martes, 18 de octubre de 2011

Piden que la exdirectora general de la CAM devuelva la pensión anual y el sueldo que se fijó

VALENCIA.- El portavoz adjunto del PSPV en las Corts Valencianes Francisco Toledo se ha referido hoy a la decisión de la exdirectora general de la CAM, María Dolores Amorós, de inscribirse como demandante de emplo en el Servef, para reclamar que devuelva "la pensión anual de 370.000 euros y el sueldo de 593.040 euros que se autofijó antes de ser despedida fulminantemente".

   Toledo ha considerado en un comunicado que el que Amorós haya acudido al Servef es una muestra de que "la avaricia, la desvergüenza y el saqueo de los directivos de la CAM no tiene límite". Además, ha considerado que "la mayor responsabilidad es del PPCV de los últimos 16 años", porque, según ha dicho, "ellos ocuparon las cajas, y ellos debían haber supervisado los órganos de control y dirección, a través del IVF".
   Por ello, ha exigido al PPCV y a Fabra "que voten a favor de una Comisión de Investigación, porque también es responsabilidad suya que Moody's haya decidido hundir a la entidad al nivel del bono basura".
   "La parálisis de Fabra ante la CAM, que deja en evidencia las vergüenzas de su partido, se ha convertido ya en el gran escándalo del inicio de su mandato, porque está demostrando su debilidad para afrontar como gobernante cualquier problema".
   Toledo también ha defendido que "el saqueo al que han sometido a la CAM debe ser investigado ya, y las cuentas deben ser minuciosamente examinadas para verificar si hubo o no falsedad en los balances que el Consejo de Administración aprobó".
   De igual modo, el diputado socialista ha reclamado "conocer qué actuaciones llevó a término el IVF en calidad de supervisor de las entidades financieras, y quién autorizó los créditos en condiciones ventajosas para los consejeros de la caja, mientras los negaban a las familias".
A su parecer, "Fabra tiene que dejar de sonreír para empezar dar explicaciones", ha concluido.

El PP da vía libre a la creación de una comisión de investigación sobre la CAM en las Cortes valencianas

VALENCIA.- El PP votó este miércoles en las Cortes valencianas a favor de crear una comisión de investigación sobre la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) y la situación en la que se encuentra la entidad, "para que se puedan depurar las responsabilidades correspondientes y para pedirle explicaciones al Banco de España".

   Así lo ha explicado este martes el portavoz del PP, Rafael Blasco, tras mantener una reunión con el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, para abordar la reforma de la Ley Electoral, al ser preguntado por si el grupo popular apoyará la creación de esta comisión de investigación, propuesta por EUPV.  
   Blasco ha hecho hincapié en que la situación en la CAM "es alarmante". Por ello, ha anunciado que el PP respalda la creación de una comisión de investigación "para que se puedan depurar las responsabilidades correspondientes y para pedirle explicaciones al Banco de España de por qué, siendo el organismo que tiene la titularidad de fiscalizar y de intervenir esta caja, ha llegado a la situación a la que ha llegado".
   Según el diputado autonómico, el PP es "partidario de la máxima transparencia y de exigir la máxima responsabilidad a aquellos que hayan actuado incorrectamente".  
   Asimismo, ha subrayado que tanto la Generalitat como el Grupo Popular son "los primeros interesados en que se depure cualquier tipo de responsabilidad y, al mismo tiempo, que se sepa exactamente cuál es la situación y el futuro de esta entidad financiera".
   "Especialmente estamos interesados en reivindicar que el Banco de España dé las explicaciones necesarias para poder generar una actitud constructiva respecto de esta entidad financiera, que tiene tanta importancia para la Comunitat Valenciana, y para evitar cualquier atisbo de alarma social que se haya podido generar", ha resaltado Rafael Blasco.

Bellver afirma que no sabía que los Jardines de Monforte estaban protegidos

VALENCIA.- El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia y diputado autonómico en las Corts, Jorge Bellver, que se enfrenta a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación en el 'caso de Monforte', ha declarado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que no sabía que los Jardines de Monforte estaban protegidos cuando aprobaron la construcción de un aparcamiento contiguo, y que él se limitaba a firmar los informes favorables de los técnicos.

   Bellver ha llegado al tribunal valenciano pasadas las 9.30 horas junto a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. En esta sede se juzga desde este lunes a este edil y a cuatro funcionarios de su misma área por la construcción de un aparcamiento junto al Jardín de Monforte.
   El concejal, que ha prestado declaración durante unos 20 minutos, ha indicado que el expediente para construir este aparcamiento se debatió y aprobó en el año 2004 en una Comisión de Urbanismo en la que nadie se opuso. También ha explicado que no recuerda exactamente otros expedientes anteriores en los que se obligaba a pedir un informe favorable a la Dirección de Patrimonio para hacer modificaciones en los entornos del jardín, puesto que estaban protegidos.
   Así, ante la pregunta realizada por el fiscal de si sabía en el año 2004 que los Jardines de Monforte estaban protegidos y necesitaban de una autorización especial por parte de la Dirección de Patrimonio, ha contestado que no.

El síndic insta al ayuntamiento de Cullera y al Consell a acabar la urbanización de 72 VPP

ALICANTE.-  El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, se ha dirigido al Ayuntamiento de Cullera y a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente para recomendarle que en el ámbito de sus respectivas competencias, "extremen sus esfuerzos para lograr la rápida terminación de las obras de urbanización" que permitan la ocupación de las 72 viviendas de protección pública construidas en el Bulevar del Xúquer, en Cullera. 

   Esta es la respuesta del defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana a la queja presentada por una persona afectada que denunciaba que, tras dos años y medio de espera para las viviendas, "resulta que una vez terminadas, no podemos acceder porque no hay luz".
   En la resolución que Cholbi dirige a las respectivas administraciones les recuerda que según el art. 143 de la LUV "la demora injustificada durante la realización y terminación de las obras, salvo las prórrogas que procedan, será objeto de análogas penalidades a las previstas en la legislación general de contratación administrativa relativa al contrato de obras".
   Asimismo, Cholbi añade que el art. 165.2 de la citada Ley (LUV) señala que "el propietario que contribuya a las cargas de la urbanización podrá exigir que el urbanizador la ejecute con la diligencia de un buen empresario y que la administración actuante tutele la actuación"
   Según el síndic y teniendo en cuenta los citados artículos de la LUV, el Ayuntamiento de Cullera debería adoptar todas las medidas a su alcance para conseguir que las obras de urbanización concluyan cuanto antes. Por su parte, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente "también debería impulsar la solución de los problemas técnicos referidos al suministro eléctrico y adoptar las medidas oportunas para evitar que los retrasos en la finalización y entrega de las viviendas pueda seguir perjudicando a sus legítimos adquirientes, quienes temen perder las ayudas y la financiación recibida".
   El síndic es "plenamente consciente de los problemas que la crisis económica está generando en la actividad urbanística de los municipios valencianos". No obstante, en el caso concreto que nos ocupa, Cholbi está convencido de que "la peor parte de esta crisis la soportan las familias y personas que injustamente están sufriendo el retraso en la entrega de las viviendas que les fue adjudicadas".
    Por todo ello, el defensor confía que tanto el Ayuntamiento como la Conselleria "sean sensibles a estas dificultades y que finalmente dichas personas puedan entrar a vivir en sus casas lo antes posible".

Compromís-Equo presenta 25.000 avales ciudadanos para las elecciones generales

VALENCIA.- La coalición Compromís-Equo ha presentado este lunes ante las juntas electorales de las tres circunscripciones de la Comunitat Valenciana unos 25.000 avales firmados por los ciudadanos para dar apoyo a su candidatura a las próximas elecciones generales del 20 de noviembre.

   La reforma de la Ley Electoral pactada por PSOE, PP, CiU y PNV el pasado mes de enero decretó que los partidos que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán para poder presentarse la firma, al menos, del 0,1 por ciento de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección.
   De este modo, Compromís-Equo necesitaba recoger un mínimo de 3.400 avales en todo el territorio valenciano y, finalmente, ha septuplicado esta cifra con 18.000 avales por la circunscripción de Valencia, 5.000 a la de Alicante y 2.000 a la de Castellón.
   Asimismo, junto a los avales, la coalición ha registrado sus candidaturas en unas listas que encabezan Joan Baldoví por Valencia, Aitana Masía por Alicante y Roger Mira por Castellón.    
   A la presentación de los avales y la candidatura por la circunscripción de Valencia que se ha realizado en la Ciudad de la Justicia han acudido el cabeza de lista, Joan Baldoví, y la número dos, Cristina Domingo, quienes han estado acompañados por el portavoz de Compromís y secretario general del Bloc, Enric Morera; el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Ribó; el portavoz de Iniciativa Paco Garcia; y Giuseppe Grezzi de Els Verds Esquerra Ecologista.
   Según ha señalado Baldoví "lo que hemos hecho hoy es un acto de democracia real y participativa". "Nos han querido ahogar con esa norma que pactaron PP y PSOE y que otros partidos con representación en el Congreso como UPyD e Izquierda Unida no enmendaron en su momento para que formaciones como la nuestra no nos pudiéramos presentar", ha criticado.
   "Pero hemos demostrado que la democracia real, cuando la gente quiere, es posible y con este gran número de avales estamos aún más seguros que el día 20 seremos la sorpresa", ha subrayado Joan Baldoví.

El CGPJ designa un juez de refuerzo para el juzgado encargado de investigar el agujero en Emarsa

MADRID.- La Sala de Gobierno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado designar un juez de refuerzo para el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un presunto fraude en la gestión de la depuradora de Pinedo, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

   El Consejo ha adoptado esta medida ante la cantidad de declaraciones previstas para este mes en el juzgado, algunas de ellas de mañana y tarde, han indicado las mismas fuentes.
   Las declaraciones comenzaron el pasado día 7 de octubre con el exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa), Esteban Cuesta. Todavía está pendiente citar al resto de imputados y de testigos, con lo que se prevé que las declaraciones se prolonguen todo el mes.
   La causa, abierta por delitos de estafa, malversación y delitos societarios, tiene su origen en una denuncia del PSPV en la Emshi en octubre de 2010, quien denunció que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros, además de contratos no justificados por valor de unos 32 millones.