Los profesores valencianos pierden entre 127 y 415 euros mensuales en año y medio, según Stepv-IV

VALENCIA.- Los profesores de la Comunitat Valenciana han perdido en año y medio entre 127 y 415 euros mensuales --según su antigüedad y el cuerpo al que pertenezcan-- tras el recorte salarial del 5% aplicado por el Gobierno central en junio de 2010 y las medidas dadas a conocer por la Generalitat valenciana, según ha informado el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià-Intersindical Valenciana (Stepv-IV).

   En un comunicado, el sindicato ha señalado que el recorte anunciado por el Consell conllevará una pérdida anual de entre 4.043 y 5.423 euros para el profesorado interino y de entre 615 y 3.297 euros para los funcionarios de carrera a partir de 2012.

   Según las mismas fuentes, esas medidas afectan a más de 52.000 docentes, en concreto a 6.314 interinos, 3.577 en Alicante, 969 en Castellón y 1.768 en Valencia --a los que habría que añadir 1.440 adjudicados desde el 1 de septiembre--, y a 46.201 funcionarios de carrera, 16.997 en Alicante, 6.354 en Castellón y 22.850 en Valencia.

   De acuerdo con el estudio realizado por Stepv-IV, el recorte del 50 por ciento del complemento por formación o sexenio que afecta al funcionariado de carrera oscila entre 51 euros mensuales para quien tenga un sexenio y 274 euros mensuales para quien tenga cinco --los máximos--.

   En cuanto a la decisión de no reconocer nuevos sexenios a quien los cumpla en los próximos dos años, el sindicato señala que esa medida supone una pérdida de poder adquisitivo de entre 615 y 3.297 euros para ese colectivo.

   Además, el profesorado interino que obtenga una vacante para todo el curso dejará de cobrar los meses de julio y agosto, con lo que dejarán de ingresar anualmente entre 4.043 y 5.423 euros, según su antigüedad y el cuerpo al que pertenezcan. Desde Stepv han denunciado que el profesorado interino "es quien más está pagando los recortes en educación" aplicados por la Conselleria desde el curso pasado, que han conllevado dejar de ofertar 2.400 vacantes en estos dos cursos.

   Todos esos recortes, unidos a la reducción salarial aplicada por el Ejecutivo estatal, suponen que el profesorado valenciano deje de cobrar entre 127 y 415 euros mensuales, según su antigüedad y el cuerpo al que pertenezcan, a partir de la aplicación de las nuevas medidas anunciadas por el Consell.

   Según las mismas fuentes, esas medidas suponen "en el mejor de los casos, un retroceso a las retribuciones de 2009" y, mientras el IPC ha experimentado aumentos anuales de más del 2 por ciento en la Comunitat en los últimos años, los recortes salariales impuestos por el Consell para 2012 van del 2,34 por ciento al 9,41 por ciento en el caso del funcionariado de carrera y son del 16,67 por ciento en el caso del profesorado interino, tras "año y medio con el sueldo congelado una media de un 5 por ciento y congelado desde ahora".

   En este punto, han recordado que el sindicato denuncia desde hace año las pérdidas de poder adquisitivo de este colectivo por la inexistencia de una cláusula de revisión salarial en el sector público que incrementara las retribuciones "al menos en los mismos porcentajes que el aumento del coste de la vida".

   A juicio de Stepv-IV, "ninguna de las medidas" que aplicará el Gobierno valenciano "servirán para salir de la crisis", sino que únicamente contribuirán al "desmantelamiento" de los pilares que sostienen la sociedad del bienestar que "han impuesto las tesis neoliberales y los mercados para mantener sus beneficios a costa de los trabajadores".

   Por este motivo, el sindicato ha calificado esas medidas como "la más grave agresión a las condiciones laborales y retributivas del profesorado valenciano" y asegura que "no dudará" en convocar, de la manera más unitaria posible, "todas las movilizaciones y medidas de presión" para manifestar el rechazo a esos recortes del profesorado y del conjunto del personal del ámbito público y lograr pararlos.

Intersindical Valenciana exige una auditoría de las cuentas de la Generalitat

VALENCIA.- Intersindical Valenciana ha reclamado este viernes una auditoría de las cuentas de la Generalitat para saber "cuál es el estado real se sus finanzas y a qué se han destinado los recursos de los valencianos en los últimos años".

   En un comunicado, el sindicato ha destacado la necesidad de esta medida para "acabar con las reiteradas falsedades que están vertiendo los portavoces de la Generalitat sobre el origen de la deuda" pública de la Comunitat, un origen que, a su juicio, "no tiene nada que ver con la crisis financiera mundial o estatal o el sistema de financiación", sino que se deben "a una deficiente gestión de los recursos públicos en los últimos 16 años de gobierno del PP".

   "El Gobierno de la Generalitat ha malgastado y dilapidado los recursos públicos con una política clientelar basada en los grandes eventos que no han generado riqueza ni empleo, la especulación urbanística, que ha supuesto el enriquecimiento de unos pocos a costa de la destrucción del territorio, y la privatización de servicios públicos con el desvío de recursos a empresas privadas que obtienen beneficios a costa de las arcas públicas", ha lamentado.

   Ha denunciado también la creación de una administración "paralela" con "cientos de personas ocupando puestos de trabajo y tareas que deberían hacer los funcionarios", el uso partidista de las cajas de ahorros, la destrucción del tejido productivo valenciano y el abandono del campo valenciano.

   Por ello, y con el objetivo de "evitar que se siga manipulando a la opinión púnlica", el sindicato cree necesaria la realización de una auditoría externa que "dé claridad a la situación actual", al tiempo que ha reclamado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, el cese de todo el equipo económico y de Hacienda que ha gestionado las finanzas valencianas durante los últimos años.

   En su opinón, el primer paso debe ser el cese del propio conseller de Hacienda, José Manuel Vela, a quien considera "uno de los responsables de la situación", y ha instado también a que se depuren las responsabilidades legales pertinentes para que "aquellas personas que nos han llevado a esta situación lo paguen".

   "No es aceptable que ahora los mismos que han sido responsables de la situación digan que se rebajarán el sueldo si el déficit aumenta, es una inmoralidad. Lo que deben hacer es dimitir o ser cesados", han insistido desde Intersindical, que ha lamentado que los recortes aprobados por el Consell son "un robo a los valencianos, que son quienes van a pagar su mala gestión e ineficacia manifiesta".

   Además, el sindicato ha advertido de que todas las medidas aprobadas este jueves generarán "más paro, más crisis y un empobrecimiento generalizado de la población valenciana".

El PSPV concretará el lunes sus iniciativas frente al decreto-Ley del Consell para reducir el déficit

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo socialista en Les Corts, Cristina Moreno, ha anunciado este viernes que el PSPV concretará el próximo lunes las iniciativas que adoptará "ante la gravedad" del decreto-Ley aprobado ayer en el primer pleno del Consell del año para reducir el déficit de la Comunitat en 1.000 millones de euros.

   En un comunicado, la socialista ha señalado que los portavoces parlamentarios de las principales áreas afectadas por los recortes anunciados por el Gobierno de Alberto Fabra se reunirán el lunes por la mañana, en la sede del PSPV para "analizar pormenorizadamente las medidas y para estudiar la situación económico-financiera de la Generalitat".

   Así, ha avanzado que tras ese primer encuentro, que tendrá lugar a las 11.00 de la mañana, el secretario general del PSPV y portavoz en Les Corts, Jorge Alarte, comparecerá en rueda de prensa para desgranar un decreto-Ley "que evidencia los nefastos resultados del despilfarro, la corrupción y los grandes eventos del PPCV, que ahora Fabra quiere que paguemos entre todos, con el mayor ataque a la Sanidad pública valenciana en toda su historia".

   Por ello, ha exigido al jefe del Consell "que comparezca él mismo en Les Corts, y no ninguno de sus heredados consellers, para defender el decreto-Ley".

   Moreno ha indicado que esa misma tarde, se reunirá el pleno de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV para estudiar toda la información y "acordar cuantas acciones sean necesarias junto a los principales responsables del partido en materia de Sanidad, Educación, Función Pública y Políticas Sociales".

Luis Santamaría, nuevo subdelegado del Gobierno en Valencia y David Barelles en Castellón

ALICANTE.- La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha nombrado a Luis Santamaría, Alberto Martínez y David Barelles como nuevos subdelegados del Gobierno en Valencia, Alicante y Castellón, respectivamente, quienes ocuparán su cargo a partir del próximo martes, según ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno.

   Con esta decisión, el nuevo subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría Ruiz abandona su actual cargo como director general de Participación Ciudadana y Redes Sociales de la Conselleria de Presidencia.

   Luis Santamaría es licenciado en Ciencias Políticas y funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado. Anteriormente, entre otros ha desempeñado los cargos de director general de Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y director general de Modernización de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.

   Por su parte, el nuevo subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante será Alberto Martínez Díaz, quien ya ocupara este mismo puesto en 2003, en la actualidad ocupaba el cargo de Técnico de Gestión de la Dirección Territorial en Alicante de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social.

   Martínez es Graduado Social y funcionario de la Seguridad Social, y ha trabajado como director territorial de la Conselleria de Bienestar Social  en Alicante, según han detallado las mismas fuentes.

   En la provincia de Castellón, el nuevo subdelegado del Gobierno será David Barelles Adsuara. El hasta ahora director general de Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, dependiente de la Conselleria de Bienestar Social, es licenciado en Informática de Gestión y profesor de Educación Secundaria, especialidad informática. Además, entre otros, ha ocupado el cargo de director de Personal de la Conselleria de Educación.

La vida familiar es lo que da más satisfacción a los españoles en crisis

MADRID.- Los españoles recortan en ocio y se refugian en sus familias en tiempos de crisis económica, según recoge el Barómetro de Diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del que se desprende que la vida familiar es el aspecto que más satisfacciones reporta a los ciudadanos en estos momentos. 

   Al menos, así lo ha manifestado el 74,8 por ciento de los entrevistados, para quienes su vida familiar es uno de los dos aspectos que más satisfacción reportan. Le siguen, aunque de lejos, la salud o forma física, que hace feliz al 28,7 por ciento de los ciudadanos; y las relaciones afectivas, a juicio del 20,7 por ciento.

   No obstante, para el 15,2 por ciento una de estos dos aspectos más satisfactorios es el trabajo, frente al tiempo libre disponible que ha marcado el 11,6 por ciento de los encuestados, el siete por ciento que indica la vivienda y el 5,9 que destaca su propia formación y nivel educativo.

   En cuanto al modo en que la crisis económica está incidiendo en las costumbres de los ciudadanos, la encuesta revela un mayor impacto en el ocio, ya que siete de cada diez afirma haber cambiado de hábitos en este terreno y un 66,1 por ciento, en lo que respecta específicamente a las vacaciones.

   Asimismo, cerca del setenta por ciento ha modificado sus costumbres en materia de control del gasto en energía o suministros en la vivienda y un 64,2 por ciento ha variado sus hábitos en lo que respecta a vestimenta y calzado.

   Por contra, tres cuartas partes de los ciudadanos no han aplazado ningún tratamiento médico o dental por la crisis económica y en alimentación, son más los ciudadanos que no han cambiado de hábitos (58,5%) que quienes sí han reformado la lista de la compra (41,2%). Lo mismo ocurre con el transporte, donde un 55,7 por ciento no ha experimentado cambios.

   El Barómetro aborda asimismo la situación emocional de los ciudadanos y concluye que la mayor parte de los ciudadanos están últimamente "bastante" satisfechos de la vida que llevan (56,5%), orgullosos de sí mismos (59,6%), rebosantes de energía y vitalidad (46,2%) y disfrutando mucho de la vida (47,8%).

   Con todo, también están "bastante" preocupados por "las cosas que les están sucediendo" (48,1%), pero "nada" deprimidos (52,2%) ni solos (64,4%) y poco estresados por la cantidad de cosas que hacer (34,7%).

   Por otro lado, como es costumbre, el Barómetro interroga a los ciudadanos sobre los que a su juicio son los principales problemas del país y, en comparación con los resultados de 2009 --en 2010 se clasificaron por recuerdo de voto--, se han producido cambios en la preocupación por la inmigración y por la violencia sobre la mujer, entre otros.

   Así, mientras en 2009, la violencia contra la mujer era uno de los tres mayores problemas de este país según el 2,7 por ciento de los encuestados y un 0,4 por ciento lo señalaba el primer problema de España, en 2011 sólo el 1,1 lo mentó entre los tres primeros y nadie (0%) se refirió a él como principal.

   En cuanto a la inmigración, en 2009 el 12,4 por ciento pensaba que era uno de los tres grandes conflictos y un 1,4 por ciento lo señaló como principal. En 2011, se sitúa entre los tres primeros problemas para un 7,6 por ciento de los encuestados y el 1,3 por ciento lo ve como el más importante de todos.

El PSPV califica de "atentado contra la sanidad" los recortes

VALENCIA.- El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista en Les Corts, Ignacio Subías, ha calificado de "atentado contra la sanidad" los recortes anunciados este jueves por el Consell, que supondrán, a su juicio, "el desvío de pacientes hacia la sanidad privada". 

   En un comunicado, Subías ha alertado de que estas medidas, que suponen un ahorro de 440 millones de euros se enmarcan en unos presupuestos de la Generalitat para 2012 "cuyo gasto en Sanidad ya registraba 1.000 millones de euros menos que en el año anterior", un recorte "insoportable e insostenible para el sistema sanitario público".

   Según ha explicado, esta medida perjudicará a la atención en la sanidad pública y afectará "a los trabajadores públicos y a aquellos ciudadanos que tengan más problemas y menos recursos". "Estamos ante el mayor ataque al Estado del Bienestar y a la sanidad pública que se haya producido en la Historia de la Comunitat Valenciana", ha subrayado.

   En ese sentido, ha recalcado que "la incapacidad del PP, el despilfarro, el malgasto y su falta de priorización no pueden ni deben pagarlo los empleados públicos ni los usuarios de este sistema sanitario".

   Por ello, ha asegurado que los socialistas valencianos se opondrán a estos recortes y pedirán explicaciones tanto al conseller de Sanidad, Luis Rosado, como al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. "El PP nos tendrá enfrente en defensa de los derechos de los usuarios, de los ciudadanos y de los trabajadores públicos", ha aseverado.

   Para Subías, el Consell debe recortar "de gastos superfluos, de fastos, de aquello que no es necesario", y ha lamentado que el PPCV "continúa con un doble discurso", ya que, como ha destacado, "prácticamente el 45% de los recortes que están anunciando son sobre sanidad".

El Consell deberá devolver en 2012 un mínimo de 3.400 millones en vencimientos de deuda

VALENCIA.- La Generalitat Valenciana deberá devolver a lo largo del año como mínimo 3.400 millones de euros -intereses aparte- correspondientes a los vencimientos a corto, medio y largo plazo de la deuda emitida previamente. Así consta en la base de datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en el último boletín trimestral publicado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), correspondiente al segundo trimestre de 2011, según recoge 'Valencia Plaza'. 

Por tanto, los vencimientos superarán dicha cifra, puesto que no están contemplados ni las emisiones que tiene en Luxemburgo ni tampoco los vencimientos del Euromercado de la segunda parte del pasado año. De ahí que puedan aparecer partidas realizadas en el segundo semestre del año que recoge el IVF en sus boletines del tercer y cuarto trimestre del pasado año aunque también puedan tratarse de emisiones privadas difícilmente rastreables.

Una de ellas fue la que le venció hace una semana a Genval y que tenía concertada con el Deutsche Bank. Desde el banco alemán no quisieron confirmar -ni desmentir- la existencia de tal operación, pero fuentes de la Generalitat han confirmado que se trataba de un vencimiento de 123 millones de euros fechado el pasado 27 de diciembre donde el Consell tuvo que recurrir al Tesoro para cubrirlo.

Mientras tanto, el montante al que deberá hacer frente GenVal durante 2012 no distará mucho de los 4.700 millones de euros que anunció el pasado 19 de diciembre la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's en la nota de prensa que justificó el 'tijeretazo' en tres escalones de la calificación de la calidad de la deuda de la Comunitat Valenciana. La misma nota que presagiaba un deterioro de la posición de liquidez de la región frente a las necesidades de refinanciamiento en aumento este 2012.

De ahí que la agencia estadounidense requería al Consell un plan sólido y creíble para cubrir sus necesidades futuras de financiación o de lo contrario le acarreará nuevos recortes de su rating "potencialmente en varios grados". Y conviene recordar que sólo le falta un peldaño para entrar en la temida calificación de 'bono basura', que Moody's ya le colgó ese mismo día. Habrá que esperar al nuevo plan de ajuste que el presidente de la Generalitat Valenciana presentará esta misma semana.

Moody's puso el dedo en la llaga al advertir que buena parte de la financiación obtenida por GenVal en los últimos meses ha venido dada por los inversores particulares y no precisamente por los institucionales; mientras alertaba de la fuerte caída de su programa de pagarés en el Euromercado -el mayor mercado de capitales a corto plazo- desde los 1.300 millones de euros hasta los 68 millones. De ahí que el Consell no haya tenido más remedio que recurrir a préstamos con entidades financieras.

Los serios problemas que el Consell tuvo para afrontar los 1.500 millones de euros -más intereses- hace tres semanas en el vencimiento de la primera hornada de 'bonos patrióticos' obligó a pedir 'auxilio' a un puñado de entidades bancarias, que finalmente le otorgaron préstamos por valor de unos 500 millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación.

De este modo, el Ejecutivo valenciano logró captar los 1.800 millones de euros -menos del 69% vía bonos y gracias a CaixaBank y CAM- no sólo para amortizar los bonos emitidos a finales de 2010 sino también poder hacer frente a las facturas de los proveedores.

De momento, el Ejecutivo valenciano se enfrenta este mes a vencimientos por un montante que rondan los 250 millones de euros, según los datos de la CNMV y el IVF, donde sobresale una partida de pagarés de 200 millones que corresponde a la renovación de la emisión que compró Caja Mediterráneo a la Generalitat antes de ser intervenida la entidad alicantina.

El mes que viene serán, de momento, algo más de 500 millones de euros a devolver entre los que destaca un vencimiento de 500 millones en bonos a tres años. Se trata de una emisión realizada en febrero de 2009, por la que pagó entonces un diferencial o spread de 160 puntos básicos sobre el mid-swap (la referencia que se utiliza en este tipo de emisiones). En la colocación participaron BNP Paribas, Deutsche Bank y el HSBC.

A lo largo de marzo deberá cumplir con las obligaciones de atender los pagos de los vencimientos de pagarés por valor de 94.000 euros, según los mismos datos; mientras que en abril se enfrentará a otra partida 'gorda': 100 millones de euros de una emisión de hace diez años.

Pero, sin duda, mayo será el mes donde más tendrá que rascarse el bolsillo GenVal, ya que deberá devolver 1.472 millones de euros -más intereses- correspondientes a tres emisiones: dos por valor de 500 millones y otra por 472 millones más. Las dos primeras responden a los 'préstamos vía págaré' que el Consell otorgó a Bancaja y CAM, ambos al 4,08% y a 18 meses. 

Por cierto, tres semanas después, concretamente el 1 de diciembre de 2010, fue Caixa Ontinyent la que 'salió en defensa' de la Generalitat Valenciana, al adquirir una emisión de pagarés por valor de 5 millones de euros, a un 4%, también a un plazo a 18 meses, que será reembolsado en junio de 2013.

Desde junio a noviembre, GenVal se enfrentará -como mínimo- a suaves vencimientos de pagarés de poca monta aunque el 24 de agosto lo hará con bonos denominados en francos suizos, por un montante de algo menos de 100 millones. Finalmente, el 22 de diciembre tendrá que enfrentarse a los casi 895 millones de euros que emitió hace tres semanas en el plazo a un año y del que más de un tercio fue colocado íntegramente por CaixaBank.

Con los mercados de capitales cerrados a cal y canto y con una sobreoferta minorista -depósitos, pagarés, letras...-, se antoja muy complicada la vía de financiación del Gobierno que preside Alberto Fabra, por lo que volverán a ser las entidades financieras las que tengan que salir en auxilio -si pueden- o el propio Estado -bien directamente, bien a través del ICO o incluso del Tesoro-. De momento, el decreto de ajuste presupuestario aprobado la semana pasada por el Gobierno de Mariano Rajoy recoge la posibilidad que sea el Tesoro Público el que pueda salir en defensa de las CC AA a través de acometer operaciones de aval o incluso de pago.

La captación de liquidez es fundamental no solo para atender los vencimientos de deuda sino también para pagar las facturas pendientes -principalmente a proveedores- porque GenVal no debe seguir dando a entender a los mercados financieros que carece de capacidad suficiente para atender sus pagos en tiempo y forma.

Las rebajas de rating continuarían y conviene recordar que ello equivale a tener que pagar más a la hora de obtener financiación en el exterior porque el mercado exige una 'prima de riesgo'. Un diferencial que representa un gasto extra y que a la postre acaba repercutiendo en el bolsillo de los contribuyentes.