miércoles, 22 de febrero de 2012

Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, las comunidades que más han recortado su calidad asistencial

MADRID.- La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ha denunciado, a través de un informe, que cada día son más las autonomías que se suman a la política de recortes en materia sanitaria. Teniendo en cuenta las medidas tomadas por las comunidades autónomas para reducir los gastos destinados a la sanidad, las comunidades de Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña, son las que han realizado más recortes que afectan directamente a la calidad sanitaria.

   Según se desprende de las conclusiones de su informe 'Análisis y Valoración ante los presupuestos sanitario previstos para 2012', recientemente actualizado, sobre los presupuestos sanitarios autonómicos, la comunidad Murcia se lleva la palma en los recortes asistenciales con hasta 11 medidas directas, le siguen Canarias, Comunidad Valenciana y Cataluña (7); Galicia y La Rioja (3); Madrid, País Vasco, Baleares, Aragón, Andalucía, y Castilla-La Mancha (1).
   En estas medidas se tiene en cuenta el aumento de las listas de espera, la eliminación de servicios sanitarios y pruebas diagnosticas, disminución de camas, así como medidas de gestión como la introducción del copago, las externalizaciones, la reducción de fondos de investigación etc.
   Aunque sí se tienen en cuenta los recortes que afectan directamente al profesional, los datos son más alarmantes ya que todas las comunidades, a excepción de las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla, han tomado medidas que aumentan la precariedad laboral de estos trabajadores.
   Por comunidades, Castilla-La Mancha (20), Cataluña (18), Comunidad Valenciana (17), Madrid y Murcia (16); País Vasco (14); Baleares (12); Navarra (9), Galicia (8), canarias (7); Castilla y León (4), La Rioja y Cantabria (3), Aragón (2), y Asturias y Extremadura (1). Las comunidades que no han anunciado recortes son Andalucía y Asturias, aunque desde el sindicato señalan que es debido a las próximas elecciones autonómicas; así como Aragón y Extremadura que, aunque sí lo han hecho, aún lo nos han llevado a cabo.
   Así, entre las medidas que afectan al personal se encuentran la ampliación de jornada; disminución de los días de libres disposición; eliminación de la Oferta Pública (OPE), suspensión de niveles, congelación de complementos salariales, productividad, nocturnidad, festivos o aumento de guardias.
   "Las medidas agresivas contra los profesionales del sector en las comunidades, así como la llegada de los despidos objetivos por causas económicas en las Administraciones Públicas, con la reciente reforma laboral impuesta, ponen en peligro no solo el clima laboral del sector, sino que advierten de una posibilidad real de pérdida de puestos de trabajo en el sector sanitario público", advierte el secretario general de la FSS-CCOO, Antonio Cabrera.
   El informe mantiene los datos que señalan que al menos diez comunidades han recortado los presupuestos destinados a la sanidad en 2012, donde se desvela que, entre lo presupuestado en 2011, y el proyecto 2012, se va a producir una disminución del 2,25 por ciento con carácter general. La reducción por segundo año de los presupuestos sanitarios provoca que los presupuestos para 2012 sean inferiores a lo presupuestado en 2008 y, prácticamente, idénticos a los de 2007.
   "La FSS-CCOO, como organización representativa en el SNS, no puede consentir el deterioro que está empezando a sufrir el Sistema", subraya Cabrera, al mismo tiempo que destaca que la importante reducción del presupuesto destinado al gasto sanitario va a agravar esta situación en mayor medida.
   Este dato puede variar, teniendo en cuenta que no han podido obtener los presupuesto Castilla-La Mancha. Aunque, creen que su dato será muy restrictivo, "por las medidas de recortes anunciadas por su Gobierno".
   No obstante, las reducciones en los presupuestos sanitarios no afectan por igual a las diferentes CCAA. Así, las que mas verán reducido su presupuesto Murcia (-8,29), Cataluña (-7,55), Navarra (-5,90), Extremadura (-5,81), La Rioja (-3,48), País Vasco (-3,14), Canarias (-2,75), Galicia (-0,46), Comunidad Valenciana (-0,42) y Aragón (-0,12).
   El resto de comunidades verán ligeros incrementos, salvo Asturias con un incremento del 6,7 por ciento y Castilla y León que se mantiene la inversión. Así, Baleares, Madrid y Andalucía, con un 0,95, un 0,47 y un 0,15 por ciento de incremento, respectivamente.
   La FSS-CCOO considera que los recortes, y las medidas propuestas por las diferentes CCAA lo que realmente van a provocar es que el futuro del Sistema Nacional de Salud (SNS) se encuentre en peligro.
   Asimismo, advierte de que los gobiernos autonómicos no pueden escudarse en la crisis financiera y económica "para acometer una serie de medidas tan drásticas que afecten al Estado de Bienestar y, por ende, a usuarios y trabajadores, llevando a cabo proyectos de presupuestos generales de supervivencia frente a la crisis".
   Ante la actual situación, la Federación entiende que "la manera de mejorar para que el Estado avance armónicamente es reforzando los servicios públicos. Por ello, destaca que "se hace necesario que se produzca un cambio en el modelo productivo basado en el crecimiento económico sostenible, duradero y equilibrado, para disponer de un Estado de Bienestar amplio y fortalecido", sin limitar los principios de "universalidad", "equidad", "corrección de desigualdades" y "participación social",  y "orientándose hacia la mejora de la calidad, la innovación y la cohesión".
   Según explica Cabrera, la FSS-CCOO considera que el SNS necesita que se acometan medidas a corto plazo para situarse como una de las bases del Estado de bienestar. "Es necesario realizar reformas estructurales en la suficiencia financiera, la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad, la gobernabilidad, y la racionalidad de la sanidad y la práctica clínica", advierte.
   El informe de CCOO desvela la necesidad de medidas a corto plazo en el Sistema Nacional de Salud. Así, para asegurar su suficiencia financiera señala que es necesario que se produzca una financiación adicional finalista destinada a afrontar el déficit actual, asegurar la suficiencia financiera y dotar suficientemente al Fondo de Cohesión que garantice la equidad en todo el territorio nacional.
   Además, la FSS-CCOO entiende que el SNS necesita que se acometan medidas importantes a corto plazo para evitar que intereses económicos, ajenos al mismo, se aprovechen y traten de obtener importantes beneficios a costa de la reducción de derechos de ciudadanos y trabajadores del sistema.
   A este respecto, el documento presentado por la FSS-CCOO contiene una serie de propuestas entre las que destacan la necesidad de un Pacto por la Sanidad, caracterizar como finalistas los fondos destinados a Sanidad, el aumento los ingresos en contraposición a las políticas actuales de contención o disminución del gasto, la centralización de compras, la profesionalizar la gestión o el fortalecimiento de la Atención Primaria, entre otras.

Banco de Valencia triplicó su tasa de morosidad en 2011 hasta el 14,84%

MADRID.- Banco  de Valencia, entidad intervenida por el Banco de España, registró una tasa de morosidad del 14,84% a cierre de 2011, lo que supone casi triplicar el índice alcanzado en el ejercicio precedente (5,87%), tras acumular 84,4 millones de euros en nuevos créditos fallidos, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
El banco, cuyos administradores fueron sustituidos de forma provisional el pasado 21 de noviembre por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), elevó así el saldo total de créditos fallidos a 613,24 millones de euros, un 7,71% más. La morosidad de la entidad a cierre de 2009 era sólo del 3,83%.
En concreto, Banco de Valencia contaba con 2.947 millones de euros de préstamos concedidos en riesgo de no ser recuperado, para los que disponía de unas provisiones para insolvencias de 1.479 millones. Es decir, el índice de cobertura de morosos alcanzaba el 50,17% a cierre del ejercicio.
"Cualquier cambio adverso que afecte a la economía española es probable que tenga un impacto negativo en la cartera de productos, así como en la situación financiera, resultados y flujos de caja", advierte la entidad en su folleto continuado.
Banco de Valencia, que cerró el ejercicio 2011 con unas pérdidas de 886,8 millones de euros frente a las ganancias de 67,1 millones de euros registradas un año antes, tiene una financiación destinada a actividad de construcción y promoción inmobiliaria que representa el 27,56% del crédito concedido al sector privado. Las provisiones y garantías para cubrir estos préstamos asciende al 78,3%.
En cuanto a las exigencias legales de recursos propios mínimos, el banco presenta unos recursos propios computables de 700,9 millones, lo que supone que cuenta con un déficit de 585,8 millones de euros, pero prevé resolver esta situación una vez que se ejecute la ampliación de capital por 1.000 millones comprometida por el Banco de España.
Cuando el Banco de España decidió intervenir el Banco de Valencia, el FROB inyectó 1.000 millones a través de una ampliación capital y concedió una línea de crédito de 2.000 millones de euros, con el fin de fortalecer su capital y garantizar su liquidez.
A fecha de 10 de febrero, la entidad ha dispuesto de 850 millones de euros de la línea de crédito ofrecida por el Banco de España para hacerse con liquidez. Así pues, Banco de Valencia ha utilizado un 42,5% de la línea de crédito que puso a su disposición el Estado.
La entidad, participada en un 39% por BFA (matriz de Bankia), ha cuantificado en 1.252 millones de euros el impacto de la reforma financiera aprobada por el Gobierno el pasado 3 de febrero. En concreto, las provisiones que deberá destinar para cumplir con el decreto ascienden a 823 millones y el colchón de capital exigido a 428 millones.
Ahora bien, precisa que los administradores provisionales del FROB supeditan el efecto final de la reforma a la solución que se decida sobre el proceso de reordenación del grupo Banco de Valencia.

Oltra exhibe en las Corts una camiseta con mensaje codificado contra las cargas policiales

VALENCIA.- La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Mónica Oltra, ha exhibido en el pleno una camiseta contra la actuación policial en las manifestaciones estudiantiles de Valencia con un mensaje codificado para evitar ser expulsada del hemiciclo, como ya le ocurrió la pasada semana.

   En su camiseta aparece en 'código Q' la frase 'Contra la brutalidad policial, primavera valenciana', que, según ha asegurado este miércoles, le pasaron por mensaje un grupo de estudiantes que participan en las manifestaciones.
   El presidente de las Cortes, Juan Cotino, el pasado miércoles, advirtió a Oltra de que le llamaría al orden si no se ponía la chaqueta y tapaba su camiseta en la que se podía leer 'No nos falta dinero, nos sobran chorizos'. Ante la negativa de la parlamentaria de Compromís, el presidente de la cámara le llamó al orden por tres veces, por lo que terminó expulsándola.
   Mónica Oltra se levantó de su escaño dispuesta a abandonar el hemiciclo, pero salió acompañada de todos los diputados de los tres grupos de la oposición --PSPV, Compromís y EUPV--. A continuación se debatía una propuesta de EUPV en la que pedía reprobar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps por considerarlo responsable de firmar acuerdos y contratos "gravemente lesivos para las arcas públicas" y por haber actuado "contrariamente a los intereses generales".
   La parlamentaria de Compromís presentó este martes un recurso contra la decisión del presidente del parlamento valenciano de expulsarla por considerar que Cotino hizo una interpretación "arbitraria" y "poco rigurosa" del Reglamento de las Cortes y que su justificación sobre que su camiseta no era "acorde al decoro de la cámara" no es un argumento "de peso para expulsar a ningún diputado".
   Este mismo miércoles, durante el debate de una proposición no de ley de EUPV sobre bebés robados, Juan Cotino ha llamado la atención a Mónica Oltra cuando ésta ha criticado la "inflexibilidad" y el "sadismo" de las monjas. "No puede hablar de personas que no están en esta sala", le ha dicho el presidente de la cámara.
   En el pleno del parlamento valenciano también se han visto otras muestras de apoyo a las protestas estudiantiles de Valencia. Así, los diputados del PSPV llevaban carteles con la frase 'Delegada del Govern, dimissió'  --Delegada del Gobierno dimisión--, mientras que en las chaquetas de los parlamentarios de EUPV había pegatinas en las que se leía la frase 'Jo també soc l'enemic' --Yo también soy el enemigo--, en referencia a las declaraciones del jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, quien se refirió a los manifestantes como "el enemigo".

Alarte insta a Camps a explicar lo que sabe de la visita del Papa a Valencia

VALENCIA.- El secretario general del PSPV y portavoz socialista en la Cámara autonómica, Jorge Alarte, ha valorado que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps "comience a cumplir con su responsabilidad, que es estar en las Corts", y considera que debe aprovechar estar en el parlamento valenciano para explicar su gestión durante los últimos años, y la del actual jefe del Consell,  Alberto Fabra, "porque la gestión es conjunta, es del PP". 

   En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de las Cortes Valencianas, Alarte ha destacado que "sería una buena ocasión" para que Camps dé a conocer en sede parlamentaria  "todo lo que sabe" sobre "la presunta financiación irregular, la visita del Papa --a Valencia-- y el accidente del Metro --del 3 de julio de 2006-- sobre el que cada día sabemos nuevas cosas".
   El dirigente socialista también ha urgido al exjefe del Consell a decir "qué sabe de la gestión económica que nos ha llevado a la peor de la situaciones en los hospitales, los colegios y los institutos".
 "Que aproveche que está para darnos explicaciones", ha subrayado.
   Preguntado por la posibilidad de que Camps vuelva a la Presidencia de la Generalitat, Alarte ha destacado que los 'populares' valencianos tienen "bastantes problemas".
 "Tenemos un presidente que no fue a las elecciones y no dio la cara ante los ciudadanos y tenemos un expresidente en la misma cámara que se tuvo que marchar por corrupción", ha manifestado el síndic del PSPV.
   Al respecto ha señalado que "sería bueno" que los dirigentes del PP "resolvieran sus problemas" y que lo hagan "con rapidez" porque, en su opinión, "la Comunitat Valenciana lo que necesita es un gobierno que dé respuestas".
   "Los ciudadanos necesitan un gobierno en marcha y sin este tipo de lastres y divisiones", ha manifestado Alarte, quien ha añadido que "los valencianos decidieron que este gobierno lo tenían que ejercer ellos, el PP".
   Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntado por la vuelta de Camps a las Cortes Valencianas, ha dicho que Alberto Fabra "tiene un problema" porque "no es ejemplarizante cobrar sin trabajar" y cree debe dimitir.
   Asimismo, la síndica de EUPV, Marga Sanz, ha dicho que su grupo "preferiría que Camps" no estuviera en las Cortes Valencianas porque "representa lo más oscuro del pasado de nuestra política, representa un pasado de corrupción, una etapa de oscurantismo y una etapa que nos ha llevado a la ruina económica".
   Sin embargo, Sanz ha destacado que "ya que ha aparecido" debe "trabajar por los valencianos". Asimismo, le ha exigido que no utilice las Cortes Valencianas "como plataforma de lucha interna contra Albeto Fabra". A su juicio, el parlamento valenciano "merece otro tipo de trato".
   La dirigente de EUPV ha criticado la "larga desaparición" de siete meses de Camps y ha subrayado que "parece que ha estado en boxes". Sanz ha explicado que su grupo ya presentó una iniciativa para que la Mesa de las Corts analizara el reglamento a fondo para estudiar "su incomparecencia durante siete meses".
   Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario popular, Rafael Blasco, ha mostrado su "satisfacción" y la de toda su formación por la vuelta al hemiciclo del expresidente de la Generalitat. Blasco, durante la reunión del grupo previa al comienzo del pleno, ha trasladado a Camps "todo el afecto y cariño" de los diputados 'populares', y ha destacado la "alegría" de la formación "por la vuelta a una normalidad que nunca tenía que haberse interrumpido".
   El síndic 'popular' ha indicado que Camps es "un activo" para el grupo parlamentario, y ha manifestado que con su vuelta contribuye a que la formación "sea aún más grande", según ha informado el PP en un comunicado.
   Asimismo, Blasco ha felicitado a los diputados "por la excelente labor que se está realizando en las oficinas parlamentarias y redes sociales". Así, ha señalado que el grupo popular "está muy activo y en permanente contacto con los ciudadanos y marcando la agenda parlamentaria con iniciativas sólidas".
   El portavoz del PP ha animado a los parlamentarios a "seguir por la misma senda de trabajo y respaldo al Gobierno valenciano en sus iniciativas, ya que como grupo mayoritario debemos ser el principal soporte del Consell y así lo estamos haciendo".

La llama de la "primavera valenciana", lejos de apagarse

VALENCIA.- Organizaciones de estudiantes, de padres de alumnos y de directores de centros educativos públicos españoles expresaron el miércoles su repulsa por la carga policial del lunes contra una manifestación de estudiantes en Valencia y anunciaron nuevas movilizaciones en solidaridad con ellos.

Además de denunciar el abandono de la educación pública, y un día después de que miles de personas se manifestaran en diferentes ciudades en solidaridad con los estudiantes valencianos, las asociaciones más representativas de la comunidad educativa definieron en una rueda de prensa conjunta como "escandalosa" e "indignante" la "desproporcionada y brutal" actuación policial, por la que exigieron responsabilidades.
"Existen motivos más que justificados para que el alumnado de los institutos haga pública su protesta", dijo José Antonio Martínez, presidente de la Federación de Asociaciones de Directores de Centros Públicos (FEDADI), que explicó que los colegios valencianos estaban viviendo en una especie de "economía de guerra", endeudados y sin poder hacer frente a los gastos más elementales.
La difícil situación económica que atraviesan las comunidades autónomas, que tienen transferidas competencias como sanidad y educación y están profundamente endeudas, ha llevado a que tengan que aplicar profundos recortes a petición del Gobierno central dentro de su plan de austeridad para reducir el déficit.
Hace unas semanas circularon por Internet imágenes de estudiantes de un instituto alicantino asistiendo a clase con mantas, al parecer porque los centros no tendrían presupuesto para calefacción.
Martínez explicó que los centros valencianos no habían recibido hasta hace unas semanas los pagos de la Consejería de Educación correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año pasado, que necesitaban urgentemente para pagar a sus proveedores.
"Hemos de enseñar a nuestro alumnado tanto que los deberes han de cumplirse como que los derechos no se mendigan", dijo el responsable de FEDADI.
"El tratamiento dado al alumnado por determinadas autoridades de 'delincuentes o enemigos' merece no sólo la pública reprobación, sino la inmediata destitución de los responsables", añadió.
En la mira de los denunciantes de la actuación policial está la delegada de Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, que ha ordenado una investigación al respecto, y el jefe policial valenciano Antonio Moreno, cuya declaraciones calificando a los estudiantes de "enemigos" han provocado una enorme polémica.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuya dimisión también la pide el Sindicato de Estudiantes, consideró el martes desafortunados los comentarios del responsable policial y reconoció que se podría haber producido "algún exceso" o alguna "actuación desproporcionada". Señaló que se estudiarían los casos y se actuaría en consecuencia, aunque defendió la actuación policial.
En las redes sociales se habla ya de una "primavera valenciana", en alusión a los levantamientos vividos en los países árabes el año pasado, y lema "yo también soy el enemigo" fue uno de los coreados por los asistentes a las manifestaciones del martes.
La manifestación del lunes en la que se registraron los polémicos incidentes y que se saldó con 25 detenidos, seis de ellos menores, siguió a una huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes en la Comunidad Valenciana el pasado 16 de febrero y otras marchas por parte del alumnado.
Para las próximas jornadas, están previstas nuevas movilizaciones en todo el país en solidaridad con los estudiantes valencianos, como un paro de 5 minutos al mediodía del próximo lunes 27 en todos los centros públicos y una "jornada de lucha" con concentraciones en ciudades de toda España el miércoles 29, coincidiendo con otra huelga general estudiantil convocada en Valencia.
Además, este miércoles por la tarde y el jueves al mediodía están previstas nuevas concentraciones ante la Consejería de Educación de Valencia.
"Nosotros no somos los enemigos, los enemigos son los estafadores, los que se llevan el dinero a raudales, por millones de euros y que impiden que haya servicios públicos como la sanidad y la educación y que son necesarios para que una sociedad pueda avanzar", dijo Tohil Delgado, secretario general del Sindicato de Estudiantes.
"Los jóvenes somos el futuro, y vamos a luchar por él", añadió.

De Guindos propone medidas para paliar el problema del desahucio

MADRID.- El Gobierno español propondrá, mediante un "código de buenas prácticas" bancarias no vinculante, una serie de medidas para intentar aliviar el problema de los desahucios, dijo el miércoles ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

En dicho código se incluiría la posibilidad de aplazamiento en dos años de los desahucios a las personas incluidas en un "umbral de exclusión" y que solo afectaría a la primera vivienda.
"En el código de buenas prácticas se incluía la previsión de que cualquier desalojo de la vivienda adjudicada no se llevara a cabo hasta que hubiera transcurrido un tiempo prudencial como, por ejemplo, dos años", dijo Luis de Guindos en el Congreso de los Diputados.
Según el titular de Economía, este plazo podría ser prorrogable mediante el pago de una renta "justa y aceptable" a la entidad prestamista.
De Guindos también señaló, aunque sin entrar en detalles, que el Ejecutivo propondrá que se permita acogerse a la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca --la denominada dación en pago-- a las familias con todos sus miembros en paro y que carezcan de ingresos adicionales para afrontar el pago de la hipoteca.
"Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen", indicó.
De Guindos también se refirió a la posibilidad de que la entidad de crédito asuma parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías en las ejecuciones de viviendas.
"Parece razonable (...) que la entidad, como consecuencia de una deficiente tasación o de una actuación no excesivamente diligente sea copartícipe de la diferencia que existía entre la tasación y el valor que se obtiene por la ejecución del valor en última instancia", añadió.

Convocan paros de cinco minutos en centros de toda España

MADRID.- Asociaciones de Padres y estudiantes de centros educativos públicos han convocado movilizaciones de cinco minutos de protesta (12.00 a 12.05 horas) en todos los centros educativos públicos de España el próximo lunes 27 de febrero como protesta por la "desproporcionada" actuación policial llevada a cabo este lunes en Valencia durante las protestas estudiantiles. 

   Además, tanto la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), el Sindicato de Estudiantes (SE), la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) y las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Madrid y Valencia, convocantes de los paros, como la Federación de Asociaciones de Directores de Centros Educativos Públicos (FEDADI) han manifestado su "repulsa" la actuación policial y han pedido que no se trate a los estudiantes como "el enemigo" o "delincuentes" por reivindicar sus derechos.
   Así, el presidente de la Federación de Asociaciones de Directores de Centros Educativos Públicos (FEDADI), José Antonio Martínez, ha subrayado que "existen motivos más que justificados para las protestas" y el vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Virgilio Gantes, ha afirmado que los estudiantes pedían una inversión para "ser gente de futuro".
   En este sentido, el presidente de CANAE, Álvaro Ferrer ha explicado que, aunque CANAE no ha convocado las manifestaciones, "ha defendido, defiende y defenderá el derecho de los estudiantes a manifestarse pacíficamente", por lo que rechazan "la vejación y el maltrato" al que han sido sometidos algunos de los estudiantes que se manifestaron.
   Ferrer ha llamado al diálogo entre las autoridades y la comunidad educativa para "poner fin a la espiral de violencia y posibilitar un acercamiento entre las partes que respete el derecho de manifestación pacífica de los estudiantes".
   El presidente del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha anunciado una "huelga general de estudiantes en la Comunidad Valenciana junto con una Jornada de lucha en toda España el día 29 de febrero en solidaridad con los compañeros de Valencia".
   El sindicato propone "asambleas en los centros de estudio y resoluciones de apoyo a los estudiantes valencianos para denunciar la situación de degradación de la educación pública en la Comunidad Valenciana".
   La directora de FAPA Valencia, María José Navarro, había anunciado la convocatoria de protesta este miércoles desde el IES Luis Vives de Valencia, que terminó ante la Delegación de la Comunidad Valenciana como "protesta por la actuación policial y para solicitar la dimisión de la delegada del Gobierno", Paula Sánchez de León.
   En este sentido, tanto FAPA Madrid como CEAPA y el Sindicato de Estudiantes han coincido en solicitar también la dimisión de Sánchez de León, como "responsable máxima" de los sucesos acaecidos en Valencia el lunes y la "depuración de los responsables" de la actuación policial.
   CEAPA solicita junto a la dimisión de la delegada la "sustitución" del jefe superior de la Policía de la Comunidad Valenciana, Antonio Moreno, mientras FEDADI ha solicitado la "destitución" de los responsables por el trato dado al alumnado.
   Por su parte, el representante del Sindicato de Estudiantes, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz porque "no aceptan que esté ausente y se esconda antes lo sucedido".
   El presidente de FAPA 'Giner de los Ríos' de la Comunidad de Madrid, José Luis Pazos, ha señalado que los sucesos de Valencia "no son un hecho aislado" y ha afirmado que "el Gobierno ha multiplicado el gasto en bombas de humo y gases lacrimógenos, que asciende a casi 1,5 millones de euros".
   Para Pazos ese incremento supone "una declaración de intenciones" para volver a una situación en la que los ciudadanos "vivan con miedo".

La directora del IES Lluís Vives pide "depurar responsabilidades"

VALENCIA.-   La directora del IES Lluís Vives, Carmina Valiente, se ha reunido este miércoles con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, para pedirle que se "depuren responsabilidades a quien toque" ante la "desmesurada" actuación policial en las protestas estudiantiles y "se limpien los expedientes abiertos" a los detenidos.

   Valiente se ha pronunciado en estos términos después de reunirse con la delegada del Gobierno  junto al representante del Ampa, Josep Belda, quien ha apuntado que Sánchez de León se ha comprometido a "estudiar y los casos e intentar buscar responsabilidades" porque "sí entienden, por la cantidad de imágenes, que hay indicios de que ha habido una actuación desproporcionada".
   Asimismo, ha señalado que la delegada les ha expresado que la limpieza de expedientes "tiene su complejidad una vez se ha iniciado el procedimiento en los juzgados" que "hará todo lo posible para que esos expedientes se minimicen y que en la medida de lo posible no vayan a mayores".
   En cualquier caso, desde el Lluís Vives han exigido a Sánchez de León "que se aclaren los hechos producidos a raíz de los ocurridos el miércoles pasado día 15" y que según la directora del centro fue algo "desproporcionado". En este sentido, ha querido recordar que el "detonante" de todo fue cuando apenas "una treintena de alumnos (del centro) se sentaron en la calle manifestándose y concentrándose por unos motivos concretos que tienen que ver con educación".
   "No eran muchos, jugaban un poco al gato y al ratón y a estirar un poco los semáforos" pero "a partir de ese momento hubo una actuación desmesurada de la policía con la detención de uno de nuestros alumnos y una cosa que nadie entendió porque no procedía, incluso tuvo que venir la Policía Local a pedir por favor moderación a la Policía Nacional", ha asegurado.
   "Este es el detonante y todo lo demás ya excede al IES Lluís Vives, ya es masivo y es un movimiento estudiantil general que se solidariza con lo que pasó y ya nadie entiende nada porque es absolutamente desproporcionado", ha insistido. "Como docentes, no entendemos qué es lo que puede llevar a una actuación de este tipo en un momento dado y a la contraria, como el martes que hubo una manifestación de unas 4.000 personas y sin embargo la calma fue absoluta".
   De hecho, el IES Lluís Vives es "una comunidad pacífica" ha subrayado y ha aprovechado para puntualizar que "ni muchísimo menos es verdad eso que se dice de que se incita al alumnado a cambio de aprobados o que no vengan a clase, que no computan las faltas, es absolutamente falso y lo desmiento una vez más", ha querido dejar claro.
   Así, Valiente por su parte, se ha comprometido con la delegada del Gobierno "a transmitir mensajes de paz, tranquilidad y siempre basados en los valores democráticos, como no puede ser de otra manera, pero así lo hemos hecho siempre". 
"Queremos concentrarnos, manifestarnos o reivindicar cualquier cosa de forma pacífica y legal y con los principios democráticos".
   "Pero lo que es principal independientemente de los planes de futuro es depurar responsabilidades respecto al detonante de toda esta locura desatada que fue ese miércoles y que se traduce en una actuación desproporcionada por parte de la Policía hacia una treintena de nuestros alumnos", ha enfatizado.
   Así, "lo que denunciamos" es que "solo hay una parte que analizar e investigar que fue una actuación desproporcionada y desmesurada" del pasado miércoles día 15, "de una parte bastante más fuerte, bastante más fuerte del 'enemigo' que se ha visto".
   De hecho, después de lo sucedido en los últimos días, "es muy difícil para nosotros como docentes tratar de transmitir a los alumnos que las fuerzas del orden y seguridad son fuerzas del orden y seguridad cuando para ellos son fuerzas del desorden y hay que sacarlos por una puertecita de atrás, escapando un poco de todo el despliegue policial que había".
   "Esperamos que eso también se estudie desde dentro del cuerpo de policía" y "nos gustaría que en la parte que le toca a cada cual estudiaran de verdad cuales son sus protocolos, sus actuaciones o sus maneras de trabajar".
 "Siempre es bueno reflexionar y evaluar para ver si lo que se está haciendo lo que espera la sociedad que debe hacerse".
 "Nunca está de más hacer autocrítica", ha concluido.
   Momentos antes de que la directora del IES Lluís Vives saliera a hacer declaraciones, el coordinador de relaciones con el exterior de SOS Educació, Lucas Pérez, ha anunciado mañana viernes 24 de febrero, se ha convocado una nueva protesta que consistirá en abrazarse al centro, sin cortar la calle. El acto se llevará a cabo a las 14.45 horas de la tarde.

Miles de personas marchan en una nueva manifestación en Valencia

VALENCIA.- Miles de personas se han manifestado en la tarde de este miércoles contra los recortes educativos y la actuación policial, tras las últimas protestas estudiantiles llevadas a cabo en Valencia, que se han saldado con unos 40 detenidos, tras una pancarta portada por jóvenes con el lema 'Som el poble, no l'enemic' (Somos el pueblo no el enemigo), en presencia de tres furgones de la Policía y con un helicóptero sobrevolando la zona.

"Somos el pueblo, no el enemigo", decía una pancarta desplegada al frente del cortejo, donde se reunieron estudiantes de secundaria y universitarios, padres de alumnos y también sindicatos y partidos opuestos a la política de austeridad aplicada por el Gobierno autónomo, del PP.
   La protesta ha comenzado minutos antes desde las 18.30 horas desde el IES Lluís Vives, centro entorno al cual se han originado todas las protestas, en dirección a la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana al grito de 'Sánchez de León dimisión'.
   Los manifestantes llevaban carteles con lemas del tipo: 'No nos callarán', 'Recortan educación para robarnos mejor' y entonan cánticos como 'estes són les nostres armes' (éstas son nuestras armas), 'Detinguts sense càrrecs' (detenidos sin cargos) y 'No es una crisis es una estafa'.
   En la manifestación estaban participando dirigentes políticos como el secretario general del PPSV, Jorge Alarte; el síndic de Compromís, Enric Morera, o la portavoz de EUPV en las Corts, Marga Sanz y sindicales como el responsable de CCOO PV, Paco Molina, y el de UGT PV, Conrado Hernández.
   El presidente de la Federació Valenciana d'Estudiants, Albert Ordóñez, ha señalado que la manifestación simboliza un "frente común" de toda la comunidad educativa contra los recortes y la violencia. La protesta "fundamental", ha dicho, "sigue en pie". También se ha mostrado "orgulloso" de que el resto de ciudades españolas hayan apoyado la protesta estudiantil valenciana.
   Joaquín Ruiz, estudiante y miembro del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), minutos antes de comenzar la manifestación, ha explicado que la protesta pretende "mantener viva la llama" hasta que dimita la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
   Por su parte, Remei Santa Catalina, madre y miembro de la FAPA, ha subrayado que no le gustan que llamen "enemigo" al alumnado. "Son personas pacíficas que intentan reivindicar la educación pública y sus derechos".
 "Están dejando caer la educación pública, que agoniza lentamente", ha denunciado.
   Por su parte, Inma Milán, miembro de la organización Endavant, ha indicado que "la sociedad valenciana está harta de recortes y corrupción". 
"Ha saltado la chispa pero esto venía cociéndose desde hace tiempo y seguirá adelante", ha declarado.
   La protesta ha llegado frente a Delegación de Gobierno sobre las 19 horas. Los manifestantes han recriminado a los agentes de la Policía Nacional, que custodiaban la puerta, su actuación de los últimos días. 'Ser policía, vergüenza me daría', 'Los nacionales a los tribunales' o 'Culpables, Culpables', han coreado. Los agentes se han puesto los cascos cuando las increpaciones han subido de tono, lo que ha provocado algo de tensión.
   A continuación Albert Ordóñez y Almudena Morales, portavoz de los estudiantes, se han subido a una furgoneta de la organización para leer un comunicado, donde han exigido la dimisión de Sánchez de León "por permitir la barbarie policial", así como el cese del jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, por las declaraciones en las que llamó "enemigos" a los estudiantes que pretendían defender la educación pública con una "desobediencia razonada".
   "No queremos una sociedad de mini libertades, ni de miniempleos, ningún recorte en educación sino recortes en especulación", ha comentado Albert Ordóñez, quien ha convocado nuevas protestas para mañana jueves a las 12 horas en la Conselleria de Educación, así como el próximo sábado 25 de febrero y el miércoles 29 de febrero.
   La protesta, que ha colapsado la calle Colón de Valencia durante varias horas, se disolvió lentamente a las 20.30 horas. Los manifestantes que quedaban cantaron 'L'estaca', popular e histórica canción compuesta en 1968 por el cantautor Lluís Llach.     
La Comunidad Valenciana, la autonomía más endeudada de España, anunció a principios de enero, para intentar enderezar las finanzas, un plan de austeridad que incluye aumentos de impuestos y recortes en los gastos de sanidad y en el sector de la educación, por un total de más de 1.000 millones de euros.