sábado, 26 de marzo de 2011

El Papa dice que la precariedad laboral dificulta las condiciones de la sociedad


CIUDAD DEL VATICANO.-El papa Benedicto XVI advirtió hoy de que las "condiciones difíciles o precarias" del trabajo "convierten en difíciles y precarias las condiciones de la sociedad misma, las condiciones de vivir de forma ordenada en base a las exigencias del bien común". 

Benedicto XVI así lo manifestó en un discurso a los peregrinos de la diócesis italiana de Terni, a los que recibió en audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano, y en el que subrayó que "el trabajo es uno de los elementos fundamentales tanto para la persona como para la sociedad".
El Pontífice se refirió al problema del paro y recordó que en su tercera encíclica, "Caritas in veritate", exhortó a perseguir "como prioridad el objetivo del acceso al trabajo y de su mantenimiento para todos".
Subrayó la "angustia" que genera en las familias la precariedad laboral que afrontan los jóvenes e hizo un llamamiento para que se concentren esfuerzos con el fin de acabar con las muertes y los accidentes laborales.
Asimismo, advirtió de cómo, "con frecuencia", el trabajo es visto como "un instrumento para obtener ganancias" e incluso como "un medio para la explotación", con lo que, dijo, se "ofende la dignidad de las personas".
El Pontífice lamentó también que en la sociedad actual "el ritmo de consumo" hace que se corra el riesgo de perder "el sentido de la fiesta del Domingo como el día del Señor y de la comunidad".

Cerca de 60.000 personas se manifiestan en Valencia contra la corrupción y para pedir la dimisión de Camps

VALENCIA.- Cerca de 60.000 personas, según los organizadores, se han concentrado este sábado en las calles de Valencia con motivo de la manifestación convocada por la plataforma ciudadana 'Col.lectiu contra la corrupció' para manifestarse contra la corrupción y exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. 

   Durante la marcha --que ha comenzado pasadas las 18.00 horas--, que ha sido calificada por los convocantes como un éxito", los participantes han mostrado pancartas con lemas como 'No a la corrupción, Camps dimisión' o carteles con muñecos recortados en forma de chorizo con las figuras del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, Álvaro Pérez 'El Bigotes', la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el coordinador de Economía en las Corts, Ricardo Costa, y el propio jefe del Consell. Asimismo, un estandarte al frente de la marcha mostraba un lazo negro en señal de duelo por las víctimas de la corrupción.
   También se han escuchado eslóganes como 'Camps dimisión', 'Te quiero un huevo, quiero un traje nuevo', 'No nos mires, a ti también te roban' o 'El president a Picassent'.
   Al inicio de la protesta se ha registrado un incidente, cuando un pequeño grupo de una decena de personas han enarbolado pancartas contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lo que ha provocado las protestas de los asistentes, que les han acusado de "provocar".
   Entre los manifestantes se encontraban dirigentes políticos socialistas, como el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acompañado de la secretaria provincial del partido en Valencia, Carmen Martínez, o el portavoz socialista en la cámara autonómica, Ángel Luna.
   Asimismo, también han estado presentes en la marcha el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, y las diputadas del grupo Mónica Oltra y Mireia Mollà.
   La portavoz del colectivo organizador, Reyes Matamales, ha señalado que su organización denunciará la corrupción "sea del partido que sea", aunque ha admitido que en este caso "es del PP y de Camps". "Queremos unas instituciones transparentes y que el PP dé explicaciones a los ciudadanos y a la oposición de la --presunta--financiación ilegal y de dónde están nuestros impuestos", ha agregado.
   Alarte ha indicado ante los medios que, independientemente del número de ciudadanos congregados hoy en Valencia, está seguro de que "en sus casas hay miles, y me atrevería a decir millones, de valencianos que tampoco les gusta lo que ven". Por ello, ha pedido que las instituciones "vuelvan a funcionar bajo criterios de honestidad y honradez".
   Por su parte, Enric Morera ha señalado que el objetivo de la marcha es "pedir la regeneración democrática" de las instituciones valencianas, por lo que, ha insistido, "los partidos no deberían llevar en sus listas imputados y tránsfugas".
   La manifestación, convocada a las 18.00 horas en la plaza de San Agustín de Valencia, se ha dirigido hasta el hasta el Palacio de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la calle de San Vicente, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, desde donde la marcha ha girado hacia la calle de las Barcas para desembocar en el Parterre y en la plaza de Alfonso el Magnánimo, sede del máximo órgano judicial de la región, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto titulado 'No a la corrupción. Camps dimisión'.
   Fuentes policiales han confirmado que mientras la cabecera de la marcha se situaba frente al TSJCV, la cola de la misma permanecía todavía en la calle de las Barcas, aunque no han precisado cifras.
   El manifiesto, con referencias al 'caso Gürtel', proclama la "defensa de la democracia" en la Comunitat y advierte de que está "acosada por el cáncer de la corrupción y el abuso de poder". En este sentido, insiste en que la corrupción, "lejos de ser un hecho aislado, se ha convertido, con los sucesivos gobiernos del PP, en una práctica sistemática".
   De esta manera, han denunciado la "connivencia de la Generalitat con la mayor trama de corrupción conocida en la era democrática" de España. Esta situación, han lamentado, está "colapsando la vida pública, los recursos financieros y el patrimonio natural y cultural" de la Comunitat y "amenaza nuestro futuro".
   'Col.lectiu contra la corrupció', en el manifiesto, pregunta por los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el montaje de la visita del Papa, por los beneficios de la America's Cup y la Fórmula 1, los trajes y el 'caso Brugal'. También han protestado por el cese de las emisiones de TV3 y por la situación de RTVV, entre otras cosas.
   En este sentido, han asegurado que la crisis económica tiene que ver con la corrupción, la "economía especulativa" y la de "grandes fastos". "En lugar de invertir en la red productiva autóctona, en las pymes y la agricultura, el PP ha levantado la cortina de humo de la economía especulativa".
   Para el colectivo organizador, "el estado actual de las cosas no habría sido posible sin el abuso de un poder cimentado en las mayorías absolutas del PP. Bajo las órdenes de Camps, las Corts se han convertido en una pieza más del circo de la derecha con una oposición menospreciada e ignorada", han criticado.
   El PPCV ha denunciado esta concentración porque, a su juicio, tiene "fines delictivos" y su único propósito es "injuriar". Por ello, solicitó la suspensión cautelar de la misma. No obstante, la titular del juzgado de Instrucción de Valencia encargada de la tramitación de la denuncia lo desestimó por considerar que "no es urgente" su adopción, dado que los hechos denunciados vienen produciéndose desde el mes de febrero y se trata, en su caso, de un delito permanente prolongado en el tiempo.
   Durante la marcha, los manifestantes han aludido en tono irónico a esta denuncia pidiendo "una ayudita" para hacer frente a la misma.
   De la misma manera, algunos de los dirigentes políticos presentes en la manifestación lamentaron el intento del PPCV de impedir la marcha. En este sentido, Jorge Alarte señaló que este intento ha sido "inadmisible" y que el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, "debería dar explicaciones" al respecto.
   Asimismo, Matamales ha insistido en que estamos en un Estado de Derecho y que la denuncia es "un síntoma del nerviosismo del PP porque hay miles de valencianos que están abriendo los ojos sobre la situación de la Comunitat Valenciana, cuyo responsable es Camps y su gestión".

Compromís anima a la ciudadanía a "protestar contra las actitudes dictatoriales del PP"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, ha animado a los ciudadanos a "protestar contra las actitudes dictatoriales del PP". En este sentido, ha apuntado que el "intento --del PP-- de impedir" la manifestación contra la corrupción de "es una grave agresión contra la democracia y contra la constitución de aquellos quienes se llena la boca hablando de constitucionalismo y libertad, pero después intentan vulnerar los derechos más básicos de la ciudadanía".

   Morera, en un comunicado, ha lamentado que el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, "haya actuado como un comisario político, obedeciendo las instrucciones de aquellos que quieren vulnerar los derechos más básicos de un estado democrático como son la libertad de expresión y el derecho a la manifestación".
   Según Morera, "la manifestación de hoy tiene mucho sentido, porque cada día sabemos más cosas de los casos de corrupción que salpican al Consell". Además, ha criticado, en el "colmo del mal gobierno" y como "resumen en un solo acto todo lo que han hecho en estos años", la inauguración del Aeropuerto de Castellón.
   Por eso, desde Compromís han hecho un llamamiento a la ciudadanía valenciana, "para que salgan a la calle hoy, a las seis de la tarde y participen en la manifestación que ha convocado el Colectivo Contra la Corrupción. Tenemos que mostrar el malestar ciudadano frente quienes no saben gestionar el dinero público o emplean sus cargos para hacer negocio".
   El síndic de Compromís también ha aprovechado para mostrar su solidaridad a su compañera de coalición Reyes Matamales. "Llama la atención que figuran otros organizadores de la manifestación y que la denuncia del PP haya sido contra quien es candidata de la lista autonómica de la Coalició Compromís".
   "La persecución contra nosotros, por ser una oposición verdadera y valiente está traduciéndose en una persecución total del PP que intenta callarnos con denuncias, pero no lo conseguirán porque nosotros continuaremos defendiendo la transparencia, la libertad y la democracia", ha afirmado Morera.
   En esta línea, ha reclamado unas instituciones públicas que "aprecien la ciudadanía y limpias de corruptos". Por ello, continuaremos haciendo lo que hemos hecho y lo continuaremos haciendo en la próxima legislatura, porque muchísimas ciudadanas ya están hartos de las actitudes del PP y han visto en Compromís la auténtica alternativa a quienes sólo saben actuar con censura, denuncias y mentiras", ha declarado.
   Por otro lado, el candidato a la Presidencia de la Generalitat por la Coalició Compromís ha pedido explicaciones al secretario general del PSOE valenciano, Jorge Alarte, "porque dice que participará en la concentración contra la corrupción pero tiene todavía muchos temas pendientes a resolver también en su partido en estos términos, en especial en las comarcas del sur. Estaría bien que si va a un acto de esas características al menos que lo haga con los deberes hechos", ha concluido.

La jueza desestima la petición del PPCV de suspender la concentración contra la corrupción como medida cautelar

VALENCIA.- La titular del juzgado de Instrucción de Valencia encargada de la tramitación de la denuncia interpuesta por el PPCV contra el Col.lectiu contra la Corrupció por la concentración convocada para este sábado ha desestimado la petición del partido de suspender la marcha como medida cautelar al considerar que "no es urgente" su adopción, dado que los hechos denunciados vienen produciéndose desde el mes de febrero y se trata, en su caso, de un delito permanente prolongado en el tiempo.

   Así se manifiesta la jueza en un auto cuyo contenido ha sido facilitado por el colectivo organizador de la protesta, que ha asegurado que continuará con la concentración "con más fuerzas y ganas" a raíz de los últimos acontecimientos, ya que la han convocado de acuerdo "a la normativa vigente".
   El PPCV ha denunciado al Col.lectiu contra la Corrupció por manifestación ilícita e injurias graves con publicidad contra la autoridad en el ejercicio de su cargo, por la convocatoria de una manifestación para este sábado, a partir de las 18.00 horas y desde la Plaza de San Agustín de Valencia, bajo el lema 'No volem un lladre de president' ('No queremos un ladrón de presidente'), según ha informado a Europa Press la portavoz del colectivo, Reyes Matamales.
   La Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana ha notificado en esta jornada a la portavoz del colectivo, en cumplimiento de una orden del juzgado de instrucción número seis, que ha sido denunciada, junto a otras personas, por el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, "por un delito de manifestación ilícita e injurias con publicidad contra la autoridad en el ejercicio de su cargo", al tiempo que le han informado del contenido de la denuncia.
   Según han explicado fuentes del PPCV, la denuncia se ha presentado por considerar que la manifestación convocada para el sábado tiene "fines delictivos" porque "el único propósito de la manifestación es injuriar". "Cualquier persona se puede manifestar democráticamente, pero sin insultar", han destacado.
   Los 'populares' solicitaban como medida cautelar la paralización de la misma. Además, han solicitado el cierre de páginas webs, blogs y perfiles de redes sociales vinculadas al Col.lectiu contra la Corrupció.
   Reyes Matamales ha asegurado que los organizadores comunicaron a la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana la intención de realizar esta manifestación "en tiempo y forma". Así, ha explicado que se presentó con más de diez días de antelación y "tal y como recoge la normativa".
   De hecho, ha indicado que este mismo viernes ha recogido un justificante en la Delegación del Gobierno en la Comunitat, en el que este organismo asegura que "va a haber una manifestación" y hace referencia al itinerario y a las medidas de seguridad especificadas por los organizadores.
   La marcha, que se desarrollará de 18 a 22 horas, partirá de la Plaza de San Agustín y discurrirá por las calles San Vicente, Periodista Azzati, Plaza del Ayuntamiento, Barcas, Pintor Sorolla, Alfonso el Magnánimo y el Parterre, hasta llegar al Palacio de Justicia, donde finalizará.
   El documentado expedido por la Delegación del Gobierno señala que el objetivo de la manifestación es "contra la corrupción y a favor de la transparencia" y, respecto a las medidas de seguridad, indica que los organizadores "dispondrán de un servicio propio de orden para el normal desarrollo del acto" y "responderán subsidiariamente de los daños que los participantes causen a terceros".
   La portavoz del Col.lectiu contra la Corrupció ha asegurado que nunca les había ocurrido "nada similar" y ha criticado que el PP está "atentando directamente contra la democracia de nuestra tierra, intentando coartar derechos fundamentales, como son los derechos a la manifestación y a la libertad de expresión".
   Por su parte, la portavoz del Comité Electoral Nacional del PSPV-PSOE, Carmen Ninet, ha denunciado el "grave" intento del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el PPCV de "impedir el ejercicio al derecho de la libertad de expresión" y ha exigido públicamente a los 'populares' que "cesen en su persecución" de aquellos ciudadanos que "cumpliendo con las leyes, se manifiesten contra la corrupción".
   Asimismo, la portavoz adjunta de Compromís en les Corts, Mireia Mollà, ha calificado de "muy poco democrático" intento del PPCV de paralizar la manifestación contra la corrupción y ha criticado que los 'populares' están tratando "de todas las maneras posibles" que los ciudadanos "no ejerzan su derecho a manifestarse y a expresar en la calle su disconformidad" con el Gobierno de la Generalitat.
   Por el momento, han confirmado su participación en la marcha el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, así como la secretaria general del PSPV de la provincia de Valencia, Carmen Martínez, y el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, junto a la portavoz adjunta de la formación, Mónica Oltra.

Gestha ve "necesario" el plan de empleo sumergido porque 245.000 millones escapan al fisco cada año

MADRID.- El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ve "necesario" el plan de empleo sumergido anunciado por el Gobierno, dado que en España 245.000 millones de euros escapan al control del fisco cada año.

   En un comunicado, Gestha valora el nuevo plan de lucha contra la economía sumergida, ya que afirma que las distintas bolsas de dinero negro suponen una "auténtica lacra" para las arcas públicas, pero también para el conjunto de la sociedad española.
   "Esta medida es especialmente necesaria en un país como España, donde la tasa de fraude se sitúa en el 23,3% del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, lo que se traduce en unos 245.000 millones de euros anuales que escapan del control del Fisco", subraya.
   En opinión de este colectivo, la aplicación de medidas adecuadas para atajar la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación en 38.500 millones de euros anuales, lo que a su vez contribuiría a recortar el déficit del conjunto de las administraciones en torno a un 40%.
   Con el objetivo reducir la economía sumergida, los técnicos de Hacienda proponen actuar en cuatro frentes: mejorar la colaboración entre las distintas administraciones con la creación de una base de datos compartida; aumentar la responsabilidad de los técnicos en el control del fraude y la evasión fiscal a través creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda; cuantificar periódicamente la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales y, finalmente, garantizar el control parlamentario para fijar el objetivo de reducción del fraude.
   Por otro lado, Gestha considera que la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas.
   A juicio de Gestha, ninguna de las amnistías aprobadas anteriormente, como las de 1984 y 1991, fueron realmente eficaces a la hora de evitar el fraude debido a que no se corrigieron los defectos de gestión que, a la larga, permiten que esta práctica siga produciéndose.
   Además, indica que este tipo de actuaciones suponen un "agravio comparativo" hacia los asalariados y las rentas de trabajo que se encuentran bajo el control de la Agencia Tributaria, en lugar de concentrar sus investigaciones en los principales focos de economía sumergida, como las operaciones de compraventa inmobiliaria de carácter especulativo o aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, no emiten facturas por sus honorarios completos.

Zapatero insiste en que las nucleares que no superen las pruebas de resistencia "no deben tener actividad"

BRUSELAS.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en que aquellas centrales nucleares europeas que no superen las pruebas de resistencia que han acordado realizar los países de la UE "no deben tener actividad".

   En rueda de prensa en Bruselas tras asistir a la reunión del Consejo Europeo, Zapatero ha explicado que los 'estrés test' en las centrales nucleares están "destinados a mejorar la seguridad" y que, por tanto, hay dos posibles consecuencias en el caso de las instalaciones que no las superen.
   El jefe del Ejecutivo ha señalado que, por un lado, habrá casos en los que una mejora de la seguridad bastará para que las centrales cumplan todos los requisitos de la UE, algo que, a su juicio, será así "en la mayoría de los casos". Pero, por otro lado, ha remarcado que "si es evidente que no supera este test de seguridad y que no se pueden aplicar medidas correctoras, la consecuencia lógica es que esa central no debe tener actividad".
   Zapatero ha explicado que la reunión del Consejo Europeo ha dedicado un "interesante debate" sobre las consecuencias de la catástrofe nuclear en Japón y que el "hilo conductor" sobre este asunto ha sido la "fuerte exigencia para garantizar la seguridad" de las centrales en la UE.
   Por tanto, ha subrayado que las pruebas de resistencia que se realizarán en las centrales europeas de forma coordinada serán "exigentes" y estarán sometidas a "la máxima información pública y al principio esencial de transparencia".
   En cualquier caso, el presidente ha recordado que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han decidido también someter a una evaluación "completa y transparente" de la seguridad a sus 143 plantas, además de revisar "el marco jurídico y reglamentario vigente en materia de seguridad en las centrales nucleares, que impulsa la Comisión y que ha de estar acordado antes de final de año".
   Por último, Zapatero ha vuelto a insistir en su opinión, "discutida por algunos", de que la edad de las centrales nucleares "cuenta" a la hora de determinar su seguridad, ya que, a su juicio, "a una determinada edad las exigencias tienen que ser mayores". "La edad cuenta en casi todo. Es bastante elemental", ha manifestado.

Más de 7,1 millones de cruceristas pasaron por los puertos españoles, donde Valencia cuenta mucho

MADRID.- Más de 7,1 millones de cruceristas recalaron en los puertos españoles durante 2010, una cifra que supone todo un récord para el sector y pone de manifiesto la pujanza de los puertos españoles en el contexto mundial, según indica el Ministerio de Fomento en un comunicado.

   Así, Barcelona, Málaga, Valencia o Vigo, junto con Islas Canarias y Baleares son "un referente" para las principales compañías de cruceros, que aportan al sector del turismo español cerca del 12,5 por ciento de los 52,6 millones de turistas internacionales que nos visitaron el año pasado.
   El presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe, ha manifestado que las previsiones de las propias autoridades portuarias españolas señalan que en 2011 se volverán a superar los siete millones de pasajeros, una cifra que en 2013 llegará a los 7,5 millones, y en 2014 se aproximará a los ocho millones.
   Bajo el lema "Puertos de España" y auspiciado por Puertos del Estado, España participó en el congreso internacional 'Seatrade Cruise Shipping', celebrado en Miami entre el 14 y el 17 de marzo, con 25 puertos españoles y más de 70 instituciones y empresas, participación que, según Fomento, sirvió para constatar la fuerte implantación de los puertos españoles en esta actividad.
   En este sentido, fue el tercer mayor pabellón de la feria, donde se dieron a conocer las alternativas culturales y se establecieron los primeros contactos para futuras rutas de operadoras. 
Fruto de los encuentros comerciales realizados durante la feria, varias Autoridades Portuarias como Alicante, Baleares, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, o Málaga, han podido cerrar nuevos acuerdos con las principales empresas del sector (Royal Caribbean, Carnival, MSC, etc.), o de ajustar rutas e itinerarios en busca de una mayor eficiencia en sus recorridos.
   Los puertos españoles del Mediterráneo son el destino preferido de los cruceristas ya que el 70 por ciento de los pasajeros, es decir, 5 millones personas, recalaron en alguno de sus puertos, siendo los de Barcelona y Baleares los que acaparan el 77 por ciento del turismo de cruceros de los puertos españoles del Mediterráneo y el 54 por ciento del total español.
   Además, ambos puertos se encuentran entre los 15 principales destinos del mundo y son los primeros de Europa en este tipo de turismo.
   No obstante, también han destacado otros destinos por su espectacular crecimiento durante los últimos años como Málaga (35 por ciento) con 659.000 pasajeros, y Valencia (37 por ciento) con 253.000 pasajeros.
   En cuanto a la zona atlántica peninsular y al Cantábrico, el crecimiento durante los últimos años ha sido espectacular (23 por ciento), pasando de 589.688 pasajeros en 2009 a cerca de los 725.000 en 2010. Destacan la Bahía de Cádiz (+42%) con más de 334.000 pasajeros y Vigo (cinco por ciento) con 233.000 pasajeros.
   Los destinos insulares de las Islas Canarias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), que mantienen la oferta de este tipo de turismo durante prácticamente todo el año, con una alta demanda durante la temporada de otoño-invierno, son el tercer mercado más activo de toda Europa con un total de 1,3 millones de pasajeros y un incremento del 13,7 por ciento respecto a 2009.
   Los últimos datos conocidos a nivel europeo y mundial (2009) reflejan la ventajosa posición que ocupa España como país receptor de cruceristas, tanto a nivel europeo como mundial.
   Así, entre los 30 principales destinos europeos, que sumaron algo más de 24 millones de pasajeros, los puertos españoles llegaron a cerca de 5 millones de pasajeros, lo que supone que un 21 por ciento del total de cruceristas tocaron alguna ciudad portuaria española en su recorrido.
   Con este dato, España se sitúa en tercera posición por detrás de Italia que acapara el 31,8 por ciento (7,6 millones de pasajeros) y de Grecia que concentró el 25 por ciento del turismo de cruceros con algo más de 6 millones de cruceristas.
   Así, Barcelona sigue siendo el líder europeo y las Islas Baleares ocupan la quinta posición. En el contexto mundial, los puertos americanos y los del Caribe acaparan las primeras posiciones, mientras que  Barcelona consolida su quinta posición mundial y las Islas Baleares ocupan la decimotercera posición.

El Gobierno aumentará las sanciones para regularizar el empleo sumergido

MADRID.- El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha anunciado que, una vez transcurrido el plazo de año y medio que otorgará el Gobierno para regularizar de forma voluntaria el empleo sumergido, las sanciones se incrementarán "significativamente".

   Al término de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que aprobó el proyecto de ley de reforma de las pensiones, Gómez indicó que tras este 'periodo de gracia' (desde junio de 2011 a diciembre de 2012), donde el Gobierno otorgará "incentivos" para que las empresas y trabajadores regularicen prácticas fraudulentas, las sanciones se endurecerán en la mayoría de los casos.
   "De lo que se trata es de abrir un periodo donde sea posible regularizar voluntariamente la situación (de empleo irregular) y que el Estado ayude a ello. Después de ese periodo, algunos comportamientos tienen que ser sancionados de una forma más intensa", añadió Gómez, que negó que se trate de una especie de 'amnistía' para que los incumplidores regularicen su situación a cambio de evitar sanciones.
   "Más control y más sanciones de aquellos que incumplen", reiteró Gómez, tras recordar que actualmente ya existen multas para aquellos trabajadores que están percibiendo prestaciones por desempleo y, al mismo tiempo, trabajando de forma irregular. Así, apuntó que cada año se abren 250.000 expedientes a empleados por incumplir esta norma.
   El titular de Trabajo precisó que los incentivos que adoptará el Gobierno para facilitar la regularización voluntaria están relacionados, entre otras cosas, con plazos para que las deudas acumuladas por las empresas puedan ser pagadas con mayores posibilidades.
   Aunque admitió que ya existen aplazamientos en el pago de las deudas, señaló que el Gobierno puede "ayudar" a que duren más tiempo, así como aligerar las garantías que deben presentar las empresas para acogerse a dichos aplazamientos.
   Gómez eludió entrar en más detalles, ya que la intención del Ejecutivo es trasladar el plan de empleo sumergido a patronal y sindicatos para negociar los detalles del mismo, si bien aclaró que su departamento ya lo tiene "muy avanzado", con una doble intencionalidad: mejorar la sostenibilidad de los sistemas de protección social y asegurar el trabajo decente.
   Finalmente, indicó que es "difícil" calcular cuánto empleo sumergido puede aflorar, y volvió a insistir en que, según diversos estudios, la economía sumergida en España varía entre el 15% y el 25% del PIB, en línea con otros países del Centro o Norte de Europa.
   "El trabajo no declarado es un fenómeno común en el conjunto de Europa", insistió Gómez, tras recordar que el objetivo de aflorar empleo sumergido es común en el conjunto de la UE, de ahí que se haya incluido en el 'Pacto del Euro'.

Cambio de hora esta madrugada

MADRID.-Los relojes deberán adelantarse una hora y, a las 02.00 en la madrugada de este domingo, serán las 3.00, con lo que se inicia el llamado "horario de verano".
  Este cambio supone un ahorro en consumo eléctrico de seis euros por hogar (90 millones de euros), según estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que sitúa el ahorro total en iluminación en unos 300 millones. De esa cantidad, 210 millones corresponderían a los edificios del sector terciario y la industria.
Para alcanzar este ahorro, el IDAE, no obstante, recomienda llevar a cabo un comportamiento responsable en el hogar a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como el uso de tecnologías de ahorro en edificios industriales y otros.
Desde principios del siglo XX numerosos países han adoptado la decisión de adelantar la hora oficial en sesenta minutos durante los meses con mayor cantidad de luz para racionalizar el consumo eléctrico. Esta medida ha provocado la desconfianza de algunos sectores sociales por considerar que repercute física y psicológicamente en el ser humano, sin embargo los estudios realizados hasta ahora consideran que los cambios producidos son leves y transitorios.
La Comunidad Europea adoptó oficialmente el horario de verano en 1977 con el objetivo de adaptar las actividades sociales y económicas al ciclo de luz natural y así paliar la crisis energética. En este sentido la directiva europea 2000/84/CE establece que el período de la hora de verano se inicia el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre, en ambos casos a la una de la madrugada GMT (hora de tiempo universal), con carácter indefinido a partir de 2002.
En España el periodo de la hora de verano comienza el último domingo del mes de marzo de cada año a las dos de la madrugada, momento en que la hora oficial se adelanta sesenta minutos, y termina el último domingo del mes de octubre de cada año a las tres horas de la madrugada, momento en que se retrasa sesenta minutos.

Las cajas se enfrentan a las dudas de los inversores sobre el reconocimiento de pérdidas

NUEVA YORK.- Las cajas de ahorros se enfrentan a las dudas de los inversores privados sobre el reconocimiento de pérdidas en el sector inmobiliario, según un artículo del diario Wall Street Journal (WSJ) titulado 'El rescate bancario en España contra el viento'.

   El rotativo dice que la capitalización de las cajas de ahorros es una importante prueba de creciente importancia para España, especialmente después de que los mercados hayan expresado su convencimiento de que Portugal necesitará el rescate europeo.
   En este escenario, indica que ocho grupos de cajas de ahorros deben presentar sus planes para recapitalizarse al Banco de España, lo que ha provocado una ráfaga de actividad en las últimas semanas de cajas de ahorros sondeando fondos de inversión libre (hedge fund) y de capital privado.
   "Pero el ejercicio ha suscitado preguntas de los inversores respecto al nivel de reservas de que las entidades disponen para afrontar los riesgos derivados del sector inmobiliario en sus carteras", resalta el WSJ.
   Las entidades también han tenido que encarar preguntas respecto a si sus ejecutivos se han distanciado lo suficiente de los políticos locales, e incluso sobre la comprensión de lo que hay en los libros por parte de los propios gestores, dice el rotativo británico.
   Por otro lado, resalta que los mercados financieros españoles no se vieron ayer afectados por las crecientes señales de la necesidad de que Portugal recurra al rescate europeo, lo que sugiere que los inversores tienen más confianza en la capacidad de España de restaurar sus problemas económicos.
   Asimismo, cita al analista Fred Rizzo, para quien "España es un mercado atractivo a largo plazo", a pesar de que "las cajas de ahorros necesitan sanearse y recapitalizarse" para que se puedan realizar comparaciones de 'manzanas con manzanas' con otros bancos europeos.
   En cuanto a la salida a Bolsa de las cajas de ahorros, el WSJ destaca que la prueba de confianza en el sector financiero español será el salto al parqué de Bankia, cuyas necesidades de capital son superiores a la colocación planeada por el grupo, según un banquero al que no identifica el diario.

Fondos Paulson, Cerberus y Apax

Los fondos de inversión Paulson, Cerberus y Apax han mantenido reuniones en los últimos meses con diversas cajas de ahorros para abordar soluciones a sus necesidades de capital después del endurecimiento de las exigencias por parte del Gobierno, según indica el diario 'Financial Times' (FT) de Londres.
   Mientras que los grandes bancos cotizados se han protegido ante la ralentización económica en España gracias a sus operaciones internacionales, las cajas de ahorros "están desesperadas por captar capital después de que empezaran a pasar factura los créditos de la burbuja inmobiliaria", dice el diario.
   Según el rotativo, tras mantener reuniones con inversores extranjeros,  las cajas en apuros han expresado su rechazo a las valoraciones ofrecidas, a lo que se ha sumado la rebaja de rating de Moody's a un total de 30 entidades españolas.
   La fecha límite impuesta por el Ejecutivo para que las cajas se recapitalicen por sus propios medios o recurran a dinero público ha espoleado la búsqueda de fondos a través de la salida a los mercados bursátiles o a través de otras formas de atraer capital privado, dice el 'FT'.
  El diario indica que Bankia prevé colocar en bolsa entre 2.000 y 3.000 millones de euros en verano.
Según un gran inversor al que el rotativo cita sin dar su nombre, el grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja "necesita mucho más dinero, unos 7.000 millones, y aún no tiene consejero delegado".   
Asimismo, sostiene que Banco Base, la integración que lideran Cajastur y CAM, ha abandonado la idea de cotizar y aceptará la nacionalización parcial a través de las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Caja Mediterráneo se sigue negando a aceptar su situación real

MADRID.- Cajastur y la CAM negocian todo el fin de semana para solucionar sus discrepancias respecto a la necesidad de solicitar fondos públicos para cumplir con las exigencias de capital establecidas por el Gobierno y mantener la unidad de Banco Base, informaron fuentes del sector.

   La caja asturiana y la murciano-alicantina están en desacuerdo respecto a la valoración de activos de la CAM, después de que ésta diera a conocer al Sistema Institucional de Protección (SIP) unos resultados peores de lo esperado, con una morosidad del 9% y una elevada exposición al sector inmobiliario.
   Según los cálculos del Banco de España, Banco Base -que engloba a Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria- requiere un total de 1.447 millones de euros para alcanzar el requisito de capital del 10%, umbral del que se aleja en 1,8 puntos porcentuales.
   Los planes iniciales de Banco Base pasaban por su salto al parqué, pero el consejo de administración no ha adoptado ningún acuerdo para iniciar los trámites del salida a Bolsa, y Cajastur se inclina en la actualidad por recurrir a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para cubrir el hueco de capital.
   Según la entidad que lidera Manuel Menéndez, los números de la CAM ensombrecen la salida a Bolsa del grupo, y tendría menor coste acudir a los fondos públicos, ya que el FROB hará una valoración más ajustada a la realidad que la de los mercados, según los sondeos realizados.
   En este sentido, los socios de Banco Base liderados por Cajastur apoyan que sea la CAM la que asuma la mayor parte del peso del recurso a las ayudas del FROB, que implican la nacionalización parcial de la entidad y la entrada de consejeros de este organismo en el banco.
   Por su parte, la caja alicantina atribuye las discrepancias a la intención de Cajastur de reducir el peso de la CAM en la fusión, según fuentes financieras, y oficialmente sostiene que no hay conflictos en el seno del SIP.
   Tanto el Banco de España como la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) están mediando para evitar que fracase la fusión de Banco Base, que ha de presentar antes del lunes su plan de recapitalización al organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al igual que todas las entidades que no cumplen con los nuevos requisitos de capital.
   El SIP está participado por Cajastur y la CAM en un 40%, respectivamente, así como por Caja Extremadura (11%) y Caja Cantabria (9%), y se creó con el objetivo de permitir a estas entidades convertirse en un grupo eficiente y solvente en el sistema financiero español.
   El grupo se articula en torno a una entidad central, cuyo nombre provisional es Banco Base y cuya sede está en Madrid, al que las cajas participantes han delegado todas las facultades necesarias para la efectiva gestión y dirección unitaria del SIP y al que han decidido traspasar su negocio bancario.