lunes, 22 de septiembre de 2008

La CNMV aprieta las tuercas a la CAM y al Banco de Valencia

MADRID.- El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNVM) exigirá desde el próximo día 24 de septiembre que se comuniquen las 'posiciones cortas' sobre acciones o cuotas participativas de 20 entidades españolas cuando se supere el 0,25% del capital social admitido a negociación, informó hoy el organismo supervisor.

Los valores a los que afecta esta medida son Santander, BBVA, Banco Popular, Banesto, Bankinter, Banco Sabadell, Banco de Andalucía, Banco de Castilla, Banco de Crédito Balear, Banco de Galicia, Banco Guipuzcoano, Banco Pastor, Banco de Valencia, Banco de Vasconia, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Mapfre, BME, Renta 4, Grupo Catalana Occidente e Inverfiatc.

El organismo que preside Julio Segura explicó que se entiende por 'posición corta' "el resultado neto de todas las posiciones en distintos instrumentos financieros, incluyendo las propias acciones y cuotas participativas y todo tipo de derivados de ellas, que supongan un efecto positivo para el titular antes descensos en el precio de las acciones sobre las que se declara la posición".

El supervisor explicó que se trata de una medida "imprescindible", aunque aseguró que tendrá "carácter temporal", que entrará en vigor a las 00.01 horas del día 24 de septiembre y que se mantendrá hasta el momento en que "por desaparecer las condiciones de mercado que lo han motivado, la CNMV así lo establezca.

En este sentido, la CNMV subrayó que, en tanto se mantengan las condiciones de mercado actuales, "extremará el ejercicio de sus facultades de vigilancia y supervisión" sobre las operaciones en instrumentos financieros y, en especial, aquellas que pudieran ser constitutivas de abuso de mercado.

De esta forma, tanto las personas físicas como jurídicas deberán hacer públicas las 'posiciones cortas' que ostenten en los citados veinte valores, listado que podrá modificar la CNMV "en cualquier momento". Además, deberán comunicar las variaciones de dichas posiciones, antes de las 19.00 horas del día siguiente a su modificación, siempre que supongan un incremento de la 'posición corta' o una disminución por debajo del umbral del 0,25%.

La CNMV precisó que la publicación requerida se hará a través de la remisión de un comunicado a la Dirección General de Mercados, que procederá a su publicación como hecho relevante. Dicho comunicado deberá incluir la identificación del declarante, la fecha de la declaración y las posiciones cortas netas resultantes, expresadas en número de valores y porcentaje del capital (o el saldo de cuotas participativas emitidas en su caso) en cada uno de los valores afectados.

Asimismo, el regulador recordó que existen normas que "prohíben y penalizan las ventas en corto descubiertas", por lo que instó a los miembros del mercado a asegurarse de que sus clientes y ordenantes cuenten con los valores antes de procesar sus órdenes de venta.

Las ventas en corto descubiertas, son aquellas en las que el vendedor no dispone previamente de los valores que vende, bien sea por medio de una adquisición previa, de un préstamo de valoresacordado o formalizado con anterioridad a la venta o del ejercicio previo irrevocable de un derecho de conversión, opción u otro instrumento derivado.

En particular, "una venta justificada en su fecha de liquidación mediante un préstamo de valores registrado en fecha posterior a la de venta se considerará una venta en corto descubierta salvo que el vendedor pueda acreditar disponibilidad suficiente de valores de forma previa a la venta", explicó la CNMV.

En este sentido, el supervisor indicó en un comunicado que considerará como un indicio de conducta constitutiva de abuso de mercado, en el sentido de falsear la libre formación de precios, la ocultación de la información sobre 'posiciones cortas' y la traslación de información falsa a los miembros de los mercados secundarios oficiales en lo relativo a la disponibilidad suficiente de valores antes de ordenar una venta.

A este respecto, la CNMV "tendrá en cuenta las necesidades operativas de aquellas entidades que realicen de forma habitual funciones de creación de mercado, es decir, que operen por cuenta propia para proveer liquidez, cubrir o atender operaciones con clientes y realizar la cobertura de posiciones en instrumentos derivados en los que actúe como proveedor de liquidez o creador de mercado".

Armiñana ultima la renegociación de su deuda de 300 millones para evitar la crisis

VALENCIA.- El promotor Juan Armiñana, uno de los más conocidos de Valencia por su actividad social y fallera, negocia con la banca la renegociación de su deuda, cifrada en 300 millones de euros, para salir de su crisis. El empresario se ha comprometido a entregar parte de sus activos, suelo y el hotel Londres, ubicado en la capital, para llegar a un acuerdo con las entidades financieras, según "El Mundo".

El dueño de Armiñana Promociones Inmobiliarias confirmó que está entregando algunos de sus activos a las entidades financieras a cambio de la refinanciación de la deuda. Entre esos bienes podría figurar el hotel Londres, situado en el centro de Valencia, adquirido en su día por 11,8 millones de euros.

La posible venta del hotel Ingles, de tres estrellas, ha sido comentada en el mercado inmobiliario en los últimos dos años. A comienzos de mes, el promotor valenciano revelaba a este diario que había recibido ofertas "insultantes" por ese establecimiento que había "rechazado".

El negocio hotelero ha formado parte de la estrategia de Armiñana, quien comentó, a comienzos de año, que su grupo estaba terminando un establecimiento de cuatro estrellas en Estepona (Málaga) y tenía suelo para un tercero en Villajoyosa.

Juan Armiñana destacó que ya ha acabado todas las obras previstas y ha entregado recientemente su último edificio en Valencia. Además señaló que atiende todos sus compromisos con los proveedores, a los que no debe dinero, dijo.

Fuentes del sector financiero destacaron que la actitud del promotor es "muy positiva" en la negociación para refinanciar su deuda que el promotor fijó en 300 millones de euros. Los principales acreedores del empresario son Bancaja, Caja Mediterráneo (CAM) y Caja Castilla-La Mancha (CCM).

Las agencias de calificación de riesgo no avisaron del caos que se avecinaba

MADRID.- Fallaron al no detectar a tiempo los problemas que acabaron con Enron, en 2001. Volvieron a fallar el año pasado, cuando no hicieron sonar las alarmas ante la gravedad de la crisis subprime, afirma "El País".

En esta ocasión, las agencias de calificación de riesgo tampoco avisaron de que los mayores bancos de negocios de Wall Street estaban a punto de irse a pique. La confianza en el trabajo de estas agencias, uno de los pilares del sistema financiero, está una vez más en entredicho. Descontentas por su papel en la crisis, las autoridades europeas y de Estados Unidos han decidido cambiar las reglas del juego.

El terremoto que ha sacudido esta semana Wall Street ha vuelto a poner en el punto de mira a Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch, las tres principales empresas del sector. Hasta el 10 de septiembre, Moody's no advirtió a Lehman de que rebajaría su calificación si no conseguía rápidamente un comprador. Cinco días después, Lehman se declaraba en bancarrota. S&P rebajó ese mismo día su calificación a Lehman de A, considerada buena, a insolvente.

El 17 de marzo pasado, al reafirmar su calificación A1 a la deuda a largo plazo de Lehman, Moody's afirmaba que el banco "ha navegado muy bien hasta ahora por unos mercados financieros persistentemente volátiles".

Las críticas y las llamadas a un mayor control de las agencias de calificación han sido contundentes a uno y otro lado del Atlántico. El propio candidato demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama, las ha señalado con el dedo por haber dado, en ocasiones, sus mejores notas a bonos vinculados a hipotecas basura y a los bancos que los emitieron o los compraron.

"Debemos investigar a las agencias de calificación y los posibles conflictos de intereses con la gente a la que están calificando", afirmó Obama en un acto de campaña.

Uno de los más duros ha sido el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, quien manifestó el jueves que la actuación de las agencias en 2007 suscitó dudas sobre hasta qué punto han llegado a ser parte de los fallos detonantes de la crisis.

"Los bruscos, con frecuencia tardíos, y no siempre justificados cambios de las calificaciones de ciertos productos, han sido, sin lugar a dudas, un catalizador de la crisis, y cabe pensar que, en algunos casos, pudieran reflejar la existencia de problemas de conflictos de intereses", dijo Segura.

En efecto, el año pasado las agencias no comenzaron a rebajar la calificación de determinados activos vinculados a hipotecas basura -en muchos casos AAA, la misma que los bonos del Tesoro de Estados Unidos-, hasta que éstos no habían perdido gran parte de su valor en el mercado.

Tras investigar durante 10 meses el trabajo de Moody's, S&P y Fitch, la Securities and Exchange Comission (SEC), organismo regulador de los mercados estadounidenses, llegó en julio pasado a la conclusión de que las agencias incurrieron en un conflicto de intereses al calificar determinados activos.

Las agencias, según la SEC, incumplieron las normas destinadas a impedir que otorgaran calificaciones altas en beneficio propio.

El conflicto de intereses está en el núcleo de todas las críticas. Durante años, las agencias ayudaron a los bancos de inversión -a cambio de cuantiosas tarifas- a colocar en el mercado créditos hipotecarios en forma de complejos activos financieros. Al preparar una emisión de esos bonos, las agencias garantizaban a los colocadores una buena calificación para el producto, que así se vendía más fácilmente.

Pero las agencias no quieren ser el chivo expiatorio de la crisis y apuntan hacia otros culpables: la Reserva Federal, la SEC, los propios bancos y la prensa financiera tampoco supieron detectar a tiempo el peligro que se avecinaba, ni ahora ni cuando estalló la burbuja inmobiliaria, sostienen sus responsables.

La crisis subprime y la tormenta desatada por la caída de Lehman Brothers cambiará para siempre el marco regulatorio en que se mueven las agencias de calificación. La Unión Europea y Estados Unidos se disponen a cambiar las reglas actuales.

Tras afirmar que las agencias fueron incapaces de "oler la putrefacción" en los mercados, el comisario europeo de Mercado Interno, Charlie McCreevy, anunció su intención de obligar a las agencias a inscribirse en un registro de la Unión Europea. La Comisión presentará propuestas sobre regulación a finales de octubre.

El comisario de Economía, Joaquín Almunia, declaró esta semana que es necesario mejorar la transparencia y los mecanismos de gestión de riesgos y aclarar los criterios para una adecuada valoración de los activos.