MADRID.- La banca española se verá obligada a embarcarse en costosas
ampliaciones de capital, solicitar aportaciones adicionales de capital
público y profundizar el proceso de consolidación para cumplir con las
nuevas provisiones adicionales de 35.000 millones de euros, explican
analistas y banqueros consultados.
Varias fuentes bancarias no
descartaron que la reforma, que inicialmente estaba prevista que se
aprobara en su conjunto este viernes, pudiera demorarse más allá del
viernes en algún elemento, como el incremento de dotaciones o la
desconsolidación de los activos inmobiliarios de los bancos.
No
obstante, estas fuentes también señalaron que la urgencia de los
mercados y la necesidad de recuperar la confianza de los mercados
internacionales en el sector inmobiliario español no permitirían una
mayor demora.
"La presión ahora mismo es muy elevada y el
descrédito sería enorme si no se aprobase este viernes", manifestó una
fuente de una entidad.
En cambio, otra fuente señaló que era
preferible tener bien cerradas las nuevas exigencias de provisiones y la
parte correspondiente a la metodología de las valoraciones antes de dar
luz verde a un plan que no tenga todos los flecos atados.
Una
fuente del Gobierno dijo que las negociaciones con el sector eran
difíciles y que el texto de la reforma habría sufrido ya varias
modificaciones, sin aportar más detalles.
Además de saneamientos
adicionales para el crédito inmobiliario "sano", el Ejecutivo está
planteando la creación de sociedades fuera de balance ("bancos malos")
para avanzar en el saneamiento de las carteras inmobiliarias de la
banca, con el fin de convencer a los inversores de que las entidades
españolas de crédito no necesitarán un rescate de las instituciones
internacionales.
"El principal punto de escollo es la creación de
los denominados 'bancos malos'. Es voluntario para aquellas entidades
que tienen capacidad para afrontar por sí solas las nuevas provisiones y
las dotaciones de febrero pasado, pero para aquellas que no son capaces
de afrontarlas se convierte en obligatorio", señaló una fuente de un
banco español.
Esta fuente explicó que, para éstas últimas, la
eventual valoración de expertos independientes internacionales
-Blackrock y Mercer Oliver Wyman suenan como probables candidatos-
podría ser incluso más agresiva que la del propio Gobierno y requerir
por ello más aportación de ayudas públicas.
Además, los planes del Gobierno tendrán a Bankia como uno de sus principales focos de atención tras su nacionalización parcial.
La
nueva regulación afectará además a algunas entidades de tamaño mediano
como Banco Mare Nostrum (BMN), Unicaja, Liberbank y Unicaja, que en la
actualidad están sondeando diferentes alternativas de integración debido
a su elevada exposición inmobiliaria y a su escasa capacidad para
afrontar las nuevas exigencias de provisiones en solitario, según recuerda la agencia Reuters.
"Las
provisiones que va a introducir el Gobierno suponen un déficit de
capital que la banca va a tener que cubrir y todo apunta a que el
conjunto de la banca, salvo quizá los dos grandes, van a tener que hacer
costosas ampliaciones de capital", dijo Juan Pablo López, analista del
sector financiero de Espirito Santo.
Un banquero manifestó, no
obstante, que dadas las difíciles condiciones de mercado la posibilidad
de realizar ampliaciones de capital se reducirían en gran medida y al
final apuntarían de nuevo como solución al recurso del dinero público.
Los
bancos españoles, que ya tienen que provisionar con la reforma aprobada
en febrero alrededor de 54.000 millones de euros adicionales por los
activos considerados tóxicos (adjudicados y créditos dudosos y
subestándar), deberán aumentar ahora la provisión genérica del siete
hasta un máximo del 30 por ciento en los créditos al sector inmobiliario
considerados no dudosos, explicó una fuente del Gobierno.
"Ahora
mismo se está negociando incluso esta partida de las provisiones sobre
el crédito. Parece que todo apunta a que las provisiones sobre la parte
sana podrían rebajarse al 25 por ciento", añadió una fuente.
El Ministerio de Economía no quiso hacer comentarios a este respecto.
En
la anterior reforma, las entidades disponían de un año para cumplir con
los requisitos que se cargan contra resultados y el plazo se ampliaba a
dos años y se permitían hacer cargos también contra patrimonio.
"Parece
que no tendría sentido que cambien los plazos después de incrementar
las provisiones a una gran parte del sector financiero a la que va a
colocar en situación de pérdidas", dijo un banquero que no quiso ser
citado.
Fuentes del Gobierno y
del sector bancario manifestaron además que el plan de saneamiento se
completará con el traspaso de los activos inmobiliarios ya provisionados
a nuevas sociedades de gestión inmobiliaria de forma voluntaria.
Fuentes
financieras indicaron inicialmente que el Ejecutivo obligaría a las
entidades a segregar todos sus activos inmobiliarios problemáticos en
sociedades que se disolverán en 10 años. El objetivo final de estas
sociedades en todo caso sería la venta de estos activos.
Las dos
únicas condiciones iniciales impuestas a los bancos serían que estos
solo tuvieran una participación minoritaria en las nuevas sociedades y
que estas entidades no podrían actuar como bancos.
"Se va a
aplicar el esquema del palo y la zanahoria. El palo son las provisiones y
la zanahoria consiste en que si como consecuencia de una correcta
provisión de los activos se generan pérdidas, entonces el propio
Gobierno incluso te aporta ayudas en forma de préstamos para evitar que
tengas que acudir a los mercados haciendo una muy difícil ampliación de
capital", dijo Alejando Ruyra, de Kepler.
En este sentido, el
propio Gobierno, en el marco del proceso de saneamiento de Bankia, dejó
la puerta abierta a aportar el capital que fuera estrictamente necesario
para realizar los saneamientos precisos en la entidad y, según los
analistas consultados, este podría ser el caso también en entidades de
mediano tamaño y con fuerte carga del ladrillo.
En el mercado, las
acciones de Bankia se depreciaban el miércoles un 3,7 por ciento a
2,051 euros y acumulan un descenso del 45 por ciento desde su salida a
bolsa en julio pasado.
Mientras, el resto de bancos, encabezados
por BBVA, registraban subidas de un 7 por ciento, en un movimiento de
rebote del mercado español.
Analistas destacaron que Bankia
todavía estaba reflejando la incertidumbre sobre cuáles van a ser los
planes concretos de saneamiento que va a aplicar el nuevo consejero
delegado de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Expertos apuntan a
una necesaria reducción del balance de la cuarta entidad española
-300.000 millones en activos- en al menos un 30 por ciento y a una
aceleración de desinversiones.
El propio Banco de España recordó
el miércoles a la entidad que entre las medidas que va a tener que tomar
figuran fortalecer las estructuras de administración y gestión, el
aumento de la profesionalización, así como un programa de
desinversiones.
Retiran más de 2.000 millones en un año de Banco Valencia
Banco Valencia perdió 189,4 millones de euros
en los tres primeros meses del año, frente a los beneficios de 14,3
millones que se anotó en el primer trimestre de 2011. Los clientes de la
entidad retiraron más de 2.000 millones en el último año, según ha
informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, los depósitos de Banco Valencia ascendieron a 11.600
millones, una reducción del 15,2% y que la entidad achacó a la caída
registrada en 2011. "La entidad ha logrado corregir la tendencia de
fuerte reducción de los depósitos de la clientes", aseguró.
La entidad intervenida por el Banco de España además disparó su
ratio de morosidad al 16,37%, mientras que la reducción de fondos
propios en un 89,85% por las pérdidas del ejercicio de 2011 y del primer
trimestre de este año llevará a la entidad ha solicitar en la próxima
junta general una ampliación de capital de hasta 1.000 millones.
El crédito a la clientela neto descendió en 1.861 millones debido
al deterioro por riesgo de crédito, hasta los 16.500 millones ante los
saneamientos.
El banco garantizó que está desempeñando las "acciones oportunas"
para recuperar el nivel de solvencia que le exige el Banco de España. Y
recordó que las necesidades de provisiones por la reforma financiera, "a
fecha actual", podrían situarse en 827 millones de euros y los
requerimientos de capital sobre el mínimo de capital principal exigido
podrían ascender a 488 millones de euros.
