viernes, 27 de abril de 2012

La Comunitat se coloca en desempleo a la cabeza en España

VALENCIA.- El paro subió en 40.100 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 6,25% más, situándose el número total de desempleados en 681.400 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha hoy pública por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   De este modo, la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía en la que más personas se ha quedado sin trabajo en este trimestre tras  Andalucía (81.100 parados más) y  Cataluña (61.500). Por su parte, en España, se registraron 365.900 parados más en el primer trimestre , un 6,9% más, con lo que el número total de desempleados es de 5.639.500 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española.
   No obstante, en la Comunitat Valenciana si se comparan estos datos con los del mismo trimestre del año 2011, se ha registrado 81.600 parados más, lo que significa en términos porcentuales un 13.60 por ciento más.
   Del mismo modo, el mercado laboral valenciano cuenta con cuenta con 26.500 activos menos, lo que significa un 1,05 por ciento menos que el trimestre anterior, hasta alcanzar los 2.493.800 activos. Además, supone 6.600 activos más que el mismo trimestre del año pasado, un 0,26 por ciento más.
   De este modo, la Comunitat Valenciana donde el número de activos más ha descendido seguida de País Vasco 24.500, mientras que por el contrario Madrid es la que más activos ha incorporado seguida de Canarias, con 17.200 activos más y Andalucía, con 10.300.
   Asimismo, la Comunitat Valenciana registra un descenso de la ocupación de 66.600 personas el primer trimestre de 2012, un 3,54 por ciento menos que el trimestre anterior, hasta alcanzar los 1.812.400 ocupados. En términos interanuales, tiene 75.000 ocupados menos que el mismo trimestre del año anterior, lo que se traduce en un 3,97 por ciento menos.

El Consell introduce el impuesto de Patrimonio e incrementa el de Transmisiones

VALENCIA.- La Generalitat valenciana introducirá el impuesto de Patrimonio, incrementará del 7 al 8 por ciento el tributo de Transmisiones Patrimoniales y aplicará tasas judiciales --en actos administrativos como los recursos--, además de otras medidas ya anunciadas como el 'céntimo sanitario', la venta de inmuebles o las tasas medioambientales.

   Así lo han explicado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell el vicepresidente y portavoz valenciano, José Císcar, y el titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, que han presentado el programa 'Planifica GVA 2012-2014', el plan económico financiero de reequilibrio de la Generalitat.
   Con las medidas incluidas en este programa, la Generalitat prevé un ahorro de unos 2.260 millones de euros, de los que 1.223 millones serán por ajustes en los gastos y algo más de 1.036 por las iniciativas de incremento de los ingresos.
   El plan de reequilibrio, que persigue cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento establecido por el Gobierno central, se presentará ante el Ejecutivo antes del 30 de abril. Se trata de uno de los requisitos necesarios para que la Comunitat pueda beneficiarse del plan de pago a proveedores.
   Vela ha señalado que "si todo sale como está previsto", este plan a tres años se llevará al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el 8 o 9 de mayo y que será el encargado de pronunciarse sobre los planes de reequilibrio de las comunidades.
   El titular de Hacienda ha subrayado que las medidas aprobadas este viernes en el pleno del Consell permitirán "tener nuestra emisiones de deuda actualizadas" y, además, fijan "la hoja de ruta en la senda de estabilidad presupuestaria, que es el paradigma de las fianzas publicas en toda Europa".
   Por su parte, José Císcar ha hecho hincapié en que 'Planifica GVA 2012-2014' "además de cumplir el objetivo de déficit", supone también "una oportunidad para la creación de una nueva administración".
   Entre otras medidas, en 2013 se volverá a instaurar el impuesto de Patrimonio, cuya recaudación se destinará a "dinamizar la economía", es decir, ha señalado Vela, a financiar iniciativas "comprometidas con la generación de empleo". Asimismo, se incrementará del 7 al 8 por ciento el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que en 2013 se pretende conseguir 44,5 millones adicionales.
   Además, se pondrán en marcha tasas judiciales para recaudar cuatro millones en lo que queda de año y 12 millones más en el ejercicio 2013. El conseller de Hacienda ha aclarado que estas tasas tendrán un carácter "finalista", dado que se destinarán a la modernización de las estructuras judiciales.
   Asimismo, el pleno del Consell ha aprobado el acuerdo de no disponibilidad de créditos y limitación de las obligaciones sobre el presupuesto de ejercicio 2012, con un importe de 332, millones de euros.
   El plan de reequilibro de la Generalitat también incluye otras medidas ya anunciadas, como el céntimo sanitario, que ya está en vigor; o los 30 millones de euros anuales por las tasas medioambientales, que se introducirán mediante una ley que el Consell prevé que entre en las Corts Valencianes en el mes de mayo.
   Otras medidas son la venta de inmuebles; la puesta en marcha de una central de compras, "que estará plenamente operativa este mes de septiembre"; y otras que afectan al personal, cuyo ahorro previsto para este ejercicio e de 285,9 millones de euros.
   Sobre este último aspecto, se contempla la reducción de la jornada de trabajo del personal interino y laboral temporal de sociedades mercantiles y fundaciones; no completar al 100 por cien las retribuciones en situaciones de incapacidad temporal; la suspensión del plan de pensiones a los empleados públicos; la paralización de los sexenios y de la carrera profesional; y la eliminación de ayudas sociales.
   El titular de Hacienda ha especificado las ganancias previstas por ejercicios en algunos tributos. Así, con el céntimo sanitario se estima recaudar 76 millones en 2012; 77 en 2013 y 78 en 2014. Con los actos jurídicos documentados, la previsión es de 44,5 millones en 2012; 45 en 2013 y 46 en 2014. Por el impuesto de patrimonio, 70,7 millones en 2013. De las tasas judiciales, se espera obtener 4 millones en 2012; 12 en 2013 y 12 en 2014.
   Por lo que se refiere a las tasas medioambientales, se espera recaudar 8 millones en el actual ejercicio y 32 millones en los dos próximos año. En transmisiones patrimoniales, son 10 millones en 2012 y 44,5 en 2013 y 2014.
   En al apartado de ingresos, Vela también ha destacado los 81,9 millones procedentes del plan de reintegro de subvenciones de la administración no ejecutadas; un incremento de 285,4 millones adicionales procedente del modelo de financiación.
   Vela también se ha referido a la inclusión en este plan de reequilibrio las ganancias previstas por la venta de inmuebles, que en los presupuestos de la Generalitat para 2012 está cifrado en 400 millones. Sin embargo, y por ser "muy, muy prudentes", en el texto que remitirán al Gobierno central, apuntan unos beneficios de 141 millones.
   El vicepresidente, por su parte, se ha referido al plan de racionalización del sector público empresarial que contempla pasar de 46 empresas y entidades de derecho publico a seis agrupaciones sectoriales. Aunque con ello se prevé ahorrar 120 millones, el programa de reequilibrio solo contempla 60, ya que la Generalitat destinará el resto a pagar el coste del redimensionamiento.
   Císcar, preguntado por los detalles de esta reestructuración, ha señalado que a finales del mes de mayo el plan estratégico estará "completamente cerrado" y ya se conocerá cómo queda el mapa del sector público empresarial. Además, prevé durante el segundo semestre.
   Tras presentar las medidas, José Manuel Vela ha asegurado que lograr un déficit del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional "no es fácil", dado "el entorno de incertidumbre y de crisis", pero ha expresado el "compromiso" del Gobierno valenciano de alcanzarlo.
   Asimismo, ha destacado que estas medidas, "adecuadas", "no ponen en peligro la prestación de servicios públicos", y ha destacado que el Gobierno valenciano está "obligado" a adoptarlas "para que la estabilidad presupuestaria sea muy pronto una realidad".

El PSPV estudia la "constitucionalidad" de las medidas del Consell y pide la comparecencia "urgente" de Fabra

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha convocado este viernes una reunión de urgencia de diputados y miembros de la ejecutiva socialista valenciana para abordar los anuncios de "privatización" realizados por el portavoz del Consell, José Císcar. 

   Los socialistas valencianos están estudiando la "constitucionalidad" de las actuaciones avanzadas por la Generalitat. Asimismo, solicitarán la comparecencia "urgente" del presidente de la Geenerealitat, Alberto Fabra, para que explique las medidas, según ha informado el PSPV en un comunicado.
   Para Ximo Puig, "las medidas planteadas van a ahondar en la desigualdad de las personas ante la enfermedad". 
"Los valencianos somos las cobayas de Rajoy en la destrucción dels sistema de salud", ha destacado.
   El dirigente del PSPV ha remarcado que los socialistas están estudiando la constitucionalidad de las actuaciones avanzadas por el PP valenciano al tiempo que ha calificado de "gravísimos" los anuncios realizados que, "a buen seguro, van a provocar el rechazo y la movilización de una sociedad valenciana que cada día ve con más claridad que estamos ante un gobierno agotado".
   El secretario general de los socialistas valencianos entiende que "estamos asistiendo a la voladura controlada del sistema de salud", y ha anunciado que van a solicitar la comparecencia urgente del presidente Fabra en las Corts para que explique estas medidas. "Tras 17 años de malgastar el dinero de los valencianos ahora no tienen más remedio que jugar con los derechos de los ciudadanos en materia de salud", ha remarcado.
   El líder socialista ha manifestado: "nunca un gobierno ha hecho tanto daño a los derechos de los ciudadanos en tan poco tiempo" siendo especialmente preocupante "la venta del sistema sanitario de los valenciano que ahora se plantea".
   Puig ha destacado que los valencianos tienen una sanidad que "es de las que menor gasto sustenta en el conjunto del Estado" y ésta "sí que es sostenible", ha dicho en contestación a las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, José Císcar. En su opinión, "lo que si es ya insostenible es este Gobierno", en referencia al Ejecutivo de Fabra.

La Generalitat presenta su plan de reequilibrio para ahorrar 2.260 millones en 2012, que deberá aprobar el CPFF

VALENCIA.- La Generalitat valenciana ha presentado este viernes su plan económico financiero de reequilibrio, 'Planifica GVA 2012-2014', que deberá aprobar el Gobierno en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el 8 o 9 de mayo.

   Con las medidas incluidas en este programa, la Generalitat prevé un ahorro de unos 2.260 millones de euros, de los que 1.223 millones serán por ajustes en los gastos y algo más de 1.036 por las iniciativas de incremento de los ingresos.
   El plan de reequilibrio, que persigue cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento establecido por el Gobierno central, se presentará ante el Ejecutivo antes del 30 de abril. Se trata de uno de los requisitos necesarios para que la Comunitat pueda beneficiarse del plan de pago a proveedores.
   El Gobierno central ha asegurado en varias ocasiones que su prioridad es cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por lo que podría intervenir a las comunidades que no puedan cumplir con los objetivos fijados de déficit público. No obstante, el vicepresidente valenciano José Císcar, este jueves se mostró convencido de que "nunca va a haber un rescate de la Comunitat" por parte del Ejecutivo central.
   El plan de reequilibrio de la Comunitat, que han presentado el vicepresidente y portavoz, Jose Císcar, y el titular de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, contempla, entre otras cuestiones, un cambio en el modelo sanitario.
   La Conselleria de Sanidad está trabajando en un nuevo modelo para extender la iniciativa privada en los hospitales de la Comunitat Valenciana, con el que se espera obtener un ahorro de alrededor de 443 millones de euros al año.
   En concreto, se agruparán los servicios externalizados, los de la cartera suplementaria y la gestión de la farmacia de receta y el transporte sanitario "entre otros", de cada área de salud --de las 18 que controla directamente-- en una sola licitación y bajo una sola gerencia.  
   El personal estatutario de Sanidad --funcionario de carrera e interinos--, continuará dependiendo "orgánica y funcionalmente" de la Agencia Valenciana de Salud "en coordinación con el gerente" de cada departamento. Por lo que se refiere al personal laboral, quedará bajo el gestor privado.
   En materia sanitaria también se aplicarán otras medidas --derivadas de la aplicación de la normativa básica--, como la adecuación de la normativa española a la comunitaria en cuanto a la regulación de lo que se conoce como 'turismo sanitario' o la creación de una central de compras.
   Respecto a educación, se aumentarán hasta un 20 por ciento las ratios de alumnos por aula, aunque el vicepresidente ha matizado que "el incremento en cada centro se hará en función de la petición de las familias, y siempre respetando el número máximo establecido".
   También se contempla incrementar en dos horas a la semana el horario lectivo de los profesores de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y enseñanza de idiomas, pasando de 18 a 20 horas, pero manteniendo las 37,5 horas laborales de la actualidad.
   Otra de las medidas que aplicará el Consell, con la que prevé un ahorro de alrededor de 40 millones, es el incremento de tasas universitarias, que será de un 20 por ciento en primera matrícula. Los alumnos que se matriculen por segunda vez tendrán que asumir un aumento del 35 por ciento del precio; en la tercera matrícula, el incremento será del 75 por ciento; y en la cuarta, del 100 por cien.
   Por otro lado, la Generalitat recuperará en 2013 el impuesto de Patrimonio cuya recaudación se destinará, según ha asegurado Vela, "a dinamizar la economía". Además, se incrementará del 7 al 8 por ciento el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y se pondrán en marcha tasas judiciales.
   El plan de reequilibro de la Generalitat también incluye otras medidas, como el céntimo sanitario, que ya está en vigor; o un ahorro de 30 millones de euros anuales por las tasas medioambientales, que se introducirán mediante una ley que el Consell prevé que entre en las Corts Valencianes en el mes de mayo.
   Otras medidas son la venta de inmuebles, cambios en la jornada del personal y la reestructuración del sector público empresarial. Aunque con esta última propuesta se prevé ahorrar 120 millones, el programa de reequilibrio solo contempla 60, ya que la Generalitat destinará el resto a pagar el coste del redimensionamiento.
   Tras presentar las medidas, José Manuel Vela ha asegurado que lograr un déficit del 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional "no es fácil", dado "el entorno de incertidumbre y de crisis", pero ha expresado el "compromiso" del Gobierno valenciano de alcanzarlo.
   Asimismo, ha destacado que estas medidas, "adecuadas", "no ponen en peligro la prestación de servicios públicos", y ha destacado que el Gobierno valenciano está "obligado" a adoptarlas "para que la estabilidad presupuestaria sea muy pronto una realidad".
   Por su parte, José Císcar, preguntado por si más adelante se aplicarán nuevas medidas de ajuste, ha destacado que por parte del Consell "no hay voluntad ni intención" de hacerlo, "excepto si el Estado materializa reformas que tienen que aplicar las comunidades".
   En cualquier caso, el vicepresidente ha subrayado que por parte de la Generalitat consideran que "con todo este paquete de medidas, en un proceso que esta vivo, estamos en un punto para empezar a hablar de la sostenibilidad de la administración valenciana".

Compromís se opone "frontalmente" a la privatización de la sanidad valenciana

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís en las Corts ha mostrado su "oposición absoluta" a la privatización de la gestión de la sanidad pública de la Comunidad Valenciana que ha anunciado este viernes el gobierno del PP. Así mismo la coalición ha manifestado en un comunicado que van a emprender "todas las acciones necesarias para que esta privatización no se lleve a cabo".

   Para la portavoz adjunta de Compromís en las Corts, Mónica Oltra, la decisión del Consell de privatizar la gestión de la sanidad pública "obedece a los indicios de intervención inminente por parte del Gobierno sobre una economía valenciana que el PP ha dejado para el arrastre".
   Oltra ha señalado que las justificaciones para adoptar esta medida que ha dado el vicepresidente José Ciscar "suponen tomar a los ciudadanos como imbéciles". "Cuando dice que harían falta 500 euros anuales más por ciudadano para sostener nuestro sistema público de salud nos preguntamos si la sanidad es algo tan ruinoso cómo va a haber empresas que estén dispuestas a gestionarla", se ha cuestionado.
   Según Oltra para que el sistema de salud sea rentable para las empresas privadas "lo que va a pasar es que se va a recortar y devaluar la sanidad de una manera drástica".
   "Esto va a impactar directamente en la salud de las personas y además alguien va a sacar beneficio con esto", ha continuado. "Como ya no pueden saquear de otros sitios porque ya han dejado las arcas públicas vacías, ahora quieren hacer de nuestra salud un negocio, algo a lo que rechazamos frontalmente", ha destacado. "Nuestra salud no puede ser un negocio para los amigos del PP", ha concluido Oltra.
Por su parte, la coordinadora de EUPV y síndica en las Corts, Marga Sanz, ha calificado de "barbarie" el anuncio del Consell de que "entregará a manos privadas la gestión de todos los hospitales públicos y de los departamentos sanitarios", y ha indicado que el PP "ha asesinado a la sanidad pública valenciana".
   Sanz ha indicado en un comunicado que el PP "ha puesto a la venta la Sanidad pública, va a dársela a las empresas privadas que ya están frotándose las manos". La síndica de EUPV considera que las consecuencias serán "terribles por mucho que Císcar de manera cínica, vergonzosa e insultando la inteligencia de los ciudadanos, nos lo disfrace".
 "Por esta camino, la sanidad valenciana ya ha acabado de ser gratuita, universal y pública", ha apostillado.
   Para Sanz este cambio de modelo que ha anunciado el vicepresidente del Consell este viernes "es la importación del modelo Alcira a todos los rincones del País Valenciano, con las consecuencias que esto supone".
   La portavoz de izquierdas cree que el PP ha decidido "continuar favoreciendo a determinadas empresas para que puedan ganar dinero, haciendo de la sanidad un negocio". Las empresas privadas tienen como principal objetivo obtener beneficios económicos, y "recortan en personal, en formación del mismo, y esto empeora la calidad de la sanidad", ha advertido.
   La dirigente de izquierdas ha reclamado a Fabra que "retire de inmediato" esta actuación incluida en el nuevo Plan de Reequilibrio de la Generalitat. "Es el golpe definitivo al Estado del Bienestar. Estamos asistiendo a la muerte angustiosa de la Sanidad y de la Educación Pública", ha afirmado.

Barberá irá a los tribunales tras la instrucción de Emarsa para defenderse de quienes han intentado involucrarla

VALENCIA.-   La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha asegurado este viernes que cuando acabe la instrucción judicial del 'caso Emarsa', que investiga el juzgado nº 15 de Valencia, se dirigirá a los tribunales para que tengan en cuenta a quienes han intentado involucrarla en este asunto, con el fin de que el juez pueda defenderla de los "ataques graves" que está "sufriendo" en este sentido. 

    Barberá se ha pronunciado de este modo en el pleno ordinario del mes de abril celebrado esta jornada en el consistorio valenciano, durante el debate de una moción de Compromís.
   Este grupo proponía que la primera edil, "en representación y defensa de los intereses de los vecinos y empresas de Valencia y del propio Ayuntamiento, se presente como acusación particular contra los gestores y causantes del agujero provocado en Emarsa, durante el periodo investigado por los tribunales de justicia".
   La responsable municipal ha acusado a los miembros de la coalición política de tener "emoción interior de pensar" que la pueden "enganchar" en esta causa. Ha señalado que espera "tranquila" a que termine la instrucción" del caso y "se demuestre" que ella no tiene "nada que ver" para ir a los tribunales y que éstos den la "respuesta necesaria a quienes han intentado" involucrarla, según ha dicho, "imputarme y faltar a mi honor y a la realidad".

Un conductor de la EMT salva la vida a una pasajera que sufría una hemorragia interna

VALENCIA.- El instinto y la rápida actuación de un conductor de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT) han conseguido salvar la vida de una de las pasajeras que viajaba en un autobús de la línea 64 y sufría una hemorragia interna.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del pasado martes, cuando José Manuel Esteve, conductor de la EMT, realizaba el itinerario de la línea 64 con normalidad por la calle San Vicente en dirección al nuevo Hospital La Fe, cuando una viajera le preguntó si podía acelerar la marcha porque había otra pasajera con una fuerte hemorragia.
Ante esta circunstancia excepcional, José Manuel Esteve actuó con rapidez, circulando a 80 kilómetros por hora y saltándose todas las paradas que le restaban por llegar a su destino lo antes posible.
"Al conocer la situación no lo pensé dos veces, y anuncié al resto del pasaje que se sentasen adecuadamente porque no iba a detener el autobús hasta llegar a La Fe. Todos lo entendieron", ha afirmado el conductor.
Según José Manuel Esteve, "tuve que actuar con celeridad dado que el tráfico era denso, e incluso tuve que adelantar a un compañero, al que posteriormente pedí disculpas, para llegar hasta la parada donde ya esperaba un equipo de urgencias".
Tras resaltar que no ha sido consciente de lo positivo de su actuación hasta pasados un par de días, cuando desde el propio centro sanitario han telefoneado a EMT Valencia para dar las gracias al conductor y hacerle saber que con su gesto salvó la vida de la pasajera, quien tuvo que ser operada de urgencia a causa de la hemorragia interna.
La EMT ya ha trasladado a José Manuel Esteve las felicitaciones por su gesto, y ha señalado que la calidad humana de todos los empleados de EMT Valencia, y en especial del colectivo de conductores queda reflejado y demostrado en hechos como este.

Contratar varios trabajadores irregulares será delito

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un plan de intensificación de la lucha contra el fraude laboral hasta 2013 que, entre otras medidas, plantea un endurecimiento de las penas al convertir en delito la contratación de varios trabajadores irregulares.

"Modificaremos el Código Penal para tipificar como delito el empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en empleo irregular", dijo la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tras el Consejo de Ministros.
Además, Báñez dijo que la modificación del Código Penal ampliará el periodo de prescripción, de 5 a 10 años, de los supuestos delictivos más graves contra la Seguridad Social, y que los defraudadores deberán abonar todas las cuotas defraudadas para eximirse de la responsabilidad penal.
En una nota de prensa, el Ministerio de Empleo dijo que entre estos supuestos se encuentran "las 'empresas fantasma' sin actividad real que simulan relaciones laborales, con el único propósito de que los trabajadores obtengan una prestación pública".
El plan, anunciado por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, tiene como objetivo, entre otros, impulsar el afloramiento de la economía sumergida y así generar mayores recursos económicos para el sistema de la Seguridad Social.
En ese sentido, se contempla una reorganización de la inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que actúen coordinadamente en la lucha contra el fraude, la incorporación de 53 inspectores y 60 subinspectores para dedicarse a este tema, y la realización de campañas en aquellos sectores que se identifiquen como "bolsas de fraude".
En el plan también se introducen cambios que pretenden proteger a los trabajadores mayores de 50 años, como por ejemplo, la ampliación del número de empresas sometidas a la obligación de contribuir a las prestaciones que recibirán estos trabajadores si son incluidos en despidos colectivos, al rebajarse de 501 a 101 el número de trabajadores mínimo de las empresas sometidas a esta obligación.
En este sentido, además, se prohíbe la jubilación obligatoria a determinada edad en convenios colectivos.

Los comerciantes temen que la subida del IVA sea "la puntilla que remate" el sector

MADRID.-   Los comerciantes han advertido de que la subida del IVA anunciada por el Gobierno para 2013 supone un "hachazo" para un sector que acumula 21 meses consecutivos de caída de ventas y temen que sea "la puntilla que remate" a las tiendas que están intentando evitar el cierre.

   "La subida hará mucho daño al comercio en las actuales circunstancias de decaimiento del consumo y crea temor y desconfianza en los consumidores desde hoy", dijo hoy el presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Manuel García-Izquierdo.
   El presidente de la CEC defendió la necesidad de poner en marcha medidas que "favorezcan el consumo y no que vayan en contra" como, a su juicio, es el caso de un alza fiscal de este tipo, al tiempo que advirtió del impacto de esta medida en un sector que está "agotando todas sus reservas".
   Por su parte, el presidente de la Asociación de Comercio Textil y Complementos (Acotex), Borja Oria, manifestó la sorpresa del sector ante este anuncio, después de los "mensajes del Gobierno de que no se iba a subir este impuesto", así como la preocupación por el convencimiento de que se trata "la peor medida que se puede tomar".
   Oria señaló que, tras el incremento del IVA aplicado en julio de 2010, las tiendas de ropa registraron una caída de las ventas del 10% ese mismo mes, debido a la desconfianza del consumidor, dado que la mayoría de las empresas absorbieron la subida.
   El vicepresidente de la CEC y presidente de la Confederación de Comercio de Madrid (Cocem), Hilario Alfaro, coincidió en que el anuncio supone un "hachazo a la posible recuperación del consumo". "Va en línea contraria a lo que hay que hacer, que es un plan de dinamización del comercio", apuntó.

No está nada claro que Banco de Valencia caiga en manos de un pequeño como 'Mare Nostrum'

MADRID.- Banco Mare Nostrum (BMN) presentó este viernes una oferta vinculante para la compra del intervenido Banco de Valencia cuya subasta debería estar resuelta a mediados de junio, dijeron fuentes con acceso al cuaderno de venta.

"La entidad ha presentado esta tarde la oferta no vinculante en una operación que de culminar le debería permitir acercarse a una cifra de 100.000 millones de euros de activos bajo gestión que está considerada como una cifra psicológica que permite operar con mayor eficiencia en los mercados", dijo una fuente con conocimiento del proceso de venta.
En el mercado se baraja al Popular también como uno de los favoritos para adjudicarse Banco de Valencia si bien su director financiero no quiso pronunciarse este viernes durante la presentación de resultados sobre la entidad valenciana y únicamente reconoció que estudiaría el cuaderno de ventas de Catalunya Caixa.
"Sobre el primero (Banco de Valencia) estamos sujetos a mantener la confidencialidad con respecto al FROB (quien lo adjudica) y no lo podemos comentar, y sobre Catalunya Caixa hemos recibido literalmente ayer una invitación para mostrar nuestro interés y es verdad que lo vamos a estudiar", dijo el directivo de Popular en una conferencia con analistas.
En la actualidad, tanto la intervenida Banco de Valencia como la nacionalizada Catalunya Caixa se encuentran en proceso de subasta. El calendario para Banco de Valencia fija como tope este viernes, 27 de abril, para la presentación de ofertas no vinculantes y el 27 de mayo para las vinculantes antes de su adjudicación en junio.
Diversas fuentes han indicado recientemente que Banco de Valencia, con activos de unos 22.000 millones de euros, podría atraer el interés de entidades de tamaño mediano.
En la actualidad, el sector bancario español se encuentra en pleno proceso de reestructuración después de que el Gobierno aprobara en febrero una normativa que obliga a la banca a afrontar la depreciación de los activos inmobiliarios con unas nuevas exigencias por provisiones y capital por importe de unos 54.000 millones de euros.
El Ejecutivo aprobó esta legislación en un intento por recuperar la confianza de los inversores internacionales en el sector bancario español, cuyo principal talón de Aquiles es precisamente el negocio del ladrillo, donde tiene unos 184.000 millones de activos problemáticos.
Banco Mare Nostrum, con activos de unos 70.000 millones y presencia en el arco mediterráneo (Granada, Murcia, Cataluña y Baleares), ha sido la única entidad que ha expresado públicamente su interés por la entidad valenciana.
En el mercado se considera que Popular, con activos de unos 162.000 millones de euros, también redoblará sus esfuerzos por hacerse con el Banco de Valencia después de no haberse adjudicado la catalana Unnim en favor de BBVA.
"Popular está mirando esta entidad con gran interés y quiere estudiar el cuaderno de venta en profundidad", explicó el jueves una fuente con conocimiento de la operación.
En el mercado tampoco se descarta que Liberbank o Ibercaja puedan estar interesados en analizar las entrañas de BMN. Estas entidades tampoco quisieron pronunciarse.
Aunque en el mercado se considera que Santander o BBVA se concentrarán en otras entidades de mayor tamaño, como Catalunya Caixa o NovaCaixaGalicia Banco (NCGB) -ambas con activos algo superiores a los 70.000 millones euros-, no se descarta tampoco que al final puedan aparecer por sorpresa en el caso de Banco de Valencia.
Bajo el conocido como Esquema de Protección de Activos (EPA), que garantiza una cartera de activos inmobiliarios de unos 6.000 millones de euros, el Banco de España tiene previsto ofrecer al potencial comprador un plan por el que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de los bancos, se haría cargo de pérdidas futuras por el deterioro de activos de Banco de Valencia durante los próximos 10 años.
El coste de la EPA lo asume en un primer momento el Banco de Valencia con las provisiones constituidas, que ascendían a finales de diciembre para sus activos inmobiliarios a unos 1.000 millones de euros.
Posteriormente, el 80 por ciento del quebranto lo asumiría el FGD y el restante 20 por ciento la entidad compradora.
La banca española está trabajando actualmente en varias vías para financiar el coste de las próximas subastas de cajas nacionalizadas, incluida la posibilidad de adelantar aportaciones al FGD, en un momento de crecientes dudas en el mercado por la debilidad de parte del sector financiero español.
Banco de Valencia fue intervenido en noviembre por el Banco de España a través del estatal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que comprometió una aportación de capital de 1.000 millones de euros y una línea de crédito de 2.000 millones de euros.

Valencia dice que tiene un acuerdo verbal para alternar el Gran Premio con Cataluña

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha subrayado este viernes que, "de manera verbal" tiene acordado la alternancia para la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 con Cataluña y que del resto de detalles de la negociación se harán públicos cuando esté cerrada. 

Císcar se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al ser preguntado por si la alternancia con Cataluña supondrá alargar el contrato.
En este sentido, ha explicado que: "De manera verbal tenemos cerrada la alternancia con Cataluña. El resto de detalles, cuando estén cerrados, como hemos dicho anteriormente, se harán públicos. En estos momentos no podemos avanzar más".

Cuatro de cada diez mayores ya ayudan económicamente a algún familiar

MADRID.- El 40,4 por ciento de las personas mayores ayuda o ha ayudado en los dos últimos años en España a familiares, según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica Investigación para la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP). 

   Así, mientras que en el año 2010 de las personas mayores que ayudan o habían ayudado en los dos últimos años a familiares representaban un 15,1 por ciento, actualmente recurrir a la solidaridad de los progenitores se ha convertido "en una de las principales estrategias de adaptación a la difícil situación que padecen muchos ciudadanos españoles".
   Entre las personas mayores que ayudan o han ayudado durante los dos últimos años económicamente a familiares o amigos, el índice de opinión señala que entre los progenitores con mayor nivel formativo, es decir, con estudios al menos secundarios, se registra un porcentaje (48,8 por ciento) significativamente superior de solidaridad que el registrado entre quienes tienen un nivel de estudios inferior (37,5 por ciento).
   También la clase social de los mayores es determinante para adoptar este comportamiento solidario. Así, más de la mitad de personas mayores de clase social alta, media-alta y media (52,5 por ciento) ayudan económicamente a familiares mientras que este porcentaje entre quienes pertenecen a la clase media-baja y baja es significativamente inferior (37,9 por ciento).
   Por otro lado, el número de ayudas destinadas a las personas mayores ha sufrido un descenso de cinco puntos respecto al estudio de 2010. Así, actualmente, los mayores que reciben algún tipo de ayuda económica de familiares se sitúa en un 7,5 por ciento, una bajada significativa respecto al 12,5 por ciento que recibían ayuda en 2010.
   Entre ellos, las mayores que viven solos (13,6 por ciento) registran un porcentaje significativamente superior de ayuda que aquellos que viven acompañados (5,2 por ciento) y, en relación a su nivel de estudios, son los que tienen hasta estudios primarios, con un 8,7 por ciento, los que tienen más ayuda familiar, frente al 4,6 por ciento registrado entre quienes tienen estudios más elevados.
   Finalmente, atendiendo al estatus social se observan diferencias en el mismo sentido, ya que el porcentaje de personas mayores de clase social media-baja o baja que reciben alguna ayuda económica de familiares (8,6 por ciento) es significativamente superior al registrado entre quienes pertenecen a una clase social más alta (3,2 por ciento). De este modo, quienes reciben ayuda de sus hijos se caracterizan principalmente por vivir solos, haber recibido una formación básica como mucho y pertenecer a las clases más bajas.

La Generalitat Valenciana privatizará la gestión de todos los hospitales públicos

VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad de la Generalitat valenciana está trabajando en un nuevo modelo, que se implantará en enero de 2013, que extenderá la iniciativa privada en los hospitales de la Comunidad Valenciana. Así, la Generalitat calcula que obtendrá un ahorro de alrededor de 263 millones de euros al año.

   Así lo ha avanzado este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, el vicepresidente y portavoz valenciano, Jose Císcar, quien ha explicado que los servicios que actualmente están externalizados
y los que forman la 'cartera suplementaria' "se agruparán de manera integral, dentro de cada departamento, para ser adjudicados a un único gestor".
   El objetivo es aprovechar las "economías de escala" y los mayores beneficios que, según José Císcar, obtienen las empresas privadas respecto a las administraciones públicas.
   El también conseller de Presencia ha destacado que "el modelo sanitario español no da para más", y ha advertido de que "o aplicamos la colaboración público-privada o tendríamos que subir los impuestos a los valencianos del orden de 500 euros anuales por cada ciudadano".

El empresario que defraude a la Seguridad Social deberá devolver las cuotas

MADRID.- Los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales, según las modificaciones del Código Penal que introduce el nuevo Plan integral de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y de la Seguridad Social, aprobado este viernes en Consejo de Ministros.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha resaltado que con este plan se trata de evitar comportamientos "que atenten contra los derechos de los trabajadores, así como situaciones de competencia desleal entre las empresas".
   En último término, ha señalado que el efecto más importante del plan es evitar que la detracción de ingresos a la Seguridad Social por el fraude "ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema", a lo que ha sumado que los ciudadanos que cumplen "ven con muy malos ojos" las estas conductas irregulares.
   En este sentido, los objetivos fundamentales del plan serán el afloramiento de la economía sumergida, evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas, principalmente por desempleo, tratar de que todas las empresas den de alta a sus trabajadores, evitar la obtención indebida de bonificaciones y reducciones de cotizaciones empresariales o el disfrute en fraude de ley de prestaciones en aquellos casos en los que se constituyan empresas ficticias.
   Báñez ha hecho hincapié en los cambios normativos que afectan al Código Penal, que requerirán un anteproyecto de Ley Orgánica de modificación, y ha destacado también la tipificación como delito del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular, para perseguir los talleres clandestinos.
   Asimismo, se pretende la ampliación del periodo de prescripción de cinco a diez años en los delitos más graves, como la creación de empresas 'fantasma' que simulan relaciones laborales para obtener prestaciones públicas.
   Por otro lado, a través de un anteproyecto de Ley Ordinaria, se modificarán también la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el Estatuto de los Trabajadores.
   En cuanto a éstas últimas normas, se ampliará el periodo de investigación en supuestos de fraude complejos de 9 a 18 meses y se extenderá a tres años el plazo para exigir responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Asimismo, se amplían las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social hasta los 187.515 euros.
   Además, el plan establece una serie de medias complementarias para proteger a los trabajadores de más edad frente al despido y promover la ampliación de la vida laboral.
   Entre ellas se incluye que las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tengan que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más de 50 años en despidos colectivos, o la prohibición de que los convenios colectivos establezcan topes de edad de jubilación.
   Otras de las medidas incluidas en el plan son un refuerzo de la Inspección de Trabajo con 53 inspectores y 60 subinspectores, y una mayor coordinación con la Inspección de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, entre otras instancias.
   En este punto, Báñez resaltó también la importancia de la participación en el marco del fraude de los colectivos del notariado y de los registradores de la propiedad.
   De esta forma, el Gobierno pretende realizar nuevas campañas de inspección donde está están identificadas posibles bolsas de fraude, así como realizar un seguimiento del empleo aflorado por la inspección para evitar que vuelva a sumergirse.

El Gobierno subirá los impuestos al consumo en 2013 para reducir el déficit

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno tiene previsto incrementar los impuestos al consumo en 2013 con el objetivo de conseguir recaudar 8.000 millones de euros.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos explicó que el Ejecutivo está planteado una "modificación de la estructura impositiva" en España, en el sentido de reducir los impuestos sobre el trabajo y aumentar la carga impositiva sobre el consumo.
   "Lo que estamos planteando es, en un momento en el que debemos dar el salto desde el punto de vista de la competitividad, reducir las cargas y la imposición sobre el trabajo, que está bastante penalizado en estos momentos, e incrementar la imposición del consumo, que estaría en torno a unos 8.000 millones de euros", afirmó.
   El ministro de Economía explicó que esta subida de la imposición al consumo no solamente se refiere al IVA ya que "existen otros tipos de impuestos al consumo e impuestos especiales".
   De Guindos resaltó así la necesidad de reducir los impuestos sobre el trabajo y subir los del consumo cuando se inicia la recuperación económica, que es lo que se demanda a España desde fuera.
   Además, recordó que el problema de la imposición indirecta es subir los tributos cuando la economía cae, porque acelera la tendencia depresiva.

Ecuador prepara un "Plan B" ante los recortes en sanidad pública en España

QUITO.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que puedan verse afectados con esa medida.

Así lo anunció anoche el presidente del directorio del IESS, Ramiro González, al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados voluntariamente a la institución.
"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello "tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero también en Estados Unidos, explicó González.
Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios sanitarios.
González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80 por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por ciento tiene sus papeles en regla.
Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en situación irregular, estimó la autoridad.
Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el "primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación norteamericana.
Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse independientemente del lugar donde trabaje.
También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad latinoamericana en el país ibérico.
En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.
"Ello implica que las personas que se encuentren en situación irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier persona en este país", señaló la legación diplomática.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del Ministerio español de Empleo.
Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada ecuatoriana.
La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener tarjeta sanitaria.
Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los españoles".
Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular, tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.
Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, indica el texto de la Embajada.