lunes, 11 de enero de 2010

El PSPV señala que Rajoy "ha dejado claro que el PP no es de fiar"

VALENCIA.- La responsable de Economía del PSPV, Cristina Moreno, aseguró hoy que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, "ha dejado claro de nuevo que el PP no es de fiar" porque "cada vez que habla o promete alguna cuestión relacionada con la gestión económica se da de bruces con la terrible realidad económica del Consell de Camps en la Comunitat Valenciana".

Moreno, en un comunicado, se refirió así a las declaraciones realizadas hoy por Rajoy, quien, a su juicio, "ha evidenciado durante el inicio de este año que el PP carece de un discurso económico único para toda España".

En este sentido, la portavoz socialista criticó las "contradicciones económicas" del PP y consideró una "tremenda burla" que Rajoy hable de reducir la deuda y de controlar el exceso de gasto corriente cuando el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "hace todo lo contrario y condiciona peligrosamente la salida airosa de la crisis a los valencianos".

"El presidente Camps es el líder autonómico de los excesos en el gasto y de la mayor generación de deuda de toda España. Además, es el máximo responsable de que en la Comunitat Valenciana se genere más paro que en el resto de España a causa de la parálisis de un Consell más preocupado en los problemas que tienen y que se le avecinan con la justicia", subrayó.

Para Moreno, "se vuelve a poner en evidencia que el PP no es de fiar porque hacen lo contrario de lo que pregonan, como ha vuelto a evidenciar Mariano Rajoy en este inicio de año político", concluyó.

Ecologistas en Acción dice que la prolongación de Blasco Ibañez es un modelo "especulativo y anticuado"

VALENCIA.- Ecologistas en Acción aseguró hoy que la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia a través del barrio de El Cabanyal "responde a un modelo urbanístico especulativo y anticuado" y criticó que el Gobierno municipal "no ha asumido la realidad de unos poblados tan antiguos como la ciudad y que llevan mirando al mar desde hace siglos".

La asociación se pronunció así en un comunicado después de conocer la Orden del Ministerio de Cultura que declara como "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones del Ayuntamiento de Valencia derivadas del 'Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral (PEPRI)' que se han llevado a cabo y se proyectan realizar en el barrio, y que prevé "la demolición de 1.651 viviendas y la consiguiente destrucción de su estructura urbana y social", según la entidad.

Ecologistas en Acción subrayó que esta decisión del Ministerio está avalada por informes técnicos entre los que destacan los presentados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la Real Academia de la Historia y por el Museo Nacional de Cerámica 'González Martí' de Valencia.

Así, sostuvo que la "pretendida integración" de la ciudad con los poblados marítimos "nunca se ha planteado de la manera correcta", y desde hace décadas, el Ayuntamiento de Valencia "los ha considerado absurdamente como un obstáculo a salvar para llegar hasta el mar".

Según la asociación, la "deseada unión" de la ciudad con el mar "se lleva a cabo a través de diversos ejes de primer orden" construidos en dirección a El Cabanyal, al norte y al sur de la Avenida Blasco Ibáñez, a través de las Avenidas del Puerto, la de Francia y la de los Naranjos que "sí llegan directamente a la línea de costa", lo que "reafirma lo innecesario de esta conexión, perfectamente prescindible desde el punto de vista viario".

"Es necesario preservar los hechos diferenciales de las ciudades, de los tejidos urbanos vividos, que son su gran riqueza", subrayó Ecologistas en Acción, quien añadió que el valor patrimonial y urbanístico de El Cabanyal "radica en su morfología urbana y, particularmente, en su parcelario, su estructura, el viario y los tejidos".

"Los valores patrimoniales y arquitectónicos del barrio forman parte de sus valores sociales, junto con su gente y su forma de habitar en él", destacaron. La renovación urbana y el futuro del barrio "no pasan por la apertura de una gran avenida que lo seccione y arrase, sino por garantizar la vivienda a sus habitantes, equiparlo adecuadamente y fomentar su economía urbana", aseveró la entidad.

Ecologistas en Acción incidió en que la obligación de los poderes públicos, "por mandato constitucional, es promover la protección de tal patrimonio", y tildó de "claramente inconstitucional" la decisión del Gobierno valenciano de aprobar el 7 de enero un decreto-ley que autoriza "expresamente" las obras del plan de reforma del barrio del Cabanyal.

La entidad expresó su apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma 'Salvem el Cabanyal', "que desde 1998 lucha por la defensa y rehabilitación integral del barrio de Cabanyal-Canyamelar".

El Consell pide participar en la gestión de El Altet y Manises

VALENCIA.- El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, reivindicó hoy que la Generalitat participe en la gestión de los aeropuertos de El Altet (Alicante) y Manises (Valencia) y reciba "inversiones similares" a las obtenidas por Barajas, El Prat o Málaga, al tiempo que reclamó recibir "el mismo trato que Cataluña" en el nuevo modelo aeroportuario que presentará mañana el ministro de Fomento, José Blanco, ante la Comisión de Fomento del Congreso.

Flores se pronunció así tras reunirse hoy con el jefe del Consell, Francisco Camps, el vicepresidente y titular de Industria, Vicente Rambla, y la consellera de Turisme, Belén Juste, entre otros, para "tener clara la postura" de la Generalitat en esta cuestión.

Flores indicó que "parece que la propuesta del ministro" consiste en que "los aeropuertos que sean autosuficientes económica y financieramente sean susceptibles de crear sociedades mercantiles", en las que Aena mantendría un 51 por ciento, con "hasta un 30 por ciento de inversión privada", y "un 49 por ciento en el que estarían representados las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las asociaciones empresariales, a través de la Cámara de Comercio".

Al respecto, señaló que sería un modelo "similar al de los puertos", que permitiría "separar por un lado, el control aéreo, que seguiría siendo público" de la gestión de las infraestructuras, y subrayó que este sistema "ha funcionado muy bien con los puertos de la Comunitat Valenciana".

Flores defendió que "tanto El Altet como Manises son rentables y deberían entrar en ese modelo" y recalcó que "con unas inversiones similares al resto de aeropuertos de su categoría, los dos podrían duplicar el número de pasajeros y, desde luego, podrían ser rentables, aumentar la presencia de compañías aéreas y se podría aumentar el turismo y el negocio".

"Teniendo esas inversiones, nosotros nos comprometeríamos a duplicar los tráficos, las frecuencias, las rutas y, sobre todo, el aumento del pasaje de todos los aeropuertos", dijo.

Criticó que los fondos recibidos por El Altet y Manises en los últimos diez años se sitúan "muy por debajo de los aeropuertos de su categoría", tras recibir 650 millones entre los dos del plan plurianual 2005-2011, frente a los 6.000 millones recibidos por Madrid, los 2.500 de El Prat o los "más de 1.500 millones" del aeropuerto de Málaga. Por número de pasajeros, Barajas recibió más de 120 euros por viajero, El Prat 89 euros, Málaga 92 euros, El Altet 52 euros y Valencia, 53 euros.

Flores destacó que quieren participar en la gestión aeroportuaria para recibir "unas inversiones en las mismas condiciones".

"Si estuviéramos dentro de esos consejos de administración o esas sociedades mercantiles que creemos va a proponer mañana el ministro, podríamos participar en los planes directores, en los planes estratégicos, en las previsiones para inversiones y en los nombramientos de consejeros, presidentes y directores de los aeropuertos de la Comunitat", explicó.

Hizo hincapié en que los "dos aeropuertos son rentables" y se mostró convencido de que "si hubieran recibido las inversiones que les hubieran correspondido, es decir, se hubieran duplicado esas inversiones, Alicante ya estaría ahora construyendo una segunda pista, como lo está haciendo Málaga".

De hecho, resaltó que "si tuvieran unas inversiones similares", Manises y El Altet "no solamente serían rentables, sino que probablemente el aeropuerto de Valencia no hubiera perdido esas conexiones internacionales como ha perdido la British Airways, Iberia su parte internacional o Air France".

"De haber hecho las inversiones que correspondían, habrían seguido aumentado tráficos y manteniendo líneas aéreas, nuevas rutas y sobre todo, frecuencia de tráfico", recalcó.

El conseller comentó que "habrá que ver qué baremo utiliza el Gobierno para decir si un aeropuerto es rentable o no" y aseveró que los valencianos "son aeropuertos que sin duda se podrían autogestionar como los puertos, porque tienen muchas cosas que se pueden concesionar, como el handling, los parkings o las tiendas".

Además, avanzó que, si pueden participar de la gestión de estas infraestructuras, estudiarán "montar terminales logísticas en los aeropuertos para poder ofrecer a las compañías espacios para mantener los aviones", unas plataformas de mantenimiento de aviones que "ahora decide Aena dónde deben estar".

Por otro lado, preguntado por la constitución del comité de rutas, anunció que remitirán esta semana la contestación al borrador que le envió el Ministerio de Fomento en diciembre, con modificaciones como crear un comité técnico en El Altet y otro en Manises, frente a la propuesta inicial de implantar uno común para ambos.

Flores confió en que les "contesten lo antes posible" para poder firmar su constitución "a lo largo de este mes de enero", con lo que se crearía un comité de rutas que se reuniría dos veces al año y en el que estaría presente Turisme, y dos técnicos, con reuniones más frecuentes y posibilidad de invitar a múltiples asociaciones.

EUPV pedirá a Camps que decline la propuesta para nombrarle Hijo Adoptivo de Torrevieja por el 'caso Gürtel'

ALICANTE.- Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) en las Corts Valencianes, a través de la Agrupación de Diputados No Adscritos, pedirá al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que decline la propuesta "unipersonal" del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, para nombrarle Hijo Adoptivo de la ciudad, por su relación con el 'caso Gürtel', según informó hoy en un comunicado EUPV.

Esta formación política mostró hoy su rechazo ante la iniciativa que el equipo de gobierno del PP llevó a la junta de portavoces municipal celebrada el pasado 8 de enero.

"El alcalde sin ningún tipo de explicación a los portavoces anunció que esta propuesta iría al pleno ordinario del mes de enero", recordaron las mismas fuentes, quienes remarcaron que "no se produjo ningún debate, dejando para el pleno un debate que dejará en evidencia la poco honorabilidad de ambos mandatarios del mismo partido".

La figura del presidente de la Generalitat, cargo de la máxima representación institucional de la Comunitat Valenciana, a su juicio "está en estos momentos bajo la sospecha de corrupción política por el 'caso Gürtel' y los ciudadanos no merecen que su presidente esté continuamente en entredicho, mancillando con su continuidad en el cargo, la honorabilidad de la institución", señalaron las mismas fuentes.

En opinión de EUPV, "el apoyo incondicional de Camps a Hernández Mateo, procurándole el aforo con su inclusión en las listas autonómicas aún en su calidad de imputado por la justicia en el caso de sus fincas millonarias, se traduce en una cuasi inmunidad judicial que Hernández Mateo no sabe cómo agradecer para seguir con su aforamiento".

Izquierda Unida consideró además que esta moción para el próximo pleno "es una provocación intolerable en democracia y exige a estos indignos mandatarios públicos que, por una vez, respeten la representación otorgada por el pueblo retirando la moción".

Al respecto, lamentó que Hernández Mateo y Francisco Camps, "no hayan sido capaces de dimitir de sus cargos cuando fueron imputados ambos por presuntos delitos contra la administración pública".

Compromís presenta un plan de transparencia que incluye crear un registro de regalos a los políticos

VALENCIA.- Compromís presentó hoy un "plan de choque por la democracia y la transparencia en la vida pública y contra la corrupción", que cuenta con una batería de medidas como la creación de un registro de obsequios a autoridades y funcionarios de la administración, así como una norma que regule los regalos que estos hacen a terceros, puesto que "la discrecionalidad no está reñida con la transparencia y el control, y no es sinónimo de arbitrariedad".

Así lo explicó la diputada Mónica Oltra, en la rueda de prensa que ofreció junto a Mireia Mollà, para presentar las Proposiciones de ley que plantea su grupo, en la que instó a convocar un pleno monográfico sobre la corrupción, puesto que "ya existen medidas" concretas para debatir.

Se trata de una Proposición de Ley para regular el régimen de los obsequios, que incluye sanciones al incumplimiento de la misma. Además, contempla la creación de un registro de los obsequios y las atenciones protocolarias a las autoridades, funcionarios y empleados públicos de la Administración valenciana, que tendrá carácter público.

El plan también incluye una ley sobre gastos protocolarios y otros regalos de representación de la administración, ya que estas atenciones cuentan con una partida presupuestaria que, según explicó Oltra, "no se puede fiscalizar" y, en ocasiones, tiene "dudosa finalidad".

Otras dos iniciativas están dirigidas a las fundaciones y empresas públicas o privadas con representación mayoritaria de la Generalitat y prevén que los patronatos o consejos de administración cuenten con representación parlamentaria, en proporción al número de diputados pero que, en cualquier caso, sea de al menos un representante por grupo.

También contemplan que se nombren tres auditores públicos por cada entidad, de los que uno será a propuesta del grupo que dé apoyo al Gobierno y dos de la oposición. La norma también prevé la posibilidad de que el pleno no ratifique las propuestas y sostiene que, en ese caso, la fundación o empresa en cuestión "no podrá realizar ninguna actividad ni recibir consignación del presupuesto de la Generalitat".

Además, el plan cuenta con una Proposición de Ley para crear un registro de contratos menores y pagos por caja fija, que también incluirá una sección de contratistas, los cuales se deberán inscribir tres meses antes de contratar con la administración.

El sistema informático de este registro, explicó, permitirá el acceso público a todos los ciudadanos, salvaguardando la información que afecte a personas físicas y esté protegida por la Ley de Protección de Datos, mientras que los diputados de las Corts tendrán acceso a toda la información contenida en dicho registro, sin perjuicio del deber de reservar la información protegida.

Oltra apuntó que las medidas que propone el plan de choque están incluidas en el código ético aprobado el pasado mes por el Comité Ejecutivo del PP, por lo que si los diputados populares votan en contra "primero tendrán que explicarlo al presidente del PP, Mariano Rajoy, y después a los valencianos", aunque consideró que "es muy difícil explicar por qué se está en contra de la transparencia".

Por su parte, Mireia Mollà justificó la necesidad del plan en la autonomía porque "el debate sobre la corrupción está focalizado a la Comunitat Valenciana" y, por ello, es "primordial que sea la primera comunidad en responder a esta cuestión".

Además, Mollà presentó las acciones que plantea su grupo para aumentar el control de los presupuestos de la Generalitat, entre las que destacó la creación de una Comisión especial de control presupuestario para conocer el "destino real del dinero público".

También propuso una Comisión de control de contratación administrativa, con el fin de "revisar periódicamente" esta actividad y poner los mecanismos adecuados para acabar con lo que calificó como "escapismos que se ha inventado el PP".

Asimismo, la iniciativa contemplará que los representantes de las fundaciones y empresas públicas puedan comparecer periódicamente en las Corts "sin ningún tipo de prohibición" ya que los diputados, según dijo, están "cansados de que comparezcan los consellers para "desviar la atención y no responder a las incógnitas de la oposición", por lo que el objetivo es que acudan "los funcionarios para dar cuenta de las órdenes de los altos cargos".

En concreto, Mollà, pidió la comparecencia de los presidentes de los Consejos de Administración de las cajas de ahorro valencianas y, especialmente, los de Caja Mediterráneo y Bancaja para que informen "la razón por la que han abandonado su acción social para enfocar su actividad en la especulación y que faciliten los datos reales de la situación económica que viven", ya que "gestionan muchos recursos de los valencianos".

Tras ello, la portavoz adjunta de Compromís aseguró que los parlamentarios se podrán "situar en un debate más objetivo sobre las posibles fusiones entre cajas de ahorro".