viernes, 18 de mayo de 2012

Puig dice que el plan de reequilibrio de la Generalitat "provocará el estancamiento" de la economía valenciana

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha señalado que el plan de reequilibrio presentado por la Generalitat Valenciana, además "de ser poco creíble y poco riguroso, va a provocar el estancamiento de la economía" de la Comunitat y "la raquitización del sistema social" autonómico, según ha informado en un comunicado el partido.

   Puig ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la reunión que ha mantenido este viernes en Alicante con el grupo parlamentario de senadores, diputados y eurodiputados socialistas valencianos, y a la que también ha asistido la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Leire Pajín.
   Así, el líder del PSPV ha incidido en la "difícil situación en la que se encuentra la Comunitat", y ha subrayado que la región valenciana se está intervenida "de facto" por el Gobierno central, "tanto económica como políticamente".
   Igualmente, ha apuntado que "las recetas neoliberales" que, a su juicio, aplica el PP "no sirven", y ha puesto como ejemplo de esta afirmación el plan de reequilibrio presentado por el Gobierno valenciano, del cual ha opinado que, además "de ser poco creíble y poco riguroso, lo único que va a provocar es el estancamiento de la economía y la raquitización del sistema social" de la Comunitat. "Es un plan que no va a aportar seguridad en el futuro y tampoco en los mercados. No se puede leer nada que aporte perspectiva de futuro para esta comunidad", ha agregado.
   Para Puig, el referido plan de reequilibrio valenciano "sigue la línea del gobierno de Mariano Rajoy", ya que, según sus palabras, "no sólo ajusta cuentas con el estado social, sino también con el sistema de libertades", y ha utilizado como ejemplo la gubernamentalización de Radio Televisión Española (RTVE). "Se quiere ir más allá, se quiere aprovechar la crisis para ajustar cuentas con la democracia" ha manifestado.
   El líder de los socialistas valencianos ha recalcado lo "fundamental" de "reiniciar una alianza con los ciudadanos", con "especial atención en las personas que están pasando graves dificultades". 
"Hay que ser conscientes de los problemas que están pasando muchas personas después de años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana", ha añadido.
   Por su parte, Pajín, durante su turno de palabra, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de trabajo con reuniones sistemáticas para coordinar la tarea parlamentaria "con un doble objetivo de debatir sobre los intereses de Alicante, Valencia y Castellón, y también para rendir cuentas, tanto con las agrupaciones socialistas y, con los ciudadanos, a través de las oficinas parlamentarias que se crearán en breve".  
   La que fuera ministra bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero ha indicado que este viernes "es un día duro para el país", por haber "amanecido con un estado de bienestar debilitado después de las medidas  adoptadas por parte del Gobierno".
 "Los ciudadanos hemos amanecido con menos derechos de los que teníamos", ha aseverado. Al respecto, ha afirmado que en la Comunitat "llueve sobre mojado, ya que el Consell fue el primero en ensayar los modelos privatizadores".

EUPV considera que Fabra "está tardando mucho al quitarse de encima a Blasco"

VALENCIA.- La diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, ha señalado este viernes que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "está tardando mucho en quitarse de encima al actual portavoz del PP en la Corts, Rafael Blasco", a quien considera el "máximo responsable político de la presunta trama" en el caso de las subvenciones de cooperación internacional por su etapa al frente de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. 

   Albiol se ha expresado de esta manera en un comunicado en relación al "auto del Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia sobre el caso de la presunta corrupción en las ayudas de cooperación muestra el papel central del empresario cercano a Rafael Blasco, César Augusto Tauroni".
   "Resulta casi una broma que toda su cúpula esté imputada y Blasco sostenga que él no tiene nada a ver", ha criticado Albiol.
   La diputada sostiene que "Blasco no puede eludir el encarcelamiento de Augusto César Tauroni, quien empresarialmente no sería nada sin las adjudicaciones de las consejerías por donde pasaba el actual síndico del PP en las Corts". Albiol ha señalado que "ahora es deber de la justicia determinar si Tauroni actuaba como hombre de paja".

El juez imputa a los dos técnicos de RTVV que contrataron el viaje del Papa y al dueño de una adjudicataria

MADRID.-   El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a los dos técnicos de Radio Televisión Valenciana (RTVV) a los que el exdirector del ente Pedro García Gimeno responsabilizó del contrato para la sonorización de la visita que el Papa realizó a Valencia en 2006, que recayó en empresas de la trama Gürtel, así como al administrador de una de las sociedades que se hicieron con la adjudicación. 

   En un auto notificado este viernes, el magistrado atribuye a Luis Sabater Balaguer, que en el momento de los hechos era jefe del Departamento Técnico de RTVV, y Antonio de la Viuda, director de Antena de la corporación, los delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos.
   Ambos fueron señalados por García Gimeno durante la declaración ante el juez Ruz que realizó el pasado día 8, en la que atribuyó a la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana la responsabilidad de adjudicar a la constructora Teconsa las tareas de montaje de los equipos de audio y vídeo que se utilizaron durante el V Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006. "Yo sólo firmaba", aseguró.  
   También ha imputado por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad a Carlos Ignacio Fragio Díaz, administrador de una de las empresas que se hizo con los contratos junto a su hermano Óscar, al que el juez citó a declarar el pasado 7 de mayo. La Fiscalía Anticorrupción pidió su imputación al considerar que "podría haber participado en la administración de las empresas que se vinculan con este último".
   El magistrado, que ha acordado estas nuevas imputaciones a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, interrogará a los tres nuevos imputados el próximo día 31 de mayo, fecha en la que también ha citado como testigo al administrador único de Impacto Producciones, Francisco Javier Arnuncio Perujo.
   De esta forma, los imputados por la contratación de la visita del Papa a Valencia se elevan a diez. Además de estos tres, el juez citó a declarar a los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez, 'El Bigotes'; al empresario Óscar Fragio; al exdirector de la RTVV Pedro García Gimeno; a Vicente Torro Casanova, administrador único del Grupo Alvalon; y a Ana María Martínez Penades.
   A estos siete se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año.
   Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas nuevas imputaciones, el exdirector general de la RTVV habría percibido "reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación irregular" de RTVV con algunas de sus empresas.
   Por su "volumen" y el "número de irregularidades" detectadas el Ministerio Público destaca el acto del V Encuentro Mundial de las Familias, que la televisión pública valenciana adjudicó a Teconsa por un importe de 7.493.600 euros.
   Los trabajos fueron subcontratados después a las "empresas pantalla" Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.

El PSPV insta a Fabra a aprovechar el congreso del PPCV para cesar a Blasco

VALENCIA.- La diputada socialista en las Corts y portavoz de Movimientos Sociales, Inmigración y Juventud, Clara Tirado, ha instado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a que aproveche una cita tan importante para su partido como es el Congreso del PP, que comienza mañana, y las primeras palabras que diga sea "he cesado a Rafael Blasco", con motivo del caso del supuesto desvío de fondos de cooperación, en su etapa como conseller de Solidaridad y Ciudadanía.

   Tirado, en un comunicado, ha asegurado que las informaciones publicadas tras hacerse público el sumario "son de tal de tal gravedad que si Blasco tuviera un mínimo de decencia o de dignidad política debería marcharse al margen de las consecuencias jurídicas o penales que pudieran derivarse del proceso".
   "Lo que dice el sumario y que hoy hemos conocido provoca tal vergüenza e indignación que Blasco no puede estar ni un minuto más como portavoz al frente del grupo que sostiene al Gobierno en esta Comunitat", ha señalado Tirado.
   Asimismo, ha indicado que el sumario "confirma todas las denuncias que desde el grupo socialista se han realizado a lo largo de todo el proceso de investigación".
   "Hoy hemos visto como se han confirmado las cantidades que en su día denunciamos que se habían desviado de los fondos de cooperación, el procedimiento, así como la operativa, absolutamente todo lo que explicamos a lo largo de todo el proceso y que Blasco ha negado, descaradamente, durante todo este tiempo, hoy se ha confirmado", ha reiterado la diputada socialista.
   "Pero además, --ha afirmado--, hoy nuevamente queda evidenciado que las palabras de Blasco no tienen ningún valor". En este sentido Tirado ha recordado que a través del sumario se ha conocido que "tanto los hechos como los testimonios de los imputados apuntan a Rafael Blasco como el centro de la trama ya que conocía a la perfección su funcionamiento y es altamente probable que también participara de ella como principal urdidor de la misma", ha señalado.
   Del mismo modo, ha afirmado que "es evidente que ni Rajoy, ni María Dolores de Cospedal quieran visitar la Comunitat y mucho menos participar en el Congreso del PP, donde evitar la foto con algún presunto imputado o implicado en alguno de los casos de corrupción que salpican al PPCV sería misión imposible"

El socialista Toni Gaspar anuncia su candidatura a la Secretaría General de la provincia

VALENCIA.- El alcalde de Faura y portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha anunciado este viernes su candidatura a la Secretaría General de la provincia de Valencia, que se elegirá en el próximo congreso provincial. 

   En un comunicado, Gaspar ha mostrado su intención de ir "agrupación a agrupación y hablar con cada militante de este partido porque los socialistas elegimos a nuestro secretario general, no lo designa nadie".
   Además, también ha señalado que le hubiera gustado ser "el primer secretario general elegido por todos los militantes socialistas mediante la elección un militante un voto", una fórmula que, según ha recordado, se aprobó en el último Congreso Nacional del PSPV-PSOE.
   Por ello, ha lamentado que "se me queda esta espina clavada" y ha avanzado que si sale elegido secretario general de la provincia será "el último" que se elija de forma indirecta porque "el próximo proceso se realizará mediante el voto de cada militante, ya que, así lo aprobamos por mayoría absoluta".
   Sin embargo, ha advertido que, independientemente del proceso de elección, "yo creo que todos los militantes de este partido tienen ideas que aportar y que la decisión última es suya, por eso, escucharé a todos" porque, a su juicio, ahora "lo más importante es hablar con los militantes en las agrupaciones para elegir entre todos al secretario general".
   En este sentido, Gaspar ha señalado que como portavoz socialista en la Diputación de Valencia ha recorrido "buena parte de la provincia de Valencia y he visitado pueblo a pueblo, allá donde gobernamos y también donde estamos en la oposición, porque creo que es muy importante conocer bien a nuestra gente, las necesidades que tenemos y coordinar el mensaje del partido entre todos".
   Por último, Gaspar, que ha estado acompañado por el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, y el alcalde de Titaguas, Ramiro Rivera, se ha mostrado convencido de que "es posible hacer las cosas de otra forma" y ha recordado que desde la plataforma @una "queremos trabajar sin etiquetas, sin ningún '-ista', porque lo único que somos es socialistas y así tenemos que trabajar".
   Además, ha añadido que "mucha gente comparte este mensaje y por eso siempre hemos estado abiertos a nuevas incorporaciones y hemos conseguido ampliar el proyecto con más gente que cree en nuestro mensaje y que entiende que es posible hacer las cosas de otra manera".

El PP no es partidario de una comisión de investigación en el Congreso sobre Bankia

MADRID.- El Partido Popular no es partidario de constituir una comisión de investigación en el Parlamento que analice y depure posibles responsabilidades sobre lo que ha sucedido en Bankia, máxime cuando esta entidad financiera es una "pieza más" en la reforma del sector financiero.

   Así se deduce de las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Elvira Rodríguez, que ha dicho que hay que "trabajar" en algo que "sirva en positivo" para "solucionar los problemas" que tiene España y, "sobre todo para ver qué es lo que ha fallado".
  "En este momento yo no tengo información sobre lo que se ha decidido pero una comisión de investigación como tal no creo que sea un lazo directo con lo que ha pasado con Bankia, que es una pieza más en la reforma del sector financiero que es tan importante para España y que realmente nos tiene que servir para lo que nos sirven todas las reformas que está haciendo el Gobierno, que es crecer y crear empleo", ha manifestado.
   Después de que el PSOE haya pedido la comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Rodríguez Ordóñez, y del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, Rodríguez ha afirmado que no disponía de información acerca de lo que decidirá finalmente el Grupo Popular que dirige Alfonso Alonso.
  En cuanto a la caída que este jueves sufrió Bankia en la Bolsa y la subida de casi un 30 por ciento este viernes, la exministra del PP lo ha achacado al mensaje que ha ofrecido el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, haciendo hincapié en que se trata de una entidad "segurísima". "Ayer intervino su nuevo presidente dando seguridad y se ha producido ese rebote tan importante", ha apostillado.

El Gobierno apoyará la financiación de las CC.AA. con el instrumento que considere "oportuno"

MADRID.- La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno apoyará la financiación de las comunidades autónomas, aunque tomará la decisión que considere "oportuna" para hacerlo y tendrá en cuenta el cumplimiento de los planes de reequilibrio.

   Así lo ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que la cuestión no se ha tratado en la reunión de este viernes y no ha precisado si la ayuda se concretará en 'hispanobonos'.
   En cualquier caso, la portavoz ha afirmado que el Gobierno es "muy consciente" de las necesidades de financiación de las comunidades y los vencimientos de deuda que tienen por delante, como el resto de las administraciones.

Las acciones de Bankia se disparan un 23,49%

MADRID.- Las acciones de Bankia se han disparado un 23,49% en la Bolsa y han puesto fin a diez días consecutivos de sangría después de los mensajes tranquilizadores lanzados a los clientes de la entidad tanto por su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como por el Gobierno.

   Los títulos de la entidad se han desquitado este viernes de la jornada negra que sufrieron ayer y en la que llegaron a hundirse un 30% ante informaciones sobre la fuga de depósitos, desmentidas rotundamente por el Ministerio de Economía y por la propia entidad.
   La espectacular remontada experimentada este viernes por las acciones de Bankia ha logrado mitigar el descalabro semanal al 15%, al sellar la última jornada en 1,756 euros. Así, la pérdida de valor para los accionistas se establece en el 53%.
   El flamante presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, que sustituye en el cargo a Rodrigo Rato, es poseedor de 23.000 títulos de la entidad, según figura en los últimos registros de la CNMV. Goirigolzarri acometió su inversión días antes de ser nombrado por el consejo de administración.
   Por su parte, sindicatos de profesionales de Bankia emprendieron el jueves un movimiento a favor de la entidad en el que instaba a los trabajadores y familiares a comprar acciones para evitar su descalabro en Bolsa y contribuir a garantizar su futuro.

Montoro podrá destituir a cargos públicos que incumplan la Ley de Estabilidad

MADRID.- El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro tendrá el poder de sancionar a los altos cargos de "cualquier administración pública", Estado, CCAA o ayuntamiento, que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según se recoge en el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".

   La Ley de Transparencia consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.
   La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.
   La norma establece que el órgano competente para "ordenar la incoación" cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de secretario de Estado será el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda. En los demás supuestos, el órgano competente será el titular de Hacienda.
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a "la pérdida de la condición de alto cargo".
 "La inhabilitación, como es una pena, la hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.
   Hace un par de meses, se preguntó a la portavoz si, en caso de que un consejero no envíe un plan de ajuste a Hacienda, el responsable podría ser el  presidente autonómico. Santamaría hizo hincapié en que "el responsable solo puede ser el competente".
 "La competencia determina la responsabilidad", recalcó entonces.
  Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha señalado este viernes que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de "muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.
   Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
   Entre las novedades hay un impulso de la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.
   La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.
   Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Santamaría ha concretado que "es una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información" para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a "un único órgano que se encargará de redistribuirla".
   Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según la vicepresidenta.
   Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.
  El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración democrática y considera  que "tendrá efectos económicos porque genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación parlamentaria.
   Sáenz de Santamaría ha manifestado que se trata de una norma "compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.

El plan de la Generalitat Valenciana refleja una caída de ingresos de 1.400 millones

VALENCIA.- El Plan de Reequilibrio presentado por la Generalitat valenciana atribuye fundamentalmente a una caída de ingresos corrientes de 1.400 millones del año 2010 respecto al ejercicio anterior --un 10,7 por ciento menos--, que no se alcanzara el objetivo de déficit del 2,2 por ciento; así como a la dificultad de extender, a corto plazo, las medidas de contención del gasto a áreas básicas de prestación de servicios públicos, que absorben la parte fundamental del gasto público autonómico.

   "Evidentemente, de no haberse producido la citada caída del 10,7 por ciento de los ingresos, la desviación del objetivo de estabilidad no hubiera alcanzado el 2,2 por ciento", justifica el documento.
   En el plan de ajuste, el Gobierno valenciano especifica también las previsiones de ahorro derivadas del nuevo modelo de gestión sanitaria. En este caso, el Consell informó de un ahorro previsto anual de 443 millones --263 millones de los servicios no sanitarios y 180 millones por el canon de uso de los centros hospitalarios--.
   El documento presentado al CPFF concreta un ahorro por la gestión de servicios no sanitarios de 200 millones en 2013 y 60 millones en 2014 y cuantifica el impacto de la medida en 360 millones en 2013 y -150 millones en 2014 por el canon de uso de instituciones sanitarias.
   En cuanto a la evolución financiera hasta 2014, el Consell plantea unos escenarios de incremento de la deuda de 1.902,43 millones en 2012; 1.368,58 millones en 2013; y 1.296,43 millones en 2014; de manera que a final de 2014 sume 24.770,14 millones.
   Asimismo, el plan de ajuste detalla por trimestres los vencimientos de deuda de la administración de la Generalitat y organismos autónomos más el de entes públicos y universidades en 2012, de manera que a final de año asciende a 8.119,67 millones.
   Por otra parte, el plan recoge, como ya anunció el Consell, ingresos estimados en 38 millones de euros en 2012 por la subida de las tasas universitarias, que ascenderá a 42 millones en 2013. La recuperación del impuesto de patrimonio reportará en 2013, según el documento, 70,66 millones de euros
   También contempla un ahorro de 76 millones con el céntimo sanitario, de 44,50 millones por el impuesto sobre actos jurídicos documentados, de 8 millones por tasas medioambientales, de 4 millones en tasas judiciales, de 10 millones por las de transmisiones patrimoniales de 285,40 millones adicionales derivados del modelo de financiación.

La desviación de Madrid, Valencia y Castilla y León eleva el déficit al 8,9% del PIB

MADRID.- El Gobierno ha elevado el déficit del Estado en 2011 al 8,9% del PIB, frente al 8,51% anunciado en febrero a la Unión Europea, ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado. 

   Este aumento en cuatro décimas para el pasado año, que no afectará a la previsión del 5,3% del PIB para 2012, es consecuencia de la desviación adicional del déficit de las comunidades autónomas en unos 3.000 millones de euros destapada en los Planes de Equilibrio Financiero (PEF) aprobados ayer jueves, así como por la transparencia derivada de la operación de pago a proveedores.
   En concreto, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León han incluido en los planes resultados de déficit al cierre de 2011 superiores a los comunicados en el avance de liquidación al Ministerio de Hacienda.
   Así, la Comunidad de Madrid declaró en un principio un déficit del 1,13% y lo ha elevado al 2,21%, la Comunidad Valenciana presentó inicialmente a Hacienda una desviación del déficit del 3,68% de su PIB, que ha elevado en el plan de ajuste al 4,5%, y Castilla y León ha admitido una desviación del 2,59%, por encima del 2,35% anterior.
   El Gobierno ya ha comunicado el nuevo dato a Eurostat y en la información trasladada a la Oficina Estadística de la UE y explica  que la desviación se debe al aumento del déficit de la Comunidad de Madrid y de Valencia, y en menor medida a Andalucía y Castilla-León.
   Según indica a Eurostat, el Ejecutivo "ha identificado de una manera más correcta el déficit de las CCAA gracias a la operación de pago a proveedores, que ha supuesto una auténtica circularización de deudas pendientes", es decir, un gasto pendiente de pago que no estaba incluido en la comunicación provisional de cierre de 2011 que se hizo el pasado mes de marzo, fecha de vencimiento del plazo de comunicación del avance provisional de las cuentas del sector público.
   Según Hacienda, el déficit previsto para este año se mantendrá en el 5,3% del PIB para el conjunto de las Administraciones y del 1,5% para las Comunidades Autónomas, tal y como estaba previsto, ya que los planes económicos aprobados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ya tenían en cuenta estas desviaciones.
   En este sentido, el departamento que dirige Cristobal Montoro destaca que con la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y con los Planes Económicos Financieros aprobados en el último CPFF "se puede garantizar que no volverá a haber facturas ocultas en los cajones".
   En la misma línea, señala que esto se garantizará gracias al seguimiento mensual en términos de contabilidad nacional y a través de la central de información, lo que permitirá un conocimiento completo de las cuentas del conjunto de las Administraciones Territoriales.
   Tras subrayar el esfuerzo de transparencia y justicia que implica el mecanismo de pago a proveedores y que va a suponer el pago en breve de casi 27.000 millones de euros por facturas, desde Hacienda se hace hincapié en que la Ley de Presupuestos para 2012 permitirá ahondar en los objetivos de transparencia e imagen fiel de las cuentas públicas introduciendo pruebas de cumplimiento de auditoría orientadas al control de los saldos de proveedores.
   Por ello, reitera que la desviación en el déficit no tendrá impacto en las cuentas de este año y subraya que todas las Comunidades Autónomas están comprometidas con el objetivo de alcanzar el 1,5% de déficit en el 2012.
   Con esta comunicación a Eurostat, el Gobierno se adelanta a la información definitiva que será remitida a finales de septiembre, como indica y exige el propio calendario que Eurostat aplica a todos los Estados miembros, una vez completado el proceso de negociación bilateral con cada subsector y que se extiende desde la primera comunicación provisional, en marzo, hasta la definitiva, cuyo plazo vence el próximo mes de septiembre.
   Este es el procedimiento habitual que España viene realizando anualmente; en base al mismo se emite el informe de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria correspondiente al ejercicio inmediato anterior del que se da cuenta al CPFF del mes de octubre.
   El nuevo resultado obtenido deriva de operaciones denominadas "one off" (de efecto en un solo ejercicio) porque corresponde a gastos de años anteriores concentrados principalmente en dos comunidades autónomas y en gasto por pago a proveedores.