jueves, 28 de mayo de 2009

El PSPV advierte de que los ingresos corrientes de la Generalitat disminuyeron en 330 millones en mayo

VALENCIA.- La portavoz de Economía del grupo parlamentario socialista en las Corts, Cristina Moreno, advirtió hoy de la "irresponsabilidad" del Consell por "disparar" los gastos y reducir los ingresos corrientes de la Generalitat en 330 millones de euros.

Moreno, en un comunicado, se refirió así a la situación de la tesorería de la Generalitat del mes de mayo, publicado hoy en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). Al respecto, destacó que los ingresos corrientes disminuyeron 330 millones de euros respecto al mismo mes del año pasado mientras el gasto corriente se disparó en un 12%.

Los únicos ingresos que aumentaron, casi 84 millones de euros, son los que provienen del Gobierno de España.

La diputada socialista lamentó que el Consell "demuestra de nuevo su irresponsabilidad en la gestión del dinero público de los valencianos al disparar el gasto corriente y renunciar a la inversión productiva, tanto económica como social".

En este sentido subrayó que "la renuncia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a la inversión productiva y su irresponsabilidad en la gestión del gasto corriente nos deja a los valencianos en peores condiciones para afrontar la crisis que el resto de los ciudadanos de España".

Según Moreno, el Consell "debería actuar como miles de familias valencianas que se ajustan y aprietan el cinturón en tiempos de crisis en lugar de gestionar el dinero público como un nuevo rico que gasta sin pensar en el futuro y sin unas prioridades previamente establecidas".

La portavoz adjunta del PSPV-PSOE en las Corts señaló a Camps como "el máximo responsable de la deriva económica de las instituciones valencianas".

"El presidente de la Generalitat valenciana debe fijar cuanto antes unas prioridades inversoras para garantizar el futuro y minimizar los efectos de la crisis, sobre todo a aquellos más necesitados, y zanjar sin más demoras el disparatado aumento del gasto corriente que hipoteca cada día en mayor medida la salida valenciana a la crisis", concluyó.

El PSPV preguntará por los contratos de Orange Market con Feria Valencia

VALENCIA.- El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia anunció hoy que ha presentado una interpelación al equipo de gobierno en relación a las contrataciones de Feria Valencia con la empresa Orange Market, vinculada al caso 'Gürtel', informaron fuentes del PSPV en un comunicado.

La concejala socialista Ana Botella firma la interpelación, dirigida al primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, y al concejal Jorge Bellver, como representantes del Ayuntamiento de Valencia en el comité ejecutivo de Feria Muestrario Internacional.

En este sentido, explicaron que las contrataciones realizadas por Feria Valencia con la empresa Orange Market, S.L., "están teniendo un negativo impacto en la imagen de la institución ferial, uno de los principales motores de la economía de la ciudad de Valencia", explicó la concejala.

Por ese motivo, subrayó que la formación socialista en el consistorio valenciano "solicita a los concejales representantes de este Ayuntamiento información relativa a esta materia".

Cajamar, Caja Campo, Caixa Albalat y Caja de Casinos crean grupo cooperativo con activos por 26.414 millones

VALENCIA.- Los consejos rectores de Cajamar, Caja Campo, la Caixa Rural de Albalat dels Sorells, y la Caja Rural de Casinos han acordado la constitución del grupo cooperativo Cajamar con el objetivo de "mejorar su eficiencia, su gestión y su solvencia", así como para "incrementar su capacidad de actuación". Los activos de las cuatro entidades suman 26.414 millones de euros, lo que supone un 29,5% del balance de las 76 cajas rurales que existen en España.

El presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao; el presidente de Caja Campo Caja Rural, Luis Robledo; el presidente de Caixa Albalat, Vicente Oliver Cariñena; y el presidente de la Caja Rural de Casinos, Eleuterio Hernández, presentaron hoy este acuerdo, que tendrá que ser ratificado por los socios en Asamblea General, por lo que se espera que sea oficial en el último trimestre del año.

El presidente de Cajamar --entidad cuyo consejo rector será consejo de cabecera del grupo-- explicó que esto no supone una fusión entre las diferentes entidades, porque cada caja "conserva su personalidad jurídica". Asimismo, preguntado por las diferencias con un Sistema Institucional de Protección (SIP) explicó que "la filosofía es la misma, buscar la solvencia común", aunque ambas formas tienen "matices", precisó.

Pérez Lao explicó que este "no es un proyecto cerrado", ya que están "abiertos" a la incorporación de otras cajas rurales, aunque no han iniciado negociaciones con ninguna en concreto. Asimismo, resaltó que se trata de una iniciativa "pionera" que comparó con otros grupos europeos como Crédit Agricole, Rabobank, o DZ Bank, que "compatibilizan la existencia de una entidad grande de ámbito nacional con entidades con una gran implantación y arraigo local", como es el caso de Caja Campo y las cajas de Albalat y Casinos, apuntó.

En su opinión, el proyecto "aportará solidez, mejorará la valoración de las entidades que lo constituyen, facilitará el acercamiento a mercados financieros, mejorará los mecanismos actuales de financiación y fortalecerá las capacidades actuales de servicios a los socios", explicó el presidente de Cajamar.

Así, subrayó que, aunque el sistema financiero español "no se ha visto tan afectado por la crisis como el de otros países, es necesario pensar más allá de la coyuntura actual y mirar al futuro". Con este objetivo, nace esta iniciativa que "optimizará al máximo la capacidad organizativa, la infraestructura y la prestación de servicios de las cuatro entidades", y "marcará un antes y un después en la historia de las cajas rurales", subrayó.

Por su parte, el presidente de Caja Campo, Luis Robledo, resaltó que este es el primer grupo cooperativo que se crea en España. De este modo, aclaró que "no se trata de una fusión" y cada una de las cajas que se han adherido "mantendrán su soberanía e independencia, plena personalidad jurídica, órganos de gobierno y dirección, plantillas de empleados, oficinas, sedes sociales, y la gestión de la obra social".

Asimismo, el presidente de Caixa Albalat rechazó que esta decisión se adopte por el hecho de que alguna entidad se haya visto afectada por la crisis, sino que es una iniciativa que se toma porque "así lo exige la realidad presente del sistema financiero español". Añadió que está "convencido" de que el grupo permitirá "reforzar la posición de la entidad, mejorar sus servicios, poner más recursos a disposición de los socios y clientes, y favorecer el crecimiento".

Finalmente, el presidente de la Caja Rural de Casinos manifestó que aunque ésta es una entidad "eminentemente local, no es menor el sentimiento e ilusión" en el proyecto que consideró como "un instrumento financiero de primer orden, con una gran dimensión, y que va a ser muy importante para reforzar las líneas tradicionales de actuación".

El grupo cooperativo Cajamar se constituye de acuerdo con la Ley General de Cooperativas, que recoge la constitución y favorece el desarrollo de grupos cooperativos; la directiva europea, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio; y la circular del Banco de España, que establece los fundamentos objetivos y reglas de los SIP como instrumentos para la colaboración entre entidades de crédito.

El grupo, según los datos a 31 de diciembre de 2008, cuenta con activos que superan los 26.414 millones de euros, mientras que el volumen de negocio alcanza los 43.086 millones. En cuanto a los socios, cuentan con un total de 571.738, además de más de 2 millones de clientes, 4.380 empleados y 1.003 oficinas.

De estas cifras, la mayoría del volumen de negocio, en millones de euros, pertenece a Cajamar, con 40.913; seguido de Caja Campo, con 2.029; Caixa Albalat, con 68 y Caja Casinos, con 76, del total de 43.087. Por lo que se refiere al balance total de 26.415 millones de euros, Cajamar aporta 25.154; Cajacampo 1.173; Caixa Albalat; 43 y la de Casinos 45.

Los fondos propios del grupo suman 1.920 millones de euros, de los que 1.829 pertenecen a Cajamar; 87 a Cajacampo; nueve a Albalat y ocho a Casinos. En cuanto a las oficinas, se reparten entre las 924 de Cajamar, las 76 de Cajacampo, dos de Caixa Albalat, y una más de Caja Casinos.

Blanco promete a empresarios catalanes pelear por el Corredor Mediterráneo

BARCELONA.- El ministro de Fomento, José Blanco, se comprometió hoy ante empresarios catalanes que su gobierno, aprovechando la presidencia de la UE en 2010, dará un impulso definitivo al Corredor Mediterráneo de alta velocidad, sin concretar fechas. "Lo considero prioritario, tiene gran potencialidad y va a ser determinante".

El titular de Fomento fue preguntado por esta cuestión en más de una ocasión por los presentes a la XXV reunión del Círculo de Economía y Blanco quiso dar un mensaje de tranquilidad al dar su palabra de que el Gobierno español peleará porque este corredor sea una realidad, tras lamentar que se perdiera una oportunidad en el pasado, en 2003, y reinó un silencio "bastante clamoroso".

"Ya lo hablé con Montilla y me reuniré en la próxima quincena con Camps", anunció Blanco, que recordó que la concertación con las comunidades para vertebrar el eje es clave para impulsar el proyecto.

Blanco, que notó cierto escepticismo en el tono de alguna pregunta, quiso dejar claro que España "no está tan mal" en alta velocidad.

"Vamos a plantearlo como objetivo de la presidencia de la UE porque me parece que es prioritario y lo digo con claridad", concluyó.

La FEHV dice que la ordenación de primera línea de playa es distinta según qué parte de España

VALENCIA.- La Federación Empresarial de Hostelería de Valencias (FEHV) consideró que el proceso de ordenación del dominio maritimo, terrestre y de primera linea de playa se está desarrollando a distintas velocidades según la parte de España y, a su juicio, es "necesario" que haya un "diálogo y comunicacion" entre las distintas federaciones hosteleras españolas para llegar a "un punto en común que resulte beneficioso para todos", según informaron fuentes de esta entidad en un comunicado.

En su opinión, "lo importante es lanzar un mensaje de compromiso de solidaridad con el conjunto del sector hostelero español, independientemente de donde desarrolle su actividad, para lograr objetivos comunes". El FEHV afirmó que es "consciente de la problemática", y aseguró que apuesta por "la unidad, el diálogo y el consenso, independientemente de la zona de costa en que se encuentren los establecimientos afectados".

Además, comentó que hay que "contrastar las distintas velocidades segun regiones", y apostar por "el consenso y el diálogo para llegar a un punto en comun, en beneficio del sector". Para FEHV, "el Ministerio dice que la aplicacion es con criterio diferencial según las características físicas de cada tramo de costa y, en particular, las playas valencianas afectadas reúnen las mejores características y requisitos de demanda social que hacen necesaria la ubicacion de los establecimientos en los paseos marítimos".

Al respecto, indicó que la playa urbana de Valencia se trata de "las más grandes de Europa, con más de 60 metros de ancho de playa en algunos tramos, paseos marinos muy amplios y, además, no dispone de espacio para ubicarlos en un emplazamiento alternativo".

Asimismo, puntualizó que la palabra 'chiringuito' parece "peyorativa o discriminatoria", por lo que urgió a "distinguir los quioscos en la arena donde puedes comprar helados o alquilar hamacas, de los restaurantes de primera línea, que ofrecen un servicio de calidad y atencion al público". "Los establecimientos de la Comunitat no responden a la connotación negativa de 'chiringuito'", recacó.

En cuanto al debate más técnico, la FEHV remitirá informes al Ministerio para que estudie los casos particulares de cada uno de los locales, hay polémica cuando habla de que no hay aplicacion restrictiva de la ley, puesto que la mayoría de establecimientos que se ven inmersos en esta problemática son de principios de siglo y obtuvieron sus licencias con la ley de costas del 1988.

"La directora general habla de dar un paso atrás, pero nosotros ese paso atrás lo consideramos como una aplicacion restrictiva de la ley, porque los establecimientos afectados cumplen con la legislación vigente y tienen los permisos pertinentes", aseveró la Federación.

Respecto al debate sobre la necesidad de los restaurantes en primera linea, la FEHV consideró que son "necesarios", pues "responden a la demanda social de los cientos de miles de vecinos y turistas que acuden a las playas y las convierten en seña de identidad de nuestra cultura y de nuestro turismo", por lo que son "muy necesarios", insistió.