Fomento y Consell estudian posibilidades técnicas para que el AVE a Castellón "sea una realidad esta legislatura"

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asegurado que tanto los técnicos de la conselleria como los del Ministerio de Fomento --además de la empresa Ineco-- estudian posibilidades técnicas para que "el AVE a Castellón sea una realidad esta legislatura".

   Bonig ha realizado estas manifestaciones a preguntas de los periodistas durante su visita a la estación de control y contaminación atmosférica ubicada en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). La consellera ha indicado que "se realizará con una inversión importante, pero no tan importante o cuantiosa como una plataforma nueva" de Alta Velocidad.

   La titular de Infraestructuras ha destacado que "al final lo que interesa es la llegada del AVE" a Castellón y que "continúe hacia arriba, porque eso es bueno para toda la Comunitat y el arco Mediterráneo".

   La posibilidad técnica en la que se ha centrado la consellera es la implantación del tercer carril. "Cuando se presentó el proyecto mucha gente se cachondeaba, incluido el PSPV, después terminaron apoyándolo porque era una buena solución, provisional, la primera fase, pero una solución en estos momentos de dificultad económica", ha explicado.

   Bonig ha recordado que se están elaborando los proyectos del tercer carril de mercancías conforme a los plazos que dijo la ministra, Ana Pastor. De esta forma, "en el primer trimestre de 2013 estará". "Se estudian todas las posibilidades técnicas y continúan porque el proyecto del tercer carril no está paralizado como se ha dicho", ha aclarado.

   La consellera ha reiterado que la Generalitat "no renuncia a la Alta Velocidad, algo que ya tenemos en Valencia y muy pronto en Alicante". Este martes Adif anunció que se comienza el montaje de las vías de AVE entre la zona de Almansa y Caudete. "Por cierto, el anterior ministro de Fomento, José Blanco, mantenía que el AVE llegaría a Alicante en 2012 cuando sabían que eso era imposible porque faltaba adjudicar el tramo que tuvo que aprobar el Gobierno del PP en el consejo de ministros de 30 de marzo de 2012", ha recordado.

   Respecto a la llegada del AVE a Castellón y las críticas vertidas por la oposición, Bonig ha comentado que "parece mentira que no sepan que España tiene una deuda de más de 900.000 millones de euros, que ha dejado Zapatero y que hay que devolver, y que Fomento tiene una deuda de 40.000 millones de euros."

   Bonig ha destacado que el AVE a Castellón "tiene sentido y lo reclamamos siempre que continúe hacia arriba con Tarragona y Barcelona, porque es el auténtico Corredor Mediterráneo". "No nos resignamos por el hecho de que Zapatero haya dejado al país arruinado", ha añadido.

   La consellera ha indicado que el AVE es una inversión de 5.000 millones y "no queremos que solo llegue a Castellón, no tendría sentido, porque se condenaría a la provincia de Castellón a no tener frecuencias ni conexiones. Queremos que conecte con Tarragona y Barcelona".

   Además ha resaltado que al dotar de alta Velocidad a toda la Comunitat Valenciana se abren un "montón de oportunidades", pero si se buscara la plataforma nueva, "supone muchísimo dinero en una inversión y muchos problemas constructivos en algunas zonas, como en el área metropolitana de Valencia o en la Plana Baixa".

   Bonig ha sido preguntada por las palabras del secretario de Infraestructuras y Sostenibilidad del PSPV y diputado de Infraestructuras en las Corts Valencianes, Francesc Signes, que pidió su "dimisión inmediata" de la consellera por no defender los intereses de la Comunitat. "Una vez más Signes pide mi dimisión y ha dicho algunos calificativos que si alguno de mis compañeros del PP se lo hubiese dicho a alguna miembro del PSPV se hubiera liado una buena", ha reconocido.

   A la consellera le gustaría que Signes viese todas las informaciones que se han publicado y "le pasen el vídeo de lo que dije en Castellón".

 "Y sobre todo, que fue el PSOE y el ministro de Fomento, José Blanco, el que teniendo adjudicados los tramos de AVE de Valencia a Castellón, rescindió por problemas económicos en mayo de 2010, sin ni siquiera consultar con la Generalitat".

 "Fueron los socialistas de Castellón, con Ximo Puig a la cabeza, los que dijeron que el AVE de Castellón a Madrid era el Alvia", ha finalizado.

El juez acusa a Urdangarin de usar su "parentesco" con Casa Real para urdir sus negocios en la Comunitat

PALMA.- El juez instructor del caso Palma Arena, del que forman parte las pesquisas sobre las presuntas irregularidades cometidas a través del Instituto Nóos, acusa al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, de usar su "parentesco" con la Casa Real y aprovechar esta "área de influencia" para acudir a "altas instancias políticas, puenteando escalones y trámites que para cualquier ciudadano serían insoslayables" y obtener así adjudicaciones y contratos de las Administraciones públicas.

   En un contundente auto, el titular del Juzgado de Instrucción de Palma, José Castro, despliega una lista de "significativas coincidencias", que hasta "podría resultar tediosa", entre los negocios urdidos por el marido de la Infanta Cristina tanto en Valencia como en Baleares, y en la que se ampara para desestimar la cuestión de competencia planteada por el exsecretario autonómico de Turismo de la Generalitat valenciana Luis Lobón.

   Así, después de que el imputado solicitase que el magistrado se apartase de las investigaciones sobre los hechos acaecidos en Valencia en favor de un juzgado de esta ciudad, petición a la que se han opuesto Fiscalía y Abogacía balear, Castro alega cómo tanto en Valencia como en Baleares Urdangarin utiliza su pertenencia a la Familia Real para lograr contratos y cómo, tanto en uno como en otro sitio, "se desprecia" la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

   En esta misma línea, el juez apunta a las coincidencias "en lo elevado de los importes de las adjudicaciones" así como "en lo ridículo de los presupuestos que se aportan", además de que "todos ellos fueron impuestos" por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres al frente de Nóos. Es más, asevera que "en todos los casos fueron aceptados sin discusión por los responsables políticos" de ambas Comunidades Autónomas.

   "En ninguno de los casos los responsables políticos se preocuparon de constatar, para descontarlos, los patrocinios que consiguieron los organizadores [en referencia al Instituto Nóos] y en aquellos que eran perceptibles a simple vista omitieron deducirlos de los pagos", incide el instructor de este complejo procedimiento judicial.

   Del mismo modo, el juez Castro subraya que también en ambos casos se documentaron las adjudicaciones bajo fórmulas de convenios de colaboración "para excluir constreñimientos administrativos y participaciones de terceros que pudieran estar interesados en su adjudicación", toda vez que, ahondando en los propios convenios firmados, precisa que tanto los de los eventos del Valencia Summit como los del Islas Baleares Forum "son prácticamente calcados unos de otros".

   Unas coincidencias que, recalca el magistrado, conduce a una "filosofía de que ni en Palma ni en Valencia se le ocurrió a nadie exigir ni a Don Iñaki Urdangarin ni a Don Diego Torres rendición de cuentas".

   Por todo ello, el juez argumenta que la extensión de las pesquisas a los eventos de Valencia "no fue fruto de un imperialista afán instructor de este Juzgado" sino que, de hecho, apenas iniciada la instrucción de la causa el propio Torres aportó facturas que correspondían al Valencia Summit, lo que determinó extender a éstos las investigaciones por ser "fácilmente deducible que las mismas facturas podrían ser utilizadas para justificar gastos tanto de los eventos de Valencia como de Baleares, como así apuntan las pesquisas.

   Sin embargo, el juez lleva más allá sus argumentaciones al señalar que no consta que se haya presentado ninguna denuncia o querella ni se hayan llevado actuaciones policiales o judiciales de oficio en Valencia para investigar tales hechos, por lo que a la fecha que lo hizo el propio Castro, "ningún otro órgano jurisdiccional conocía de ellos", por lo que "ninguna usurpación de competencia es atribuible a este Juzgado".

   Así las cosas, tras dejar "claro" que los presuntos delitos cometidos en Valencia y en Palma "son conexos", el magistrado apunta además que los investigadores se han desplazado hasta Valencia para tomar declaración a numerosos testigos e imputados, sin que "absolutamente" ningún órgano judicial haya promovido cuestión de competencia hasta este momento. "Ha de quedar bien claro que ningún otro órgano entra en porfía con este Juzgado" en relación a la investigación sobre Nóos.

   El juez recuerda finalmente que, ya cuando a finales de diciembre de 2011 se hacía "clara referencia" a los hechos que fueron cometidos en Valencia, nadie cuestionó la competencia de su Juzgado para investigarlos, como tampoco cuando citó a declarar al propio Lobón, una "quietud" que persistió tras las más de veinte resoluciones dictadas en referencia a las pesquisas en torno a los eventos de Valencia.

La Intersindical alega supuestos de nulidad en la demanda colectiva presentada en el TSJCV contra el ERE en RTVV

VALENCIA.- Intersindical Valenciana ha alegado supuestos de nulidad en la demanda colectiva que ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

   Intersindical ha aseverado que estos supuestos de nulidad podrían invalidar todo el proceso, porque afectan a derechos fundamentales y se ha producido un "abuso" de derecho en la resolución del expediente, que afecta a 1.198 trabajadores de TVV, RAV y RTVV.

   La demanda interpuesta se centra en los criterios de selección de los trabajadores afectados; en la no justificación económica de tres de cada cuatro despidos derivados de la externacionalización de los departamentos técnicos y de programas; en la no comunicación de la lista de afectados; en la vulneración del convenio colectivo vigente en lo relativo a la indemnización de 45 días por año trabajado; en la falta de voluntad negociadora; así como en la disonancia entre el ERE y la nueva ley de RTVV, donde se contempla la aprobación de un Contrato Programa que debe fijar la dimensión de la empresa.

   La demanda se ha presentado cuando la empresa todavía no ha notificado la lista de afectados por el ERE, tal y como le ha reclamado Inspección de Trabajo. Al respecto, Intersindical ha criticado que la ausencia de comunicación "está torturando psicológicamente a todos los trabajadores y se está creando un ambiente irrespirable en la empresa, que vive un año y medio de incerteza laboral constante".

   El sindicato ha apuntado que de cumplirse el calendario marcado por la nueva ley de jurisdicción social, la tramitación de la demanda colectiva será "muy rápida". Según esta normativa, el secretario judicial, una vez admitida a trámite la demanda, ordenará al empresario que, en el plazo de cinco días, le notifique a la Sala los trabajadores afectados por el despido colectivo. Luego, el juicio de la demanda tendría que hacerse en el plazo de 15 días a partir de la admisión a trámite del escrito, y la sentencia tendría que dictarse cinco días después, ha mantenido Intersindical.

   La demanda suspende el plazo de caducidad de las demandas individuales. Esto significa --ha concretado-- que el plazo de 20 días para demandar individualmente comenzará a contar a partir del momento en el que haya una sentencia sobre la demanda colectiva.

   En el caso en el que los representantes de los trabajadores ganen la demanda colectiva, los escritos individuales decaerían, ya que la sentencia afectaría y beneficiaría directamente a todos los trabajadores.