De este modo, el servicio prestado por las ITV se ha considerado esencial, según han informado fuentes de la administración autonómica.
Por tanto, se rechaza la propuesta del Comité de Huelga, que argumentó que no hacía falta designar servicios mínimos y que no se trataba de un servicio esencial porque "así se determinó durante el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19".
Desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo han explicado que las conversaciones continuarán este fin de semana con el objetivo de que se desconvoque la huelga y los sindicatos den a la Generalitat y a la nueva dirección un plazo de un mes para sentarse a negociar, ya que, según ha reiterado el departamento, "el acuerdo de equiparación salarial que alcanzó la actual dirección es nulo".
Los sindicatos anunciaron el martes la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 2 de octubre para denunciar el "incumplimiento" del acuerdo de equiparación salarial de la plantilla alcanzado tras la reversión pública del servicio y la "paralización" de la mesa de negociación del convenio colectivo.
Ese mismo día se había celebrado una reunión del consejo de administración de la Sociedad Valenciana de las ITV SA (Sitval) en la que se nombró al nuevo director general de la entidad, Javier López Mora. El actual director, Josep Antoni Albert Quilis, se mantiene en el cargo de manera transitoria.
Un día después, se celebró una sesión en el Tribunal de Arbitraje Laboral que acabó sin acuerdo, por lo que los sindicatos decidieron mantener la convocatoria de huelga.
De un lado, los sindicatos exigen que se aplique el acuerdo suscrito por los trabajadores de Sitval el día 17 de mayo de 2023 ante el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL), que recogía una equiparación para corregir disparidades salariales, que en algunos casos superaba el 40% para los mismos puestos de trabajo, principalmente en Alicante y que afectaba a más del 40% de la plantilla.
Sin embargo, la administración sostiene que, en palabras de la consellera, existen "dudas más que razonables de que el acuerdo firmado se haya tomado de manera legal", porque no consta que se pidiesen los informes perceptivos de Hacienda, de Presupuestos, de sector público o de Abogacía. De hecho, afirmó que la actual dirección y el nuevo Consell no han tenido acceso "ni siquiera a ese acuerdo laboral" que los sindicatos denuncian que no se está aplicando.
