viernes, 4 de mayo de 2012

La Comunitat es la segunda autonomía en la que más crece el paro con 2.961 nuevos desempleados en abril

VALENCIA.-  La Comunitat Valenciana ha encabezado en el mes de abril el crecimiento del paro en España, sólo por detrás de Canarias, con 2.961 nuevos desempleados, un 0,52 por ciento más, lo que eleva el número total de personas sin trabajo a 575.667, según ha informado este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

   En España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar abril en 4,74 millones de personas, tras bajar en el mes en 6.632 desempleados, con un descenso porcentual del 0,14% respecto a marzo.  
   La caída del paro en abril rompe así con ocho meses consecutivos de subidas y se debe, sobre todo, al efecto de la Semana Santa, como demuestra el descenso del desempleo en 8.304 personas (-0,29%) registrado en el sector servicios, actividad donde más se redujo el paro en el cuarto mes del año.

Banco CAM asume la Ciudad Ros Casares con el objetivo de dar salida "lo antes posible" al stock

ALICANTE.- Banco CAM ha asumido el proyecto inmobiliario Ciudad Ros Casares de Valencia ante la imposibilidad de la constructora Grupo Casares de hacer frente a la hipoteca con esta entidad y prevé dar salida "lo antes posible" al stock, con precios adaptados a la oferta actual, según han indicado  fuentes cercanas a la operación. 

   Este proyecto se presenta como "una de las mejores ciudades empresariales de Europa" e incluye 'lofts', oficinas, locales comerciales y apartamentos turísticos, en un complejo "dotado de altas prestaciones tecnológicas y excepcionales calidades con diferentes tipologías, amplias zonas verdes y de ocio, servicios generales y especializados y una excelente ubicación geoestratégica".
   La Ciudad Ros Casares abarca una superficie de 172.000 metros cuadrados en el polígono Vara de Quart de Valencia e incluye un área de desarrollo de 70.886 metros cuadrados y 31.617 metros cuadrados de vías y zonas verdes.
   Además, comprende 14 edificios en los que se han creado 689 unidades con superficies desde 83 metros hasta 153 metros, 132 unidades con superficies desde 90 metros hasta 2.000 metros cuadrados y 1.436 plazas de aparcamiento.
   Los planes de Banco CAM, que adquiere el complejo como la "mejor alternativa para dar salida al stock de estos inmuebles", pasan por adaptar los precios a la oferta actual, e incluso incorporar la fórmula de alquiler con opción a compra, todo ello dirigido a dar salida a estas propiedades "lo antes posible".

Las cuentas anuales de BFA-Bankia, sin auditar por la complejidad del ejercicio 2011

MADRID.- BFA-Bankia ha informado de que sus cuentas anuales están sin auditar ante la complejidad del ejercicio 2011, en que se produjo la transformación de sus siete cajas de ahorros en un banco y una salida a Bolsa.

   La entidad precisa que por esta razón el auditor Deloitte ha requerido mayor tiempo y que el informe de auditoría estará disponible cuando se convoque la junta general de accionistas que se producirá la próxima semana.
   BFA-Bankia indica que depositó fisicamente sus cuentas anuales formuladas sin auditar el pasado 30 de abril en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   En tanto la configuración de la información remitida por BFA-Bankia no permitió utilizar el sistema informático preceptivo para publicar las referidas cuentas, la CNMV procedió a solicitar a  Bankia un hecho relevante para la publicación de sus cuentas anuales y las de su matriz.
   Debido a la extensión y configuración técnica del documento a remitir por BFA-Bankia, ésta no pudo remitir la información solicitada hasta última hora del jueves 3 de mayo, lo que hizo imposible que las cuentas estuvieran disponibles hasta esta mañana.
   Dada la complejidad de constituir un grupo nuevo durante 2011, año en que se produjo la transformación de las siete cajas en un banco, así como diversas segregaciones de activos y la salida a Bolsa de Bankia, el auditor ha requerido un mayor plazo de tiempo para finalizar sus trabajos "que se desarrollan con total normalidad", sostuvo el grupo.
   En este sentido, recalca que en el momento de la convocatoria de la junta de accionistas, que se llevará a cabo la próxima semana, el informe de auditoría estará disponible y se remitirá a la CNMV.
   El organismo que preside Julio Segura no ha publicado los resultados anuales de BFA y de Bankia, a falta de recibir el informe de auditoría correspondiente que las refrende, explican desde la CNMV.
   Tanto BFA como Bankia deberían haber remitido al supervisor las cuentas anuales auditadas antes del pasado 30 de abril, mientras que las entidades han publicado la información en hecho relevante con fecha de 4 de mayo.
   Por esta razón, las cuentas de BFA y Bankia correspondientes al ejercicio 2011 no se han depositado en el registro de informes anuales de la CNMV, como las del resto de las empresas cotizadas, sino que se han comunicado como hechos relevantes.
   BFA sí presentó información sobre las cuentas correspondientes al segundo semestre, de las que se puede extraer una imagen de los resultados anuales, el pasado 30 de abril. Al no tratarse de una empresa cotizada, contaba con dicha fecha de plazo límite en vez del 28 de febrero.

El PP cierra la comisión de investigación de Emarsa sin esperar al informe sobre Morenilla

VALENCIA.- El PP en las Cortes Valencianas ha aprobado en solitario las conclusiones de la comisión de investigación de Emarsa y el cierre de la misma ante el reproche de la oposición de que no se espere al informe jurídico solicitado a los letrados de las Cortes Valencianas, en relación a la incomparecencia del exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), José Juan Morenilla. PSPV, Compromís y EUPV han solicitado el aplazamiento de las conclusiones pero el PP ha considerado que este hecho "no es motivo suficiente para saltarse el calendario" aprobado para la comisión. 

   Morenilla fue citado a comparecer en la comisión pero se negó por su imputación en la causa abierta por el juzgado de instrucción nº 15 de Valencia en la que se investiga el agujero económico de 25 millones en la gestión de la depuradora de Pinedo. En este caso, la Epsar era la empresa encargada de financiar esta infraestructura.
   Los grupos de la oposición han lamentado la "falta de diligencia" de la Mesa a la hora de solicitar el informe jurídico, ya que fue tramitada este jueves, un día antes del cierre de la comisión. Asimismo, han recordado que en la comisión de investigación de la CAM sí que se ha elaborado un documento que advierte de que quienes no atiendan a los requerimientos de las comisiones de investigación se enfrentan a la sanción por un delito de desobediencia.
   La portavoz del PP en la comisión, Alicia de Miguel, considera que esperar a la comparecencia de Morenilla establece un "peligroso precedente" porque "paraliza" el proceso parlamentario de investigación. No obstante, desde el punto de vista de los grupos de la oposición, el "precedente peligroso" resulta para la soberanía de la Cámara.
   La síndica de EUPV, Marga Sanz, ha criticado la "cerrazón del PP a que venga Morenilla" por el "miedo" a lo que pueda decir. Asimismo, la diputada socialista Carmen Martínez ha acusado al PP de actuar "como instrumento necesario e imprescindible en la ocultación" de lo sucedido en Emarsa y, en esta línea, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, ha asegurado que en el PP "tapan a sus delincuentes" y opina que avanzar en la comisión sin que comparezca Morenilla es un "fraude" para la misma.
   Por otro lado, la comisión ha aprobado solo con los votos del PP las conclusiones de la investigación que serán llevadas el pleno de las Corts el próximo 16 mayo y serán expuestas por el 'popular' Vicente Betoret. En el texto del PP, se atribuye la responsabilidad política del agujero de Emarsa --cifrado por el juez que investiga el caso en 25 millones de euros-- a sus gestores, Enrique Crespo (presidente), Esteban Cuesta (gerente) y Enrique Arnal (director financiero); y se descartan responsabilidades políticas "fuera del contexto de la gestión directa de la propia empresa".
   Asimismo, además de atribuir la responsabilidad política de lo sucedido a sus gestores, el PP reconoce que el consejo de administración de Emarsa actuó de 'bona fide' y no detectó las irregularidades hasta la fase final de la empresa. En este sentido, señala que los delegados de PSPV y EUPV en este órgano, Ramón Marí y Antoni Pérez, afirman haber sido conocedores de algún tipo de irregularidades "sin que actuaran dentro del plazo ni la forma adecuada, de acuerdo con dicha presunta sospecha".
   La 'popular' Alicia de Miguel ha mostrado su "satisfacción" por el resultado de la comisión y ha recordado que fue creada a "iniciativa" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y con los votos del grupo 'popular' en la Cámara. "El PP ha intentado averiguar por qué han ocurrido estos hechos" para que "no se repitan", ha aseverado. Así, ha remarcado que las responsabilidades políticas han quedado "claras" en la comisión.
   Frente a esto, la diputada Mónica Oltra ha señalado que "la conclusión es que no hay conclusión" porque se ha "castrado" la investigación de la comisión y el PP ha establecido un "blindaje" a los responsables políticos. Así, Marga Sanz ha recordado el "veto" del PP a las 62 peticiones de comparecencia de la oposición; entre otros, de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el actual presidente de las Cortes Valencianas por su etapa como consejero, al considerarles responsables de los nombramientos de los gestores de las empresas investigadas en este caso.
   También han coincidido en señalar que "hay un agujero que no se investiga, que es la financiación de Epsar a Emarsa". Así, la socialista Carmen Martínez ha afirmado que lo ocurrido en la depuradora de Pinedo "no sería un hecho aislado" y "nos encontramos con un caso de corrupción a gran escala" que afectaría a otras depuradoras. En este sentido, Oltra ha apuntado que "no hay saqueo en la Comunitat Valenciana que no apunte a una financiación ilegal del PP".
   En esta línea, la portavoz de EUPV considera que el PP se ha quedado "tan corto" en sus conclusiones que, de aprobarse en el pleno de las Cortes Valencianas, a Alberto Fabra "le van a poner el sambenito de encubridor". Asimismo, la socialista Carmen Martínez considera que el PP "necesita una profunda revisión" pero "no creo que Fabra esté dispuesto a ello", ha agregado.

La Asociación de Militares critica los "contratos basura" de tropa y marinería

GIJÓN.- El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha criticado este viernes  los "contratos basura" a los que están sometidos el personal de tropa y marinería, y ha reprochado que sean ellos, "eslabón más débil" de las Fuerzas Armadas en la protección de sus derechos, los que vayan a tener que soportar más recortes retributivos, de acuerdo al último anuncio del Gobierno Central.

   El representante de la asociación militar ha indicado que además también va a recaer sobre la tropa y marinería un recorte de personal de 2.000 efectivos, sin que se conozca los criterios que se van a seguir.
   Según él, quieren dejar este Cuerpo en 81.000 personas, en lugar de los 83.000 actuales, algo que se hará de forma "inminente", aunque ha sospechado que en el futuro habrá más. En el ámbito estatal, la tropa y marinería representa el 60 por ciento.
   Ha explicado, asimismo, que la tropa y marinería son los únicos "semifuncionarios" a contrato temporal y que en cualquier momento, sin que medie ningún procedimiento judicial, le pueden echar "simplemente porque cae mal a un jefe". En esta situación de contrato temporal pueden estar hasta los 45 años, mientras que el tope de inmigrantes es del 9 por ciento -ahora ronda un 7%--.
   Unido a ello, ha indicado que desde hace unos seis años los militares están imbuidos en dos leyes que les están "machacando", que son la Ley de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar, hechas de espalda a los propios militares y con desconocimiento de la verdadera problemática que tienen.
   La Ley de Carrera Militar frustró las expectativas que tenían "muy claras" de hasta dónde podían ascender, al establecer una nueva progresión para los militares que afecta "negativamente" a un 80 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas
   Ha destacado que en 2011, gracias al impulso de AUME, se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, por la que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho a manifestarse y se les permite contar con representación en los órganos que les afectan.
   No obstante, ha reprochado algunos incumplimientos, como la constitución del órgano de interlocución con el Ministerio -Consejo de personal--, la creación del Observatorio de la vida militar y la modificación de la Ley de la Carrera Militar. "Son tres incumplimientos claros por parte del Gobierno de un mandato parlamentario", ha apostillado.
   Ha advertido sobre que "hay una clara intención por parte de los cuarteles generales de tratar de reducir e incluso anular el asociacionismo profesional". Como ejemplo, ha citado la creación de las llamadas Comisiones Técnicas, de forma paralela al Consejo de personal, y que emulan a unos antiguos consejos asesores de personal cuyo cometido era estudiar las quejas de los militares, pero que estaban controlados por los mandos, según él. "Ni las quejas ni las propuestas llegaban a ningún sitio", ha dicho.
   También ha mostrado su preocupación respecto a que la Subsecretaría de Defensa haya dictado unas recomendaciones para cómo hacer valer el derecho de reunión dentro de los cuarteles, cuando ya está regulado. Tratan de controlar de alguna forma estas reuniones, a su juicio, al dejar a criterio de los mandos el que pueda prohibirla o no autorizarla. "No nos quieren", ha dicho sobre el asociacionismo militar.
   Por todo ello, la asociación ha reclamado ser oídos por el Gobierno para poder aportar soluciones. "No entendemos que se nos empiece a ningunear", ha señalado, al tiempo que ha reprochado que los cuarteles generales sigan haciendo normativas que sean ataques directos al asociacionismo profesional mientras que a ellos se les sigue sin recibir. Es por ello, que no ha descartado el manifestarse si no se les atiende y escucha.

S&P rebaja la calificación de la Comunidad Valenciana

MADRID.-   La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha rebajado la calificación a nueve comunidades autónomas después de que la semana pasada recortara de 'A' a 'BBB+' el rating de España, según informó la agencia en un comunicado. 

   En concreto, S&P ha recortado en dos escalones las calificaciones de Madrid, Galicia, Canarias, desde 'A' a 'BBB+', así como las de País Vasco y Navarra, que pasan desde 'AA-' a 'A'. Por su parte, ha rebajado en tres escalones los ratings de Andalucía y Aragón, desde 'A' a 'BBB'.
   Asimismo, deja al borde de la categoría denominada 'bono basura' las calificaciones de Baleares, que baja tres escalones desde 'A-' a 'BBB-', y de Cataluña, que ha recortado en cuatro escalones, desde 'A' a 'BBB-'.
   En el informe sobre todas las autonomías excepto País Vasco y Navarra, S&P considera que la capacidad del Gobierno de prestar apoyo a las regiones en el largo plazo se ha "debilitado", en un contexto en el que espera una suave recesión en 2012 de la economía española y una "lenta actividad económica" hasta 2015.
   Asimismo, cree que las bases tributarias de las regiones, que ya se vieron afectadas por la recesión de 2009, es probable que sigan disminuyendo en 2012 y se enfrenten a un período de "crecimiento mediocre" en los próximos tres años.
   En el caso de País Vasco y Navarra, la agencia destaca que tienen perfiles crediticios "fuertes", pese a la "sustancial concentración de sus actividad económica en España", debido a su autonomía fiscal, su sólida gestión financiera, su moderadamente baja carga de deuda y sus economías altamente orientadas a las exportaciones. Por estos motivos, sus ratings son dos escalones superiores al de España.
   La agencia ha situado la perspectiva de las calificaciones de estas nueve autonomías, además de la de la Comunidad Valenciana, que mantiene en 'BB', en coincidencia con la perspectiva del rating de España ante el riesgo de que un comportamiento económico más débil de lo previsto afecte a sus perfiles de crédito.
   En concreto, cree que algunas comunidades autónomas podrían desviarse de los objetivos presupuestarios establecidos por el Gobierno central, lo que se traduciría en un peor comportamiento presupuestario y en una mayor acumulación de deuda, debido bien a un comportamiento económico más débil que reduzca los ingresos fiscales o bien a una pérdida de control de los gastos.
   Asimismo, la perspectiva negativa también refleja el riesgo de que los mecanismos de apoyo de liquidez y financiación establecidos por el gobierno central no funcionen de la forma que se espera.
   Por otra parte, la agencia también ha recortado en dos escalones la calificación de Vizcaya, desde 'AA-' a 'A', así como los de la provincia de Barcelona y las ciudades de Madrid y Barcelona, desde 'A' a 'BBB+'. La perspectiva de todas estas notas también es 'negativa'.

La Generalitat valenciana no ve acertada la decisión de Aragón de votar en contra de la prioridad del Corredor Mediterráneo

CASTELLÓN.- La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, Isabel Bonig, ha señalado este viernes que "no ha sido acertada" la decisión de la presidente de Aragón, Luis Fernanda Rudi, de votar este jueves en Bruselas en contra de la prioridad del Corredor Mediterráneo, aunque ha dicho que el Consell "no a va entrar en guerra" con ninguna comunidad autónoma.

Bonig ha realizado estas declaraciones antes de presentar en la Cámara de Comercio de Castellón el Estudio 'Conexión Ancho Internacional Europeo en el Corredor Mediterráneo' y tras ser preguntada al respecto. Según ha dicho, "yo no soy quién para enmendar el voto de la presidenta de Aragón". 
"Nosotros vamos a defender la Comunidad Valenciana, y así se lo hemos trasladado al Gobierno de España y así lo hemos conseguido", ha señalado.
En este sentido, ha destacado que "primero vamos a hacer los deberes, ya que una de las imposiciones del presidente Fabra fue que se presentaran proyectos realistas y factibles tanto desde el punto de vista jurídico como económico, y no vamos a entrar en ninguna guerra con ninguna comunidad autónoma, pues queremos el bien para la Comunidad, pero para toda España".
"Desde luego, --ha añadido-- defendemos otros corredores también, pero el Mediterráneo lo defendemos no porque seamos valencianos, sino porque aquí tenemos la mitad de la población, la mitad del PIB, la capacidad de exportación y los puertos, que nos hace tener un plus de competitividad y un elemento diferenciador frente a otros corredores".
Así, ha señalado que "cada uno que vote lo que quiera, nosotros venimos a defender lo nuestro porque además nos avalan los datos objetivos y los puertos".
Por otra parte, la consejera ha explicado en el transcurso de la reunión mantenida con representantes de la Cámara de Comercio que la industria cerámica de la provincia de Castellón será una de los "grandes beneficiarios" del Corredor Mediterráneo.
Bonig ha comentado que la provincia de Castellón concentra más del 80 por ciento de la industria nacional de la cerámica. Del total de la producción, más de la mitad se dedica a la exportación y, según datos de la aduana de Castellón, el 37 por ciento de las toneladas exportadas se dirigen a países europeos del ámbito de actuación del Corredor Mediterráneo, superando las 750.000 toneladas anuales.
"Los datos demuestran que el Corredor contribuirá a mejorar la competitividad de las industrias y empresas de la Comunidad y estamos seguros que aumentará las exportaciones de nuestros productos", ha comentado.
Asimismo, ha explicado que unas buenas conexiones ferroviarias reducirán de forma "muy importante" los costes de transporte y los tiempos de recorrido, algo "fundamental" en todo tipo de mercancías, especialmente en los productos agrícolas, donde en 2010 en la Comunidad se exportaron 4,5 millones de toneladas, destinados más de la mitad a países influenciados por el Corredor.
La consejera también ha mencionado la importancia del Corredor Mediterráneo en la industria del automóvil, ya que Ford en Almussafes y SEAT en Martorell producen el 31 por ciento de los vehículos que se fabrican en España.
Además ha recordado que la exportación e importación de vehículos es sobre todo con países de la Unión Europea, "de modo que esta infraestructura incrementaría los tráficos de mercancías".
Por todo ello, la consejera ha resaltado la importancia del estudio del tercer carril de ancho europeo en el tramo Alicante-frontera francesa, elaborado por la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y aprobado por el Ministerio de Fomento, que ya está redactando los proyectos constructivos.
Este tercer carril constituiría la primera fase del Corredor Mediterráneo y permitirá conectar los puertos valencianos de interés general en ancho europeo. Pero para ser efectivos, la consejera ha concretado fechas, señalando que el tercer carril debe llegar a Castellón y Valencia en 2015 y a Alicante en 2016.
La consejera ha asegurado que el tercer carril es una propuesta "realista y factible" que "se puede acometer de inmediato, es de rápida ejecución, ya que se actúa sobre infraestructuras ya existentes, y con un coste hasta diez veces inferior a los trazados de nueva planta".
Finalmente, preguntada por el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI) 2012-2024 del Gobierno central, ha dicho que, en la provincia de Castellón, es "absolutamente fundamental" incluir la finalización de la CV-10 y la continuación de la progresiva transformación de la N-232 en la A-68 con salida por Vinaròs.

BFA (Bankia) cuenta con 37.500 millones de exposición al 'ladrillo'

MADRID.- Banco Financiero y de Ahorros (BFA) contaba con una exposición al 'ladrillo' de 37.517 millones de euros al cierre de 2011, tras reducirla en 5.000 millones en un año, de los que el 84,7% son activos problemáticos, según los resultados sin auditar remitidos por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Del importe total de exposición al sector inmobiliario y de la construcción, 10.564 millones de euros tenían carácter dudoso (+36,5%), mientras que los subestándar se redujeron un 18,6%, hasta 7.283 millones de euros.
   Así, si se suman los activos dudosos y subestándar con los activos adjudicados a cambio del pago de deudas más las provisiones constituidas, los activos problemáticos de la matriz de Bankia suman un total de 31.798 millones de euros.
   Según los últimos datos del Banco de España, los activos problemáticos del conjunto del sistema financiero español por su exposición al ladrillo se elevan a 184.000 millones de euros. Así, los activos problemáticos de BFA suponen el 17,2% del total.
   Los activos fallidos de la entidad que preside Rodrigo Rato se situaron en 1.748 millones de euros a cierre de 2011, un 22% menos que los contabilizados en el ejercicio precedente, por importe de 2.241 millones.
   La entidad destinó en 2011 un total de 85.113 millones de euros en concepto de crédito para adquisición de vivienda, de los que 3.509 millones tenían carácter dudoso, si bien el grueso de este crédito, 84.212 millones, era con garantía hipotecaria.
   La matriz de Bankia dispone de un total de activos inmobiliarios adjudicados, comprados o intercambiados por deuda procedente de financiación concedida, por importe de 9.081 millones de euros, cifra a la que se suman otros 4.867 millones de euros de correcciones del valor por deterioro de activos, lo que eleva la cifra total a 13.948 millones.
   Concretamente, BFA cuenta con adjudicados de financiaciones destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria por 4.885,6 millones de euros a cierre de 2011, lo que arroja un crecimiento del 3,3% en relación a los 4.727,6 millones de un año antes.
   De este importe de adjudicados a cambio de deuda 2.488 millones corresponden a suelo, lo que supone algo más de la mitad del total de adjudicados, mientras que otros 1.801 millones de euros corresponden a edificios terminados y 595 millones a construcción.
   Asimismo, BFA registra activos inmobiliarios adjudicados procedentes de hipotecas a hogares para la compra de vivienda por 2.779 millones de euros, cifra que arroja un significativo crecimiento del 30% en relación al ejercicio 2010.
   Estos datos están recogidos en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que sin embargo no ha publicado los resultados anuales de BFA y de Bankia, a falta de recibir el informe de auditoría correspondiente que las refrende.
   Tanto BFA como Bankia deberían haber remitido al supervisor las cuentas anuales auditadas antes del pasado 30 de abril, mientras que las entidades han remitido a través de hecho relevante la información a la CNMV con fecha de 4 de mayo sin auditar.
   Por esta razón, las cuentas de BFA y Bankia correspondientes al ejercicio 2011 no se han depositado en el registro de informes anuales de la CNMV, como las del resto de las empresas cotizadas, sino que se han comunicado como hechos relevantes.
   BFA sí presentó información sobre las cuentas correspondientes al segundo semestre, de las que se puede extraer una imagen de los resultados anuales, el pasado 30 de abril. Al no tratarse de una empresa cotizada, contaba con dicha fecha de plazo límite en vez del 28 de febrero. BFA perdió 439,3 millones de euros en 2011.

Fomento plantea un plan para "ganar eficiencia" en tren y aeropuertos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su Departamento en ámbitos como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".

   Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es, la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento.
   "No se ha abordado el asunto de las autovías y sí se han abordado asuntos de reordenación de servicios aeroportuarios y determinadas medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en vivienda y alquiler", detalló la vicepresidenta.
   Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.
   En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países.  
   En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su Departamento".
   "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.
   "A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.

Fomento presentará un proyecto de ley para el sector inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Fomento prevé tener listo "antes del verano" el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector de la vivienda, según anunció el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre.

   Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de "cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo", la supresión de "trabas" en la renovación y generación urbana, y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.
   "Los instrumentos que Fomento tiene actualmente en materia de vivienda y suelo se han demostrado claramente insuficientes para la recuperación del sector y por ello resulta necesario un conjunto de reformas", detalló Ferre.
   Durante su intervención en la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, el alto cargo de Fomento indicó que este cambio normativo irá acompañado con un nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el que Fomento también reclamará la colaboración del capital privado.
   "Es preciso abordar medidas para reactivar el sector", indicó Ferre quien detalló que "desde que en 2007 se pinchó la burbuja especulativa" se construyen un 90% menos de viviendas, casi un tercio del actual parque de pisos tiene más de treinta años de antigüedad y existe un 'stock' de pisos sin vender de unas 700.000 viviendas.

El Gobierno recupera las competencias sancionadoras en las cuencas hidrográficas

MADRID.- El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

   Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado.
   Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
   En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba  que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.
   Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.
   La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".
   Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.
   Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.
   "De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.
   Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.
   Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.
   "El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.
   Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.
   De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.
   Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.
   Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.
   Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.
   En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.
   Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.
   Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.

Las CCAA cerrarán el año con un déficit del 2,2%

MADRID.- Las comunidades autónomas registrarán en 2012 un déficit, en términos de Contabilidad Nacional, del 2,2% del PIB, desviándose siete décimas del objetivo fijado para este año (1,5% del PIB), de manera que tampoco en 2012 cumplirán con sus compromisos, según cálculos difundidos este viernes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

   Tras los malos resultados de 2011, cuando sólo cumplió con el objetivo la Comunidad de Madrid, Fedea estima que en 2012 habrá tres comunidades que sí logren el objetivo de déficit y además con holgura: Madrid, que registrará un déficit del 0,8% del PIB, siete décimas mejor que el objetivo; La Rioja, con un déficit del 1% del PIB, y Galicia, cuyo déficit, según Fedea, se situará en el 1,1%.
   El resto de las regiones no cumplirán con el objetivo de este año, de acuerdo con las estimaciones de la Fundación. Las mayores desviaciones las experimentarán Castilla-La Mancha, con un déficit del 4,9% para el conjunto del año; Murcia (déficit del 3,7% del PIB), Baleares (déficit del 3,4%), y la Comunidad Valenciana (3,3% del PIB).
   Les seguirán Cataluña, que registrará un déficit del 3% del PIB, el doble que el objetivo fijado; Cantabria (2,7% del PIB); País Vasco (2,6%); Navarra (2,5%); Andalucía (2,4%); Aragón (2,3%); Extremadura (2,2%); Asturias y Canarias (déficit del 2% en ambos casos), y Castilla y León (1,7%).
   "De confirmarse nuestras estimaciones, las comunidades autónomas no van a cumplir nuevamente sus compromisos", subraya Fedea, que advierte de que España "se juega mucho" y que, por tanto, no puede permitirse que vuelvan a incumplir.
   En este sentido, anima al Gobierno a hacer "todo lo posible para disciplinarlas", incluso, si fuera necesario, recurriendo a la intervención de las mismas.
   No obstante, Fedea recuerda que sus estimaciones pueden ser corregidas con nuevas medidas y planes de reequilibrio por parte de las comunidades y, de hecho, cree que hay dos iniciativas que apuntan a esa dirección.
   Así, la Fundación recuerda que antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de mayo, las CC.AA. deben revisar sus presupuestos para incluir medidas adicionales con las que completar el ajuste fiscal y conseguir así la aprobación del Plan de Reequilibro Económico y Financiero 2012-2014.
   Asimismo, Fedea recuerda que los recortes en sanidad y educación, que según los datos oficiales supondrán un ahorro total de 10.000 millones de euros, no afectarán a la totalidad del ejercicio 2012, sino a seis meses aproximadamente, por lo que su impacto será de 5.000 millones de euros.

El Gobierno convoca a las CC.AA. para analizar sus planes de ajuste

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades autónomas, se reunirá "probablemente el 16 de mayo" y, en todo caso, en esa semana.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría reiteró que las comunidades autónomas "tienen que ser muy responsables en el objetivo común de salir de la crisis" y, para ello, "deben cumplir los objetivos de déficit", que obligan a reducirlo al 1,5% en 2012.
   Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de las 00:00 del pasado 30 de abril.
    Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.
   Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en marcha estos mecanismos de intervención forzosa.
   De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de déficit.
   Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una intervención voluntaria.

Salir de la austeridad / Ignacio Ramonet *

“La mejor fortaleza de los tiranos,
 es la inacción de los pueblos”
Maquiavelo

Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes. 

En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación de recortes sociales de la historia reciente de ­España.

Lo mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2), perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)...

¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo (incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el debate público. Prefieren inversores competentes a “electores inconscientes”.

Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.

En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), Pacto Fiscal) adoptados ­hace tiempo o en vías de rati­ficación ante la indiferencia ­general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin posible evasión.

De ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).

Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados europeos (8).  

¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. 

Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación. 

Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.

¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.

Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda alcanzar.

(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral victoriosa de 2010.
(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.
(4) Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.
(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.
(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.
(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

Del endeudamiento insostenible a los presupuestos inviables / Ángel Tomás Martín *

La reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin que haya existido voluntad unánime de debate constructivo, tan necesario como exigía la peor crisis económica española soportada en el último medio siglo, y que desde el último trimestre del 2007 viene progresivamente agravándose y en recesión, no ha resuelto ni va a corregir el desorden en el funcionamiento de los mercados, las valoraciones de los activos, la regeneración y potenciación de las Entidades de Crédito, la reactivación de la economía y de la actividad laboral, la balanza negativa comercial y el imprescindible incremento de la actividad exportadora y expansión internacional.

Pero es aún más grave desaprovechar los espacios de bonanza y optimismo colectivo e invertir, gastar, y administrar de manera indiscriminada y, casi siempre sin talento. Hemos olvidado durante demasiado tiempo los errores cometidos en las últimas crisis del siglo pasado, consintiendo políticas económicas torpes y egoístas, despreciando el obligado "equilibrio presupuestario" y el de las cuentas Públicas, que nos han llevado al actual estado de deterioro interno y exterior. No hemos sabido librarnos de los mal llamados "talentos de la política económica", que solo albergaban grandes dosis de pretenciosa vanidad, sin asumir la gran responsabilidad que se les otorgaba.

Obligados por la necesidad inaplazable de un cambio de ciento ochenta grados que pueda salvarnos del precipicio a cuyo borde nos encontramos, se han adoptado medidas previas urgentes para hacer posible el gran cambio de medidas estructurales armónicas con la economía global de la que formamos parte. Todo ello, obliga a volver a una escrupulosa disciplina presupuestaria, cuya confección entraña un problema de dificilísima solución integradora: EL ENDEUDAMIENTO GIGANTESCO INASUMIBLE, (ni a corto ni a medio plazo), CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POSIBLE, que aun en el caso del mayor optimismo recaudatorio, no podrá cumplirse en el estado de recesión en que nos encontramos. Tengamos presente que una solución basada solamente en la presión fiscal dura, ni recaudará más, ni propiciará el crecimiento económico. Solo el progreso de la economía puede permitir el crecimiento del Presupuesto de Ingresos.

No es posible en el corto espacio de este artículo hacer un análisis profundo de los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, pero intentaremos en un esfuerzo de síntesis, demostrar, a nuestro juicio, la incompatibilidad de su contenido con la atención al servicio de la deuda pública, considerando el notable incremento del pago de intereses, en el marco del deterioro de la calificación de las agencias, y la angustiosa prima de riesgo. En suma, teniendo en cuenta las dificultades crediticias que ya encontramos en los mercados financieros.

El crecimiento de stock de deuda pública es explosivo. En 2008 partimos de 456.000 millones de € y que ha venido incrementándose, año tras año, hasta alcanzar 849.000 millones de € en el 2011, más la de este año, no inferior a 50.000 millones de €. Por tanto, en cinco años hemos visto subir nuestras obligaciones financieras en más de 400.000 millones de €. Seguimos sin administrarnos bien, aunque suenan fuertemente las alarmas, y persiste el peligro de alto desequilibrio y de posible intervención.

Resumamos diciendo: el endeudamiento sigue subiendo sin haber aplicado fórmulas de contención, sube el desempleo y las obligaciones sociales; tenemos una prima de riesgo cada vez más alta e indigerible presupuestariamente, un gasto corriente mantenido o incrementado, mientras se desmorona la inversión pública; no se promueven medidas de impulso a la economía, no se sanea el sistema Bancario, ni hay liquidez para la economía real. Y siendo cierto todo esto, ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los Presupuestos recientemente aprobados son viables, impulsan la riqueza, y cumplen con la extraordinaria trascendencia y alta misión de la política económica de los gobiernos?

Pese a los antecedentes y hechos reales adversos con los que se contaba, sin poner en duda el esfuerzo y buena voluntad, el proceso operativo no parece que haya venido marcado por el sistema mundialmente reconocido y aplicado como el mejor, el más drástico y efectivo: "El Presupuesto Base Cero", ya que los acuerdos y reglamentación del Tratado de Maastricht han resultado incompletos, permisivos e ineficaces. Tampoco será posible cumplir con el servicio de la deuda ya contraída, y con los presupuestos posibles, si no se emite o consigue deuda a muy largo plazo, con una economía en recesión.

Los Gobiernos, en la mayoría de los casos, no están ciñéndose con la obligada disciplina presupuestaria; esa es una de las razones de la debilidad de Europa.

(*) Economista y empresario