sábado, 27 de julio de 2013

El herido de Ontinyent asegura que notó la velocidad excesiva del tren al encarar la curva antes de Santiago

VALENCIA.- El vecino de Ontinyent que resultó herido en el descarrilamiento del Alvia en Santiago, en el que viajaba junto a sus dos tías también heridas, ha relatado cómo desde el interior del convoy notó la "velocidad excesiva" del tren al entrar en la curva de A Grandeira y, posteriormente, un golpe que le hizo perder el conocimiento.

   Cristóbal ha indicado que todos los pasajeros se desplazaron tras el impacto a la parte derecha del tren "en el momento en que el tren comenzaba a inclinarse y descarrilaba" y notó entonces "un fuerte golpe" que le hizo perder el conocimiento.
   "Parecía que fuera un rompecabezas, todas las piezas por ahí, gente gritando, gente tumbada en tierra, gente que venía corriendo con tal de ayudarnos", ha descrito Cristóbal.
   Así, aunque ha asegurado que se siente "afortunado" por sobrevivir a la tragedia, ha lamentado que otra gente ha sido "desafortunada, que no se sabe aún cómo acabarán, y gente que ya ha acabado".
   Respecto a si tiene miedo de volver a subir a un tren, ha apuntado que hay que ir "con cuidado", pero "no por ello dejar de usar un medio de transporte que nos ayuda a movernos".
    Este vecino de Ontinyent se encuentra en la residencia universitaria Burgo de las Naciones, en Santiago, con la clavícula rota, lesiones en la oreja y contusiones en la cabeza. Pero ha destacado este sábado el funcionamiento de los servicios de emergencia.
   En declaraciones a los medios, ha indicado que los servicios de emergencias funcionaron "muy bien", ya que en un tiempo "razonable" fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.
   Preguntado sobre si volvería a viajar en tren, ha asegurado que "sí" porque "es un medio seguro" y ha considerado que lo sucedido "fue un accidente".

EUPV acusa al Consell de "esconder" las liquidaciones de las empresas de los departamentos de salud privatizados

VALENCIA.- La diputada autonómica de EUPV Marina Albiol ha criticado este sábado que el Consell le "esconde" las liquidaciones anuales de las empresas de los departamentos de salud privatizados de la Comunitat Valenciana, que muestran las cuentas de estas empresas con la administración pública, pese a haberlas solicitado.

   En un comunicado, Albiol ha recordado que pidió "hace meses" al conseller de Sanidad, Manuel Llombart, la documentación de todas las liquidaciones anuales de los departamentos de salud privatizados --Denia, Ribera, Manises, Torrevieja y Elche-Crevillente-- desde que entraron en funcionamiento con el modelo de gestión privatizada, pero sólo les ha facilitado la liquidación de Ribera Salud hasta 2007.
   Así, se ha preguntado "el porqué de esta opacidad" y "si lo que quiere esconder el Consell es la falta de control de cómo, cuando y cuánto se está pagando desde la administración pública a estas empresas".
   La diputada ha explicado que las liquidaciones anuales muestran las cuentas de estas empresas con el Consell y si el resultado al final del ejercicio da para ingresar o para devolver, por lo que no entiende "por qué EUPV no puede acceder a esta documentación y por qué no está disponible después de tantos años".
   A su juicio, estas liquidaciones "tendrían que hacerse públicas cada año, cuando se cierra el ejercicio anual". Así, ha reclamado "una aclaración inmediata, para evitar sospechas, por ejemplo, de que las conclusiones de esas liquidaciones son beneficiosas para estas empresas". Además, ha asegurado que volverá a pedir al conseller la misma documentación que no le ha sido entregada.

Arqueólogos descubren un gran horno culinario en el poblado íbero La Bastida de Moixent

VALENCIA.- Los trabajos acometidos por el equipo de arqueólogos del Área de Cultura de la Diputación de Valencia en el poblado ibero La Bastida de les Alcusses del municipio valenciano Moixent han finalizado con el hallazgo de un gran horno culinario, de dos metros de diámetro, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

   "Sus grandes dimensiones nos hacen pensar que daba servicio a una estructura social mayor a la familia, quizás a un barrio del poblado", ha destacado el arqueólogo del Servicio de Investigaciones Prehistóricas (SIP) de la institución provincial, Jaime Vives, codirector la excavación junto con la responsable del Museo de Prehistoria de Valencia y del SIP, Elena Bonet.
   Tal como ha explicado Jaime Vives, "esta consideración es muy relevante puesto que estamos hablando de la existencia de estructuras sociales complejas, que superan el ámbito familiar o el del parentesco, que pueden aludir a relaciones de clientelas o servidumbres en las que unas elites controlaban otros grupos del oppidum", poblado fortificado.
   La diputada provincial de Cultura, María Jesús Puchalt, ha destacado la "excelente labor" desarrollada por los arqueólogos del SIP. "Disponemos de un prestigioso equipo de profesionales y de unos magníficos proyectos de excavaciones que junto a la tradición de estudio e investigación prehistórica de la Diputación, que se remonta a 1927, hacen necesario un esfuerzo económico, a pesar de la difícil situación actual, con destino a la campaña arqueológica del SIP", ha manifestado Puchalt.
   Precisamente, La Bastida, Monumento Histórico-Artístico desde 1931, centra una de las investigaciones pioneras desarrolladas por la Diputación de Valencia e iniciadas en 1928 de la mano de Isidro Ballester, entonces director del SIP.
   Desde 1990, el SIP está llevando a cabo un proyecto de puesta en valor de la Bastida en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Moixent.
   El poblado ibero de Les Alcusses, fundado en el siglo IV a.C. en la cima de la montaña, tiene una extensión de cuatro hectáreas, de las que ya han sido excavadas aproximadamente un tercio, y fue protegido por sus moradores por una muralla con cuatro puertas y tres torres.
   Actualmente, los trabajos de excavación se centran en las inmediaciones del Puerta Oeste, donde, además de detectar el gran horno culinario, también se han hallado muchos objetos como sierras, taladros y cinceles, que indican que fue una zona de trabajo artesanal, y bastantes armas, lanzas y escudos, situados de manera dispersa en los suelos constatando, una vez más, el abandono violento del poblado.
   Después de tres semanas de intenso trabajo, el equipo de arqueólogos de La Bastida, integrado por 13 universitarios de Valencia, Alicante y Madrid, ultiman el acondicionamiento de la excavación "para salvaguardar los recintos excavados y las estructuras halladas", explica Vives Ferrándiz.
   Para ello, se cubre con tela geotextil las zonas a preservar del crecimiento de vegetación y de los agentes ambientales "que echarían a perder el trabajo desarrollado durante estas semanas", ha explicado el director de la excavación.

La Defensora del Pueblo pide programas concretos para evitar la desnutrición infantil

MADRID.- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido a las comunidades autónomas que pongan en marcha programas específicos para atender las necesidades de alimentación de la población infantil ya que, según ha indicado, con las acciones que se llevan a cabo actualmente, "la tramitación de las ayudas sufre demoras por el incremento de las solicitudes y por la falta de disponibilidad presupuestaria".

   Becerril ha lanzado la petición después de conocer y analizar la información sobre las acciones de las regiones en materia de nutrición infantil que solicitó el pasado mes de junio, de cara a la proximidad de las vacaciones de verano, época en que los niños no acuden a la escuela y, por lo tanto, es más difícil hacerles llegar las ayudas a través de otros centros o programas.
   Por otra parte, ha recomendado también que se mejore la colaboración entre centros educativos, centros de salud y servicios sociales para que actúen de forma coordinada y unitaria en la atención a las situaciones de insuficiencia alimentaria que se puedan producir.
   La institución ha destacado, no obstante, que, de acuerdo a la información remitida por las administraciones públicas, "en todas las comunidades existen instrumentos de carácter general para paliar situaciones de pobreza y exclusión social", entre las que ha destacado las rentas mínimas, ayudas de emergencia, becas de comedor y ayudas para vivienda.
   Además, en varias de las comunidades autónomas se han realizado o se están llevando a cabo estudios para evaluar la situación de la población infantil en materia de nutrición y se han activado iniciativas específicas para combatir la malnutrición infantil a través de las escuelas. En algunas regiones también se está dando prioridad en las concesiones de las ayudas generales de renta mínima a las familias con hijos, según destaca el informe.
   Navarra, País Vasco, La Rioja y Galicia, sin embargo, aseguran en su informe "no haber constatado" un aumento de los problemas de nutrición entre la población infantil por lo que, al igual que Castilla y León, no han puesto en marcha programas adicionales, debido a que las medidas existentes "permiten dar respuesta a la necesidad de una alimentación adecuada de los menores".

Las Cámaras de Comercio se financiarán por prestar servicios y por aportaciones voluntarias

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, que permitirá la continuidad del sistema cameral en España, con un nuevo sistema de financiación basado en la prestación de servicios y las aportaciones voluntarias.

   Además, se convierte el Consejo Superior de Cámaras en la Cámara de Comercio de España y se refuerza el papel de estos organismos en el proceso de internacionalización y el impulso de la competitividad de las empresas españolas en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. 
   Dos de las principales novedades que desarrollarán las Cámaras en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España serán el plan cameral de internacionalización y el nuevo plan cameral de competitividad.
   Además, participarán con las administraciones competentes en la organización de la formación práctica en los centros de trabajo, incluida en las enseñanzas de la formación profesional, en especial en la selección y validación de centros de trabajo y empresas, en la designación y formación de tutores y en el control y evaluación del cumplimiento de la programación.
   En atención al nuevo régimen de financiación, la ley permite a las Cámaras incentivar las contribuciones voluntarias pudiendo dar las CC.AA., si así lo estiman conveniente, una mayor representatividad en los órganos de gobierno a las empresas que hayan realizado estas contribuciones voluntarias a las cámaras. En todo caso, como mínimo, la mitad más uno de los vocales de los plenos serán elegidos democráticamente a través de un proceso electoral basado en el sufragio universal mínimo que podrán ampliar las CC.AA.
   Con la nueva norma, las Cámaras estarán obligadas a hacer públicas las retribuciones de los altos cargos y a depositar sus cuentas anuales en los registros mercantiles correspondientes de su localidad. Además, se elimina la obligación de que haya una cámara por provincia, de forma que las CC.AA. podrán adecuar la demarcación territorial de sus cámaras territoriales a su realidad empresarial.
   Asimismo, se fija un sistema de adscripción universal de todas las empresas en las cámaras, pero sin obligaciones económicas ni de otro tipo. Esta adscripción responde a la necesidad de que las Cámaras representen los intereses generales del comercio y no los de un determinado sector, asociación o colectivo de empresas y permitirá que todas las empresas tengan un acceso en condiciones de igualdad de oportunidades y de calidad y proximidad a los servicios de las Cámaras.
  El texto ha incorporado algunas mejoras de carácter técnico-jurídico y novedades. Así diferencia con mayor claridad las actividades de carácter privado que las cámaras podrán llevar a cabo en régimen de libre competencia de las funciones público-administrativas.
   En concreto, se establece la exigencia de contabilidades separadas en relación con las actividades públicas y privadas para diferenciar claramente entre ellas sin perjuicio del principio de unicidad de sus cuentas anuales. Las actividades del ámbito privado no podrán recibir en ningún caso recursos públicos que supongan una competencia desleal con entidades privadas.
   Además, se elimina la necesidad de informe de la administración tutelante en el proceso de nombramiento o cese del secretario general y del director gerente, aunque se integra en el texto la obligación de que las Cámaras elaboren un Código de Buenas Prácticas que garantice la imparcialidad y transparencia en el ejercicio de las funciones público-administrativas.
   Por otro lado, se establece que serán los representantes de las Cámaras de Comercio, uno por Comunidad Autónoma, y las ciudades autónomas, los que estén representados en el pleno. En la Cámara de España, tanto en el pleno como en el comité ejecutivo, estarán representados asimismo las organizaciones empresariales, las empresas y los autónomos.
   En particular, tras el proceso de audiencia pública, se da mayor representatividad a las organizaciones de autónomos, que aumentan su participación en el pleno y se incorporan al Comité Ejecutivo. En España hay más de tres millones de autónomos, de los cuales 1,9 millones son empresarios autónomos personas físicas.
   El Gobierno promueve con esta ley un nuevo marco regulador, que constituye un mínimo común denominador para todas las cámaras españolas, por su carácter básico, que dota de claridad y seguridad jurídica a las actuaciones de las cámaras tras la supresión, a partir de 2010, del recurso cameral permanente sin la creación en paralelo de un nuevo marco legal orientado a la prestación de servicios.

La Comunidad Valenciana también reformará el Estatuto para reducir diputados

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha anunciado que el pleno del Consell ha aprobado el inicio del trámite de modificación del Estatuto como primer paso para rebajar el número de diputados autonómicos de 99 a 79.

   El 'president' ha avanzado esta medida durante la comparecencia de prensa que ha ofrecido, en la que ha realizado un balance de sus dos años al frente de la Generalitat y ha esbozado la próxima "hoja de ruta".
   El jefe del Consell ha manifestado que las instituciones "tienen que seguir dando ejemplo para que los que ciudadanos nos vean como representantes de sus preocupaciones". Ha insistido en que la reducción que se ha hecho en cuanto a altos cargos o a otras personas y servicios dentro de la Administración, también hay que saber "trasladarla" ahora a otras instituciones.
   "Por eso --ha apuntado-- anuncio que acabamos de aprobar en el pleno el inicio de trámite de modificación del Estatuto para poder reducir el número de diputados de 99 a 79, lo que supondrá un ahorro de más de 730.000 euros anuales".
   Para ello, Fabra ha recordado que es necesario "contar con el apoyo de restos de grupos parlamentarios".
 "Espero que no busquen excusas ni intenten hablar de otras cuestiones que se están planteando y piensen que anteponemos los intereses de todos los ciudadanos", ha agregado.
   En este sentido, ha recordado que el anuncio de reducción de diputados ya lo hizo en el Debate de Política General, al igual que el de reducción de aquellos órganos estatutarios. "Sobre este último tema hemos adoptado el acuerdo, y se ha trabajado mucho con respecto a lo de los organismos", ha dicho, pero sobre la primera propuesta, los partidos "han dicho bien poco, porque posiblemente o no les interesa mencionarlo, o porque no quieren que sea posible", ha aseverado.
   "Nosotros lo decimos abiertamente: quiero que las instituciones estemos en sintonía con lo que piden los ciudadanos, y tenemos que reducir el número de diputados. Si otros piensan que no es así, lo tendrán que justificar, pero creo que lo van a tener difícil", ha apostillado.
   Sobre esta medida, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha explicado que la reducción de diputados implica la reforma de los artículos 23 y 24 del Estatuto. En concreto, el primer artículo, para dejar constancia de que se reducen en 20 los diputados; y el segundo, que habla de mínimos, y se tendrá que indicar que habrá un mínimo de 15 diputados por cada provincia, y no 20 como se señalaba hasta ahora.
   Los pasos a seguir son los siguientes: se tiene que pedir un informe a la Abogacía de la Generalitat y al Consell Jurídic Consultiu para iniciar los trámites. Posteriormente, la medida tendrá que pasar por las Cortes valencianas, y para su aprobación se necesita la mayoría de dos tercios. Después tendrá que remitirse al Congreso y ser aprobada por referéndum.
   Preguntado por si considera que con esta iniciativa se podría perjudicar a los grupos minoritarios, Císcar ha comentado que "las reglas son las mismas para todos", al tiempo que ha añadido que "no tiene por qué".
   Asimismo, interpelado por si se adopta esta medida para ahorrar y si se tiene pensado, cuando pase la crisis, volver a los 99 diputados, ha dicho: la crisis nos está enseñando mucho a todos. Muchas cosas no podrán ser como eran antes", y en ese sentido ha indicado que "volver a incrementar después el número de diputados sería un error". Por último, ha indicado que la reforma podría estar perfectamente lista para las próximas elecciones de 2015.

Torres pide que los proveedores de Nóos acrediten la veracidad de las facturas

PALMA DE MALLORCA.- Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin al frente del Instituto Nóos, ha solicitado al juez José Castro que requiera a los proveedores que libraron las numerosas facturas relativas a la organización de los Islas Baleares Forum y los Valencia Summit, que certifiquen si, en efecto, el contenido que figura en las mismas se corresponde con los trabajos que les fueron encargados desde la entidad presidida entonces por el Duque de Palma.

   En un escrito remitido al instructor del caso Nóos, pide así que se certifique así la autenticidad de las más de mil facturas que a lo largo de las últimas semanas su defensa ha entregado al magistrado, y con las que ha intentado acreditar, en base a los ingresos y gastos en que incurrió el Instituto Nóos en los eventos, que la entidad tuvo que afrontar cuantiosas pérdidas económicas.
   De este modo, el letrado de Torres reclama al titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma que requiera a la totalidad de libradores de estas facturas que acrediten si efectivamente se libraron y si su razón se corresponde con los cometidos encomendados. Asimismo, pide que se indique la cuenta en la que efectivamente se hicieron los ingresos y que el representante legal de las firmas libradoras sea citado para que ratifique las facturas.
   En concreto, todas las facturas que ha ido entregando dan soporte a las operaciones económicas realizadas en materia de comunicación, organización de eventos, contratación de expertos, elaboración de materiales e informes, publicaciones y viajes y desplazamientos.
   Así, el último grupo de facturas que presentó el abogado de Torres fue de un total de 431, relacionadas con el foro de Baleares de 2006, con las que pretendía acreditar que el Instituto Nóos, en base a los encargos que realizó y los beneficios que obtuvo, afrontó pérdidas que ascendieron a un total de 201.393 euros.
   Del mismo modo, el letrado presentó otras 200 facturas con las que demostrar que el Instituto perdió 9.856 euros en esa ocasión por la organización del Islas Baleares Forum de 2005, y otras 270 para acreditar que las pérdidas se elevaron a 23.329 euros con la segunda edición del Valencia Summit.
   No obstante, en el marco de esta causa los investigadores apuntan a la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados. Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.
   De hecho, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los fondos que percibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos "no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares".
   Es más, el informe incluye facturas anteriores y posteriores a la firma de los convenios para la celebración de los foros mientras que otras se refieren a billetes de avión cuyo origen y destino no se conoce, están relacionadas con el evento Valencia Summit o hacen referencia a estancias de hotel en Valencia y Londres.
   Mientras tanto, la Agencia Tributaria (AEAT) elevó a 1,9 millones de euros el dinero que el Instituto Nóos destinó realmente a las tres ediciones del Valencia Summit (2004, 2005 y 2006) y a las dos del Illes Balears Forum (2005 y 2006), a pesar de que para la organización de estos eventos la entidad sin ánimo de lucro percibió hasta un total de 5,8 millones de euros, según un informe de 402 páginas.
   El dictamen determinaba de este modo cómo la entidad al frente de la cual se encontraban el Duque de Palma y su exsocio se benefició de 3,9 millones de euros que finalmente no fueron invertidos al objeto para el que obtuvieron el dinero: el impulso de los anteriores proyectos deportivos.

Fabra dejaría su cargo si es imputado en un caso de corrupción

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha afirmado, tras ser preguntado si renunciaría a su cargo en el caso en que fuera imputado en algún procedimiento judicial, que lo haría si es imputado por un juez "después de una investigación", pero ha advertido: "no vale que alguno quiera utilizar la justicia para que yo salga de la política".

   Fabra, que se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de sus dos años de gobierno, ha resaltado que tiene la conciencia "muy tranquila" y ha dicho que todo lo que ha hecho desde que tiene el cargo de responsabilidad pública, ha sido en función de sus "convicciones" y "entendiendo que la vocación de servicio es una entrega hacia los demás".
   Dicho esto, ha afirmado que si estuviera en un proceso judicial, en estas condiciones, "lógicamente lo que haría sería presentar mi renuncia". No obstante, ha puntualizado: "no vale que alguno quiera utilizar la justicia para que yo salga de la política".
   "Que nadie crea --ha agregado-- que para evitar que yo pueda estar en presidencia, más allá de un proceso instruido por jueces, vayan presentando denuncias que lo único que buscan es precisamente eso", ha comentado Fabra, quien ha defendido su línea roja marcada en torno a los imputados en procesos judiciales.
   Así, ha insistido en que no va a dar pie a que "ninguna de esas personas pueda desestabilizar al PP".
 "Si soy imputado por un proceso donde un juez después de una investigación declare que tengo que ser imputado, lo dejaré, pero no voy a permitir que nadie pueda utilizar esto como un ataque para desestabilizar la institución o el PP", ha reiterado.
   En esta línea, interpelado por los diputados que están imputados en procesos judiciales, ha recordado que el acta es "personal", tanto en los Ayuntamientos como en las Cortes valencianas, y ha agregado que "cada persona debe ser consciente de lo que tiene que hacer".
   Fabra ha insistido en que en lo que depende de él, "ya saben cuál es el camino", y ha recordado que desde que asumió el cargo de presidente de la Generalitat, se marcó una línea para dar a la ciudadanía "ejemplaridad" y "transparencia". Esta medida, ha dicho, "ha sido puesta en duda, pero no queda más remedio que ser ejemplares".
   "Por ello --ha añadido-- puse esta línea, para que las personas en procesos judiciales quedaran apartadas de la actividad del gobierno, del partido o de su grupo en las Corts".
 "Y no podemos dar marcha atrás", ha aseverado. Entiende que "habrá personas que opinen de otra manera, pero tenemos que escuchar al pueblo valenciano, que se merece la honorabilidad de las instituciones que representamos. Si no somos capaces de identificarnos con ellos, difícilmente podemos ser cómplices en salir de situación actual", ha mantenido.
   Asimismo, ha afirmado que ha seguido esta postura "convencido" de que así se da "ejemplaridad".
 "Sé que a algunas personas no les gusta, pero estoy para defender la honorabilidad de la institución y la de los ciudadanos. Si a alguna persona no le gusta, que lo diga abiertamente. No tengo ningún complejo, seguiré trabajando para defender la dignidad de los ciudadanos", ha reiterado.
   Asimismo, Fabra, quien ha resaltado que en los dos años que lleva como presidente no se ha producido ningún caso de presunta corrupción, ha aprovechado para pedir que los casos judiciales "se resuelvan cuanto antes".
 "Lo que tenemos que reclamar --ha dicho-- es que la justicia sea mucho más rápida".
   Preguntado por el 'caso Emarsa', y por el hecho de que el juez haya fijado una fianza de 13,7 millones de euros para dos exmiembros de una empresa que dependía del Consell, ha dicho que la Generalitat está personada en el proceso "para defender los recursos públicos". "y no vamos a parar porque lo que nos piden los ciudadanos es ejemplaridad, que seamos conscientes".
   Por otro lado, interpelado por los motivos por los que el Consell se persona en los casos de forma civil o penal, ha respondido que la decisión de optar por una de estas alternativas "va en función de si hay perjuicio económico a todos los valencianos".
 En el 'caso Nóos', ha comentado que solo se han personado de forma civil porque ya existía un informe de la Abogacía de la Generalitat que avalaba la legalidad de los contratos suscritos con el Instituto Nóos. "Si tengo el aval, solo puedo reclamar lo que dice el juez, que es la duplicidad de facturas, con lo que se ha podido engañar a los valencianos", ha dicho.