Todas las playas que tendrán bandera azul en 2018 en Valencia, Alicante, Castellón y en el resto de España

MADRID.- La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), sección española de la Federación Europea de Educación Ambiental, ha otorgado las banderas azules a las playas certificando la calidad de la oferta turística de los municipios valencianos. Un año más, la Comunitat ha pasado el examen con nota y es la autonomía española con mayor número de distintivos.

La Comunitat suma tres nuevas banderas para las playas y alcanza las 132. Además, 14 puertos han conseguido este distintivo, uno menos que en 2017. De esta forma, ha logrado 146 galardones, más del 20% de los que ondearán en España.

Alicante es la provincia que acumula más galardones, con 68 (gana cuatro respecto al año pasado), frente a los 33 de la de Castellón (pierde una) y los 31 de la de Valencia.

El municipio castellonense de Alcalà de Xivert ha perdido el distintivo que ostentaba la playa de Les Fonts. Orihuela ha sumado dos nuevas playas (Cala Cerrada y Mil Palmeras), mientras que Torrevieja (con Cabo Cervera) y Pilar de la Horadada (con Puerto) han aumentado un galardón cada uno.

La playa de Les Rotes de Dénia continuará un año más sin este distintivo que perdió en 2017 por la instalación de un trampolín en la playa del Trampolí.

Valencia conserva las siete banderas azules que ya tenía el año pasado. Pinedo continúa siendo la única playa del municipio que no contará con este distintivo, que perdió en 2017, al continuar permitiendo la entrada de perros.

Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente explicaron que el 90% de las playas y el 93% de los puertos deportivos de las tres provincias valencianas que se han presentado como candidatos a obtener bandera azul han obtenido este galardón.

Dos playas de la Comunitat se encuentran entre las mejores de España en el apartado de socorrismo, un ránking que encabeza Sagunto, seguida por Platja de Haro (Gerona) y Santa Pola (Alicante).

Banderas en España

España lucirá el próximo verano un total de 696 banderas azules en playas, puertos deportivos y embarcaciones sostenibles y mantendrá con ese número el primer puesto en este ranking mundial, que acredita el buen estado de conservación y la calidad de los servicios que prestan estos lugares. El número de distintivos ha crecido en doce respecto al año pasado.

Lucirán este estandarte en España un total de 590 playas (11 más que el año pasado), 101 puertos deportivos (1 más que en 2017) y 5 embarcaciones turísticas sostenibles (tres de Mallorca y dos de Málaga).

El número de municipios litorales participantes esta edición ha sido de 252 (5 más que el año pasado) de los que 236 han obtenido algún estandarte azul (número igual al de 2017), señaló el presidente de la Adeac, José Ramón Sánchez, para recalcar que el índice de fidelidad es muy alto, el 65% de las playas galardonadas lo han sido 10 años o más y el 20% entre 5 y 10 años.

Como dato relevante, la organización detalló que el 100% de las playas premiadas tienen desfibriladores ubicados a menos de 5 minutos para ser usado por los socorristas, cifra muy importante si se tiene en cuenta que el uso de este dispositivo se comenzó a recomendar hace unos años.

Para Sánchez fue importante recalcar que las playas galardonadas, además de la calidad excelente de sus aguas durante la temporada de baños en todos sus muestreos, tienen que cumplir con la Directiva de Aguas Residuales Urbanas. «De no ser así, las banderas no se otorgarán», incidió el presidente de la Adeac. «El objetivo de este galardón, aparte de la calidad de las playas y el agua, es viajeros más responsables en lugares cada vez más sostenibles», subrayó.

Puertos deportivos

La Comunitat cuenta con 14 puertos deportivos galardonados, uno menos que el año pasado. Trece de ellos se encuentran en la provincia de Alicante: Dénia, Xàbia, Les Bassetes , Calpe, Altea, La Vila Joiosa, Marina Deportiva de Alicante, Santa Pola, Torrevieja (los de Marina Internacional y Real Club Náutico), Dehesa de Campoamor de Orihuela y El Campello. Ha perdido el distintivo el de Marina Cabo Roig en la capital de la Vega Baja. Una de estas infraestructuras está en Castellón, en Oropesa del Mar.

Cataluña es la autonomía con más puertos con distintivo (22), seguida por Baleares (20) y Andalucía (16).

PDF: Consulta todas las banderas azules que hay en España, comunidad a comunidad, y todas las banderas azules de las playas de Valencia, Alicante y Castellón.

Mañana, primera retransmisión en directo de 'À Punt Televisión'

VALENCIA.- Este mediodía mediante un comunicado se dice cuál será la primera retransmisión en directo de À Punt Televisión. El evento escogido es el partido de fútbol que enfrentará mañana miércoles 9 de mayo al Valencia Club de Fútbol con el Al-Nassr saudí.

El choque, que se disputará a las 17.40 horas en Riad, capital de Arabia Saudí, es un homenaje al exfutbolista Fahd Al-Huirf, uno de los promotores del amistoso. 

La señal que hará posible el directo será facilitada por Mediapro y el partido será comentado por periodistas de la nueva radiotelevisión valenciana. 

Será la tercera ocasión en la que el primer equipo blanquinegro visite el país árabe para disputar un partido internacional. Ya lo hizo en otros dos encuentros amistosos, jugados en 2005 y 2010, contra el Al Hilal.

À Punt está inmersa desde hace dos semanas en sus emisiones en pruebas con el fin de detectar y resolver problemas técnicos o anomalías y para dar tiempo a los usuarios a sintonizar el canal en sus televisores antes de la emisión definitiva prevista para antes del comienzo del verano, tal como señaló en Les Corts, la directora general Empar Marco. 

Los canales de referencia son el 60 en Castellón, el 25 en Alicante y 57 o 39 en Valencia.

Un albergue de València cobra más a mujeres que a hombres

VALENCIA.- La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha denunciado que un albergue juvenil ubicado en el recinto de la Estación del Norte de València cobra más a las mujeres que a los hombres por ocupar una habitación, con diferencias de hasta tres euros por noche.

La denuncia contra la empresa Valencia Station Hostel SL, que ha sido trasladada a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, afirma que a través de su página web (www.uphostel.com) comercia alojamiento residencial diferenciado: “habitaciones chicas”, “habitaciones chicos” y “habitación mixta”. 

En el caso de la habitación masculina de ocho o dieciséis camas, el precio e de 13,77 euros la noche, en la habitación femenina de ocho camas asciende a 16,83 y en la de dieciséis camas a 15,30, mientras que si es una habitación mixta de ocho camas cuesta para ambos sexos 15,30 euros la noche.

“Teniendo en cuenta que la descripción de las habitaciones, su configuración y servicios ofrecidos es exactamente igual en los tres supuestos, no hay justificación alguna que explique la diferencia de precios”, asegura la denuncia de la Unión de Consumidores. Fuentes de UP! Hostel han informado de que los precios van “conforme a oferta y demanda” y no “tiene nada que ver con si es femenina o masculina”, y ha señalado que es verdad que las habitaciones femeninas “se venden más porque las chicas prefieren estar en habitaciones solo femeninas y no en mixtas, y el precio siempre sube”.

El secretario de la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Vicente Inglada, ha asegurado que hace varios días pidieron explicaciones a la empresa y hasta el momento no han obtenido respuesta alguna que aclare o justifique la existencia de una diferencia de precios por razón de género.

Inglada ha explicado que tuvieron conocimiento de esta “potencial irregularidad” a través de una socia de la Unión de Consumidores que acompañó a unas amigas a alojarse en este albergue que, ha recordado, está ubicado en “en un espacio público del Gobierno de España”, la Estación del Norte. 

Por ello, el gabinete jurídico de la Unión de Consumidores estudia va remitir a Renfe o a Adif una carta para que conozcan el tema e intenten buscar una solución.

En la denuncia remitida a la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, explican que han detectado un “posible incumplimiento de la normativa vigente en materia de igualdad , así como de protección y defensa de las personas consumidoras, ante la evidencia de precios distintos en alojamientos residenciales”.

Dimite la editora de TVE en València a la que le censuraron el vídeo del "Os jodéis" a los jubilados

VALENCIA.- La editora del informativo del Centro Territorial de RTVE en València, Arantxa Torres, ha dimitido este martes después de la dirección del ente le impusiera la censura del vídeo en que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, se refirió de forma despectiva a un grupo de pensionistas que abuchearon a Mariano Rajoy durante su visita al Ayuntamiento de Alicante. Así lo ha anunciado el Consejo de Informativos de RTVE en una nota dirigida a los trabajadores.

En las imágenes se aprecia como Martínez de Castro, en una conversación fuera de micrófono, afirma: "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!".  

El comentario sí fue captado por un vídeo que pronto comenzó a difundirse en redes sociales y en los medios de comunicación. De hecho, la secretaria de Estado pidió disculpas al día siguiente y explicó que hizo un comentario jocoso en una conversación privada, pero que cuando esas palabras pasan al ámbito público se convierten en "muy inadecuadas en el fondo y forma". 

"Muy fina, no quedé", añadió. 

Según el escrito del Consejo de Informativos, Torres ha explicado a la redacción las razones de su renuncia. 

"Dimite por una serie de desencuentros con la dirección y, porque a pesar de su confianza en el jefe de informativos del Centro, no comparte la filosofía con la que se está trabajando en esta casa", aseguran. Así, "la censura impuesta desde la dirección del Centro y desde la dirección de los Servicios Informativos en Madrid al vídeo" (...) "ha precipitado su decisión". 

El Consejo asegura tener constancia de que "la editora de informativos insistió y medió para que se emitiera". 

La pieza informativa finalmente se emitió en Valencia sin sonido, con lo que no se pudo apreciar el comentario, y no fue reproducida en el informativo nacional.   

Las familias españolas vuelven a endeudarse para consumir más

MADRID.- Las familias españolas han vuelto a necesitar financiación en términos netos por primera vez desde el comienzo de la crisis. Se trata de una cantidad pequeña. Tan solo 3.063 millones de euros. Pero, según los datos del INE, en 2017 las rentas de los hogares no bastaron para afrontar sus compras de vivienda y consumo. Por eso, tuvieron que tirar de crédito o acudir a sus depósitos y activos ahorrados, tal como recoge hoy El País. 

Según las cuentas financieras del Banco de España, en 2017 las familias solo redujeron su deuda en 810 millones frente a los 46.000 millones recortados, por ejemplo, en 2013. Aunque las cantidades sean modestas —los pasivos de los hogares ascienden a 775.000 millones—, se aprecia un cambio de tendencia: las familias han concluido el fuerte proceso de ajuste de la deuda que iniciaron tras el estallido de la burbuja.

Las familias empiezan a aflojarse el cinturón. La crisis financiera cogió a los hogares en 2008 con un exceso de endeudamiento provocado por un mercado inmobiliario cuyos precios se habían disparado. Hasta el punto de que solo en 2007 llegaron a precisar en torno a 57.000 millones prestados. Las cifras eran mareantes. Justo en ese momento la economía española sufrió un abrupto recorte de la financiación exterior. 

Y la necesidad de restablecer la competitividad obligó a un ajuste en salarios y plantillas que sembró todavía más la incertidumbre. A marchas forzadas, las familias empezaron a amortizar sus hipotecas. Y la concesión de nuevo crédito inmobiliario se paró en seco. Durante esos años, los hogares llegaron a ahorrar unos 220.000 millones para bajar deuda.

 Sin embargo, los últimos datos del INE y del Banco de España reflejan que este proceso está empezando a perder fuelle. Tras casi una década, las familias volvieron a no cubrir con sus rentas lo que destinan a consumo e inversión. 

Para ello, tuvieron que recurrir, por una parte, a un incremento del crédito no hipotecario, que creció en torno a un 6%. Solo los préstamos para consumo se elevaron a un ritmo superior al 15%, según datos del supervisor.

Dos factores impulsaron este alto crecimiento de la financiación del consumo: por un lado, la mejora de las perspectivas económicas, que hace que los hogares prevean mayores ingresos en el futuro. Por otro, durante la crisis, fruto de la incertidumbre, se pospusieron numerosas compras de bienes de consumo duradero como electrodomésticos o automóviles que ahora sí que se han estado produciendo.

Aunque la cantidad concedida de hipotecas también creció con fuerza el año pasado, alrededor de un 15%, la amortización del crédito inmobiliario fue todavía mayor y el saldo existente se redujo un 2%. Además, las familias dispusieron de una parte de sus depósitos y activos ahorrados para financiar esas necesidades. Como resultado, la deuda no aumentó justo en esos 3.063 millones que recoge el INE. 

Según las cuentas financieras del Banco de España, el endeudamiento de los hogares no subió pero disminuyó muy poco: desde los 775.318 millones de 2016 hasta los 774.508 millones anotados en 2017. Una reducción de solo 810 millones en un año, una cantidad que se antoja muy pequeña si se compara con los recortes de deuda que se llevaron a cabo en los ejercicios precedentes: por ejemplo, en 2011 se redujeron los pasivos de las familias en unos 27.000 millones; en 2012, en 37.000; en 2013, en 47.000; en 2014, en 36.000; en 2015, en 24.000; y en 2016, en 13.000.

“Con la información disponible, parece que el proceso de desapalancamiento se está agotando. Parece un punto de inflexión”, afirma Rafael Doménech, economista de BBVA. Ya nada apunta que se vuelvan a dar fuertes bajadas como las que se registraron durante la crisis. En términos nominales, los pasivos podrían incluso seguir descendiendo. 

Pero los expertos señalan que en todo caso lo harían a velocidades muy suaves. En relación con el PIB, gracias al crecimiento económico que sube el denominador, la deuda podría continuar reduciéndose durante algunos años más.

Así las cosas, el endeudamiento de los hogares ya se sitúa cerca de los niveles europeos, en torno al 60% del PIB frente al 84% que se alcanzó en 2009. Como explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, ahora mismo resulta inimaginable que, a medio plazo, el endeudamiento recobre cotas cercanas a las registradas en el pasado.

Según el INE, los hogares llevaban ocho años obteniendo capacidad de financiación, esto es, consiguiendo más renta de la que gastaban o invertían. En total, entre 2009 y 2016 acumularon la abultada cifra de 214.511 millones ahorrados, aproximadamente una cuarta parte del PIB que se destinó sobre todo a reducir endeudamiento. Pero, ¿a qué obedece este leve repunte de 3.063 millones en la necesidad de financiación? 

Como se aprecia en las cifras del INE, en 2017 las rentas de los hogares  engordaron en unos 14.000 millones mientras que el consumo subió en cerca de 25.000. Es decir, las rentas crecieron menos de lo que lo hicieron las compras. Y eso provocó que el ahorro se derrumbase.

Al comienzo de La Gran Recesión, la tasa de ahorro se disparó hasta máximos históricos, alcanzando el 13,4% de la renta disponible. Pero en los últimos años ha estado siguiendo el camino inverso: en 2017 descendió un 24% respecto a 2016, tocando el mínimo de la serie histórica en un 5,7% de la renta disponible, unos 40.000 millones de euros.

Ese dinero ahorrado el año pasado no fue suficiente para financiar los 43.000 millones que en 2017 las familias destinaron a inversión, o lo que es lo mismo: adquisición de vivienda. La inversión de los hogares aumentó un 18% sobre el año anterior. 

De ahí en buena medida la necesidad de financiación de las familias durante el pasado ejercicio. En definitiva, los hogares consumieron más, ahorraron menos y compraron más viviendas, lo que hizo que por primera vez en una década volvieran a precisar financiación.

Demasiado crédito acumulado en hogares con rentas bajas

Los datos del INE y del Banco de España marcan un cierto cambio de tendencia en la deuda de las familias. Aunque incluso podría seguir bajando algo, todo apunta a que empieza a estabilizarse en torno al 60% del PIB. 

Ahora bien, cosa distinta es el análisis que se debe hacer de esa deuda. Por una parte, las cifras del Banco de España señalan que todavía hay demasiada deuda concentrada en familias con rentas bajas, lo que todavía puede significar un problema. 

Sobre todo si los tipos de interés empiezan a subir teniendo en cuenta que buena parte de ese crédito está a tipos variables. Aunque las amortizaciones de hipotecas todavía estén dominando y sean mayores que la concesión de crédito inmobiliario, se corre el riesgo de que una parte de la población quede atrapada en esa deuda.

Como explica María Jesús Fernández, de Funcas, otra cuestión es si resulta conveniente para el conjunto de la economía que el desendeudamiento de las familias empiece a perder fuerza. La deuda exterior de España permanece ligeramente por encima del 80% del PIB. Se trata de unas cotas altísimas que hay que renovar y que exponen a España a cualquier vaivén de los mercados. 

Además, la deuda de las Administraciones Públicas es muy elevada. Y el envejecimiento de la población puede hacer que persista la presión sobre el gasto público. Máxime cuando en los próximos años comenzarán a jubilarse las primeras generaciones del baby boom español.

Cierto es que las empresas prosiguen con su reducción de pasivos a una velocidad inaudita, y eso compensa, en parte, lo que pueda suceder con el resto. Estas han pasado de necesitar endeudarse en unos 44.000 millones en 2008 a obtener unos 34.000 millones de liquidez anual en 2017. 

Gracias a esa capacidad de financiación, la deuda de las sociedades no financieras se ha desplomado en 285.000 millones desde 2009, rondando ahora un nivel sobre PIB similar a la media de países europeos. Eso sí, se ha producido en gran medida a costa de un ajuste laboral que sigue mermando las rentas de los hogares.

El precio de la vivienda sube un 5,4% interanual en abril

MADRID.- Tinsa ha destacado que "el precio medio de la vivienda en España no mostraba un ritmo de crecimiento interanual tan elevado a nivel nacional desde el tercer trimestre de 2007", publica Expansión. 

Esta subida ha estado impulsada por el área "Capitales y grandes ciudades", que ha experimentado una subida del 8,7% interanual, hasta 1.543 puntos.
También muestran subidas importantes las "Áreas metropolitanas" (+5,7%) y "Baleares y Canarias" (+5,6%). En el primero de ellos, que agrupa las áreas de influencia de las grandes ciudades, la tendencia es más bien de estabilización, ya que el índice se ha mantenido en los últimos meses dentro de una banda entre los 1.280 y los 1.310 puntos.
En la "Costa mediterránea", el crecimiento ha sido apenas un 0,3% interanual en abril, seguido de "Resto de municipios", que engloba las localidades más pequeñas, donde la subida ha sido del 1,1% interanual en abril.

Además, hay que subrayar que el precio medio en España se ha revalorizado un 10,3% desde el mínimo que tocó a principios de 2015, aunque sigue arrastrando una caída acumulada del 36,7% desde el pico del boom en 2007.
La "Costa mediterránea", el subíndice más castigado en la crisis, muestra un descenso acumulado del 45,8%% desde los máximos del boom, seguido por las "Áreas metropolitanas" (-42,8%). 

Pese a haber incrementado su valor un 18,6% desde mayo de 2015, las "Capitales y grandes ciudades" siguen estando un 36,6% por debajo del nivel de 2007. También con ajustes inferiores a la media nacional se sitúan "Resto de Municipios" (-36%) y "Baleares y Canarias" (-23,8%).
El índice IMIE General y Grandes Mercados, que se calcula a partir de las tasaciones de vivienda terminada (nueva y usada) realizadas por Tinsa, recoge cada mes la variación interanual del valor del m² de un inmueble y su nivel respecto al año 2001 (base 1.000) en cinco áreas representativas de los diferentes estratos que componen el mercado de la vivienda: "Capitales y grandes ciudades"; "Áreas metropolitanas"; "Costa mediterránea", "Baleares y Canarias", y "Resto de municipios".

El crédito dudoso se reduce en 945 millones en 'Cajamar'

ALMERÍA.- El Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido un beneficio neto de 31,5 millones de euros en el primer trimestre de 2018, el 27,6% más que los 24,7 millones ganados un año antes.

La entidad ha explicado que a este crecimiento del beneficio ha contribuido la mejora del margen bruto, la expansión de productos y servicios, así como del negocio en fondos de inversión, seguros, planes de pensiones y operaciones de consumo.

Ello, unido a optimización de la red comercial, la transformación digital y el consumo eficiente de los recursos, ha hecho que se reduzca al 1,49%, el peso de los gastos de explotación sobre los activos totales medios.

Además, "todo ello ha repercutido en la mejora de la ratio de eficiencia hasta el 59,9%, y en un aumento del margen de explotación recurrente del 24,8%", ha añadido Cajamar, que "sigue manteniendo su política de prudencia y ha continuado durante el primer trimestre reforzando las provisiones para proseguir saneando su balance".

En este sentido, ha explicado que ha reducido en 945 millones de euros los activos dudosos, un 23% respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de morosidad ha caído al 9,84% según Cajamar, que ha destacado que las ventas de adjudicados han crecido un 31%, lo que ha contribuido a lograr una reducción de los activos adjudicados netos del 5,8%.

Respecto a la situación del negocio, Cajamar ha detallado que al cierre de marzo, el balance total se ha incrementado un 5,7%, hasta los 41.857 millones de euros, mientras que el volumen de negocio gestionado lo hizo un 5%, hasta los 72.981 millones.

La concesión de nueva financiación, principalmente al sector agroalimentario, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, también se elevó un 12%.

La entidad ha destacado su posición de "referente" en el sector agroalimentario, con una cuota de mercado nacional del 13,4%.

Por otro lado, ha indicado que entre enero y marzo, elevó los recursos gestionados de clientes, fundamentalmente en depósitos a la vista y fondos de inversión, en un 5,2%.

El Grupo Cajamar cerró el primer trimestre del año con unos recursos propios computables del 2,5% superior, hasta los 3.123 millones.

La ratio de capital de maxima calidad CET 1 alcanzó el 11,3% y el 10,4% fully loaded (cumple todas las exigencias de Basilea III).

En cuanto a la cuenta de resultados, el margen de intereses ha crecido el 0,6%, hasta los 150.259 millones; el bruto, el 7,1%, hasta los 252.557 millones y el de explotación, el 24,8%, hasta los 95.831 millones de euros.

Por último, la entidad ha explicado que esta mañana, el Banco de Crédito Social Cooperativo, cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, ha celebrado su junta general ordinaria de accionistas.

En ella, han sido reelegidos como miembros del consejo para un nuevo mandato de cuatro años a Luis Rodríguez González (dominical), Marta de Castro Aparicio (independiente), Manuel Yebra Sola (ejecutivo), Juan Carlos Rico Mateo (dominical), Joan Bautista Mir Piqueras (dominical), José Antonio García Pérez (dominical) y Francisco de Oña Navarro (independiente).

En el orden del día de la reunión que mantendrá esta tarde el consejo de administración figura someter a votación la reelección de Luis Rodríguez como presidente de la entidad, Marta de Castro como vicepresidenta, Manuel Yebra como consejero delegado, así como la referida a los miembros de la Comisión Ejecutiva y Comités.

El BCE sanciona al Sabadell con una multa de 1,6 millones de euros

MADRID.- El Banco Central Europeo (BCE) ha sancionado al Banco de Sabadell con una multa administrativa de 1,6 millones de euros por no cumplir su obligación de obtener el permiso necesario para conducir ciertas transacciones entre enero de 2014 y noviembre de 2016.

El BCE ha informado hoy de que ha impuesto la multa porque el Sabadell recompró instrumentos de capital ordinario de Nivel 1 desde el 1 de enero de 2014 y hasta el 7 de noviembre de 2016 sin pedir antes permiso a la autoridad de supervisión bancaria.

"Esto constituye una infracción continúa de los requerimientos de fondos propios en ese periodo", según el BCE.

El BCE tiene poder para imponer sanciones a los bancos de acuerdo con la regulación de octubre de 2013, que le confiere tareas específicas de supervisión bancaria.

Fuentes de Banco Sabadell han defendido la actuación de la entidad y han indicado que ya se ha recurrido la multa ante los organismos pertinentes.

El ex alcalde de Benidorm Agustín Navarro, imputado por la trama del PSPV-PSOE

BENIDORM.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Benidorm ha citado a declarar en calidad de imputado -ahora, investigado- al ex alcalde socialista de la ciudad, Agustín Navarro, en la causa que sigue por un presunto caso de financiación irregular del PSPV-PSOE, según consta en un auto. 

Navarro es en la actualidad diputado del PSPV en la Diputación de Alicante y, tras archivar por prescripción el juzgado de Valencia que inició el caso el delito electoral atribuible a los socialistas valencianos y el Bloc, remitió a Benidorm los indicios relacionados con Navarro para que otro juzgado siga con la instrucción por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.

Así, el juez investigará una supuesta adjudicación irregular en el contrato de los denominados opinómetros de Benidorm. En concreto, el ex alcalde tendrá que acudir a declarar el próximo 14 de junio y junto a él han sido citados, también el mismo día e igualmente como imputados, Alberto Gomar y José Ramón Tíller, socios de la empresa Opino Media SL que resultó adjudicataria de aquel contrato, y la ex concejal Mariola Fluviá, que ostentaba en área de Contratación. 

Este juzgado ya reclamó días atrás al Ayuntamiento de Benidorm toda la documentación relativa a aquella adjudicación.

El contrato fue adjudicado a Opino Media, empresa de la cual era socio Alberto Gomar cuya agencia de comunicación fue la encargada de la campaña electoral de Navarro.

En Opino Media también figuraba como socio José Ramón Tíller, asesor del ex presidente socialista Joan Lerma. Tiller ejerce en la actualidad un cargo de responsabilidad en Egevasa, una empresa en la que participa la Diputación de Valencia, y fue promovido por José Manuel Orengo, ex alcalde de Gandía y actual coordinador de los asesores del presidente Ximo Puig. 

En concreto, el coste de los opinómetros instalados en Benidorm ascendió a 280.000 euros y se compraron con el dinero que obtuvo el Ayuntamiento con el denominado Plan E, un conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer la economía local.

El proyecto consistía en la instalación de 19 dispositivos fijos y móviles para encuestar a los benidormenses sobre diversos asuntos. Un año después de su instalación, la prensa local recogió que todos estaban fuera de servicio.

El Ayuntamiento de Málaga también contrató con la empresa administrada por el asesor del PSPV los opinómetros. Crespo Gomar instaló allí 25 dispositivos, seis más que en Benidorm, por 200.000 euros, 80.000 euros menos.

Gandía también contrató estos dispositivos pero como real adjudicatario figura Infonova, una empresa con sede en Valencia. Al parecer, en el caso de Gandía los investigadores han detectado irregularidades en adjudicaciones relacionadas con los opinómetros, pero no en la adjudicación directa del servicio, pues en principio la empresa que se impuso en este concurso público no guardaría relación directa con la agencia electoral del Bloc y PSPV.  

El coste de la instalación en Gandía ascendió a 164.000 euros, casi la mitad de lo que pagó Benidorm.

Tiller seguirá por el momento con su puesto en Egevasa y fue el primer gerente de la nueva época de la empresa pública Imelsa, que buscaba alejarse de un pasado oscuro en manos del yonki del dinero, Marcos Benavent.

El sueldo de Navarro

Por el momento Agustín Navarro también seguirá como diputado provincial. En febrero de 2016, un PP en minoría en la Diputación de Alicante aprobó en solitario y contra la opinión de su entonces socio de C's, Fernando Sepulcre, proporcionar un sueldo a dos diputados provinciales imputados, el popular Bernabé Cano y Agustín Navarro. 

Aquel acuerdo vulneraba todo lo firmado por el presidente de la institución provincial, César Sánchez (PP), con C's al principio del mandato sobre regeneración democrática. Sánchez necesitaba justificar ambos sueldos en dos cargos. 

Para ello nombró al imputado de su partido, Cano, como diputado de Planes de Mejora con cargo y sueldo. Y al imputado del PSOE, Agustín Navarro, como vicepresidente de la Comisión de Cuentas de la institución provincial, cargo que todavía mantiene.

Navarro no dudó en justificar su sueldo (49.962,08 euros brutos) en un pleno acusando a la prensa de ejercer una «persecución» contra él.

Sin embargo, había sido un juez el que le imputó supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos a raíz de una denuncia de un sindicato policial.

El Supremo confirma los nueve años de prisión para la ex consellera Milagrosa Martínez

MADRID.- El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, de 13 años de prisión, de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ a 12 años y tres meses, y de la exconsellera valenciana de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, de 9 años, en la primera de las seis piezas en las que se dividió el caso.

En la resolución, la Sala II del alto tribunal ratifica íntegramente todas las condenas que recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) relacionada con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en Fitur en las ediciones del 2005 al 2009 a través de las empresas de la trama. 

Se trata de la primera causa relacionada con la Gürtel que ya tiene sentencia firme en el Tribunal Supremo tras desestimar los recursos de casación de los once condenados por el TSJCV.

La sentencia ratifica también las condenas de 6 años para Isabel Jordán, la administradora de varias empresas de la trama Gürtel; de 4 años y 4 meses para Cándido Herrero, el exgerente de Orange Market (filial de la Gürtel en la Comunitat Valenciana), y de 3 años para Mónica Magariños, una exempleada de las empresas de Correa.

Además de los citados, la resolución confirma las condenas del ex jefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la “causa de los trajes”, a 6 años de prisión y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a 7, 4 y 3 años, respectivamente. 

Junto a las penas de prisión, la sentencia estipula que Correa, Crespo y Pérez deberán abonar multas de 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias.

También establece que los tres cabecillas más Milagrosa Martínez, Jordán, Betoret, Vidal y Guarro, indemnicen de forma solidaria a la Generalitat valenciana con 271.636 euros, con responsabilidad solidaria parcial también de Mónica Magariños y Cándido Herrero.

El Supremo confirma que la Gürtel era una asociación ilícita y destaca que la corrupción cuestiona el propio funcionamiento del sistema democrático con comportamientos en los que el poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía.

Los hechos probados de la sentencia del TSJ valenciano, dictada el 8 de febrero de 2017, relatan las irregularidades cometidas por directivos y empleados de empresas de la Gürtel, y por la consejera de Turismo, técnicos, políticos y funcionarios de ese departamento en Valencia, para adjudicar los contratos para Fitur. 

Para este fin, constituyeron la empresa Orange Market, que se relacionaba directamente con la Conselleria y con las otras sociedades del entramado, y a quien se hacían las adjudicaciones.

El alto tribunal define como una “toma” la actuación de las empresas de la Gürtel respecto de una unidad administrativa de la Conselleria de Turismo que fue posible gracias a la amistad entre Correa, Pérez y Crespo con Martínez y funcionarios del departamento.

Un conocimiento personal, añade, “derivado de la participación del grupo en anteriores campañas con el partido político que sustentaba el gobierno de la Comunidad autónoma, y sostenida con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad”.

La Sala indica que la reacción de los códigos penales frente a esas conductas ha sido tipificar nuevas figuras penales, como el tráfico de influencias o el fraude a la administración, que se han unido a las clásicas de prevaricación, malversación o cohecho.

Todas ellas “dirigidas a reprimir conductas antisociales en las que la lesión a la ciudadanía es mucho mayor que la que se deriva del coste patrimonial consecuente a un enriquecimiento ilícito, pues se ponen en cuestión aspectos básicos de la ordenación social como los principios de transparencia, de igualdad de oportunidades, de objetividad en el ejercicio de la función pública”.

El Supremo rechaza también la nulidad de la causa reclamada por varias defensas por lo que consideraban vulneración de su derecho a la intimidad debido a la grabación realizada por el exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que dio origen al proceso.

Al respecto, la Sala concluye que “ninguna lesión se produce cuando el inicio de las actuaciones resulta de las grabaciones que una persona aporta a la investigación y son objeto de la pesquisa judicial y policial, sujeta a los principios y garantías propios de un sistema procesal observante de los derechos fundamentales”.

“Si esos encuentros son libres y espontáneos entre dos particulares, y uno de los cuales decide grabarlas, no supone una afectación del derecho fundamental de la persona que interviene en la conversación”, añade el Supremo que recuerda que “lo prohibido es la indagación de la intimidad por parte de los órganos públicos”.

La juez procesa a los directivos de la CAM, Roberto López y Daniel Gil, por apropiación indebida y delito fiscal

MADRID.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto hoy juzgar al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López, al jefe de Inversiones, Daniel Gil y a otros once ex directivos de la entidad por apropiación indebida y administración desleal por operaciones presuntamente irregulares en el Caribe.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal, para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Asimismo, la magistrada entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

A partir de ahora, las partes cuentan con un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, mediante escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal.

En su auto, Lamela describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta "una serie de irregularidades comunes".

Entre ellas, la documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal".

Dichas propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas, o al día siguiente.

López Abad y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, habrían consentido que "ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

En su auto, Lamela recuerda que tal y como consta en el informe emitido por la auditora Deloitte en 2011, y en el expediente sancionador del Banco de España de 2012, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados en el seno de la CAM y el TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad.

Así lo entendió el Banco de España, prosigue Lamela, que en su expediente reflejó que los miembros de la comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP.

Dichas deficiencias supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de la entidad y designó al FROB como administrador provisional.

Por ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de una inyección de capital en diciembre de 2011.

Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, añade el auto.