El paro sube en 4.575 personas en octubre en la Comunitat hasta los 530.307 desempleados

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar octubre en 530.307 personas en la Comunitat Valenciana, tras subir en el mes en 4.575 desempleados (+0,87 por ciento), según ha informado este jueves el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   Por provincias, en Alicante hay 208.914 personas sin trabajo, 3.575 parados más, un 1,74 por ciento más; en Castellón un total de 60.135, 243 desempleados nuevos, un 0,41 por ciento, mientras que en Valencia el número de parados está en 261.258 parados, lo que supone un incremento de 757 parados, un incremento del 0,29 por ciento.

   Por sexos de los 530.307 parados, 267.047 son hombres y  263.260 mujeres y por edades 56.978 menores de 25 años, de los que 31.365 son chicos y 25.613 chicas.

   Por sectores de los 530.307 desempleados de la Comunitat 14.729 pertenecen a Agricultura, lo que supone un descenso de 134 personas;  86.191 a Industria, 698 parados más; 88.599 a Construcción, una reducción de 1.041; 303.151 a Servicios, un de 5.049 desempleados y 37.637 al Colectivo de Sin Empleo anterior, tras personas más.

   Asimismo, en la Comunitat Valenciana se encuentran un total de 85.136 parados desempleados, de los que 5.517 se concentran en Agricultura, 6.654 en Industria, 19.256 en Construcción, 44.724 en Servicios y 8.985 en Sin Empleo Anterior.

    En la Comunitat en el mes de octubre se realizaron un total de 127.248 contratos, lo que supone un aumento de 8.523, un 7,18 por ciento más. De los nuevos contratos, 11.143 fueron indefinidos y 116.105 temporales.

   En España, la subida de octubre es además la tercera consecutiva tras la de agosto y septiembre, cuando 51.185 y 95.817 personas más se sumaron a las listas de parados, y casi duplica la experimentada en octubre del año pasado (68.213 desempleados). En los últimos doce meses, el paro ha aumentado en 274.950 desempleados, un 6,7% más.

   Asimismo, este octubre ha marcado un nuevo récord de parados, al superarse los 4.360.000. Hasta ahora, el pico más elevado fue el del pasado mes de marzo, cuando los desempleados inscritos en las oficinas de los servicios públicos de empleo sumaron más de 4.333.000 parados.

El Consell acuerda con los farmacéuticos normalizar los pagos del convenio entre este año y enero

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, y el conseller de Sanidad, Luis Rosado, han acordado con los presidentes de los Colegios de Farmacéuticos de las tres provincias normalizar los pagos que rige el convenio durante este año y principios de enero, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

   A la reunión de este jueves han asistido la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia Valencia, Teresa Guardiola; el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Alicante, Jaime Carbonell; y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de Castellón, Jesús Bellver.

   Los consellers de Hacienda y Sanidad han trasladado a los representantes del sector los mecanismos para garantizar la financiación farmacéutica en virtud del convenio vigente con el que se prevé que al finalizar el año se haya subsanado gran parte de la deuda contraída con los farmacéuticos. El resto de lo adeudado se liquidaría en enero de 2012, con lo que la situación quedaría totalmente normalizada.

   Tras abonar las cantidades pendientes "se va a aliviar considerablemente la situación de las farmacias valencianas y, además, es un plazo muy razonable en la situación de crisis actual", ha afirmado Vela.

   Además, el conseller de Hacienda ha resaltado que desde el Consell se está trabajando "codo con codo con este sector de vital importancia" en la Comunitat "para solucionar cuanto antes los retrasos en los pagos". No obstante, ha asegurado que "en ningún caso" se puede hablar de que existan "impagos" sino de "retrasos" del Consell con los proveedores de servicios.

   Por su parte, Luis Rosado ha recordado que la Generalitat "ha cumplido siempre sus compromisos con las farmacias, a pesar de la coyuntura económica global de los últimos años", y por ello agradece al colectivo su "disponibilidad y colaboración en los momentos en los que resulta más necesaria".

Siete de cada diez españoles quieren que el Estado recupere las competencias en Sanidad

MADRID.- Una encuesta promovida por el Consejo General de Enfermería revela que hasta siete de cada diez españoles (69,8%) piensa que el Estado debería recuperar las competencias en materia de Sanidad, que ahora dependen de las comunidades, a fin de resolver los problemas con que actualmente se encuentra el Sistema Nacional de Salud (SNS).

   El trabajo, que se ha basado en 1.200 encuestas telefónicas, pretende "dar voz al ciudadano" y mostrar a los partidos políticos su valoración sobre el presente y futuro de la sanidad pública, a fin de que lo tengan en cuenta de cara a las próximas Elecciones Generales.

   "Mucha gente no se va a quedar contenta con estos resultados", ha reconocido Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, ya que evidencian que "los ciudadanos están dispuestos a asumir cambios".

   Uno de los más apoyados por los encuestados es la recuperación de competencias por parte del Estado en materia de Sanidad, una medida que es considerada más adecuada por los mayores de 35 años y las clases sociales baja y media.

   Esta recuperación de competencias está justificada en la "garantía y seguridad" que aporta el Estado, así como "por los problemas de gestión que en algunos casos se pueden atribuir a algunas comunidades", explica José María San Segundo, director del estudio.

   "La gente cuando va a otra comunidad está viendo lo que pasa cuando quiere recibir atención médica, ya que actualmente hay verdaderas fronteras sanitarias entre comunidades", añade González Jurado.

   Por otro lado, en el estudio también se preguntó a los ciudadanos por algunas medidas concretas que han sido sugeridas por diversos expertos para garantizar la sostenibilidad del SNS. Entre las propuestas, la más respaldadas ha sido la creación de un copago creciente en función de la renta de los ciudadanos, aceptada por el 63,5 por ciento de los encuestados.

   En concreto, el 50,8 por ciento entiende que va a ser necesario en los próximos años y el 48,6 por ciento lo ve justo, aunque hasta un 73 por ciento entiende que es una medida que "no está todavía socialmente aceptada".

   Menos apoyo ha recibido la posibilidad de establecer un 'ticket' disuasorio, es decir, un pequeño pago por los servicios, ya que sólo el 54,8 por ciento de la población lo vería adecuado o muy adecuado. Esto se debe a que sólo un 51 por ciento considera que sería muy eficaz, mientras que el 77,2 por ciento cree no que no sería socialmente aceptada.

   "Cuando a los encuestados se les preguntó por copago o 'ticket' moderador, se hacía como medidas para salvar al sistema, de ahí la aceptación obtenida. Entienden que el sistema hay que mantenerlo como sea", puntualiza San Segundo.

   Además, el 66,2 por ciento de la población rechaza la posibilidad de que los jubilados pagasen parte de sus medicinas, y hasta un 68,3 por ciento ve adecuado o muy adecuado que se reduzca algunas prestaciones o medicamentos de menos necesidad o importancia, algo que en cambio un 31,2 por ciento lo rechaza de forma taxativa.

   Con el estudio también se ha querido conocer la valoración de los españoles sobre las prestaciones que actualmente ofrece la sanidad pública en España, en comparación con la privada, que utilizan cerca del 30 por ciento de los encuestados (en solitario o en combinación con la pública).

   En las consultas médicas es cuando "más se aproximan" la sanidad pública y privada, ya que un 59 por ciento de los encuestados se decantaría por la primera y un 39,3 por ciento exclusivamente por la sanidad privada.

   Sin embargo, a la hora de ir a Urgencias, un 72,7 por ciento elige la sanidad pública y un 25,7 por ciento la sanidad privada, datos que "sorprendentemente se alejan más" en el caso de aquellos que sólo tienen la privada, ya que hasta un 79 por ciento de estos prefiere la pública.

   Lo mismo sucede para operaciones, intervenciones y enfermedades graves, ya que el 75,8 por ciento elige la sanidad pública y el 22,1 por ciento la sanidad privada.

   "Quien sale realmente reforzado de este es la sanidad pública y nuestro actual sistema", asegura González Jurado que anima a los dos principales partidos políticos a "sentarse con los profesionales, gobierno quien gobierne, para llegar a un acuerdo y tomar medidas".

González Pons: "Hay que empezar a recortar el gasto público innecesario"

MADRID.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha señalado que si su formación gana las elecciones generales del próximo 20 de noviembre el Gobierno tendrá que "recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario".

   "Sobre todo hay que empezar a recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario. Hay que operar de vegetaciones a la administración española y permitir que vuelva a haber iniciativa privada", ha señalado en una entrevista a la Cadena Cope.

   Pons ha asegurado que su formación si llega al poder "va a tomar las medidas que se tienen que tomar" y ha negado la existencia "programa oculto".

"No se va a tomar ninguna medida que no esté en el programa", ha añadido

   "Ahora lo que está en el programa si se va a hacer, hablaremos con los sindicatos pero si ellos no están de acuerdo en todo caso haremos la reforma que tenemos que hacer, porque la reforma de la negociación colectiva es inevitable", ha asegurado.

   En este sentido, ha criticado que la sociedad asiste a un "debate sobre el recorte del gasto público conformista y pesimista" ya que "todo el mundo da por hecho que la economía no puede crecer".

"Nosotros apostamos por un crecimiento de la economía y con ese crecimiento de la economía, incrementándose la contratación de trabajadores desempleados, reducir el pago por prestación por desempleo total", ha destacado.

  "Hay que adaptar la administración al tiempo que vivimos sin tocar los gastos sociales pues ir quitando cosas superfluas que hace la administración pero pueden hacerla perfectamente la iniciativa privada", ha apostillado.

   Al ser preguntado por los posibles candidatos a ser ministro de Economía, el dirigente popular ha asegurado que "nadie tiene duda de que la política económica del PP la va a dirigir Mariano Rajoy".

"Rajoy no es un presidente, como los hemos tenido, que delegaran completamente las grandes decisiones de política económica en unos superministros del área económica", ha recalcado.

   "No se que perfil elegirá como ministro de Economía, pero tengo la absoluta seguridad de que sea cual sea la política económica del próximo Gobierno no la va a hacer el ministro de economía. La va a hacer el presidente del Gobierno", ha reiterado.

El sector de la dependencia puede cerrar "en días" por la deuda de las autonomías

VALENCIA.- El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha advertido que si no cobran los 1.268 millones que les deben las Administraciones "serán días lo que tarden los centros en cerrar por quiebra" y, en ese caso, se ha preguntado quién se hará cargo de los usuarios que atienden, que en muchos casos son personas con un alto nivel de dependencia. 

   Echeverría ha leído este jueves un manifiesto al término de una concentración realizada frente al centro de Velluters de Valencia para denunciar la "insostenible" situación por la que atraviesan los 5.000 empresarios de las 17 patronales autonómicas, que generan 200.000 empleos directos y 100.000 puestos de trabajo indirectos, y que representan 150.0000 plazas residenciales, 28.000 plazas de centro de día, 230.000 beneficiarios de ayudas a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia. Como ejemplo, ha citado los 900 millones de euros que les deben los ayuntamientos por servicio de ayuda a domicilio.

   Echeverría ha evidenciado que estos impagos "ponen en peligro la viabilidad" de las empresas y puestos de trabajo, así como la "calidad de vida de un millón de personas a los que hay que asistir cada día". De este modo, ha anunciado que los paros, a los que se han sumado empresarios, trabajadores y usuarios persistirán todas las semanas para reivindicar el pago de los servicios prestados.

   Al respecto, ha  explicado que desde la FED se mantienen reuniones continuas con todas las administraciones y que "todas" les trasladan lo mismo: "que no tienen liquidez". Como ejemplo, ha señalado que desde Castilla La Mancha les han dicho que hasta disponer del presupuesto del año que viene no les podrán pagar. "Pero esto se tiene que resolver en días, no podemos seguir más tiempo así", ha exigido.

   En ese sentido, ha subrayado que los propietarios de las residencias se han endeudado, incluso personalmente, para tratar de aguantar, pero "se ha tocado su límite" y al final se ven "obligados" a dejar de pagar a sus proveedores y éstos dejan de servirles. "Es la pescadilla que se muerde la cola", ha indicado.

   De hecho, si la situación persiste tendrán que hacer "partícipes" a los propios familiares de los dependientes en el pago de los servicios o para que se lleven a sus familiares a casa. Al respecto, ha advertido que en estos momentos están todas las empresas del sector "al borde de la viabilidad". "Una farmacia puede cerrar si hay otra de guardia, pero nosotros no", ha constatado.

   Ante esta situación, FED exige a las administraciones de forma "unida y conjunta" que paguen la deuda, reduzcan los gastos en otros sectores que "no son necesarios y básicos", de forma que puedan atenderse a todos los dependientes, y modifiquen los baremos del Cuidador Informal, pues esto supondría 800 millones de ahorro de forma inmediata, lo cual permitiría aumentar las PEVS en 80.000 usuarios más y crear 40.000 puestos de trabajo de atención de directa.

   Del mismo modo, exigen un control exhaustivo de las Prestaciones del Cuidador Informal, al objeto de que no se otorguen prestaciones que no garanticen la calidad del servicio, no otorgar ninguna prestación al grado I en tanto no estén atendidos todos los grados ya reconocidos, la apertura de líneas de financiación  que se pueda compensar la deuda de la administración con las empresas con cargo a impuestos y cotizaciones.

La falta de ahorro de las CC.AA. impedirá lograr la cifra de déficit

MADRID.- La escasez de ahorro de las comunidades autónomas impedirá al Estado alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al 6% este año, según ha explicado el director de coyuntura y estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Ángel Laborda.

   Durante la presentación de una nueva edición de los 'Cuadernos de Información Económica' que edita la fundación, Laborda ha explicado que para que España pudiese lograr esa cifra de déficit, el ahorro de las administraciones públicas debería haber registrado un aumento del 2,3% durante este año, "y, sin embargo, se quedará en torno al 1%, por lo que la cifra pasará ampliamente el 6%".

   Para el economista, el ahorro de las administraciones públicas está siendo insuficiente porque las autonomías "no están cumpliendo los objetivos impuestos derivados del ajuste fiscal de mayo de 2010 debido a la falta de ingresos". Además, ha resaltado que esas medidas de austeridad se produjeron un año antes de las elecciones autonómicas, "y nadie quiere realizar recortes en época preelectoral".

   El ahorro nacional se quedó en el 18,8% del PIB en 2010, "lo que supone una bajada bastante importante desde 2003, cuando se alcanzó el máximo histórico del 23,4%", ha señalado el director general de Funcas, Carlos Ocaña, quien ha estimado que, para 2011, el ahorro caerá al 18,2% del PIB.

   Según la fundación, la economía española no genera el ahorro "suficiente" porque destina muchos recursos a financiar la inversión, aunque ha resaltado que los niveles de ahorro actuales se encuentran en la media de la zona euro.

    El ahorro de las familias españolas, a pesar de la recuperación que se produjo en 2008 y 2009, cayó en 2010 un 25% y la previsión se mantiene para este año, cuando descenderá un 11,6%, según los datos de la fundación.

   Laborda ha detallado que el motivo de que el Estado haya aumentado su nivel de ahorro y el de las familias haya bajado es que, desde los ajustes fiscales de mayo del pasado año, los ciudadanos han tenido que pagar más impuestos y han perdido prestaciones que ha ido ganando la Administración Pública. Además, el economista cree que el ahorro de las familias continuará bajando porque la renta disponible "apenas va a crecer en los próximos años".

   "La crisis económica ha servido para reforzar a las empresas españolas financieramente y éstas han adquirido una robustez que ha hecho que sus niveles de autofinaciación sean iguales a los de las empresas alemanas", ha destacado Laborda.

   Según Funcas, en la época previa a la crisis, las compañías españolas no se preocuparon por ahorrar porque había una "abundante" financiación exterior. "Sin embargo, al llegar la recesión vieron cómo se les cortaba el grifo de la financiación y comenzaron a ahorrar, aunque bien es verdad que bajaron sus niveles de inversión", ha indicado Laborda. No obstante, el economista de Funcas ha matizado que la mayoría de las empresas que no han sucumbido a la crisis han salido reforzadas de ella "porque han aprendido a no depender de la financiación de un tercero".

   Por otra parte, Funcas ha presentado los datos de ahorro por comunidades autónomas y provincias, según los cuales Baleares es la autonomía más ahorradora, con una tasa de ahorro del 28,23%, seguida de Navarra (25,37%) y la Comunidad Valenciana (25,11%).

   Por contra, Extremadura es la comunidad que menos guarda sus recursos y se queda con una tasa del 9,51%, por delante de Asturias (11,53%) y Castilla y León (12,13%).

   El director general de Funcas ha subrayado que el endeudamiento de la economía española es uno de los mayores del mundo "y el principal obstáculo para salir de la crisis", por lo que ha abogado por una política de ahorro mayor, pues, en su opinión, "de esta crisis se sale ahorrando, aunque eso implique que se consuma menos".

El Banco de España obliga a la banca a remitir más información sobre su exposición al ladrillo

MADRID.- El Banco de España ha puesto a consulta una circular en la que obliga a la banca a remitirle más información sobre su exposición al ladrillo, tanto acerca de la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria y adquisición de viviendas, como de los activos recibidos en pago de deudas en España.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez eleva así a rango de circular el requerimiento de mayor transparencia que hizo por carta a las entidades financieras a finales del pasado año, y que ha hecho llegar a las patronales del sector para que realicen las alegaciones que crean pertinentes hasta el próximo día 14.

   La banca deberá enviar dicha información al instituto emisor en sus estados financieros reservados y al mercado a través de sus informes semestrales y memorias anuales. Concretamente, habrá de incluir sus políticas y estrategias para hacer frente a las financiaciones inmobiliarias de recuperación problemática.

   La situación y perspectivas de recuperación de la liquidez de dichos activos financieros deberá figurar en la información con el fin de facilitar la mejor comprensión de los riesgos e incertidumbres a que se enfrentan las entidades.

   Como mínimo, la información detallará las correcciones de valor por deterioro de activos en forma de préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria, con un desglose adicional de los calificados como subestándar y dudosos. Se indicará tanto el importe bruto de las financiaciones calificadas como activos fallidos como el importe de las provisiones genéricas.

   Asimismo, se especificará si los préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria tienen o no garantía hipotecaria, y en su caso, la naturaleza del activo, ya sean edificios terminados (vivienda y resto), en construcción o suelo.

   Las entidades financieras deben desglosar también el importe de dudosos en los créditos a los hogares para la compra de vivienda en diferentes tramos en función del porcentaje de riesgo asociado.

   El Banco de España exige también que se incluya la manifestación expresa del consejo de administración de la entidad sobre la política y procedimientos de actividades en el mercado hipotecario aprobados, lo que le convierte en responsable del cumplimiento de la normativa hipotecaria.

   Ese órgano de gobierno debe indicar si dichas políticas y procedimientos incluyen criterios sobre la concentración de riesgos y activos no corrientes en venta.

   Por otro lado, la circular incluye requerimientos de información respecto a las tasaciones, como qué servicio se ha utilizado, si son conformes a la ley del mercado hipotecario o la fecha en que se ha realizado la última sobre determinado activo.

   El objetivo de este proyecto de norma es generalizar determinada información a incluir en las cuentas anuales de las entidades de crédito cuya publicación se demandaba hasta ahora mediante escritos del Banco de España a la gran mayoría de entidades.

   Asimismo, establece la incorporación de dicha información al conjunto de la que periódicamente y con carácter reservado deben rendir las entidades al Banco de España.

   La exposición problemática de la banca vinculada a la actividad de promoción inmobiliaria asciende a 176.000 millones de euros, según figura en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España.

   Dicha exposición problemática, que engloba créditos dudosos, activos adjudicados y activos normales bajo vigilancia, representa un 11,4% de la cartera crediticia de las entidades y un 5,2% del activo consolidado.

Garzón recusa a los magistrados que le deben juzgar por las escuchas de "Gürtel"

MADRID.- El juez Baltasar Garzón ha recusado a los cinco magistrados que el próximo día 29 tenían que juzgarle por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión.

   Así lo han afirmado fuentes de la defensa del juez, que han señalado que los recusados en esta ocasión son el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés. Alegan que están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.

   El magistrado suspendido ya logró el pasado mes de junio que se apartara de la causa a los siete magistrados inicialmente designados para juzgarle por un supuesto delito de prevaricación que habría cometido al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones del franquismo. En este caso, las recusaciones tardaron 6 meses en tramitarse.

  Las recusaciones, que atendiendo a los antecedentes podrían retrasar el inicio del juicio incluso hasta el año próximo, invocan la doctrina tanto del Tribunal Europeo De Derechos Humanos (TEDH) como del propio Tribunal Supremo respecto de las aceptadas en la causa de la memoria histórica.

   Se da la circunstancia de que el alto tribunal ya rechazó el pasado 29 de septiembre la abstención que Perfecto Andrés Ibáñez presentó para inhibirse de esta causa al considerar que su intervención en la Sala que admitió a trámite este procedimiento no suponía que hubiera incurrido en una situación de "imparcialidad objetiva".

   Con respecto a Andrés Ibáñez la defensa de Garzón en este caso, que ejerce el magistrado Francisco Baena Bocanegra, aduce ahora  "falta de imparcialidad objetiva" exteriorizada en un artículo publicado por este magistrado en la revista de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) bajo el título "No se debe opinar -y menos aún informar- con las tripas. Imprescindible ejercicio de contextualización".

   El tema de este artículo es precisamente el procedimiento seguido contra Garzón por autorizar la intervención de las comunicaciones en el "caso Gürtel" y el papel seguido por el instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, de quien el recusado hace una "encendida defensa".

  A juicio de la defensa de Garzón, Andrés Ibáñez hace en su artículo valoraciones de fondo sobre el asunto que está llamado a enjuiciar, considerando que los autos de Garzón relativos a la investigación de la trama corrupta no estaban suficientemente motivados.

   Otra de las causas de recusación invocadas por el aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se basa en que los cinco magistrados recusados habrían mostrado su interés directo en juzgarle y que, para ello, "habrían evitado pronunciarse sobre las cuestiones que les eran sometidas en los diferentes recursos", sin dar respuesta a los requerimientos de la defensa, con la pretensión de evitar todo riesgo de "contaminación".

   Por esta causa, la fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón, mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.

  El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el caso 'Gürtel' y fue el autor de la querella inicial contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez.

  Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.

   Si este incidente de recusación no logra evitarlo, el juicio por las escuchas de la trama Gürtel será anterior a los que están pendientes de celebrararse también contra Garzón por investigar presuntamente sin competencia los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y por los cobros que supuestamente percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.