MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón, busca antecedentes judiciales sobre imputaciones a Directores Generales, Subdirectores Generales y miembros del Consejo Rector de Cajas de Ahorros, y las posibles vinculaciones con las representaciones políticas o administrativas dentro de las Cajas. En esa línea de trabajo, investigación y análisis, se encuentra ya documentado sobre la Caja de Crédito de Alcoy, donde se juzga como acusados al director general, subdirectora general, siete miembros del Consejo Rector, y al director de una sucursal, y donde el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Alicante pide una condena de seis años de prisión y una multa de 360.000 euros por un presunto delito de insolvencia punible.
Pide además que se indemnice a la masa de acreedores de forma solidaria en la suma de 3.770.828 euros de morosidad de la Caja, restando l.124.917 euros recuperados.
Según el fiscal, la bancarrota de esta Caja, se debió a la actuación directa del director y de la subdirectora de la entidad, que tenían “amplios poderes de gestión y representación”, y de dos miembros del Consejo Rector y el director de la oficina, “que no pusieron objeción alguna a las operaciones que entrañaban un altísimo grado de morosidad” y que la llevaron a la quiebra, con el menoscabo originado a 1.500 personas que habían confiado sus ahorros a la entidad.
La conclusión a observar, señala De Ramón, es que todos los analistas financieros, nacionales e internacionales, piden ahora una total transparencia a las cajas de ahorro, porque se han excedido en conceder créditos a la Construcción, tal como ha pasado, y provocado su intervención por el Banco de España, a Caja Sur y a otras Cajas en línea de investigación actualmente.
“Si tenemos en cuenta que precisamente las Cajas de Ahorro, están pidiendo dinero por su falta de liquidez, eso supone que todo lo tienen invertido, lo que puede producir una posible insolvencia punible si se demuestra que se han excedido en mas del 20% de su capital”.
Es obvio, a su juicio, que es necesaria la inmediata intervención en esa transparencia de información a los clientes de las Cajas, que no se tiene, sobre la posible emisión de cédulas hipotecarias, para saber si es dinero propio, o si es garantía, y si se ha informado a los clientes de los prestamos con garantía hipotecaria de que dichas “garantías hipotecarias”, van a servir de instrumento financiero para aportarlas por las Cajas a terceros adquirentes de dichas cedulas, sin su consentimiento.
Es importante que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dice, sea informada así como el Banco Central Europeo y las autoridades internacionales, financieras y de Bolsa (americanas, asiáticas y europeas).
Este control de las Cajas, expresa este letrado, se debe hacer por cuanto no existen órganos de amplia representación popular (ya que lo componen representaciones sindicales, trabajadores propios de las Cajas y representantes políticos) y los programas económicos de inversiones y amortizaciones sociales, son aprobados por los órganos del Gobierno Regional de la bandera política que gana, sin que se oiga a los receptores sociales más débiles y sin voz propia, dado que son una gran mayoría sin estar unidos, diseminados, y aparentemente representados por la llamada del voto político, y donde los poderes mediáticos son importantes a la hora de dirigir el voto.
Nadie sabe entre los clientes de las cajas de ahorro y receptores de las ayudas sociales en Valencia y Murcia, dice De Ramón, cuáles son los objetivos sociales de los mismos, si entran en los gastos sociales de las “fundaciones que dichas Cajas crean”, viajes e incentivos a representantes de las Cajas y empleados, créditos con carencia de amortización e intereses bajos y, sobre todo, el fuerte endeudamiento con “determinadas empresas” inmobiliarias dentro de la región donde gobierna un determinado poder político.
“Queda incluir grupos de comunicación, de difusión, divulgación y propaganda de medios de publicidad, ignorándose cuál es la aportación de las entidades públicas a estos medios de comunicación regionales, y que algunos, agrupados, hasta cotizan en Bolsa. Y cuales son las cantidades anuales que pueden ir a colectivos significativos de enfermos de Alzheimer, por ejemplo, discapacitados, ONG, que si las dijeran nos reiríamos de lo poco importante que son comparadas con los miles de millones de euros que han ido a esos grupos de empresas de determinado color político”.
Este abogado cita a “Terra Mítica, Llanera, Polaris, Hansa Urbana, Lo Poyo, Zincsa, La Zerrichera, y ahora Marina de Cope que quiere emerger con ayuda financiera”.
De Ramón dice que, “seguiré trabajando en líneas nacionales e internacionales, y acudiré a las ventanas libres de la información regional, no sujetas a vinculaciones políticas y económicas, para dar cuenta”.- (NEM)
