MADRID.- Con
una media de uso de una llamada cada tres días, las cabinas telefónicas
se mantendrán en España como un servicio universal obligatorio como
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021, a la espera de que el
Parlamento se ponga de acuerdo y logre aprobar antes una ley que permita
su supresión.
Telefónica
será de nuevo el operador encargado de mantener estos teléfonos, en
virtud de una orden ministerial, que publicará en breve el BOE por un
periodo de 2 años, aunque la intención "clarísima" es eliminarlas antes
del servicio universal obligatorio, ha dicho el director general
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Roberto Sánchez.
Las
cabinas telefónicas, que comenzaron a instalarse en las calles
españolas en 1928, "no se utilizan. Estamos convencidos de ello", ha
apuntado Sánchez, que ha reconocido que ya se intentó en 2018 suprimir
la obligatoriedad de este servicio, pero no se pudo porque el Consejo de
Estado dictaminó "a última hora" que debía hacerse por ley.
"El
año ha sido un poco difícil" y aprobar leyes "ha sido complicado",
teniendo en cuenta la fragmentación del Parlamento, ha apuntado.
Año
tras año se publica en el BOE un concurso para prestar este servicio,
que en los últimos tiempos ha quedado desierto, ya que ningún operador
quiere hacerse cargo de estos elementos que, según fuentes de
Telefónica, registran una media de uso de 0,37 llamadas al día.
El
coste de mantener las cabinas es de unos 4,5 millones de euros anuales,
según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), que revisa las condiciones de la prestación del
servicio y que se refieren al año 2016.
Para
2020 la situación no es distinta y ningún operador ha querido hacerse
cargo de estos elementos, según ha publicado el BOE esta semana, por lo
que será de nuevo Telefónica el que lo ofrezca.
A
día de hoy existen unas 15.450 cabinas en la vía pública en todo el
territorio nacional, aunque llegaron a sumar las 65.000 a finales de los
90, según la multinacional española.
De
acuerdo con estos datos, cada cabina supone un coste medio de 291,3
euros al año, por lo que cada llamada de teléfono registrada sale de
media a 2,5 euros.
La
demanda de este servicio se ha reducido drásticamente en los últimos
años por la alta penetración de la telefonía móvil en todos los
segmentos de la sociedad, según Telefónica, que ha advertido de que la
escasa demanda ha encarecido los costes de este servicio como ha
ocurrido en muchos otros países del entorno.
Actualmente
existe una cabina en cada municipio de más de 1.000 habitantes, y está
establecido que haya instalada al menos una cabina por cada 3.000
habitantes, según el operador.
Para
superar esta obligatoriedad, se debe aprobar una ley específica o, "lo
más lógico", según Sánchez, una transposición de la directiva europea
del Código de las Comunicaciones Electrónicas, que ya suprime estos
elementos como servicio universal obligatorio, aunque tampoco impide
mantenerlos.
La
idea es hacerlo a lo largo de 2020, según el director general, que ha
apuntado que se está trabando en los borradores de la ley.
La
CNMC ya ha recomendado que se retire la obligatoriedad de este servicio
al haberse constatado un progresivo abandono de su uso. "No es que lo
hagamos porque se nos haya ocurrido", ha afirmado el director general,
convencido de que estos elementos están llamados a "desaparecer".
Países
como Francia, Bélgica, Dinamarca y Estonia han ido suprimiendo el
elemento del servicio universal de cabinas, según datos de la CNMC.
Telefónica
es la encargada de mantener, no solo las cabinas, sino el conjunto del
servicio universal de telecomunicaciones que garantiza el acceso a la
red telefónica pública desde cualquier ubicación geográfica o una
velocidad de conexión de al menos 1 megabit por segundo (Mbps).
No
obstante, este servicio es financiado de forma proporcional en función
de sus ingresos por los operadores que facturan más 100 millones de
euros.
Según
datos recientes de la CNMC, un total de 14 operadores han sido los
encargados de financiar el servicio universal de 2016, que supuso un
coste total de 16,78 millones de euros en España, de los que Telefónica
aportó 5,2 millones de euros, Vodafone, 2,86, y Telefónica Móviles,
2,86, entre otros.
En
la nueva ley que se apruebe, también se revisará la velocidad mínima de
las conexiones a internet, que se remontan a un reglamento que data de
2005, según el director general.
