martes, 19 de junio de 2012

Solana cree que la bandera que controlará el Mediterráneo será la española

TOLEDO.- El exsecretario general de la OTAN y exalto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Javier Solana, ha asegurado que la bandera que controlará el Mediterráneo será la española gracias al acuerdo suscrito por el Ejecutivo central y la OTAN por la base de Rota.

   "El control del Mediterráneo, después de los acuerdos con Rota, pasa a ser un control donde la bandera que va a estar allí va a ser la española", ha manifestado Solana durante su participación en Toledo el XXIV Seminario Internacional de Seguridad, donde ha añadido que "alguien va a perder ahí y seguramente será Gibraltar".
   De este modo, ha subrayado que el puerto "fundamental" del Mediterráneo donde se van a desarrollar las operaciones y que "va a tener un papel importante que se pondrá de manifiesto en todos sus componentes" va a ser el de Rota.
   Por ello, ha llamado a "sacar todas las consecuencias" del acuerdo con la OTAN sobre la base y a negociar "bien" todas las consecuencias del mismo, ya que --a su juicio-- el Mediterráneo sigue siendo "una de las partes más complejas" en cuanto a seguridad del país.
   En este punto, se ha referido a la zona del Sahel de la que ha dicho que "es muy compleja" y en la que España, al ser uno de los países más próximos, tendrá que tener alguna responsabilidad para garantizar "que no sean actores estatales complejos".
   "Se está perdiendo el control sobre esa zona, vamos a tener que estar y deberíamos estar contentos de que la base de Rota sea importante para garantizar la seguridad en este lugar", ha subrayado.
   Solana también se ha referido al escudo antimisiles de la OTAN en Rota. Sobre este concreto ha asegurado que su preocupación en este asunto se centra en las tensiones que se puedan producir con Rusia. Así, ha señalado que tanto España como Europa deberían defender que esa tensión se rebaje.
   Asimismo, ha considerado que este escudo antimisiles debe estar pensado dentro de la legitimidad de acción para actuar en terceros países. Un concepto que en un mundo multipolar como el actual, ha considerado Solana, "va a ser cada vez más importante".

Más de un centenar de agricultores piden a Conselleria 'ser rescatados' y que pague los 22 millones que adeuda al sector

VALENCIA.- Más de un centenar de agricultores y ganaderos han hecho cola este martes ante el registro de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua para presentar uno por uno la misma solicitud en la que le reclaman el pago de los más de 22 millones de euros que adeuda al sector en concepto de ayudas resueltas favorablemente y que corresponden a los años 2010, 2011 y lo que va de 2012.

   Bajo el lema 'Els nostres governs devoren als seus administrats. Pagament d'ajudes, ja. Els llaudadors i ramaders valencians també volem ser rescatats' (Nuestros gobiernos devoran a sus administrados. Pago de ayudas, ya. Los agricultores y ganaderos valencianos también queremos ser rescatados) han iniciado así una campaña de protestas que próximamente se extenderá por las comarcas y capitales de provincia convocada por La Unió de Llauradors i Ramaders.
    "Si han rescatado a los bancos y les han dado un montón de millones" ellos también juegan un papel muy importante dentro de la sociedad, "ya no solo como agrarios", sino por toda la estructura que les envuelve y que da trabajo desde el transporte hasta las fábricas de cajas o las empresas de exportación, ha señalado el secretario general de la organización, Ramón Mampel, en declaraciones a los medios.
   En este sentido, Mampel ha recordado que "el sector agrario ha sido de los más importantes y lo sigue siendo en la Comunitat Valenciana y que ha sido donde se ha refugiado mucha gente en estos momentos de paro tan importantes". De hecho, aún sigue cogiendo gente para trabajar "aún no siendo rentables las explotaciones", ha insistido.
   Tal y "como está el mercado es importante que ese dinero lo podamos cobrar los agricultores porque nos va nuestra vida". 
"Queremos que nos recaten también porque estamos en una situación difícil", ha alertado.
   Así, en los documentos que han presentado en el registro de Conselleria han puesto de manifiesto que "es importante que se haga caso al artículo 18 del Estatuto" de autonomía que dice que 'La Generalitat adoptará las medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos de este sector, su desarrollo y protección, así como los de los agricultores y ganaderos'.
   Recuerdan que la Generalitat les debe unos 22 millones de euros por impagos de ayudas resueltas favorablemente y señalan que "la falta de liquidez de la administración valenciana paraliza el pago de ayudas Agroambientales". Es más, ha sido "incapaz de establecer medidas para evitar la pérdida continuada de ingresos de los productores", lamentan en el texto.
   En este sentido, Mampel ha lamentado cómo los agricultores se ven    cada vez "más condicionados" ante un mercado que les "extorsiona por todos los lados" y ha señalado que "esas ayudas son fundamentales para continuar en el sector". Así, el arroz este año ha bajado tres céntimos el precio pero los costes de producción se han doblado, ha ejemplificado.
   Según ha explicado, los pagos que vienen de Europa los cobran directamente "pero hay ayudas cofinanciadas y como hay dificultades, si Conselleria no pone el porcentaje que le corresponde, de Europa no sale nada" y se está "condenando" a los agricultores.
   Ante esta situación, ha instado a Conselleria a decir "basta ya" a sentar a agricultores y ganaderos en una mesa y "poner el cascabel al gato" para ver "como repartir este bien común que tenemos como proyecto valenciano que está pasando momentos importantes de crisis".
   En este sentido, el documento presentado reclama al Gobierno valenciano que comunique a los beneficiarios legítimos de las ayudas pendientes de pago el día abonará sus deudas, qué modelo de sector productor pretende establecer en la Comunitat y cómo lo quiere conseguir.

La Generalitat valenciana archiva el expediente para declarar BIC las corridas de toros y los bous al carrer

VALENCIA.- La Generalitat ha decidido archivar el expediente que se inició para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) las corridas de toros y los 'bous al carrer' debido al "empate técnico" que se ha producido entre las diversas entidades consultivas a las que la administración ha solicitado los preceptivos informes, ha confirmado el Gobierno valenciano. 

   Fuentes de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte han explicado hoy que el pleno del Consell adoptó el acuerdo para incoar la tramitación de al declaración BIC Inmaterial de estos festejos. A partir de ahí, se solicitó el necesario informe a cuatro instituciones consultivas, como son el Consell Valencià de Cultura (CVC), la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y dos universidades: la Universitat de València (UV) y la Universidad Católica San Vicente Mártir (UCV).
   Tanto la Academia de San Carlos como la Universitat de València emitieron resoluciones negativas a la declaración, la primera de estas instituciones por considerar que las corridas están ya reglamentadas en el ámbito nacional y que los 'bous al carrer' no presentan suficiente entidad cultural, mientras que la universidad aludía a elementos biológicos y sociales relacionados con la muerte del animal para justificar su rechazo, han recordado las mismas fuentes.
   Por su lado, la Universidad Católica sí dio el visto bueno a la declaración BIC al entender que se trata de espectáculos de raíces valencianas que merecen una protección. En el caso del CVC, una de las comisiones del organismo llegó a redactar un informe en contra de la declaración, aunque finalmente no fue aprobado en pleno por un margen de votos apretado, de 11 en contra y ocho a favor.
   Desde la Conselleria de Cultura recalcan que el artículo 27.5 de la Ley de Patrimonio de la Comunitat Valenciana exige que para aprobarse la declaración ha de contar, al menos, con dos informes favorables de las instituciones consultadas, lo que entienden que no se ha producido.
   Por ello, el Consell cree que "no puede seguir adelante" con esta tramitación puesto que hay una situación de "empate técnico", que refleja el debate que existe en la sociedad respecto a la protección de estas fiestas. Aun así, desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que el proceso podría retomarse, ya que el expediente puede mantenerse abierto durante tres años, según la normativa.
   Tras conocer la decisión de la Generalitat, la diputada de Esquerra Unida en las Corts, Marina Albiol, ha asegurado que "la oposición a este BIC por parte de varias instituciones culturales como la Universitat de València o la Academia de Bellas artes y la abstención del Consell Valencià de Cultura --éste último a pesar del dirigismo impuesto por Consuelo Císcar-- demuestra que ha imperado la cordura y que el mundo de la cultura se ha pronunciado en contra de una declaración que, tal y como hemos venido denunciando desde EUPV, es una barbaridad que enaltece el maltrato de los animales".
   Albiol ha manifestado, a través de un comunicado, su satisfacción porque el Consell "haya dado marcha atrás y haya archivado la protección de los bous al carrer".
 "Desde EUPV nos alegra modestamente haber abierto el debate y que el final haya sido éste", señala la parlamentaria.
   También ha reaccionado la plataforma Iniciativa Animalista, que ha calificado el archivo de "gran éxito del movimiento animalista, unido para hacer frente a los abusos que sufren los animales y apoyado por partidos políticos y otras organizaciones sociales". 
"Este es el camino a seguir para consolidar cambios reales en beneficio de los animales sin voz", han exclamado responsables del colectivo.

Los tres grupos de la oposición ven "irregularidades insólitas" en contratos firmados por RTVV

VALENCIA.- Representantes de los tres partidos de la oposición en la Comunitat Valenciana --PSPV, Compromís y EUPV-- han visitado este martes el Consejo de Administración de Radio Televisión Valenciana (RTVV) para analizar contratos firmados por el ente público, en algunos de los cuales han visto "irregularidades insólitas".

   En concreto, han acudido el portavoz de la comisión de control de RTVV por el PSPV, Josep Moreno; la síndica de EUPV en las Corts y también portavoz en la comisión, Marga Sanz; y el miembro del consejo de administración del ente designado por Compromís, Rafael Xambó, quienes han destacado que ningún cargo de RTVV los ha recibido lo que consideran que demuestra "un absoluto desprecio hacia la tarea de fiscalización y control por parte de la oposición".
   Además, los tres representantes de la oposición han denunciado que tres de los cuatro contratos que han analizado no incluyen cláusulas de confidencialidad, pero aún así se les ha negado la posibilidad de obtener copias. Por ello, han firmado y registrado un escrito dirigido al director general de RTVV, José López Jaraba, solicitante copia de los contratos que no estén sujetos a cláusulas de confidencialidad.
   Los tres representantes de la oposición han destacado las "numerosas irregularidades y hechos directamente insólitos", como por ejemplo la forma de pago que establece el contrato entre RTVV y la Televisión de Castilla y León SA en metálico.
   Otra "irregularidad inédita" que han visto es que la forma de pago que establece el contrato entre RTVV e Intereconomía es mediante la compensación de facturas entre ambas televisiones, y han indicado que "los dos contratos con las televisiones autonómicas de la órbita del PP se firmaron exactamente el mismo día".
   Los representantes de la oposición han explicado que el 26 de julio de 2011 RTVV y Triskel Audiovisual firmaron un contrato por 532.500 euros, y han indicado que "mientras el resto de televisiones autonómicas pueden pagar con material propio, RTVV deberá abonar más de 300.000 euros a Triskel por unos documentales que ni siquiera ha emitido".
   Así, han tildado de "absolutamente ridículo e inverosímil desde el punto de vista jurídico y mercantil que Triskel afirme recomprar por un valor de 276.000, un producto que es materialmente imposible vender a nadie puesto que RTVV se reserva la capacidad de vender los pases durante tres años de esos documentales em todo el planeta". Además, se reserva en exclusiva la venta de los derechos de cualquier versión doblada del mismo documental.
   Para la oposición, se trata de "una operación de maquillaje ante del descubrimiento del fraude que supuso el primer contrato" y estos partidos políticos consideran que "la única explicación es que el PP ha dado órdenes a las televisiones de la órbita para que dan amparo a la operación".
   También se han referido, entre otros, a un contrato firmado el pasado 28 de octubre entre RTVV e Intereconomia por un precio global de 60.000 euros "con una peculiar forma de pago: mediante la compensación de facturas entre ambas televisiones".

Fabra resalta que los eventos que tienen una proyección hacia el exterior permiten atraer a inversores y turistas

ALICANTE.-   El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha manifestado este martes que eventos como la carrera náutica Volvo Ocean Race, que tienen una proyección hacia el exterior, hacen posible que tanto la Comunitat como Alicante sean "un claro destino para inversores", al mismo tiempo que permiten atraer al turismo, y ha cifrado su impacto económico global, en términos anuales, en 375 millones de euros.

   Fabra se ha expresado en estos términos durante el discurso pronunciado durante la inauguración del Museo Interactivo de la Volvo Ocean Race en el puerto de Alicante, en el que ha estado acompañado por la consellera de Cultura, Turismo y Deporte, Lola Johnson; el titular autonómico de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré; la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo; el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA), José Joaquín Ripoll; el director general de la Volvo Ocean Race, Knut Frostad, o el presidente de Volvo Car España, Germán López, entre otras personalidades.
   Así, el jefe del Consell ha afirmado que el impacto de los proyectos y eventos que se realizan en la Comunitat a lo largo del año se cifra en 375 millones de euros, al tiempo que generan 24.000 puestos de trabajo, y ha destacado que actos como la carrera Volvo "hacen posible que la Comunitat, sus potencialidades y posibilidades, sean vistas en todo el mundo".
   "Alicante y la Comunitat, gracias a eventos como la Volvo Ocean Race, son un claro destino para inversores que nos ven como el mejor lugar para materializar sus retos. Tener una clara proyección exterior nos hace más atractivos para millones de turistas que nos visitan", ha manifestado.
   Además, ha agregado que la capital alicantina "se ha presentado en este principio de siglo XXI como una ciudad moderna, con oportunidades, que puede alcanzar cualquier reto, y que puede ser la base de proyectos importantes a nivel nacional e internacional", y ha apuntado que el museo inaugurado este martes "reconoce el empuje de la ciudad y aúna la gran experiencia que es la Volvo Ocean Race con el avance de una ciudad que quiere seguir siendo referencia a nivel nacional e internacional".
   Igualmente, ha indicado que la apuesta de la Volvo Ocean Race por Alicante ha permitido que la ciudad sea conocida "a través de todos los rincones del mundo", y ha incidido en que supuso un impacto económico cercano a los 90 millones de euros.
   Por otra parte, el presidente ha valorado el esfuerzo realizado por la organización de la Volvo, por la ciudad de Alicante y por la Generalitat, en relación a la celebración de la carrera en la capital alicantina, que, a su juicio, ha supuesto "la admiración de millones de espectadores que, de forma diaria, a través de Internet o de los medios de comunicación, han seguido la regata".
   En relación al museo, ha apuntado que dará a conocer, de forma permanente, el "esfuerzo" de los competidores y el "espíritu del deportista", que, en su opinión, son necesarios, "sobre todo en estos momentos".
 "Espíritu de superación y de no rendirse nunca ante las circunstancias", ha añadido.
   Por su parte, Frostad ha considerado que la infraestructura ha sido estrenada "en el momento idóneo, a punto de comenzar la temporada de verano y cuando la carrera enfila su dramático final". "Mientras asistimos al espectáculo de la igualada batalla por el título en esta edición, aspiramos a que el Museo Volvo Ocean Race sirva para educar e inspirar a nuevas generaciones de seguidores", ha añadido.
   El Museo de la Volvo Ocean Race se ha ubicado en la antigua estación marítima de Orán, en el muelle de Levante del puerto alicantino, y ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros. Además, el recinto que lo acoge dispone de una superficie total de 1.300 metros cuadrados, de los cuales 507 son para exposiciones.
   En este sentido, sus estancias acogen una muestra permanente y otra temporal, y se distribuyen en dos plantas. Durante el recorrido que ofrece a los visitantes, se incorporan elementos multimedia, como simuladores en 3D o pantallas interactivas, con contenidos sobre la regata como la historia de la carrera, relatos de los navegantes de las distintas ediciones, explicaciones de la vida a bordo de los tripulantes, los ecosistemas marinos, los océanos o las telecomunicaciones.

Carta de protesta y testimonio de los vecinos afectados por el circuíto de F1

VALENCIA.- La plataforma 'Cicuit Urbà No' de Valencia ha enviado una carta abierta al piloto Fernando Alonso para criticar el "circo" de la F1 y para informar a los que participan en él del "precio que tienen que pagar" los vecinos del circuito de Valencia.

En la carta que los vecinos han remitido a los medios de comunicación lamentan que el Gran Premio de Europa de F1 que se celebrará en Valencia el próximo fin de semana crea "ilusión y fantasía al alcance de muy poca gente".
Aseguran que la afición por este deporte en la Comunidad Valenciana es "insignificante" y critican que se invirtiese "alrededor de 100 millones de euros para acondicionar el circuito urbano", pese a que "a escasos treinta kilómetros de Valencia existe uno apto para este tipo de espectáculos circenses".
Han denunciado que la construcción del circuito urbano fue "una imposición" del magnate de la F1, Bernie Ecclestone, "que se aprovechó de los delirios de grandeza de las autoridades políticas de esta comunidad".
En la carta, los vecinos también instan a Alonso a "quitarse el casco" para conocer "las humillaciones, molestias y privaciones" que dicen que soportan, como "el corte de calles, desvío de circulación y del transporte público o prohibición de acceder a espacios públicos".
Asimismo, han denunciado el "estruendo continuo o los malos olores", problemas que para los vecinos son "agresiones prohibidas por las ordenanzas de cualquier ciudad normal". La plataforma también ha lamentado la suspensión de la verbena de San Juan "por motivos de orden público" y los vecinos han reiterado que no quieren que el Gran Premio de Europa se celebre al lado de sus casas.

El número de rumanos en España se reduce por primera vez

MADRID.- El número de rumanos que viven en España con un permiso de residencia cayó por primera vez en el primer trimestre de este año, con una reducción que si bien está por debajo del uno por ciento, representa un cambio en la tendencia desde la incorporación de Rumanía a la Unión Europea, pues la comunidad afincada en España no había parado de crecer, con ritmos que llegaban a rozar el 20 por ciento.

   En total, al cabo del primer trimestre de este año se contaban en España 5,29 millones de extranjeros con permiso de residencia, 238.454 personas más que en el mismo periodo del año anterior (4,72%). De ellos, 2,7 millones son oriundos de países no europeos (51,58%) y 2,5 millones proceden de la Unión o son parientes de ciudadanos comunitarios (48,42%).
   En la actualidad, la rumana es la nacionalidad extranjera más numerosa en España, representa al 35,26 por ciento de todos los foráneos que viven en el país y cuenta con 903.964 ciudadanos registrados, conforme los datos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración actualizados a 31 de marzo de 2012.
   Aunque son ciudadanos europeos y, como tales, tienen libertad de circulación, en España tienen restringido el acceso al mercado laboral desde julio de 2010, cuando el Gobierno les impuso la obligatoriedad de contar con un permiso de residencia.
   La comunidad rumana siguió incrementándose durante los meses siguientes pese a la restricción, aunque a ritmos cada vez más bajos. Si en 2008 había crecido un 19,04 por ciento, en 2009 frenó hasta el 4,57 por ciento, pero en 2010 la subida fue del 11,84 por ciento y, en 2011, registró un aumento del 11,84 por ciento. Entre marzo de 2011 y marzo de 2012 se amplió un 4,92 por ciento.
   Ahora se registra un primer descenso poblacional al comparar el primer trimestre del año con la recta final de 2011, cuando figuraban en las estadísticas oficiales 8.562 personas más de esta nacionalidad, principalmente por la salida de hombres, que a 31 de marzo eran un 1,3 por ciento menos que a penas tres meses antes.
   La rumana no es la única comunidad que ha registrado descensos. La búlgara, que comparte restricciones al mercado laboral, se redujo un 1,62 por ciento en el primer trimestre del año hasta los 172.565 habitantes; la portuguesa cayó un 1,74% interanual y cuenta con 127.852 y los polacos también son menos, con una reducción interanual del 4,25 por ciento, una caída del 1,23 por ciento en el primer trimestre y un total de 83.543 ciudadanos.
   Entre las principales nacionalidades no comunitarias sólo se han producido descensos entre ecuatorianos y colombianos. Los primeros, que suman 371.526 personas y son el 13,6 por ciento de los inmigrantes, vieron reducirse su población con permiso de residencia en un 0,24 por ciento en el primer trimestre y en un 2,46 en comparación con 2011. Los colombianos, que a 31 de marzo ascendían a 224.158 y son el 8,21 por ciento de la extranjería, perdieron un 1,44%.
   De hecho, cinco de las quince nacionalidades no comunitarias más numerosas han registrado incrementos durante este periodo, especialmente la marroquí, segunda comunidad extranjera más grande de España, que tiene 813.835 ciudadanos inscritos, el 29,81 por ciento del total. En el primer trimestre del año creció un 1,51 por ciento y, en comparación con 2011, aumentó un 4,7 por ciento (36.557 personas más).
   Otras cuatro de las quince nacionalidades más numerosas vieron aumentar su población durante el inicio del año: Paraguay, Pakistán, Bolivia, Senegal y Filipinas, que crecieron por encima del 2%. En perspectiva interanual, destaca el aumento de la comunidad boliviana, que creció un 12,44 por ciento (16.205 personas más); la china, con un 6,06%  (9.733 personas más); la paquistaní, con un aumento del 16,02% (8.720) y la paraguaya, que aumentó un 24,87 por ciento (7.415 ciudadanos más).

EUPV dice que "Calatrava tiene razón en que la principal responsabilidad del derroche es del PP"

VALENCIA.- El portavoz adjunto de Esquerra Unida (EUPV) en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, ha asegurado que el arquitecto Santiago Calatrava "tiene razón en una cosa: todos sus proyectos fueron aprobados por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) y por eso la principal responsabilidad del derroche de dinero público es del PP".  

   Blanco ha realizado estas declaraciones después de que el estudio de Santiago Calatrava haya hecho público un comunicado en el que señala, respecto al coste de CACSA, que "en todas las obras encargadas ha facturado cantidades que están por debajo de los porcentajes medios para proyectos similares en otros países" y, además, considerando que facturaba como arquitecto y como ingeniero, "los importes son incluso modestos".
   Al respecto, EUPV --que hizo públicos los contratos de Calatrava con CACSA así como la suma de todos los importes cobrados por el arquitecto de esta empresa pública-- considera que "más de 1.100 millones de euros en el diseño y construcción de un complejo que resulta incluso deficitario en su mantenimiento son un auténtico despropósito".
   "A Calatrava podemos reprocharle los modificados que generaron sobrecostes desorbitados, pero la responsabilidad es principalmente política y recae en los gobiernos del PP que sufragaron con dinero público un delirio megalómano", admite Blanco.
   El parlamentario opina que el comunicado de Calatrava incluye "afirmaciones propias de alguien que vive fuera de la realidad, porque casi 100 millones de euros es un auténtico pastón que se ha llevado de los valencianos".
   En la misma línea, el representante de EUPV recuerda que, "contra toda lógica, en los contratos, CACSA asumía el coste de la reprografía, las maquetas, los planos, los desplazamientos o las dietas de Calatrava".
 "No querrá que encima le hubieran pagado también las nóminas de los arquitectos de su estudio y llevarse los 97 millones limpios a sus cuentas en Suiza", ironiza Blanco en referencia a las justificaciones ofrecidas por el arquitecto.
   "Calatrava ha explicado el desarrollo del complejo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, al que se fueron añadiendo edificios construidos como el puente o el Ágora y otros como las torres que nunca se han llevado a cabo y por los que ha cobrado más de 15 millones de euros, pero lo que el arquitecto obvia es que en buena medida estas decisiones fueron tomadas a propuesta suya y que con la llegada del PP incluso se modificaron contratos en vigor para mejorar sus honorarios", señala Blanco.
   El diputado de EUPV se manifiesta absolutamente seguro de haber cumplido con su "obligación política de dar a conocer a toda la ciudadanía valenciana una información cierta, documentada y de gran relevancia social, acabando con casi dos décadas de opacidad en CACSA".
   Blanco añade que Calatrava "tiene que asumir que sus proyectos están sujetos a la crítica pública cuando se sufragan con fondos públicos, y más aún si  generan unos sobrecostes que a veces triplican el presupuesto inicial".
   "Además, en su caso, y a pesar de reconocer que el 95% del trabajo ha sido realizado por empresas y personas españolas, su residencia en Suiza ha sido utilizada para eludir la aplicación de las leyes fiscales españolas, en un comportamiento que aunque pueda ser legal resulta muy poco ético, y que la Generalitat no debería haber consentido nunca", afirma el diputado de EUPV, que recuerda que la empresa encargada del proyecto arquitectónico de L'Oceanográfic -único edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que no es obra de Calatrava- sí que facturó con IVA desde España a pesar de tener su sede en Londres.
   "Calatrava ha hecho valer su valencianía para recibir distinciones y contratos pero no para pagar impuestos como cualquier hijo de vecino", opina el diputado.
   No obstante, el portavoz adjunto de EUPV considera que el arquitecto tiene "razón en una cosa: todos sus proyectos, y los modificados que aprobaron los sobrecostes, recibieron el visto bueno de CACSA, y por eso la principal responsabilidad del derroche de dinero público es del Partido Popular".
   "Nosotros no cuestionamos la faceta artística del trabajo de Calatrava sino su coste para los contribuyentes, y por tanto no vamos contra él sino contra los políticos que firmaron unos contratos lesivos para los intereses generales y alentaron un delirio megalómano que nos ha costado a los valencianos más de 1.100 millones de euros", concluye.

Calatrava le echa cara al decir que los importes cobrados por la Ciudad de las Artes de Valencia son "incluso modestos"

VALENCIA.- El estudio del arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha señalado, respecto a las críticas lanzadas por el grupo de EUPV en las Corts respecto al coste de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que en todas las obras encargadas ha facturado cantidades que "están por debajo de los porcentajes medios para proyectos similares en otros países" y, además, considerando que facturaba como arquitecto y como ingeniero, "los importes son incluso modestos". 

   El estudio del autor valenciano en Zurich ha hecho público este martes un comunicado en el que responde a las críticas de los parlamentarios de Esquerra Unida Ignacio Blanco y Marina Albiol. En este escrito, se recuerda que Santiago Calatrava "ha realizado proyectos en la Comunitat Valenciana durante más de 20 años, encargados por diferentes gobiernos autonómicos de diferente signo político".
   "En algunas de estas obras --prosigue--, que ocupan un lugar preferente en la arquitectura mundial por su calidad técnica y artística, está siendo injustamente criticada la labor del arquitecto y sus colaboradores, a pesar de que todas las decisiones, desde el propio encargo inicial hasta el último de los detalles de construcción y el presupuesto asignado, son tomadas única y exclusivamente por el cliente, Ciudad de las Artes y las Ciencias SA (CACSA) y la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), para Valencia y Castellón respectivamente".
   Respecto al proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, defiende que "ha sido ejecutado correctamente, tanto desde el punto de vista técnico como ético". "Todas y cada una de las obras se han ajustado escrupulosamente a la normativa vigente, cumpliendo todas las obligaciones que afectan al arquitecto y su equipo técnico, que en un 95% ha estado compuesto por empresas y personas españolas", subraya.
   Asimismo, sostiene que las cantidades percibidas están "por debajo de los porcentajes medios para proyectos similares en otros países" y recalca que dichas cuantías "incluyen el pago a trabajadores, autónomos y empresas de ingeniería, diseño, acústica, etc. que complementan la labor del arquitecto realizando estudios, cálculos y diseños para completar el encargo del cliente en cada caso".
 "Como no puede ser de otra manera, todos los importes facturados cumplen con rigor la normativa vigente en cuanto a obligaciones tributarias nacionales e internacionales", agrega.
   Aunque el importe final del proyecto completo --que en caso de la Ciudad de las Artes y las Ciencias pasó de tres a siete construcciones, incide-- y el propio coste de cada edificio son decisión exclusiva del cliente, Calatrava aporta una serie de datos con el fin de "facilitar la comprensión del incremento del coste final".
   Así, en el caso del proyecto global de la Ciudad de las Artes y las Ciencias señala que en 1991 se encarga esta obra a Santiago Calatrava, compuesta inicialmente por tres edificios: el Planetario, el Museo de las Ciencias y la Torre de Telecomunicaciones. Este complejo de tres edificios tenía un coste previsto de 300 millones de euros.
   En 1996, el gobierno autonómico, además de cambiar la Torre de Telecomunicaciones por una Ópera (Palau de les Arts) amplía el proyecto con nuevas obras y edificios: el aparcamiento,  la estación de autobuses, el umbráculo, dos puentes (según se explica a continuación) y los jardines y paisaje urbanístico, que son construcciones no contempladas inicialmente y que suponen un coste adicional de 800 millones de euros. El Ágora se encarga en 2005.
   Respecto al Puente de Serrería o L'Assut D'Or, comenta que hace doce años Santiago Calatrava realiza el viaducto de Monteolivete, que da continuidad al puente diseñado parcialmente por Fernández Ordóñez, puente de los Hermanos Maristas. Posteriormente se decide hacer un segundo puente que, en realidad es un puente doble (dos puentes), y que vino a solucionar dos necesidades coincidentes, de la Generalitat y del Ayuntamiento, que debían unir diferentes puntos sobre el cauce del Turia con dos puentes diferenciados.
   Para solventar estas necesidades de la mejor manera, se diseñó un único puente doble, de mayor longitud (casi el doble), anchura y complejidad técnica, asociada al desnivel existente entre los diferentes terrenos que une.
   En relación con el coste, conviene señalar que el Ayuntamiento necesitaba y tenía presupuestado un puente, que quedó integrado en la solución final de la propuesta de Santiago Calatrava, de cuyo coste sufragó aproximadamente la mitad (34 millones de euros). La Generalitat asumió el resto del coste en la ampliación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias comentada en el punto anterior. Es importante señalar --continúa-- que todas las cuestiones relacionadas con la señalización de las vías que discurren por el puente son competencia exclusiva del Ayuntamiento.
   De igual forma, "aunque la decisión de no ejecutar o no terminar un proyecto es únicamente potestad del cliente", se aportan los siguientes datos sobre otros trabajos que también han sido objeto de críticas y en los que la labor de Santiago Calatrava "ha sido correcta tanto desde el punto de vista ético como técnico".
   En este sentido, el estudio alude al Ágora, encargada en 2005 y del que se ha construido un 95%, tan sólo pendiente de la cubierta móvil. Aun así, explica, "está abierto y en condiciones de uso, como prueba el hecho de que se hayan celebrado numerosos eventos deportivos y sociales".
   "El edificio no está acabado por causas que sólo son atribuibles a la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A., quien a comienzos de 2012 comunicó oficialmente su intención de acometer las actuaciones necesarias para el correcto uso del edificio y de su urbanización a excepción de los trabajos de la cubierta móvil. Esta comunicación se produce tras varios periodos de suspensión temporal de las obras ordenados por CACSA", precisa.
   Por lo que se refiere a las llamadas Torres de Calatrava, en 2005 Santiago Calatrava recibe el encargo de diseñar el Anteproyecto y el Proyecto Básico de esta obra, que hasta la fecha no se ha construido por decisión del cliente. Por la realización del proyecto completo, percibió aproximadamente el 60% del 7,5% del coste real y total de la obra, de acuerdo con el porcentaje habitual para proyectos similares.
   Finalmente, apunta que por el Centro de Convenciones de Castellón Calatrava ha recibido 2,7 millones de euros. El proyecto se ha cancelado antes de pasar a la segunda fase y por tanto Santiago Calatrava no ha cobrado nada más por este concepto, a pesar de que el programa de necesidades preliminar se ha modificado y ampliado varias veces, por decisión de la SPTCV.

El Eurogrupo atribuye los problemas del sector financiero a las entidades junto al Mediterráneo

BRUSELAS.- El Eurogrupo atribuye los problemas del sector bancario español al "exceso de crédito al sector de la construcción" debido a la "euforia de la convergencia". El Banco de España detectó los problemas en una fase "temprana" y actuó de forma "contundente" exigiendo más provisiones pero "el problema era mucho mayor de lo que se pensaba".

   "Es importante destacar que los problemas no han sido causados por los grandes bancos internacionales españoles, sino que se concentran en los balances de instituciones más pequeñas, con un alto grado de correlación con la proximidad al Mediterráneo", ha ironizado el alto funcionario.
   "Eso es importante cuando se examina la reforma de la supervisión bancaria. Es muy fácil controlar a los grandes bancos porque están muy bien gestionados normalmente, pero es más difícil vigilar a los bancos pequeños, donde luego están los problemas que se contagian a la economía, si son sistémicos", ha explicado.
   El Eurogrupo no ve ningún problema en que la auditoría en profundidad del sector bancario, cuyos resultados estaba previsto publicar a finales de julio, se retrase hasta septiembre. "Si es dos semanas más tarde pero más en profundidad, lo preferimos", alega.

Paradores se plantea cierres "parciales" de establecimientos

MADRID.- La presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, ha descartado este martes que se estén estudiando cierres "totales" de algunos establecimientos de la cadena hotelera pública integrada por 93 paradores, sino cierres "parciales" en los que se contempla la posibilidad de eliminar o reducir algunos servicios de restauración.

    Alarcó se ha mostrado "sorprendida" ante la decisión de los trabajadores de concentrarse cuando ambas partes estaban sentadas en una mesa de negociación, a la vez que ha solicitado a los empleados que expliquen qué puntos quieren cambiar dentro del convenio.
     "La empresa lo que busca son reducciones de costes a través de la flexibilidad y nunca reducciones de plantilla ni salariales", ha subrayado la presidenta de la cadena pública hotelera.
   Del mismo modo, ha apelado a los trabajadores al diálogo al considerar que aún hay aspectos de la negociación que se pueden "cambiar" o "añadir", recalcando que muchos de los empleados ya han mostrado su interés ante las medidas de flexibilización planteadas por la empresa.
   "Una concentración en la calle no es manera, es levantarse de la mesa y es lo que no entendemos", ha asegurado, para después insistir en que los planes de viabilidad de cada establecimiento aún no están cerrados.
   Alarcó ha recibido a los representantes de los trabajadores en las oficinas centrales de Paradores ante la voluntad de éstos de hacerle entrega de una carta en la que le solicitan que dé a conocer el plan de austeridad que la empresa pública tiene pensado llevar a cabo.
   La presidenta, que ha firmado el recibí de la misiva, ha mostrado a los empleados su voluntad de dialogar en favor de sus derechos, mientras que los trabajadores han señalado que comprenden la difícil situación que atraviesa la compañía.
   Paradores no atraviesa por un buen momento, tras acumular un déficit de 110 millones de euros en 2011. Actualmente, de la red de Paradores, que cuenta con 93 establecimientos, 23 de ellos presentaron pérdidas durante el último ejercicio, un 25% del total.
   Para 2012, se prevén unas pérdidas por valor de 25,5 millones de euros, según figura en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado por el Gobierno.
   No obstante, a finales de mayo Alarcó estimó que la compañía pública volvería a beneficios "en tres años", a la vez que negó interés por parte de inversores privados al considerar que con tales pérdidas la empresa "no vale nada" en la actualidad.
En Valencia cuenta con un establecimiento en El Saler y en Castellón con otro en Peníscola.