Alarte considera "vergonzoso" que Fabra "responsabilice a los valencianos del exceso y la corrupción"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha afirmado este sábado que es "vergonzoso" que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "responsabilice a las familias valencianas del exceso, despilfarro y corrupción del PPCV que nos ha llevado a la quiebra". 

   Alarte se ha expresado de esta manera en un comunicado en relación a las declaraciones de Fabra, quien ha afirmado que "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ahora lo estamos pagando".

   Alarte, que ha asistido al tradicional Mercado dels Borja que la localidad valenciana de LLombai, ha apuntado que "el único responsable de la quiebra de la Generalitat Valenciana es Fabra y su partido, el PPCV, porque fueron ellos quienes malgastaron 5.257 millones de euros en derroche y grandes eventos".

   "Han sido ellos quienes, con las empresas públicas que gestionan, la RTVV y los grandes fastos, desde 2001, han consumido 2.755 millones de euros públicos y han generado una deuda de 2.507 millones más", ha precisado.

   El dirigente socialista ha calificado de "cínico e inaceptable" que ahora Fabra "diga que los responsables de la quiebra son los ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo las consecuencias de la mala gestión, ineficacia y derroche de los Gobiernos del PPCV". "Es directamente mentira", ha señalado.

   Alarte ha criticado que Fabra "haya tomado la decisión de que la quiebra de la Generalitat la paguen ahora nuestros médicos, maestros, enfermeros, ATS y en general los valencianos y valencianas, pagando más cara la gasolina y subiendo los impuestos a las clases medias".

   "Lo que Fabra está consiguiendo, al reducir la inversión pública, es más paro y que los valencianos y valencianas pasen más penuria". "Eso sí, --ha lamentado--, muchas vaguedades y muchas mentiras, pero la Fórmula 1 se volverá a hacer en julio; muchas mentiras y vaguedades, pero no afronta el problema real: que elimine los 1.000 millones de euros del Decreto-Ley del Consell de los más de 2.500 que gastan en fundaciones innecesarias, organismos y grandes eventos", ha reclamado.

   Por otro lado, Alarte ha reconocido que "el modelo de financiación autonómico no es bueno", motivo por el que "Rajoy debe revisarlo inmediatamente, tal como le pidieron las Corts Valencianes por unanimidad". 

"Ahora es su responsabilidad", ha remarcado.

   "Pero estamos convencidos de que si Fabra y el PPCV hubieran tenido más recursos, con un modelo de financiacion autonómica mejor, lo que hubieran hecho con ese dinero es más grandes eventos, más despilfarro, más corrupción y, por tanto, más quiebra", ha agregado.  

   El síndic socialista en las Corts ha criticado que el PPCV "se ha equivocado los últimos 16 años y, lamentablemente, Fabra sigue equivocándose".

"Nadie podrá creer en esta Generalitat mientras Fabra no depure responsabilidades por el despilfarro y los grandes eventos, cesando en sus responsabilidades dentro del PP a Francisco Camps, a Ricardo Costa, a la Rita Barberà de la Fórmula 1, el Rus de los excesos de todo tipo, y a quien él mismo apadrinó, consintió, obedeció y aplaudió mientras construía el Aeropuerto sin aviones de Castellón y la escultura de 300.000 euros de la vergüenza, a Carlos Fabra", ha concluido.

La morosidad de las administraciones supone un foco de destrucción

MÁLAGA.- El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA, Lorenzo Amor, ha advertido este sábado de que la morosidad en las administraciones públicas supone "un foco de destrucción de empresas, autónomos y empleo", por lo que ha destacado la necesidad de que haya austeridad en las mismas como "medida de apoyo" al sector.

   En concreto, ha explicado, en la Convención Regional del PP que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga hasta este domingo, que "el derroche" genera morosidad pública, la cual ha supuesto 36.000 autónomos y 94.000 empleos menos. Asimismo, ha indicado que estas administraciones adeudan 2.242,23 millones a los autónomos andaluces, que ya han adelantado 251 millones en concepto de IVA de facturas no cobradas.

   Además, ha señalado que la deuda de las administraciones públicas generan menos crédito disponible para empresas, autónomos y familias, ya que, según Amor, copan "el 70 por ciento" del mismo. Por ello, ha enumerado algunas medidas que, a su juicio, debieran ponerse en marcha para afrontar esta situación, como un régimen sancionador para los gestores públicos que no cumplan "escrupulosamente" con la Ley de Morosidad.

   Asimismo, el presidente de Autónomos-ATA ha considerado necesario una "priorización" de los pagos a autónomos y pymes, así como llegar a un acuerdo para poner en marcha una línea ICO solicitada y gestionada por las entidades financieras para poder cobrar facturas impagadas con un importe inferior a 6.000 euros.

   La hoja de ruta planteada por la federación, que aboga por "un giro radical" en la política económica andaluza y "una idea clara de hacia donde enfocar las medidas y las reformas necesarias para una salida definitiva y duradera de la crisis y una economía saneada y competitiva"; se sustenta en otros tres ejes.

   En primer lugar, actuar sobre las relaciones laborales, el diálogo social, el empleo y la formación, con una mesa del autónomo para el desarrollo de la Ley Andaluza del Autónomo; garantizar la liquidez en los pequeños negocios, y, por último, la puesta en marcha de un plan o una ley integral para fomentar las iniciativas del emprendedor.

   En este punto, ha mencionado la autorización "única y express" para la creación de empresas válida en todo el territorio nacional; la creación de una red de oficinas técnicas de asesoramiento al emprendedor; cotizaciones sociales en los primeros 24 meses para los menores de 30 años y mayores de 45; la creación de un fondo de capital semilla mixto público-privado y la inclusión de asignaturas sobre emprendimiento desde el inicio del sistema educativo.

   Amor ha lamentado que "durante la crisis se ha asistido con indiferencia a la desertización del tejido empresarial andaluz y a la desaparición de miles de autónomos". Es decir, "se ha intentando combatir las consecuencias, el paro, pero no el origen, la destrucción de empleo, igual que cuando se combate la fiebre, pero no la enfermedad", ha explicado.

El juez Castro indaga si la empresa pública de González Pons operó con entidades 'pantalla'

PALMA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma, José Castro, instructor del caso Palma Arena, está investigando dentro de la pieza centrada en el presunto desvío de fondos a través del Instituto Nóos, si la empresa que presidió el dirigente del PP Esteban González Pons --la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana--, operó con entidades que pudieran ser consideradas 'pantalla' o sociedades interpuestas.

   Para ello, el magistrado ha oficiado a la Agencia Tributaria para que aporte a las pesquisas de la pieza separada número 25 cuantos datos consten sobre las operaciones económicas efectuadas con terceros por parte de la Sociedad Gestora, que en diciembre de 2005 firmó un convenio con Nóos por seis millones de euros para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos, que nunca llegarían a celebrarse.

   En concreto, en el acuerdo, aparecen plasmadas las firmas de González Pons, del exvicepresidente de la Generalitat valenciana, Víctor Campos, y del exsocio de Nóos Diego Torres, en la actualidad uno de los principales imputados en el marco de estas investigaciones junto al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, quien presidió la entidad entre los años 2004 y 2006.

   Tal y como reza el convenio, la intención de la empresa dependiente de la Generalitat pasaba por contar con la colaboración de Nóos en el diseño de "un gran evento polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como referente en la organización de grandes eventos deportivos", denominado genéricamente Juegos Europeos.

   Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales-, a pesar de que el Instituto Nóos acabó percibiendo por el convenio un total de 382.203 euros procedentes de los fondos de la Generalitat.

   De hecho, el área jurídica de la Administración pública ya indicaba en un informe fechado el 21 de diciembre de 2005 que, puesto que el convenio establecía una previsión de financiación para los años 2006 y 2007, se trataba de un expediente de tramitación anticipada del gasto por lo que su eficacia quedaba condicionada a la efectiva existencia de crédito "adecuado y suficiente". Precisamente, por estos hechos está citado a declarar González Pons como testigo el próximo 15 de mayo.

El PSPV asegura que el PP está dirigiendo desde Madrid el "expolio" de RTVV

VALENCIA.- El portavoz socialista en la Comisión de Control a Radio Televisión Valenciana (RTVV), Josep Moreno, ha lamentado que quien está dirigiendo "el desmantelamiento de las televisiones públicas autonómicas y de la valenciana sea el PP desde Génova con el consentimiento y beneplácito de Fabra y su Consell". 

   Moreno, en un comunicado, ha denunciado que el presidente de la Generalitat, Fabra, y su Consell "autoricen, con su silencio, el expolio que pretende ejecutar el PP, al entregar las televisiones públicas autonómicas, y por tanto el patrimonio de todos los españoles, a los intereses empresariales de sus amigos de siempre".

   Asimismo, ha lamentado que "ahora, después de que Fabra y el PPCV de los últimos 16 años haya llevado a la quiebra a la radiotelevisión pública, con el exceso, el despilfarro y la corrupción que ha estado más que presente en la RTVV, las pérdidas las tengamos que pagar entre todos los valencianos y valencianas, mientras que las ganancias se las llevarán otros".

   El diputado ha explicado que los 'otros' a los que se refiere son "los mismos intereses empresariales que han colaborado en las campañas electorales del PP, los mismos que han llevado a las televisiones públicas autonómicas a los peores niveles de audiencia y a las lamentables cuotas de desprestigio que hoy día tiene, concretamente, la Radio Televisión Pública Valenciana".

   Josep Moreno ha calificado de "imperdonable" que en un momento en el que "se amenazan directamente los puestos de miles de trabajadores, como es el caso de la Radio Televisión Pública Valenciana, ni oculten, ni se tomen las molestias de disimular que todo es una farsa ya que todas las modificaciones legales y las propuestas corresponden a un plan urdido desde Génova, que es quien al final pretende entregar todas las televisiones públicas autonómicas a sus amigos".

   "Los socialistas valencianos vamos a defender el carácter público de la televisión y no vamos a permitir ni un solo despido de profesionales, mientras se mantenga a los directivos enchufados del PP", ha apuntado Moreno.

   En este sentido ha afirmado que lo que RTVV necesita es un modelo de gestión "público, sostenible y razonable, tal y como figura en la propuesta que los Socialistas Valencianos presentamos en el documento 'Base para una nueva Ley de Televisión Pública'".

   Moreno ha asegurado que los socialistas valencianos "jamás avalaremos ni la privatización del ente, ni el despido masivo de trabajadores sin que exista un modelo claro y viable que solucione el agujero negro de 1.250 millones de deuda que se han generado a base de corrupción, exceso, nepotismo, despilfarro, manipulación y falta de pluralismo".

Sanz (EUPV) dice que las movilizaciones contra los recortes "obligan" a Fabra a retirar el decreto

VALENCIA.- La portavoz del grupo parlamentario de Esquerra Unida en Les Corts, Marga Sanz, ha señalado este sábado que las movilizaciones contra los recortes anunciados por el Consell "obligan" al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a retirar un decreto que "se ceba con el personal del sector público" e incluye "recortes brutales que afectan a su salario actual y a sus prestaciones". 

   En un comunicado, la diputada ha señalado que si el Ejecutivo autonómico no da marcha atrás en este paquete de medidas para reducir el déficit las movilizaciones irán en aumento. Asimismo, ha apuntado que los recortes "amenazan gravemente el buen funcionamiento de los servicios públicos", especialmente en educación y sanidad.

  "No son medidas temporales, puesto que a los trabajadores públicos no se les devolverán las pérdidas que tengan durante los próximos dos años", ha agregado Sanz, que ha criticado que mientras tanto "los altos cargos y sus asesores se salvan del recorte".

   Sanz ha insistido en que si los responsables de la administración "se equivocaron, como reconoce el propio Fabra, no rectifiquen haciendo lo mismo" y ha pedido medidas que apuesten por la economía productiva y por la creación de puestos de trabajo.