Unos 200 delegados sindicales ocupan la Conselleria de Sanidad para protestar contra los recortes en el sistema público

VALENCIA.- Unos 200 delegados de las organizaciones sindicales CEMSATSE, UGT, CCOO, CSIF, USAE e Intersindical han ocupado este martes la sede de la Conselleria de Sanidad para exigir que se convoque la Mesa Sectorial de negociación, ante las medidas de "recorte" que ya está aplicando el Gobierno valenciano en la sanidad pública y le nuevo paquete de cerca de 300 medidas que prepara con el objeto de reducir el gasto sanitario en 550 millones de euros, algo que, según han advertido, llevará a 40.000 personas a engrosar las listas de espera para intervenciones quirúrgicas a lo largo de 2012.

   Los delegados sindicales han aprovechado la reunión que esta misma mañana se llevaba a cabo entre el conseller de Sanidad, Luis Rosado, y los gerentes de los departamentos de salud para concretar un nuevo paquete de medias de ajuste en la sanidad pública para llevar a cabo su protesta. Así poco antes de las 11.00 horas han entrado a Conselleria y han recorrido el edifico ataviados con silbatos, bocinas, banderas sindicales y pancartas, entre las que se podía leer   'los valencianos no queremos pagar tus despilfarros. Vela dimisión!'

   Asimismo, han vuelto a registrar una petición para que se convoque la Mesa de Negociación y se trate con los sindicatos estas nuevas medias, unas 270 calculan, que según denuncian llevarán a un "grave deterioro" de la calidad asistencial. Entre otras cosas, han dicho, "si ya hay 40.000 pacientes en lista de espera, ahora habrá que sumar 40.000 más". Pero no solo eso, "ya han tocado el bolsillo del personal sanitario, hay recortes destinados al gasto corriente en proveedores y suministros, ahora solo queda recortar servicios".

   Esto "ya ha empezado, con la reducción de personal de guardia en los centros de salud, con la reducción de puntos de guardia y ahora, su "temor" es que este tipo de medidas vayan a más, ya que aseguran que Sanidad "tiene en mente concentrar las urgencias de algunas especialidades en algunos hospitales", de modo que no todos los hospitales van a tener urgencias de todos los especialistas. Los concentrarán en áreas metropolitanas, han avanzado.

Un total de 56.038 personas escogen la Comunidad Valenciana como lugar de residencia

VALENCIA.- El saldo migratorio de la Comunitat Valenciana durante 2011 ha sido positivo en 511 personas, es decir, durante el pasado año hubo más personas que se establecieron en la región de las que emigraron. Así se desprende del estudio elaborado por el Observatorio Valenciano de la Inmigración (OVIM) a partir de los datos relativos a los flujos migratorios publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y referidos al 31 de diciembre de 2011.

   Concretamente, y de acuerdo con el análisis del Observatorio dependiente de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 56.038 ciudadanos inmigraron con rumbo a la Comunitat y, por el contrario, fueron 55.527 personas las que decidieron abandonarla para partir a otros países, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

   En los últimos años, los saldos migratorios en la Comunitat Valenciana han variado ostensiblemente, ya que en 2009 se produjo un saldo negativo de -6.768 personas, en cambio en 2010 el saldo volvió a ser positivo al establecerse en la región 1.252 personas más de las que la abandonaron. Esta línea alcista finalizó el pasado año, aunque con saldos inferiores a los contabilizados en 2010.

   Como ya avanzó el Observatorio Valenciano de la Inmigración en un informe publicado el pasado mes de julio sobre las variaciones residenciales, 'la inmigración tiene nombre de mujer'. Las razones son, fundamentalmente, "las posibilidades del género femenino para acceder al mercado laboral, lo que convierte a la Comunitat en un lugar atractivo para residir".

   En cuanto a la procedencia de los emigrantes e inmigrantes, el estudio elaborado por el OVIM indica que existe un saldo negativo entre los españoles de -1.366 personas y un saldo positivo, de 1.877, entre los ciudadanos extranjeros. En este sentido, cabe destacar que los varones procedentes de otros países descendieron en -2.331, mientras las mujeres obtuvieron un saldo positivo de 4.208 personas.

   Por provincias, resulta significativo que tanto Castellón como Valencia experimentaron durante 2011 un saldo negativo de -872 y -6.983 personas respectivamente. No ocurrió lo mismo en cambio Alicante, donde hubo un saldo positivo de 8.366 personas.

   En la provincia de Alicante se aprecia que durante 2011 obtuvo un saldo positivo muy superior al de los dos años anteriores. Este fenómeno está claramente ligado a la bajada de emigración hacia el exterior, ya que la inmigración fue incluso inferior a 2010, es decir, que cada vez se marchan menos personas de esta provincia. Así las emigraciones descendieron en la provincia alicantina en 4.863 personas respecto 2009 y en 7.264 personas respecto 2010.

En el caso contrario se encuentran las provincias de Castellón y Valencia, que en 2011 arrojaron un saldo negativo. La de Castellón vuelve a obtener un saldo negativo, como ya ocurrió en 2009, sin embargo en 2010 éste fue positivo. Por el contrario, la de Valencia sigue en línea decreciente desde 2009.

   En la provincia castellonense ha descendido tanto la inmigración como la emigración, aunque ligeramente a favor de la segunda, razón por la cual resulta un saldo negativo de -872 personas. Por el contrario, Valencia experimenta un aumento tanto de la inmigración como de la emigración, aunque esta última es muy superior a la cifra de ciudadanos llegados de otros países.

   Por lo que respecta al conjunto de autonomías españolas, el estudio elaborado por el Observatorio Valenciano de la Inmigración señala un saldo negativo de -50.090 personas, arrastrado principalmente por los saldos de Cataluña (-36.313 personas), de la Comunidad de Madrid (-21.952) y del País Vasco (-17.261).

   En el caso opuesto se encuentran Canarias (10.490), Andalucía (5.699) y Aragón (1.827), que son las comunidades que mayores saldos positivos presentan.

El PSPV lanza una campaña para que los valencianos puedan recurrir el cobro de la tasa de basura

VALENCIA.- El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de  Tratamiento de Residuos (Emtre), Salvador Soler, ha informado de que  su grupo ha puesto en marcha una campaña "para facilitar a todos los vecinos y vecinas la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra el cobro del aumento de la Tasa por Tratamiento de Residuos" aprobada por la Emtre.

   El responsable socialista se ha pronunciado en estos términos tras la reunión de coordinación mantenida con los representantes de los  municipios afectados por el incremento de la tasa aprobado por el PP en la Emtre, según ha informado el PSPV en un comunicado.

   Soler ha adelantado que los socialistas han preparado un modelo de recurso de reposición para que todos los ciudadanos "tengan oportunidad de recurrir contra un aumento de la tasa exagerado y desproporcionado, que incumple la Ley General Tributaria y que no se ha notificado a los afectados".

   Salvador Soler ha indicado que durante el próximo mes las agrupaciones socialistas dispondrán de una copia del recurso que podrán facilitar a los vecinos". En esta línea, ha explicado que también harán uso de las redes sociales y han previsto que cada agrupación disponga en formato electrónico del modelo de recurso para que los ciudadanos puedan descargarlo de su página web, blog o página de Facebook.

   "La campaña se desarrollará durante el próximo mes y nosotros mismos nos encargaremos de entregar los recursos en la sede de la Emtre", ha adelantado el portavoz socialista. Así, ha resaltado que los vecinos únicamente deben rellenar sus datos personales, aportar una copia del recibo del agua y firmar el recurso.

   El modelo de recurso plantea que "la nueva Tamer supone un exagerado y desproporcionado incremento de las tarifas" sin que se hayan justificado "adecuadamente los motivos de estos aumentos desorbitados".

   En segundo lugar, el recurso plantea que "se ha procedido a incorporar la nueva tasa en los recibos del agua sin practicar previamente la preceptiva notificación de la nueva liquidación de la Tamer", lo que supone que se ha provocado "indefensión legal y material a los sujetos pasivos del tributo".

   Por último el recurso de reposición argumenta que "la Ley General  Tributaria prevé que la simple interposición de un recurso  administrativo de reposición suspende la ejecución del acto impugnado  cuando se trata de un error aritmético, material o de hecho,  circunstancia que ocurre en el presente supuesto".

   Soler ha explicado que "ante estos argumentos el recurso solicita que se anule la liquidación impugnada y se suspenda cautelarmente el trámite de recaudación".

El juez pide a la Guardia Civil que averigüe si una constructora realizó obras en la localidad del ex gerente de Emarsa

VALENCIA.- El magistrado que instruye el 'caso Emarsa', en el que se investiga el agujero de 17 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha pedido a la Guardia Civil que le informe acerca de si Construcciones y Reformas Rocafort o alguna empresa contratada por ella realizó en 2008 o ejercicios anteriores alguna obra en la localidad de Casas Ibáñez, de donde es natural Esteban Cuesta, el que fuera gerente de la depuradora y uno de los principales imputados en el caso.

   Así consta en una providencia dictada por el juez instructor, con fecha 16 de enero, en la que también solicita que se recaben de la Agencia tributaria (AEAT) los documentos de ingresos y pagos correspondientes a Construcciones y Reformas Rocafort en los ejercicios anteriores a 2008. El juez tomó declaración este lunes de nuevo como imputados a dos hermanos García Martínez, --Sebastián y María Paz García Martínez--, relacionados con Construcciones y Reformas Rocafort y Mantenimientos Valmasmark, empresas investigadas en esta causa.

   Según se señala en la providencia, en 2008, la empresa de reformas declaró ingresos y ventas por importe de 1.357.275,66 euros, de los que 814.021 se correspondieron con ventas a Emarsa mientras que el resto no obedecía a operaciones con ningún cliente ya que se realizaron con Microprocesadores Valencia, Sofitec Informática y Manteniimientos Valmasmark.

   Ese mismo año, según se señala en la providencia, se declararon compras o pagos a cuatro empresas relacionadas con la construcción, tres de ellas de Casas Ibáñez y una de Madrigueras (Albacete). El juez ha pedido a los representantes de estas cuatro mercantiles que entreguen en el juzgado la documentación que acredite su relación comercial en 2008 y en cualquier otro ejercicio con esa empresa.

   Para ello, ha pedido que la Guardia Civil haga las gestiones necesarias para informar si construcciones y reformas Rocafort hizoalguna obra en Casas Ibáñez o si la llevóa  cabo alguna otra empresa contratada por ella, y que se informe al juzgado para quién se hizo y donde está.

   De la investigación realizada hasta el momento en la causa y según el informe de Hacienda, Emarsa tiene en sus libros registro de anotaciones de IVA y en los libros de contabilidad por facturas recibidas de diversas entidades --entre ellas las relacionadas con estos imputados--, en concepto de entrega de bienes y/o prestaciones de servicios en las que no ha sido acreditada de manera veraz la entrega del bien o la prestación del servicio por el que se facturó.

El Gobierno podrá "intervenir" a las comunidades que no cumplan con el déficit

MADRID.- Las sanciones que el Gobierno pondrá en marcha para las comunidades autónomas que no cumplan los objetivos de déficit podrían suponer la "intervención" del Estado, que podría encargarse de tutelar los planes de reequilibrio de dichos territorios.

   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde el Gobierno ha tratado con las comunidades la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria.

   Montoro ha explicado que las sanciones dependerán de la magnitud y la reiteración de los incumplimientos de las comunidades, aunque se respetarán las competencias autonómicas. "Puede llegarse a una intervención temporal", ha dicho, tras asegurar que la idea es trasladar lo que marca la gobernanza europea, incluso a la hora de cuantificar las sanciones.

   El ministro ha asegurado que el Gobierno no dejará que las administraciones tengan problemas de liquidez "muy agudos", para lo que pondrá en marcha diversas medidas, como la implementación de una nueva línea ICO para que las comunidades puedan afrontar pagos pendientes con proveedores.

   Esta nueva línea, que se extenderá a las corporaciones locales, está aún pendiente de concreción, ya que tal y como ha dicho el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, primero hay que conocer la cuantía pendiente de pago.

   De la misma forma, el Ejecutivo ampliará a diez años el plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correspondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (unos 31.000 millones de euros).

   En esta misma línea, el Gobierno adelantará a las comunidades la liquidación del ejercicio de 2010, por la que el Estado tiene que devolver a las comunidades unos 6.000 millones más 2.000 millones que forman parte de fondos que no se anticiparon en su momento. De esta forma, las comunidades recibirán ahora estos 8.000 millones y no en julio, como estaba previsto.

   Por otro lado, el Gobierno simplificará las autorizaciones de endeudamiento de las comunidades, que antes se hacían en tres plazos y ahora se harán solo dos autorizaciones iguales en importe.

   De la misma forma, el Ejecutivo central facilitará la refinanciación de la deuda de las comunidades con una sola autorización en dos tramos, mientras que antes se requerían dos (una en el primer semestre y otra en el segundo).

   Estas medidas, que no supondrán un incremento del déficit, mejorarán la liquidez de las comunidades y demuestran, según Montoro, que el Gobierno ha alcanzado con las comunidades un "compromiso de Estado" para reducir el déficit.

   De hecho, dependerán de este compromiso y del grado de cumplimiento de sus planes de saneamiento a través de un control que liderará el Ministerio de Hacienda.

   Montoro ha asegurado que, frente a lo que hacía el anterior Gobierno, el Ejecutivo 'popular' ha decidido asumir la reducción del déficit como una tarea "constitucional" que implica la coordinación de política económica entre todas las administraciones.

   Con todo, el titular de la cartera de Hacienda ha resaltado la importancia de la reunión por el compromiso que han adquirido todos los presentes de trabajar por la austeridad y seguir avanzando en todos estos contenidos en reuniones técnicas que se celebrarán las próximas semanas. "Ha ido francamente bien", ha dicho.

Cajamar y Ruralcaja aprueban su fusión para ofrecer "más eficacia y solidez"

ALMERÍA/VALENCIA.- Las asambleas generales de delegados de Ruralcaja y de Cajamar Caja Rural han aprobado este martes por unanimidad el proyecto de fusión que dará lugar a la creación de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas.

   El acuerdo será remitido ahora a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad para el inicio del trámite de autorización, previo informe del Banco de España.

   En su intervención, el vicepresidente y consejero delegado de Cajamar Caja Rural, Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, quien asumirá el liderazgo de la entidad resultante, ha señalado que entre los objetivos de Caja Rurales Unidas figura "contribuir, con una mayor eficacia, eficiencia y solidez, a satisfacer las necesidades financieras de sus socios y clientes", lo que pasa, ha señalado, "por mejorar la organización y simplificar" los medios para ser "más competitivos y generar economías de escala, incrementando la oferta de productos y servicios con la consiguiente mejora de nuestras capacidades".

   La propuesta ha contado con el respaldo de la totalidad de los delegados asistentes y representados que han participado en las asambleas extraordinarias celebradas este mediodía en Valencia y Almería, en las que también se ha votado y elegido el nuevo consejo rector de la entidad resultante de la fusión que arroja como datos más significativos 65.615 millones de euros de negocio gestionado y activos por importe de más de 38.000 millones, además de un coeficiente de solvencia del 12,3%.

   Cárdenas ha señalado, asimismo, que se hace "imprescindible" tomar en consideración la realidad presente y, de forma "profesional y responsable", afrontar el futuro conscientes de la necesidad de "ganar significativamente en eficiencia reduciendo costes de transformación, como medio ineludible para poder competir en el mercado actual".

   En este sentido, ha indicado que como consecuencia de las sinergias derivadas de la fusión entre Cajamar y Ruralcaja, para 2012 y 2013 se espera una mejora del margen de explotación de 67 millones de euros, "provenientes fundamentalmente --ha ahondado-- de la mejora de productividad y rentabilidad, ahorro de tecnología y de gastos generales".

   La fusión aprobada este martes, que dará lugar a una nueva entidad cuya denominación social será 'Caja Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito' y que fortalece aún más su posición como líder del sector de cajas rurales españolas, se plantea en el actual escenario de reestructuración del sistema financiero español, y de las cajas rurales en particular, en el que ambas entidades han venido trabajando en los últimos años liderando la creación del Grupo Cooperativo Cajamar y del Grupo CRM, cuya unión suma 22 entidades.

   En su intervención ante la asamblea general el presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, ha manifestado que ambas entidades coinciden en la necesidad de profundizar en el proceso de unidad del sector de las cajas rurales españolas y de defensa del sistema de crédito cooperativo. "Hoy damos un nuevo paso adelante en nuestro propósito de conformar una gran entidad nacional y un gran grupo financiero consolidable de cajas rurales españolas", ha especificado.

   A continuación, tras reiterar que el proceso actual de reestructuración del sistema financiero exige tamaño y un proyecto de cooperación moderno, actualizado y con visión de futuro, ha lamentado que la mayoría de las entidades no hayan progresado en la medida deseable. "No queremos el mal de nadie, --ha apuntado-- sino un futuro de crecimiento y progreso para el crédito cooperativo en el que creemos, y si es posible ayudar a todos, ayudarnos todos y que nadie se pierda en el camino".

   Por su parte, en la asamblea celebrada en Valencia, el presidente de Ruralcaja, Eduardo Ferrer Perales ha manifestado que la propuesta de fusión entre Ruralcaja y Cajamar no puede entenderse sin recordar que, al configurar el Grupo CRM, ya se advirtió que el modelo "no estaría completo hasta tanto no se constituyera un SIP a nivel nacional". En este escenario, la unión de las dos cajas rurales más grandes es "un paso decisivo" para continuar el proceso de concentración del sector, ha manifestado.

   Seguidamente, el director general de Ruralcaja, Juan Antonio Gisbert, ha expuesto que con esta operación se permite la creación de una gran cooperativa de crédito, de alcance y dimensión nacional, que beneficia a los socios, clientes y trabajadores. Será, ha augurado, una "gran empresa con capacidad y solvencia suficientes" para afrontar con "éxito" los retos y las oportunidades de un mercado "en cambio permanente", así como las crecientes exigencias regulatorias para las empresas bancarias.

   "La entidad resultante --ha explicado Gisbert-- no es un fin en sí misma. No nace con la vocación de ser un punto de llegada, sino de partida para alcanzar una entidad de mayor dimensión y más eficiente. La fusión permite construir un modelo abierto que se ofrece al resto de las cajas rurales españolas que compartan la misma filosofía".

   Una vez obtenida las autorizaciones e inscrita la fusión en los registros competentes, está prevista que la nueva entidad sea realidad a finales de abril o primeros de mayo. Para ello, las asambleas extraordinarias han aprobado también la composición del Consejo Rector del que será presidente Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, actual vicepresidente y consejero delegado de Cajamar Caja Rural; copresidente Eduardo Ferrer Perales, actual presidente de Ruralcaja; vicepresidente primero ejecutivo Manuel Yebra Sola, y consejero delegado Juan Antonio Gisbert García.

   La operación iniciada a mediados de diciembre dará lugar a la integración de los dos SIP que encabezan ambas entidades, el Grupo Cooperativo Cajamar y el Grupo CRM, que ya suma 22 entidades y fortalece su posición de liderazgo en el sector de cajas rurales españolas con un coeficiente de solvencia del 12,33%, 968.851 socios, 3,3 millones de clientes, 6.352 empleados y un total de 1.465 oficinas.

Arias Cañete expresa a los ecologistas que no está por nuevos regadíos

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha prometido a las cinco principales organizaciones ecologistas españolas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/Birdlife) cada 45 días para estudiar los distintos temas y acometer una hoja de ruta, según ha informado el director ejecutivo interino de Greenpeace, Mario Rodríguez.

   Arias Cañete se ha reunido este martes por la mañana con tres organizaciones medioambientales para conocer sus prioridades. Respecto al clima de las reuniones, los ecologistas han destacado el clima cordial y de apertura al contacto y al diálogo con las ONG aunque en algunos "temas importantes" partan de posiciones diferentes.

   En este contexto, la portavoz de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, ha indicado que el ministro ha entendido "muy bien" que las cinco organizaciones trabajan de forma conjunta y que ha visto "buena receptividad, apertura a dialogar y a reunirse de forma periódica", ha dicho Spendeler, al tiempo que Mario Rodríguez, de Greenpeace, ha calificado de "franco" el clima del encuentro en el que parten de "posturas un tanto distantes".

   En ese línea, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura, ha destacado que las reuniones hayan sido a iniciativa del Ministerio, que convocó antes de que estas le pidieran cita. "Es fácil que haya desencuentros, pero al menos hay un cauce de interlocución. De momento, vamos a dar un voto de confianza", ha manifestado, porque "ha asumido de buen grado que las ONG ecologisas seamos interlocutores".

   De este modo, Spendeler ha resumido que los principales temas abordados con el ministro en su encuentro son la aplicación de la ley de residuos, que abre la puerta a una "mejor gestión ambiental" en temas de reducción y reutilización y reciclado, y le han "insistido" en la importancia de implantar recogida selectiva de la materia orgánica de cara a su compostaje.

   Por otro lado, le han pedido una Ley de Cambio Climático que esté basada en los presupuestos de carbono porque aporta "seguridad y estabilidad a la economía", de acuerdo a las medidas propuestas por la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el estudio de Cambio Climático.

   Otros de los temas abordados son la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), en el que dice que han "insistido mucho al ministro" en su apuesta por que cada pequeño agricultor pueda vivir dignamente de su actividad y contribuya a preservar el medio ambiente. Igualmente, han abordado con Arias Cañete el tema de los transgénicos, un aspecto en el que Spendeler augura que ambas partes no van a tener las mismas posturas porque "el ministro está a favor de los cultivos transgénicos". Sin embargo, le han pedido que estudie la creación de registros públicos de información sobre los campos comerciales, algo a lo que obliga la Directiva Europea y que España no cumple.

   "Vamos a estar muy pendientes de estos temas. La reunión ha sido muy cordial. Nos ha gustado su propuesta de diálogo y nos ha parecido bien el clima del encuentro", ha subrayado.

   Por su parte, el director ejecutivo interino de Greenpeace, ha planteado al ministro tres ejes principales. En primer lugar, le han explicado que España "no puede ir" al grupo de países que no defiende el 30 por ciento de reducción de gases de efecto invernadero y que el cambio climático "sí es rentable".

   Asimismo, le han expuesto su apuesta por un cambio de modelo energético, ya que aseguran que es posible llegar al 100 por 100 de renovables en 2050, al menos en el sector eléctrico, para lo que han pedido una reunión trilateral con Industria, "por la transversalidad del tema".

   A este respecto, ha dicho que han observado en Miguel Arias Cañete y en el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas una "buena disposición pero no una posición clara". Además, en el ámbito global han hablado sobre la reforma de la Política Pesquera Común y la gestión marítimo costera.

   Rodríguez ha señalado que han hablado también sobre la Ley de Costas en la que han sido "muy claros en que Greenpeace no quiere que se cambie, sino que se aplique correctamente por parte de todas las administraciones" porque, a su juicio, es "una buena ley para la gestión integrada del litoral". A este respecto, Arias Cañete les ha apuntado que la reforma de dicha Ley, anunciada el pasado viernes, es un tema que en fase de estudio.

   En ese ámbito, ha salido a colación el tema del hotel El Algarrobico, sobre el que Arias Cañete les ha señalado que "ya se han puesto con el tema". También le ha subrayado al ministro el tema de la sobrepesca y su apoyo a la pesquería de bajura, porque genera más empleo y es más compatible con el medio ambiente. "Es un área que conoce mejor y le hemos pedido una reunión con el secretario general de Pesca. Nos ha dicho que sí, que va a gestionarlo", ha apuntado.

   Respecto al Plan Nacional del Agua le han insistido en que es preciso "cumplir con la Directiva Marco y acabar los planes de cuenca". Entre otros temas, han abordado el proyecto de oleoducto Balboa; las prospecciones petrolíferas en el Mediterráneo y sobre el 'fracking' o extracción de gas inyectando agua a presión con contaminantes químicos en las rocas.

   Mientras, Paco Segura ha indicado que han repasado algunos temas que les preocupan y con los que estarán "muy atentos", especialmente a "posibles devaluaciones de la normativa ambiental".

   Sobre el anuncio realizado por el ministro de simplificar la normativa y reformar la Ley de Costas, Segura ha dicho que les ha manifestado su intención de "mantener los niveles de protección ambiental actuales pero que haya más efectividad y rapidez en la aplicación de las normas", a lo que le han advertido de que les van a encontrar de frente si cualquier protección se rebaja.

   En este contexto, ha añadido que el ministro les ha asegurado que no se va a comprometer a nada que considere que no se va a cumplir o conseguir, aunque estudiará todos los temas sobre la mesa. Respecto a cambio climático, le han reclamado que España juegue un papel "más activo" en la lucha contra el cambio climático.

   En materia de agua, le han trasladado que, en su opinión, España debe reducir los consumos en regadíos y otros ámbitos, debido a que en el futuro disminuirá el recurso a causa del cambio climático o de los periodos de sequía. En ese sentido, Segura ha asegurado que Arias Cañete les ha comentado que "no está por la labor de ampliar regadíos" y que va a estudiar la situación de las depuradoras.

   Sobre los planes de cuenca, el ministro se reunirá con la Comisaria de Aguas de la Comisión Europea para pedir una prórroga de seis meses en los que aprobar los planes de cuenca, que ya están fuera de plazo.

   Finalmente, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción ha dicho que también han hablado del Plan Nacional del Aire, sobre el que el Ministerio "debe ser más beligerante y exigente en su cumplimiento" con las comunidades autónomas, a lo que el ministro ha tomado nota "muy interesado".

Barberá se entera por Císcar del 'puenteo' de Fabra con Ecclestone

VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha afirmado este martes, preguntada por la continuidad del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la ciudad, que ella defiende "lo que es bueno" para la capital valenciana. Ha considerado que "hay que buscar" aquello que atraiga "mayor riqueza" hacia Valencia y ha reiterado que no la encontrarán "en ningún tipo de enfrentamiento" sobre este evento.  

   Barberá ha señalado, respecto a la continuidad de la Fórmula 1, que no tenía "nada" que añadir sobre el tema y se ha referido a la rueda de prensa que ayer ofreció el presidente de Turismo Valencia y vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, y el director-gerente de esta entidad, José Salinas, para dar datos turísticos de la capital.

   Grau destacó el impacto económico directo que anualmente tiene la celebración en Valencia del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, que cifró en 55 millones de euros, y resaltó también la "impagable" promoción exterior que este evento deportivo genera. El también responsable municipal de Turismo apostó por mirar este tipo de acontecimientos con una visión más anglosajona.

   "No tengo nada que añadir al tema. Ayer se dio una rueda de prensa por parte del Ayuntamiento, se dieron los valores turísticos y yo no tengo nada más que decir, nada", ha respondido Rita Barberá preguntada por la celebración de la F-1.

   Tras ello, ha manifestado que no la van a encontrar "en ningún tipo de enfrentamientos".

"Yo soy alcaldesa de Valencia, defiendo lo que creo que es bueno para Valencia", ha declarado la primera edil, que ha añadido que "hay que buscar en este momento de dificultades económicas todas las actuaciones u ofertas turísticas que puedan atraer mayor riqueza a Valencia".

   A continuación, la alcaldesa ha insistido en que no la encontrarán "en ningún enfrentamiento".

"No me busquen por ahí que no me van a encontrar", ha dicho.

   Por otro lado, respecto a si se arrepiente de haberse fotografiado con un descapotable de Ferrari, ha aseverado que no y ha apuntado que ojalá el responsable de esta marca viniera a Valencia "más veces". "No me arrepiento, ojalá viniera aquí más veces el señor Ferrari", ha manifestado, a la vez que ha considerado que se está "en temas muy serios" y en un momento que no le "gustaría vivir otra vez de cómo están poniendo a la Comunitat Valenciana en todos los medios".

   Preguntada por la reunión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en Londres con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, para negociar los contratos para la celebración en Valencia del Gran Premio de Europa, la alcaldesa ha dicho, después de que la confirmara el vicepresidente del Consejo valenciano, José Císcar, que sabía de ella.

La Generalitat adelgazará plantillas de empresas públicas

VALENCIA.- El vicepresidente de la Generalitat valenciana, José Císcar, ha afirmado que la reestructuración del sector público empresarial valenciano supondrá un adelgazamiento de las plantillas, al tiempo que ha indicado que el Gobierno regional tomará "todo tipo de medidas" para que el sector público empresarial valenciano sea "sostenible" y "viable".

   Císcar ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado por la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Elena Bastidas, tras participar en la reunión del 'Consell de Consells' de esta entidad, a la que también ha asistido el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

   El vicepresidente, preguntado por la reestructuación del sector público, ha explicado que se trata de un proceso "continuo".

"No es un proceso instantáneo que la Generalitat haga en un 24 horas, en una semana o en un mes; es un proceso que lleva su tiempo", ha indicado.

   De esta forma, "antes de los presupuestos de 2012 se tomaron medidas, con los presupuestos se toman medidas y después se han seguido tomando medidas", ha resaltado Císcar, quien ha hecho hincapié que todas ellas tienen como objetivo lograr un sector publico empresarial valencia "que sea sostenible y, de cara al futuro, sea viable", de forma que "cuando lleguen otros momentos económicos complicados en el futuro, que los habrá, estemos mejor preparados para afrontarlos".

   En otro orden de cosas, al hilo de las declaraciones del portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, quien el lunes pidió "disculpas" a los ciudadanos por haber subido los impuestos, preguntado por si el Gobierno valenciano también las pide, Císcar ha destacado que la Generalitat "ha explicado suficientemente que estamos ante una situación excepcional, que obliga a tomar medidas excepcionales".

   Asimismo, ha asegurado que las medidas de ajuste aprobadas por el Ejecutivo de Alberto Fabra son "temporales y tansitorias para salir de esta situación". 

"No son medidas definitivas para quedarse en el tiempo, son medidas que inicialmente se toman para los ejercicios 2012 y 2013", ha puntualizado.

   Para el también portavoz del Gobierno valenciano, ésta es "una cuestión de responsabilidad". "Tenemos, ante todo, que estabilizar la deuda y el déficit de la Comunidad Valenciana, eso está por encima de cualquier otra cosa en estos momentos", ya que ha advertido de que, de lo contrario "no hay futuro".

   Según José Císcar, la expresión de pedir disculpas que empleó Blasco "es una manera de decir que efectivamente --la subida de impuestos-- no está en nuestro programa electoral, pero que ante una situación excepcional es lo que debemos de hacer".

Rajoy garantiza a las CC.AA. que el Estado "acudirá en su auxilio"

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha garantizado a las comunidades autónomas "con problemas de liquidez" que el Estado "acudirá en su auxilio" a cambio de que estas regiones se comprometan a cumplir con los objetivos de déficit.

   Durante la rueda de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, Rajoy indicó que, aunque el mecanismo de cómo se garantizará la liquidez de las comunidades en apuros aún no está definido, el Estado central prestará su ayuda porque el Gobierno de España "no se puede desentender" de los problemas que puedan surgir en otras administraciones.

   Rajoy reiteró que la reducción del déficit es una cuestión de "todas las administraciones", dado que para que España cumpla lo comprometido con Bruselas, también lo tienen que cumplir el conjunto de los gobiernos autonómicos y locales.

   "Hay dos alternativas: que el Estado se ocupe de sí mismo y nos olvidemos de los demás o que nosotros también intentemos ayudar a los demás en situaciones difíciles, por eso, estamos dispuestos, si alguna comunidad tiene problemas de liquidez, a acudir en su auxilio a cambio de un programa que garantice estos cumplimientos (del déficit", subrayó el jefe del Ejecutivo, quien añadió que el "Gobierno no se puede desentender de lo que pasa en el resto del país".

   Por su parte, Van Rompuy señaló que cómo se organiza cada país para cumplir con sus objetivos de déficit no es "su problema", si bien admitió que en un estado descentralizado como España es "más difícil" conseguirlo.

   Lo que pide la UE, añadió, es la consecución de una meta global y es "problema de España" ver cómo se organiza para cumplir esta meta. "Evidentemente todas las instituciones del Estado tienen que participar en este esfuerzo (de reducción del déficit)", reiteró.

Las Universidades valencianas denuncian que los impagos de la Generalitat "pueden poner en riesgo" su servicio

VALENCIA.- Las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana --Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat d'Alacant, Universitat Jaume I y Universidad Miguel Hernández de Elche-- aseguran que los impagos de la Generalitat a lo largo de 2011, que ascienden a casi 200 millones de euros, "han llevado a la tesorería del sistema universitario público valenciano a una situación límite que puede poner en riesgo la prestación del servicio público de educación superior". 

   Estas instituciones académicas han reunido este martes a sus máximos órganos de gobierno para analizar la situación derivada por la deuda de la Generalitat valenciana durante el año pasado, que se cifra en 197.159.864 euros, han precisado las universidades en un comunicado conjunto.

   Ante esta situación, las universidades han reunido esta mañana, con carácter extraordinario, a sus respectivos Consejos de Gobierno para debatir y aprobar un documento en el que solicitan de la Generalitat un cumplimiento regular de las mensualidades de la subvención ordinaria para 2012 y el pago de los intereses derivados de la demora que la actual situación ha provocado en las universidades valencianas desde la entrada en vigor del Plan Plurianual de Financiación en 2010.

   En el documento, aprobado por los Consejos de Gobierno, se advierte de que "la falta de ingreso efectivo de la subvención ordinaria de la Generalitat correspondiente a cada mensualidad de 2012 comprometería el pago de todas las obligaciones contraídas por las universidades, incluso el abono de las nóminas, y el funcionamiento del sistema universitario público valenciano".

   Asimismo, las universidades valencianas han pedido al Consell que "lleve a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para que las entidades financieras faciliten a las universidades públicas la renovación o sustitución de los actuales recursos de crédito a corto plazo, o que les provea de otros recursos de financiación a su alcance".

   A este respecto, y hasta que no se solucionen las actuales dificultades de tesorería que tienen las universidades valencianas, estas "podrán adoptar los mecanismos que entiendan necesarios en sus equilibrios de cobros y pagos para preservar su solvencia", concluyen.

De Guindos dice que no se dejará caer a ninguna CC AA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado que, como dijo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "no se puede dejar que caiga ninguna comunidad autónoma". 

   Asimismo, el ministro de Economía y Competitividad recordó que "hay otro lado de la moneda", que es la necesaria consolidación presupuestaria de las comunidades autónomas, que esta tarde se abordará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   De Guindos señaló al respecto que todas las comunidades deben hacer un "esfuerzo presupuestario" para evitar mayores dificultades y se mostró "seguro" de que en la reunión del CPFF "se van a establecer una serie de normas y reglas" para que esta corrección del déficit se produzca "sin ninguna dilación y sin ninguna duda".

    En este marco, De Guindos ha asegurado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) debe jugar un "papel importante" y ser una "palanca" "en las próximas semanas" para acabar con el "doble estrangulamiento" del crédito que afecta a las administraciones públicas y, con el consecuente retraso del pago a sus proveedores, también a las pymes.

   "En ese entorno, el ICO debe ser una palanca para romper este extrangulamiento", indicó De Guindos en el marco de la toma de posesión del nuevo presidente del ICO, Román Escolano, antes de avanzar que para ello se "revisarán" y "evaluarán" todas las líneas ICO con el fin de "asignar mejor sus recursos", aunque "no habrá que reformar absolutamente nada".

   Preguntado por si el ICO pueder contribuir a la financiación de las comunidades autónomas, De Guindos ha asegurado que en tanto es la agencia financiera del Estado "puede ayudar", aunque no concretó a través de qué mecanismo.

   En cuanto al sistema financiero, De Guindos dijo que el Gobierno tendrá planteada la reforma del mismo "antes de mediados de febrero", y se mostró partidario de una segunda ronda de fusiones entre entidades bancarias, que consideró "muy importante".

   Si bien, el ministro de Economía y Competitividad rehusó concretar qué movimientos concretos deberían producirse, ya que en estas cuestiones "el Gobierno no entra".

El Ayuntamiento de Valencia pondrá en marcha una red pública de wifi con 59 nuevos puntos de conexión

VALENCIA.- La concejala de la Innovación, Sociedad de la Información, Tecnología de la Innovación y Juventud en el Ayuntamiento de Valencia, Beatriz Simón, ha anunciado la puesta en marcha de forma oficial de la red WifiValencia, con 59 nuevos puntos de conexión a Internet, la mayoría en parque públicos como el de Viveros (5 puntos), Orriols (3), Marxalenes (3), Rambleta (3), el de Cabecera (4), el del Oeste (4) o el tramo entre el Palau de la Música y el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe del Jardín del Turia (11), según ha informado el consistorio en un comunicado. 

   De los 59 nuevos accesos, 25 son en el interior de edificios y espacios públicos; y los 34 restantes en la vía pública, una de las grandes novedades de este plan, al que ya se han conectado más de mil ciudadanos durante su periodo de pruebas.

   Así, se da cobertura así a zonas de abundante concurrencia pública. En el caso de los parques, se ha potenciado el servicio en zonas de bancos y de juegos infantiles. En los edificios municipales, se ha optado por zonas comunes, patios, salas de usos múltiples, etc.

   La concejala Beatriz Simón ha destacado como algo "especialmente significativo" la colocación de seis nuevos puntos de conexión en Mercavalencia. "Se atiende así una fuerte demanda entre comerciantes y transportistas y fomentamos las TICs entre los autónomos", ha explicado.

   Para poder utilizar esta red wifi, únicamente hay que autorregistrarse. Tras inscribir un usuario y una contraseña, ya se podrá acceder a cualquier punto wifi de toda la ciudad. El Ayuntamiento de Valencia ha creado una nueva red, totalmente independiente de la municipal, lo cual "redunda en una mayor seguridad y rendimiento, al mantener ambos caudales separados".

   Beatriz Simón ha aclarado por qué hay menos puntos de acceso de los previstos en un inicio: "El plan estaba en una fase de estudio y nos hemos dado cuenta de que, modificando algunos de los datos que teníamos, hemos conseguido más cobertura".

   Por otro lado, ha explicado que la conexión a la red WifiValencia cumple con los requisitos establecidos por la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).

   Éstos exigen que las líneas públicas de conexión a Internet tengan una velocidad limitada a 256 Kbps. Además, sólo se permite la conexión por usuario de 2 a 3 horas; los contenidos tienen algunos filtros y no se permiten descargas. "El uso de estas redes es para ver el correo, consultar alguna cosa, leer la prensa", ha explicado la concejala.

   "Hemos tardado un poco más que otros ayuntamientos en activar el servicio porque no quería tener problemas con la CMT, como le ha pasado a otras instituciones, que por darse prisa, han tenido que pagar algunas multas. Entiendo que la CMT tiene que regular las competencias en telecomunicaciones, pero lo más importante es que tengamos seguridad jurídica", ha explicado Beatriz Simón.

   "No puedes cambiar de criterio cada tres meses como ha estado haciendo la CMT. Ahora, ya ha llegado a un consenso y los ayuntamientos sabemos las condiciones exactas para establecer estos servicios", ha añadido.

   Con estas nuevas incorporaciones, la ciudad ya cuenta con 109 puntos de acceso wifi. Hasta ahora, se han priorizado las bibliotecas públicas o edificios como el Mercado de Colón, los centros de juventud o las playas en periodo estival.

   Ahora se sumarán otros como Tabacalera, el Museo de Historia, Las Naves o el Palau de la Música. En las ubicaciones en parques, se han instalado equipos alimentados con energía solar.

   Aunque la Delegación de Beatriz Simón tiene pensado ampliar la red con algunos puntos más, "no será por ahora", ha aclarado la edil. "Durante la legislatura intentaremos ampliarla un poco más".

   También ha asegurado que, como parte de una política de ahorro en el gasto, no se va contratar publicidad para dar a conocer este servicio, "pondremos algunas vallas y utilizaremos la comunicación en la propia red".

El Bloc denuncia que los "retrasos" en el aeropuerto de Castellón provocarán la pérdida de miles de euros

CASTELLÓN.- El portavoz del Bloc en la Diputación de Castellón, Enric Nomdedéu, ha denunciado que "los retrasos en el aeropuerto provocados por la mala gestión del PP provocarán la pérdida de miles de euros que podrían haberse ingresado en Castellón por la llegada de 10.000 turistas austriacos". 

   Nomdedéu ha hecho estas manifestaciones en un comunicado ante el anuncio de que los 10.000 jubilados austriacos que desde hace años gestiona traer el Patronato de Turismo para que visiten la provincia "vayan a llegar a Castellón por el aeropuerto de Reus".

   "La llegada de 10.000 turistas centroeuropeos por el aeropuerto de Castellón hubiese supuesto una gran repercusión promocional y unos importantes ingresos para un aeropuerto que ya es deficitario antes de operar,  pero los retrasos por la mala gestión del PP y por la unilateral ruptura del acuerdo con la concesionaria puede suponer la pérdida de esta oportunidad para Castellón", ha añadido.

   En su opinión, "es imperdonable que en momentos de crisis como el actual se dejen pasar estas oportunidades", y ha aclarado que mientras el aeropuerto de Castellón "deja pasar esta oportunidad", desde el aeropuerto de Reus "ya están preparando las instalaciones para la llegada de este numeroso contingente de turistas en la provincia vecina".

   "Son turistas de un alto nivel adquisitivo que sólo por el hecho de llegar a Vilanova hubiesen dejado más dinero en la provincia", ha afirmado Nomdedéu.

   El portavoz del Bloc, que ya ha solicitado formalmente que el presidente del aeropuerto, Carlos Fabra, y su director, Juan García Salas, den explicaciones ante la corporación provincial "por las consecuencias que pueda tener la ruptura del contrato del aeropuerto con la gestora del proyecto", ha manifestado su "temor" por los nuevos retrasos que esta decisión unilateral pueda suponer.

   "La ruptura del contrato, además de poder representar un gasto superior al mantenimiento de este acuerdo, puede provocar nuevos retrasos por el envío de nueva documentación a Aena y a Fomento",  ha advertido Nomdedéu.

   Además, "el hecho de que los turistas austriacos estén negociando ya con Reus su llegada en el mes de abril hace temer que el Consell y el aeropuerto de Castellón vuelvan a incumplir los últimos plazos fijados", ha apuntado.

   Los nacionalistas temen que esto pueda suponer "un nuevo deterioro para la imagen turística y promocional de Castellón", y consideran que los responsables, tanto del Consell como de la Diputación y de Aerocas, "deberían dar explicaciones a la ciudadanía", ha dicho.

El acusado de asesinar a una exedil del Ayuntamiento de Castellón confiesa su culpabilidad

CASTELLÓN.- El acusado de asesinar a la exconcejal del Ayuntamiento de Castellón Concepción Roig en mayo de 2010 y para el que el fiscal solicita 24 años y medio de prisión ha ratificado la confesión que realizó ante el juzgado de instrucción respecto a que era responsable de la muerte y ha pedido perdón por los hechos.

   En la primera sesión del juicio oral que se sigue en la sección segunda de la Audiencia provincial de Castellón, el procesado, sólo ha querido responder a las preguntas de su abogado.

 Cuando su abogado le ha preguntado si quería manifestar algo más, el acusado ha dicho: "me arrepiento mucho y pido perdón a la familia, a ustedes y a mi madre porque no tenía que estar ahí, y lo siento mucho".

   La acusación particular ha solicitado 26 años y medio de prisión para el procesado y, al igual que el fiscal. La defensa, por su parte, han pedido la libre absolución.

   Según el ministerio público, en hora no concretada pero comprendida entre las 14.30 a 16.30 horas del 25 de mayo de 2010, el acusado accedió al interior del domicilio de la exedil y, tras mantener una conversación con ella, cogió una catana y agredió a la mujer, de 70 años, y que no tuvo posibilidades de reacción.

   El acusado ocasionó a la víctima múltiples heridas-inciso cortantes en cabeza, cuello, tórax, hombro y brazo izquierdos. Tras un forcejeo con el procesado y cuando la mujer, debido a las heridas causadas ya estaba desfalleciendo, le clavó el arma blanca en el cuello, lo que le ocasionó su muerte.

  El ministerio público acusa al procesado de un delito de asesinato. El juicio continuará este jueves.

Un empleado de la Generalitat denuncia a Barberá por afirmar que todos los políticos y funcionarios reciben regalos

VALENCIA.- El funcionario de la Generalitat valenciana y miembro de la Junta de Personal de esta administración autonómica Alfonso Puncel ha presentado una denuncia por injurias y calumnias contra la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, después de que la primera edil manifestara el pasado viernes en rueda de prensa que "todos los políticos y funcionarios reciben regalos en Navidad".

   Así lo recoge el escrito presentado en el juzgado por este empleado público, que asegura sentirse "directamente calumniado e injuriado" por esas declaraciones dada su condición de funcionario.

   El denunciante señala que esas manifestaciones pueden constituir "un delito de injurias y calumnias graves con publicidad" y considera que la generalización que efectuó la alcaldesa en sus declaraciones le afecta a él tanto colectiva como individualmente.

   En este sentido, sostiene que la ley establece que la persona que injurie debe "demostrar la verdad de las imputaciones" y que, por tanto, Rita Barberá tendrá que probar que él "ha recibido en Navidad y por extensión en cualquier momento desde que es empleado público, regalo de empresa o de cualquier otra persona en su condición de funcionario".

   El escrito recoge que, según la legislación vigente, el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad si prueba la verdad de las imputaciones que se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas.

   Puncel incide en la mayor gravedad de esas "acusaciones" dado que Barberá "es responsable última del personal de la administración local a quienes incluye en sus declaraciones" y, en calidad de alcaldesa y máxima responsable de personal, "tiene la responsabilidad de defender la dignidad de estos trabajadores" y de "sancionar aquellos empleados que cometan faltas o delitos".

   A su juicio, con esas declaraciones, la primera edil "incumple con esta función" y ello "constituye un agravante que debe ser tenido en cuenta a la hora de calificar el delito de injurias y calumnias".

Una Plataforma augura que los gastos financieros de la UV por los impagos del Consell pueden crecer en 2012 un 80%

VALENCIA.- Sindicatos y organizaciones estudiantiles de la Universitat de València (UV) se han unido para crear una Plataforma en Defensa de la Universitat Pública y exigir al Consell que "cumpla" con los compromisos adquiridos en el pago de subvenciones a la institución, cuyos retrasos le han acarreado ya un coste de dos millones de euros en intereses a los bancos en 2011, y se prevé, que de seguir así, los costes financieros se incrementen en un 80% a lo largo de 2012.

   Así lo han advertido durante la presentación de esta nueva Plataforma nacida en la UV, aunque ya se están llevando a cabo procesos similares en el resto de universidades públicas de la Comunitat Valenciana, y confían en que en poco tiempo pueda haber una plataforma como esta en cada una de ellas, que se aúnen en organización de ámbito autonómico.

   Según ha explicado su portavoz, Aman Sánchez, las "sucesivas agresiones" de la Generalitat, primero con un "recorte" del presupuesto para la UV de 14 millones de euros anunciado a mitad de 2011 (42 millones entre las cinco universidades públicas) acompañado de un "aplazamiento" de la deuda histórica que mantiene con la institución desde 2004 y que asciende a 292 millones de euros, está recayendo también sobre los estudiantes, que han visto aumentar las tasas "por encima del IPC", más de un 7%, con la "discriminación económica que esto supone en el acceso a la universidad pública".

   La situación de la tesorería de las universidades es "absolutamente asfixiante", ha continuado, teniendo en cuenta que la Conselleria de Educación, Formación y Empleo todavía no ha pagado la subvención correspondiente al mes de noviembre y diciembre de 2011, lo que está llevando a "serias dificultades para pagar tanto las nóminas de los trabajadores como a los proveedores".

   De hecho, si a final del presente mes de enero, el no cumple con su compromiso de abonar la subvención correspondiente a noviembre, de 18 millones de euros, "no sabemos si a final de mes se van a pagar los sueldos", ha alertado.

   "Ya es hora de que la Generalitat cumpla con la financiación y el ritmo de plazos establecido. La deuda es mayor incluso de la de los farmacéuticos" y el retraso en abonarla supone un "ataque" a las personas que trabajan en la universidad, a la investigación, a los estudiantes y "al conjunto de la sociedad", ha sentenciado.

   Para Sánchez, es "inadmisible" que en momentos de crisis se eleve el discurso de la necesidad de cambio de modelo productivo por uno más cualificado y a su vez se estén reduciendo los recursos de las universidades públicas.

   Según ha advertido, está en "peligro" que el personal de la universidad cobre, que se puedan seguir impartiendo clases y el desarrollo de la calidad universitaria, por lo que ha exigido al equipo rector "más firmeza de la que ha tenido hasta ahora ante la Generalitat" a la hora de reclamar los pagos.

   La UV "necesita energía para funcionar y los impagos van a afectar a todos: luz, agua, teléfono, limpieza, nóminas..." y habrá que plantearse si sin pagar al personal podrá seguir funcionando".

   En este sentido, desde el Personal de la Administración y Servicios de la UV, Miquel Coll, ha apuntado a la "posibilidad" de que la UV "caiga" y tenga que "cerrar" si no cobra lo que se le adeuda porque la situación es "límite" y ha adelantado que desde la Plataforma se apoyarán todas las medidas encaminadas a lograr "la normalización de la vida universitaria".

   "Parece mentira", ha dicho, que una institución como la UV, de más de cinco siglos de antigüedad, se plantee si tendrá que "cerrar" por primera vez en su historia, sería todo un "escándalo social", ha subrayado.

   Por el momento, la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública se sumará a las concentraciones que todo el sector público ha convocado para el próximo viernes, y después de la reunión que el Consejo de Gobierno de la UV celebrará mañana, se planteará las siguientes acciones a llevar a cabo.

   Por otra parte, preguntado sobre la actividad inversora y constructora en edificios de la UV, Aman Sánchez, ha señalado que ésta "no tiene que ver con todas aquellas cuestiones faraónicas que en estos momentos están en boca de todo el mundo". 

"El campus de Tarongers no es Terra Mítica, el campus de Burjassot no es el aeropuerto de Castellón, el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales o de la Facultad de Magisterio no son el aeropuerto de Castellón, ni el Ágora o las Torres de Calatrava".

   Es más, "pese a estas inversiones las carencias en cuanto a dotaciones físicas de la UV todavía son muy evidentes" y en ocasiones, es imposible realizar ciertas actividades porque "no espacio disponible, está saturado", ha concluido.

EUPV entiende pero no comparte que una protesta finalizara en casa de Camps

VALENCIA.- La portavoz de EUPV en las Corts, Marga Sanz, ha asegurado que entiende pero no comparte que una manifestación contra los recortes finalizara frente a la casa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, porque "la responsabilidad de esto la tiene quien dejó que se pudriera el 'caso de los trajes' y el 'caso Gürtel". "Esos lodos trajeron estas tempestades", ha subrayado.

   Sanz se ha expresado en estos términos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Corts, preguntada por su valoración de la protesta celebrada este domingo en Valencia en contra del decreto ley de medidas urgentes para la reducción del déficit, que algunos participantes finalizaron frente al domicilio de Camps.

   "No sería yo la que iría a los domicilios particulares de la gente", ha destacado la síndica de EUPV, aunque entiende que haya colectivos que sí lo hagan "cuando se ha arrastrado tanto un asunto y no se ha sabido poner punto y final a la corrupción".

"Lo entiendo pero no lo comparto", ha señalado.

   Marga Sanz ha hecho hincapié en que "la respuesta ciudadana contra la recortes está empezando a darse" por las "implicaciones gravísimas" del decreto ley. Además, ha añadido que a esto se une "un iceberg de casos de corrupción, la quiebra financiera de la Generalitat y los impagos a muchísimos colectivos". Por ello, ha dicho que no le "extraña" que se den este tipo  de situaciones.

   Respecto a este mismo tema, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, ha destacado que la libertad de manifestación es "muy importante" y considera que  entre este derecho y el derecho al honor y a la intimidad, debe prevalecer el primero "siempre desde los cauces pacíficos".

   No obstante, considera que hay "lugares más apropiados" que el domicilio particular y, así, entiende que hubiera sido mejor que la protesta se hubiera realizado frente a la sede del PP porque Camps "es militante" de este partido. 

Además, ha destacado que el exjefe del Consell "no es el único culpabe, ni el único responsable, ni el único que se ha beneficiado", de hecho entiende que "puede ser que haya algunos que se hayan beneficiado más, aunque no estén sentados en el banquillo".

   "No es solo Camps, está Carlos Fabra, Ripoll, Crespo, Sonia Castedo, Díaz Alperi, Hernández Mateo y la estructura y superestructura que se ha beneficiado de la presunta financiación  irregular", ha manifestado la diputada de Compromís.

    Por su parte, el síndic del grupo parlamentario popular, Rafael Blasco, ha señalado que es "normal" que las medidas de ajuste y los recortes del Consell "tengan resistencia en personas que se ven afectadas", lo que ha dicho que cuenta con la "máxima comprensión" tanto del PP como del Gobierno valenciano.

   Sin embargo, Blasco ha señalado que se debería saber si esta manifestación estaba autorizada o no, porque "el derecho a la manifestación es un derecho constitucional que hay que respetar", pero "no pueden permitir comportamientos antidemocráticos en la puerta de un domicilio particular".

   En este sentido, ha subrayado que si la protesta de ayer no estaba autorizada "no es legal y es algo absolutamente reprobable". Asimismo, ha indicado que "intentar agredir, aunque sea verbalmente, a una persona yendo a su domicilio particular, retrata a las personas que lo hacen".

   También se ha pronunciado sobre este asunto, al ser preguntada por el mismo, la portavoz adjunta del PSPV, Cristina Moreno, ha subrayado que las medidas que se están tomando "generan un malestar y una protesta". También ha destacado que si fue una protesta violenta, su grupo la rechaza "como rechaza la violencia venga de donde venga".

El juez que investiga la causa de presunta financiación irregular del PPCV reitera al PP que no está personado

VALENCIA.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Ceres, que instruye la conocida como causa por la presunta financiación irregular del PPCV, dentro del 'caso Gürtel', ha dictado un auto en el que reitera al PP que no está personado en este proceso como acusación popular hasta que no interponga una nueva y diferente querella a la que en su día presentó en Madrid en abril de 2009 por los hechos iniciales que han acabado derivando en este procedimiento.

   En una resolución de 13 páginas, de fecha 10 de enero de este año, el magistrado señala que el PP optó por personarse ante el TSJ de Madrid mediante la regla legal general establecida para las acusaciones populares de interposición de querella, sin que esta denuncia tenga "referencia mínima alguna" a los hechos investigados en este procedimiento, en los que la admisión de su personación "lo ha sido a los lógicos efectos de ser oída tras un emplazamiento sobre la procedencia de la inhibición".

   De esta forma, el instructor desestima el recurso de reforma interpuesto por el PP contra la providencia de 13 de diciembre de 2011 en la que acordó no tener por personado y como parte al partido "en tanto en cuanto no interponga una nueva y diferenciada querella". El recurso tendrá que verlo ahora el conjunto de la sala dado que el PP interpuso junto al recurso de reforma subsidiariamente el de apelación.

   El juez instructor había considerado, en relación con el PP y esta causa, que debía presentar una nueva y diferenciada querella de la que presentó en el TSJM, porque los hechos relatados en ella hacen referencia a los sucedidos en esa comunidad, sin recoger "referencia alguna" a los hechos presuntamente cometidos en la Comunitat y, en concreto, a los referidos en el auto por el que el TSJCV asumió investigar parte de los hechos derivados del TSJM.

   Por contra, sobre el PSPV, que también figuraba como acusación popular en Madrid, no estimó que debía exigírsele este paso porque en su querella sí que hacían referencia a hechos ocurridos en esta autonomía.

   El PP recurrió esta decisión y pidió su nulidad y alegó vulneración de artículos de la Constitución y la Lecrim. Según este partido, el relato de hechos que se recogían en su escrito no realizaba "localización espacial de ningún tipo en cuanto al lugar de comisión de los presuntos hechos delictivos" y además indicaba expresamente que se podía hacer extensiva a otras personas, además de los querellados, "respecto de las cuales en el curso de las investigaciones se dedujeran aquellas responsabilidades así como cuantas personas hayan participado en los hechos delictivos objeto de esa querella".

   Además, alegaba que si el PP era y es legítima acusación popular para el TSJM frente a los mismos hechos que ahora se conocen en el TSJCV "por meras razones de territorialidad", no se entiende la exigencia de una nueva querella, algo que sostenía que es un "mero requisito formal superado por la jurisprudencia".

   El magistrado recuerda en su resolución que este procedimiento ha tenido una génesis "compleja", con distintos y plurales hechos objeto de investigación y en los que han intervenido diversos órganos judiciales al haberse fragmentado el procedimiento por razones de aforamiento y destaca que también resultó "compleja" la sustantación de la inhibición ante la sala del TSJCV.

   En esta línea, señala que la segunda inhibición parcial que dio lugar a este procedimiento se fundamentaba en un escrito del ministerio fiscal de mayo de 2010, que traía causa de otros informes como de la Policía y Hacienda, entre otros sobre el sistema de facturación dual y financiación de los actos del PPCV en las elecciones autonómicas y locales de 2007 y contratación de Orange Market con la Generalitat, entre otros.

   Al respecto, el magistrado señala que, en el aspecto subjetivo, las sociedades a las que hacía mención el PP en su querella en Madrid, no están investigadas en esta causa, ya que ni siquiera se citaba a Orange Market, y en el objetivo, que no se mencionan los hechos sucedidos en la Comunitat Valenciana cuando esto es "legalmente indiscutible", según la ley.

   Por ello, considera que la personación del PP se produjo sobre hechos que no han sido objeto de inhibición, cuya competencia sigue detentando el TSJM; que esa fecha de interposición no se habían emitido los informes policiales y de Hacienda y que esta parte pudo haber realizado una ampliación de querella que hubiera evidenciado la voluntad de ampliar el ejercicio de la acción penal a estos hechos.

Fabra viaja a Londres para pedir a Ecclestone que el contrato del Gran Premio se negocie "a la baja"

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana viajó ayer a Londres donde mantuvo una reunión con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, en la que le pidió que se negocien "a la baja" los contratos para la celebración en Valencia del Gran Premio de Europa.

   Así lo ha confirmado este martes en declaraciones a los medios de comunicación el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, tras participar en la reunión del 'Consell de Consells' de la Federación Valenciana de Municipios y Provinas (FVMP), a la que también ha asistido el jefe del Consell.

   Císcar ha recordado que la Generaliltat remitió una carta a Ecclestone en la que le pedía una reunión, que "estaba pendiente de que las agendas la pudieran permitir". Finalmente, el lunes hubo una "reunión privada" entre Fabra y Eccestone, donde el jefe del Consell explicó al magnate de la Fórmula 1 la necesidad de "negociar los contratos a la baja porque la situación ya no es la misma".

   El vicepresidente ha asegurado que hubo "buena predisposición" por parte de Bernie Eccestone "para seguir hablando de estos temas", por lo que considera que "estamos en el buen camino". En este sentido, se ha mostrado convencido de que a esta primera reunión seguirán otras.

   Por otro lado, preguntado por la cifra del impacto económico directo que tiene la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 en Valencia que dio el lunes el vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau, --55 millones de euros anuales--, Císcar ha asegurado no dispone del dato.

   Respecto a la propuesta del vicealcalde de mirar este acontecimientos con una visión anglosajona, de modo que los empresarios colaboren, el vicepresidente del Consell ha subrayado que "si hay algo que tiene retorno para el mundo empresarial, lógicamente el mundo empresarial se debe implicar y debe de participar".

Las provisiones por suelo rústico en balance podrían hacer inviable 'Bankia'

VALENCIA.- El plan del Gobierno para que las entidades financieras saneen de una vez sus balances de los activos inmobiliarios tóxicos que han acumulado en los últimos años podría establecer provisiones del 95 % para el suelo rústico que tengan adjudicado. 

Según informaba ayer el diario económico Cinco Días, el suelo urbanizable recibiría una penalización del 60 %, mientras que las promociones sin acabar llegarían al 50 % y las terminadas, al 30 %. Con esta medida que afectaría a los activos adjudicados, si finalmente se consuma, el Ministerio de Economía quiere contribuir a que se saneen 50.000 millones de euros en el sistema financiero. 

El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, considera que esa decisión sería la adecuada porque, en su opinión, hay que discriminar en función de cuál sea la situación del activo. Es decir, ofrece más garantías una vivienda terminada que una por acabar. 

No obstante, Maudos apunta en el diario 'Levante' que, si como se rumorea, la media de las provisiones a aplicar se queda en el 50 %, los activos adjudicados solo restarían 15.000 millones a los 50.000 que ambiciona el Gobierno: dado que la banca tiene 74.000 millones en activos y que ahora provisiona el 29 % de media, los 21 puntos restantes hasta llegar a 50 darían lugar a la citada cifra. 

El también investigador del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) cree que los restantes 35.000 millones saldrán de préstamos morosos o subestándar que ahora no están calificados de esa manera y, por tanto, no se les aplica elevadas dotaciones. Sería algo parecido a las pérdidas que han aflorado en la CAM y el Banco de Valencia tras ser intervenidos.

A este respecto, El Periódico publicó ayer un informe que pone de relieve que solo seis bancos afrontarán sin apuros el saneamiento inmobiliario, que el Gobierno pretende que se haga principalmente contra la cuenta de resultados de las entidades. Una mayoría de bancos tendría pérdidas si se los obligase a hacer la limpieza en un año y con unas provisiones del 50 %. 

La que más padecería en volumen sería Bankia, con 5.177 millones. La situación más dramática sería para CatalunyaCaixa, Novacaixagalicia, Unnim, las tres nacionalizadas, y el Banco Mare Nostrum, que se verían abocadas a una situación casi insuperable, según el rotativo catalán. 

Junto a Bankia se sitúa un grupo, con el Popular, Ibercaja y el Sabadell, que podría salir airoso.

Las que sí lo harían son BBVA, Santander, La Caixa, Unicaja, Bankinter y Kutxa.

El Gobierno de Mariano Rajoy pone en marcha el relevo en el Banco de España

MADRID.- La reestructuración del sector financiero es imposible sin la colaboración estrecha del regulador. Así sucedió en los ochenta, que es el modelo que se ha tomado como referencia, y así se tiene que hacer en esta ocasión. Esto exige una relación fluida y, sobre todo, complicidad. Una situación que es imposible en un clima de desconfianza y sobre todo desde el convencimiento de que Miguel Angel Fernández Ordóñez ha hecho una gestión nefasta, según 'La Voz Libre'.

El Gobierno es consciente de que no tiene tiempo, porque quiere que el proceso esté concluido en el primer semestre. Pero Mariano Rajoy ha dejado claro que cumplirá estrictamente los calendarios establecidos por ley. Está convencido de que sólo así podrá combatir la crisis institucional que también asola España.

De acuerdo con este calendario, el gobernador del Banco de España tiene que estar en su cargo hasta junio, que es cuando cumple el mandato de seis años para el que fue elegido. No obstante, existe un resquicio, que fue precisamente el que utilizó el propio Fernández Ordóñez. En marzo abandonó la Secretaría de Estado de Hacienda y se incorporó al Banco de España. No fue designado gobernador hasta junio, pero el gesto fue suficiente para inhabilitar a Jaime Caruana y su equipo y dejar claro quién tomaba el mando.

El PP puede repetir ahora esta misma jugada y ganar al menos un trimestre para rematar la operación de saneamiento financiero, principal objetivo del PP en estos momentos.

De momento ha empezado a estrechar el cerco a Fernández Ordóñez. Cuenta con los informes de la inspección en los que se pone de manifiesto que la gestión en las siete entidades intervenidas durante la crisis ha sido arbitraria. Es decir, ya no se trata del conocido retraso en la adopción de decisiones, sino de adoptar medidas que no han sido suficientemente contundentes cuando los afectados eran del Partido Socialista.

El ariete de la estrategia popular para descalificar al gobernador es muy sencillo y populista: los sueldos a los ejecutivos de las entidades intervenidas. Se trata de hacer frente a la “inquietud y el rechazo social” que han producido en la ciudadanía los salarios o indemnizaciones millonarias percibidas por los directivos de firmas que han terminado siendo intervenidas o nacionalizadas, como Caja Mediterráneo o Novacaixagalicia. Tal como ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “la voluntad del Ejecutivo es afrontar de forma directa” el problema e involucrar al supervisor en el control de los emolumentos percibidos. Luego, el Ejecutivo actuará en consecuencia.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, remitirá esta misma semana una carta al gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, exigiéndole que “explique, razone y justifique” la retribución fija y variable recibida por los directivos de las entidades financieras, a fin de conocer si las considera “adecuadas” dada la situación actual. El Ejecutivo, aseguró, busca evitar que se premie “a aquellos gestores que han colocado a las entidades en la necesidad de recibir dinero público para continuar su actividad”.

Tras esta noble intención del Gobierno de evitar algunos de los abusos que se han producido, se esconde el inicio del cerco al gobernador que irá creciendo hasta forzar su salida lo antes posible.

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