El Banco de España propone que cada autonomía recaude en función de su gasto

MADRID.- El Banco de España insistió anoche en que las comunidades autónomas deben compartir esfuerzos para lograr reducir el déficit público, y propuso que se establezca una "corresponsabilidad fiscal" para que cada gobierno regional se encargue de recaudar en función de lo que gasta.

Según explicó el director general del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, durante su intervención en un curso sobre la economía española organizado por la Universidad Complutense, sería "muy bueno" establecer un criterio de este tipo.

Malo de Molina aclaró que el modelo de financiación autonómica es "sostenible", pero matizó que "otra cosa es cómo conseguir mantener la disciplina", en un marco de descentralización de competencias.

En cualquier caso, alabó la disposición autonómica a contribuir en la consolidación fiscal para lograr que el déficit público no supere el 6% del PIB al cierre de 2011.

Con este objetivo, recordó, el Gobierno tiene un programa "ambicioso y detallado", que supondrá una contención del gasto de una "proporción desconocida", pero que si se lleva a la práctica sin desviaciones, tendrá un esfuerzo positivo para la economía, añadió.

Recientemente, Bruselas pidió a España una reducción del gasto en un 1,75% del PIB, que la ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que se conseguiría en un punto, con la reducción del techo de gasto de los presupuestos, y el 0,75% restante con la colaboración de las autonomías.

Alarte pide a Rajoy que disuelva la dirección del PPCV, nombre una gestora y que se convoquen elecciones

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha instado al presidente del PP, Mariano Rajoy a disolver los órganos de dirección del PPCV y que nombre una gestora con carácter de urgencia, mientras que al PP en las Corts Valencianes le pide la disolución de la Cámara y la convocatoria de elecciones anticipadas, "hoy con más razones todavía" y que se asuman responsabilidades políticas.

Alarte, que se ha pronunciado de esta manera en rueda de prensa convocada para valorar la situación política con motivo de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en el marco de la operación 'Brugal', ha criticado que "de arriba abajo, la marea de la corrupción" se extiende por toda la Comunitat a través del PP.

El líder socialista ha señalado al líder nacional del PP, Mariano Rajoy, como el "responsable de toda esta situación" y le ha advertido de que con su "actitud de mirar hacia otro lado y su irresponsabilidad, está condenando a los valencianos a una situación de tremenda dificultad" y deja una situación que va "deteriorándose día a día sin que nadie dé ninguna respuesta".

Tras la intervención ayer en Alicante y las sucedidas "en las últimas semanas", Alarte ha remarcado que "ya no se puede hacer ninguna distinción entre los dirigentes del PP, todos son Camps".

"No existe -ha añadido- una o dos tramas vinculadas al PP, ni tramas de corrupción", sino que el PPCV "es en sí mismo una organización política en la que se consiente, se ampara o se elude, desde el punto de vista político, la lucha contra la corrupción".

A este respecto, ha lamentado que "todas las instituciones relevantes de la Comunitat Valenciana estén investigadas, intervenidas o participan directa o indirectamente en tramas de corrupción", lo que, a su juicio, conlleva que estén "paralizadas y envueltas en una marea de corrupción sin precedentes en la Comunitat".

"La impunidad, extendida y generalizada que ha instalado Camps, el no pasa nada, el todo vale, el todo es posible, gobierna el PPCV y a todas las instituciones", ha declarado Alarte, quien ha afirmado que no hay en Europa una región, ni gobierno regional "que se encuentre en una situación como se encuentran las instituciones de autogobierno de la Comunitat".

Para Alarte, esta es la manera del PP de entender la política y el "todo vale" es la "ética y la moral que han instalado en la Comunitat".

El líder socialista ha recordado, en este sentido, que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "va a ser juzgado en breve por varios delitos gravísimos después de una larga investigación" y que la supuesta trama de corrupción 'Gürtel' afecta a parte del Gobierno valenciano, a dirigentes del PPCV y un "largo rosario de miembros del PP con diferentes responsabilidades".

"El poder ejecutivo, el poder legislativo, las direcciones del PP a todos los niveles y ahora, además, las basuras del PP y de Camps en la provincia de Alicante", ha lamentado Alarte, quien ha señalado que "de arriba abajo, se extiende la marea de corrupción de Camps y el PP sin que nadie haga nada más allá de mirar hacia otro lado".

El secretario general del PSPV ha advertido de que esta situación "pone en cuestión el funcionamiento de las instituciones, la normalidad democrática, la credibilidad de nuestras instituciones de autogobierno y, además todas ellas están paralizadas y son incapaces de hacer frente a la situación de crisis y a los problemas de los valencianos" que "no se merecen esta situación", ha apostillado.

Morera pide al PP que aparte de la vida pública a sus imputados "por el bien de la democracia"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, ha pedido este miércoles al PP que aparte de la vida pública a los miembros de su partido que estén imputados "por el bien de la democracia". Además, ha pedido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que sea "consecuente con aquello que él ha pedido a sus compañeros de partido en el caso 'Gürtel', en el caso de salir imputado".

Morera, en un comunicado, se ha referido de esta manera a la rueda de prensa ofrecida este miércoles por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que, a su juicio, "no ha aportado ningún dato de interés en un tema muy preocupante para la sociedad valenciana cómo es la situación de corrupción generalizada que sufre el PP en el País Valenciano".

En este sentido, ha comentado la necesidad de que los gobernantes valencianos "hagan una profunda reflexión para dar paso a una regeneración democrática, donde los políticos imputados en casos de corrupción sean apartados de la vida pública".

El síndic de Compromís ha lamentado que desde hace más de un año, "el PP de nuestro país está más pendiente de las acusaciones por corrupción y de los tribunales que de gobernar y de gestionar y el resultado de esa dejadez de funciones es más que evidente".

"Estamos a la cabeza del desempleo y para salir de la crisis necesitamos buenos gobiernos que generan confianza en la sociedad y, hoy por hoy, los gobiernos del PP sólo generan que preocupación y desconfianza por todos los casos de corrupción que los ocupa", ha añadido.

La Policía tiene autoridad para detener en una investigación sin la autorización previa del juez

MADRID.- Fuentes del Ministerio del Interior aclararon hoy que la detención ayer del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional para proceder al arresto de algún sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.

Estas mismas fuentes precisaron que las detenciones practicadas ayer por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía son "perfectamente legales" y añadieron que son "habituales" en este tipo de operativos.

Asimismo, recuerdan que todas las entradas de registro realizadas ayer se hicieron a partir de una autorización judicial, lo que a su juicio, "evidencia" que es un juez quien dirige la operación en contra de las sospechas vertidas hoy por quien acusó a la Policía de suplantar la función del juez en este caso.

Las fuentes consultadas aseguraron que no hay ninguna diferencia de criterio entre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la Policía después de que el tribunal autonómico negase que hubiese ordenado la detención de ninguno de los implicados al tiempo que aclaró que ninguno de ellos se encuentra imputado por ningún delito.

La razón de esta aclaración es que ayer por la noche, el Ministerio del Interior difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la detención de nueve personas y añadía que "se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

Otro de los puntos sometidos a debate es el hecho de que Ripoll asegurase hoy en rueda de prensa que ha sido citado a declarar por el Juzgado de Orihuela, si bien la citación que mostró ante los medios de comunicación portaba el sello de la Policía y el Ministerio del Interior.

En este caso, las fuentes consultadas explicaron que el Juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía y de ahí que en este caso el documento llevase la firma de un funcionario policial.

Estas fuentes no precisaron si Ripoll ha sido citado a declarar como imputado o en calidad de testigo, si bien en el oficio no se comunica la necesidad de acudir con abogado, requisito obligatorio en el caso de los imputados.

Fiscalía dice que en Alicante no hubo órdenes de detención del juez sino mandamientos de registro y toma de declaración

MADRID.- La Fiscalía ha aclarado este miércoles que para la 'Operación Brugal' desarrollada ayer contra una presunta trama de corrupción en Alicante no hubo, como tales, órdenes de detención por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela contra el presidente de la Diputación de esta provincia, José Joaquín Ripoll, y otras diez personas, sino un mandamiento judicial que ampara tanto los registros domiciliarios como la toma de declaración de los afectados.

Fuentes fiscales señalaron que la operación desarrollada el martes está amparada totalmente por el mandamiento de el juez de Orihuela, que en un documento de casi una veintena de folios, sometido al secreto sumarial, autorizó los registros y también que se "acompañara" a las personas afectadas con el objeto de tomarles declaración.

De forma individualizada, el juez indicó a la Policía los domicilios y las sedes sociales que hay que registrar. Además, autorizo a la policía a tomar "las medidas necesarias" para realizar esas diligencias. Entonces, si hay que trasladar a personas, se autoriza a realizar dichos traslados como sea conveniente, según la Fiscalía.

En principio, se barajó junto con el Juzgado la posibilidad de ordenar detenciones, si bien Anticorrupción se opuso a esta posibilidad y apostó por lo que finalmente se produjo, es decir, registros en dependencias que podían estar afectadas por la trama y la toma de declaración de sus responsables. Esto es lo que ocurrió con Ripoll, según las mismas fuentes, quien tras ser preguntado en Comisaría quedó en libertad.

Respecto a la citación que se ha dado a Ripoll para comparecer mañana en el Juzgado de Orihuela, se trata de una citación "policial" según las mismas fuentes. En ella se indica a los implicados un día y hora para que acudan al juzgado.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia emitió hoy un comunicado en el que asegura que el juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela no ha ordenado la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Además, añade que tampoco ha acordado su citación judicial ni su imputación.

"Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial", reza textualmente el comunicado del TSJV.

Ripoll confirma ahora que está citado mañana por la tarde para declarar ante el juez

ALICANTE.- El presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, quien ha comparecido esta mañana en rueda de prensa acompañado de su abogado y catedrático de Derecho Penal, Bernardo del Rosal, ha confirmado que el juzgado nº 3 de Orihuela le ha citado a declarar mañana a las 14 horas.

Así lo ha asegurado Ripoll este miércoles en Alicante, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación, donde no ha querido adelantar ningún detalle ni desvelar los cargos que se le imputan.

Ripoll ha hecho estas declaraciones en una multitudinaria conferencia de prensa en la Diputación, en sus primeras manifestaciones públicas después de ser arrestado e interrogado ayer por la Policía Judicial en presencia de un agente del juzgado.

Ripoll ha indicado que su estado de ánimo es "bueno" y que está a la espera de acudir mañana a declarar, a las 14.00 horas, ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela, ante quien se presentará en compañía de sus abogados.

El alto dirigente del PP se ha presentado públicamente acompañado por ambos: Fernando Candela y Bernardo del Rosal en la sala de prensa de la Diputación Provincial. Y ha confirmado que ayer fue detenido formalmente ya que en un momento dado de la jornada los agentes le comunicaron que sí estaba arrestado.

Ripoll ha relatado que los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Fiscal (UDEF) Central y el secretario judicial llegaron a su casa a las ocho de la mañana con una orden de registro.

Ripoll ha expresado que todo está bajo secreto sumarial pero que no le han dicho todavía de que se le acusa. Asegura que la Policía no le incautó dinero -se habla ahora de 300.000 euros en vez de 60.000, encontrados en una caja de zapatos- cuando registró su domicilio y su despacho oficial. "La Policía llegó a mi casa y yo les atendí. Me hicieron unas preguntas y yo las contesté".

Según Ripoll, de su casa se le requisaron "documentos de ámbito doméstico" y de los despachos en la institución provincial, otros "oficiales".

En cambio, sí ha confirmado que después del registro la Policía judicial le requirió, a través de la secretaria general de la Diputación, la documentación relativa al expediente de adjudicación del plan zonal de residuos XVII, que corresponde a una veintena de municipios de la comarca de la Vega Baja, entre ellos Orihuela.

"En Comisaría contesté luego a doce preguntas", ha matizado, tras justificar que concurre ante los medios obligado para dar explicaciones en su calidad de autoridad pública aunque sin contestar a preguntas que entrañen colisión con el secreto sumarial.

Tras evitar decir en esos mismos términos que estuvo detenido y que fue interrogado, Ripoll ha revelado que el comunicado emitido anoche por la Diputación sobre la situación de su presidente, se hizo sin su consentimiento.

Preguntado repetidamente sobre si hay cargos contra él, ha reiterado que no se le ha comunicado nada en este sentido, pese a los registros y al arresto.

Para demostrarlo, incluso ha leído al completo la cédula de citación judicial, en la que el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela le informa de que debe presentarse mañana a las dos de la tarde "para ser oído en declaración" dentro del procedimiento de diligencias previas 651/07.

El Ministerio de Interior emitió anoche un comunicado en el que informaba de que la operación policial, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela y la fiscalía anticorrupción, se había saldado, por el momento, con once detenidos y que, "según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

Tanto Ripoll como el empresario Enrique Ortíz, una de las personas que ayer también fue detenida antes de registar su despacho, vivienda y yate, han informado públicamente -este último a través de su abogado Francisco Ruiz Marco-, que han sido citados a declarar mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, en el caso de Ortíz en calidad de imputado según él mismo.

Ortiz ha dicho hoy que se encuentra "tranquilo".

"Ya se demostrará que no tenemos nada que ver", ha dicho Ortiz en alusión a su empresa Grupo Cívica, cuya sede social fue registrada ayer.

En sus primeras declaraciones públicas, después de que fuera detenido y, posteriormente, puesto en libertad tras prestar declaración en la Comisaría Provincial, el empresario ha pedido a la gente que confía en él que "lo siga haciendo".

El empresario ha manifestado que su vuelta a Alicante desde Pamplona, donde se encontraba disfrutando de la fiesta de los San Fermines, se debe a que supuestamente está "imputado" o "metido en el lío", en referencia a la operación policial desplegada.

En relación al registro que la Policía Nacional llevó a cabo en su casa y en la sede social del Grupo Cívica, Ortiz ha apuntado que los agentes actuaron "modélicamente" y le "trataron de maravilla", así como a su familia.

Preguntado si su detención y, posterior puesta en libertad, puede afectar a la situación del Hércules C.F., del que es máximo accionista, el empresario ha dicho que "no tiene qué afectar" al equipo, "si acaso -ha afirmado en tono irónico- un poco más de imagen a nivel nacional, aunque espero que sea más por las próximas victorias" del Hércules.

Su letrado, Francisco Ruiz Marco, ha explicado que el registro en la sede empresarial terminó alrededor de las 03.30 horas de hoy y, tras "una inspección en un barco que la empresa tiene", su cliente declaró "por espacio de unos cuarenta minutos" en la Comisaría Provincial.

Tras quedar en libertad, Ortiz deberá declarara mañana ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, ha indicado el letrado.

También la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente -ausente ayer de su despacho por un viaje a Madrid-, ha asegurado hoy en rueda de prensa que los tres concejales detenidos ayer en este municipio están citados a declarar el próximo viernes.

Fomento finaliza la plataforma que soportará la llegada del AVE a la ciudad de Alicante

ALICANTE.- El Ministerio de Fomento ha finalizado las obras de plataforma del tramo del tren de alta velocidad (AVE) entre La Alcoraya y Alicante, de 10 kilómetros de distancia y con un presupuesto de unos 81 millones de euros.

De esta manera, ya se han culminado las obras de plataforma de todo el trayecto entre La Encina y Alicante (70,7 kilómetros), a excepción de la segunda fase del acceso a Alicante.

Los tramos en que han concluido las obras de plataforma son el Caudete-Villena, Villena-Sax, Sax-Elda, Elda-Monóvar, Monóvar-Novelda, Novelda-Monforte del Cid, Monforte del Cid-La Alcoraya, La Alcoraya-Alicante y accesos a Alicante fase I.

Por su parte, ya ha sido culminada la redacción del proyecto constructivo en el restante, accesos a Alicante fase II.

En lo que respecta al citado tramo La Alcoraya-Alicante, los elementos técnicos más singulares son cuatro viaductos, uno de ellos situado sobre la carretera del Pla de la Vallonga a la cementera, con una longitud de 99 metros y constituido por 7 vanos.

Otro está sobre la autopista AP-7 y la rambla del barranco de las Ovejas, con una longitud de 553 metros y resuelto mediante dos estructuras de ocho vanos cada una.