viernes, 8 de febrero de 2013

El TSJCV estudia solicitar nuevos refuerzos ante el incremento de las investigaciones por presuntos casos de corrupción

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) está estudiando solicitar nuevos refuerzos ante el incremento de las investigaciones abiertas por presuntos casos de corrupción, según ha avanzado la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, tras mantener un encuentro con la presidenta del tribunal valenciano, Pilar de la Oliva. 

   Esta misma semana, el magistrado instructor del conocido como 'caso Gürtel', ha decidido abrir tres nuevas piezas dentro del procedimiento, que se suman a otras tres anteriores. Junto a este asunto, también se instruyen en el TSJCV otros asuntos relacionados presuntamente con la corrupción: el conocido como 'caso Cooperación' y el 'caso Brugal'.
   Bravo, preguntada por si De la Oliva le ha solicitado algún tipo de apoyo ante este incremento de casos, ha recordado que la presidenta ya pidió anteriormente apoyo para determinados juzgados en los que se están instruyendo asuntos de "elevada magnitud" por su complejidad y por el número de implicados, como es el caso de Emarsa, donde se investigan supuestas irregularidades por la gestión de la depuradora de Pinedo.
   En cuanto a estos apoyos personales, en materia de jueces de refuerzo, Bravo ha indicado que, hasta ahora, el Consejo siempre ha informado "favorablemente", y ha puntualizado que en el encuentro de este viernes, tanto ella como el vicepresidente, Fernando de Rosa, le han vuelto a trasladar la voluntad del organismo al que representan "de dar el máximo apoyo".
   Y en concreto, sobre los refuerzos en el TSJCV, conforme van apareciendo presuntos nuevos casos de corrupción, se estudia la situación y, si se considera adecuado, se piden apoyos. Así, con anterioridad, y tras pedirlo, se han incorporado a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal dos funcionarios y un segundo secretario.
   En la actualidad, Bravo ha indicado que el TSJCV también está estudiando pedir nuevos apoyos porque "van apareciendo y desgajándose nuevas piezas con asuntos que se están tramitando". 
"Se está valorando", ha agregado, y ha puntualizado que "desde luego si consideran oportuno que se tiene que pedir un apoyo en el ámbito de medios personales o materiales, estoy segura que así nos lo harán llegar".
   En esta línea, preguntada por si está de acuerdo con lo que han manifestado algunos cargos políticos en referencia a que se está "judicializando la política", ha comentado que "lo de judicialización de la política o politización de la justicia son dos términos que casi se han convertido en tópicos".
   La portavoz del CGPJ opina que todos aquellos asuntos relacionados con la presunta corrupción económica o política "deben de ser investigados dentro del marco de garantías que fija el proceso penal por un juez, que es quien tiene la legitimidad de poder averiguar que es lo que ha podido ocurrir".
   En este sentido, ha subrayado que es el Poder Judicial el que, de forma "independiente e imparcial", tomará las decisiones correspondientes "en base a estos principios, y también para la propia defensa de las personas implicadas". Así, ha querido lanzar un mensaje a la ciudadanía: "se debe confiar en los jueces del país porque el Poder Judicial va a ser firme desde la imparcialidad e independencia", ha dicho.
   Bravo, interpelada por las críticas ante la dilación de algunos casos de presunta corrupción, ha comentado que lo "deseable" es que la Justicia "sea lo más rápida posible por exigencias de seguridad jurídica, por respeto a las garantías de los derechos de los imputados, y por la propia percepción de la ciudadanía".
   Ahora bien, ha puntualizado que "no se puede olvidar" que hay asuntos, sobretodo los vinculados al marco de la corrupción, que "son complejos, donde el número de imputados suele ser muy alto, por tanto el número de las partes que se personan también es muy elevado, y exigen, además, informes periciales especiales". 
"Esto hace que se dilate la investigación", ha dicho.
   Por este motivo, ha recordado que el presidente del Consejo pidió hace unos días a los presidentes de los tribunales de justicia información sobre todos los asuntos relacionados con corrupción "para que se pueda constatar si hay algún problema no solo de carácter personal, de falta de apoyo, sino también material que pueda obstaculizar el avance de la investigación".
   Al respecto, ha explicado que el CGPJ no tiene medios materiales y personales, "pero si que puede, a través de su presidente, mantener reuniones con los demás miembros del Poder Ejecutivo, con los ministros de Hacienda, Justicia, Interior, o con consellerias para poder dar este apoyo de medios para agilizar las investigaciones".

Bankia y los sindicatos firman el acuerdo sobre el ERE

MADRID.- Bankia y los sindicatos han firmado el acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pactado entre la dirección y formaciones sindicales, que afectará a un máximo de 4.500 trabajadores de la entidad, según informó el banco en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   La entidad informa de que en la firma han participado los sindicatos CCOO, UGT, ACCAM, SATE y CSICA, que representan en su conjunto un 97,86% de la representación de los trabajadores.
   El acuerdo incluye una serie de medidas de despido colectivo, modificación de condiciones de trabajo, movilidad funcional y geográfica que tienen por objeto contribuir a garantizar la viabilidad futura y el cumplimiento de los requerimientos contenidos en el Plan Estratégico y el Plan de Recapitalización aprobado por la Comisión Europea el 28 de noviembre de 2012.
   En concreto, contempla la modificación de las condiciones de trabajo de los empleados que se mantengan en la entidad mediante medidas de supresión o reducción de condiciones de retribución fija, retribución variable, aportaciones a planes de pensiones, prestaciones por riesgos y medidas de promoción.
   Según la entidad, el acuerdo alcanzado fomenta la voluntariedad y la empleabilidad, con la creación de una bolsa de empleo para los afectados, al tiempo que permite a Bankia avanzar en el objetivo de situar el ratio de eficiencia por debajo del 50%.
   A partir de hoy, los empleados de Bankia que opten por acogerse de forma voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tendrán al menos dos semanas para comunicar su decisión, según informaron hoy fuentes sindicales.
   De acuerdo con el pacto alcanzado, habrá bajas incentivadas con una indemnización de 30 días sobre la retribución fija con un tope de 22 mensualidades, que además tendrá complementos ligados a la antigüedad.  
   Para las salidas forzosas, la entidad y los sindicatos han acordado dos vías, diferenciando entre los empleados a los que no se les ofrezca trabajo en 18 meses, dentro del plan social de recolocación, y aquellos a los que se les oferte otro trabajo indefinido, que puedan aceptar o rechazar.
   Para el primer caso, la indemnización será de 30 días por año con un tope de 20 mensualidades más un complemento ligado a la antigüedad, en tanto que a quienes se logre recolocar, la indemnización sobre la retribución fija ascenderá a 25 días con un máximo de 16 mensualidades.
   Las partes han pactado también prejubilaciones voluntarias a partir de los 54 años, lo que beneficiará a alrededor 1.700 empleados, es decir, el 39% de los afectados por el ERE. La indemnización será del 60% del total de la retribución bruta del periodo de cinco años.

JpD cree que al Gobierno le interesa la falta de medios contra la corrupción

VALLADOLID.-   El portavoz nacional de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, considera que al Gobierno le interesa la falta de medios para luchar contra la corrupción, que no quiere un poder judicial "fuerte y con instrumentos" y una manera de debilitarlo es "asfixiar" en los recursos materiales y humanos.

   Bosch se ha expresado así tras la celebración del Comité Permanente de la asociación en el marco de unas jornadas sobre la posición del poder judicial ante la crisis.
   En este marco, el portavoz de JpD ha asegurado que el Gobierno "sabe perfectamente" que en los juzgados no existen medios suficientes para combatir la corrupción y a pesar de ello no se asignan las medidas de refuerzo ni instrumentos necesarios para atajar el problema.
   De esta forma, la conclusión que extraen es que "al Gobierno no le incomoda un poder judicial débil, incapaz de poder afrontar determinadas investigaciones", pero además se llevan a cabo reformas que "debilitan" la posición de los jueces y se permite que el poder político pueda actuar "contra la independencia del poder judicial".
   "Es una combinación explosiva, con instrumentos muy precarios y una posición del juez frágil por los ataques que le puedan venir del poder político", ha indicado Bosch, en referencia a los recortes en materia de Justicia pero también la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que pretende "subordinar" la independencia judicial al poder político, algo que cree que permitirá poder actuar contra la independencia de los jueces y, en última instancia, dificultar la lucha contra la corrupción.
   A su juicio, se pretende "erosionar" la capacidad de independencia al no dar medios contra la corrupción como está ocurriendo con los juzgados que llevan asuntos de este tipo. Como ejemplo ha citado el caso Fabra, que en Castellón lleva casi diez años de instrucción y los juzgados de Nules no pueden tramitar una causa de esa envergadura sin medios suficientes o las actuaciones sobre Bankia, que tiene decenas de imputados, perjudicados.
   "Si un gobierno tiene una responsabilidad lo suficientemente elevada y una altura de miras institucional debe facilitar todos los medios para que estas cosas se aclaren", ha añadido Bosch, quien incluso cree que se "facilita" que no haya unas sentencias adecuadas.
   "Creo que hay relación, al menos indirecta, entre recorte de medios por parte del Gobierno y que el resultado final sea que no haya bastante capacidad en los casos de corrupción", ha dicho.
   En esta línea, y ante la sensación de "impunidad" que pueda apreciarse al ver a personas como el ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la calle, Bosch ha recordado que hay una investigación en marcha y se van a realizar diligencias, pero cree que "efectivamente no hay tratamiento adecuado a los problemas de corrupción política".
   "No es admisible que un inmigrante que coloca el top manta para poder sobrevivir tenga previstas posibles penas de prisión y el político corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en ocasiones pueda tener pena de multa", ha aseverado.
   A que el problema de la corrupción en España no esté bien contemplado, ni desde el punto de vista de los medios ni de las condenas, se añade, a su juicio, que se pueda "indultar con tanta facilidad" que la percepción de la ciudadanía es sensación de impunidad.
   A diferencia de lo que ocurre en España, ha recordado que en otros países también hay corrupción pero, aunque sea menor el grado, se persigue y se condena.
   "Aquí la sensación es que la gente va por la calle como si no hubiera ocurrido nada porque hay un código penal que contempla penas muy duras en algunos supuestos, ha dicho, al tiempo que ha añadido "en tono humorístico" que la "especie de cadena perpetua" que dice Gallardón que quiere implantar "no es precisamente para los políticos corruptos".
   Frente a la falta de endurecimiento de las penas para los casos de corrupción política y económica en la futura reforma del Código Penal, Bosch considera que se "criminaliza la pobreza", los robos de pequeña entidad, contra top manta o determinadas conductas delictivas.
   El portavoz de Jueces para la Democracia ha asegurado que en el encuentro de la asociación se han extraído conclusiones como el hecho de que las medidas del Gobierno pongan en cuestión el Estado de Derecho y ha puesto varios ejemplos, entre ellos el "uso abusivo" de los indultos que se produce a políticos corruptos, policías que han torturado o ciudadanos condenados a muchos años de prisión por homicidios imprudentes.
   El colectivo considera que en estos casos el gobierno "usurpa" las funciones del poder judicial y se "convierte en última instancia no autorizada", al no explicar las razones y motivos por los que se producen los indultos, algo que vulnera lo previsto en la Constitución sobre la competencia exclusiva de los juzgados para hacer cumplir la ley y hacer efectivas las condenas.
   De esta forma, cree que además de la sensación de impunidad y la falta de igualdad ante la ley, se transmite que un "amiguismo o proximidad" al Gobierno permite no cumplir las condenas.
   Tras la reunión del colectivo, Bosch ha hecho un repaso por lo que consideran ha sido la labor del Gobierno, que se inició con una andadura "con una política muy decidida de desmantelamiento del Estado social" y ahora hay una "segunda etapa" que supone la erosión del Estado de Derecho, que supone un "cambio cualitativo muy importante".
   Así, ha recordado que en esa primera etapa se realizó una reforma laboral "de dudosa constitucionalidad", se atacaron "con dureza" los derechos sociales y los servicios públicos pero además no se adoptaron medidas de protección para los afectados por las hipotecas mientras sí se mantuvieron los privilegios legales de las entidades bancarias, al tiempo que se acordó el rescate de la banca, lo que acentuó "todavía más" las desigualdades sociales.
   El último objetivo del Gobierno en el "desmantelamiento de lo público", ha añadido, se refiere a la Justicia con la privatización de los registros civiles, cuyas competencias se van a trasladar a los notarios, registradores de la propiedad y registros mercantiles de manera que "lo que hoy es gratuito y público" suponga su pago.
   La segunda etapa, ha explicado, cuestiona aspectos que hasta ahora no eran "discutibles" del Estado de Derecho como la Ley de Tasas Judiciales, "que privatiza la Justicia pero ataca el derecho fundamental de los ciudadanos a poder acceder a la jurisidicción". Por ello, han acordado pedir a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente un recurso de inconstitucionalidad.
   Según el portavoz de Jueces para la Democracia, "en muy pocos meses se han producido las mayores restricciones de derechos fundamentales de toda la etapa democrática".

Zaplana hace en Alicante una defensa cerrada de Alberto Fabra

ALICANTE.- El exministro y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, ha reconocido que hay situaciones que "no se corrigen e incluso se protegen", y que en su opinión, "no hay por dónde cogerlas" y "llevan a contaminar esa opinión pública en contra de la clase política identificándola con la corrupción".

   Eduardo Zaplana ha defendido la necesidad de que la clase política "se adelante a la sociedad en la reforma del sistema antes de que la sociedad imponga" este cambio.
   "Sabemos todos que hay situaciones que no las corregimos y que equivocadamente las protegemos y que eso es lo que lleva a contaminar esa opinión pública en contra de la clase política identificándola con la corrupción", ha explicado.
Zaplana ha considerado que "hay imputaciones e imputaciones", porque hay casos en los que el político se "ahorra el tener que dimitir" si es un caso que se "pueda explicar razonablemente".
   "Aquello que le permite a un político sentarse delante de los medios de comunicación y decir lo que ha pasado ha sido esto, y dar explicaciones hasta el último detalle, creo que con esas explicaciones le ahorran después el tener que dimitir".
   Por el contrario, ha advertido que "hay veces en que no hay argumentación posible, hay veces que no hay por dónde cogerlo, y en ese caso estoy muy de acuerdo y más en esta coyuntura tremendamente delicada, con que se pudieran tomar las medidas de esa naturaleza".
   En todo caso, ha remarcado que éste "no es un tema fácil, pero todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal, no hacen falta acuerdos (entre los partidos políticos), lo que hay que hacer es ser escrupuloso y cumplidor de las buenas costumbres y no de las perversas".
   Cuando se produce la imputación de un político por un presunto caso de corrupción, en su opinión, el político debería "actuar con generosidad, sacrificándose y adelantándose a decisiones que se están pidiendo desde el ámbito político y ciudadano, para contribuir a la buena imagen de la clase política".

    Preguntado por el llamado 'caso Bárcenas' que afecta al PP, Eduardo Zaplana se ha mostrado partidario de "esperar unos días" para "saber qué es lo que está pasando realmente".
   "Yo no lo sé, sí tengo una opinión absolutamente formada e inequívoca sobre el tesorero del PP, con independencia de los orígenes del dinero y de lo que pueda aparecer, del resto todavía no, y eso es lo que digo: que tenemos que tener un poco de mesura a la hora de analizar estas cuestiones porque el impulso nos lleva a valorarlas, y no sabemos la veracidad de lo que está ocurriendo".
   "En el caso de Bárcenas, sabemos que hay una persona sobre la que (el PP) ya tomó una decisión hace tiempo y que ahora ha aparecido con una cuenta muy voluminosa en Suiza", ha relatado.
   "Y después hay una argumentación que yo, que he sido alto dirigente del PP, no tengo ni la menor idea de si eso es bueno o malo, desde luego no estaba en el departamento correspondiente pero era una persona importante en el organigrama del PP, (aunque) yo no sé si eso que soltaba era verdad o no", ha comentado el que fuera portavoz del Gobierno y ministro de Trabajo.

   En cuanto a la situación de la Comunitat Valenciana, Zaplana ha afirmado que el actual presidente de la Generalitat valenciana y presidente del PP regional Alberto Fabra "tiene una situación endemoniada" ante la cual "ha tomado decisiones" con la imputación de más de una decena de diputados 'populares' en las Corts Valencianes.
   "¿Se puede decir que (Fabra) podría haber sido más audaz? Sin duda, pero también lo podría haber sido menos, porque no hay ningún imputado en la dirección del grupo parlamentario, ni en la dirección del partido, ha anunciado que no va a haber imputados en las próximas listas electorales, creo que está haciendo un gran esfuerzo en esa dirección", ha defendido.
   "Fabra se ha encontrado en una situación muy determinada y tiene que gobernar, y al mismo tiempo ese gobierno tiene que mantener el soporte de un grupo parlamentario cuya situación no es agradable, y es muy difícil y yo, cuando una persona tiene una dificultad tan importante, yo la apoyo, y creo que está haciendo cosas que aunque parezca que son menores son muy valientes y soy muy comprensivo con él".
    Al respecto, ha insistido en que no se puede generalizar en torno a la situación de los diputados 'populares' imputados. "Yo me niego a generalizar porque me sería más fácil si no conociera a algunos de los imputados, me niego a meterlos a todos en el mismo saco, y pongo el ejemplo de Angélica Such de la que tengo la mejor opinión".

Tiempos económicamente complicados para algunos equipos de la F-1

LONDRES.- La Fórmula Uno debe mantener la subida de los costes bajo control para ayudar a salir adelante a equipos con problemas económicos, aunque hablar de una crisis inminente está lejos de la realidad, según dijeron los directores de las escuderías.
 
La desaparición del equipo español HRT al final de la pasada temporada se debió tanto a los problemas económicos de su endeudado país como a su falta de éxito en los circuitos, pero encendió las luces de emergencia en la F-1.
"Lo que se oye es que hay muchos equipos afrontando una situación financiera complicada, algunos más y otros menos", dijo la directora de Sauber, Monisha Kaltenborn, en el primer entrenamiento de pretemporada de esta semana en Jerez.
"Hay que reaccionar de alguna forma o de otra para reducir los costes porque estamos aún a un nivel en el que puede que si nos adaptamos de algún modo podemos tener todavía más equipos", añadió.
La salida de HRT ha dejado 11 equipos y 22 coches en la parrilla, aún un número relativamente sano teniendo en cuenta que el director de la Fórmula Uno dijo en diciembre que estaría perfectamente satisfecho con 10 equipos.
Algunos nuevos patrocinadores aparecieron en los coches de 2013 en los entrenamientos en España de esta semana, como BlackBerry con Mercedes, pero aún no hay un clamor evidente de grandes compañías con la intención de entrar.
Si bien todo se ve color de rosa - o púrpura, gracias al patrocinador Infiniti - en el equipo Red Bull, propiedad de la empresa austriaca de bebidas energéticas del multimillonario Dietrich Mateschitz, no todo es tan saludable para el resto.
Todos los equipos tienen su sede en ​​en Europa y hay rumores de forma habitual acerca de que un buen número de ellos tendrían problemas presupuestarios, especialmente con los crecientes costes asociados con el motor V6 totalmente nuevo y los cambios en las reglas previstos para 2014.
"Hemos tomado algunas medidas, pero sigo pensando que va a ser duro para algunos de los equipos tener un modelo de negocio viable durante unos años", declaró el jefe de McLaren, Martin Whitmarsh.
John Booth, de Marussia, cuyo equipo tiene el menor presupuesto anual estimado de en torno a 60 millones de dólares (unos 45 millones de euros), detectó un reflejo de lo que se comentaba hace varios años cuando la salida de grandes fabricantes como Toyota, Honda y BMW llevó a un "acuerdo de restricción de recursos", que desde entonces se ha quedado caducado.
"(La F-1) tuvo que entrar un poco en razón", declaró. "Puede que estemos llegando a esa fase de nuevo".
"No creo que sea una crisis, (pero) puede que se necesite una reordenación".
La Fórmula Uno, cuya salida a Bolsa por valor de 3.000 millones de dólares se aplazó el año pasado, es a todas luces una fuente de riqueza que se espera que genere unos ingresos de 2.000 millones de dólares en 2012.
Sin embargo, gran parte de ese dinero está saliendo de este deporte cada vez más global, cuyo corazón europeo está sufriendo y cuyos equipos han exigido durante años un mayor reparto de los ingresos.

Aprobado el anteproyecto de integración de cooperativas agroalimentarias

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario con el objetivo de mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades.
 
   La intención del Ejecutivo es que, con esta normativa, se impulsen entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico con capacidad, dimensión y estructura empresarial que incremente su eficiencia y rentabilidad.
   El impulso y fomento de la integración cooperativa constituye un eje "prioritario" de actuación para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de favorecer su competitividad, redimensionamiento, modernización e internacionalización.
   Así, el Gobierno pretende corregir los "problemas" del sector cooperativo español, que se caracteriza por su "atomización", con cerca de 4.000 cooperativas y más de un millón de socios, una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y que emplea de forma directa a 100.000 personas.
   Según el Ministerio, en la actualidad ninguna cooperativa española está entre las 25 más grandes de la UE. En su opinión, la cadena agroalimentaria española "presenta una asimetría que debe ser corregida mediante la puesta en marcha de políticas e instrumentos legislativos que mejoren la estructura comercializadora".
   Entre los principales objetivos de la nueva normativa se encuentran el fomento de la integración de los productores en sociedades cooperativas y favorecer la agrupación de los primeros eslabones que conforman la cadena agroalimentaria.
   Además, pretende mejorar la capacitación y formación de los responsables de la gestión de dichas entidades y contribuir a la mejora de la renta de los productores agrarios integrados en ellas.
   Para ello, el proyecto de ley presenta varios instrumentos, como la entidad asociativa prioritaria de ámbito supraautonómico "con suficiente capacidad y dimensión para mejorar su estrategia empresarial y contribuir al incremento de la eficiencia y rentabilidad de dichas entidades.
   Asimismo, se articulará un plan estatal de integración cooperativa con el objetivo de coordinar las políticas de fomento asociativo del Ministerio con las comunidades autónomas en colaboración con el sector "con el fin de aunar esfuerzos y eliminar medidas que puedan conducir a la dispersión de la oferta".
   El Ejecutivo modifica de esta forma la ley 27/1999 de cooperativas y la 20/1990 sobre régimen fiscal de cooperativas, "lo que hará posible un mejor desarrollo de sus posibilidades de generación de empleo".
   Para el Ministerio de Agricultura, el actual proyecto de ley impulsa un modelo cooperativo "empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario español y, especialmente, al mantenimiento y desarrollo de la economía del medio rural".

El primer vuelo de prueba del aeropuerto de Castellón se hará este mes

CASTELLÓN.- AENA llevará a cabo el primer vuelo de prueba o calibración en el aeropuerto de Castellón la tercera semana de este mes, tal y como se concretó en el Consejo de Administración que celebró este pasado miércoles la empresa pública promotora de las instalaciones, Aerocas, según han confirmado fuentes conocedoras de la decisión, que no han concretado el día.

   La Generalitat está a la espera de que las empresas que opten a la compra del aeropuerto acrediten su solvencia financiera, paso "imprescindible" para cerrar un acuerdo. En el caso del grupo hispano-libio que ha presentado una oferta para gestionar el aeropuerto, el plazo para presentar esta acreditación concluye el 28 de febrero, según fuentes de la Conselleria de Economía.
   El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ya anunció que existen otras ofertas, pero que, en estos momentos, se centra "todo" en la oferta hispano-libia. En caso de no fructificar la compraventa, aseguró que se trabaja para "con una gestión directa y el menor coste" poner en marcha el aeropuerto.

Los usuarios nacionales de avión se desploman un 12,5% en 2012

MADRID.- El número de viajeros que optaron por el avión para sus desplazamientos por el interior del país cayó un 12,5% en 2012, mientras que los que optaron por el tren lo hicieron en un 2%, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Así, en 2012 el número medio total de viajeros disminuyó un 3,5% con respecto a 2011, con descensos en todos los modos de transporte en el conjunto del año.

EUPV cree que la personación "intenta proteger a Camps y Barberá"

VALENCIA.- El diputado autonómico de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, Ignacio Blanco, ha considerado este viernes que el anuncio del portavoz del Consejo, José Ciscar, de que la Generalitat se personará por la vía civil en el 'caso Nóos' es un "simple lavado de imagen" y sostiene que con esta forma de personación "intenta proteger" al expresidente del Gobierno valenciano Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

   Según Blanco, esta decisión "corrobora lo que ya nos temíamos desde el principio, que el Consejo no quiere que se depuren responsabilidades, sino un simple lavado de imagen". A su juicio, "la personación de la Generalitat tendría que ser como acusación particular y no sólo sumándose a la reclamación civil por daños".
   En esta línea, ha considerado que es necesaria "una acusación penal para ayudar a que se determinen los culpables en este caso de corrupción", aunque ha opinado que al Consejo "no le interesan" los nombres "que pueden salir". El parlamentario ha citado a Camps, Barberá y al vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.
   Para Blanco, "después de tantos meses de espera, la personación llega tarde, de manera insuficiente y muy, muy calculada por parte del Consell".
 "Es evidente que el PP no quiere ayudar a depurar las responsabilidades de aquellos que apadrinaron el Instituto Nóos: Francisco Camps, Rita Barberá o González Pons", ha recalcado.
   El parlamentario de Esquerra Unida considera que el Consejo "se persona con la boca pequeña, cubriendo las espaldas de los responsables que permitieron que Urdangarin y Torres se llenaran los bolsillos a expensas de la administración valenciana".

El Gobierno valenciano se personará por vía civil en el 'caso Nóos'

VALENCIA.- El Consejo ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a personarse en el 'caso Nóos' --que se instruye en el juzgado de instrucción nº 3 de Palma--, "por vía civil", para "recuperar el dinero que ilícitamente pudo haber ido al Instituto Nóos" desde las arcas públicas de la Comunidad Valenciana, según ha anunciado este viernes el vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno.

   La pasada semana, Císcar anunció que estaban a la espera de recibir un informe jurídico solicitado con "carácter de urgencia" a sus servicios jurídicos para decidir si se personaba en el caso, después de que el instructor del caso, José Castro, acordara librar oficio al presidente de la Generalitat valenciana por si quisiera ejercitar las acciones contempladas en el artículo 109 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal --relativas a la reparación del daño o indemnización-- en relación con este caso, así como a otras instituciones que pudieran haber resultado perjudicadas.
   Este viernes ha recalcado que la personación de la Generalitat obedece a "la supuesta actuación ilícita del Instituto Nóos" y, en este sentido, ha defendido que el convenio firmado con la entidad que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, "administrativamente es correcto". 
"Mientras no se demuestre lo contrario, es así", ha añadido Císcar, quien mantiene que el convenio estaba "avalado" por un "informe favorable de la Abogacía de la Generalitat".
   En este punto, ha indicado que "donde sí que puede haberse producido una actuación ilícita es en esas cantidades que, de manera ilícita, se han percibido por el Instituto Nóos" y que, por parte de la Generalitat, "hay facturas que se aceptaron porque se veía que formaban parte del objeto del contrato", que suman 380.000 euros, y el resto "se rechazaron porque se veía que no formaban parte del objeto del contrato", cuyo importe ascendía a tres millones de euros.
   "Lo que no se sabía es que posiblemente las que se habían pagado, que sí tenían que ver con el objeto del convenio, se estaban también indiciariamente o supuestamente entregando al Gobierno balear, las mismas facturas", ha dicho. "Ni el Gobierno balear sabía lo que pasaba aquí, ni aquí sabíamos lo que pasaba en el Gobierno balear", ha admitido Císcar, quien afirma que "no se podía saber" y que ese tema "está investigándose" en la actualidad.
   En cuanto a la vía elegida para personarse, ha argumentado que "solamente" tienen "materia para una personación civil" y que, por tanto, han optado por esa vía al considerar que "el convenio suscrito es administrativamente correcto porque así lo dice la Abogacía".
   Preguntado por si su intención de no ejercer acción penal se debe a la implicación de un miembro de la Casa Real en el proceso, ha sido tajante: "No, en absoluto". Císcar ha insistido en el Consejo lo que pretende es "garantizar que un solo euro que de manera ilícita se le haya cobrado a la Generalitat vuelva a las arcas de la Generalitat" y que, por el momento, no se plantean acudir por vía penal porque ya ejercen ese papel el ministerio fiscal y la acusación particular.
   De hecho, posteriormente ha precisado que "se tendrían que dar unas circunstancias muy excepcionales" para que actuaran en la vía penal, algo que podrían decidir "hasta el último momento" previo a la calificación si se dieran supuestos como, por ejemplo, que Fiscalía y la acusación particular finalmente "decidieran no ejercer la acción penal" y la Generalitat viese "motivos" para hacerlo por su cuenta.
   En cuanto a si considera que el Ayuntamiento de Valencia también debería personarse en el caso, ha manifestado que este consistorio "tiene que tomar sus decisiones y tiene sus asesores que seguro que le aconsejarán lo mejor".
 "Nuestra responsabilidad es defender los intereses de la Generalitat y eso es lo que estamos haciendo, con esta personación como actor civil, garantizando que cualquier euro que se haya percibido indebidamente por el Instituto Nóos vuelva, después del proceso correspondiente, a la Generalitat", ha dicho.
   A preguntas de los medios, Císcar ha señalado que el informe emitido por la Abogacía de la Generalitat "no cuestiona el informe anterior", con el que avaló el convenio con Nóos. "Es un órgano que depende de la Generalitat, no lo consideraría juez y parte porque entre sus funciones está emitir informes con absoluta imparcialidad, y así lo está haciendo en todos los casos", ha sentenciado.
   En cuanto a la información que recoge el auto del instructor en este sentido, ha recalcado que "ese auto en ningún caso desmonta lo que dice el informe de la Abogacía" y que el propio pronunciamiento señala que "no son hechos probados", sino "a modo indiciario", mientras que "lo que sí es un hecho objetivo y constatable es el informe de la Abogacía de la Generalitat de que la forma de contratación era una forma jurídica adecuada y dentro de la ley".
   Respecto a la posibilidad de que la Generalitat, ex altos cargos o personas vinculadas a la administración pudieran ser acusadas, ha replicado que el "escenario" que tienen "encima de la mesa es un convenio que sale de una Consejería determinada, en la que por cierto hubo una persona imputada y ya no está imputada, y que ese es convenio el que se pone en cuestión".
   Císcar ha agregado que "hay más relaciones con el Instituto Nóos" y que "es un proceso muy largo, desgraciadamente", por lo que el Consejo se limita a "analizar las circunstancias del auto actual" y que "en estos momentos", éstas les llevan a "reclamar la posible salida de dinero de manera ilegal de las arcas de la Generalitat".

Detenido en Valencia un presunto terrorista islamista con planes de atentar

MADRID.- Agentes de la Comisaria General de Información de la Policía Nacional detuvieron este jueves en Valencia a un presunto terrorista islamista de origen marroquí, Mohamed Echaabi, ha informado Interior en un comunicado en el que aseguran que el arrestado tenía planes para atentar en España y en otros países contra personalidades y otros objetivos para lo que ya había hecho gestiones para adquirir armas y explosivos.

   "La vigilancia y el control llevado a cabo por el Cuerpo Nacional de Policía sobre el detenido y las actividades que realizaba, han permitido constatar sus intenciones de cometer acciones terroristas contra personalidades relevantes u otros objetivos, de acuerdo a la doctrina de la Yihad Global (Guerra Santa), tanto en España como en otros países europeos, para lo que el detenido realizó gestiones para la adquisición de armas de fuego y explosivos", dice la nota.
   La operación ha sido desarrollada por Agentes de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana, bajo la dirección del juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Francisco Javier Gómez Bermúdez.
    El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, dice que Mohamed Echaabi habría sufrido un proceso de radicalización en el que adquirió unas firmes convicciones extremistas que le llevaron a abandonar España y viajar a la Franja de Gaza en enero de 2011, con el fin de llevar a cabo una acción de carácter suicida contra intereses israelíes.
   Echaabi está considerado por las autoridades policiales como un "terrorista o lobo solitario", reclutados por las redes terroristas, y autorradicalizados a través de Internet, especialmente con el visionado de material orientado a la confirmación y adoctrinamiento en sus postulados violentos y radicales así como a su formación en técnicas terroristas. Además, el presunto terrorista presenta en su perfil indicadores casi idénticos al terrorista francés Mohamed Merah, autor de varios asesinatos en Toulouse (Francia) en marzo de 2012.
   Es característico en este tipo de individuos que, con el propósito de ocultar su ideología radical y mimetizarse, se le permita incumplir los preceptos del Islam hasta lograr sus objetivos, por lo que es común que vistan ropas occidentales, no llevar barba, beber alcohol, fumar o comer cerdo, todo ello con el fin de pasar desapercibidos e integrarse en la sociedad objetivo a la que pretenden atacar, informa Interior.

Los líderes de la Unión Europea recortan un 13% las ayudas agrícolas

BRUSELAS.- La Política Agraria Común (PAC) perderá en el próximo ejercicio un 13,12% de sus fondos con respecto al periodo anterior, según la propuesta final de los presupuestos de la Unión Europea para el periodo 2014-2020 que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han pactado tras más de 18 horas de negociación en Bruselas.

   Los líderes europeos asignan una partida de 362.940 millones de euros para el conjunto de la PAC, lo que supone 54.800 millones menos que el gasto agrícola comunitario en el periodo 2007-2013.
   Las ayudas directas a los productores y las medidas de mercado que forman el primer pilar de la PAC recogen la mayor parte de estos fondos, 277.850 millones de euros, es decir, que esta partida sufre una rebaja del 13,71 % o 44.150 millones menos que en el periodo anterior.
   Por su parte, los programas de desarrollo rural, el segundo pilar, pierde un 11,12 % de los apoyos y dejará de recibir 10.650 millones de euros y contará en total con un sobre de 85.090 millones de euros.
   En el ejercicio presupuestario, 2007-2013, la PAC contó con un presupuesto total de 417.740 millones de euros, de los que 322.000 millones fueron para el primer pilar y los 95.740 restantes, para desarrollo rural.
   Los gobiernos europeos, además, introducen un factor de flexibilidad que permitirá a cada Estado miembro decidir si transfiere un 15 % de las ayudas de un pilar al otro, con el añadido de que los países con menores recursos podrán destinar un 10 % adicional de desarrollo rural a ayudas directas.
   Aunque la reforma de la política agraria europea deben negociarla con el Parlamento Europeo y la Comisión, los Veintisiete fijan con este texto los límites de la revisión, al proponer el presupuesto con que contará la PAC en esos siete años y marcar algunas de sus disposiciones.
   Por ejemplo, los mandatarios europeos han acordado que sea cada país quién decida de manera voluntaria si limita las ayudas directas de la PAC a los grandes terratenientes, en lugar de fijar un techo máximo de 300.000 euros anuales por explotación, tal y como defendía Bruselas.
   La idea de fijar un techo anual a las ayudas agrícolas es una vieja reivindicación del Ejecutivo comunitario, que ya lo intentó en negociaciones anteriores de la PAC, pero siempre chocó con la oposición de la mayoría de las capitales, lideradas por Berlín y Londres.
   Dentro del gasto agrícola, los jefes de Estado y de Gobierno europeos quieren un fondo específico para apoyar al sector en caso de crisis graves dotado con 2.800 millones de euros. No se trata de dinero adicional, sino de una reserva de 400 millones anuales de las ayudas directas que, en caso de no ser utilizado en medidas de crisis ese año, "será reembolsado como pagos directos". Bruselas propuso en un primer momento que este fondo llegara a los 3.500 millones de euros.
   El llamado 'pago verde' o 'greening' que condiciona el 30 % de las ayudas directas a que el agricultor o ganadero cumpla con determinados esfuerzos medioambientales queda confirmado por los líderes en el acuerdo de presupuesto, si bien deja abierta la puerta a cierta "flexibilidad". El texto señala que ese 'pago verde' debería incluir "una clara flexibilidad" para los Estados miembros sobre medidas "equivalentes".
   También recogen la idea del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para avanzar hacia una convergencia de los subsidios entre los diferentes Estados miembros, con el objetivo de que la ayuda por hectárea sea para todos los agricultores de 196 euros en el horizonte 2020.
   Los líderes europeos también han cerrado una partida de 10.542 millones de euros que incluye el futuro fondo para la pesca y asuntos marítimos, pero también algunas medidas medioambientales. Aunque no precisan el reparto exacto de esta asignación, fuentes europeas indican que será similar al de propuestas anteriores.

La venta de billetes de AVE se dispara un 56% en las primeras horas tras la rebaja de precio

MADRID.-   Renfe ha vendido 33.841 billetes de AVE Larga Distancia en las primeras horas tras la entrada en vigor de la rebaja de precio de este servicio, lo que supone un incremento del 56% respecto a las mismas horas de la víspera, según informó la operadora con datos de las 12.00 horas.

   La compañía ha duplicado además el número de visitas que registra su canal de compra a través de Internet en relación con las que contabiliza otro viernes.
   En concreto, el volumen de visitas a 'Renfe.com' se ha elevado un 99% en las primeras horas de la mañana, hasta sumar 285.000 entradas, y el correspondiente a la plataforma de venta disponible en esta web un 100%, hasta 125.000 visitas.
   En cuanto a otras de las iniciativas comerciales lanzadas por Renfe, el 'Bono AVE' de diez viajes, que presenta descuentos del 35%, ha generado 12.000 visitas al apartado de la página web que permite acceso a su compra.
   Este viernes entró en vigor la rebaja general del 11% que Renfe ha decidido aplicar a todos los billetes generales y de clase turista de los trenes AVE Larga Distancia.
   También se puso en servicio un nuevo sistema de comercialización de plazas que permite lograr descuentos de hasta el 70% en algunos billetes en función de su demanda y en caso de que se compren con antelación.
   Renfe lanzado asimismo la venta el nuevo 'Bono AVE' de diez viajes, y mantiene otros descuentos, como los del 40% para la tercera edad y los niños menores de 13 años.
   La nueva política comercial de Renfe para el AVE se completará con una tarjeta joven con descuentos del 30% que prevé lanzar el 1 de marzo, y con la puesta a la venta el 1 de junio de los billetes multiviaje, que permiten enlazar trayectos en distintos AVE con una rebaja del 20% en cada .
   Renfe transportó 20,63 millones de viajeros en sus trenes AVE Larga Distancia en los once primeros meses de 2012, según los últimos datos del Ministerio de Fomento, lo que supuso un descenso del 1,8% en comparación a un año antes.

El PSOE no respaldará en el Congreso declarar a los toros bien cultural

MADRID.- El PSOE ha decidido no respaldar el próximo martes en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular que promueve la declaración de las corridas de  toros como Bien de Interés Cultural.

   Así lo ha adelantado el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, en un mensaje publicado en Twitter.
   En todo caso, el PP ya haya avanzado que apoyará la admisión a trámite de la iniciativa ciudadana con lo que, dada su mayoría parlamentaria, la propuesta de declarar a la fiesta taurina podrá seguir con su tramitación.
   Se trata de una propuesta que llega al Congreso con casi 600.000 firmas (se precisaba medio millón) y que fue promovida por la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, con el objetivo de revocar la prohibición de las corridas de toros decretada por la Generalitat.
   Fue en 2010 cuando el Parlamento catalán decidió prohibir las corridas de toros en la comunidad autónoma, una normativa que entró en vigor el 1 de enero de 2012.
   En aquella ocasión los diputados del PSC sí tuvieron libertad a la hora de efectuar su voto: tres votaron a favor de prohibir los toros en la comunidad autónoma, otros tres se abstuvieron y los 31 restantes rechazaron la prohibición.

Van Rompuy plantea bajar la compensación a las regiones españolas

BRUSELAS.- El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, planteó hoy reducir a 1.824 millones de euros la compensación para las regiones españolas dentro del marco presupuestario plurianual de la UE 2014-2020, frente a los casi 2.800 millones propuestos en noviembre.

Esta cantidad, que se atribuiría al país durante los siete próximos años para contrarrestar la disminución de los fondos europeos de cohesión y desarrollo regional, supondría una reducción de unos 1.000 millones para España respecto a la anterior propuesta que se planteó en noviembre pasado.
 
 Van Rompuy plantea que los 1.824 millones se distribuyan de la siguiente manera: 500 millones para Extremadura, 624 millones para las regiones en transición y otros 700 millones para el resto de las regiones.

Las regiones que hasta ahora eran objetivo prioritario mantendrían además el 60 % de las ayudas con las que contaban, una situación en la que se mantendrá Extremadura.

Además, Ceuta y Melilla recibirán una contribución adicional de 50 millones de euros de los fondos estructurales, mientras que Canarias recibirá una ayuda extra de 30 euros por año y habitante debido a su condición de región ultraperiférica, algo que ya se recogía en la anterior propuesta.

En noviembre, el reparto de la compensación de España se hacía de manera que Extremadura recibía 200 millones de euros como la región más desfavorecida del país, mientras que Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia obtenían 1.550 millones por figurar en el grupo de comunidades que han dejado recientemente de estar entre las más pobres de la Unión.

Otros 1.000 millones se destinaban al resto de Comunidades Autónomas.

La última propuesta del presidente del Consejo Europeo está siendo discutida por los líderes de los Veintisiete, que llegaron aún con posiciones muy enfrentadas a la cumbre de Bruselas.