VALENCIA.- El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia investiga un presunto fraude por las tasaciones efectuadas por parte de un arquitecto de la Sociedad del Colegio de Arquitectos (Arquitasa) y de un agente de la propiedad inmobiliaria respecto del edificio ubicado en la calle Lauria, esquina con Colón de Valencia, en el que se ubicará próximamente la sede de Apple España. Esta circunstancia ha obligado al hombre que heredó el edificio a pagar unos 15 millones de euros a sus hermanos --coherederos-- para cumplir con las compensaciones.
Según han explicado Mario Gil y Ana María Mejías, los letrados del propietario del edificio, tras fallecer los progenitores, los cuatro hermanos iniciaron un procedimiento civil con el objeto de realizar determinadas compensaciones entre los coherederos. Para ello, era esencial la valoración de los bienes.
De esta manera, se tasaron dos inmuebles. El primero, ubicado en la calle Lauria, número 28-30 --esquina con la calle Colón, número 25--; y el segundo, en Madrid, en la calle Hermanos Becquer, número 4, a escasos metros del Paseo de la Castellana de Madrid, y frente a la embajada de los EEUU. Cerca de este último inmueble se fue a vivir la viuda del anterior jefe de Estado, Francisco Franco, tras abandonar el Palacio del Pardo.
Para las tasaciones, el juez encargado de este asunto pidió a la Oficina de Designación de Peritos que adjudicase dos peritos. Tras nombrarlas, éstas, según han señalado los letrados, no fueron avisadas para que aceptaran sus cargos. Seguidamente, dejó sin efecto la designación y, "de forma irregular", fue nombrado perito un agente de la propiedad inmobiliaria "sin mediar explicación alguna". Él aceptó el cargo. Y luego una de las hermanas aportó otro perito, un arquitecto de Arquitasa.
El perito de Arquitasa tasó el inmueble de Valencia, del siglo XIX, en 36.082.225,15 euros, pese a que no lo visitó por dentro ni comprobó su verdadero estado, y declaró ante el juzgado "haber actuado con la mayor objetividad posible".
Por su parte, el perito inmobiliario rebajó esta cifra hasta los 32.157.584 euros. Sin embargo, el inmueble --que será alquilado para albergar la sede de Apple España en Valencia-- fue vendido a una sociedad por el precio de 18 millones, es decir, la mitad del precio en que el arquitecto imputado lo valoró.
En el acto del juicio para exponer las tasaciones, tanto el arquitecto como el agente inmobiliario ratificaron sus informes, cuyas cifras sobrepasaban los 30 millones de euros, y el magistrado civil dio validez parcial a las mismas y concedió un valor al inmueble de más de 32 millones de euros, teniendo en cuenta que el estado del edificio precisaba una remodelación. De esta manera, el heredero del mismo tuvo que pagar a sus hermanos 15 millones de euros por las compensaciones en la herencia.
Como consecuencia de estas actuaciones, el afectado contrató un detective privado que investigase la forma en la que los dos imputados en este procedimiento habían valorado el inmueble de Valencia. Este pidió una tasación al arquitecto, que la cifró en 18.069.900 euros. Le llegó a confesar, tras exponerle la tasación de 36 millones, que actuó con un dolo directo, e incluso le reconoció tener guardada en su despacho otra peritación de un valor de aproximadamente 10 millones de euros menos.
Es decir, que --según explican los letrados en la denuncia-- tras contratar la misma valoración el detective, sobre idéntico inmueble, y hacerle constar al arquitecto que disponía de la primera tasación, pero que ésta la precisaba para otros fines, le reconoció haber actuado de forma ilícita y le entregó una pretasación por valor de la mitad.
Respecto del agente inmobiliario, el detective averiguó que tras el procedimiento, seguía manteniendo contacto con las partes; que conocía, respecto de la familia, incluso los parentescos de cada rama de la familia y los cargos ostentados por una de las partes; y que incluso llega a reconocer que una de las partes resultaba perjudicada por su informe pericial del edificio.
Tras tener estos datos, el denunciante encargó dos informes más sobre el inmueble: uno de ellos a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), y otro a una empresa de reconocido prestigio en el sector, es decir, Arquibérica. Ambos concluían que había habido una manipulación deliberada de los valores y que el precio de venta nunca pudo ser superior a los 18 millones de euros, según indican los abogados. Asimismo, la Agencia de Detectives Kroll detectó "manipulaciones".
Con toda esta documentación, los letrados del propietario del inmueble presentaron una denuncia ante la Policía en la que alertaban de un posible fraude, y ésta la remitió al juzgado, que ordenó la intervención de varios discos duros y documentos para averiguar si el arquitecto emitió dos informes periciales sobre el mismo bien inmueble. Asimismo, por el momento, ha tomado declaración a este imputado, y la próxima semana declarará el agente inmobiliario.
