a Valencia". "Incluso sería interesante mantener un debate público sobre el coste y los beneficios para la sociedad que han generado sus proyectos pagados por la Generalitat, si el arquitecto tiene interés en ello", ha manifestado.

Las Corts Valencianes reducen un 66% el alquiler de sus vehículos

VALENCIA.- La Mesa de las Corts Valencianes ha aprobado la licitación a la baja en régimen de arrendamiento financiero de los vehículos de la cámara autonómica, con una rebaja del 66 por ciento respecto al gasto anterior. Así, de los 20.562,62 euros al mes se pasa a 6.945,30 euros.

   La nueva licitación para cuatro años iguala el modelo de vehículos de gama media renunciando a los de gama alta y reduce el número total de coches en el parlamento autonómica, que pasan de 17 vehículos a 13, con un renting permanente, y la opción de otros dos con renting flexible, según han informado las Corts en un comunicado.
   El contrato administrativo suscrito tras concurso público prevé el pago anual de 84.124,56 euros --336.498,24 euros para cuatro años--. En el anterior concurso, el pago anual ascendía a 246.751,44 euros --987.005 euros en cuatro años--.
   Esta iniciativa, aprobada el martes, se engloba dentro del plan de ahorro elaborado por la nueva oficina para la eficiencia económica y control del gasto en el parlamento valenciano.
   Otra medida aprobada ha sido el traslado de las dependencias de la Biblioteca de las Corts, por el que actualmente se paga alquiler, al edificio de Conde Trenor donde anteriormente se ubicaban los grupos parlamentarios.
   El plan de ajuste implantado en las Corts en esta legislatura ha llevado, hasta el momento, a reducir el presupuesto global en más de dos millones de euros en 2012.

El administrador del PP en las elecciones de 2008 alega que el Tribunal de Cuentas validó las cuentas

VALENCIA.- El exgerente del PP nacional, Cristóbal Páez, quien también ocupó el cargo de administrador general del partido en las elecciones generales celebradas en 2008, ha negado este miércoles, en su declaración como imputado en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que hubiera anomalías en su gestión, y ha alegado que tanto el Tribunal de Cuentas como los gerentes del partido validaron las cuentas que presentó, según han informado hoy fuentes conocedoras de la declaración.

   Páez ha prestado declaración en el TSJCV durante casi dos horas, y ha respondido a todas las preguntas formuladas por las partes. Páez ha sido citado a declarar por la pieza segunda de la causa instruida por el magistrado José Ceres, que se ocupa del supuesto delito electoral. Las otras dos piezas investigan la supuesta financiación irregular del PP y la presunta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur.
   El exgerente del PP, quien abandonó la gerencia del partido tras dejar Luis Bárcenas su cargo de tesorero en Génova a raíz de su imputación en el 'caso Gürtel' por presunto cochecho y delito fiscal, ha mantenido en su declaración que no entendía el motivo por el que estaba imputado, puesto que él no había hecho nada incorrecto.
   Así, ha estado explicando, a preguntas de las partes, que él realizaba en el partido una tarea burocrática, y ha reiterado que no hubo anomalías en las cuentas del PP en el año 2008, mientras él estaba como administrador general.
   De hecho, ha indicado que tanto los gerentes del partido como el Tribunal de Cuentas validaban todas las cuentas e informes, por lo que no había ningún tipo de irregularidad. Por este motivo, ha repetido que él no tenía nada más que explicar, ya que todo se hizo de la mejor manera.
   Junto a Páez, estaban citados a prestar declaración este miércoles dos testigos: Ana Brusola --exsecretaria de Administración Pública-- y Nuria Pérez --hermana de el exjefe de Orange Market y uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes'--.
   Las declaraciones continuarán la próxima semana, en concreto, el día 25 de junio, cuando están citados Juan Bover --jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat--, en calidad de imputado, y la testigo Paula Seco de Herrera. Tras ellos, y según el calendario previsto, le tocará el turno a los legales representantes de diferentes empresas, entre ellos, a Enrique Gimeno --en representación de Facsa--, a Enrique Ortiz --por Enrique Ortiz e Hijos, Contratistas de Obras S.A.-- y a Vicente Cotino --representante de Sedesa Inversiones S.L., Sedesa Obras y Servicios S.L.--, quienes cerrarán el calendario el día 11 de julio.
   En total, el número de imputados en esta causa ascienden, por el momento, a 26, tres de ellos representantes legales de varias empresas. Entre los 26 imputados se encuentran cinco diputados de las Corts Valencianes, de los que algunos han desempeñado cargos en el PPCV: Yolanda García --extesorera--; David Serra --exvicesecretario de Organización del partido--; Ricardo Costa --exsecretario general del PP-- y Vicente Rambla --exvicepresidente de la Generalitat y exconseller de Industria, Comercio e Innovación--.
   Este procedimiento llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat.

Citan como testigo al exvicepresidente de la Generalitat Valenciana en el caso Nóos

PALMA.- El juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, ha citado en calidad de testigos, el próximo 13 de julio, al exvicepresidente de la Generalitat Valenciana Vicente Rambla y a la diputada autonómica Trinidad Miró, entre otros excargos, tal y como consta en la última providencia dictada por el magistrado en el marco de las pesquisas en torno a la actividad presuntamente irregular llevada a cabo a través del Instituto Nóos.

   Mediante la resolución, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma ha emplazado a declarar al director de Relaciones Institucionales de Nóos, Víctor Ugarte, el 29 de junio, día en que también comparecerán los testigos Javier Aguilera y quien fuese consultor del Instituto Didac Font. Mientras tanto, el 13 de julio también están previstas las testificales de Aída Postiguillo y Vicente Añó.
   Las nuevas citaciones se unen a las más de ochenta declaraciones ya fijadas para las próximas semanas. Además, la Audiencia Provincial de Palma debe deliberar sobre el recurso de apelación presentado por el sindicato de Manos Limpias, con el que solicitaba la imputación de la Infanta Cristina en el marco de esta pieza, la número 25 del caso Palma Arena.
   Los investigadores apuntan a que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de caudales públicos son los delitos que se indagan en este procedimiento.
   Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.
   Todo ello a través de mercantiles de las que eran propietarios y administradores: Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de las investigaciones junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Gobierno balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

El Gobierno aprobará en semanas la norma contra la economía sumergida

MADRID.- El Gobierno aprobará el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal en las próximas semanas, según ha anunciado este miércoles el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, quien ha subrayado que dicha norma facilitará a la Agencia Tributaria los medios y los procedimientos jurídicos para erradicar la economía sumergida y preguntas relacionadas con el IVA.

   "Existe esa economía sumergida y hay que combatirla y eso es el sentido de la regularización fiscal promovida por el Gobierno", ha señalado Montoro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha señalado que el Ejecutivo está siguiendo las recomendaciones de la OCDE y de la práctica de otros países desarrollados del entorno, entre ellos Italia, Alemania o Reino Unido.
   Durante su intervención, Montoro ha negado que el Gobierno haya puesto en marcha una 'amnistia fiscal' y ha precisado que se trata de una regularización fiscal, lo que va en paralelo con un proyecto de ley que dotará a la Agencia Tributaria de la mayor capacidad para luchar contra el fraude fiscal.
   "Palo y zanahoria para la regularización de esa economía sumergida, eso es lo que ofrece el Gobierno, una oportunidad única de acabar con esa economía sumergida, de ponerse a bien con la Hacienda Pública y así poder tener ingresos suficientes para garantizar la financiación correcta de los servicios públicos de nuestro pais", ha señalado.
   Montoro ha afirmado que, a diferencia del anterior Gobierno socialista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está acometiendo una serie de medidas para terminar con el fraude fiscal en un momento de caída de ingresos tributarios, algo que es "muy perjudicial" para sostener el Estado de Bienestar.