lunes, 30 de septiembre de 2013

El Estado invertirá 605,8 millones en la Comunitat Valenciana en 2014, un 8,15% menos

VALENCIA.- El Estado invertirá 605,8 millones de euros en la Comunitat Valenciana en 2014, lo que supone un descenso del 8,15 por ciento respecto al ejercicio anterior, según contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este lunes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

   De acuerdo con esos datos, el Estado invertirá 605,8 millones de euros en la Comunitat Valenciana el próximo año, el 6,2 por ciento de lo destinado a todas las comunidades autónomas, frente a los 659,55 millones que dedicó en 2013 a esta autonomía --el 6,2 por ciento del total regional-- tras la tramitación parlamentaria. Inicialmente, en el proyecto de presupuestos de 2013 le asignaron 654,45 millones, un 7,43 por ciento menos de lo consignado en el documento de 2014.
   En concreto, 570,47 millones de euros corresponden a inversiones por parte de los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, mientras que los otros 35,34 millones se distribuyen entre el resto de ministerios.
   En 2014, las inversiones del Estado en las comunidades autónomas caen un 7,1 por ciento respecto a este año, con Asturias (-31,58%), Murcia (-26,96%), Cataluña (-25,46%) y Castilla-La Mancha (-19,75%) como las autonomías en las que más bajan, mientras que suben en La Rioja (42,33%), Navarra (39,46%) o Cantabria (24,22%).
   También bajan en Comunidad de Madrid (-12,75%) y Castilla y León (-12,11%), seguidas del descenso en la Comunitat (-8,15%), País Vasco (-7,74%), Baleares (-5,69%), Canarias (-4,79%) y Aragón (-1,52%).
   Por otro lado, la Comunitat Valenciana obtendrá 53,87 millones de euros de los Fondos de Compensación Interterritorial, un 12,7 por ciento del total, lo que representa una caída del 26 por ciento respecto al presupuesto del ejercicio 2013 --cuando se le asignaron 72,83 millones de euros, el 12,9 por ciento del total--.
   Según las mismas fuentes, ese descenso del 26 por ciento se sitúa por encima de la disminución del 24,3 por ciento registrada por el conjunto de autonomías, y únicamente se ve superado por el 35,4 por ciento que pierde Canarias, hasta obtener 44,69 por millones; el 27,3 por ciento de Murcia, con 20,89 millones; y el descenso del 27,2 por ciento registrado por Galicia, hasta percibir 44,55 millones.

La oposición rechaza ante el CVC la reducción de miembros e insta a recortar antes "en cocineros y altos cargos"

VALENCIA.- Representantes de los grupos políticos en la oposición en las Corts Valencianes --PSPV, Compromís y EUPV-- han expresado este lunes ante el pleno del Consell Valencià de Cultura (CVC) su rechazo a los proyectos de ley para reducir el número de miembros de las instituciones estatutarias y han instado a que la Generalitat recorte antes "en cocineros" o en "altos cargos innecesarios". 

   La comparecencia ha versado sobre los proyectos de ley impulsados por el Gobierno valenciano que contemplen, entre otras cuestiones, disminuir el número de integrantes de las entidades consultivas --el Consell Valencià de Cultura (CVC), la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el Consell Econòmic i Social (CES) y el Consell Jurídic Consultiu (CJC)-- y que próximamente han de pasar por el parlamento autonómico.
   Así, el portavoz del PSPV en las Corts, Antonio Torres, ha calificado de "populista" la propuesta "lanzada hace más de un año" por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. "Los socialistas no estamos de acuerdo con la disminución de miembros y menos con el argumento de la austeridad", ha señalado el parlamentario, que ha cifrado el ahorro que se conseguiría con esta medida en unos 8 millones de euros.
   Frente a esta posibilidad, el PSPV aboga por reducir la cantidad de altos cargos y jefes de área y servicio del Gobierno valenciano, que es "tres y cuatro veces superior a la del año 1996". "El aparato administrativo de la Generalitat es muy numeroso e innecesario", ha sentenciado.
   En este sentido, ha subrayado que con la bajada de un 10 por ciento en estos cargos directivos "se conseguiría ahorrar el doble o el triple de lo que se logrará con menos miembros en entidades consultivas", por lo que ha insistido en que la propuesta de Fabra es "un aprovechamiento político de la situación actual". En este punto, ha puesto como ejemplo el caso de la Ciudad de Luz de Alicante, "paralizada dos años y que gasta anualmente un millón de euros en salarios".  
   Torres, que ha estado acompañado por el también diputado socialista Juan Soto, ha concluido anunciado que su grupo no votará las leyes de las instituciones normativas aunque sí está dispuesto a hacer "aportaciones mediante enmiendas parciales".
 "Las cosas que se hacen por consenso deben deshacerse por consenso", ha aseverado.
   Por su parte, el síndic de Compromís en las Corts, Enric Morera, ha recalcado que el Consell "no está capacitado para dar lecciones" de austeridad, ya que es el mismo que "absorbió, a través de una empresa pública y mediante la compra por un precio simbólico de un euro, las pérdidas de 30 millones de euros de una empresa privada".
   Por estos motivos, ha avanzado que estos proyectos de ley no contarán con el apoyo de la coalición. "Compromís no ha encendido esta traca", ha dicho de manera gráfica. Este grupo parlamentario coincide en que hay que ahorrar costes pero ha reclamado que, antes de hacerlo menguando instituciones, "se comience por otras cosas, como cocineros", ha ironizado.
   En la misma línea, la diputada de Esquerra Unida Esther López Barceló ha adelantado que la formación presentará una enmienda a la totalidad al texto normativo.
   En su intervención, ha aludido también al dictamen del Consell Jurídic Consultiu que se manifiesta en contra de estos proyectos legislativos y ha pedido que la administración valenciana "recorte en asesores y pida responsabilidades a corruptos".
   El presidente del CVC, Santiago Grisolía, ha agradecido a estos representantes políticos su visita a la entidad y ha comentado que también se invitó a diputados del PP, que no han estado presentes argumentando que están de acuerdo con los proyectos legislativos impulsados desde el Ejecutivo valenciano.
   Asimismo, el secretario del órganos consultivo, Jesús Huguet, ha apuntado que el CVC está pendiente de realizar modificaciones en el reglamento de funcionamiento del ente --para incluir cuestiones que en la actualidad no están reflejadas, como por ejemplo la concesión de las medallas-- pero ha apostillado que este asunto se aplazará hasta que se apruebe la nueva ley.

Empleados del Palau de les Arts ratifican el acuerdo que rebaja a 40 los despidos con 161 votos a favor

VALENCIA.- La mayoría de los trabajadores del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia --en concreto el 62 por ciento-- ha ratificado en la asamblea celebrada este lunes el preacuerdo alcanzado el pasado día 28 por el Comité de Empresa --integrado por CCOO, UGT, Intersindical y CGT-- que contempla una reducción de los despidos por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que finalmente serán 40 en lugar de los 117 propuestos inicialmente.

   El resultado de la votación ha sido de 161 votos a favor y 97 en contra del acuerdo, uno nulo y otro en blanco. Fuentes consultadas han señalado que la mayor parte de los votos negativos ha procedido de miembros de la Orquestra de la Comunitat Valenciana --unidad artística en la que no se prevén salidas--, que han expresado de una forma muy contundente, en algunos casos, su desacuerdo con los términos del pacto.    
   El acuerdo parte de la no integración del coliseo en CulturArts, supeditando el propio ERE a la efectividad de esta medida mediante la modificación legal de la Ley 1/2013, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Publico Empresarial y Fundacional de la Generalitat, a través de la Ley de Acompañamiento para 2014, han detallado fuentes sindicales.
   Además, se contempla un cese total de la actividad del Palau tres meses consecutivos al año, que estará comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de cada año. El número máximo de extinciones de contrato será de 40 priorizando las adhesiones de carácter voluntario. Estas extinciones se llevarán a cabo antes de finalizar este año y la indemnización será la legalmente prevista para los despidos colectivos. Asimismo, se constituye una bolsa de mejora con la cantidad de 300.000 euros a distribuir entre el personal afectado por la extinciones.
   Asimismo, se incluye el mantenimiento de la Fundación Palau de les Arts, como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, la prórroga del vigente convenio colectivo hasta el 31 de diciembre de 2014; la garantía de estabilidad en el empleo de toda la plantilla del Palau, así como a no realizar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo durante el periodo de vigencia de este acuerdo.
   Todo el personal, que no sea afectado por los despidos, incluido el puesto de intendente que ocupa Helga Schmidt y los de alta dirección, debe optar entre dos opciones. La primera de ellas es  la conversión de los contratos indefinidos a jornada completa en contratos fijos discontinuos con 10 meses de actividad como mínimo, incluido el mes de vacaciones, es decir, se cobrarían dos meses del paro.
   La segunda opción es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo mediante la reducción de la jornada anual en 300 horas y la reducción de dos mensualidades de salario (se pasaría de 14 a 12 pagas). También se prevé el mantenimiento de la tabla salarial de 2013 hasta el 31-12-2017, sin incrementos anuales. Al finalizar ese periodo se analizará la recuperación del poder adquisitivo perdido.
   Estas dos últimas medidas finalizarán en diciembre de 2017, "retornando automáticamente a la situación contractual anterior a este acuerdo, es decir, pasando el personal de nuevo a jornada completa durante todo el año y al cobro de la totalidad de las retribuciones", inciden sindicatos.
   Se prohíbe además realizar horas extraordinarias, salvo las estrictamente imprescindibles y previa autorización por escrito del departamento de Recursos Humanos.
   CCOO, a través de un comunicado, ha valorado este acuerdo como "mal menor, teniendo en cuenta la situación existente en la Generalitat Valenciana y en su sector público, obligado a llevar a cabo planes de ajuste".
   "Este acuerdo, con el duro ajuste y sacrificio que supone para el personal, debe servir para garantizar la continuidad y viabilidad del Palau, manteniendo, a pesar de los 40 despidos de la plantilla, la necesaria y deseable calidad en la actividad que desarrolla, que lo ha situado gracias a la aportación de todo el personal entre uno de los mejores coliseos de ópera en la esfera internacional", señalan.
   "El acuerdo --inciden-- supone garantizar la viabilidad del Palau, manteniendo su naturaleza jurídica y autonomía, puesto que se llevarán a cabo las medidas necesarias para reducir su déficit actual y se establece que no se integrará en CulturArts; CCOO había trasladado su posición contraria a la integración en CulturArts, ya que supondría un ajuste aun mas duro para el personal del Palau".

El juez cita de nuevo a Sanz para leerle el auto de procesamiento tras declararse la responsabilidad subsidiaria de RTVV

VALENCIA.- El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Paterna, que instruye la causa contra el ex secretario general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) por presuntos delitos de acoso sexual contra tres trabajadoras, ha vuelto a citar para este miércoles, a las 9.30 horas, al acusado para leerle el auto de procesamiento tras declararse recientemente la responsabilidad civil subsidiaria del canal público.

   Así lo han confirmado fuentes conocedoras del procedimiento, que han explicado que la citación se ha producido como consecuencia de que se haya declarado la responsabilidad civil de RTVV, a quien se le requirió una fianza de 30.000 euros. El objeto de la nueva citación es leer el auto completo de procesamiento y otorgarle a Sanz la palabra por si tiene algo que añadir tras las nuevas diligencias practicadas. El siguiente es paso es dar un plazo a las acusaciones para presentar sus escritos. Y después lo hará la defensa.
   La decisión de que RTVV fuera responsable civil se dio a conocer la semana pasada, en un auto en el que el juez justificaba esta medida al entender que en el momento de los hechos, Sanz estaba trabajando en el ente, y que el 90 por ciento de los hechos denunciados tuvieron lugar en su despacho.
   En este mismo escrito, el magistrado recordaba que existen "indicios" de que Sanz se prevalió de su puesto de trabajo como secretario general de RTVV para durante los años 2007 a 2010 solicitar favores de naturaleza sexual a tres trabajadoras, subordinadas del procesado.
   La causa se inició en febrero de 2010, cuando estas tres periodistas de RTVV presentaron en el juzgado una denuncia contra Sanz por presunto acoso sexual. Estas tres comunicadoras ratificaron al mes siguiente su denuncia y reiteraron las presuntas vejaciones y situaciones de abuso de poder a las que supuestamente les sometía desde 2007 Vicente Sanz --quien fue destituido de su cargo de secretario general el 28 de mayo de 2010--.
   Tras las periodistas le llegó el turno a Sanz, quien declaró en calidad de imputado durante casi tres horas y media ante el juez, y se defendió de las acusaciones vertidas por las tres trabajadoras del ente. Afirmó que tenía la conciencia "tranquila".
   Las últimas declaraciones que han tenido lugar en este proceso tuvieron lugar en marzo, de mano de la exdirectora de Canal 9 y exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson, y el ex director general de RTVV José López Jaraba. Ambos dos comparecieron en el juzgado en calidad de testigos. Johnson mantuvo ante el juez que se enteró de estos hechos "días antes" de que se hiciera pública la denuncia; mientras que Jaraba aseguró que nunca vio nada "raro".

Las tasas aeroportuarias podrían aumentar hasta un 2,5% en 2014

MADRID.- Las tasas aeroportuarias subirán hasta un 2,5% como máximo durante 2014 en el conjunto de la red de Aena Aeropuertos, según se desprende del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año presentado este lunes en el Congreso.

   A partir del 1 de marzo de 2014 y con vigencia indefinida, la cuantía de las prestaciones patrimoniales de carácter público de Aena Aeropuertos se incrementan en el 2,5% respecto a las cuantías exigibles en 2013.
   En el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2013, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) incrementado en un punto, sea inferior al 2,5%, el porcentaje a aplicar será el IPC mencionado incrementado en un punto.
   Aena Aeropuertos firmó el pasado mes de mayo con las principales compañías aéreas, representadas por las patronales Aceta, AECA, IATA, ALA, y AOC España, un acuerdo por el que fijó una subida del IPC más un punto en 2014, cuatro puntos menos de lo inicialmente previsto, ya que el máximo permitido por ley era del IPC más cinco puntos.
   Dicho acuerdo permite atenuar la subida de las tasas durante los próximos cinco años, al contemplar un incremento del IPC más tres puntos para el año 2015, y del IPC más cuatro puntos para los años 2016, 2017 y 2018.
   Según el RD Ley 11/2013, aprobado el pasado 2 de agosto, los incrementos máximos para los próximos cinco años se fijan en el 2,5% en 2014, el 4,5% en 2015 y el 5,5% en los tres años sucesivos, con el fin de ajustar la fórmula de cálculo del déficit prevista como consecuencia del acuerdo alcanzado con diversas asociaciones de compañías aéreas.
   No obstante, el incremento para 2014 no será de aplicación a la cuantía de la prestación por pasajero con movilidad reducida (PMR), recogida en el apartado 1 del art. 78 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, cuyo importe se congela y queda por tanto fijado en 0,61 euros por pasajero en todos los aeropuertos.
   Según figura en la disposición octava, por la que se modifica la Ley de 21/2003 de Seguridad Aérea, la reducción de cuantías no será de aplicación en el caso de vuelos privados.
  En lo que se refiere a las tasas por pasajero, las cuantías unitarias de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y por seguridad en conexión se reducirán en un 30%. Se entiende por pasajero en conexión aquel viajero que desembarcando en un aeropuerto gestionado por Aena Aeropuertos en un vuelo, vuelve a embarcar con el mismo billete y en el mismo aeropuerto, en un plazo máximo de 12 horas, al objeto de realizar un nuevo trayecto con un número de vuelo diferente y destino distinto al de origen.
  En los aeropuertos de Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la reducción de cuantías del 15% en los supuestos de vuelos con el territorio peninsular y del 70% cuando se trata de vuelos interinsulares no será de aplicación en el caso de los vuelos privados.
   El importe mínimo a pagar por operación en concepto de aterrizaje y servicios de tránsito aéreo de aeródromo en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur se actualizará conforme a la subida establecida.
   En los aeropuertos de Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia el importe mínimo a pagar por operación-aterrizaje será de 14,66 euros y de 7,84 euros por servicio de tránsito de aeródromo.
   En los aeropuertos de La Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza será de 10,82 euros el importe mínimo por operación-aterrizaje y de 6,18 euros el mínimo por servicios de tránsito de aeródromo.
   Finalmente, en los aeropuertos de Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos el importe mínimo por operación-aterrizaje será de 5,86 euros y de 4,31 euros el mínimo por servicios de tránsito de aeródromo.
   La mercancía en conexión, cargada y descargada en el recinto aeroportuario entre vuelos de la misma compañía, queda exenta de pago. En los aeropuertos no peninsulares queda exenta de pago la mercancía cargada o descargada cuyo objeto sea el tráfico interinsular. En estos aeropuertos, para el resto de los tráficos, las cuantías aplicables a la carga directa como en conexión se reducirán en un 15%.
   Las cuantías aplicables a la mercancía cargada o descargada en el recinto aeroportuario cuyo objeto sea el tráfico internacional se reducirán en un 50%.
   Estarán obligados al pago de la prestación pública por servicios meteorológicos las compañías aéreas y las restantes personas físicas, jurídicas o entidades a los que se les facilite dichos servicios en los vuelos que aterricen en un aeropuerto o helipuerto gestionado por Aena Aeropuertos. El importe a abonar será el resultado de aplicar al peso máximo de despegue de la aeronave, expresado en toneladas, una cuantía unitaria de 0,18 euros.