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"Sin el debate, sin la crítica, ninguna Administración y ningún país pueden triunfar y ninguna república puede sobrevivir" (John F. Kennedy) * Newsletter, de opinión e influencia, fundado en 2007 sin afán de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
BRUSELAS.- El presidente de Ryanair,
Michael O'Leary, comparó este miércoles a las aerolíneas en
dificultades que reclaman ayudas públicas con "yonquis" y amenazó con
llevar a los tribunales el eventual apoyo de las autoridades a Brussels
Airlines o Lufthansa.
"Estas compañías que lloran desesperadamente
para lograr ayudas me hacen pensar en yonquis que no tuvieron su dosis
de droga", declara O'Leary en una entrevista al diario belga La Libre Belgique.
El irlandés considera las ayudas públicas al sector aéreo,
profundamente impactado por la pandemia del coronavirus, como
"competencia desleal".
"Distorsionará el mercado aéreo durante cinco
años al menos en Europa", afirmó.
La compañía de bajo coste
Ryanair ya anunció el martes haber llevado a la justicia
europea las ayudas concedidas a la escandinava SAS y a las aerolíneas
francesas en forma de aplazamientos de impuestos.
Su presidente
expresó este miércoles su disposición a volver al Tribunal de Justicia
de la UE (TJUE) para denunciar la eventual ayuda, a su juicio "ilegal",
de Bélgica a Brussels Airlines y de Alemania a Lufthansa.
La
compañía belga, que la víspera anunció su intención de suprimir un
cuarta parte de sus efectivos (unos 1.000 empleos), negocia desde hace
meses, vía su matriz Lufthansa, una ayuda de Estado con el gobierno
belga.
Respecto al gigante alemán, cuyo presidente aseguró
recientemente contar con 10.000 trabajadores de más por la crisis,
negocia una ayuda de varios miles de millones de euros con Berlín.
Ryanair,
por su parte, planea despedir "un mínimo" de 3.000 personas, entre
ellas "varios cientos" en Bélgica, recuerda O'Leary, que estima en
"varios miles de millones de euros" la inmovilización de su flota por la
crisis sanitaria.
El grupo reanudará el 40% de sus vuelos a
partir de julio, pero no planea, entre las medidas sanitarias adoptadas,
dejar un asiento libre entre los pasajeros para respetar el
distanciamiento físico.
"Esta medida, que no es rentable para las
compañías aéreas, no sirve de nada en la lucha contra la propagación de
la COVID-19. Siempre consideré esa idea, idiota", afirma el jefe de
Ryanair.
VALENCIA.- La Confederación Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV) ha reclamado este miércoles una modificación de la
orden que obliga a las personas procedentes de otros países a guardar
cuarentena durante 14 días a su llegada a España.
Según ha asegurado la patronal valenciana en un comunicado,
esta normativa, pese a no afectar a trabajadores trasfronterizos y a
transportistas, "añade nuevas trabas a la actividad industrial al
obligar a guardar cuarentena a los profesionales de las empresas que
compran maquinaria especializada en terceros países y tienen que
desplazarse para el montaje y labores de mantenimiento".
Asimismo,
apunta que en la misma situación están las empresas con centros de
trabajo en otros países y cuyos trabajadores que tengan que desplazarse
hasta esas instalaciones estarán obligados a guardar cuarentena a la
vuelta.
El sector de la promoción será otro de los perjudicados por
la orden ministerial, augura la CEV, porque los compradores de viviendas
"no van a estar dispuestos a viajar si eso les obliga a guardar una
cuarentena, de modo que no se podrán formalizar las compras a corto
plazo".
La orden aleja también la posibilidad de recuperar el
turismo internacional, dado que la demanda se trasladará a otros
destinos turísticos. Pero, sobre todo, advierte de que supone un
problema "la falta de seguridad jurídica y la imposibilidad de que las
empresas del sector planifiquen sus campañas turísticas".
En ese sentido la CEV considera necesaria una modificación
de la normativa de modo que, "salvaguardando todas las medidas de
seguridad", se facilite la movilidad de los profesionales
especializados; no sea obligada la cuarentena cuando la movilidad se da
entre países cuya incidencia de la pandemia es similar y se faciliten
los acuerdos bilaterales entre países.
La
Confederación insiste en la necesidad de dar seguridad jurídica a las
empresas. "Un orden como esta complica la recuperación del turismo, la
industria o la promoción. Las empresas no pueden tomar decisiones ni
planificar actuaciones si las reglas cambian de un día para otro", ha
asegurado el presiente de la CEV, Salvador Navarro.
"Es
incomprensible que España sorprenda con anuncios que limitan la
movilidad justo cuando Europa se plantea abrir fronteras y reactivar el
tráfico aéreo transfronterizo. Medidas como estas no ayudan a la
recuperación", ha lamentado.
VALENCIA/MADRID.- El Defensor del Pueblo tramitó en 2019 un total de 20.616 expedientes
en toda España: 20.215 quejas, un 18,9% más que el año anterior; 266
investigaciones de oficio frente a las 372 del año 2018; y 135
solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, frente a
327 del año precedente. La Comunitat Valenciana fue la tercera
autonomía donde se elevaron más quejas, un total de 2.167.
Así consta en el Informe Anual de la
Institución relativo al ejercicio 2019, que la Oficina del Defensor del
Pueblo ha entregado este miércoles a las Cortes Generales y en el que se
recogen todas las actuaciones realizadas durante el año pasado. En esta
ocasión, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández
Marugán, no ha acudido personalmente a entregar el informe dada la
situación de pandemia.
Respecto a la procedencia geográfica de
las quejas recibidas, la institución detalla que el mayor número de
ellas fueros presentadas por madrileños (5.751 expedientes), andaluces
(2.429), valencianos (2.167) y catalanes (1.915).
De las quejas procedentes de valencianos, la mayoría (426)
eran referidas a asuntos de Interior; seguidos de Administración de
Justicia (353); Migraciones (167); Función y Empleo Públicos (167);
Actividad Económica (110); Política Social (100). Ya con menos de un
centenar aparecen después Impuestos (99); Educación (86) y Centros
Penitenciarios (80).
"Algunas de las resoluciones formuladas a
las Administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse
ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto
o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar", ha afirmado
Fernández Marugán en alusión a los efectos de la crisis del coronavirus.
No obstante, el Defensor ha apuntado que otras de sus
recomendaciones y sugerencias pasadas, "tienen ahora más actualidad que
nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta
crisis con una mayor intensidad". Como ejemplos, ha destacado la
situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una
renta mínima de inserción social de ámbito estatal.
Entre
las recomendaciones que realizó el Defensor del Pueblo a la
administración valenciana figura que la Conselleria de Sanidad tenga en
cuenta, en la previsión de ingresos y gastos anuales, "el déficit
estructural de la sanidad pública en la Comunitat Valenciana, y se
adopten las medidas necesarias para garantizar el pago a proveedores".
A
la Conselleria de Educación pidió "adoptar las decisiones necesarias
para garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo en el centro que los padres libremente
soliciten, al que deberán dotar de los recursos y medios que resulten
precisos para proporcionarle la atención específica que se contemple en
el informe de evaluación psicopedagógica que se haya practicado".
Además, a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
le recordó la obligación de "resolver, en tiempo y forma, los
expedientes relativos a la situación de dependencia de los ciudadanos y
del derecho a las prestaciones del sistema".
Este departamento
del Consell aparece en una ocasión en el listado de 'Administraciones no
colaboradoras' debido a una cuestión relacionada con una menor
ingresada en un centro de la provincia de Alicante que se inició el 4 de
julio de 2018 y no fue contestada hasta después de un tercer
requerimiento el 22 de agosto de 2019.
MADRID.- La ministra de Hacienda y portavoz del
Gobierno, María Jesús Montero, ha defendido que los 16.000 millones del
fondo para CCAA ante la crisis por el coronavirus se repartirán según el
gasto sanitario registrado en cada caso, con criterios técnicos,
objetivos y no políticos, y ha reclamado a los partidos "no enredar" ni
"inventar problemas que no existen".
Montero ha respondido así al portavoz de Compromís, Joan Baldoví,
en el Pleno del Congreso de hoy, quien ha exigido que la Comunitat
Valenciana reciba unos 1.132 millones de euros de ese fondo y que se
tenga en cuenta la población de derecho que tiene.
El diputado ha reclamado también un fondo para las comunidades
financiadas por debajo de la media --"un fondo de nivelación"-- mientras
siga sin reformarse el sistema de financiación autonómica. Ha insistido
en que el actual sistema concede menos recursos a su Comunidad que a la
media, pese a lo cual realiza un gasto sanitario mayor.
"Somos pobres pero aportamos a la solidaridad como si fuéramos
ricos. Estamos mal financiados pero hacemos un esfuerzo en sanidad
pública por encima de otras comunidades más ricas. ¿Va a hacer algo para
que a los valencianos la financiación siempre nos salga a pagar?", ha
preguntado Baldoví.
Montero ha censurado que se pretenda "convertir en criterios
políticos" lo que ha dicho que serán criterios técnicos para distribuir
ese dinero. El reparto va a ser "equitativo", ha dicho, de acuerdo con
el gasto sanitario generado por la pandemia y la caída de ingresos.
Y le ha espetado al diputado de Compromís que esos criterios deben
ser objetivos y no cambiarse según la coyuntura. "¿Si hubiera un
rebrote en la Comunidad Valenciana defendería usted los mismos criterios
que plantea ahora? ¿O depende el reparto por población o por
hospitalizados de cómo a cada uno le vaya?", le ha preguntado a Baldoví.
La ministra ha dicho que es legítimo defender distintas
posiciones, pero no que se cambie de criterio "en función de la
circunstancia coyuntural que tenga la Comunidad Valenciana". "No
enredemos, no inventemos problemas que no existen, arrimemos el hombro",
ha concluido.
VALENCIA.- El expresidente de la Diputación de
Valencia con el PP Alfonso Rus pudo utilizar sus cargos públicos
--también fue alcalde de Xàtiva-- para favorecer la financiación
irregular del equipo de fútbol Olímpic de esta localidad que él
presidía, según sostiene la UCO en un informe en la pieza del caso
Imelsa que investiga estos hechos. En esta causa consta una conversación
en la que Rus comentaba al exgerente de Imelsa Marcos Benavent,
autodenominado 'yonki del dinero': "Tú les tienes que decir que por
hacer eso, a mí me tienes que dar algo. Y siempre en negrilla".
Esta conversación y el informe definitivo de la Unidad Central
Operativa (UCO) figuran en la pieza de Imelsa relativa a la
investigación del Olímpic de Xàtiva en la que está investigado Rus,
entre otras personas, y cuyo secreto de sumario se ha levantado
recientemente. Lo lleva el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
De los informes que obran en esta pieza se desprende que el Olímpic se financió de dos
formas: con aportaciones dinerarias por distintas empresas
adjudicatarias de contratos en el Ayuntamiento de Xàtiva, de la que Rus
era alcalde, y con facturas falsas a la entidad pública Imelsa, cuyos
importes iban destinados al club.
En las negociaciones y contratos presuntamente participaba el
propio Rus, según recoge la UCO, que también desvela una conversación
con Benavent en relación al ofrecimiento que se iba a hacer a un
empresario de los derechos de una residencia ubicada en Xàtiva por la
que se debería pagar alguna contraprestación.
Fragmentos de esta conversación ya se habían hecho públicos con el
levantamiento de otra parte del sumario. En ella, según recoge la UCO,
se observa cómo Rus daría a Benavent una serie de indicaciones: "Tú le
tienes que decir: mira, yo te puedo conseguir el convenio con la
Conselleria. Eso está. Una conveniada" o "Pero tú le tienes que decir:
por hacer eso, a mí me tienes que dar algo".
En relación con esta última afirmación, lo que en concreto afirma
Rus es --textualmente--: "¿Vale? Y siempre, en negrilla. Pero tú les
tienes que decir: Por hacer eso, a mí me tienes que dar algo. Porque así
el problema... ¿Sabes qué es? Que es a costo puro. Aquí no se paga nada
de... Aquí no hay trasvase. Yee aquí es a costo puro y duro".
Benavent le sigue contestando: "Claro, yo tengo que ponerle el
caramelo en... Y que él coja interés: Ché, a tí te interesaría esto que
tal y que cual? ¿Para entrar ya mañana? Subvencionado, no tiene coste
alguno. Siete mil metros. Ciento cuarenta plazas". Y prosigue: "Claro.
Eso es lo que voy a decirle: Tú y yo tendremos que hablar de lo mío.
Aquí hay de peaje unos veinte kilos".
Rus le corrige y le dice que "de peaje no, de paso": "No. Lo que
pagaron éstos al otro. Y eso me lo tienes que dar a mí porque yo se lo
tengo que dar a quien le corresponda. Y ellos no te dirán nada. No digas
peaje porque pensarán que están pagando veinte kilos y dirán... ¿Para
qué?".
El caso Imelsa consta de una decena de piezas investigadas en el
mismo juzgado, el 18 de València, algunas de ellas prácticamente
instruidas. El caso se destapó en 2016, con el llamado 'pitufeo', que
llevó a investigar todos los concejales del PP en el Ayuntamiento de
València, excepto uno, por un presunto blanqueo de capitales de 50.000
euros y delito electoral.
Así mismo, en otras piezas se investiga el pago de comisiones
ilegales a cambio de adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa,
dependiente de la Conselleria de Educación y encargada de la
construcción de las infraestructuras educativas en la Comunitat; o el
supuesto amaño en la adjudicación en 2013 del contrato del call center
--centro de atención telefónica de la empresa pública-- por dos millones
de euros.
El juzgado también investiga presuntas irregularidades achacadas a
responsables de Ciegsa en adjudicaciones de contratos para construir
colegios; un supuesto blanqueo de capitales que provenía de mordidas
presuntamente de Rus a través de la mercantil Geneva; o contratos que
pudo manipular el exgerente de Imelsa.
VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, ha afirmado este miércoles que la suspensión definitiva de
las Fallas 2020 es "una medida histórica", un "indulto general que nadie
hubiera deseado", y ha instado a pensar "ya" en 2021.
"La suspensión definitiva de las Fallas 2020, acordada por
València, es una medida histórica que nos duele a centenares de miles de
personas. Tanto trabajo, tanta ilusión... un indulto general que nadie
hubiera deseado. Pensemos ya en 2021, quedan 310 días para la Cremà", ha
escrito en sus redes sociales junto a una fotografía de un monumento en
llamas.
Además de resaltar que "las Fallas de Torrent, Gandia,
Alzira, Alaquàs o Burriana también han sido canceladas por
responsabilidad y salud pública", ha querido enviar un abrazo a "todas
las personas que han salido perjudicadas".
"Hacer crecer la ilusión: ese es el espíritu hasta 2021 de
nuestro patrimonio cultural y festivo", ha agregado el jefe del Consell.
Las
Fallas se suman a la suspensión de otras fiestas de la Comunitat
Valenciana, como la Magdalena de Castelló y les Fogueres de Alicante,
que se decidieron suspender este martes.
La crisis sanitaria global desatada por la Covid-19 provocó
en marzo que se aplazaran las Fallas de València con julio como fecha
provisional. Las fiestas josefinas solo habían sido paralizadas
anteriormente por conflictos bélicos y una tasa en el siglo XIX.
En
concreto, se suspendieron por estar el país inmerso en guerras, la de
Cuba de 1896 y la Civil, y una más por motivos económicos, cuando la
subida a 60 pesetas del impuesto municipal en 1886 por el montaje en la
calle llevó a las comisiones, de forma individual, a no ocupar la vía
pública.
VALENCIA.- La Comisión de Coordinación Institucional
de Compromís, reunida telemáticamente este tarde, ha tomado la decisión
de no apoyar en el Gobierno central en las próximas votaciones si "no se
adquiere un compromiso explícito en cuestiones" que incluyen repartir
el fondo de la Covid-19 para las autonomías con arreglo al peso
poblacional.
Desde la coalición han justificado esta decisión en que "todos los
territorios puedan tener los mismos recursos por habitante para
combatir esta pandemia".
Igualmente, piden "establecer mecanismos de cogovernanza en la
capacidad de decisión sobre las fases de la desescalada, teniendo en
cuenta el conocimiento de proximidad que desde la administración
autonómica se tiene del que pasa en su territorio".
También piden que el ingreso mínimo vital que impulsa el gobierno
central se gestione "conjuntamente con los gobiernos autonómicos".
VALENCIA.- El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el
Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha asegurado que el alcalde,
Joan Ribó, "ha alargado dos meses la angustia del colectivo Fallero de
manera innecesaria".
Así se ha pronunciado Giner tras conocer que el alcalde, Joan
Ribó, y el concejal de fiestas, Carlos Galiana, han dado a conocer a
representantes del colectivo fallero que las Fallas de 2020 quedan
suspendidas definitivamente.
Giner ha cuestionado "los motivos de Ribó para alargar la toma de
la decisión, cuando muchas otras fiestas, San Fermín, Hogueras, la
Magdalena, hasta la festividad de la Virgen de los Desamparados en
Valencia, se han suspendido".
Sobre este asunto, el portavoz de Cs ha exigido "cuantificar el
impacto económico de la decisión" y explicaciones sobre por qué se ha
esperado tanto para suspender definitivamente las Fallas.
El portavoz de Cs, quien ha señalado que el pasado 24 de febrero
su grupo preguntó por escrito al alcalde por la Covid-19 y la
celebración de las Fallas, ha lamentado la "incertidumbre creada por el
alcalde a los falleros y a los artistas". Giner ha dicho: "esperamos que
no tarde en decidir qué hacer con los monumentos almacenados en los
talleres, la Feria de muestras y la Marina".
Por su parte, la concejal de Cs, Amparo Picó ha añadido: "Es hora
de empezar a planificar las Fallas de 2021, con un plan eficaz de ayudas
directas a los distintos sectores afectados por la crisis del
coronavirus".
"Cada sector es un mundo y la problemática les afecta de
una manera", ha manifestado.
"Los artistas falleros tienen, hoy en día, un gran problema en sus
talleres, porque si no dan salida a los monumentos no pueden aceptar
nuevos trabajos", ha lamentado Picó.
"No podemos olvidarnos de los
pirotécnicos, que han sido grandes perjudicados por los problemas de
almacenamiento, debido a la restricción de pólvora por ser material
peligroso", ha explicado la concejal naranja.
"Desde la unión, la
coherencia y la responsabilidad política hay que apoyar y gestionar a
todos los sectores implicados en las Fallas", ha concluido.
VALENCIA.- El Gremio de Artistas Falleros de València,
Inteagrupación de Fallas y las Fallas de Especial creen que la
suspensión definitiva de las fiestas en 2020 y dejarlas para 2021 ha
sido la "mejor opción" dada la situación de pandemia por el coronavirus,
ya que el mes de julio era "descartable" y septiembre y octubre una
incógnita. Así, subrayan que la decisión "casi no ha habido ni que
tomarla".
"Visto como estaba el tema sanitario y que no se podía garantizar
que en septiembre u octubre se pudieran plantar, ha sido la mejor
opción, analizándolo bien, era lo mejor que podíamos haber hecho", ha
señalado José Ramón Espuig, maestro
mayor del Gremio de Artistas Falleros.
Además, Espuig ha valorado el plan de ayudas propuesto por el
consistorio por el que las comisiones se gastarán el 75 por ciento del
presupuesto del monumento de 2020 en 2021 y otro 75% para 2022 "como
mínimo", --aunque cree que habrá muchas que estarán en el 100%-- ya que,
dentro de lo "fastidiada" que está la situación, "nos hemos quedado
bastante contentos".
"Lo que no queríamos era vernos abocados a no tener nada de faena
en 2021, así que agrandando las de este año y como se firman las del 22,
tendremos trabajo y no se abocará al cierre de talleres", ha apuntado,
ya que estima que, de no hacerse así, el 50% de las empresas de artistas
tendría que bajar la persiana. "Así podremos subsistir más o menos
bien", ha indicado, para añadir que, en todo caso, "lo principal es la
salud y que esto, a ser posible, pase cuanto pase cuanto antes y lo
posamos contar".
Desde la Interagrupación de fallas, su presidente, Guillermo
Serrano, ha indicado que se empezó un camino el 11 de
marzo pero "la evolución de la pandemia no ha sido la esperada" y "no ha
habido más remedio" ya que "julio estaba descartadísimo" y septiembre y
octubre "no hay manera de asegurar que se puedan celebrar actos como
las fallas".
Además, considera que "si no se pueden celebrar con ciertas
condiciones, vale la pena la suspensión total y empezar a pensar en
2021".
"La decisión no hemos tenido ni que tomarla", señala, ya que "hay
una autoridad sanitaria que dice que no es la situación óptima y nadie
dice cómo va a evolucionar" ni si va a haber una vacuna y esto sea "un
mal sueño".
Así que, considera que el "mal menor" es poder celebrar la
fiesta en marzo de 201, alargar el ejercicio y "tener suerte y en 2021
empezar otra vez el ciclo y, a continuar", ha concluido.
Por su parte, el presidente de las Fallas de Especial y de la
Antiga de Campanar, Rafa Mengo, ha señalado que esta
medida la esperaban porque habían advertido que "o se hacían fallas en
condiciones o no serían fructíferas para la Valencia fallera,
particularmente para la de Especial, que exponemos mucho capital ya que
somos el 23% del presupuesto de las de toda la ciudad".
A su juicio, plantarlas en septiembre u octubre "hubiera sido un
deterioro total a nivel económico" y ahora se replantearán "todo de cara
a 2021" y esperan que la pandemia desaparezca porque "lo primero es el
tema de la salud y que el ambiente de la calle se pueda vivir como la
gente está acostumbrada".
"Tardaremos en tener bonanza, pero que no sea
en una situación que en julio se planteaba de una forma negativa".
Mengo ha recalcado que tal y como se vislumbraba la celebración en
julio por requisitos de seguridad sanitaria "lógicos", no se podía
disfrutar de la fiesta, además que, según ha hecho hincapié, tampoco
veían "ético" que en España hubiera 27.000 fallecidos por coronavirus y
que València estuviera "de fiesta".
"Que el mundo conozca las fallas
pero no así; no era ético hacer fiesta", ha considerado.
Asimismo, ha apuntado que desde el ayuntamiento hay una apuesta
"clara" de apoyo a los artistas con el plan de ayudas,aunque seguirán
con un "agujero muy importante" pese a subvenciones del Ayuntamiento,
que agradecen.
En cuanto a las fallas de Especial ya quemadas en 2020 por no
poderse desplantar --Na Jordana, Cuba-Literato Azorín y Reino de
Valencia--, se ha mostrado "dolido" por la situación y ha señalado que
la próxima semana mantendrán una reunión con el concejal de Cultura
Festiva, Carlos Galiana, para ver "cómo ayudar".
VALENCIA.- El Ayuntamiento de València plantea mantener a las Falleras Mayores
de 2020, Consuelo Llobell y Carla García, como máximas representantes de
las Fallas del próximo año, tras el anuncio de suspensión de las
fiestas en esta edición, a raíz de la pandemia del coronavirus y tras
constatar la imposibilidad de celebrarlas en julio como inicialmente se
preveía en el aplazamiento de marzo.
Así lo ha anunciado el
alcalde, Joan Ribó, en una rueda de prensa acompañado por el concejal de
Cultura Festiva, Carlos Galiana, quien ha expuestos los ejes de un plan
de ayudas específicas de apoyo a una fiesta declarada Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad, y que se centran en el gremio de artistas
falleros, que han sido "pieza clave" en el acuerdo alcanzado para la
anulación, y en los monumentos. "Sin artistas, no hay fallas", ha
incidido.
Asimismo, Galiana ha anunciado la anulación de la Gran Feria
de Julio y todos los actos programados y una reorganización del
presupuesto de este departamento para hacer frente a las nuevas
situaciones generadas.
"Las Fallas no paran; el Ayuntamiento,
tampoco", ha resumido el primer edil, que ha recalcado que la apuesta
por la fiesta es "emocionante" por lo que implica y por la repercusión
cultural y económica para sectores como "imprescindibles" como artistas
falleros, hostelería, orfebres, floristas, indumentarios, pirotécnicos o
fotógrafos, entre otros.
Las propuestas del consistorio sobre la anulación de la
fiesta en 2020 tendrán que recibir el visto bueno de la Asamblea de
Presidentes, que se celebrará de manera telemática hasta las 19.00 horas
del próximo viernes y para el lunes se ha convocado al consejo rector
de la Junta Central Fallera.
En
el caso de la continuidad en el cargo de las máximas representantes,
Galiana ha animado a las comisiones falleras de València a hacer lo
mismo que ha propuesto el consistorio. En esta línea, ha precisado que
la anulación de la Gran Feria supone la imposibilidad de realizar las
preselecciones, pero es que, además, ha indicado que las Fallas son un
sentimiento "que empiezan y acaban con el fuego".
En este caso,
Galiana ha detallado que en 2021 no se harán todos los actos, por
ejemplo, queda excluida la llamada a las Falleras Mayores elegidas, en
el caso de que se ratifique la propuesta, pero sí que ha dicho que se
hará la 'Crida" a la fiesta "con mas alegría" y habrá 'mascletaes' desde
el día 1 "o hasta que el alcalde nos deje", ha ironizado.
En relación con el plan de ayuda, según ha anunciado
Galiana, se dirigirán a instituciones, tanto europeas --para buscar
ayudas en este ámbito-- como en España --en concreto, con una carta
dirigida al ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes--, y la
Generalitat Valenciana y la Diputación provincial, para recabar ayuda a
las Fallas, con el fin de que "estén a nuestro lado y nos ayuden con la
financiación".
Ribó ha puesto en valor que el consistorio ha
llegado a los 4,6 millones de euros de subvención total para que las
comisiones puedan pagar a sus proveedores, que son la mayoría de veces
autónomos o pymes y que han asumido dos tercios del coste de los
monumentos de este año, además de sufragar el 50% del gasto del
transporte a Feria Valencia, donde las que no se han quedado continúan
guardadas.
En todo caso, Galiana ha proclamado que se debe
"proteger a la falla y al artista fallero", por lo que el plan de
subvenciones que se propondrá a los presidentes deberá aunar los
ejercicios de 2021 --en el que las comisiones plantarán los monumentos
que no hayan quemado-- y 2022 y se condicionarán a una serie de
requisitos y compromisos económicos. El objetivo es que los artistas no
tengan un año "en blanco" que les obligue a "bajar la persiana".
De este modo, las subvenciones de 2021 y 22 estarán
condicionadas a un proyecto para la realización de los monumentos para
2022, pero que deberá concretarse en 2021. Galiana ha hecho hincapié en
que se trata de un plan "para dos años" que condiciona las subvenciones
que son del 25% y que están aseguradas para la falla, de manera que
quien lo presente para ese periodo "tendrá acceso a la subvención"
mientras que "el que no se preocupe del artista, no".
En
cuanto a las municipales del próximo año, Galiana ha recordado que ya
se ha sacado el concurso y que habrá fallas nuevas en 2021, mientras que
la parte que resta por arder de este año --la cabeza de la meditadora
que acabó llevando mascarilla-- "se quedará en algún acto especial",
cuando haya "vacuna, cura... hay muchos motivos para quemar una falla",
incluso en Nochevieja, si la pandemia deja, ha añadido. En el caso de la
infantil, se hablará con los artistas a ver al finalidad que se le
puede dar.
Por tanto, los monumentos seguirán en Feria
Valencia hasta que decidan las comisiones y los artistas que, por normal
general, Ribó cree que querrán plantar lo que este año no han podido.
"Vamos a pensar que en 2021 de una manera u otra quemaremos Fallas", ha
dicho el primer edil, quien ha admitido que en el momento de volverse a
plantar será necesario repintar o realizar alguna modificación en las
figuras.
Mientras tanto, con las fallas que se vieron obligadas a
quemar sus monumentos por seguridad, al ya estar plantadas y ser
imposible el desmontaje-- Na Jordana, Cuba-Liyerato Azorín y Reino de
Valencia, Galiana ha anunciado una reunión la próxima semana con el
presidente de la sección de especial para analizar la situación.
En
cuanto al sector de la pirotecnia, Galiana ha explicado que la que no
se disparó había un acuerdo para pagar el 80% y se quería reservar el
20% restante "para cualquier festividad" que se pudiera aprovechar. No
obstante, ha recordado que es un producto que tiene fecha de caducidad.
En todo caso, ha anunciado que será un sector de los que entre en al
reestrcuturación del presupuesto de su concejalía para nuevas ayudas.
En
el caso de indumentaristas, floristas y resto de colectivos implicados,
ha señalado que son pymes que tendrán que continuar y también se
tratarán de incluir en la reestructuración y en las líneas dirigidas al
sector cultural y festivo. Ribó ha recordado que el consistorio tiene
abiertas una línea de ayudas de 3.000 euros a todas las empresas, de las
más elevadas del Estado.
VALENCIA.- El vicesecretario general del PSPV, Manolo
Mata, ha afirmado este miércoles que la ministra y portavoz del
Gobierno, María Jesús Montero, no ha negado "ni hoy ni nunca la
infrafinanciación" de la Comunitat Valenciana y que en su respuesta al
diputado de Compromís en el Congreso hablaba del fondo de gasto
sanitario no reembolsable por la Covid-19.
Así se ha expresado en su cuenta de Twitter en relación a las
palabras que ha dirigido Montero en la Cámara baja al diputado de
Compromís, Joan Baldoví, defendiendo que los 16.000 millones del fondo
se repartirán según el gasto sanitario registrado en cada caso, con
criterios técnicos, objetivos y no políticos, reclamando a los partidos
"no enredar" ni "inventar problemas que no existen".
El diputado había reclamado que la Comunitat Valenciana reciba
unos 1.132 millones de euros de ese fondo y que se tenga en cuenta la
población de derecho que tiene, además de pedir también un fondo para
las comunidades financiadas por debajo de la media a modo de
"nivelación" mientras no se cambie el sistema.
Ante las críticas de la coalición a la respuesta de la ministra,
Mata ha subrayado en diversos 'tuits' que Montero no se refería a la
financiación, sino al fondo de gasto sanitario en concreto. Ante las
alusiones de los usuarios a que la ministra se ha "reído en la cara" de
los valencianos, Mata ha negado la mayor: "No se ha reído en la cara, ni
mucho menos, se hablaba del fondo de gasto sanitario".
Respecto al reparto del fondo, ha recordado que se recibe por tres
conceptos: enfermos Covid, pérdida de ingresos por impuestos propios y
gasto social. "El social es estricta población, el económico no está
evaluado porque tiene que ver por la pérdida de ingresos propios y el
sanitario (10.000) tiene que ver con gasto sanitario Covid", ha
indicado.
Asimismo, ha incidido en que la Comunitat Valenciana no estará
infrafinanciada en esos fondos y cobrará todo lo gastado en materia
sanitaria.
Ante los internautas que ponen en entredicho las formas de la
ministra, Mata ha replicado que "las maneras son muy importantes, pero
en el fondo ha puesto de manifiesto lo importante que es ese fondo no
reembolsable, sobre todo para afrontar gasto sanitario extraordinario
por Covid".
El también portavoz socialista en Les Corts ha retuiteado al
exdiputado nacional de Compromís Ignasi Candela, quien ha afirmado que
"los criterios de reparto del fondo del Covid son en líneas generales
justos" y "se pueden discutir algunos aspectos que no tienen gran
impacto en el resultado final" y ha añadido que "otro tema es la
infrafinanciación, que también debería ser abordado".
"Opinión de mucho
sentido común de un miembro de Compromís", ha considerado Mata.
Además de este, también el secretario de Organización del PSPV y
diputado en Corts José Muñoz ha entrado en este tema colgando el vídeo
de la intervención completa de la ministra: "Como se aprecia, ni niega
la infrafinanciación valenciana, ni mucho menos nos falta al respeto. Se
circunscribe a explicar técnicamente el reparto de 16.000 millones a
las comunidades para luchar contra la Covid-19".
"Este fondo no anticipa futuros criterios de reparto de la
financiación autonómica, sino que responde a la excepcionalidad de esta
crisis y se basa en criterios técnicos para combatirla", ha hecho
hincapié.
MADRID.- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero,
"nunca ha negado los problemas de financiación" de la Comunitat
Valenciana y, de hecho, "ha reconocido públicamente" que esta autonomía
está "infrafinanciada".
Así lo han destacado fuentes del Ministerio de Hacienda en
relación a la intervención este miércoles de su titular en el pleno del
Congreso en respuesta al portavoz de Compromís, Joan Baldoví.
En
dicha intervención, Montero ha puesto en valor la relevancia del Fondo
No Reembolsable de 16.000 millones que el Gobierno de España pondrá en
marcha para cubrir el incremento del gasto sanitario y la caída de los
ingresos propios generados por la pandemia.
Se trata de un fondo que las comunidades autónomas recibirán
y que no deberán devolver, ni les generará intereses ni deuda. Tampoco
tiene ninguna condicionalidad, ni sustituye a los recursos del sistema
de financiación autonómica.
Desde Hacienda explican que, en su
respuesta al parlamentario valenciano, la ministra ha señalado que los
criterios de reparto se decidirán de forma equitativa y con criterios
"absolutamente técnicos".
"Creo que los ciudadanos necesitan unidad y en este momento
no quieren confusión. No enredemos. No inventemos problemas que no
existen. Simplemente arrimemos el hombro porque este virus nos necesita a
todos", ha zanjado, en referencia a que en ningún caso se ha planteado
repartir el fondo no reembolsable por criterios que no sean técnicos y
objetivos.
Respecto a las
críticas de dirigentes de Compromís a la respuesta de Montero --el
propio Baldoví ha asegurado que se replantean su apoyo al Gobierno en la
votación de la quinta prórroga del estado de alarma tras las palabras
"inaceptables" de Montero--, estas fuentes han considerado que diversos
dirigentes de la coalición "han sacado de contexto la frase 'No
inventemos problemas que no existen' para asegurar que la ministra de
Hacienda ha negado hoy que la Comunitat Valenciana esté
infrafinanciada", algo que es "rotundamente falso".
María Jesús
Montero "en ningún caso ha hablado del sistema de financiación en su
réplica", sino que "ha remarcado que el fondo no reembolsable de 16.000
millones es adicional y está desligado del modelo de financiación",
defienden.
La
ministra de Hacienda, continúan, es consciente de que "es necesario
reformar el sistema de financiación autonómica y en diversas ocasiones
ha denunciado que las diferencias que genera en recursos por habitante
no son razonables".
Es más, apuntan, "ha reconocido
públicamente de forma reiterada" que la Comunitat Valenciana está
infrafinanciada. De hecho, recuerdan, el pasado mes de febrero señaló en
la Comisión de Hacienda del Congreso que la Comunidad Valenciana "es de
las comunidades más perjudicadas por el modelo de financiación, por no
decir la más perjudicada".
"Una postura que es compatible con
defender que un fondo que tiene como principal misión cubrir el
incremento del gasto sanitario se reparta teniendo en cuenta variables
que reflejen el impacto de la pandemia, que ha sido desigual entre las
comunidades autónomas. En cualquier caso, la población también será un
criterio relevante a la hora de distribuir los recursos del Fondo No
Reembolsable", concluyen.
MADRID.-
Una de las dudas más habituales entre los ciudadanos sobre el proceso
de desescalada es saber si están autorizados los desplazamientos o
viajes a otras provincias.
Desde el lunes 11 se encuentran ya en la fase 1 de
desescalada Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, Navarra, La
Rioja, Aragón, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla, Andalucía, salvo
Granada y Málaga; Cuenca y Guadalajara, Baleares, Canarias, y algunas
áreas sanitarias de Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Cataluña.
Durante la fase 1 no están permitidos los desplazamientos a otras provincias salvo en algunas excepciones:
La
orden publicada en el BOE regula esas excepciones en las
que se permitirá traspasar el límite de la provincia, isla o unidad
territorial de la que se trate «por motivos sanitarios, laborales,
profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia
familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con
discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier
otra de análoga naturaleza».
También
se permite la movilidad interterritorial entre municipios colindantes
de tránsito habitual para la realización de actividades socioeconómicas,
por ejemplo para reparar el coche.
Y en el caso del País Vasco, se permite que sea el
Ejecutivo autonómico el que regule la movilidad en sus «territorios
históricos», la denominación que la normativa vasca utiliza para
referirse a sus tres provincias. La consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha explicado este sábado que esa
potestad la emplearán aplicar unos criterios de movilidad «más
restrictivos» que en el resto de España, permitiendo sólo
desplazamientos «dentro del municipio de residencia de cada ciudadano y
excepcionalmente en el mismo Territorio Histórico».
Los desplazamientos no se permitirán con carácter general,
precisan desde el Gobierno, para personas con síntomas compatibles con
la COVID-19 o aisladas o en cuarentena tras haber estado en contacto con
un contagiado. Y para las personas vulnerables, esto es, los mayores de
edad o con patologías previas, aplica la libertad de movimiento dentro
de la provincia siempre y cuando su situación clínica lo permita tras
consultar con un médico.
Moncloa permite pernoctar en segundas residencias dentro de la fase 1
Viajes a segundas residencias
El Gobierno cambio de criterio el pasado sábado y permite
ahora los desplazamientos a segundas residencias dentro de una misma
provincia, isla o área sanitaria autorizada al pasar el lunes 11 a la
fase 1 del plan de desescalada, que supone avanzar en la relajación de las restricciones impuestas por el estado de alarma.
Fuentes de Moncloa aclararon que el
Ministerio de Sanidad confirma la interpretación de que «sí es posible
trasladarse a segundas residencias dentro de la misma provincia o zonas
que pasen el lunes a la Fase 1, al igual que está permitido el
desplazamiento a hoteles y alojamientos turísticos».
MADRID.- El BOE ha publicado una orden por la que se
establecen nuevas condiciones a aplicar en la desescalada en materia de movilidad. Algunas de las nuevas normas se aplican en las zonas de fase 0, fase 1, o en ambas indistintamente.
Vehículos privados particulares
-Las personas que residan en el mismo domicilio podrán viajar, a partir de la fase 1 de la desescalada
que ha comenzado este lunes en algunas provincias españolas, en los
transportes privados particulares y privados complementarios de hasta
nueve plazas, incluido el conductor, sin necesidad de utilizar
mascarillas y pudiendo ocupar todas las plazas que tenga el vehículo.
-En los transportes privados particulares y privados
complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluido
el conductor, cuando no todas convivan en el mismo domicilio,
podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que
utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia posible entre los
ocupantes.
Motocicletas y ciclomotores
-En las
motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén
provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero), la
publicación establece que podrán viajar dos personas
siempre que o lleven casco integral con visera, o utilicen mascarilla o
que residan en el mismo domicilio, independientemente de la fase en la
que se encuentre su provincia y siempre siguiendo una serie de
restricciones.
El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y
también por parte del conductor en el caso de motocicletas y
ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, serán
admitidos los guantes de protección de motoristas.
De esta manera, ya en la fase 0, dos personas pueden viajar en la misma moto en todo el territorio nacional, siempre que lleven casco integral ambos pasajeros o utilicen mascarilla o vivan en el mismo hogar.
Transporte público de viajeros
En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor,
podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos
respecto de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la
distancia máxima posible entre sus ocupantes.
Si todos los usuarios conviven en el mismo domicilio,
podrán ir tres personas por cada fila adicional de asientos respecto de
la del conductor.
La publicación del BOE señala que en los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano,
en los que existan plataformas habilitadas para el transporte de
viajeros de pie, se procurará que las personas mantengan entre sí la
máxima distancia posible, estableciéndose como referencia la ocupación
de la mitad de las plazas sentadas disponibles, y de dos viajeros por
cada metro cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie.
Furgonetas y camiones
En los vehículos en
los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de
una fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos
pesados, furgonetas, u otros, podrán viajar como máximo dos personas,
siempre que sus ocupantes utilicen mascarillas y guarden la máxima
distancia posible. En caso contrario, únicamente podrá viajar el
conductor.
Autobuses y trenes
La orden también dicta
que en el transporte público regular, discrecional y privado
complementario de viajeros en autobús, así como en los transportes
ferroviarios, en los que todos los ocupantes deban ir sentados, el
operador limitará la ocupación total de plazas de manera que los
pasajeros tengan un asiento vacío contiguo que los separe de cualquier
otro pasajero.
Como única excepción a esta norma, el operador podrá ubicar
en asientos contiguos a personas que viajen juntas y convivan en el
mismo domicilio, pudiendo resultar en este caso una ocupación superior.
En todo caso, en los autobuses se mantendrá siempre vacía la fila
posterior a la butaca ocupada por el conductor.
Limitaciones a la movilidad en las zonas de fase 0
En cualquier caso, hay que recordar que se mantienen las limitaciones a la movilidad durante el estado de alarma.
Aunque ya comienzan a flexibilizarse las restricciones, aún hay muchas prácticas que no se pueden realizar en las zonas de fase 0 de desescalada. Por ejemplo, el uso del coche
-así como el transporte público, la bicicleta y el patinete- está
permitido para los mismos desplazamientos que ya estaban autorizados
antes de que se pusiera en marcha el plan de desescalada. Es decir, para
la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera
necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos
sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo y retorno al lugar de
residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores,
dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente
vulnerables; desplazamiento a entidades financieras y de seguros; o por
causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
Además, también se podrá utilizar para ir a
establecimientos que están abiertos con cita previa, como peluquerías,
tiendas de ropa o zapaterías, entre otras.
Por último, la circulación está limitada dentro del municipio del domicilio actual.
Limitaciones a la movilidad en las zonas de fase 1
En esta etapa ya pueden ir en el coche todas las personas que residan en la misma dirección domiciliaria y se podrán desplazar, por ejemplo, a establecimientos hosteleros, terrazas y mercadillos.
También se podrá usar el vehículo privado para visitar a familia y amigos, porque se permitirán reuniones de 10 personas como máximo. Eso sí, los desplazamientos quedan restringidos a la misma provincia, o departamento de salud, donde se encuentra el domicilio habitual.
No se permiten desplazamientos entre áreas con diferente fase de
desescalada. El ministro de Sanidad ha insistido en que se circunscribe
al interior de la unidad de referencia, que en la mayoría de los casos
es la isla o la provincia, aunque también ha recordado que en algunos
casos se han tenido en cuenta áreas sanitarias.
Hay algunas excepciones en las que se permitirá traspasar el límite de la provincia, isla o unidad territorial
de la que se trate «por motivos sanitarios, laborales, profesionales o
empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y
cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de
fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga
naturaleza».
También se permite, en la fase 1, la movilidad
interterritorial entre municipios colindantes de tránsito habitual para
la realización de actividades socioeconómicas, por ejemplo para reparar
el coche.
Por último, el Gobierno ha cambiado de criterio y permite ahora los desplazamientos a segundas residencias dentro de una misma provincia, isla o área sanitaria autorizada.
Moncloa permite pernoctar en segundas residencias dentro de la fase 1.
MADRID.- La compraventa de vivienda
se hundió un 37,5% en marzo, según los notarios El desplome más acusado
que refleja la estadística de esta entidad
data de la primavera de 2011, cuando el hundimiento rozó el 60%.
Por tipo de vivienda, la venta de pisos mostró en marzo una
reducción interanual del 38,0%. Mientras, la de pisos de precio libre
cayó un 37,4%. Esta caída de las transacciones de pisos libres se debió
tanto a la caída de los nuevos (-37,5%) como a los de segunda mano
(-37,4%). Por su parte, las viviendas unifamiliares vieron reducirse sus
transacciones un 35,8% en comparación al mismo mes del año anterior.
Los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda
cayeron un 28,0% interanual en marzo, hasta los 18.446 nuevos préstamos.
Su cuantía media experimentó una caída del 1,2% en términos interanuales, hasta los 136.991 euros.
En términos de precio promedio, el metro cuadrado de las viviendas
compradas en marzo alcanzó los 1.396 euros, reflejando así una bajada
del 2,2% interanual. Esta reducción del precio por metro cuadrado de las
viviendas se debió exclusivamente a que los pisos vieron descender su
precio medio por metro cuadrado un -2,2% interanual ya que las viviendas
unifamiliares vieron incrementarse su precio (+0,4% interanual).
Dentro de los pisos, el precio por metro cuadrado de los pisos de
precio libre se redujo un 2,8%. Entre ellos, el precio del de los de
segunda mano se situó en los 1.544 euros (-2,0% interanual) y el de los
pisos nuevos en 2.069 euros (-10,5% interanual).
Por último, en marzo la compraventa de otros inmuebles se situó en
6.313 operaciones (-48,1% interanual), de las cuales un 35,8%
correspondieron a terrenos o solares. El precio medio por metro cuadrado
de estas transacciones se situó en 326 euros (67,7% interanual).
MADRID.- El final de este curso escolar,
en el que las aulas cerraron de forma abrupta en marzo por la crisis
del coronavirus, está marcado por la "incertidumbre"
que profesores, padres, alumnos y centros sienten ante una posible
vuelta que necesitaría de máximas medidas de higiene y prevención.
Este
jueves podrían despejarse varias incógnitas tras la reunión telemática
de la ministra de Educación, Isabel Celaá, con las comunidades
autónomas, en Conferencia Sectorial. La reunión abordará la cuestión de
cómo terminar este curso 2019-20.
Pero, ¿cuándo se puede volver a clase en España?, ¿cómo se contempla este tema en el estado de alarma? ¿qué opina la comunidad educativa?
A continuación se responde a estas y otras preguntas:
Regreso generalizado a clase.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los
alumnos, con carácter general, no volverán a los centros educativos
hasta septiembre.
Vuelta de alumnos en las fases de desescalada. De forma excepcional y voluntaria se permitirá en la Fase 2 (desde el 25 de mayo) la vuelta a clase de los alumnos que terminan ciclo educativo.
Se trata de los de cuarto de la ESO, segundo de bachillerato para
preparar la EBAU, segundo de Formación Profesional y alumnos de
Educación Especial. También se permitirá el regreso a los alumnos de
hasta 6 años cuyas familias acrediten que los progenitores tienen que
realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización.
Limpieza de centros. En la Fase 1, en la que se
encuentran ya desde el 11 de mayo once comunidades autónomas y Ceuta y
Melilla, los centros educativos pueden abrir, y así lo están haciendo
muchos, para su desinfección y acondicionamiento, al igual que las
universidades.
Personal administrativo de la enseñanza. En las
zonas donde se ha pasado a la Fase 1 también se han abierto los centros
para el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal
auxiliar.
Programas de refuerzo. En la Fase 2 los centros
educativos pueden preparar programas de refuerzo educativo. Sin embargo,
los centros desconocen todavía cómo habrán de organizarse.
Medidas de prevención en clase. Celaá aseguró hace
unos días que si no hay un remedio contra el COVID-19 antes de
septiembre, los centros tendrán que estar a la mitad de su capacidad.
Esto supondría establecer grupos de menos de 15 estudiantes o clases al 50 %, asistencia alterna,
lavado de manos, distancia de 2 metros, así como las medidas que fije
cada centro educativo. Los sindicatos de docentes exigen test
generalizados para quienes tengan que acudir presencialmente,
mascarillas, geles desinfectantes, guantes.
Familias. La Confederación de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) señala que "el riesgo de contagio es
lo que más preocupa". Su vicepresidente, Miguel Dueñas, recalca que
ninguna decisión "puede ser la ideal", al mismo tiempo que afirma que
"no podemos estar confinados hasta que haya una vacuna". Para la Ceapa,
la decisión de la vuelta al colegio este curso debe ser "voluntaria",
siempre beneficiando "a los alumnos más desfavorecidos o a aquellas
familias con problemas para conciliar". Por su parte, la confederación
de padres de alumnos de centros católicos, Concapa, ha manifestado estar
de acuerdo con el cierre de los centros hasta septiembre.
Docentes. La mayoría de los sindicatos del profesorado son partidarios de acabar el curso 'online' como se están esforzando en hacer desde hace dos meses. Para volver ahora "no hay garantías sanitarias plenas y es un esfuerzo innecesario para veinte días que restan de curso",
argumenta el sindicato CSIF. "La actividad en un aula no es equiparable
a la que se puede desarrollar en un supermercado, un banco, una
peluquería, un bar, pues la actividad en los centros educativos la
protagonizan niñas, niños y adolescentes", recalca STES. Este sindicato
recuerda que una parte del profesorado se encuentra en situación de
riesgo, bien por edad, bien debido a diversas patologías previas o
porque conviven o tienen a su cargo a personas de riesgo.
Centros. El País Vasco ha sido una de las primeras
comunidades en anunciar la apertura voluntaria de los centros. Sin
embargo, la Federación de Ikastolas ha cuestionado la vuelta presencial
de las clases. Kristau Eskola, la principal asociación de colegios
concertados de esta comunidad, pide que no se reabran las aulas. La
Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) se muestra
preocupada por la vuelta de los alumnos de edades más tempranas, pues
"será muy complicado, por no decir imposible, que los más pequeños
cumplan las medidas de distanciamiento social". En cuanto a los centros
de Educación Especial, la mayoría respaldan el argumento que concreta la
Fundación Garrigou, no abrir este curso, ya que las medidas de
seguridad "resultan imposibles" de ajustar a la realidad de los
profesionales que trabajan debido a las características del alumnado,
con problemas de salud, conducta, bajo nivel de comunicación y
cognitivo, crisis epilépticas y otras.
Comunidades autónomas. La vuelta a las clases está pendiente de concretarse en las comunidades que vayan entrado en la Fase 2 pero hay disparidad de opiniones
sobre abrir o no las aulas. En la Sectorial de mañana jueves con Celaá
cada una definirá sus posturas. La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado que se reconsidere la reanudación del
curso escolar presencial en todas las etapas educativas al menos 15 días
antes de que termine este curso en junio.
Alumnos. El Sindicato de Estudiantes ha llamado a no volver a las clases y, por ejemplo, mantener una huelga indefinida ante el retorno a las aulas decidido por el Gobierno Vasco
KAMPALA.- Cada día, cientos de
camiones salen de los principales puertos del este de África, en Kenia y
Tanzania, para entregar mercancías en toda la región, lo que aviva el
temor de que los camioneros se conviertan en vectores del nuevo
coronavirus.
A lo largo de sus viajes de cientos de kilómetros,
desde los puertos keniano de Mombasa y tanzano de Dar es Salam, hasta
Uganda, Ruanda, Burundi, Sudán del Sur y la República Democrática del
Congo (RDC), los camioneros se paran en las aduanas, frecuentan bares en
pésimo estado y, algunos, incluso a prostitutas.
La mayoría de los países de la región ha restringido los
desplazamientos para frenar la propagación de la pandemia de covid-19,
pero los camioneros figuran entre los pocos que pueden circular y
entregar la mercancía, sobre todo víveres.
Las pruebas realizadas en las fronteras han revelado un número elevado de casos entre ellos.
El presidente ugandés, Yoweri Museveni, afirmó recientemente que eran motivo de preocupación para Uganda y su región.
Uganda,
con 122 casos del nuevo coronavirus, ha realizado miles de pruebas a
camioneros, 51 de los cuales, en su mayoría kenianos y tanzanos, han
dado positivo.
La vecina Ruanda lleva
tres semanas diciendo que el número de casos en su territorio
-actualmente 285- "refleja un aumento entre los camioneros y sus
ayudantes", sin especificar cuántos.
En la RDC y Sudán del Sur varios camioneros también han dado positivo en los tests.
Osborne Ndalo, un médico
de Mombasa para la oenegé North Star Alliance, que gestiona centros de
salud para camioneros, afirma que un keniano que dio positivo en la
frontera con Uganda había transmitido el virus a por lo menos cuatro
personas en el trayecto, incluida una novia.
"Lo que convierte a
los camioneros en grupo de riesgo es su movilidad (...) Están en
contacto con personas de diferentes círculos y regiones", precisa el
médico.
Para el director de los servicios de salud de Uganda, el
doctor Henry Mwebesa, la frecuentación de prostitutas es un riesgo
adicional.
"Un camionero positivo puede infectar a una trabajadora
sexual con un contacto simple y el virus entonces no sólo se puede
propagar entre los camioneros, sino también entre las comunidades"
locales, un patrón que recuerda al de la propagación del sida en la
región.
Kenia exige ahora a los
camioneros que cruzan sus fronteras que se sometan a una prueba cada dos
semanas y que lleven el resultado consigo.
El presidente Museveni
estima que prohibir el acceso a los camiones sería "suicida" para
Uganda, un país sin litoral que, como algunos de sus vecinos, depende de
la carretera para la importación-exportación de mercancías a precios
competitivos.
La pandemia ha llevado a la adopción de medidas en las fronteras de la subregión que afectan al tráfico de mercancías.
La política ugandesa de tests en los puestos fronterizos ha causado filas de espera de varios días.
"Es
muy problemático. A veces hay que esperar hasta tres o cuatro días", se
queja Hussein Juma, un camionero de 43 años de Mombasa. También lamenta
los motes que les ponen, como "corona".
Uganda también ha
prohibido a los camioneros las paradas habituales y les ha designado
otras obligatorias donde los registran, les hacen pruebas y desinfectan
los vehículos.
El país incluso está considerando un sistema en
virtud del cual camioneros ugandeses se pondrían al volante, en la
frontera, de todos los camiones que entran en el territorio.
Ruanda ya ha adoptado y aplicado esa medida.
"Algunos
de los camioneros que vienen de países vecinos no siempre tienen
protecciones y no respetan las medidas preventivas como el
autoaislamiento, el uso de mascarilla, etc.", alega Abdul Ndarubogoye,
presidente de la Asociación ruandesa de camioneros.
Ruanda hace
transitar sus mercancías importadas principalmente por Tanzania y, en
menor medida, por Kenia pasando por Uganda. Las nuevas normas han
enfadado a los camioneros tanzanos que han expresado su descontento en
el puesto fronterizo de Rusumo impidiendo a sus colegas ruandeses entrar
en su país.
"Es como si los Estados de la Comunidad de África
Oriental no confiaran en la forma en que cada uno de ellos gestiona la
COVID-19", lamenta Rahim Dossa, de la junta directiva de la Asociación
tanzana de propietarios de camiones.
Tanzania, acusada de falta de
transparencia en la gestión de la epidemia, sólo impone la toma de la
temperatura de los camioneros en sus fronteras.
La vecina Zambia
cerró la frontera con Tanzania esta semana después de haber identificado
un brote en la ciudad fronteriza de Nakonde.
El doctor Ndalo advierte que "un eslabón débil" en la región echa abajo el trabajo de lucha contra la epidemia.
BRUSELAS.- Los consumidores han reducido el gasto en comidas preparadas y han
comprado más fruta y verdura, recurriendo a una alimentación más
saludable durante los bloqueos de coronavirus, según mostraron los
resultados preliminares de un estudio.
Las personas confinadas
también probaron nuevas recetas y tiraron menos comida, según la
encuesta entre casi 11.000 compradores en 11 países.
“En los
confinamientos, la gente come más saludablemente, cocina sus propios
alimentos y consume más frutas y verduras”, dijo Charlotte De Backer,
quien coordinó el estudio en la Universidad de Amberes en Bélgica.
Al
abandonar las oficinas y cocinar en casa, la población redujo las
compras de alimentos para microondas en todos los países estudiados:
Australia, Bélgica, Chile, Uganda, Países Bajos, Francia, Austria,
Grecia, Canadá, Brasil e Irlanda.
“Pasamos desde el picoteo, la
comida de restaurante y los pedidos a domicilio a la cocina casera”,
dijo Firene, un ciudadano de Azerbaiyán que vive en Bruselas,
refiriéndose a los cambios que se han producido en su hogar durante la
pandemia. “ He perdido cuatro kilos, así que estoy orgulloso de ello”.
En
casi la mitad de los países estudiados, los compradores compraron menos
aperitivos salados o dulces, aunque las ventas globales se mantuvieron
estables.
El
consumo de productos salados, grasos y dulces suele aumentar cuando la
gente está estresada, pero durante la pandemia este mayor anhelo se ha
satisfecho en muchos países con exquisiteces caseras, dijo De Backer,
que preside FOOMS, un grupo de análisis sobre alimentos y medios de
comunicación de la Universidad de Amberes.
Chile, por ejemplo,
experimentó una gran caída en las ventas de los aperitivos, pero también
el mayor aumento en las compras de harina y levadura.
El consumo de carne, pescado y bebidas alcohólicas se mantuvo estable durante toda la pandemia.
MADRID.- El Defensor del Pueblo ha
recordado en su último informe que las indicaciones escritas de las
señales de tráfico deben expresarse, al menos, en la lengua española
oficial del Estado, es decir, en castellano.
Así
lo manifiesta en su informe anual, hecho público este jueves, en el que
explica que la problemática derivada de la señalización de tráfico solo
en lengua catalana "ha tenido como consecuencia la
remisión de diversos recordatorios de deberes legales a varias
administraciones locales" de Cataluña.
De
este modo, a los ayuntamientos de Tarragona, Vilafranca del Penedés, El
Masnou y Pineda de Mar el Defensor del Pueblo les ha recordado la
necesidad de dar cumplimiento a la Ley de Tráfico, que
establece que "las indicaciones escritas de las señales se expresarán,
al menos, en la lengua española oficial del Estado".
Y
advierte: "Si los ayuntamientos pretenden que los ciudadanos cumplan la
normativa de tráfico, la señalización en los municipios debe ajustarse escrupulosamente a la legalidad".
Cita
algún ejemplo "rocambolesco", como una resolución de la Diputación de
Barcelona en la que se aconsejaba a un ciudadano vasco residente en
Algorta (Vizcaya) que si tenía dudas sobre la interpretación de la
señalización en el municipio de El Masnou, debía haber llamado a un policía para que le tradujera la leyenda de la señal.
El
Defensor del Pueblo sugirió la revisión de oficio del expediente
sancionador, lo que fue aceptado por la diputación barcelonesa.
VALENCIA.- El
Ayuntamiento de Valencia suspende definitivamente las Fallas este año y
los monumentos no volverán a las calles hasta el próximo mes de marzo
tras descartarse celebrar las fiestas en julio. Así lo ha anunciado el
alcalde de la ciudad, Joan Ribó, quien asegura que es la "mejor opción"
dada la situación.
El Ayuntamiento de València ha decidido finalmente cancelar las Fallas de 2020. El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y el concejal de Fiestas, Carlos Galiana,
ha transmitido a los colectivos falleros durante la tarde de este
miércoles la decisión de suspender definitivamente las fiestas josefinas
después de que quedaran en el aire el pasado mes de marzo por la crisis
del coronavirus.
La intención inicial del consistorio, como ya había
anunciado, era plantearse la posibilidad de unas Fallas 'light' -sin
actos ni grandes eventos- a mediados de julio, y esperar hasta el 15 de junio para tomar una decisión en base a la situación de la epidemia y las previsiones sanitarias.
No obstante, a lo largo de las últimas semanas la expectación ha ido in crescendo
entre los colectivos falleros tras la cancelación de importantes
fiestas en otros puntos de España, como los Sanfermines, así como de la
suspensión total de la fiesta fallera en otros municipios de la
provincia de Valencia.
Este martes, Alicante y Castellón anunciaban lo
propio con las Hogueras de junio y la Magdalena respectivamente. La
consellera de Sanidad, Ana Barceló, mantuvo una reunión con los
responsables de las tres capitales de provincia para trasladar la
situación sanitaria y, a la postre, las tres fiestas quedarán
sentenciadas este año.
Las comisiones falleras ya habían hecho una votación los últimos días en
la que participaron 202 de las 382 comisiones acerca de la posibilidad
de celebrar las Fallas 'light'. La respuesta fue mayoritariamente
negativa. El 95% de las fallas participantes abogaron por el 'no'.
Todavía quedan en el aire las posibles medidas a implementar para ayudar
al sector de los artistas falleros y también a las comisiones para
subsistir los meses que restan hasta la fiesta de 2021. También, qué se
hace con los monumentos que no se han quemado, buena parte de los cuales
residen por ahora en Feria Valencia.
MADRID.- El
ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido este miércoles
del alud de casos que llegarán a los juzgados como consecuencia de la
crisis económica derivada de la pandemia y ha estimado que los concursos de acreedores presentados aumentarán un 246% este año y un 619% en 2021.
"De los 7.000 concursos presentados en 2019, alcanzaríamos unos 50.000 el próximo año",
ha alertado en el pleno del Congreso para pedir el apoyo al real
decreto de medidas organizativas y procesales diseñado en colaboración
con las comunidades autónomas para intentar paliar el colapso de los
órganos judiciales.
Según
las previsiones del Ministerio, los asuntos ingresados en la
jurisdicción social aumentarán este año un 31%, llegando hasta un 140%
en 2021, más de un millón de nuevos asuntos. Con esos datos, ha
explicado Campo, la pendencia (porcentaje de casos pendientes) se
situará en un 175%.
En el ámbito civil se espera un aumento de entre el 30 y el 145%
este año, con lo que el incremento de los asuntos pendientes puede
situarse en el 180%; mientras que en la jurisdicción contencioso
administrativa se baraja un aumento de nuevos asuntos de entre el 35 y
el 125%.
Frente a las medidas sanitarias y de seguridad aplicadas en el estado de alarma, los juzgados han realizado sólo el 20% del trabajo que habrían abordado en circunstancias normales,
por lo que cuando se alce ese estado, al volumen normal de asuntos se
sumará ese 80% aparcado y el citado aumento de litigiosidad derivado de
la crisis.
La Justicia, ha subrayado Campo, debe prepararse para esas cifras y para ser un "motor dinamizador" de la economía.
Ante el rechazo al real decreto anunciado por el PP y por Ciudadanos y las críticas que ha recibido desde ERC,
el ministro ha hecho hincapié en que las medidas han sido consensuadas
con todos los consejeros autonómicos y ha pedido a los grupos
parlamentarios que "estén a la altura" de sus correligionarios con
responsabilidades de gestión en las consejerías de Justicia.
Ha reclamado así un "ejercicio de responsabilidad colectiva"
y evitar "la mirada estrecha" que presta atención a las expectativas
electorales: "No nos estamos jugando votos, estamos tomando medidas
destinadas a salvaguardar la vida y la salud de muchas personas"
Campo
ha asegurado que se ha trabajado con "lealtad" a las comunidades
autónomas y con respeto a sus competencias y ha elogiado las
aportaciones y la actitud dialogante de todos los consejeros, con una
agradecimiento especial a los del PP, el Partido Regionalista de
Cantabria, Ciudadanos y ERC.
"Sepan quienes pretenden
instrumentalizar este debate para desgastar al Gobierno que erosionan
también el trabajo del conjunto de los gestores del servicio público de
justicia".
"Si bien puede ser tentador jugar a las escaramuzas y tratar de hacerle
perder una votación al Gobierno, les pido que no lo hagan a costa del
servicios publico de justicia", ha manifestado Campo.
Pocas
palabras ha dirigido a Vox, otro de los partidos que rechazará el real
decreto, y al que se ha referido como una "minoría vergonzosamente
activa" en el fomento de la crispación y los bulos.
BARCELONA.- La Guardia Civil
ha alertado en un documento interno con carácter confidencial de la
posibilidad de que se desarrollen "de manera puntual" protestas,
disturbios o sabotajes tras iniciarse la fase de desescalada hacia la nueva normalidad dentro del estado de alarma decretado el 14 de marzo en prevención de la pandemia de coronavirus.
En la orden de servicio adelantada por 'El Periódico'
se menciona posibles protestas "por motivaciones políticas o de corte
separatista", así como "contra infraestructuras críticas o edificios
vinculados con los diferentes partidos políticos".
Aunque
prevé que la población siga "aceptando las restricciones impuestas", la
Guardia Civil apunta a que "de manera puntual" pueden aparecer "algunas
protestas o disturbios que alteren la tranquilidad social o incluso
actos de sabotaje".
De esta
forma, se enumera una serie de escenarios de protestas que incluye una
mención a las organizadas "por motivaciones políticas o de corte
separatista", y se menciona "actos de sabotaje contra infraestructuras
críticas o edificios vinculados con los diferentes partidos políticos".
También
se habla de protestas en zonas más deprimidas económicamente, de
afectados por ERTE o despidos, de los que se sienten "marginados" por
las medidas asimétricas de desescalada, así como la ocupación de viviendas de manera ilegal.
El
documento se titula Orden de Servicio 21/2020 DELTA-PAPA sobre
"actuación de la Guardia Civil en el marco del Plan de Transición hacia
una nueva normalidad". Fuentes oficiales de la Guardia Civil han
subrayado que este tipo de órdenes de servicio son habituales para
abordar diferentes escenarios de evolución de la crisis sanitaria, al
objeto de reorganizar los dispositivos de seguridad, si es necesario.
Un portavoz del Ministerio del Interior ha
añadido que es un documento interno de la Guardia Civil que no ha sido
remitido al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
"Hasta
este momento", señala la orden de servicio, "se ha constatado en la
población un comportamiento generalizado de aceptación de las
restricciones impuestas, siendo probable que esta sea la tónica que se
siga a lo largo de todo el proceso hacia la nueva normalidad".
No obstante, añade que no se puede
descartar que se incremente la delincuencia por robos en vivienda o
instalaciones agrícolas, así como los delitos hacia colectivos
vulnerables como mayores, menores o víctimas de violencia de género.
MADRID.- La compraventa de viviendas se desplomó un 18,6% el pasado mes de marzo
en relación al mismo mes de 2019, hasta sumar 34.806 operaciones, su
cifra más baja en este mes desde 2016, según ha informado este miércoles
el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con este retroceso, la compraventa de viviendas regresa a tasas interanuales negativas después de haber subido en febrero un 0,1%.
El INE recuerda que, como consecuencia de la declaración del estado de alarma a mediados de marzo por la crisis sanitaria,
la atención diaria al público en los Registros de la Propiedad se
realizó en marzo exclusivamente mediante correo electrónico o por vía
telefónica, fijándose posteriormente los servicios esenciales que deben
proporcionar los Registros de la Propiedad.
En
el contexto actual, el INE ha agradecido al Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de España (CORPME), fuente primaria de los
datos de esta estadística, el esfuerzo de información que ha realizado y
que ha posibilitado la publicación de los datos de marzo con una tasa
de respuesta superior al 93%, similar a la de meses anteriores.
La caída de las compraventas de
viviendas en marzo fue consecuencia del retroceso de las operaciones
sobre viviendas usadas en un 18,3%, hasta 28.422 transacciones, y del
recorte en un 20,2% en la compraventa de viviendas nuevas, hasta 6.384
operaciones.
El 91,2% de las viviendas transmitidas por compraventa en el tercer mes del año fueron viviendas libres y el 8,8%, protegidas.
La compraventa de viviendas libres bajó un 17,7% en marzo en tasa interanual,
hasta sumar 31.750 transacciones, en tanto que las operaciones sobre
viviendas protegidas cayeron un 27%, con 3.056 transacciones.
En
términos mensuales (marzo sobre febrero), la compraventa de viviendas
disminuyó un 21,1%, su mayor retroceso en este mes al menos desde 2016.
El pasado mes de marzo el mayor número de compraventas de viviendas por
cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana (125), Murcia
(113) y Andalucía (106).
Precisamente, en valores absolutos, Andalucía
fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó en el tercer
mes del año, con 7.054 compraventas, seguida de Cataluña (5.949),
Comunidad Valenciana (4.974) y Madrid (4.333).
Todas las comunidades redujeron sus compraventas de viviendas en marzo
en tasa interanual. Los mayores retrocesos se registraron en Madrid
(-30,8%), Asturias (-26,4%) y Navarra (-26,6%) y los menores en Murcia
(-4,2%) y Canarias (-6,8%).
Sumando las fincas rústicas y urbanas (viviendas y otros inmuebles de
naturaleza urbana), las fincas transmitidas el pasado mes de marzo
alcanzaron las 137.629, cifra un 28,9% inferior a la registrada en el
mismo mes de 2019.
Por
compraventa se transmitieron un 21,3% menos de fincas que en marzo de
2019, mientras que las transmisiones por donación subieron un 0,4% y las
transmitidas por permuta descendieron un 30,7%. Por su parte, las
operaciones por herencia disminuyeron un 24,1%.
Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas bajó un 27,3% interanual en marzo,
hasta un total de 9.861 operaciones, mientras que las compraventas de
fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, se redujeron un 20,2%,
hasta 60.651 operaciones.
En marzo, el mayor
número de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes se dio en
Castilla y León (611), La Rioja (537) y Castilla-La Mancha (524).
Galicia, con un avance del 5,7%,
fue la única que registró en marzo una tasa interanual positiva,
mientras que los mayores retrocesos correspondieron a La Rioja (-45,6%),
Navarra (-40,4%) y Madrid (-37,8%).
MADRID.- El número de viajeros
que optó por viajar en avión para desplazarse por el interior del país
se hundió un 59,8% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, tras
decretarse el estado de alarma por la crisis sanitaria, mientras que los que eligieron los trenes AVE se desplomaron un 57,2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este miércoles.
En concreto, 1,37 millones de usuarios utilizaron el transporte aéreo en el tercer mes del año,
cifra superior a los que escogieron el tren de Larga Distancia para sus
desplazamientos, con 1,24 millones. Dentro de este segmento, los
viajeros que utilizaron el AVE sumaron 816.000 usuarios.
El transporte ferroviario fue utilizado por más de 27,1 millones de viajeros,
un 54,1% menos que en marzo de 2019, de los cuales 24,5 millones
correspondieron a usuarios de Cercanías (-54,3%); 1,4 millones a Media
Distancia (-49,4%), y otros 1,24 millones a Larga Distancia (-56,7%).
Por su parte, el transporte por autobús fue utilizado por casi 31 millones de viajeros en marzo,
cifra un 50,4% inferior a la del mismo mes del año pasado, mientras que
el transporte marítimo se desplomó un 54,1%, hasta los 349.000
usuarios.
En conjunto, más de
59,8 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en marzo,
lo que supone un descenso del 52,4% respecto al mismo mes de 2019.
El número de viajeros que utilizaron el transporte público fue de más de 212,8 millones en marzo,
un 53% menos que en el mismo mes del año pasado. La tasa de variación
del número de pasajeros del transporte público del mes de marzo respecto
a febrero fue del -51%.
De
su lado, el transporte urbano fue utilizado por más de 125,9 millones
de viajeros en marzo, un 54,7% menos que en el mismo mes del año 2019.
El transporte por metro decayó un 55,6% en tasa anual hasta los 51.791.
Todos lo metros presentan tasas anuales negativas y el de Valencia
registró el mayor descenso, del 59,6%.
Por su parte, entre las ciudades que poseen metro, el ayor descenso en el transporte por autobús se dio en Madrid (-56,7%).
Más
de 26,9 millones de usuarios utilizaron transporte especial y
discrecional en marzo, lo que supone un descenso del 45% en tasa anual.
El
número de pasajeros del transporte especial bajó un 40,5% y supera los
18,9 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar disminuyó un 45,4%
y el laboral un 23,4%.
Por su
parte, el transporte discrecional se redujo un 53,3% respecto al mismo
mes del año 2019, con más de 7,9 millones de viajeros.
VALENCIA.- El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) previsto inicialmente para 410 empleados de Ford Almussafes se
abrirá a toda la factoría, lo que permitirá que se presenten más
voluntarios, siempre que se alcance un acuerdo sobre ciertos puntos,
como que el personal que se ofrezca sea del mismo perfil técnico o tabla
que el excedente.
Igualmente, la empresa ha trasladado a los
representantes de los trabajadores que está en disposición de que “el
100% de los puestos de trabajo de la nueva planta de baterías sea
personal Ford“, aunque no ha cuantificado el numero de
afectados en el que minoraría el ERE. Las partes se han vuelto a citar
para una próxima reunión esta semana, previsiblemente el jueves 14 de mayo, donde estará sobre la mesa un Plan de Bajas Incentivadas, según han informado fuentes sindicales.
El presidente del Comité de Empresa y portavoz de UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel,
ha señalado que su prioridad es que no se produzcan “salidas
traumáticas”, por lo que ha considerado que abrir el ere a toda la
factoría y que todo el nuevo personal de baterías sea Ford,
una medida que, según sus cálculos, podría aminorar el ere en unas 70
personas, es “un buen punto de partida” para la negociación.
No obstante, ha advertido de que “parece que la empresa tiene prisa”
en este proceso, las primeras salidas serían en junio y una segunda
tanda en septiembre, y “las prisas no son buenas consejeras”.
Desde UGT detallan
que en la reunión mantenida este martes, “la empresa ha redundado en
los argumentos por los que planteaba el ERE antes de la crisis del Covid-19, y que continúan siendo el fin de lanzamiento del Kuga y la bajada de producción”.
Este sindicato aboga por conseguir unas condiciones como las del anterior ERE firmado en 2010 en solitario por UGT,
algo que la automovilística cuestiona “argumentando que ha pasado mucho
tiempo y la situación es diferente porque las leyes también han
cambiado”, siempre según esta fuente.
Para UGT, “no son
argumentos válidos los esgrimidos por la dirección y, tanto las
condiciones económicas, como las garantías de un Plan de Bajas
Incentivadas que se base en la voluntariedad deben estar basadas en el
último acuerdo suscrito por UGT”, insisten.
Por su parte, CC.OO. emplaza a ver la propuesta
final para ver si puede estar en ella o no. “Tenemos ánimo de negociar y
acordar pero va a depender de cómo quede la negociación. Este ere de
extinción debe de pasar por bajas incentivadas, prejubilaciones y
recontrataciones para intentar que no se vaya nadie y, si no es posible,
el menor número y en las mejores condiciones”.
Desde STM Intersindical ponen
de relieve que “la voluntad de acuerdo se demuestra con hechos”. Por
ello, instan a la empresa a que presente una oferta que “evite
situaciones conflictivas que nadie desea”.
“En definitiva, si la empresa
quiere el acuerdo, la oferta ha de ser generosa y respetuosa con la
plantilla que tantos éxitos le está dando a Ford Valencia. De no ser así, el conflicto estaría servido”, avisan.
CGT ha destacado también la decisión de que todo el personal de la nueva planta de baterías sea de Ford.
“No tendría sentido haberlo hecho de otra manera, abrir una nueva
planta con contratas”, ha apuntado un portavoz de este sindicato.
Insiste en que las salidas deben ser voluntarias y asevera, además, que el número de 410 personas que
plantea la empresa es “excesivo y no se ajusta a la nueva realidad”,
teniendo en cuenta que la factoría ha parado producción durante casi dos
meses, del 16 de marzo al 4 de mayo, a causa de la pandemia de Covid-19″.
