La Generalitat destina 150.000 euros para ayudas al doblaje al valenciano de producciones audiovisuales

VALENCIA.- El pleno del Consell ha dado cuenta en su reunión de este viernes de la resolución del Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC) sobre la convocatoria de ayudas económicas para el doblaje al valenciano de producciones audiovisuales en 2011, por un importe global de 150.000 euros.

   Según ha señalado en la rueda de prensa posterior la portavoz del Gobierno valenciano, Lola Johnson, serán objeto de subvención las actividades de doblaje al valenciano de producciones audiovisuales, realizadas durante el presente ejercicio de acuerdo con los criterios establecidos.

   Así, podrán optar a las ayudas las empresas, asociaciones y federaciones del sector del audiovisual que estén legalmente constituidas y radicadas en la Comunitat Valenciana y que cumplan los requisitos estipulados.

   El ojetivo de estas ayudas es subvencionar los costes del doblaje al valenciano de las diferentes obras audiovisuales (largometrajes, cortometrajes, series, documentales) y ayudar económicamente a las empresas y a las entidades representativas del sector audiovisual para favorecer una mayor presencia social del valenciano.

   En concreto, la subvención va destinada a sufragar parte de los costes del doblaje de cada obra audiovisual.

   Según las mismas fuentes, no podrán optar a estas ayudas las producciones audiovisuales que hayan obtenido una subvención del IVAC para su realización y que tengan la obligación de entregar una copia de la obra en valenciano, conforme a los requisitos de las diversas convocatorias.

   Las solicitudes se dirigirán al Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía y se presentarán, acompañadas de la documentación requerida en la presente convocatoria, en el Registro General de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte y en sus direcciones territoriales en Castellón y en Alicante.

   El plazo de presentación será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente de la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) de la presente resolución.

   Johnson ha indicado que la Generalitat "ha asumido el compromiso de dirigir el proceso de recuperación y de promoción del uso del valenciano en los diversos ámbitos de la sociedad valenciana", por lo que pretende impulsar "todas aquellas actividades e iniciativas que tengan como objetivo potenciar y favorecer el uso social del valenciano".

El PSPV dice que la lista del PPCV "no representa a los valencianos"

VALENCIA.- La portavoz del Comité Electoral del PSPV, Carmen Montón, ha denunciado este viernes que la lista del PP a las elecciones generales, en la que figura, entre otros, Ignacio Uriarte, "no representa a los valencianos, sino a la debilidad de Alberto Fabra ante Mariano Rajoy".

   En un comunicado, la socialista ha lamentado que el PP valenciano "haya puesto su lista al servicio de Rajoy, y haya permitido que una persona como Uriarte impida a sus militantes defender los intereses valencianos en Madrid" y ha recordado que la ciudadanía "no conoce ninguna iniciativa de Uriarte a favor de la Comunitat en toda la legislatura" y "ha pasado sin pena ni gloria para la defensa de los intereses de la comunidad".

   Así, ha indicado que el presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, ha confirmado con estas listas "que no pinta nada en el panorama nacional, y que no puede alzar la voz ante aquel que le nombró para el cargo".

   Montón ha insistido en que "por lo único que es conocido el presidente nacional de Nuevas Generaciones del PP es por haber dado positivo en un control de alcoholemia después de tener un accidente de tráfico conduciendo su propio vehículo".

   "Uriarte sí que representa algo: representa todo lo contrario de los jóvenes valencianos; no es un digno representante de nuestra Comunitat", ha apuntado la socialista.

   Por último, Montón ha emplazado a Uriarte a "debatir sobre la situación de la Comunitat y de los jóvenes valencianos", ya que, según ha explicado, "en 2007 vino unos días en campaña para hacerse la foto y desapareció hasta ahora, que pretende volver para hacernos creer que es un buen representante".

La Comunitat Valenciana, cuarta región con mayor volumen de litigiosidad en el segundo trimestre

MADRID.- La Comunitat Valenciana se ha situado en el segundo trimestre del año como la cuarta región con un mayor volumen de litigiosidad, con 52,2 asuntos judiciales por cada mil habitantes, según el informe Situación de los órganos judiciales publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   En el conjunto del país, esta tasa alcanzó los 49,9 asuntos por cada 1.000 habitantes y Andalucía, Madrid, Canarias y la Comunitat Valenciana se han situado en los primeros puestos de la lista. En concreto, la tasa de litigiosidad en Andalucía llegó hasta 57,9 asuntos por cada mil habitantes, seguida de Madrid (56,5 asuntos por cada mil habitantes), Canarias (53,8) y la Comunitat Valenciana.

   Por el contrario, las autonomías con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (33,5), País Vasco (35,3) y Navarra (36,6).

   Por jurisdicciones, la Contencioso-Administrativa ha sido el único orden que ha visto incrementado su nivel de litigiosidad durante el segundo trimestre del año, principalmente por los recursos interpuestos por los funcionarios a su rebaja de sueldo.

   En términos globales, el número de asuntos ingresados en los juzgados españoles alcanzó un total de 2.344.555 asuntos durante este periodo, lo que representa un descenso del 2,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2010.

   Durante este periodo, los tribunales españoles resolvieron 2.393.919 asuntos y están en trámite un total de 3.087.445 asuntos. En concreto, la jurisdicción civil ingresó 502.795 causas, lo que supone una bajada del 6,1%, principalmente por la disminución del número de monitorios --un 11,2 por ciento menos--.

   En la jurisdicción Penal entraron un total de 1.645.364 nuevos asuntos, con un descenso del 2,2%, mientras que en la jurisdicción Social se registraron 115.517 nuevos asuntos, por lo que decrecieron en un 2,4%.

   La jurisdicción Contencioso-Administrativa registró 80.755 nuevos asuntos, registrando un aumento del 10,8%. Han sido los recursos derivados de la reducción del salario a los trabajadores públicos los que ha motivado el incremento registrado en la Salas de lo Contencioso y posteriormente en los juzgados centrales, que han tenido un incremento del 127,6%, según el órgano de gobierno de los jueces.

Madrid da el visto bueno a las listas del PP al Congreso y Senado por Valencia, Castellón y Alicante

VALENCIA.- El Comité Electoral Nacional del PP ha aprobado este viernes las listas al Congreso y al Senado con las que concurrirá el partido a las elecciones del 20 de noviembre por las circunscripciones de Valencia, Alicante y Castellón, que encabezan Esteban González Pons, Federico Trillo y Manuel Cervera, respectivamente.

   Así, la lista al Congreso por Valencia está compuesta por Esteban González Pons, está compuesta, en este orden, por los Belén Juste, Ignacio Gil Lázaro, Marta Torrado, Rubén Moreno, Belén Hoyo, Ignacio Uriarte, Vicente Ferrer, Susana Camarero y Teresa García.

   A continuación, se sitúan Inmaculada Guaita, María Martí Revuelta,  Juan Vicente Pérez, Sergio Montaner, José Pons y Consuelo Martínez. Como suplentes, aparecen Carolina Manzano, Andrés Colomer, Concepción Gea y Jorge Carbó. Por su parte, los candidatos al Senado son Pedro Agramunt, José María Chiquillo y Carla Ripoll.

   En la provincia de Alicante, la candidatura está formada por Federico Trillo, Gerardo Camps, Macarena Montesinos, Mario Flores, Miriam Blasco, Santiago Martínez, José López Garrido, Amparo Ferrando, Julieta de Micheo, Marcos Zaragoza, Agustina Esteve y Rafael Sáez.

   En la lista al Senado figuran los nombres de Miguel Campoy, Agustina Almodóbar y Virginia Romero.

   Por último, en Castellón la lista ha quedado formada por Manuel Cervera, Andrea Fabra, Ascensión Figueres, Fernando Castelló y Manuel Ibáñez, mientras que la candidatura al Senado está integrada por Manuel Altava, Vicente Aparici y Araceli Peris.

Greenpeace dice que la paella "huele a podrido" en una campaña contra la pesca ilegal en España

LONDRES.- La delegación británica de Greenpeace ha lanzado una polémica campaña contra la pesca ilegal en la que señala que la paella "huele a podrido", del mismo modo en que lo hace el sector pesquero de arrastre nacional, a quien acusa de estar incumpliendo las normas comunitarias a pesar de ser el país que más ayudas recibe de Bruselas.

   Según publica la organización en un blog de su página web de Reino Unido, fue precisamente el consumo de un plato de paella el que sirvió de punto de partida a una investigación de nueve meses --denominada 'El caso de la paella podrida'-- sobre los contratos realizados por un empresario de la pesca español, Toño, a quien califican como un "magnate" del sector que ha "interiorizado su convicción por la pesca ilegal".

   Así, en un video de denuncia, Greenpeace comienza destacando que cualquiera que pida una paella puede detectar su "olor a podrido" y advierte de que si la pesca de arrastre española continúa "saltándose las normas comunitarias" este típico plato valenciano "se quedará fuera del menú".

   La organización denuncia, en plenas negociaciones para la reforma de la Política Pesquera Común, que la flota española es "la más grande, la más destructiva y la más lucrativa", al tiempo que es la que mayor cantidad de subvenciones recibe por parte de Bruselas mientras el Gobierno "está haciendo la vista gorda sobre estas prácticas podridas".

   "Las leyes europeas en materia de pesca se han roto y la Política Pesquera Común se ha ido corrompiendo en los últimos 30 años por culpa de los intereses creados de estados miembros como España", lamenta Greenpeace UK.

   Por ello, defiende que esta política pesquera debe ser reformada "para dejar de financiar prácticas de pesca ilegales y promover una industria pesquera sostenible" e invita al ministro británico de Pesca a "ayudar a parar a estos magnates de la pesca ilegal españoles" en Bruselas.

   Asimismo, indica que a raíz de la publicación del informe, la Comisión Europea ha informado de que está investigando sus alegaciones, aunque Greenpeace señala que esto "no es suficiente". "Lo que se necesita es una completa y transparente auditoría sobre los subsidios de pesca otorgados a la flota española", apunta la organización.

Farmacéuticos valencianos denuncian que la "falta de expectativa de cobro" les pone en una situación "insostenible"

VALENCIA.- El Consejo de Colegios y las Asociaciones Empresariales Farmacéuticas de la Comunitat Valenciana consideran "inasumible que no haya dinero para medicamentos" y han denunciado que la "falta de expectativa de cobro" pone a las oficinas de farmacia "en una situación insostenible", hasta el punto de que algunas han pedido concurso de acreedores.

   Estas entidades han denunciado que todavía se adeudan a las oficinas de farmacia las recetas dispensadas desde el 1 de julio por lo que estos establecimientos, que dan empleo directo a más de 12.000 personas e indirecto a otras 48.000, "se encontraban ya muy debilitadas por la reducción de sus ingresos, como consecuencia de las sucesivas rebajas en el precio de los medicamentos, la reducción del margen real y los descuentos aplicados por la administración".

   Sin embargo, han criticado que los "reiterados y prolongados retrasos" en el pago de las facturas de los medicamentos, que ya han dispensado a los pacientes pero que se adeudan a los distribuidores o laboratorios, "sumados a la falta de expectativa de cobro hasta final de año", deja al colectivo en una situación "crítica e insostenible".

   En esta línea, han denunciado que las oficinas de farmacia "han agotado ya su límite de endeudamiento en las entidades bancarias y en sus proveedores" y algunas han solicitado ya el concurso de acreedores, un recurso al que, según han vaticinado, "previsiblemente van a acudir de forma masiva en los próximos días, teniendo en cuenta que las recientes declaraciones de responsables de la administración sobre nuevos retrasos en el cobro hasta el año próximo, no auguran una rápida solución al problema".

   Los colegios de farmacéuticos han convocado asambleas de colegiados extraordinarias y urgentes para el próximo día 20 de octubre, con el objeto de informarles sobre la "gravísima situación" y debatir las posibles acciones y alternativas a emprender para hacer frente al "previsible colapso" de la prestación farmacéutica.

El fiscal pide al juez que declare Enrique Crespo como imputado por el 'caso Emarsa'

VALENCIA.- El ministerio fiscal ha pedido al juzgado de instrucción número 15 de Valencia que cite a declarar como imputado al alcalde de Manises, Enrique Crespo, dentro de la investigación por el conocido como 'caso Emarsa' --que investiga un presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo--, tras la comparecencia del que fuera gerente de esta entidad, Esteban Cuesta, quien aseguró al juez que todas las decisiones en relación con la empresa pública eran adoptadas por indicaciones de Crespo. 

   Así consta en un escrito del ministerio fiscal, en el que la representante de la acusación pública pide al juez que dicte una resolución por la que se dirija la investigación contra Enrique Crespo, que fue presidente del extinto consejo de administración de Emarsa. El juez, a través de una providencia, ha dado traslado de petición a las acusaciones y defensas para que aleguen lo que estimen oportuno en el plazo de tres días, antes de pronunciarse sobre la imputación.

   La causa, abierta por delitos de estafa, malversación y delitos societarios, tiene su origen en una denuncia del PSPV en la Emshi en octubre de 2010, quien denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones.

   En el escrito, la fiscal señala que en la declaración de Cuesta del pasado 7 de octubre, éste manifestó que Crespo fue la persona que le propuso asumir la gerencia de Emarsa, propuesta que se elevó al Consejo de Administración que dio luz verde al nombramiento el 21 de julio de 2004.

   En su comparecencia, Crespo, que había sido director de Enfermería del área de Sagunto en el servicio de Atención Primaria, afirmó que asumió la gerencia sin haber recibido formación alguna y que tras el nombramiento le otorgaron plenos poderes en Emarsa.

   Según su declaración, Enrique Crespo conocía la documentación que es objeto de la investigación y él le daba cuenta "en todo momento" de las gestiones realizadas. Preguntado por las facturas de El Corte Inglés que reflejan gastos en regalos de empresa, joyería, relojería, accesorios de automóvil, manifestó que en algunas no estaba su firma pero que se adquirieron "por indicación" del presidente.

   En relación con la facturación a Loewe, dijo que Crespo le había dicho previamente que los abonara o bien incluso llevaba la factura de compra y le encomendaba que fuera por el comercio a pagar, bien fuera en este establecimiento u otros sitios. Cuesta declaró al juez que ignoraba a qué personas se les hacían los regalos, que elegía el presidente y que les mandaba que los comprasen.

   Asimismo, según consta en el escrito, Cuesta declaró que Crespo tenía pleno conocimiento de los contratos suscritos por Emarsa y que era el propio presidente del Consejo quien, en ocasiones, le decía los pagos que tenía que hacer y con qué empresas debía contratar y ordenaba la contratación de forma unilateral con ciertas personas o empresas.

   En esta línea, declaró que mantenía hasta seis reuniones semanales con Crespo, quien le mandó contratar una caja de seguridad en una entidad bancaria para guardar documentación de Emarsa.

   Por otra parte, el instructor de la causa, ha dictado dos providencias, una de ellas dirigida a los representantes legales de Producciones Ageiron, management de Azafatas y Servicios, Arrima Centre d'Estudis y Viajes Beniàment para que aporte antes del 18 de octubre la documentación requerida. Asimismo, ha pedido que se recabe un informe médico forense sobre el estado de salud del imputado Enrique Arnal, cuya declaración se suspendió.

Bankia, en el centro de la crisis financiera europea

LONDRES.- Los bancos españoles experimentarían un déficit de capital de unos 22.000 millones de euros, aproximadamente el 2,2% del PIB español, en el caso de someterse a unas nuevas pruebas de estrés en las que se tuviera en cuenta una quita del 70% de la deuda griega y se elevara al 8% el umbral mínimo de capital básico necesario, según refleja un estudio elaborado por 'The Economist', que cifra en 150.000 millones las necesidades de recapitalización de las 90 mayores entidades europeas bajo estos supuestos.

   Bajo este escenario, la banca española sería la segunda más necesitada, sólo superada por la alemana, cuyo déficit ascendería a 26.000 millones de euros, si no se tiene en cuenta a la propia Grecia, cuyos bancos requerirían casi 40.000 millones más como consecuencia de la merma aplicada al importe de la deuda pública helena.

   En el caso de la banca española, estas necesidades de capital adicional procederían casi exclusivamente del aumento de la exigencia mínima de capital básico, ya que su exposición a deuda pública griega es mínima.

   De hecho, sin tener en cuenta una quita en la deuda griega, tal como ocurrió en los test de estrés del pasado mes de julio, las necesidades de la banca alemana quedarían por debajo de las de la española, al bajar a unos 21.000 millones.

   En este sentido, 'The Economist' señala que, bajo un escenario más benigno, en el que el 'core Tier 1' quedara fijado en el 7% y se aplicara un recorte del 70% a la deuda griega, las necesidades de los grandes bancos europeos se reducirían a 90.000 millones.

   En este supuesto de menor tensión, los bancos españoles serían los que necesitarían un mayor aporte de capital (15.000 millones de euros), por delante de alemanes (11.000 millones) y franceses (unos 8.000 millones).

   "Los test de julio fueron ridículos", sentencia el semanario, ya que "simulaban una recesión en la eurozona, pero no el 'default' de Grecia, y aplicaban un aprobado relativamente bajo, al establecer un umbral mínimo de capital básico del 5%".

   En este sentido, 'The Economist' se hace eco de los crecientes signos que apuntan a una tercera edición de estas pruebas de esfuerzo de la banca europea en las que la Autoridad Bancaria Europa (EBA por sus siglas en inglés) aplicaría un umbral más estricto y un 'haircut' a los bonos griegos.

   Entre las entidades europeas examinadas, 'The Economist' concluye que RBS y Deutsche Bank serían los bancos con mayores necesidades de capital en el supuesto de establecer un umbral mínimo del 8% aparte de recortar un 70% el valor de la deuda griega, mientras Bankia sería la entidad española con mayor déficit, ligeramente inferior a 6.000 millones.

   No obstante, el semanario, que reconoce el carácter "rudimentario" de sus cálculos, admite que estas cifras no tienen en cuenta las medidas mitigadoras adoptadas por algunas entidades, lo que podría hacer "bastante menores" las cantidades.

   Así, en el caso de Bankia, fuentes de la entidad española indicaron hoy que el déficit calculado por la publicación anglosajona no ha tenido en cuenta el efecto mitigador de la salida a Bolsa de la entidad y de las provisiones genéricas asumidas.

   Por su parte, en el caso de RBS, controlada por el Estado, el semanario destaca la potencial paradoja de que el Gobierno británico se viera obligado por una autoridad de la zona euro a inyectar más fondos en RBS, cuya exposición a deuda griega y del resto de la periferia de la eurozona es muy baja, a raíz de unos test de estrés diseñados preciosamente para apuntalar a la eurozona.

   "A diferencia de los países de la zona euro que contarían con la opción de recapitalizar a sus bancos a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), Reino Unido tendría que asumir este coste por su propia cuenta", advierte 'The Economist'.

Salgado duda que el CPFF pueda abordar las peticiones de las CCAA del PP

MADRID.- La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha indicado que el Gobierno convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para finales de año para revisar el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y los planes de saneamiento de las comunidades, pero mostró sus dudas acerca de que este órgano pueda abordar lo que han solicitado las regiones gobernadas por el PP.

   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Salgado apuntó que el pasado año se convocó una reunión del CPFF el 24 de noviembre y este año se hará lo propio porque es obligado convocar el consejo antes de que acabe este ejercicio para, entre otras cosas, informar sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad de cada una de las comunidades en 2010 y de la marcha de este año hasta el primer semestre y también de las medidas que están poniendo en marcha en el caso de que haya desviaciones.

   Sin embargo, apuntó que la petición de la convocatoria que han recibido por parte de las comunidades autónomas del PP plantea algunas "dudas" al Ministerio por los temas que piden tratar en la reunión, como por ejemplo la adopción de decisiones sobre las previsiones macroeconómicas de 2011 y 2012, la financiación de los servicios públicos o las retribuciones del personal al servicio de las administraciones públicas.

   Por ello, indicó que su departamento ha solicitado un informe jurídico para tener "la seguridad" de que lo que se está pidiendo desde las comunidades gobernadas por el PP "está dentro de las competencias del Consejo".

   "Algunos quisieran que el CPFF se constituya en Parlamento de la nación", pero no es éste el caso, aunque por supuesto que se convocará (el CPFF) para lo que es obligado hacerlo en el momento oportuno y sobre todos estos temas que han solicitado (las CC.AA. del PP), pues esperaremos al informe jurídico", subrayó.

S&P avisa del impacto de la rebaja del 'rating' de España en gobiernos regionales

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha advertido de que la rebaja del 'rating' de España desde 'AA' a 'AA-', con perspectiva 'negativa', podría tener un "impacto negativo" en la calidad crediticia de gobiernos regionales y locales y entidades dependientes del Ejecutivo español que califica, según informó la agencia en un comunicado.

   En concreto, la rebaja de la nota de la deuda española a largo plazo podría afectar a las calificaciones de gobiernos regionales.

   Asimismo, también podría tener consecuencias negativas en la calificación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ('AA' con perspectiva 'negativa'), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ('AA' con perspectiva 'negativa'), la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos ('AA' con perspectiva 'negativa'), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ('AA') y el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico ('AA').

   "La agencia espera publicar un análisis más detallado sobre el impacto en el rating de dichos emisores tan pronto como sea posible hacerlo bajo la actual legislación europea. El retraso en la comunicación de esta información se debe al cumplimiento de los requerimientos de la regulación europea sobre agencias de 'rating'", añade.

   S&P ha rebajado un escalón la calificación crediticia a largo plazo de España, desde 'AA' a 'AA-', con perspectiva negativa, justificando su decisión en el elevado desempleo de España, su débil crecimiento económico, las duras condiciones financieras y el alto nivel de endeudamiento del sector privado.

Rosa Díez: 'El cierre de camas en la Comunidad es "ejemplo" de "incompetencia"

CASTELLÓN.- La candidata de Unión de Progreso y Democracia (UPyD) a la Presidencia del Gobierno, Rosa Díez, ha asegurado que el cierre de camas hospitalarias anunciado por el Gobierno valenciano le parece el "ejemplo perfecto" de "hasta qué punto hay incompetencia e insolidaridad", pues "no sabe planificar a medio plazo ni recortar de aquellos sitios que son priviegios, duplicidades o despilfarro".

   "Solo les importan los oropeles, las cosas en las que puedan brillar, en inauguraciones o actos públicos, pero no les importa la gente", ha añadido en una rueda de prensa en Castellón donde ha sido preguntada por esta decisión del Consell.

   Según ha dicho, la sanidad o la educación es lo "último en lo que hay que meter la tijera", y ha añadido: "si algún día hubiera que meterla, sería después de haber terminado con los despilfarros, las duplicidades y el dinero que se sigue malgastando".

   En su opinión, es el "ejemplo" de hasta qué punto sigue habiendo gobernantes que no tienen ambición de país y solo están pensando en "hacer caja", pero ha recalcado que "hacer caja a costa de los más débiles y de cercenar más derechos políticos y sociales básicos representa lo que son".

   La dirigente de UPyD ha asegurado que no hay que "resignarse" ante esta situación "porque cuando dicen que hay que recortar porque no hay dinero no es cierto, sino que es porque se prefiere recortar de ahí que de otro sitio y es el ejemplo de unos políticos que no están altura de las circunstancias ni del país y que merecen la reprobación".

   En este sentido, ha manifestado que "simplemente con que se dotara correctamente a la Agencia Tributaria española humana y técnicamente aflorarían en impuestos que hoy no se pagan 70.000 millones de euros al año", y se ha preguntado: "¿no será mejor eso que ponerse a recortar servicios básicos como la educación o la sanidad?".

   Finalmente, Rosa Díez ha apostado por que la sanidad sea competencia del Estado "para evitar las desigualdades que se están produciendo, puesto que las transferencias no son finalistas, es decir, cada autonomía se puede gastar ese dinero en cualquier cosa".

   Por su parte, el diputado de UPyD al Congreso de los Diputados por Valencia, Toni Cantó, ha dicho al respecto que "es una vergüenza que quien esté pagando el pato de la mala situación en la que nos ha dejado esta gente sea con recortes en sanidad", pues "donde hay que recortar es en otra parte".

   Cantó ha dicho que, según un estudio "se pueden ahorrar 26.000 millones de euros eliminando diputaciones, fusionando ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, agrupando competencias como la sanidad o la educación y eliminando un montón de fundaciones y sociedades públicas que no se sabe realmente para qué sirven".

   Ha pedido a los ciudadanos que pongan la "concentración" en los hechos y no en la "palabrería", y que "se den cuenta" de que aquellos que acaban de votar en contra de todo lo que UPD ha propuesto en el Congreso de los Diputados "no van a hacer lo que están diciendo ahora".

   Finalmente, el diputado de UPyD por Castellón, Romain Muzzati, ha criticado también los recortes anunciados por el Consell, y ha señalado que "las prioridades del Gobierno valenciano no las tiene muy claras, pues le importan más los eventos que las cosas cercanas a los ciudadanos", y ha puesto como ejemplo el aeropuerto de Castellón "que solo es otro gran evento".