lunes, 14 de mayo de 2012

Bankia se desploma un 9% y pierde la mitad del valor desde su debut en el parqué

MADRID.- Las acciones de Bankia se han desplomado un 9% en Bolsa y han perdido la mitad del valor con el que debutaron en el parqué el pasado 20 de julio, arrastradas por las nuevas exigencias de provisión aprobadas el pasado viernes por el Gobierno español.

   Los títulos de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri ha encabezado los retrocesos del selectivo madrileño, que ha caído un 2,66%, y han saldado la jornada en 1,886 euros, frente a los 3,75 euros del precio de salida a Bolsa del pasado 20 de julio.
   Bankia es la entidad que más provisiones deberá acometer para afrontar el eventual deterioro de la cartera sana de créditos al 'ladrillo', un total de 4.722 millones de euros, que suponen el 15,7% del total de 30.000 millones de euros que ha de aportar el conjunto del sector financiero español.
   Las acciones de Bankia sufren un importante castigo en Bolsa desde que hace una semana Rodrigo Rato presentara su dimisión ante el plan de saneamiento pilotado por el Gobierno y que incluye ayudas públicas por importe de 4.465 millones de euros a través de la conversión en capital de un préstamo concedido en 2010. Los títulos se han depreciado un 23% respecto al cierre del viernes 4 de mayo
   Según los cálculos del Gobierno, el Estado contará con una participación del 48% en el capital de Bankia tras hacerse con la totalidad del accionariado de BFA, aunque aún está pendiente la valoración de la entidad por parte de los expertos independientes que asigne el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España.
   El FROB asignará a tres entidades, entre bancos de inversión y auditoras, para realizar una valoración económica de BFA que servirá de base para fijar el precio de conversión en acciones del préstamo público, y determinará la participación estatal tanto en el capital de la matriz como de su filial.
   Una vez sea efectiva la entrada de capital público en BFA, el FROB nombrará a tres representantes en su consejo, que celebrará su próxima reunión con el telón de fondo de las medidas adicionales exigidas por el Banco de España en materia de saneamiento y que incluirán, previsiblemente, la venta de participaciones y un cambio radical en la composición del órgano con la salida de los miembros  de perfil político y sindical.

Solvencia a la baja

Fitch ha recortado el rating de viabilidad de BFA y de su filial Bankia hasta 'c' desde 'bb-' ante la solicitud de la matriz de recibir capital público y la posibilidad de que sean necesarios más recursos para reforzar sus niveles de capital.
   Asimismo, ha alabado la última reforma del Gobierno aprobada el pasado viernes que eleva las exigencias de provisión del sistema financiero español sobre los créditos al 'ladrillo' sin incidencias de pago.
   La agencia de calificación indica que la rebaja del rating de Bankia refleja su débil rentabilidad, financiación y liquidez, así como su elevada apelación a las subastas del Banco Central Europeo (BCE), y su elevada exposición al sector inmobiliario.
   Fitch apunta además que la tasa de morosidad de los créditos promotores e inmobiliarios de Bankia se encuentra bajo presión ante la debilidad económica en España.
   Por otro lado, la firma considera que la última vuelta de tuerca del Gobierno español al sector financiero al elevar las exigencias de provisiones a los créditos sanos del ladrillo "es un positivo paso adelante".
   La agencia de evaluación de riesgos afirma que la presión sobre las necesidades de capital de Bankia también es creciente tras el último decreto y que la quiebra de la entidad, según sus definiciones, "es inminente".
   Asimismo, considera previsible que las mayores provisiones que deberá afrontar la entidad que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri, harán necesario un mayor apoyo extraordinario.
   Sobre el nombramiento del exconsejero delegado de BBVA al frente de Bankia en sustitución de Rodrigo Rato, Fitch indica que se trata de un hecho positivo para la entidad dada su experiencia en la banca comercial al frente del 'banco azul'.

Cajamar Caja Rural provisionará 412 millones sin apoyo público

ALMERÍA.- Cajamar Caja Rural ha anunciado este lunes que cubrirá este mismo año el saneamiento de los activos vinculados al sector inmobiliario, que asciende a 412 millones de euros, sin necesidad de recurrir a apoyos públicos.

   Así se recoge en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación al RD-ley 18/2012 sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios, la cobertura genérica adicional sobre las financiaciones en situación contable normal y relacionadas con suelo para promoción inmobiliaria y con construcciones o promociones inmobiliarias.
   En concreto, el hecho relevante comunicado a la CNMV detalla que, una vez realizados los saneamientos exigidos por los reales decretos-ley 2 y 18 de 2012, se estima que el ratio de capital principal de Cajamar Caja Rural será del 10,5 por ciento, por encima del nueve por ciento exigido.
   En la asamblea general ordinaria celebrada el día 10, el consejero delegado Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez adelantó que entre junio y julio la entidad absorberá el impacto de los 530,4 millones de provisiones y 211,7 millones de capital fijados en el real decreto ley de febrero.
   Indicó, asimismo, que de acuerdo con los estudios que se han realizado, la entidad está en disposición de cubrir las nuevas exigencias de provisiones "sin deterioro sustancial de la solvencia de la entidad" y de generar "resultados sobrados para afrontar el futuro con optimismo y garantía"
   El Grupo Cooperativo Cajamar goza de uno de los niveles de solvencia más elevados del sector. Con datos a 31 de marzo, el coeficiente de solvencia es del 14,16 por ciento, el capital principal del 14 por ciento y los recursos propios computables ascienden a 2.818 millones de euros, con un superávit de 1.225 millones.

El SPPLB pide la dimisión de Sánchez de León y de Domínguez por no prever la "masacre" que se podía haber producido

VALENCIA.- El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPBL) ha alertado este lunes de la "auténtica masacre" que se podía haber producido el sábado por la tarde en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, cuando algunos de los manifestantes que conmemoraban el 15M irrumpieron en el recinto de 'mascletaes' y arrasaron los fuegos preparados para el disparo en honor a la Virgen de los Desamparados, previsto para la medianoche, y que finalmente tuvo que ser suspendido.

   Sin dejar pasar que los manifestantes son "personas responsables de sus actos, el sindicato ha arremetido contra los responsables de la seguridad, a quienes ha acusado de cometer un "cúmulo de desprósitos" y de "ineptitud" por no prever la situación, por generar un riesgo innecesario y no contar con las medios necesarios y ha exigido la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Domínguez, y de la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, "por no saber lo que para todos era evidente que ocurriría".
    "Si se conocía el recorrido de la manifestación y el final en la plaza del Ayuntamiento, ¿por qué se cambio la ubicación de la mascletá? Por qué no se retornó a su lugar habitual --en el cauce del río Turia, donde siempre se ha celebrado sin problemas-- tras el conocimiento del recorrido de la misma? o ¿por qué no se modificó el recorrido de la manifestación?".
   Estas cuestiones son las que ha puesto manifiesto el secretario general de la sección sindical del Ayuntamiento de Valencia, Jesús Santos, en rueda de prensa junto al secretario general del SPPLB, Manuel Sánchez, y el representante del cuerpo de bomberos del mismo, Javier Amar, que se han mostrado "hartos de que se haga política con todo y desde luego con la seguridad de compañeros, familiares amigos, vecinos".
   "No lo vamos a permitir", ha advertido Santos, y ha anunciado que el SPPLB va a recoger firmas entre los profesionales del sector para pedir la dimisión de Sánchez de León y Domínguez, en una campaña que posteriormente extenderá al resto de la ciudadanía.
   A su entender, fue un "despropósito" juntar explosivo y una multitud de personas alterada, y aunque "evidente, --los manifestantes-- no dejan de ser personas responsables de sus actos, algunos en busca de la mayor notoriedad y otros dejados llevar por la tensión del momento cometieron la barbaridad de adentrarse en la 'mascletà', mayor si cabe es la responsabilidad de quien conociendo la situación o asesorado por quien debe conocerla, debe asumir la responsabilidad para tomar las decisiones que más garanticen la seguridad de aquellos a los que representa", ha remarcado.
   "Por el contrario, se generó una situación gravísima de riesgo potencial" y las medidas que se tomaron "no eran las más idóneas", ha aseverado. Si normalmente, para las 'mascletaes' de Fallas se pone un vallado de seguridad de 4 metros en el perímetro, en esta ocasión se colocaron vallas movibles y "muy pocos agentes", 14, de policía local para cubrir "tan endeble" perímetro, "un auténtico arsenal de explosivos con escasa protección" al alcance de los ciudadanos, con una "una cantidad de explosivo que superaba el de muchos de los atentados perpetrados en este país".
   Para Santos, los ciudadanos no eran conscientes del riesgo que corrían al asaltar el material pirotécnico. Solo con que uno de ellos hubiera explotado, habrían prendido todos, provocando una deflagración que se hubiera extendido por toda la plaza y causando una verdadera "carnicería", ha alertado.
   A pesar de la gravedad de la situación, ha criticado la evidente "falta de medios" de que disponían los policías locales, que acabaron actuando de 'motu propio' sin recibir órdenes, junto a los pirotécnicos, "jugándose el tipo" para evitar una catástrofe y ha alabado su actuación "diez".
   "Con gran riesgo para su integridad, primero por la avalancha de personas y después caminado por encima de los petardos, los recogieron junto con los operarios apartando a la gente deprisa y corriendo asumiendo de nuevo más riesgo mientras en los alrededores había gente fumando y menores, inconscientes del peligro".
    Uno de los agentes veteranos llamó en repetidas ocasiones, que fueron oídas por sus compañeros en otros servicios de la ciudad, a la Sala de Transmisiones "suplicando apoyo" pero "nadie le respondió y pasaron largos minutos hasta que se reiniciaron las comunicaciones", ha criticado.
   Por su parte, las unidades de la UIP de CNP estaban a la expectativa, con expresa orden de no actuar, "no sabemos si es debido a una posible acomplejada actitud de la Delegada del gobierno tras los sucesos de Lluís vives", ha apuntado, y cuando el cerco se rompió tras lanzar las vallas, estas unidades se retiraron de la plaza dejando a los policías locales "solos en una caótica situación. Fue el peor momento", ha confesado.
   Santos ha insistido así en la "incapacidad" de la concejalía de Seguridad Ciudadana "que no previó lo que una turba de gente en un momento de alteración podría hacer", y el "inmovilismo de la Delegación de Gobierno encorsetada por actuaciones del pasado podrían haber causado una fecha histórica para esa ciudad".
    Por todo ello, "por el riesgo generado, por el riesgo asumido por los policías locales debido a la incapacidad de sus responsables políticos, que han preferido anteponer otros tipos de intereses que la propia seguridad de sus policías y de sus representados y porque quizá no tengamos la misma suerte la próxima vez", ha reclamado la dimisión de sus responsables.
   Asimismo, ha recordado una antigua reivindicación, la de disponer de una unidad de intervención específica, como ya existe en ciudades como Madrid o Barcelona, y que estaría "preparada para estas situaciones".
   En la misma línea, Javier Amar ha señalado que "se desbordó completamente el trabajo" y lo peor para este tipo de efectivos es "sentir que no tiene suficiente potencial para controlar una situación".

Pirotécnica Reyes Martí pide que devuelvan el material robado de la 'mascletà'

VALENCIA.- La pirotécnica Reyes Martí ha hecho este lunes un llamamiento para que las personas que hayan sustraído material de la 'mascletà' que estaba previsto disparar el sábado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, lo devuelvan ya que se trata de truenos que, por la cantidad de pólvora que contienen y ser elementos que no tienen retardo en el disparo, son "una bomba que tienen en las manos". 

   "Es material muy peligroso. Es una bomba que tienen en las manos, porque si lo quieren prender para hacer cualquier gamberrada, no llevan retardo" y se prenden de forma inmediata, ha explicado. Según la pirotécnica, son trueno con 25 gramos de pólvora, "10 veces más del autorizado para venta al público" y por eso lo disparan únicamente profesionales.
   La sustracción del material pirotécnico se produjo tras la marcha para conmemorar el aniversario del 15M, que transcurrió en un ambiente festivo hasta que, pasadas las 20.00 horas, un grupo de centenares de personas irrumpió en el recinto vallado para el disparo de la 'mascletà', preparada con motivo de la festividad de la patrona, destrozó los cartuchos pirotécnicos y obligó a la recogida del disparo por parte de la pirotécnica y las fuerzas de seguridad.
   Reyes Martí ha explicado que hace este llamamiento para que los autores del robo pongan los truenos "en una bolsa y lo entreguen a cualquier puesto" de Policía o Guardia Civil "para evitar tragedias porque no saben con lo que están jugando".
 "Hay más de uno que los tendrá como trofeos de guerra en su habitación", ha alertado, cuando, según ha dicho, los mismos profesionales, cuando falla algún artefacto de estos en la 'mascletà', "lo cogemos con pinzas".
   Reyes Martí ha explicado que interpuso una denuncia por los daños el mismo sábado por la noche ya que nunca les había sucedido un hecho similar pero ya veían la "importancia" de lo ocurrido. En este momento, están realizando un inventario del material y hablando con Subdelegación del Gobierno y con la Guardia Civil y, cuando dispongan de todos los datos, harán una ampliación de la denuncia para concretar el material.
   Martí, que ha asegurado estar "mucho más nerviosa" según pasan las horas al comprobar el alcance de lo sucedido, ha explicado que la valoración del material sustraído la están haciendo ahora porque también tuvieron disparo este domingo. "Estoy comunicándome con las autoridades y tengo obligación de dar parte", ha indicado, y ha recalcado que sobre todo es "por si sucediese algo". "De no hacerlo así, podría tener consecuencias", ha manifestado.
   La pirotécnica ha alertado de que, incluso, saben por la Policía que sorprendieron a varios jóvenes con encendedores en la mano y les cortaron la idea. "Si llegan a encender algo, volamos todos. Es así de crudo...", ha lamentado Reyes Martí, quien ha recalcado que el sábado había "plaza para todos" y el disparo "contaba con los permisos".
   "No hay derecho hacer de un acto reivindicativo un acto de vandalismo puro y duro", ha incidido, para considerar que, de haber "si hubieran reflexionado dos minutos no lo habrían hecho". La pirotécnica ha hecho hincapié en que ella no cuestiona la manifestación, porque los participantes "tenían todo su derecho", sino "con el vandalismo y el libertinaje" de personas que "no pensaron en las consecuencias".
   En este sentido, ha explicado que si bien los primeros "chavales" que entraron en el centro "fueron el motor", "también había personas mayores con el nieto en la mano tirando vallas".
 "Y me insultaban... me dolió muchísimo, se me cayó el velo", ha lamentado. Asimismo, ha recalcado que, a pesar de las advertencias de que corrían "peligro", los que entraron "no atendían a nada" y gritaban "la plaza es nuestra".
   Martí ha cifrado en 6.000 euros los daños sufridos en los ordenadores que controlan los disparos de forma digital, que están "rotos, aplastados, con los cables arrancados..", sin sumar el material sustraído.
 "Ahora ya no es si lo pagan o no --el disparo no realizado--, sino el peligro que tiene", ha puntualizado, para agregar que se ha encontrado "con algo sin comerlo ni beberlo" porque supo de la manifestación el viernes. "Alrededor de la zona de disparo podían haber hecho sus asambleas y reivindicaciones porque la plaza es de todos", ha recalcado.

Grau se ratifica ante el juez y justifica los contratos con Nóos por ser "razonable" y con precio ajustado

VALENCIA.- El vicealcalde de valencia y portavoz del PP en el consistorio, Alfonso Grau, se ha ratificado ante el juez que instruye la pieza separada número 25 del caso Palma Arena, José Castro, y ha justificado los contratos con el Instituto Nóos por ser "razonable" y con un "precio ajustado".

   Grau ha sido uno de los últimos testigos que estaba citado a declarar este lunes por una de las piezas separadas del conocido como caso Nóos, abierta por supuestos delitos de fraude, malversación, prevaricación y falsedad documental. Todas las declaraciones están relacionadas con la participación de la fundación Nóos y otras mercantiles con la celebración de Valencia Summit en los años 2004 a 2006, así como con el proyecto de Juegos Europeos.
   A su salida del juzgado, el vicealcalde ha atendido a los periodistas y ha afirmado que se ha ratificado en la declaración que realizó hace unos meses en Valencia en su misma condición de testigo. En esta ocasión, le han pedido que aporte documentación adicional sobre las actividades desarrolladas por la fundación Valencia Turismo que no tengan relación con el instituto Nóos. Algo que ha dicho que entregará porque quiere "colaborar con la justicia".
 "Lo que podamos colaborar para que se aclare el lío este, por supuesto que sí, faltaría más", ha sentenciado.
   Asimismo, Grau ha declarado que las cuentas de la fundación valenciana están "auditadas, fiscalizadas y depositadas en el registro de fundaciones de la Generalitat". También ha dicho que están aprobadas por sus órganos de gobierno, "teniendo en cuenta que se trata de una fundación de derecho privado. Por tanto, está sometida a un régimen distinto al de la Administración Pública".
   Además, Grau ha explicado que se contrató con Nóos porque ofrecía "una propuesta razonable" y porque, además, "planteaba traer personalidades relevantes del mundo del deporte para promocionar la ciudad, cosa que en aquellos momentos buena falta hacía. Y a la vista están los resultados".
   Preguntado por si recibió órdenes concretas para contratar con Nóos, ha contestado: "yo no recibí órdenes de nadie. No tengo por costumbre recibir órdenes de nadie", ha sentenciado.
   Por otro lado, al ser interpelado por si no les pareció desorbitados los precios de Nóos, ha respondido con una pregunta: "¿cuánto cobra Al Gore, es barato? todo depende".
   En este sentido, ha subrayado que "la repercusión que ha tenido el evento deportivo y toda la promoción que se hizo ha supuesto para la ciudad unos 4.000 millones de euros, que no es ninguna broma. Si lo comparamos con eso, es casi calderilla", ha añadido. Así, preguntado por si considera barato el precio de contratación, ha dicho: "no digo que sea barato, fue un precio ajustado. Los actos que se contrataron se realizaron y se pagaron".

Buch aboga por impulsar la reindustrialización de la Comunitat Valenciana para crear empleo

CASTELLÓN.- El conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, ha abogado por "un nuevo esfuerzo industrializador como principal vía para lograr un crecimiento sostenible a medio y largo plazo y fomentar la creación de empleo". 

   "De hecho --ha explicado-- los datos estimativos sobre generación de empleo en las economías occidentales indican que por cada puesto de trabajo industrial se llegan a crear hasta otros seis puestos de trabajo inducidos".
   Buch ha realizado estas declaraciones durante su visita a las instalaciones de la empresa Kartogroup España en Burriana, dedicada a la producción y comercialización de papel tisú y derivados, según ha informado el Consell en un comunicado.
   El conseller ha señalado que el principal objetivo de las medidas de impulso que desarrolla la Generalitat para reactivar la economía de la Comunitat "es mejorar los datos de ocupación y volver a la senda de la creación de empleo, para lo que es fundamental tener en cuenta el sector industrial".
   En este sentido, Buch ha resaltado que la ocupación industrial en la Comunitat Valenciana ha crecido cerca de un punto porcentual durante el primer trimestre de 2012 respecto al mismo periodo de 2010, "un avance que contrasta con el descenso experimentando en el conjunto de España de un 5,4 por ciento en el mismo periodo".
   "Este dato sigue la tendencia de la media registrada durante 2011, cuando se crearon en la Comunitat un total de 11.400 nuevos empleos en la industria, lo que representa un aumento del 3,6 por ciento respecto al año anterior frente al descenso nacional, con un 2,1 por ciento menos de empleados en el sector industrial", ha añadido.
   Asimismo, el resultado favorable en 2011 aumentó la participación industrial de la Comunitat en el empleo del sector en España hasta alcanzar el 12,8 por ciento. Además, el peso relativo de la industria en la ocupación total de la economía de la Comunitat asciende al 17,4 por ciento, y es 3,3 puntos superior a la participación industrial española (14,1 por ciento), lo que refleja la mayor especialización industrial de su tejido productivo.  
   El conseller ha indicado que para poder seguir mejorando estos datos "es fundamental promover medidas que ayuden a que nuestras industrias ganen cuotas de mercado en los países emergentes, incentivar a un mayor número de pymes industriales para que apuesten por la innovación y la exportación e impulsar nuevas empresas endógenas que refuercen la salida de la crisis".
   "Precisamente, estos fines son los que persigue el Plan de Incentivos que prevé una inversión este año de 150 millones de euros para, entre otros objetivos, impulsar la internacionalización de las empresas, potenciar la innovación y favorecer el acceso a la financiación de nuestras empresas", ha apuntado.
   Por otra parte, Buch ha destacado el "esfuerzo" realizado por la empresa Kartogroup España "para superar las dificultades que, tras verse inmersa en un proceso concursal en 2008, superado en 2009 tras la adquisición de la empresa por el grupo Cominter, le ha permitido mantener su plantilla de 175 empleados y aumentar sus niveles de ventas, pasando de los 47 millones de euros de 2009 a más de 65 en 2011 y con perspectivas de duplicar sus ventas para el año 2015".
   Su planta de producción y comercialización, ubicada en Burriana, produjo en 2011 un total de 40.361 toneladas de productos de papel tisú, de los que el 74 por ciento corresponden a rollos higiénicos, el 19 por ciento a rollos de cocina, el 5 por ciento a servilletas y el 2 por ciento a pañuelos.
   El 81 por ciento de la producción está destinada al mercado nacional y el 19 por ciento a sus dos mercados internacionales (Francia y Portugal), comercializándose como marca blanca de diversas cadenas de supermercados e hipermercados.

El subdelegado del Gobierno asegura que Policía Nacional y Local actuaron con "coordinación y proporción" con los del 15M

VALENCIA.- El subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría, ha afirmado que "tanto la Policía Local como la Policía Nacional actuaron con absoluta coordinación, profesionalidad y proporcionalidad para evitar consecuencias mayores" en la manifestación del 15M que tuvo lugar en Valencia. En este sentido, ha negado que se diera "orden alguna a la Policía Nacional de no actuar, según apuntan algunas afirmaciones falsas", según ha informado la subdelegación del Gobierno en un comunicado.

   Santamaría, además, ha lamentado que "algunos quieran desviar la atención de lo verdaderamente ocurrió" el sábado en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y es que "hubo un acto de vandalismo intolerable, que está siendo investigado por el Cuerpo Nacional de Policía".
   Asimismo, ha advertido que "nadie se lleve a confusión porque la manifestación podría transcurrir perfectamente por la plaza del Ayuntamiento". "Prueba de ello --ha continuado-- es que la cabecera de la misma había pasado ya del área donde estaba instalada la mascletá, habiéndose respetado perfectamente el perímetro de seguridad".
   El subdelegado ha negado "rotundamente" que se diera "orden alguna a la Policía Nacional de no actuar, según apuntan algunas afirmaciones falsas". Santamaría ha hecho hincapié en que "tanto la Policía Local como la Policía Nacional actuaron con absoluta coordinación, profesionalidad y proporcionalidad para evitar consecuencias mayores".  
   Por último, el subdelegado del Gobierno en Valencia ha recordado que mientras la manifestación estaba autorizada hasta las 22 horas, tal y como solicitaron sus organizadores, el inicio de la mascletá estaba autorizado a partir de las 24 horas, "por lo tanto no se trata de actividades que coincidieran en el tiempo y no estaba justificado jurídicamente el cambio ni de una, ni de otra actividad".

EUPV advierte de que Fabra será un "irresponsable si no actúa contra los imputados del PP"

VALENCIA.- El diputado y portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha advertido de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, será un "irresponsable si no actúa contra los imputados del PP" en el caso Nóos. 

   Blanco, en un comunicado, ha señalado que la imputación de María de los Ángeles Mallent, ex responsable de los servicios jurídicos de Ciutat de les Arts i les Ciències (CACSA), muestra que "la justicia está haciendo su trabajo" y contrasta con "la actitud blanda e irresponsable del PP valenciano con los imputados" en este caso.
   Así, ha advertido de que Mallent "recibía órdenes" y ha apuntado que "las principales responsabilidades, más allá de las irregularidades administrativas, se sitúan más arriba". En este sentido, el diputado ha señalado que "el futuro del caso Nóos puede afectar directamente a muchos de los cargos del PP implicados, especialmente a Rita Barberá y a Francisco Camps".
   Blanco también ha pedido a Fabra que "abogue por la transparencia y no por la opacidad y el cierre de filas con los corruptos". El diputado de EUPV ha añadido que espera que el PP "decida afrontar de una vez por todas este caso".
   "Recordamos que hasta ahora ha impedido a Esquerra Unida la tramitación de la comisión de investigación sobre el caso Nóos, nos ha negado documentación y respuestas parlamentarias, y ha vetado nuestra petición de comparecencia de Gerardo Camps y Francisco Camps".

La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía con más traspasos de farmacias en 2011

MADRID.- La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía española donde se registraron en 2011 más traspasos de farmacias, hasta alcanzar un total de 67, según las conclusiones del informe 'Estadísticas de Colegiados y Oficinas de Farmacia 2011'. 

   Por delante de la Comunitat, la región donde más traspasos se produjeron fue Madrid --114 en total, 73 de ellos en capital.
   En el año 2011 abrieron un total de 77 oficinas de farmacia, 63 de ellas en municipios que no son capital de provincia. Esta es la menor cifra de aperturas de farmacias desde 2006, y muestra un receso del 64 por ciento en el sector en comparación a 2010 cuando se abrieron 218 farmacias, 185 de ellas en municipios.
   Asimismo, durante el año se han cerrado 14 oficinas de farmacia (4 menos en 2010), una en capital, se han traspasado 425 farmacias (151 menos) y se han trasladado 133 farmacias (20 menos), según se desprende de las conclusiones del informe 'Estadísticas de Colegiados y Oficinas de Farmacia 2011'.
   Madrid es la provincia donde más farmacias se han abierto, un total de 16, todas ellas en municipios que no son capital de provincia, seguida de Barcelona con un total de 15 aperturas (1 en capital de provincia). Asimismo, Cataluña es la autonomía que recoge más aperturas de farmacias en 2011 (26) seguida de Madrid (16) y Navarra (11).
   Por otro lado, el número de habitantes por farmacia se sitúa de media de 2.202, alcanzando en promedio el valor de 1.944 habitantes por farmacia en capitales de provincia y de 2.350 habitantes por farmacia en el resto de municipios. Desde el año 2000 el número de habitantes por farmacia ha crecido un 6,8 por ciento.
   Por comunidades, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta son las que más población atienden (3.567 y 3432, respectivamente) le siguen por encima de la media Canarias (3.012), País Vasco (2.654), Baleares (2.650), Murcia (2.620), Cataluña (2.441), Asturias (2.366), Andalucía (2.356), Cantabria (2.326), Madrid (2.300) y Comunitat Valenciana (2.239).
   Mientras que Navarra (1.068), Castilla y León (1.567), Extremadura (1.641), Castilla-La Mancha (1.660), Aragón (1.899), La Rioja (2.070) y Galicia (2.086) son las comunidades con menor ratio de habitantes por farmacia.
   El informe, que acaba de hacer público el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos con cifras a 31 de diciembre de 2011, pretende mostrar una "fiel radiografía" de la profesión farmacéutica en España, ya que analiza la situación actual y la evolución de los farmacéuticos colegiados y las oficinas de farmacia tanto en el ámbito nacional, como en el autonómico y provincial.
   En España hay en la actualidad 64.977 farmacéuticos colegiados, un 1,2 por ciento más que en 2010; siendo el 71 por ciento mujeres, lo que la convierte en la segunda profesión sanitaria con mayor tasa femenina después de la Enfermería.
   Concretamente, hay 774 colegiados más que en 2010, lo que supone la tasa de crecimiento anual más alta de los últimos seis años. El 80 por ciento de los colegiados se encuentra en activo, de ellos 44.243 colegiados ejerce en oficina de farmacia, de los que el 54,5 por ciento son propietarios o copropietarios de la misma.
   Dermofarmacia, Alimentación y Ortopedia son, después de oficina de farmacia, las siguientes modalidades con mayor número de colegiados en ejercicio, con el 13,3 por ciento, 11,4 por ciento y 10,5 por ciento respectivamente.
   Andalucía (10.857), Madrid (10.829) y Cataluña (10.253) son las autonomías con mayor número de colegiados, agrupando entre las tres al 49,2 por ciento del número total de colegiados. El número de colegiados ha crecido respecto a 2004 (58.226 colegiados) en un 11,6 por ciento, siendo Canarias la autonomía que mayor crecimiento presenta respecto a 2004, con el 19,1 por ciento. Por el contrario, Castilla y León es la autonomía que registra el menor crecimiento, con un 4,0 por ciento.
 
Siguen sin cobrar las de aquí
 
La plataforma de proveedores de la sanidad pública valenciana denuncia que sigue sin cobrar la deuda anterior a 31 de diciembre de 2011 por parte de la Conselleria. Además, ha asegurado que tampoco han cobrado los suministros efectuados en 2012, ni saben si los cobrarán, ha dicho la organización en un comunicado.    En este sentido, ha recordado que el Plan de Pagos a Proveedores establecido por la Generalitat Valenciana con la financiación del Gobierno central, para regularizar el pago de la deuda existente con nuestras Empresas a fecha 31 de Diciembre de 2011, "no se materializa en datos positivos".
   Al respecto, ha explicado que la Conselleria de Sanidad "no sabe cuando se empezará a pagar la deuda, ni tampoco sabe el mecanismo por el que se llevará a cabo el pago de la deuda".
 "Estamos a mediados de mayo de 2012 y todo sigue igual", ha apostillado.
   "En el mejor de los casos y si el Gobierno central aprueba las Medidas de Control Presupuestario de la Generalitat Valenciana, lo que está por ver a estas alturas, los pagos deberían empezar a producirse entre los meses de junio y diciembre de 2012". Sin embargo, "nos tememos que llegaremos a diciembre de 2012, y habremos estado un año más sin cobrar la deuda de los años anteriores", ha advertido.
   Asimismo, lamentan que el Plan de Pagos, "si llega y cuando llegue" establece una cláusula "impuesta por la Administración en agradecimiento, sin duda", por su "inmensa paciencia", por la que se les "obliga a renunciar a los intereses de demora devengados en tres años de atrasos".
   Por ello, entiende el establecimiento de esta cláusula como una "imposición abusiva" en el contexto de unos empresarios que llevan "tres años esperando cobrar lo que se les debe, y que desesperados por su situación económica se podrán ver obligados a aceptarla". Así, la plataforma pregunta a la administración si considera que es "legítima y honesta esta imposición cuando la espada de Damocles cuelga sobre sus cabezas".
   Por otra parte, ha señalado "todavía no se han empezado a pagar los suministros pactados en los Acuerdos Marco de 2012, es decir que estos suministros, desde diciembre de 2011, están corriendo a cargo de las Empresas Proveedoras".
   "Existe una gran incógnita con respecto al Presupuesto de Sanidad para el año 2012 y por ello una gran parte de los suministros efectuados durante este año ya están en deuda", es decir "no contabilizados", ha agregado. Por ello, advierte de que el problema vuelve a empezar con el año 2012".
   La plataforma indica al respecto que se confía en poder atender estos pagos a través de la emisión de los llamados Hispanobonos, pero "¿qué va a suceder si no se cubren las emisiones de los Hispano Bonos?, porque no sería la primera vez que tal cosa sucede", ha preguntado.
   Además, ha apuntado que "por si la angustia generada para nosotros con lo que acabamos de exponer fuera poca, se añade ahora el anuncio de la privatización de la gestión de los Hospitales Públicos". Esta nueva situación "afectará sin duda razonable alguna a la totalidad de las empresas proveedoras, pero tampoco sabemos cómo ni hasta qué punto nos afectará".
   "Ni lo sabemos nosotros ni lo saben en la Consellería de Sanidad, dónde hemos solicitado una reunión informativa, con el habitual silencio administrativo como única respuesta", ha criticado.
   La plataforma advierte de que esta privatización "dará entrada en el mercado a Multinacionales y Centrales de Compras que darán al traste definitivo con las pequeñas y medianas empresas proveedoras y con la totalidad de sus puestos de trabajo".
   Por todo ello, y de forma irónica, señala que la situación es "la mar de tranquilizadora", ya que continúan sin cobrar la deuda anterior al 31 de diciembre de 2011, y sin saber "cómo ni cuándo cobraremos esa deuda ingente para nuestras economías".
   Además, la plataforma de proveedores critica que se les "obliga a renunciar voluntariamente" al cobro de intereses de su deuda, cuando no cobran tampoco los suministros efectuados en 2012.

Bankia encabeza las provisiones para cubrir eventuales pérdidas en los créditos sanos al 'ladrillo' con 4.722 millones

MADRID.- Los cinco grandes de la banca, Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Popular, habrán de afrontar la mitad de las nuevas exigencias de provisión por importe total de 30.000 millones de euros establecidas por el Gobierno para cubrir eventuales pérdidas en los créditos sanos al 'ladrillo'. Bankia encabeza el volumen de provisiones a acometer, con un total de 4.722 millones de euros. 

   Estas cinco entidades financieras aportarán un total de 14.925 millones de euros para cubrir con los nuevos requisitos del real decreto ley de saneamiento aprobado por el Ejecutivo el pasado viernes con el objetivo de disipar las dudas de los inversores sobre la salud del balance del sistema financiero español.
   Bankia encabeza el volumen de provisiones a acometer, con un total de 4.722 millones de euros, y Caixabank se coloca en el segundo puesto con 3.389 millones, importe que incluye el esfuerzo de Banca Cívica, en proceso de integración con la entidad que preside Isidro Fainé.
   El Santander provisionará 2.700 millones, Popular otros 2.314 millones, que también incluyen el esfuerzo correspondiente al recientemente adquirido Banco Pastor, mientras que BBVA ha cifrado en 1.800 millones de euros el impacto que deberá afrontar tras el segundo decreto de saneamiento financiero.
   La banca española deberá destinar otros 30.000 millones de euros para provisionar créditos al sector inmobiliario y promotor sanos que aún no registran incidencias de pago. Este esfuerzo se suma al del saneamiento por importe de 52.000 millones que el Ejecutivo fijó el pasado mes de febrero.
   El ministro de Economía, Luis de Guindos, justificó la medida por considerar imprescindible mantener el esfuerzo reformador en el sistema financiero para garantizar la solvencia y la ausencia total de dudas sobre las entidades.
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos recalcó que es complicado calcular el importe potencial de dinero público que podría destinarse a las entidades en caso de que lo necesiten para cumplir con las exigencias previstas por norma.
   En cualquier caso, sostuvo que el dinero público será claramente inferior a los 15.000 millones de euros y se articulará a través de bonos contingentes convertibles, vulgarmente conocidos como 'cocos', que se pagan a un tipo de interés del 10%.

El Bigotes y Herrero se acogen al derecho a no declarar en la causa de presunta financiación irregular del PPCV

VALENCIA.- El dueño de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', y el exconsejero delegado de esta firma, Cándido Herrero, han acudido este lunes al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde estaban citados como imputados en la conocida como causa por la presunta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) derivada del 'caso Gürtel', pero han decidido acogerse a su derecho de no declarar. 

   Pérez, que estaba citado a las 12.00 horas, ha llegado a la sede del TSJCV sobre las 11.45, andando, con gafas oscuras, semblante serio y junto a su abogada. 'El Bigotes' ha sido recibido por numerosos periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión, ante los que ha pasado sin decir nada.
   Ha permanecido en el interior del Palacio de Justicia hasta poco después de las 12.00 horas. A la salida ha sido de nuevo rodeado por los redactores y gráficos y les ha indicado que no ha declarado y que si no lo había hecho ante el juez tampoco iba a hablar a la prensa.
   "Vamos a ver, vamos a ver. Buenos días, no he declarado. Si no declaro arriba, tampoco voy a declarar nada para ustedes. No voy a hacer ninguna declaración. ¿De acuerdo? Por favor, buenos días", ha afirmado Pérez abriéndose paso entre los periodistas, fotógrafos y cámaras.
   Asimismo, preguntado por si se estaba tranquilo, Álvaro Pérez no ha respondido y ha seguido andando junto a su abogada hacia la calle Colón de Valencia.
   Por otro lado, Cándido Herrero, citado para las 10.30 horas de este lunes, ha llegado al TSJCV antes de las 10.00 horas y lo ha abandonado sobre las 10.50 horas. A la salida y sin pronunciar palabra ha sido perseguido por los representantes de la prensa y ha llegado a correr para evitarlos y eludir las cámaras.
   Esta semana también acudirán a declarar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana como imputados el expresidente de Special Events, Pablo Crespo, y el presunto líder y propietario de las empresas de la trama, Francisco Correa, para declarar en la conocida como 'causa de financiación' derivada del 'caso Gürtel'. Ambos lo harán mañana martes, a las 10.00 y a las 11.30 horas respectivamente.
   Pérez, Herrero, Crespo y Correa ya tuvieron que acudir al tribunal valenciano el pasado mes de diciembre, cuando fueron citados a declarar, en calidad de testigos, en la causa en la que se juzgaba al expresidente de la Generalitat y del PPCV Francisco Camps y al ex secretario general de esta formación y diputado en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, acusados de haber recibido trajes como regalo de la trama.
    La causa de presunta financiación irregular del PPCV llegó a Valencia el 25 de mayo de 2011, cuando el TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial planteada por el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, dentro del 'caso Gürtel'. Además, el tribunal valenciano decidió no acumular esta causa con la de los trajes, al no ver relación directa entre el pago de prendas de vestir y los actos de contratación por parte de la Generalitat.
   En concreto, el magistrado instruye la causa por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007, y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.

El 98,99% de los accionistas del Banco de Valencia aprueba la reestructuración propuesta por el FROB

VALENCIA.- Los participantes en la junta general de accionistas de Banco de Valencia celebrada este lunes han aprobado la reestructuración de capital propuesta por el FROB con un 98,99 por ciento del capital representado en la sesión, a la que han asistido 12.889 accionistas  --567 en persona y 12.322 representados-- que representaban un 79,77 por ciento del capital. Se ha pronunciado en contra el 0,27 por ciento, mientras que el 0,74 por ciento restante se ha abstenido.

   Así lo ha dado a conocer el administrador del FROB Juan Antonio Iturriaga en la recta final de las cerca de seis horas que ha durado la sesión, en la que también se ha dado luz verde a las cuentas anuales --con el 76,78% de los accionistas a favor, el 3,88% en contra y una abstención del 19,34%-- y a la gestión social --con un 7% a favor, un 4,14% en contra y una abstención del 88,86%--.
   De hecho, se han aprobado todos los puntos del orden del día tales como la propuesta de aplicación de resultados --con un 76,71% a favor--, la autorización para realizar emisiones de deuda --con un 98,10 por ciento a favor-- y solicitar la admisión a cotización en mercados secundarios de valores --con un 97,89% a favor--, y el informe anual sobre la política de retribuciones de los consejeros --con un 74,47% a favor y una abstención del 21,36%--.
   Así, se efectuará una reducción del capital social por valor de 24,6 millones de euros, con lo que éste pasará de 123,1 a 98,5 millones, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las 492.528.772 acciones de 0,25 euros a 0,20 euros por acción.
   Seguidamente, se ampliará capital hasta un máximo de mil millones de euros a través de una emisión de hasta cinco mil millones de acciones acumulables e indivisibles --también con un valor de 0,20 euros por acción y numeradas correlativamente a partir de la 492.528.773--, en la que los actuales accionistas podrán ejercer su derecho de suscripción para mantener su porcentaje actual a razón de una acción antigua por once nuevas. En caso contrario, éste se diluiría hasta en torno a un 9 por ciento tras esa reestructuración, mientras que el FROB ostentaría el 91 por ciento restante.
   En su intervención, el administrador del FROB en Banco de Valencia Juan Antonio Iturriaga ha defendido que se trata de "la mejor solución posible" para "evitar la liquidación" y garantizar la viabilidad de la entidad y puesto que, además, reconoce un valor "acorde a mercado" de la entidad, permite cumplir los ratios de solvencia exigidos con la entrada de esos mil millones del Fondo de Depósitos o el FROB y "preserva claramente los derechos fundamentales de los accionistas", a quienes da derecho de suscripción preferente.
   "Comprendo su sentir y su decepción", pero "no hay duda de que es la mejor solución posible", ha dicho a los accionistas, ante quienes ha defendido pacientemente la valoración efectuada y el procedimiento seguido en Banco de Valencia. "No hemos aplicado criterios que sean ni diferentes, ni adversos, ni directos, simplemente los que recogen las normas del Banco de España", ha sentenciado.
   Según Iturriaga, la situación patrimonial de la entidad "en este momento es muy delicada", ya que presenta "un hueco de liquidez de 10.000 millones de euros teniendo un balance de entre 21.000 y 22.000 millones de euros". Además, en su detallada réplica a las cerca de 40 intervenciones de accionistas, ha apuntado que "no es descartable que la tasa de morosidad supere ampliamente el 20 por ciento".
   En su pronunciamiento inicial ha dicho que "no es el momento de mirar al pasado y analizar las causas" de esa situación y que "hay tiempo" para que "tomen forma y avancen" los procesos pertinentes sobre esa cuestión. De hecho, posteriormente ha anunciado que están "elaborando un informe muy amplio y preciso" y que, en base a ese documento, "en fechas no muy alejadas" iniciarán "alguna acción legal significativa derivada de los hechos y circunstancias" acaecidas en la entidad que ya van "conociendo y documentando progresivamente".
   Esas acciones legales se sumarían a la querella que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, interpuesta por la asociación de accionistas Apabankval contra los miembros del consejo por presunta falsedad contable, administración desleal y delito societario. También se les unirá la acción social de responsabilidad que la junta ha aprobado que se ejerza contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja --a la que representaba en el consejo--, contra el ex consejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, contra Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y también contra Aurelio Izquierdo, como ex consejero delegado y expresidente.
   Esa propuesta ha sido formulada durante la junta por Xavier Sierra y se ha votado de forma separada a la planteada por Diego Muñoz Cobo --abogado encargado de la querella de Apabankval--, que también quería promover la acción social de responsabilidad contra todos los exconsejeros de Banco de Valencia. Antes de proceder a las votaciones, el representante de Bancaja ha comunicado su abstención.
   Entre las intervenciones de accionistas, el presidente de la Asociación para Defensa de los Accionistas del Banco de Valencia (Pro Banco Valencia), Vicente Simó, ha culpado a "Bancaja y después BFA" de ser el "único responsable de la mala gestión que ha llevado a esta situación", como accionista principal, y ha pedido al Banco de España que exija responsabilidades, además de reprocharle que no detectase "a su debido tiempo" las "irregularidades" cometidas.
   Pro Banco Valencia ha representado en la junta un 10 por ciento del capital --800 accionistas y 500 millones de títulos-- y, para lograr que la entidad "perviva" y al igual de la mayoría de quienes han tomado la palabra, ha votado a favor de la propuesta del FROB, pese a las discrepancias respecto a su valoración de la entidad y a las reiteradas críticas hacia la gestión, la actuación de Bancaja y la responsabilidad del Banco de España en el proceso.
   Por su parte, la ex consejera Agnès Noguera ha manifestado que "no se entiende" que el principal socio del banco --Bancaja y después BFA-- "pretenda presentarse como ajeno a la situación" de la entidad en lo que considera "una huída hacia adelante". Además, ha defendido que los consejeros "no ligados a la gestión" son "perdedores de un juego" al igual que el resto de accionistas porque no recibieron ni la "información" oportuna ni la "oportunidad para decidir".
   Al futuro socio de referencia, Noguera le pide que "aprecie el valor intangible del banco", al igual que han reclamado multitud de accionistas particulares, quienes han realizado una férrea defensa de la valencianía del banco y han llegado a advertir de las consecuencias que tendría "traicionar" ese sentimiento con una operación a la que algunos han tildado de "estafa" o "expropiación".
   Ante esas críticas, Iturriaga ha se ha comprometido a "poner el énfasis máximo" para que los potenciales compradores atiendan a "consideraciones que no se tienen en cuenta en la valoración por no ser objetivas" al conformar su "percepción" acerca de la entidad.
   En abril, repartieron el cuaderno de ventas entre las entidades interesadas y recibieron cinco ofertas no vinculantes. En la actualidad, trabajan en la fase de 'due dilligence' y cuando esas entidades acaben de analizar la información, "previsiblemente a mediados o finales de junio", presentarán sus ofertas y el FROB elegirá la mejor en función de su coste para el erario público, así como de la capacidad financiera y de gestión de esas entidades.

Banco de Valencia aprueba ejercer acción social de responsabilidad contra los antiguos gestores

VALENCIA.- Los participantes en la junta general de accionistas de Banco de Valencia celebrada este lunes han aprobado la propuesta de ejercer la acción social de responsabilidad contra antiguos gestores de la entidad, en concreto, contra el expresidente José Luis Olivas y Bancaja --a la que representaba en el consejo--, contra el ex consejero delegado Domingo Parra y Bancaja Seguros, contra Antonio Tirado y Valenciana de Inversiones Mobiliarias, y también contra Aurelio Izquierdo, como ex consejero delegado y expresidente.

   Esa propuesta ha sido formulada durante la junta por Xavier Sierra y se ha votado de forma separada a la planteada por Diego Muñoz Cobo, que también quería promover la acción social de responsabilidad contra todos los exconsejeros de Banco de Valencia. Antes de proceder a la votación de ambas, se ha abstenido el representante de Bancaja.
   En concreto, la primera ha salido adelante con el 6,03 por ciento de los votos a favor, el 5,61 por ciento en contra y un 88,36 por ciento de abstenciones, mientras que la segunda ha sido rechazada por el 29,23 por ciento y apoyada por un 1,27 por ciento, con el 69,49 por ciento restante correspondiente a abstenciones.
   De este modo, la sociedad --Banco de Valencia-- promoverá ante los tribunales una acción civil contra los administradores con la finalidad de resarcir los daños y perjuicios ocasionados por su gestión. De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores responden frente a la sociedad del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo.
   En esa sesión, que se ha prolongado durante cerca de seis horas, también se ha aprobado la reestructuración de capital propuesta por el FROB con un 98,99 por ciento del capital representado, a la que han asistido 12.889 accionistas  --567 en persona y 12.322 representados-- que representaban un 79,77 por ciento del capital. Se han pronunciado en contra el 0,27 por ciento de los accionistas, mientras que el 0,74 por ciento se ha abstenido.
   Así lo ha dado a conocer el administrador del FROB Juan Antonio Iturriaga cuando se cumplían ya las cinco horas de sesión, en la que también se ha dado luz verde a las cuentas anuales y a la gestión social, en este último caso con una abstención del 88,86 por ciento.

El juez del caso 'Nóos' imputa a un alto cargo del Consell

VALENCIA.- El juez que instruye la pieza separada número 25 del caso Palma Arena, José Castro, ha imputado este lunes a dos nuevas personas en Valencia: al actual secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón, quien anteriormente ocupó el cargo de responsable de Grandes Eventos del Consell; y a la que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y posteriormente máxima responsable de esta sección en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), María Ángeles Mallent. Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación.

   Tanto Lobón como Mallent estaban citados a declarar este lunes junto a otras 14 personas en calidad de testigos por los contratos entre el Consell y el Instituto Nóos. Pero finalmente, tras pedirlo las partes --acusación popular y Fiscalía--, los dos han sido imputados y serán citados a declarar próximamente en esta condición en compañía de un abogado.
   Junto a ellos, son seis las personas imputadas por el juez en Valencia, ya que previamente lo han sido la exdirectora de gestión de Cacsa entre los años 2003 y 2008, Elisa Maldonado; y los que fueran directores generales de la institución José Manuel Aguilar (2003-2005) y Jorge Vela, que lo reveló en el cargo hasta 2009. También está imputado el empresario valenciano Miguel Zorío. A la exsubsecretaria de Presidencia y actual secretaria de Delegación de Gobierno, Isabel Villalonga, le consta una imputación policial, pero no judicial.
   Este lunes, la primera persona en ser imputada ha sido Mallent por presuntas irregularidades en las contrataciones con Nóos. Según han informado fuentes conocedoras del caso, el magistrado ha decidido imputarle después de que ésta no haya aclarado la ausencia de un informe jurídico sobre el contrato que se firmó entre Cacsa y el Instituto Nóos, que dirigía Iñaki Urdangarin, en 2004.
   El ministerio fiscal ha solicitado la imputación porque no se hizo ningún tipo de informe jurídico, ni sobre la necesidad y utilidad pública de la contratación, ni sobre el procedimiento a seguir para poder contratar, lo que considera necesario. La trabajadora de Cacsa ya reconoció el pasado 2 de diciembre, en su declaración ante responsables del Grupo de Delicuencia Económica, que el "área jurídica se limitó a confeccionar un convenio ya pormenorizado en detalles" y que "no se emitió ningún informe de carácter jurídico que les responsabilizara".
   El segundo en pasar a la condición de imputado ha sido Luis Lobón, quien antes de comenzar a declarar ha sido advertido por el juez de la obligación que tenía a decir la verdad, y le ha pedido que fuera serio y que no contestara con evasivas. Así, Lobón ha comenzado su testimonio explicando la responsabilidad que tenía en su cargo de Grandes Eventos de la Generalitat y a la relación que mantenía con la fundación Valencia Convention Bureau. Al ser preguntado por cuál era la jerarquía, ha mantenido en todo momento que no había una fuerza jerárquica, si no de dependencia, de igualdad, han indicado las mismas fuentes.
   En ese momento, el actual secretario autonómico de Turismo ha negado que recibiera órdenes de arriba para contratar con el Instituto Nóos, y ha expuesto que se contrató con esta entidad tras decidirlo la dirección de Proyectos, ante la importancia del evento y la trascendencia.
   Pero el juez se ha visto obligado a interrumpir la declaración cuando Lobón, a preguntas del fiscal, estaba explicando cómo contactó con el instituto. Estaba explicando que no se acordaba exactamente si recibió una llamada del instituto, o del consejo, que no lo recordaba. En ese momento, el magistrado ha ordenado su imputación en el procedimiento.
   El resto de testigos --14-- que han asistido a prestar declaración han mantenido su condición. Entre ellos, estaba el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, quien se ha ratificado en su declaración anterior y ha justificado los contratos con el Instituto Nóos por ser "razonables" y con un "precio ajustado". A Grau se le ha solicitado cuentas y contratos de la fundación municipal Valencia Convention Bureau, para que los aporte a la causa.
   Grau ha declarado que las cuentas de esta fundación valenciana están "auditadas, fiscalizadas y depositadas en el registro de fundaciones de la Generalitat". También ha dicho que están aprobadas por sus órganos de gobierno, "teniendo en cuenta que se trata de una fundación de derecho privado. Por tanto, está sometida a un régimen distinto al de la Administración Pública".
   Además, ha explicado que se contrató con Nóos porque "ofrecía una propuesta razonable" y porque, además, "planteaba traer personalidades relevantes del mundo del deporte para promocionar la ciudad, cosa que en aquellos momentos buena falta hacía. Y a la vista están los resultados".
   Grau también ha subrayado que "la repercusión que ha tenido el evento deportivo y toda la promoción que se hizo ha supuesto para la ciudad unos 4.000 millones de euros, que no es ninguna broma. Si lo comparamos con eso, es casi calderilla", ha añadido. Así, preguntado por si considera barato el precio de contratación, ha dicho: "no digo que sea barato, fue un precio ajustado. Los actos que se contrataron se realizaron y se pagaron".
   El resto de testigos que ha pasado este lunes por la Ciudad de la Justicia de Valencia han coincidido en lo mismo: han afirmado que el precio pago al instituto Nóos estaba "preconcebido" y que "parecía razonable". También han señalado que los miembros del sector jurídico estudiaban los contratos y daban el visto bueno, y han añadido que si no hubiera estado el duque Iñaki Urdangarín de por medio, todo "hubiera sido menos razonable".  
   Asimismo, el expresidente del Valencia y empresario Francisco Roig, el del máximo dirigente del Villarreal, Fernando Roig, y el exdirectivo del Valencia Juan Bautista Soler, se han ratificado ante el juez en sus declaraciones anteriores.

Imputan a una quinta persona en Valencia por los contratos con el Instituto Nóos

VALENCIA.- El juez que instruye la pieza separada número 25 del caso Palma Arena ha imputado a una quinta persona en Valencia por los contratos entre el gobierno valenciano y el Instituto Nóos. Se trata de María Ángeles Mallent, la responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y número dos de Jorge Vela --exdirector general de esta institución--.

   El magistrado ha adoptado esta decisión después de tomarle declaración en Valencia en calidad de testigo. Tras el interrogatorio, las acusaciones y la Fiscalía han solicitado su imputación, algo a lo que el juez ha accedido.
   Junto a Mallent, son cinco los valencianos que han sido imputados hasta el momento por el conocido como 'caso Nóos', cuatro de ellos altos cargos o relacionados con la Administración. Las primeras imputaciones recayeron sobre la exdirectora de gestión de CACSA entre los años 2003 y 2008, Elisa Maldonado; y los que fueran directores generales de la institución José Manuel Aguilar (2003-2005) y Jorge Vela, que lo reveló en el cargo hasta 2009. También está imputado el empresario valenciano Miguel Zorío.
   En esta jornada han declarado ya 10 personas, entre ellas, el expresidente del Valencia y empresario Francisco Roig, el del máximo dirigente del Villarreal, Fernando Roig, y el exdirectivo del Valencia Juan Bautista Soler.

Hacienda prevé el control de los 2.000 ayuntamientos sin plan de ajuste

BARCELONA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avanzado este lunes que su ministerio deberá "hacer" los presupuestos de los 2.000 ayuntamientos que no pueden hacer frente al pago de proveedores y no cuentan con plan de ajuste.

   En declaraciones a la prensa tras una conferencia organizada por el Círculo de Economía en Barcelona, ha añadido que "para este verano, antes de vacaciones", el Gobierno tendrá a punto el plan para los entes locales españoles.
   Con este plan, el Ejecutivo central velará por que las administraciones locales españolas no realicen actividades "que no pueden" por competencias o recursos, así como que no se dupliquen con otros niveles de administración, ha explicado.
   En todo caso, durante la conferencia ha recordado el apoyo del Gobierno a entes locales y comunidades autónomas para el pago de proveedores si cuentan con planes de ajuste aprobados, con ayudas que se empezarán a distribuir a finales de este mes.