'Juristes Valencians' exige a Mazón y Morant una "defensa real" de los intereses valencianos de cara al 25 d'Abril

VALENCIA.- Juristes Valencians reclama al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, y a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, "la defensa real de los intereses y la identidad de los valencianos" ante la proximidad de la diada del 25 d'Abril.

En un comunicado, el colectivo solicita al 'president' y a la también ministra de Ciencia que "en lugar de defender con tanta vehemencia posiciones de partido, actúen en clave valenciana ante la cúpula de sus formaciones para la corrección de la infrafinanciación autonómica, la dotación de infraestructuras o para solucionar la vergüenza contra el autogobierno que conlleva que el Congreso y el Senado impidan votar la reintegración del Derecho Civil Valenciano".

"317 años después de la 'desfeta d'Almansa', Morant y Mazón tienen que ser conscientes que las Mesas del Congreso y el Senado han actuado contra sus precedentes de 2011, cuando permitieron votar enmiendas similares a la valenciana con motivo de la reforma constitucional del artículo 135, y recordar al Congreso, al Senado y al Gobierno que el derecho civil es una seña de identidad que los valencianos queremos hacer efectiva desde 1707", reivindica el presidente de Juristes, José-Ramón Chirivella.

Ahora bien, considera positivo el reconocimiento por el 'president' de la Generalitat de que "el PSOE y el PP no habían estado a la altura en el proceso de reforma constitucional del artículo 49 --abordada recientemente para eliminar el término 'disminuido--, al negarse a aprobar la recuperación del Derecho Civil Valenciano".

La capacidad de atraer y retener talento de la Comunitat Valenciana se sitúa por debajo de la media española

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana se sitúa por debajo de la media española en el Índice de Talento Cotec-Ivie, que mire la capacidad de un territorio para crear, atraer y retener talento, con una puntuación de 42,4 frente al 49,1 del resto de España y la calificación de 67,3 que obtiene Alemania.

Así lo refleja el Mapa del Talento 2023 elaborado por Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que se ha presentado este lunes en Valladolid y analiza el talento disponible en cada territorio a partir de medio centenar de indicadores, al tiempo que compara cada resultado autonómico con el equivalente de Alemania, uno de los principales polos de talento de Europa.

La Comunitat Valenciana mantiene la posición decimoprimera en el ranking autonómico, la misma que en 2019, y se sitúa por debajo de la media española en los seis pilares de los que se compone el índice.

En concreto, el apartado de retención de talento es donde obtiene una peor valoración --un índice de 32,8 frente a la nota española de 44,7 y el 60,1 de Alemania-- y la mejor calificación la registra en el pilar de 'crecer', que atiende al impulso educativo realizado por las administraciones, y donde anota 50,1 puntos, por debajo de los 52 del conjunto de España y el 63,7 de Alemania.

Así, el estudio advierte que la Comunitat Valenciana obtiene "una posición modesta en la mayoría de indicadores, destacando ligeramente por encima de la media solo en dos de los doce subpilares evaluados", por lo que tiene "muchos frentes de mejora".

"Los alto niveles de endeudamiento público condicionan al pilar 'retener', incidiendo en niveles de dotación sanitaria más reducidos, escasa inversión en protección ambiental y energías renovables".

Como fortalezas, el informe destaca el adecuado entorno de mercado, donde destacan por encima de la media la facilidad para hacer negocios, las infraestructuras TIC y el uso de la tecnología en empresas.

La Comunitat Valenciana logra una posición destacada en las variables de propiedad industrial (patentes, marcas, etc.) dentro del pilar conocimiento. Además, el estudio resalta la capacidad de atracción de inversión directa extranjera y de estudiantes internacionales.

La Generalitat acuerda los períodos hábiles de caza para la temporada 2024-2025

 VALENCIA.- La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha presidido hoy el Consejo Valenciano de Caza en el que se han consensuado los períodos hábiles para la temporada 2024-2025.

En el encuentro, también han participado el director general del Medio Natural y Animal, Raúl Mérida y la presidenta de la Federación de Caza, Lorena Martínez, así como representantes de los cuerpos de seguridad y agricultores, entre otros, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La consellera ha destacado que el nuevo calendario ha sido tratado con la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana. "Hemos retomado un diálogo que nunca debería haberse interrumpido", ha señalado la titular de la Conselleria. Salomé Pradas ha resaltado que la caza "es un elemento más que nos ayuda a la conservación de nuestro patrimonio natural y rural, a la vez que pone en valor sus espacios y supone una fuente de actividad económica y riqueza".

Como novedades, destaca la temporada de caza de aves migratorias estivales en puesto fijo, que se iniciará el miércoles 21 de agosto y finalizará el 15 de septiembre de 2024.

Además, esta resolución prorrogará también la caza de zorzales y estorninos en puesto fijo desde el cierre de la temporada general de caza menor hasta el 9 de febrero de 2025 y, por primera vez, se posibilitará su caza los mismos días hábiles que en temporada general.

Por otro lado, en zonas comunes, se ha acordado que la caza de menor abarcará el período del 12 de octubre al 6 de diciembre de 2024, salvo para la perdiz, que adelanta el cierre al 3 de noviembre de 2024.

Finalmente, en la reunión también se ha tratado el proyecto que establece las bases reguladoras de ayudas a ayuntamientos destinadas a facilitar el control poblacional de jabalí en aquellas zonas con sobreabundancia, así como una regulación propia para el control de esta especie.

Pradas anuncia una "inversión histórica" de 208 millones para conectar 48 municipios del área metropolitana

 VALENCIA.- La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio ha adjudicado tres nuevas concesiones de autobuses que conectarán con Valencia y, en menor medida, Torrent a casi un millón de personas de 46 municipios.

Las nuevas concesiones, aprobadas en el consejo de administración de la Autoridad Metropolitana de Valencia (ATMV), corresponden a la nomenclatura CV102, CV106 y CV108. La inversión que asumirá la Generalitat para renovar este servicio asciende a los 208 millones de euros, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, ha destacado que, con esta triple adjudicación, la Generalitat continúa con el proceso de renovación de las concesiones de 38 líneas de transporte regular de pasajeros que "estaban caducadas y que supondrá una inversión total de 400 millones de euros para la adquisición de 600 autobuses entre modelos completamente eléctricos, híbridos y, en menor medida, convencionales".

En este sentido, la consellera ha subrayado que estas tres adjudicaciones "estarán dotadas de un centenar vehículos eléctricos, lo que elimina la emisión de gases contaminantes y el impacto acústico en los entornos urbanos en los que se presta el servicio". De esta forma, ha continuado Pradas, "la Generalitat culmina la mayor apuesta por el servicio de transporte público en el entorno de la ciudad".

La línea CV-102 Valencia Metropolitana Nord se ha adjudicado a Autos Vallduxense, S.L. (AVSA) con la previsión de que entre en funcionamiento este 2024.

La línea cubrirá la conexión entre Valencia con Albalat dels Sorells, Alboraia, Port Saplaya, Almàssera, Almenara, Bonrepòs i Mirambell, Canet d'En Berenguer, Platja de Canet, El Puig de Santa Maria, Platja del Puig, Emperador, Foios, La Pobla de Farnals, Platja de la Pobla, La Vall d'Uixó, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Museros, Puçol, Rafelbunyol, Sagunt, Port de Sagunt y Tavernes Blanques, lo que representa población de, aproximadamente, 251.500 habitantes.

Se trata de uno de los corredores de autobús de mayor demanda en el área metropolitana, con un número estimado de 730.000 viajeros anuales. El contrato tiene una duración de diez años, con un presupuesto de adjudicación de 36,87 millones de euros.

Según el Consell, la renovación del contrato, que llevaba meses bloqueado, va a representar "un gran salto cualitativo en el servicio ya que se va a mejorar la oferta actual en más de un 160%, lo que permitirá una mejora de frecuencias de paso general en todo el corredor". 

Se estructurará en siete líneas diurnas y dos nocturnas, con 165 expediciones en días laborables, 99 expediciones en sábados y 71 en domingos y festivos. En total se realizarán alrededor de 48.000 expediciones anuales.

Por su parte la CV-106 Valencia Metropolitana Oest se ha adjudicado a Fernanbus, S.A para dar servicio al corredor noroeste metropolitano y conectar la capital con Alaquàs, Aldaia, Burjassot, Chiva (Calicanto), Manises, Mislata, Paiporta, Paterna, Picanya, Quart de Poblet, Torrent y Xirivella, lo que representa una población de 441.000 habitantes, pues no se incluye la ciudad de Valencia. Este corredor tiene una demanda estimada de cinco millones de viajeros anuales.

El contrato tiene una duración de diez años, con un presupuesto de adjudicación de 107,31 millones de euros. La nueva concesión mejorará la oferta actual en más de un 40% y se estructurará en 11 líneas diurnas y tres nocturnas, con 790 expediciones en días laborables, 460 expediciones en sábados y 283 en domingos y festivos para llevar a cabo alrededor de 235.000 expediciones al año.

Por último, la línea CV-108 Valencia Metropolitana Sud se ha adjudicado a Autocares Herca, S.L. y unirá la capital valenciana con Albal, Alcàsser, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Picassent, Sedaví, Silla, Sueca (El Perelló y El Mareny) y Torrent, lo que representa una población de, aproximadamente, 305.000 habitantes, pese a que la demanda anual estimada asciende a 2,1 millones de viajeros.

Como las otras dos concesiones, el contrato es para diez años con un presupuesto de 63,87 millones de euros y mejorará la oferta del servicio actual en un 55%. Realizará 136.700 expediciones al año en 9 líneas diurnas y dos nocturnas, con 462 expediciones en días laborables, 231 expediciones en sábados y 161 en domingos y festivos.

Salomé Pradas ha destacado también que las nuevas concesiones "mejoran las conexiones con estaciones de cercanías y metro para los municipios atendidos y se potencia también el acceso con centros de gran atracción como el Hospital de Sagunt, el Centro de Especialidades de Port de Sagunt y el Hospital Clínic de Valencia, entre otros".

Por otra parte, Pradas ha confirmado que los vehículos serán accesibles a personas de movilidad reducida "e incorporarán sistemas de geo-localización para ofrecer información en tiempo real del horario de paso en parada", ha añadido.

El PP solicita el expediente del reintegro de la subvención a socios de Francis Puig que "Marzà dejó sin cobrar"

VALENCIA.- El grupo del PP en Les Corts solicitará a la Conselleria de Educación el expediente relativo al reintegro de la subvención que el anterior gobierno del Botànic otorgó a empresas vinculadas a socios de Francís Puig, hermano del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig, que el exconseller Vicent «Marzà dejó sin cobrar».

Así lo ha anunciado el síndic 'popular', Miguel Barrachina, después de que el TSJCV haya estimado los recursos interpuestos por Canal Maestrat y Kriol Produccions, empresas vinculadas a Francis Puig, por lo que no tendrán que devolver más de 170.000 euros en subvenciones concedidas al fomento del valenciano por el anterior Consell, cuyo retorno había reclamado al detectar irregularidades. La sala considera que habían caducado los plazos administrativos para resolver esa resolución.

Barrachina, en declaraciones a los medios en Les Corts, ha acusado a Marzà de «dejar de cobrar los 170.000 euros de la subvención defraudados por parte de estas empresas». 

«Marzà no puede huir a Europa para no explicar por qué actuó de esa manera», ha aseverado en alusión a su candidatura a las primarias de Compromís para las elecciones europeas.

También ha exigido tener acceso al «informe técnico que aconsejaba a Marzà a llevar el tema a la Fiscalía» y saber «por qué tampoco fueron a la Inspección de Trabajo», ya que según él «se falsificaron nóminas para cobrar las subvenciones».

«Cada novedad que conocemos sobre el caso es más bochornosa y demuestra que es urgente que tanto Marzà como Ximo Puig den explicaciones a los valencianos», ha recalcado.

En esta línea, el 'popular' ha reclamado a Puig que abandone «su retiro dorado en París», como embajador de España en la OCDE, «para explicar si dio la orden para que se dejara caducar el expediente de reintegro».

«Tanto Marzà como Puig nos engañaron cuando anunciaron que habían solicitado el reintegro de la subvención y luego dejaron caducar el expediente y obviaron los informes que alertaban ya aconsejaban ir a la Fiscalía», ha abundado, y ha reiterado que «ya en su momento, Marzà cambio las reglas del juego para beneficiar tanto a las empresas del imputado hermano de Puig como a sus socios».

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha señalado que «prácticamente todo lo que tiene que ver con este tema se ha acabado judicializando y, por ahora, todo ha acabado en absolución».

Tras remarcar que no quiere entrar en «valoraciones políticas respecto a trabajos administrativos», Muñoz se ha mostrado «convencido de que todo se ha hecho dentro de la legalidad, como han ido demostrando los tribunales cuando el PP ha decidido judicializar este asunto».

«Por tanto, estamos muy tranquilos», ha zanjado a preguntas de los periodistas en el ficus de Les Corts.

El 23% de los accidentes mortales en las carreteras de la Comunitat Valenciana son causados por una velocidad excesiva

 

VALENCIA.- El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha manifestado que «el 23 por ciento de los accidentes mortales en las carreteras de la Comunitat Valenciana son causados por una velocidad excesiva o inadecuada».

Rodríguez ha visitado este lunes uno de los controles que la Dirección General de Tráfico tiene instalados para el desarrollo de la campaña de control de velocidad que se desarrollará hasta el próximo 21 de abril. Esta campaña trata de concienciar a la población sobre la necesidad de cumplir con la normativa de circulación, según ha informado la Delegación en un comunicado.

La anterior campaña desarrollada entre el 17 y el 23 abril del año pasado se cerró con el control de 85.188 vehículos en las carreteras de la Comunitat Valenciana y con 6.281 conductores denunciados.

Por provincias, en la de Valencia se controlaron 48.192 vehículos, en la de Alicante, 24.055 y en la de Castellón, 12.941. Los conductores denunciados fueron 4.277 en Valencia, 1.274 en Alicante y 730 en Castellón.

Rodríguez ha advertido que la velocidad «tiene una influencia directa en la gravedad de los accidentes de tráfico. Además, a mayor velocidad es más difícil reaccionar a tiempo y prevenir un siniestro».

El subdelegado se ha referido a factores determinantes en los que influye la velocidad, como la reducción de la distancia de seguridad, la reducción del campo de visión, la reducción de los reflejos, «sobre todo que no permites a los otros conductores tener reflejos para evitar el accidente».

Además, ha recordado que «los límites de velocidad se deben respetar siempre y más teniendo en cuenta que en muchas ciudades existen vías en las que concurren diferentes actores -coches, motos, bicis, peatones».

En este sentido, ha subrayado la importancia de una velocidad adecuada para menguar las muertes por atropello. De hecho, «a partir de 80 km/ hora es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello. A una velocidad de 30km/hora, el riesgo de muerte del peatón se reduce al 5%», ha manifestado Rodríguez.

Además, ha añadido, «la velocidad tiene efectos muy significativos para el medio ambiente dado que el nivel de emisión de gases, el consumo de combustible y el ruido emitido por los vehículos están directamente relacionados con la velocidad».

A este acto también han asistido el coronel jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Francisco Javier Sánchez-Ferragut, y el subjefe provincial de Tráfico de Valencia, José Lázaro.

Las compras de extranjeros aumentan en el mercado de la vivienda de la Comunitat Valenciana

ALICANTE.- Los datos para la Comunitat Valenciana muestran que las compras por extranjeros se mantienen firmes en 2023, suponiendo el 37,4% del total de compras de vivienda, algo superior al dato del año anterior, que fue del 35,9%, y muy por encima del 19,4% que representa la compra de extranjeros respecto al total en la media española. 

Es un porcentaje muy elevado, el más alto de España, y por provincias destaca Alicante, donde el 53% de las compras de vivienda son por extranjeros seguida de Castellón y Valencia con el 21%.

Las compraventas por extranjeros en 2023 caen muy ligeramente, pasando de 40.595 a 39.063, pero las compraventas totales sí caen, de 113.207 a 104.334, por lo que puede afirmarse que las compraventas de extranjeros sostienen el mercado y su peso en el total aumenta. 

De esas 39.063 viviendas vendidas a extranjeros, el 75%, 28.113 viviendas son en Alicante, 8.423 en Valencia y 2.527 en Castellón. Vemos en la tabla que caen algo en Alicante, se mantienen en Castellón y suben en Valencia. 

Por otra parte, del total de viviendas a extranjeros que se venden en España el 31,7% es en Comunidad Valenciana, aumentando respecto al año anterior que fue el 30%.

Hay que mencionar que los datos cerrados de 2023 tienen variaciones respecto a lo que era previsible a finales de año, cuando se esperaba una caída mayor en las compraventas. Estos datos muestran que efectivamente hay una caída tanto por parte de nacionales como de extranjeros, pero mientras la proporción se mantiene en la media española, apenas caen las compras de extranjeros en Comunidad Valenciana, con lo que puede decirse que aquí son aún más importantes para el mercado de vivienda. 

Tomando otra información de Notarios y Registro vemos que los principales compradores son de Reino Unido, que va perdiendo peso y está en un 10%, seguido de Alemania y Francia en el entorno del 7%; luego con un 5% vienen Marruecos, Bélgica, Países Bajos, Italia y Rumanía; y con un 2,5% Suecia y China. 

En el total, los países de la UE representan el 87% de las compras de vivienda en España. Esto se da también en Comunidad Valenciana, aunque la tendencia es a que se diversifique aún más la demanda por extranjeros. 

De media en España el 57% de las compras son por extranjeros no residentes, y el 43% residentes; los primeros pagan un precio medio alto, en torno a 2.600 euros por metro cuadrado, de más a menos suecos, daneses, norteamericanos, suizos, alemanes, noruegos, y demás países de la UE; los no residentes, ecuatorianos, rumanos y marroquíes, principalmente, están en torno a 1.700 euros por metro cuadrado, que es la media de los nacionales españoles.

En la Comunitat Valenciana los precios medios pagados por extranjeros son de 1.645 euros por metro cuadrado, inferior a la media nacional de 2.100 euros; y han subido en un año un 5,2%.

Como síntesis de ideas podemos decir que los extranjeros fortalecen su posición en el mercado de vivienda en Comunidad Valenciana, siendo la caída muy pequeña, inferior a la que se ha dado con carácter general. 

En segundo lugar, es interesante constatar que aunque se diversifica el tipo de comprador por nacionalidades, se sigue comprando en las mismas provincias tradicionales, que aumentan o conservan la proporción de extranjeros; de los principales mercados para extranjeros, Alicante es la provincia española donde desde 2017 se da el mayor crecimiento de compraventas por extranjeros respecto al total de vivienda vendida, y Castellón se mantiene a un nivel relativamente alto. 

Tercero, hay una diferencia sustancial entre residentes y no residentes, que se refleja en la relación entre país de origen y precio medio de compra de vivienda. Esta información nos dice que aunque puede parecer un mercado estable hay tendencias que es necesario seguir, sobre todo en el menor peso de compradores de Reino Unido y presencia de nuevos compradores, y asimismo analizar la demanda diferenciada entre residentes o no, y como consecuencia el tipo de vivienda que se busca.

Se han adjudicado por el Gobierno 430 millones del Plan de Recuperación para que las comunidades autónomas rehabiliten y construyan vivienda asequible. Del total, el 10,8% con 46,5 millones, corresponde a Comunitat Valenciana. 

También se aprueba por el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley del Suelo, con la intención de alcanzar un consenso amplio en el Congreso tras acuerdos con la Federación Española de Municipios y Provincias y el deseo de la Asociación de Promotores y Constructores de España de contar con una Ley que dé cobertura a las actuaciones urbanas.

La sociedad VGP comienza la construcción de una nave logística de 24.300 metros cuadrados en Valencia, donde tienen ya 65.000 metro cuadrados; mencionan que buscan una certificación alta en eficiencia energética. 

Por su parte, Scannell Properties alquila el Logistic Park Manises al operador Dachser; se trata de una parcela de 26.065 metros cuadrados cercana a Valencia capital; también mencionan características de sostenibilidad en eficiencia energética y consumos, y reutilización de materiales en la construcción según un sistema diseñado por ASPOR y Cubic Beg.

Taylor Wimpey invierte 5 millones en una promoción en Playa San Juan, Alicante. Se trata de adosados con un precio a partir de 600.000 euros, y cuenta con certificación energética A. La promotora comunica que en dos años ha vendido 165 viviendas en Gran Alacant, principalmente en Santa Pola y a extranjeros de 25 nacionalidades diferentes.

 Por su parte, Alibuilding   compra 140.000 metros cuadrados de suelo para construir 130 viviendas en La Nucía (Alicante), ampliando la actividad que ya desarrolla en la zona.

Limehome, operador europeo de apartamentos turísticos abre dos nuevos establecimientos en Valencia, son 32 y 29 unidades que pueden hospedar hasta cuatro personas, y cuentan con zonas de esparcimiento, aparcamiento, y uno de ellos con piscina.

 En alquiler a largo plazo Aedas Home entrega una promoción de 144 viviendas en alquiler en Alicante a Vivía Homes; se trata de un edificio de ocho plantas con viviendas de 2 a 3 dormitorios y rentas a partir de 900 euros mensuales. 

La empresa gestora de activos inmobiliarios Fiera Real Estate financia con 17,5 millones a Amor Partners y Falco Capital para construir una residencia universitaria de 285 plazas en Alicante, que tiene un presupuesto de 30 millones.

Mazón anuncia la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en centros públicos y privados desde septiembre

 ALICANTE.- El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado que ofrecerán educación gratuita para alumnado de 0 a 3 años a partir del mes de septiembre, en escuelas infantiles públicas y privadas para que haya "libertad de elección".

Así lo ha avanzado este lunes el jefe del Consell en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, tras presidir la Mesa de Participación de Educación de 0 a 3 años, en la que están representadas las principales entidades asociativas en materia educativa de la Comunitat Valenciana.

En concreto, ha precisado que pondrán a disposición 72.000 plazas de 0 a 3 años, por las 21.000 existentes actualmente, para lo que trabaja en una modificación presupuestaria de 30,2 millones de euros para implementar los recursos extras para este último cuatrimestre para que se pueda poner en marcha y abordar la educación gratuita de 0 a 3 años.

En términos anuales completos, Mazón ha destacado que se doblará el presupuesto "pasando de aproximadamente 87 millones de euros para este concepto a más de 160 millones de euros", lo que ha afirmado que "significa la mayor apuesta presupuestaria para este concepto que jamás se ha puesto a disposición en la Comunitat Valenciana".

"El curso que viene va a ser el curso completo de la educación pública gratuita con libertad de educación de centro desde los 0 años en la Comunitat Valenciana", ha sostenido.

El 'president' ha explicado que lo harán con las escuelas infantiles públicas y privadas, que considera que prestan "un extraordinario servicio". De este modo, ha enfatizado la apuesta por "un sistema mixto de colaboración público-privada para que las familias puedan elegir libremente donde quieren llevar a sus hijos".

Además, ha precisado que no las subvencionarán con la fórmula del concierto educativo, sino "directamente el abono de todas y cada una de las plazas que se vayan ocupando". 

"En función de las ratios, vamos a ir sufragando estas plazas a los distintos centros de manera directa a los centros cuando nos vayan justificando todas y cada una de las plazas", ha detallado, al tiempo que ha resaltado que el sistema "no va a estar bloqueado de curso en curso", sino que se contemplan altas y bajas durante el año escolar, y "no es necesario esperar a septiembre".

También ha destacado que se está avanzando en la reducción de trámites burocráticos para "reducir un 99% el papeleo de las familias y facilitarles el acceso a esta educación gratuita y universal".

"Esto es un compromiso no solamente electoral, sino también personal, un compromiso del Gobierno y es una prioridad. Porque tiene que ver con la conciliación, con la corresponsabilidad, con fijar población en zonas despobladas, porque tiene que ver con la justicia y porque tiene que ver con la universalidad total del sistema educativo", ha sostenido el 'president'.

En este sentido, ha destacado que "en diez meses" desde que se formó el nuevo gobierno alcanzarán la "universalidad educativa" de 0 a 3 años, cuando "al ritmo con el que el anterior sistema iba avanzando, exclusivamente desde lo público, se hubiera tardado dos décadas".

"La libertad educativa y la universalidad educativa se extiende de una vez. La capacidad de elección se extiende de una vez. De cero a tres años vamos a fomentar la conciliación y la corresponsabilidad en las tareas domésticas, que es muy importante. Vamos a incrementar también la productividad", ha enfatizado.

Asimismo, Mazón ha apuntado que la educación de 0 a 3 años es un momento "momento básico, fundamental y clave para empezar a eliminar las desigualdades" de los menores en su desarrollo futuro, para evitar cambios de centros, porque "esa estabilidad educativa también es fundamental para la futura productividad, para el nivel de atención, para el desarrollo psicosocial, para los ejes competenciales y absolutamente para todo", ha defendido.

El jefe del Consell ha puesto en valor el establecimiento de la mesa permanente de diálogo con las entidades asociativas en materia educativa y ha apuntado que la Conselleria de Educación ultimará el borrador para llevar a cabo esta medida y espera recibir aportaciones de estas entidades. Al mismo tiempo, trabajará en las modificaciones presupuestarias y en las asignaciones de las cantidades suplementarias necesarias.

"Necesitamos a toda la comunidad educativa aportando en positivo. Yo les quiero agradecer esta predisposición, la espera, no la de estos meses, sino la de tantos años, porque esto no había ocurrido nunca y esto lo habíamos esperado muchos padres durante mucho tiempo, y además por la capacidad de poder elegir entre lo público y lo privado", ha resaltado, lo que considera que es "un avance social muy importante".

En el encuentro han participado el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Unió de cooperatives d'ensenyament (UCEV) Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL), Asociación de Educación y Gestión, Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), Associació Salvem 0-3, Confederación Gonzalo Anaya, Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (COVAPA), y la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).

La Generalitat Valenciana estudia medidas para “defender a los propietarios” frente a la ocupación ilegal

 

VALENCIA.- El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha anunciado que el Consell estudiará la puesta en marcha de medidas, dentro de sus competencias como Gobierno autonómico, para “defender los derechos de los propietarios” de las viviendas frente a la ocupación ilegal.

 En este sentido, el Consell estudia una acción conjunta entre la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y la Conselleria de Justicia e Interior.

Barrera ha explicado que “desde el Consell nos queremos poner en marcha para defender, con la ley en la mano, a quien nunca se ha defendido, que son los propietarios legítimos de las viviendas. Es algo es sorprendente e increíble, que hoy en día”, con la legislación estatal vigente “no se defiende a quien cumple la ley, sino que se defiende al delincuente, con la ley en la mano, y esto se tiene que acabar”.

Asimismo, ha afirmado que “todas las víctimas tienen que saber que tienen, nuestro marco competencial, un Gobierno que entiende sus quejas y que, en la medida de lo posible, vamos a luchar junto a ellos para acabar con esta lacra social”.

El vicepresidente segundo ha realizado estas declaraciones durante su visita, acompañado por altos cargos de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, al barrio de la Magdalena en Massamagrell, para conocer la situación de inseguridad ciudadana de sus vecinos tras varios episodios de ocupación ilegal de viviendas.

A continuación, han mantenido una reunión de trabajo con la alcaldesa de la localidad, Pilar Peris, en la que también han participado la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, y diferentes representantes municipales, judiciales y policiales para analizar cómo afrontar el problema.

Vicente Barrera ha señalado que el objetivo de esta visita es “denunciar la ocupación ilegal, no solo en la Comunitat Valenciana sino en toda España”. 

Según ha señalado el vicepresidente, “va en contra no solo de la ley, sino del sentido común, el hecho de que alguien pueda ilegalmente ocupar una vivienda y que las leyes no protejan al propietario legítimo, que tiene que ir al juzgado a defender su propiedad”.

Por ello, Barrera ha señalado que lo deseable es que “si alguien detecta que una propiedad privada ha sido ocupada, pueda llamar a la policía y que saque a los delincuentes; porque quien ocupa una vivienda” que no es suya “está cometiendo un acto ilegal, está cometiendo un delito”.

Por su parte, la directora general de Atención a las Víctimas, Belén Pulgar, ha anunciado que la Conselleria de Justicia e Interior “va a poner a disposición todas las Oficinas de Delitos para proteger a las familias frente a la ocupación ilegal” y ha añadido que “nuestra prioridad es que todas las personas víctimas de la ocupación ilegal, a partir de ahora,  tengan la protección  con la que no contaban”.

Belén Pulgar ha indicado que hay 36 Oficinas de Delitos, una por cada partido judicial y son totalmente gratuitas. Además, también se cuenta con atención de letrados, psicólogos y trabajadores sociales para solventar esta situación.

El TSJCV condena a Sanidad a readmitir a la víctima de los abusos del ex de Oltra tras la nulidad de su despido

  VALENCIA/ELCHE.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a readmitir a la víctima de los abusos del exmarido de Mónica Oltra, la joven que fue, junto con su pareja, la única de los 1.058 trabajadores de la concesionaria del Hospital de Torrevieja no subrogados por la administración sanitaria valenciana tras la reversión al sistema público.

De esta forma, la sala estima parcialmente el recurso de la joven contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Elche, que condenó a Sanidad a indemnizar con 10.000 euros tanto a la joven --que siendo menor tutelada por la Generalitat fue víctima de los abusos sexuales del exmarido de la exconsellera de Igualdad y Políticas Sociales-- como a su pareja, al considerar acreditado que sufrieron una vulneración de sus derechos al ser los únicos trabajadores del área de salud de Torrevieja que no fueron subrogados por la administración tras la reversión de la concesión.

Los recurrentes denunciaron infracción de la legislación por no haber condenado la sentencia de instancia a readmitirles y al abono de los salarios de tramitación devengados hasta su readmisión, pese a haber declarado la nulidad de sus despidos por vulneración de derechos fundamentales.

Además, cuestionaban la cuantía de la indemnización fijada al verla insuficiente ante la "gravedad de la discriminación sufrida", al ser los únicos trabajadores afectados, lo que atribuían a una "represalia" por el procedimiento penal seguido contra el exmarido de Oltra.

Ambos hacían hincapié en la "dilación" de la Conselleria de Sanidad en haber regularizado la situación laboral de los demandantes lo que, a su juicio, invalidaba la regularización y, por lo tanto, no exoneraba a la administración autonómica de su obligación de readmitirles.

La sala estima el motivo de recurso pero solo en relación a la joven porque "adquirió la condición de trabajadora indefinida al haber seguido prestando servicios para Torrevieja Salut UTE con posterioridad a la finalización de su contrato de interinidad, sin haber suscrito ningún otro, por lo que una vez declarada la nulidad de su despido", la consecuencia debe ser la condena a la readmisión con abono de los salarios de trámite devengados desde la fecha del despido y hasta su readmisión.

En el caso de su expareja, el TSJCV considera que no cabe esa readmisión porque no se ha discutido que su contrato de interinidad finalizó el 4 de febrero de 2022 por reincorporación del trabajador al que sustituía, de modo que la readmisión ya no es posible al haberse extinguido su relación laboral.

La sala mantiene la indemnización de 10.000 euros fijada en primera instancia por daños morales a cada uno de los demandantes al considerar la antigüedad al producirse la falta de subrogación, que era corta, y el importe de los salarios percibidos y haberse "ponderado" ese importe.

En el momento de la reversión, la joven y su entonces pareja trabajaban en Torrevieja Salud como auxiliar administrativo y como personal de apoyo. De la plantilla de 1.058 trabajadores, fueron subrogados por Sanidad un total de 1.056, quedando excluidos únicamente ellos dos, que interpusieron demanda por despido.

A raíz de esta demanda, Sanidad dictó sendas resoluciones administrativas donde, tras reconocerse que no se produjo la subrogación que debía haberse hecho, realizó las liquidaciones de los contratos temporales hasta la fecha que tenían fijada, con las retribuciones correspondientes.

En la sentencia de primera instancia se dejaba constancia de que antes de la reversión, la joven había presentado la denuncia contra el ex de Oltra, lo que había dado lugar a un proceso penal en el que el educador fue condenado a cinco años de cárcel.

En este momento, ya ha ingresado en prisión tras la confirmación de la sentencia por el Tribunal Supremo y un juzgado de Valencia ha sobreseído la causa a Oltra y otros 15 ex altos cargos y técnicos por un supuesto encubrimiento y la apertura de una investigación paralela a la judicial.

Interior publicará una orden para suspender quemas agrícolas hasta que lo permita la situación meteorológica

 ALICANTE.- El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, ha informado de que la Dirección General de Prevención de Incendios publicará este lunes una orden para suspender las quemas agrícolas mientras se mantengan las actuales condiciones meteorológicas para "prevenir estos desastres", aunque no ha querido pronunciarse sobre si se ampliará el periodo en el que esta práctica está prohibida.

Así, lo ha señalado a preguntas de los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Tàrbena, causado este domingo, según las primeras hipótesis, por una quema agrícola descontrolada.

Montero ha confirmado que ayer no estaba prohibida esta práctica. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat había establecido para este domingo un nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales bajo-medio en toda la Comunitat Valenciana. 

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología había declarado una riesgo muy alto en la zona donde se ha declarado el fuego. Este lunes sí que están prohibidas las quemas por el nivel 3 de Previfoc.

Además, se ha mantenido una reunión de coordinación a las 8.30 entre las consellerias de Interior y Agricultura. Así, se ha decidido que se firmará durante el día de hoy una orden, por parte de la Dirección General de Prevención de Incendios, para "suspender las quemas agrarias, que en estos momentos se pueden ir de las manos por las condiciones meteorológicas, para prevenir este tipo de desastres".

En ese sentido, preguntado por si se prevé ampliar el periodo de prohibición, que en la Comunitat Valenciana es de 1 de junio a 16 de octubre, ha señalado: "Lo que hemos hecho de momento es esa reunión de coordinación con Agricultura para dictar esa orden hoy. Desde luego, cuando las condiciones climatológicas mejoren se levantará y si se mantienen, mantendremos la precaución", ha apuntado.

Cañas (C's) alerta a la CE sobre los melones de Marruecos con residuos de pesticidas

 

BRUSELAS.- El jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo y portavoz de Comercio, Jordi Cañas, ha denunciado ante la Comisión Europea una nueva muestra de competencia desleal de los productos agrícolas marroquíes al detectarse melones con residuos de pesticidas, demostrando que no respetan los estándares sanitarios que sí cumplen los agricultores europeos. 

Cañas ha alertado al Ejecutivo comunitario de la detección el pasado 5 de abril, en los controles portuarios españoles, de la presencia de residuos de pesticidas por encima del límite máximo establecido en un cargamento de melones provenientes de Marruecos.

“Este es un nuevo ejemplo de una práctica que se repite en la UE: la importación de alimentos de terceros países que no cumplen con los estándares europeos y que, por tanto, ponen en riesgo la salud de los ciudadanos", explica el portavoz en una pregunta escrita a la Comisión. 

Además, esto se produce en un contexto en el que las protestas del mundo agrario europeo se han multiplicado, debido a su difícil situación: “Lo hemos denunciado en varias ocasiones y no se han producido cambios al respecto. Este tipo de sucesos no solo ponen en riesgo la salud pública europea, sino que sirven de ejemplo de la competencia desleal que sufren los agricultores europeos que sí respetan y cumplen las normas y reglamentaciones europeas”, ha denunciado.

“Las implicaciones para la salud de la ingesta de este pesticida pueden llegar a afectar gravemente al sistema nervioso con potenciales consecuencias letales”, ha advertido Cañas, que ha recordado que no hace ni un mes se detectó otro cargamento marroquí de fresas con hepatitis A.

Cañas ha criticado también que la Comisión Europea no haya tomado aún medidas pese a que ha verificado el riesgo para la salud pública que supone el caso, detectado y comunicado con rapidez mediante el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE (Rasff).

 “El Ejecutivo comunitario tiene que reaccionar ya. Es la segunda alerta sanitaria de esta índole en el plazo de un mes. ¿Cómo va a garantizar la Comisión que los productos agrícolas importados de Marruecos cumplan con las medidas fitosanitarias y de seguridad alimentaria europeas?”, ha planteado.

La familia de Zaplana impulsa el mayor pelotazo urbanístico de Benidorm

VALENCIA.- Más de medio millón de metros cuadrados y una veintena de hoteles. Es el pelotazo urbanístico que impulsa la familia de Eduardo Zaplana, el expresidente valenciano que se sienta estas semanas en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Erial' junto con su sucesor en el Palau de la Generalitat, José Luis Olivas, se interpreta desde www.eldiario.es

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, aprobó el pasado 27 de marzo, con los votos del PP en solitario, el último trámite del Plan Parcial Ensanche Levante, el gran sector pendiente de urbanizar de la ciudad turística y uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana, con 575.371 metros cuadrados de suelo y la previsión de construir más de 3.000 pisos —la mitad, viviendas turísticas— y 20 hoteles. 

En la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que impulsa el proyecto figura la familia del expresidente de la Generalitat Valenciana, conocidos empresarios en Benidorm. La AIU tiene su domicilio social en el Hotel Les Dunes de la localidad, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de la joya de la corona de los suegros de Zaplana, empresarios hoteleros de Benidorm.  

El mítico hotel de cuatro estrellas pasó a manos de María Dolores Martorell Llorca, viuda del empresario Miguel Barceló, tras el fallecimiento de éste ultimo en 2018. El empresario hotelero, padre de Rosa Barceló, fue senador del PP por la provincia de Alicante entre 1986 y 2008 y se erigió en uno de los principales impulsores de la carrera política de su yerno, Eduardo Zaplana. 

También apadrinó la trayectoria política de su sobrino, Francisco Murcia Barceló, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas, y de su nieto, Agustín Almodóbar Barceló, sucesor en el escaño del empresario en el Senado.

Promociones Les Dunes SL, la sociedad que controla el icónico hotel situado en primera línea de playa, amplió hace un cuarto de siglo su objeto social para incluir la tenencia y adquisición de toda clase de solares y terrenos, la ejecución de toda clase de obras de edificación, agrupación, segregación y compraventa de solares, de viviendas y de locales comerciales, según los datos que constan en el Registro Mercantil. 

El sector Ensanche Levante arrastra una compleja tramitación y cuenta con suelo urbanizable programado desde 1990. Su “vocación” es “construir la expansión de Benidorm durante las décadas de 2020 y 2030”, según indica la documentación del proyecto aportada al consistorio. Varios constructores de primera línea de la costa alicantina, como el empresario Enrique Ortiz (condenado por financiar ilegalmente al PP) o el promotor Andrés Ballester, poseen suelo en la zona.

La versión final del Plan Parcial ‘Ensanche Levante’ fue aprobada por el PP en solitario, con la abstención de Vox y el voto en contra de los ediles del PSPV-PSOE. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, aportó un informe jurídico que señala deficiencias del proyecto. Castillo lamentó que, con el cambio de uso respecto al Plan General de 1990, en lugar de ser un sector “residencial-hotelero” pasa ser “terciario-hotelero”, con una “abrumadora presencia de viviendas turísticas y hoteles”.   

Por otro lado, el autor del proyecto es el ingeniero José Ramón García Pastor, hijo del exconseller 'zaplanista' José Ramón García Antón y de la expresidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor Lillo.

José Ramón García Pastor, al frente de la empresa Cainur, además de otros trabajos en Alicante para empresas públicas, ha aterrizado en Benidorm desde que Toni Pérez es alcalde. 

El ingeniero firmó un informe por el que se solicitaba un modificado en las obras de construcción de una rotonda, que ascendían a 2,5 millones de euros más respecto a lo previsto inicialmente. 

Además, Cainur también es la responsable de algunos de los proyectos que desarrolla la promotora TM en la zona de Poniente, otro de los grandes frentes urbanísticos de Benidorm. 

Las dos versiones del valenciano agitan la pugna lingüística en la región

 

VALENCIA.- El actual clima político en la Comunidad Valenciana está fuertemente marcado por el aspecto lingüístico. El Gobierno autonómico presidido por Carlos Mazón se puso como uno de sus objetivos al inicio de su andadura desterrar la intensa relación que el tripartito de Ximo Puig tuvo con el independentismo catalán y su órbita social. Para lograrlo, ha iniciado dos mecanismos: el fin de la imposición del valenciano en las aulas y, paralelamente, la revisión de los criterios lingüísticos del idioma regional, según El Debate.

Sin perjuicio de que el primer ámbito haya causado grandes dosis de polémica como consecuencia de la agitación de la izquierda, el segundo es el que durante los últimos días está copando más titulares. A este respecto, la Associació d'Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) ha renunciado a una subvención de 3.000 euros otorgada por la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) porque, a su juicio, significaría catalanizar los documentos a publicar.

 

Previamente, la controversia alcanzó incluso a la Iglesia Católica, ya que la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) pidió al Arzobispado de Valencia que rectificase su traducción de los Evangelios al valenciano porque cree que es una versión catalanizada, por lo que su decano, José Luis Manglano, se ha puesto a «disposición» de Monseñor Enrique Benavent a tal efecto.

Por tanto, puede comprobarse cómo en la región existe un contexto bipolar entre qué versión o rama del valenciano es la que se ha de utilizar. 

 

Para entender esta disputa, cabe remontarse casi un siglo atrás, hasta 1932, cuando el valenciano todavía no gozaba de una ortografía consensuada y homogénea. Con tal de revertir esa situación, varios intelectuales y personajes de la cultura de lo que hoy es la Comunidad firmaron las llamadas Normas de Castellón, ya que el acuerdo se alcanzó en la capital de La Plana.

 

Sin embargo, con el paso de los años, no pocas entidades sociales y culturales valencianas consideraron que dicho compendio tenía más bien un carácter provisional y que sus reglas no se ajustaban a la realidad del pueblo, a sus usos ni a sus costumbres. Por ello, la RACV inició un proceso para elaborar una nueva codificación ortográfica del valenciano con vistas a que fuese más fiel a la realidad ciudadana.

 

Las diferencias radicaban en acentuación, uso de demostrativos y otros aspectos gramaticales, entre otros. La propuesta fue bautizada como las Normas de El Puig (por el Monasterio de Santa María de El Puig, donde fueron ratificadas) y las apoyaron un millar de autoridades y colectivos, entre los que destaca, además de la propia RACV, Lo Rat Penat, símbolos del valencianismo.

 

En lo referente a la política, a la anteriormente citada AVL se le achaca que, lejos de estar con las Normas de El Puig por ser lo más próximo al día a día de la Comunidad, esté instalada en el oficialismo y con un cierto corte hacia la unión idiomática entre el valenciano y el catalán. Es por ello que el Consell ha impulsado la «revalencianización» de los criterios lingüísticos sobre los que se basa el organismo. 

 

En este sentido, la AVL ha aprobado los cambios propuestos por la Generalitat y el documento está en fase de borrador a falta de conocer y evaluar las distintas aportaciones de asociaciones y del tejido cultural.

 

Estas modificaciones tienen como meta poner freno al ansia catalanista que caracterizó al tripartito del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos, que llevó a cabo una modificación (aprobada por la AVL) de los criterios en 2016 orientada a mimetizarse con la gestión lingüística practicada en la región vecina del norte y con la que tantas veces, ideológica y económicamente, se ha sentido identificado Ximo Puig. Basta como ejemplo que propuso que RadioTelevisión Valenciana, con À Punt a la cabeza, siguiese el mismo camino y estilo que la catalana TV3.

 

Con esa declaración de intenciones, no es de extrañar que en distintos programas del ente público valenciano durante los años del Botánico se haya hecho mención a términos como País Valencià o se hayan emitido anuncios de asociaciones anexionistas.

 

Por el contrario, tanto Mazón como la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, desechan ese modelo y apuestan por la defensa de la idiosincrasia de la Comunidad Valenciana, también en lo que al uso de la lengua y a su carácter social, realista e integrador se refiere. 

 

Así, si el presidente de la Generalitat le paró los pies a una presentadora de TV3 por decir «País Valencià» y promoverá una Ley de Señas de Identidad , la regidora levantina ha devuelto el doble topónimo a la ciudad que eliminó su predecesor, Joan Ribó, con lo que a la capital autonómica, siguiendo las Normas de El Puig, se le puede llamar Valencia o València.