Las cajas de ahorro españolas, quizá menos "sociales" con la reforma

MADRID.- Las cajas de ahorro, el sector más débil del sistema bancario español, deben refinanciarse con urgencia apremiadas por el Gobierno e incluso convertirse en bancos, pero esta reforma podría amenazar su importante papel social, estiman los expertos. 

Estas fundaciones, que no tienen afán de lucro ni propietarios, ni cotizan en Bolsa, son herederas de los montes de piedad del siglo XVIII y siguen siendo poco conocidas por los inversores extranjeros, aunque engloban a la mitad del sector financiero del país.

Su fin es "distribuir obligatoriamente un 50% de los beneficios a reservas", explica un portavoz de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).

También dedican de forma voluntaria cerca del 25% de los ingresos a obras sociales: "bibliotecas, centros de Alzheimer, programas de formación para el empleo, ambulancias, centros culturales...", detalla una portavoz de Caja Madrid, la caja más antigua de españa, fundada en 1838.

La acción social "es la esencia de las cajas", asegura la CECA.

En 2009 las cajas destinaron 1.776 millones de euros a ello, lo que según la CECA generó 1.425 millones de riqueza adicional. Sus obras sociales suponen 33.600 empleos directos e indirectos.

Las cajas, que llevan el nombre de la región o provincia de donde son originarias (Caja Canarias, Caja Tarragona, Caja Burgos...) y están controladas por las instituciones locales, durante mucho tiempo trabajaban en sus lugares de origen y se dedicaban a las operaciones bancarias más sencillas.

Les llamaban "bancos para pobres", resume Fernando Fernández, profesor de la IE Business School de Madrid.

A partir de 1978 fueron autorizadas a operar en todas las regiones y ofrecer los mismos servicios que los demás bancos.

Durante el 'boom' inmobiliario español prestaron fondos sin límite hasta que a finales de 2008 el sector cayó y quedaron fuertemente afectadas, el doble que los bancos.

Pero su imagen sigue siendo positiva debido a su acción social: "Es un valor añadido", reconoce la fuente de Caja Madrid, donde uno de cada dos madrileños tiene una cuenta: "Mucha gente de las cajas es cliente por este fin social".

"Los clientes lo valoran mucho en España", corrobora Jorge Salvey, profesor de IESE Business School.

Pero en un momento en que el gobierno ha dado a las cajas hasta otoño para financiarse de forma privada o con una nacionalización parcial para conseguir un total de 20.000 millones de euros, hay "un peligro real" de que estas obras sociales queden amenazadas, estima Alfonso Novales, economista de la Universidad Complutense de Madrid.

La crisis hizo caer los beneficios de la cajas y las fusiones del año pasado, que han reducido estas entidades de 45 a 17, van a "disminuir todavía más" sus ganancias, explicó.

Además, la entrada de inversores privados "afectará evidentemente al reparto de beneficio y por lo tanto al dinero que se dedica a obra social, porque habrá más accionistas", reconoce Caja Madrid.

"La obra social (...) quedará más temprano que tarde a discreción de unos accionistas para los que la prioridad será maximizar sus dividendos particulares", observó el diario Público (izquierda) en un editorial.

Las obras sociales "son vestigios de un país pobre, rural, atrasado, en que el Estado no tiene recursos ni capacidad de hacer acción social", mientras que "en una economía moderna parece lógico que sea el Estado" el que se encargue de ello, según Fernández.

Un juez estima que la entrega de la vivienda permite saldar la hipoteca

MADRID.-   La Audiencia Provincial de Navarra ha emitido el primer dictamen judicial en España que considera suficiente la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria, a pesar de que el valor del inmueble se haya depreciado, según el auto dictado el pasado 17 de diciembre.

   El auto considera que el banco "no habría concedido el préstamo si la finca no hubiera tenido un valor suficiente para garantizarlo, que fue fijado por la entidad ahora ejecutante". Además, destaca que en el contrato se reconoce que el inmueble tenía un valor "superior al principal del préstamo".

   Además, el tribunal señala que la actuación del banco "no constituye un abuso de derecho", pero sí que es "moralmente rechazable" que la entidad alegue la disminución de valor de la finca que servía como garantía "para intentar continuar la ejecución".

   En este caso, el comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La justicia, ha dado la razón al consumidor, entendiendo que la casa cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como "dación en pago".

   La entidad se tuvo que quedar con el inmueble tras celebrar una subasta que quedó desierta y continuó exigiendo los pagos mensuales al propietario deudor.

   La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra desestima así el recurso presentado por el BBVA contra la sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que dio también dio la razón al hipotecado.

   En el auto, el tribunal recuerda que parte de la crisis fue provocada por "la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias, recuérdese las 'hipotecas basura' del sistema financiero norteamericano".

   No obstante, los magistrados consideran que el banco ejecutor "no es causante de la crisis económica" y que su actuación "se ajusta a la literalidad de la ley". Sin embargo, advierten de que su actuación es "moralmente intranquilizante", por considerar hoy que el valor del inmueble es inferior al que es su día se fijó como precio de tasación para la subasta.

   Según explicó la asociación OCU, representante legal del hipotecado, este auto supone una decisión "pionera" y "contraria" a los planteamientos del Gobierno, que hasta la fecha se ha mostrado contrario a modificar la Ley Hipotecaria para permitir esta práctica o introducir la figura de la 'dación en pago'.

   La normativa actual contempla que el consumidor que no puede pagar su hipoteca debe entregar la vivienda a la entidad financiera y que, en el caso de que una tasación muestre que el inmueble ha perdido valor, debe abonar la cantidad restante.

Los inspectores piden al ex director de la AEAT Ignacio Ruiz-Jarabo que rectifique tras acusarles de extorsión

MADRID.- La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido al ex director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo que rectifique el "intolerable ataque" que realizó al honor y prestigio de los profesionales de la inspección al acusarles de realizar prácticas delictivas como la extorsión.

   En un comunicado, los inspectores de Hacienda han puesto de manifiesto el malestar y la indignación que han causado las últimas declaraciones de Ruiz-Jarabo, que fue director de la Agencia Tributaria de 1998 a 2001, y pidió una "rápida aclaración y rectificación" de las opiniones vertidas.

   Ruiz-Jarabo acusó a la inspección de hacienda de extorsión, algo que, según los inspectores, proyecta una imagen del colectivo "absolutamente contraria" a la realidad y "muy lesiva". "Proyecta una visión falaz, errónea y sesgada de lo que es y supone el trabajo inspector, lo que en definitiva implica que desconoce absolutamente dicho trabajo o que, si tuvo conocimiento durante su ejercicio como director general de algún caso concreto, no cumplió con su obligación de denuncia", indican.

   Según los inspectores, las declaraciones de Ruiz-Jarabo dañan "seriamente" la imagen y la reputación del colectivo, que está dispuesto a tomar las medidas necesarias para salvaguardar la defensa de la dignidad profesional de los inspectores si el ex director de la Agencia Tributaria no rectifica.

   Además, consideran que este "ataque injustificado" puede socavar "gravemente" la confianza de los ciudadanos en instituciones esenciales como la Agencia Tributaria y aseguran que sus manifestaciones no son compatibles "con la obligación de sigilo y reserva" que se exige en el ámbito fiscal a todos los funcionarios, lo que puede dificultar la cesión de información y debilita la confianza en las instituciones.

   Finalmente, los inspectores de Hacienda aseveran que el único afán que les mueve en su tarea diaria es el cumplimiento de las normas, así como "el trato justo y respetuoso" a los derechos de los contribuyentes. De la misma forma, aseguran que todas sus actuaciones sirven con objetividad a los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho como exige la Constitución Española.

Toy Planet factura 85 millones en 2010, un 6,5% más

VALENCIA.- La cadena de jugueterías Toy Planet, con 190 tiendas en España, ha cerrado el ejercicio 2010 con una facturación de 85 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al año precedente, informó la compañía valenciana.

   Durante la campaña de Navidad, entre el 2 de noviembre y el 5 de enero, la firma registró unas ventas de 39 millones de euros, un 2% más que el año anterior, y aumentó un 8% el número de artículos vendidos, mientras que el precio medio de venta al público bajó un 5%.

   Los productos 'estrella' de la campaña fueron los pertenecientes a las licencias de Bob Esponja, Patito Feo, Dora la exploradora y Toy Story 3, aunque las marcas propias de la empresa "también influyeron en los buenos resultados de Navidad y Reyes", según el director de Toy Planet, Ignacio Gaspar.

   Gaspar explicó que la campaña tuvo "picos muy pronunciados" de consumo, con un buen comportamiento de las ventas en noviembre y un buen inicio de diciembre, aunque "la última semana del mes fue de las más flojas de los últimos años". En todo caso, afirmó que la semana de Reyes logró compensar la bajada de esa última parte de diciembre.

Esade avisa del riesgo de vender las cajas de ahorros "a precios de saldo"

BARCELONA.- La escuela de negocios Esade avisa del riesgo de que la reforma para recapitalizar el sistema financiero anunciada por el Gobierno derive en la venta de las cajas de ahorros a inversores internacionales "a precios de saldo".

   El profesor del departamento de Finanzas de Esade Jesús Palau abogó por reforzar la solvencia de las entidades con carencias de capital a través de fondos públicos.

   "Existe el riesgo de que los inversores internacionales entren en el capital de las cajas de ahorros a precio de saldo. Podríamos acabar por regalar las cajas a cuatro duros, pero para malvenderlas a un tercero es mejor que nos las quedemos el conjunto de los españoles", argumentó.

   A su parecer, no resultaría un problema para el Estado elevar su deuda por el importe del capital adicional que necesitan bancos y cajas, unos 20.000 millones de euros según las estimaciones realizadas por el Banco de España y que maneja el Gobierno.

   Palau sostiene que el endeudamiento de España es muy inferior al de Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, así como sus necesidades de financiación globales para este ejercicio.

   Los 90.000 millones de financiación que necesita España para este año son muy inferiores a las necesidades de Italia (234.000 millones), Alemania (220.000 millones) y Francia (180.000 millones), recordó.  

   En este sentido, alega que no existen condiciones objetivas para que no se puedan sumar a la deuda del Estado los 20.000 millones de euros que podrían ser necesarios para fortalecer la solvencia de las entidades.

   En cualquier caso, el volumen de deuda del Estado no superaría los porcentajes sobre el PIB que registran estos países europeos, enfatizó el profesor de Finanzas de Esade.  

   Sobre si las necesidades de capitalización de 20.000 millones identificadas por el Gobierno se ajustan a la realidad, Palau recalcó que es necesario conocer más en profundidad la calidad de los activos inmobiliarios de las cajas de ahorros.

   El profesor recordó la existencia de conflictos de intereses entre los bancos internacionales que elaboran informes sobre las carencias de capital en España, país en el que podrían desembarcar como inversores.

   Por otro lado, aclaró que aún se desconocen los nuevos requisitos de capital superiores al 8% que se establecerán para las cajas de ahorros, a falta que el Gobierno detalle el umbral para las entidades que no cotizan y tienen un elevado peso de financiación externa.

El 'core capital' de las cajas de ahorro dependerá de los ejercicios de transparencia

MADRID.- La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha asegurado que el ratio de capital que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar se determinará con el "asesoramiento" del Banco de España y los datos que proporcionan los "ejercicios de transparencia" que en estos momentos llevan a cabo las entidades, "con datos que tiene que aportar a final de mes". 

   En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Salgado ha reiterado que la horquilla se sitúa entre el 9% y el 10%, pero que la cifra definitiva será determinada en el próximo decreto ley que el Gobierno aprobará en febrero y que recogerá el plan del Ejecutivo para recapitalizar las entidades.  

   Anteriormente, en declaraciones a TVE, Salgado avanzó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital superior al del resto de entidades, ante las dificultades para financiarse en los mercados mayoristas.

   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos.  

   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.

Las cajas de ahorro pueden necesitar un ratio de capital de entre el 9% y el 10%

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha avanzado que las entidades financieras no cotizadas, es decir, las cajas de ahorros, podrían necesitar un ratio de capital de entre el 9% y 10%, aunque el porcentaje definitivo aún no está aprobado.

   La ministra señaló, en declaraciones a TVE, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el ratio definitivo de capital para estas entidades antes de que se apruebe el decreto ley en febrero, y subrayó que dadas las dificultades para financiarse de las cajas de ahorros en los mercados mayoristas podrían necesitar un core capital de entre un 1% y un 2% superior al del resto de entidades.

   El decreto ley presentado el lunes exige a las todas entidades financieras un ratio del 8% de sus activos ponderados por riesgo, pero superior en el caso de sociedades no cotizadas o entidades que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos. 

   Salgado también insistió en que los 20.000 millones de euros estimados por el Banco de España "serán suficientes" para atender a las necesidades de capital del sistema financiero español porque permitirán a bancos y cajas cumplir con los requisitos de capital.

   "Los analistas han dado cifras sobre las necesidades adicionales de capital del sistema español que van desde 17.000 millones a 80.000 millones, pero no hay base para esta estimación", subrayó Salgado, quien explicó que el nuevo decreto ley no va a recoger esta cantidad, sino que el texto va sólo se referirá a los porcentajes de capital que se exigen.

   La ministra también explicó que las cajas, por su "especial gobernanza", siempre son objeto de mayores críticas que los bancos, pero que si llegado el caso hubiera algún banco que no cumpliera con las condiciones mínimas de capital el camino sería el mismo, es decir, la entrada del Gobierno a través del Frob.

   En este sentido, la ministra insistió en que el dinero que el Estado invierta en el sistema financiero en caso de que no cumplan los niveles de capital no tendrá coste para el contribuyente, e indicó que, a su juicio, el término 'nacionalización' no es acertado para definir la intervención que el Estado.

   "El Estado aportará en forma de capital la cantidad de dinero que las cajas precisen, pero esa participación será temporal. Pasados cinco años desinvertirá y, por tanto, habrá un inversor privado que sustituya al Estado sin coste para el contribuyente. El dinero será reintegrado", subrayó la ministra.

   Respecto al plazo hasta septiembre para lograr el capital necesario, la ministra defendió que "es suficiente" y que no supondrá una dicultad añadida para que el crédito vuelva a fluir hacia la economía porque las entidades cuentan con el respaldo del Estado a través del Frob.

   "Los ratios de capital están calculados con datos a 31 de diciembre de 2010 por lo que las nuevas exigencias no deberían influir en la gestión del crédito a lo largo de 2011", subrayó la ministra. "Todo lo contrario, debería ir mejor", añadió.

   Asimismo, explicó que con independiencia de que se dé un plazo para que las entidades puedan captar capital de forma privada, al contar con la ayuda del Frob es como si ya cumplieran con los nuevos niveles exigidos, por lo que, a su juicio, la razón de que el crédito no fluya en la actualidad con normalidad es la dificultad de las entidades para financiarse en el mercado mayorista.

   Salgado también defendió que la reforma anunciada el lunes no llega tarde, sino que complementa la ya iniciada por el sector y que ha reducido el número de cajas a 17. Asimismo, subrayó que el hecho de que los SIP hayan tomado la decisión de transferir al banco unidad central el 100% de las activos y pasivos bancarios va a facilitar esta reestructuración adicional.

La recaudación de nuevos impuestos sobre el juego irá a las autonomías

MADRID.- La totalidad de la recaudación tributaria que generen los impuestos sobre las nuevas modalidades de juegos, incluidas las apuestas 'online', previstas en el proyecto de la Ley del Juego, que está ultimando el Gobierno, servirán para financiar a las comunidades autónomas, según ha afirmado el director general de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Gonzalo Fernández. 

   "En principio, toda la recaudación fiscal, tributaria, que genere el nuevo mercado, entendiendo por tal los nuevos canales y las nuevas modalidades de juegos y apuestas, salvo gastos, por así decirlo, va a las comunidades autónomas. El Estado no tiene intención de mantener ningún ingreso", ha asegurado Fernández.

   En este sentido, el máximo responsable de LAE ha asegurado que la Administración General del Estado no tiene "vocación recaudatoria"  y ha subrayado que "la voluntad es que todo lo que genere este nuevo mercado sea financiación de comunidades autónomas". Sobre los nuevos tributos previstos en el anteproyecto de Ley del Juego, ha indicado que se trata de "un marco tributario claro y suficiente como para que exista el mercado".

   En cuanto al calendario previsto, Fernández ha señalado que el proyecto de Ley se aprobará previsiblemente en los próximos Consejos de Ministros e "incluso" en el de esta semana. El viceprecidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya adelantó a finales de 2010 que la intención del Ejecutivo era aprobar este proyecto en enero de 2011.

   Asimismo, el director general de LAE espera que las primeras licencias, que contempla el anteproyecto de Ley de Juego para las empresas que quieran desarrollar juegos o apuestas 'online' en España, pueden empezar a entregarse en 2011, después de que el proyecto de Ley supere la tramitación parlamentaria.

   Durante su intervención, Fernández ha afirmado que la intención de la futura Ley del Juego es "regular una realidad fáctica", ya que actualmente en España hay muchos operadores que se dedican al negocio de las apuestas 'online', pero que no tributan en España porque no tienen su sede en otros países y porque en España no hay una regulación que contemple determinadas modalidades de juego, como las apuestas a través de Internet.

   En este sentido, el director general de LAE, aunque no ha querido entrar a valorar en detalle el panorama de las apuestas 'online' en España, porque "no hay cifras oficiales", ha señalado que el 85 por ciento de ingresos del comercio electrónico relacionado con el juego va desde España hacia el extranjero, mientras que el 15 por ciento restante se juega en España.

   El objetivo de la nueva Ley del Juego es precisamente "tratar de reordenar ese puzzle", según ha indicado Fernández, quien ha asegurado que la nueva legislación va a respetar el "estatus quo" del sector. Asimismo, ha apuntado que la legislación servirá para dar una mayor protección a los menores y a las personas que sufren de ludopatía frente al juego, y dar garantías a los operadores con licencia de que en el sector se produce "una competencia legítima".

   Sobre este asunto, Fernández ha indicado que actualmente no se produce esa competencia justa, ya que hay operadores con licencia y otros que están actuando sin ella. Por ello, ha anunciado que la futura Ley del Juego incorporará medidas para dotar "de instrumentos" al órgano de regulación y control del sector, la Comisión Nacional del Juego, para "cortar el flujo --de ingresos-- sobre aquellos operadores que no tengan licencia" actuando sobre los operadores de telecomunicaciones, los medios de comunicación en los que se anuncian o las compañías que sirven de intermediarios en los sistemas de pago a través de Internet.  

   El borrador del anteproyecto establece como base imponible de los nuevos impuestos del juego los ingresos brutos de las casas de apuestas, definidos como el importe total de las cantidades que se dediquen a la participación en el juego, así como cualquier otro ingreso que puedan obtener directamente derivado de su organización o celebración.

   Las tasas que tendrán que pagar las empresas de juego en España variarán en función del tipo de apuestas. Concretamente, las que recibirán una mayor gravamen son las apuestas deportivas mutuas (aquellas en la que un porcentaje de la suma de las cantidades apostadas se distribuye entre los apostantes que hubieran acertado el resultado), que estarán gravadas con un 22 por ciento sobre los ingresos brutos.

   Además, el anteproyecto ofrece la posibilidad a las Comunidades Autónomas de elevar cada uno de estos impuestos hasta un máximo del 20 por ciento para los juegos que sean gestionados por operadores u organizadores con domicilio fiscal en su territorio.

   El anteproyecto establece una regulación para el sector del juego en España que tendrá que cumplir todas las empresas dedicadas al juego de ámbito estatal. La Comisión Nacional del Juego será el órgano encargado de otorgar las licencias para poder operar a estas empresas, así como de convalidar a los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea.

   El texto también obliga a los operadores a realizar una "gestión responsable del juego", lo que les compromete a reducir cualquier riesgo de daño potencial a la sociedad prestando la debida atención a los grupos de riesgo, colaborar activamente con las autoridades encargadas de la prevención del blanqueo de capitales o proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, entre otras obligaciones.

   Para proteger a los menores y personas que hayan desarrollado una ludopatía, el Ejecutivo también incluye sendas prohibiciones para los menores e incapacitados legalmente y para las personas que voluntariamente hayan solicitado que les sea prohibido el acceso al juego.  

   En general, el anteproyecto prohíbe cualquier tipo de juego que "atente contra la dignidad de las personas, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, contra los derechos de la juventud y de la infancia, o contra cualquier derecho o libertad reconocido constitucionalmente".

   El anteproyecto también recoge un régimen sancionador con sanciones que van desde multas de 100.000 euros para infracciones leves; de entre 100.000 euros y 1 millón de euros para las graves; y de entre 1 millón de euros y 50 millones de euros o la revocación de la licencia para infracciones muy graves.

   Son consideradas sanciones muy graves alterar o manipular sistemas técnicos relativos a la obtención de premios, organizar apuestas sin licencia o 'amañar' los resultados. Mientras, son infracciones graves permitir el juego a personas que lo tienen prohibido o la concesión de préstamos a los jugadores.