viernes, 31 de octubre de 2008

La burbuja y sus cómplices / José Manuel Naredo*

La larga duración de la fase alcista del presente ciclo inmobiliario indujo a la población a habituarse a ella como si de algo normal y permanente se tratara. Los diez años de auge crearon hábitos de vida y de negocio muy arraigados.

Se presuponía que la continuidad de las subidas de precios de los inmuebles haría siempre interesante su compra, aunque fuera a crédito, reforzando la presión compradora que hacía realidad las revalorizaciones previstas.

Sobre estas bases se desarrolló a sus anchas la espiral de revalorizaciones y compras, cada vez más apalancadas con créditos, que caracteriza a las llamadas burbujas bursátiles o inmobiliarias.

Pero la experiencia demuestra que ni los árboles pueden crecer hasta el cielo, ni el auge puede ser permanente, porque genera desequilibrios que en algún momento lo hacen declinar, normalmente, por un estrangulamiento financiero que acaba cortando la mencionada espiral y haciendo que los promotores y compradores más endeudados sufran las consecuencias.

Así, desde hace más de un lustro he venido advirtiendo que “cuanto más se prolongue la burbuja inmobiliario-constructiva actual, más inquietantes pueden ser sus resultados, habida cuenta del peso anormalmente alto que tienen los activos [y el endeudamiento] inmobiliarios en el patrimonio de los hogares”.

Pues, a mi juicio, lo más fácil era prever el desenlace crítico al que conducía el auge inmobiliario; lo verdaderamente difícil era imaginar que el auge podía llegar hasta donde ha llegado, al disponer la economía española desamparada en el euro de una financiación externa tan inusualmente copiosa y barata.

Pero esa misma financiación externa que prolongó tánto el auge fue la que, a la postre, lo acabó estrangulando. Pues España, al erigirse en líder del auge inmobiliario, acabó erigiéndose también en líder del riesgo inmobiliario y desanimando dicha financiación.

Hace ya más de un año, tras constatar en un estudio que la exposición de la economía española al riesgo inmobiliario superaba en todos los aspectos al de los otros países de nuestro entorno, incluido EEUU, concluíamos diciendo que “la suerte ya estaba echada”: no cabía evitar la crisis, solo gestionarla lo mejor posible.

Pero nada se hizo, y esta gestión resulta hoy más difícil cuando, como preveíamos, el superávit presupuestario se ha desinflado con una rapidez pasmosa sin que antes se hubiera orientado a promover un relevo de actividades que de momento no se vislumbra.

Si a esto añadimos que la política económica, al no poder devaluar la moneda, no cuenta ya con este medio tradicional de hacer que la economía española recupere posiciones competitivas que faciliten el relanzamiento de su actividad exportadora, concluíamos que todo “hacía presagiar un estancamiento de larga duración”.

Debería ser responsabilidad de gobiernos y analistas evitar con medidas y advertencias que las burbujas alcancen dimensiones que se revelan social y económicamente amenazantes. Pero en España no han predominado la prudencia y la finura en las políticas ni en los pronósticos: los gobiernos han sido tan irresponsables, como raros los analistas que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo sobre los peligros del evidente desenlace del ciclo.

Como botón de muestra de ambas irresponsabilidades resulta a la vez sorprendente y penoso escuchar a todo un ministro de Economía confesar que la crisis le había pillado desprevenido, haciendo gala ya sea de un cinismo a prueba de bomba o –no se sabe qué es peor– de una incompetencia supina.

En mi opinión, los fallos no han venido tanto de errores de diagnóstico, como de la censura implícita que impedía comunicar que se creía que podía crear “alarma social”. Pues me resisto a creer que cualquier analista mínimamente experimentado no supiera que el pulso de la coyuntura económica acostumbra a ser cíclico y que la magnitud del auge y de los desequilibrios originados presagian la magnitud del declive.

Y me consta que, entre los economistas más próximos al poder político y/o empresarial, estaba mal visto reconocer públicamente la propia existencia de la burbuja inmobiliaria como no fuera para afirmar, a modo de mantra o conjuro repetitivo, que el “aterrizaje sería suave” a fin de no desanimar a los compradores de inmuebles, ni siquiera en la fase final y más comprometida del ciclo.

Así, ni los avisos esporádicos del Banco de España, ni los trabajos de algunos analistas aislados pudieron romper el coro de complacencia entonado por los profesionales, empresarios y políticos de un sector y de un país que acostumbran a premiar la obediencia servil y a despreciar la inteligencia.

Pero la coyuntura económica no se controla con campañas de imagen que nieguen la crisis, ensalcen la solidez de la economía española y refuercen la confianza de los inversores, cuando las cifras dicen todo lo contrario, pues estas mandan más que las campañas. Si la capacidad de financiación de los hogares ya está exhausta de tanto “invertir en ladrillos”, si la inversión extranjera en inmuebles ya empezó a decaer hace cuatro años y si ya no se puede obtener, como antes, en el exterior financiación barata y abundante, no hay campañas de imagen que valgan.

La gran irresponsabilidad de los gobiernos no solo estriba en haber negado o soslayado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, que desembocaron en casos tan sonados como el de Marbella, forzando así el lamentable monocultivo inmobiliario de este país.

Todo ello cuando deberían de haberla identificado y gestionado desde hace tiempo para evitar un desenlace tan poco recomendable como al que estamos asistiendo. Situación que además pide a gritos el cambio del actual modelo inmobiliario que, para colmo, nuestros “avanzados” políticos ni siquiera se han planteado.

El gran error político del presidente Zapatero fue, en suma, no tomar conciencia y ni plantear con claridad el horizonte de crisis al que llevaba el auge inmobiliario e iniciar su controlada reconversión cuando ganó sus primeras elecciones, hace ya cinco años. Entonces sí que hubiera sido posible planificar con tiempo el añorado “aterrizaje suave” y la necesaria reconversión “del sector”.

También entonces hubiera podido culpar a quienes le precedieron de la comprometida situación a la que se veía abocada la economía española. Habría podido esquivar, entonces, la burbuja que le acabó explotando en la cara. Con el agravante de que, al hacer suyo el “España va bien” de Aznar, dio pie a que ahora lo señalen como culpable.

* José Manuel Naredo es economista y estadístico

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El juez dicta prisión bajo fianza para el alcalde de Zarra y su hijo

VALENCIA.- El titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Requena (Valencia) ha dictado esta madrugada el ingreso en prisión provisional, comunicada y eludible bajo fianza de 18.000 euros, para el alcalde de Zarra, Juan José Rubio, y su hijo por su presunta implicación en irregularidades urbanísticas.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras tomar declaración durante varias horas a los detenidos, el juez ha ordenado a las 14:00 horas su traslado a un centro penitenciario.

El alcalde del pueblo valenciano de Zarra, una población de 400 habitantes en el interior de la provincia de Valencia, el independiente Juan José Rubio, está imputado en una causa abierta por los delitos de prevaricación urbanística, un delito contra la ordenación del territorio, otro de actividad prohibida a funcionario público, fraude y estafa.

A su hijo, el juez le imputa un delito contra la ordenación del territorio, estafa y un delito eventual de usurpación de la propiedad. Según la investigación de la Guardia Civil, concedió licencias a la empresa Telyzan, que dirige su hijo, para levantar 73 chalés sobre parcelas no urbanizables que fueron vendidos a ciudadanos británicos.

El alcalde de la localidad valenciana y su hijo fueron detenidos el pasado martes después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Requena admitiera a trámite una denuncia de la Fiscalía, a raíz de la investigación realizada por el Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil. Juan José Rubio fue expulsado del PSPV-PSOE hace dos años tras ser imputado por otra irregularidad urbanística.

El juez instructor acordó una serie de entradas y registros practicados el pasado martes, así como la detención del primer edil.

El Gobierno niega que el AVE a Alicante se retrase hasta 2015

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, reiteró que el AVE llegará a Valencia en 2010 y a Alicante en 2012.

Peralta se expresó en estos términos tras conocer el informe de elaborado para el Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), en el que se preveía un retraso de tres años para la llegada de la alta velocidad a la capital alicantina.

Asimismo, señaló que el Gobierno "responde" con licitaciones y dotaciones presupuestarias a las "dudas" que surgen sobre los plazos marcados.

Aseguró que el hecho de que "el Consejo de Administración de Adif apruebe la adjudicación de obras por valor de más de 170 millones de euros es la prueba clara y el desmentido eficaz de aquellas dudas que hayan podido surgir" sobre este compromiso, según informaron fuentes de la delegación del Gobierno.

Peralta se refirió así a la adjudicación de las obras de plataforma de vía correspondientes a la Fases I y II del Canal de Acceso de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia así como de la plataforma del tramo Elche-Crevillente.

Para el delegado, "estas actuaciones acreditan que este Gobierno está haciendo un esfuerzo simultáneo por garantizar que el tren de Alta Velocidad llegue a todas las capitales de la Comunidad Valenciana" y significan que el AVE "no solo avanza hacia Valencia sino que también avanza, a toda velocidad, la llegada del AVE a Alicante".

En este sentido, afirmó que "ésta es la respuesta adecuada y suficiente a aquellas dudas que hayan podido surgir en las últimas semanas acerca del compromiso y del cumplimiento real de los plazos marcados".

"La respuesta del Gobierno es la respuesta propia de un Gobierno: actuaciones, licitaciones y dotaciones presupuestarias; nosotros no actuamos generando dudas e incertidumbre, sino con licitaciones y adjudicaciones, con obras y con dotaciones presupuestarias", aseveró el delegado del Gobierno.

Por otra parte, Peralta destacó que este viernes se publicó en el BOE "una inversión de más de 20 millones de euros para el aeropuerto de El Altet, una infraestructura estratégica para nuestra Comunidad y especialmente para la provincia de Alicante".

De esta forma, "el Gobierno está llevando a cabo un proyecto de modernización de este aeropuerto para que esté en condiciones de asumir las necesidades crecientes del tráfico aéreo en los próximos años", sentenció Peralta.

La Cámara de Alicante propone que la CAM se fusione con cajas de fuera de la Comunidad Valenciana

ALICANTE.- Más de 30 empresarios de los sectores turístico, financiero y de servicios reunidos para la elaboración del plan estratégico de Alicante de la Cámara de Comercio acordaron la inclusión en el documento final de una propuesta para que la CAM dé el paso de absorber a cajas de ahorros de otras autonomías.

El planteamiento que textualmente alienta es "la fusión interregional de cajas de ahorros, preservando Alicante como centro financiero", evita con toda intención mencionar una hipotética fusión CAM-Bancaja, pero apunta directamente al horizonte de crecimiento de la entidad alicantina.

En pleno debate sobre las fusiones de cajas, los empresarios y la Universidad de Alicante (UA) -que coordina el plan estratégico- marcaron la línea divisoria que debe separar el mercado financiero de la Comunidad Valenciana: la CAM, por un lado, y Bancaja, por otro.

Entre los asistentes a la reunión se encontraba el director territorial de Caja Mediterráneo, Agustín Llorca.

Momentos después, en otro foro empresarial, el ex presidente de la patronal Coepa y actual mandatario del Instituto de Estudios Económicos de Alicante, Joaquín Rocamora, abundaba en la cuestión: "Ni CAM ni Bancaja precisan una fusión. Tienen suficiente eficacia como para trabajar solas. Siempre hemos preferido dos entidades fuertes que una que, fusionada, no sería mayor que las dos primeras de España".

El catedrático Juan Iranzo apuesta por las fusiones interregionales de cajas de ahorro

VALENCIA.- El catedrático Juan Iranzo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE) apuesta por eliminar el veto a las fusiones entre cajas de ahorros de distintas comunidades autónomas.

"Un modelo de diecisiete cajas, una por autonomía, parece absurdo", explica que Iranzo quien matiza que "tanto la CAM como Bancaja" tienen la suficiente entidad y solvencia como para funcionar solas.

Sin embargo, el director general del IEE matiza también que es "necesario algunas fusiones o absorciones de cajas de ahorro" y explica que el mecanismo tendría que la unión de las que tienen problemas con las más solventes. Para lograr ello habría eliminar la barrera de las autonomías.

El Gobierno valenciano asegura que la fusión de BBK y Kutxa "no altera el panorama" de CAM y Bancaja

VALENCIA.- El vicepresidente primero de la Generalitat y portavoz del Consell valenciano, Vicente Rambla, aseguró hoy que la fusión de las cajas vascas BBK y Kutxa "no altera el panorama" de la CAM y Bancaja que, a su juicio, son "dos cajas muy sólidas, con una presencia territorial muy definida en la Comunidad Valenciana y fuera de ella" y que, además, "tienen un peso muy importante en el conjunto del sistema financiero español".

Rambla realizó estas declaraciones en la rueda de prensa en la que compareció tras el Pleno del Consell, al ser preguntado por la decisión que acordaron ayer los consejos de administración de BBK y Kutxa de aprobar el proyecto de fusión de ambas entidades para constituir la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Euskadi (Euskadiko Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea), que se convertirá en la tercera caja de España por beneficios y patrimonio neto.

El vicepresidente del Consell explicó que a lo largo de los últimos años se han ido produciendo fusiones en el ambito de las cajas de ahorros, así como en el de otras entidades financieras como los bancos. Al respecto, manifestó que el hecho de que "ahora hayan decidido parte de las cajas vascas, que no todas, llegar a un acuerdo de fusión en nada altera el panorama" de las dos cajas valencianas.

Asimismo, destacó que la Generalitat "mantiene una posición de respeto e independencia respecto a las entidades financieras" para evitar que se produzca "una politización de las decisiones de las entidades financieras".

En esta línea, señaló que la política que lleva a cabo el Gobierno valenciano ha permitido a la CAM y a Bancaja "desarrollarse de manera notable y tener un peso y una presencia en el conjunto financiero español muy significativo".

Aprobados los términos para el retorno voluntario de inmigrantes desde España

MADRID.- El Gobierno español aprobó este viernes los términos para el retorno voluntario de los trabajadores extranjeros a sus países de origen, entre los que figuran diez países latinoamericanos con los que España tiene firmados convenios de seguridad social, informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Los ciudadanos de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela y de otros diez países podrán beneficiarse de las medidas. Éstas consisten en pagar por adelantado en dos veces el subsidio de desempleo mensual a los extranjeros que se han quedado sin trabajo. El 40% de ese subsidio total se pagaría en España y el resto, cuando la persona haya llegado a su país.

Para ello, el trabajador deberá estar inscrito como demandante de empleo y habérsele concedido el subsidio por desempleo. Además, deberá abandonar el país 30 días después de haber recibido el primer pago en España y comprometerse a no volver a España a trabajar en los tres años siguientes, según un comunicado emitido este viernes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Pasados los tres años, el trabajador tendrá "derecho preferente" para optar a un empleo en España gestionado por el Gobierno. Quienes decidan regresar no perderán sus derechos de residencia en España. Esta medida tiene "vocación de permanencia" y "favorece el desarrollo de los países de origen mediante el regreso de personas cualificadas", explicó el ministerio.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también anunció el pasado abril la posibilidad de ayudar con microcréditos a los extranjeros que quieran retornar, pero todavía no se han tomado medidas al respecto. El Ejecutivo fue bajando paulatinamente la cifra de los inmigrantes que espera regresen a sus países, de unos 100.000 iniciales a unos 87.000.

Hasta hace una semana, unas 4.000 personas habían pedido información sobre el plan, según cifras del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El plan responde al incremento del desempleo en España, provocado por la crisis económica, que ha hecho subir la tasa de menos del 8% el año pasado al 11,33% en el tercer trimestre de este año, y que afecta sobre todo al sector de la construcción, donde trabajan muchos inmigrantes.

Fitch confirma los ratings de Cajamar y la perspectiva estable de la entidad

ALMERÍA.- La agencia internacional de medición de riesgos Fitch ha confirmado las calificaciones de Cajamar a largo plazo 'A', a corto plazo 'F1', individual 'B' y la perspectiva a largo plazo 'estable' de la entidad.

Por cuarto año consecutivo Fitch mantiene su calificación a Cajamar y señala que estos rating reflejan la fuerte implantación de la entidad en sus provincias de origen (Almería, Málaga, Murcia y Valladolid), además de su historial de rentabilidad, su base sólida de capital y el control de costes que lleva a cabo.

Ante el actual escenario de desaceleración de la economía española, Fitch también hace referencia a la calidad de los activos de Cajamar, a la diversificación de sus préstamos, a que se beneficia de una amplia y estable base depósitos y a su conocimiento de los ámbitos territoriales en los que opera.