Barberá, muy enfadada porque el PP no la ha defendido

MADRID.- La exalcaldesa de Valencia está muy enfadada porque cree que el partido no la ha defendido como ella entiende que se merece, según informaron fuentes populares.

Rita Barberá ha estado en cuestión desde que se produjo la 'Operación Taula' en la provincia de Valencia, que destapó una red de comisiones en torno a la empresa Imelsa y sospechas de blanqueo y en la que está siendo investigados 9 de los 10 concejales del Partido Popular en el ayuntamiento de la capital valenciana y fueron detenidos la secretaria del Grupo y tesorera, Mari Carmen García Fuster y el expresidente del PP en la provincia de Valencia, Alfonso Rus.

Las dudas se han cernido sobre ella aunque, de momento, no tiene la calidad de "investigada" en el procedimiento que se está siguiendo en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

Por ello, sus propios compañeros de filas la han pedido, primero que diera explicaciones y después que "de un paso atrás". Lo hizo el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, quien aseguró que es Barberá quien "tiene que dar las explicaciones correspondientes".

Y también se las pidieron en días pasados tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, quienes pidieron a la exalcaldesa que renunciara al aforamiento que la daba el Senado.

"No sé si el problema es Rita Barberá o no, pero parece evidente que en el PP de Valencia hay que hacer una regeneración absoluta y completa", defendió Cifuentes, quien admitía que le daba "verguënza" levantarse por las mañanas y ver que han detenido a alguien acusado de corrupción.

Y esta misma mañana el expresidente de la Comunitat Valenciana Alberto Fabra sostenía en Antena 3 que es "difícil creer" que la ahora senadora Rita Barberá no supiera nada de lo que sucedía en su grupo municipal cuando "su entorno" está siendo investigado en la operación Taula.

Alberto Fabra insistía en que Barberá debe "dar la cara" y explicaciones a la ciudadanía y le ha pedido también que "dé un paso atrás" para que "el PP pueda seguir avanzado y generando confianza" aunque matizó que es "importe" respetar la presunción de inocencia.

La suma de estas declaraciones y las de otros compañeros de partido han propiciado que la exalcaldesa esté enfadada por cómo se han portado con ella y las fuentes consultadas aseguran que cree que no la han defendido de las acusaciones de corrupción como ella cree que se merece ser tratada.

No obstante, y a pesar de estas peticiones de sus compañeros de filas, lo cierto es que el PP ha mantenido a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado, que será la representación de la Cámara Alta si se disuelven las Cortes y el único lugar donde puede mantener el aforamiento en caso de que fuera "investigada" por la Justicia.

La causa de Brugal sobre el PGOU de Alicante es compleja y se alarga 18 meses más

ALICANTE.- Un juzgado de Alicante ha acordado prorrogar durante 18 meses la instrucción de la pieza separada del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde figuran como investigados la exalcaldesa popular Sonia Castedo y el promotor Enrique Ortiz, entre otros.

La prórroga ha sido posible porque el juez de Instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha declarado compleja la investigación, y de esta forma ha estimado la petición de la fiscalía anticorrupción.
En un auto notificado este martes a las partes, el magistrado afirma que 21 imputados «es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia» para «colmar» uno de los requisitos que establece la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para considerar complejo un caso.
En estas diligencias se encuentran investigados (figura que sustituye ahora a la de imputados) 21 personas entre las que destacan los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, el constructor Enrique Ortiz o el arquitecto municipal Jesús Quesada.
Anticorrupción sostiene que, a cambio de dádivas, los dos políticos favorecieron los intereses del citado empresario en la redacción del planeamiento urbanístico de Alicante, al que el ayuntamiento ya ha renunciado tras la llegada al poder de un tripartito formado por el PSPV-PSOE, Guanyar (EU-IU y Podemos) y Compromís.
El juzgado aún debe practicar diversas pruebas antes de cerrar la instrucción y dictar la apertura de procedimiento abreviado, entre ellas el interrogatorio de uno de los imputados y un testigo previstos para el próximo 1 de marzo.
En su último auto, el juez Tejada admite que la instrucción se puede estar «dilatando en exceso», pero recuerda que no recibió toda la documentación sobre el caso hasta febrero de 2011, más de seis meses después de abrir las diligencias.
Luego, en septiembre de 2012, envió la causa Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porque Díaz Alperi y Castedo eran aforados, si bien ambos perdieron esta condición en las últimas elecciones autonómicas, y las diligencias regresaron de nuevo al juzgado alicantino dos años más tarde.
Varios investigados se habían opuesto a la declaración de complejidad de esta investigación, entre ellos Castedo, que quería que este sumario se desglosara en varias piezas separadas.

Baleària mantiene en 2015 los 3,2 millones de pasajeros y sube en mercancías

ALICANTE.- El grupo Baleària cerró el pasado año manteniendo los 3,2 millones de pasajeros en las rutas que opera en las islas Baleares, el Estrecho y el Caribe, y aumentó el 12 por ciento el transporte de mercancías.

Según un comunicado de la naviera, que tiene su sede en Dénia, en 2015 alcanzó más de 4,6 millones de metros lineales de carga rodada en todas las rutas mientras que los vehículos han aumentado un ligero 2 por ciento, hasta llegar a los 680.000.

Con respecto a las rutas de Baleares, un millón y medio de pasajeros viajaron con la naviera el año pasado, lo que representa un 7 por ciento más que en el anterior ejercicio.

Del mismo modo, el transporte de vehículos creció en diez puntos porcentuales, situándose en los 350.000, y la carga rodada registró una evolución positiva de un 12 por ciento, hasta sobrepasar los 3,6 millones de metros lineales.

En el Estrecho de Gibraltar, Baleària incrementó un 10 por ciento el transporte de carga rodada, situándose por encima del millón de metros lineales.

En cuanto al pasaje, viajaron más de un millón y medio de pasajeros en las dos líneas que opera (Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tánger), lo que representa un descenso del 8 por ciento respecto el anterior ejercicio.

En la conexión caribeña que opera entre los Estados Unidos y las Bahamas, la compañía transportó el año pasado más de 145.000 pasajeros, un 15 por ciento más que en 2014, lo que consolida esta línea del Caribe en su cuarto año de existencia.

Todas estas cifras hacen que, al cierre de la cuentas anuales (el año contable es de noviembre a octubre), la facturación del grupo Baleària se situara en los 291 millones de euros, un 5 por ciento más que el ejercicio anterior como consecuencia del incremento de la oferta con nuevos buques y líneas.

El resultado bruto de explotación consolidado (EBITDA) se situó en un importe de 67 millones de euros.

La deuda financiera a 31 de octubre de 2015 era de 126 millones de euros, lo que supone un descenso del 20 por ciento con respecto la registrada en el período anterior.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha destacado en la nota la apuesta iniciada por la naviera para ampliar la oferta de conexiones incorporando nuevos buques desde Barcelona y Valencia con las Baleares, lo que ha supuesto que la flota haya realizado un 10 por ciento más de millas que en el año anterior.

Utor también ha remarcado que "la compañía financieramente está saneada y bien posicionada para emprender nuevos proyectos de inversión".

Para este año, el objetivo principal de la compañía es ganar en competitividad y poder ofrecer los mejores servicios a los mejores precios, concretamente construir un nuevo ferry y abrir nuevas rutas internacionales para contribuir a conseguir este hito.

Asimismo, también será fundamental seguir invirtiendo en formación e innovación para garantizar la excelencia en los servicios.

Convocan concentraciones en la provincia de Alicante contra la corrupción

ELCHE.- El movimiento Marchas de la Dignidad ha convocado diversas concentraciones para este sábado en la provincia de Alicante, entre ellas la ciudad de Elche, para mostrar su rechazo frente a "los casos de corrupción en la Comunitat y el resto de España", con la consigna de "ilegalizar" al PP.

La portavoz de Marchas de la Dignidad en Elche, Ainhoa Boix, ha señalado hoy que la ciudadanía "debe manifestar su repulsa" ante una situación que ha calificado de "insostenible" y "deleznable".

"No están saqueando y tomando el pelo", según ha denunciado Boix en declaraciones a los periodistas.

El protagonista de este rechazo será el PP, ya que, según Boix, "no es que esté implicado en casos aislados de corrupción, sino que lo tiene en su ADN y está corrupto hasta la médula", por lo que, a su juicio, "no puede gobernar en ningún lugar de este país".

Además de en Elche, se realizarán concentraciones en Alicante, Alcoi, Benidorm y El Campello.

Desde Marchas de la Dignidad se ha hecho un llamamiento a colectivos sociales y partidos "progresistas", como Izquierda Unida, Compromís, y Podemos, entre otros, para que se adhieran a esta iniciativa y firmen el manifiesto.

Boix ha subrayado que la lucha continuará para "visualizar" que están en contra de la corrupción y "hacer una presión social para que la Justicia haga efecto".

Una jueza procesa al exalcalde de la Vall d'Uixó Óscar Clavell (PP) por presunta malversación en el pago de facturas

CASTELLÓN.- El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules ha procesado al exalcalde de la Vall d'Uixó y actual diputado del PP en el Congreso Óscar Clavell (PP) por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales en el pago de facturas de más de 700.000 euros a una empresa cuando ejercía como primer edil.

Esta resolución pone fin a la instrucción y supone dar traslado al fiscal para que diga si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias. Cumplimentado este trámite, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal y al abogado del procesado. La causa recaerá entonces en el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, dada la condición de diputado en el Congreso de Clavell.

La magistrada de Nules aprecia indicios de delito en el comportamiento del exalcalde accidental de la Vall d'Uixó respecto al pago de casi 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos. Según la juez, existen indicios de que dicho abono se realizó "pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio" advirtió de que éste "no se estaba ejecutando correctamente".

Según recoge el auto, Clavell "pese a los defectos de las facturas y pese a la oposición de los funcionarios correspondientes, validó personalmente su aptitud para el cobro, lo que permitió el abono de las mismas".

Por este motivo, la instructora ha dictado auto de procedimiento abreviado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude, y exacciones ilegales.

Esta resolución pone fin a la instrucción y supone dar traslado al fiscal para que diga si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias.

En el supuesto de que el ministerio público entienda que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realiza un relato de cómo cree que sucedieron los hechos y concreta los delitos que imputa al acusado y la pena que solicita para él, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Cumplimentado este trámite, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal al abogado del procesado para que, a su vez, formule el escrito de defensa.

La causa recaerá entonces en el órgano competente para el enjuiciamiento de los hechos, teniendo en cuenta que el exalcalde es ahora diputado del Partido Popular por Castellón en el Congreso.

Ante la decisión judicial, el diputado socialista por Castellón, Artemi Rallo, ha pedido la dimisión de Clavell, y ha exigido al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que aplique sus "líneas rojas y, como recogen los estatutos de su partido, actúe de inmediato".

El parlamentario socialista ha destacado que, como ya denunciaron "meses atrás", la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, apostó por Clavell "ante la posibilidad manifiesta de que se abriera juicio oral contra él y para aforarlo y tratar así de poner obstáculos a la acción de la justicia, como esta sucediendo también en el caso de Rita Barberá".

Rallo ha subrayado en un comunicado que el PSPV viene denunciado el caso desde 2010 y ha demandado a Bonig "que no espere, como suelen hacer, a que los tribunales hagan su trabajo" y le ha exigido que pida la dimisión de Clavell y actúe "de inmediato".

 "Si no lo hace "no quedará más remedio que pensar que lo protege porque la verdadera responsable de lo que sucedió era ella", ya que el parlamentario del PP la sustituyó al frente de la Alcaldía de la Vall d'Uixó.

El juez pide información de las cuentas bancarias de las familias de Castellano, Taroncher y Máñez

VALENCIA.- El juez del juzgado de Instrucción número dos de Sagunto ha solicitado a 21 entidades bancarias que faciliten a la Policía información sobre las cuentas del exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano; el contratista a quien le adjudicó trabajos José Miguel Pérez Taroncher y el ex teniente de alcalde de Quartell, Emilio Máñez, y sus respectivas familias dentro de la investigación de la 'Operación Concertación'.

En esta causa sobre la denominada 'trama del fuego' se investiga un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales. Hay imputadas --investigadas con la nueva terminología de la Lecrim-- al menos 30 personas, en relación con los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documentos públicos y alteración de precio de concurso.
El juez adoptó esta decisión en un auto de finales de noviembre tras la petición de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía, que le solicitó poder acceder a estos datos con el objetivo de comprobar la declaración del testigo Francisco Alandí, que fue gerente de una de las empresas investigadas, Avialsa, ofrecida tanto en la denuncia original ante Fiscalía como en posteriores ampliaciones por la comisión de posibles delitos de cohecho en la Comunitat Valenciana y en Cataluña por personas no investigadas en la causa en ese momento.
La Policía consideraba "imprescindible" el "abordaje de la obtención de pruebas e indicios suficientes, la obtención inicial de información" que obrara en la Agencia Tributaria "de la que se puede desprender las fuentes de ingresos declaradas por los investigados, merced a su confrontación con la realidad financiera" facilitada por las entidades bancarias para detectar la existencia de "ingresos atípicos, propios de los ilícitos investigados".
El juez accedió a la petición "al existir indicios racionales de criminalidad de la participación de los mismos" en los hechos investigados, y con el fin de esclarecer "la posible existencia de un blanqueo de capitales, vistos los movimientos bancarios, contrataciones bancarias y/o movimientos bancarios con los declarados ante la AEAT", sin perjuicio de que se tratara de personas que ya hubieran declarado en la causa como de otras sobre las que procede ser investigadas.
Así, según la documentación, el juez ha acordado requerir, a través de la Policía, a 13 entidades bancaias para que faciliten información de Pérez Taroncher, su mujer y dos dos hijos; Castellano y su esposa; Emilio Máñez, su pareja y sus hijos y otras seis personas más, entre ellas, el alto cargo de Bombers de la Generalitat, Ramón Dinarés; Javier Hidalgo, hijo del que fuera director general de Interior e investigado en el caso, Pedro Hidalgo, --a quien consta como supuesta dádiva un Touareg--; el alcalde de Quartell, Francisco Huguet o el exjefe de Aviación Civil Salvador Alepuz.
El instructor ha reclamado también información de 13 empresas o personas jurídicas relacionadas con los hechos, entre ellas, Construcciones Taroncher y Asociados, respecto de las cuentas en las que aparezcan como titulares o autorizados así como otras personas o sociedades titulares o autorizados, que compartan cuentas con aquellas desde el año 2005.
Los datos solicitados son la apertura de la cuenta; los extractos de los movimientos bancarios de las cuentas, total de abonos y cargos desde su apertura; fotocopia de las matrices por duplicados de los cheques librados por la entidad, de cualquier cantidad, a petición de las personas que se quiere investigar y fotocopia del anverso y reverso de los chueques que hayan librado por cuantía superior a 3.000 euros abonados a estas personas, así como cualquier otra ifnromación sobre depósitos, valores, cajas de seguridad, títulos, acciones y productos financieros.
Asimismo, acuerda expedir un oficio dirigido a la AEAT para que facilite información de varias de estas personas físicas y de las sociedades, entre ellas, declaración anual de IRPF, ingresos y gastos, hipotecas, administradores y socios oo porcentajes de participaciones sociales o moviimeintos de efectivos y transmisiones patrimoniales.

El Consejo Escolar Municipal de Valencia aprueba las 21 zonas de escolarización

VALENCIA.- Valencia volverá a tener el próximo curso 2016-2017 21 áreas de influencia a efectos de matriculación en los centros escolares de Infantil y Primaria, públicos y concertados, y 11 en los de ESO, ha informado la corporación local.

De esta forma, se vuelve al mapa escolar "anterior al modelo de distrito único impuesto por el PP en 2013". Lo ha aprobado este mediodía el pleno del Consejo Escolar Municipal, que ahora elevará la propuesta a la Dirección Territorial de la Conselleria de Educación.

Las mismas fuentes argumentan que, "ante el consenso logrado en el seno del órgano participativo en lo concerniente a la retirada del distrito único, se ha decidido volver a la zonificación del 2012-2013".

Explican que son 19 zonas, pero hay dos --la 10 y la 11-- que se dividen en A y B. Por lo tanto, en conjunto, los padres podrán elegir entre las 21 áreas de influencia a los efectos de matriculación en Infantil y Primaria. Para la ESO, son 11.

Según ha explicado la regidora de Educación, María Oliver, "hemos adquirido el compromiso de realizar un estudio pormenorizado para generar un mapa escolar dinámico que permita incorporar cambios justificados sobre esta zonificación".

"Este mapa escolar basado en datos concretos debe realizarse con un estudio detallado que tenga en cuenta, además de los datos estadísticos, las peculiaridades de los centros como pieza fundamental de relación y generación de redes en los barrios y las características intrínsecas de los mismos barrios", explica la edil a través de un comunicado.

Así las cosas, la pertenencia a la zona de influencia del centro escolar, por residencia o por el puesto de trabajo de los padres, será determinante a la hora de elegir la escuela.

Entre los cambios, destaca el distrito XIX, que estaba dividido en cuatro en el anterior modelo, y que ahora es zona única para que en las pedanías haya más oferta.

También se ha establecido la inclusión de algunos centros de trabajo, que hasta ahora no tenían ninguna zona de escolarización asignada. Se trata de la sede de la Policía autonómica (en el Puente de Madera), el Palau de la Música, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Instituto de Biomecánica (en la UPV). Estos centros se han adscrito a las dos áreas que tienen más próximas.

Català pide puntos extra en admisión de alumnos para familias en paro

VALENCIA.- La diputada del PP y exconsellera de Educación, María José Català, ha reclamado este miércoles a la Generalitat otorgar una puntuación extraordinaria a la hora de la escolarización a las familias que tengan a los dos cónyuges en paro.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha destacado que el nuevo decreto en el que trabaja la Conselleria de Educación "mejora sustancialmente" la baremación tanto a las familias numerosas como a las monoparentales.

Así se han expresado Català y Oltra en la sesión de control a los miembros del Consell del pleno de las Corts, tras una pregunta de la parlamentaria 'popular' sobre cómo valora que en los nuevos criterios de admisión la puntuación para la escolarización en la que trabaja la Conselleria de Educación "otorgue una puntuación desigual a las familias numerosas y a las monoparentales".

Oltra ha destacado que con el proyecto del nuevo Consell "se da una puntuación igual" a las familias numerosas y a las monoparentales de categoría general, y también a las dos en los casos de categoría especial.

Por su parte Català ha señalado que "aunque en papel" la baremación si sea la misma, no lo es en la práctica. "Las familias numerosas no quieren que se le retiren privilegios a las monoparentales, pero no se sienten lo suficientemente respaldas", ha destacado.

Como ejemplo concreto, María José Catalá ha indicado que las familias con los dos padres en paro y dos hijos obtienen "cero puntos". Por ello, ha propuesto a la Generalitat otorgar puntos extraordinarios para las familias con los dos padres sin trabajo teniendo en cuenta el criterio de renta per capita.

Mònica Oltra, por su parte, ha acusado a la exconsellera de "faltar a la verdad" y, al respecto, ha indicado que en el caso de las familias con dos hijos "ya tienen 15 puntos que se otorgan por el otro hijo". Además, ha indicado que una familia numerosas con dos progenitores y tres hijos tiene "menos dificultades" que una monoparental con dos hijos.

También se ha referido a ejemplos concretos. Así, ha señalado que en caso de las familias numerosas de categoría especial, con cinco hijos, con el anterior Consell obtenía 19 puntos y con el nuevo, 50. Respecto a las familias numerosas de categoría general, con tres hijos y dos en la etapa educativa, ha puntualizado que con el decreto del PP tenían 11 puntos y, con el nuevo, 18.

Del mismo modo, ha indicado que las monoparentales con dos hijos y menos 75 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con el PP recibían ocho puntos y con el nuevo Consell, 18. Por tanto, según Mònica Oltra, el decreto de la Conselleria que dirige Vicent Marzà "mejora sustancialmente a las familias numerosas y a las monoparentales, que para el PP eran invisibles".

Marzà: "No habrá paz para los corruptos pero tampoco para aquellos que miraban hacia otro lado"

VALENCIA.- El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha asegurado este miércoles que "no habrá paz para los corruptos, pero tampoco para aquellos que miraban hacia otro lado mientras a los valencianos les robaban a la cara".

Así se ha pronunciado Marzá en las Corts ante la pregunta de la diputada del PP Beatriz Gascó, que se ha interesado en saber si piensa mantener a Josepa Sònia Pérez como jefa de servicio de idiomas y programas europeos. Ha recalcado que esta es "compañera de partido" del conseller y, además, en 2008 fue condenada por un juzgado por haber defraudado en el suministro de agua potable dentro de su comunidad de vecinos.

El conseller ha recalcado que Ortega "reúne todos los requisitos legales como funcionaria que es" para ocupar este puesto, que según ha destacado "no es un cargo político o a dedo", sino que se trata de "una funcionaria haciendo su trabajo".

"Yo entiendo que con la que les está cayendo lo único que pueden hacer es hacer pensar que todo el mundo es igual para así redimir sus actos", ha apuntado Marzà, que ha pedido a los 'populares' que dejen de "confundir a la gente" y no equiparen cuestiones que no tienen "nada que ver".

En este sentido, ha explicado que los hechos a los que se ha referido Gascó tuvieron lugar en 2008 y "en ningún momento esta persona ha sido inhabilitada y apartada de la función pública". Asimismo, ha agregado: "No tenemos nada que esconder, no nos escondemos en un piso de Valencia detrás de una cortina ni en una televisión de plasma para no dar explicaciones". Ha admitido que Ortega "cometió un error" y cuando la empresa se lo comunicó pidió subsanar el error y finalmente acabó pagando una multa.

Gascó, por su parte, ha criticado que al conseller "le gusta muchísimo dar lecciones de ética" pero no predicar con el ejemplo, ya que "con una mano está elaborando un código de buenas prácticas" y con la otra "se carga a una jefa de servicio con un currículum brillante" para sustituirla por una funcionaria "compañera de partido", que tiene también un expediente municipal abierto, ha remarcado, "por pedir la licencia para construir un almacén agrícola en suelo rústico pero en vez de eso construirse un chalet".

El juez cita a otras 19 personas investigadas por blanqueo, entre ellos dos exediles y varios asesores

VALENCIA.- El titular del juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha citado a otras 19 personas como investigadas --término que sustituye al anterior de imputado-- en el marco de las diligencias que se siguen por un presunto delito de blanqueo de capitales. Entre los nuevos investigados, hay dos ex concejales del grupo municipal 'popular' en el consistorio --Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchis-- y varios asesores más.

El instructor mantiene la condición de investigados de los ediles que han declarado este miércoles en la causa, que suma ya 80 imputados por presunto amaño de contratos en distintas administarciones públicas de la Comunitat, 56 de ellos por blanqueo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El juzgado ha fijado un nuevo calendario de declaraciones que incluye los días 16, 17, 18, 19, 23 y 24 de febrero.

Este miércoles han comparecido ante el instructor nueve de los diez investigados citados: Maria Àngels Ramon-Llin, concejal del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, los exconcejales Silvestre Senent y Ana María Albert, y otros seis asesores del mismo grupo, investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales. Todos ellos mantienen la condición de imputados. Sólo uno de ellos se ha acogido a su derecho a no declarar.

Albert ha llegado a las 12.15 horas a la Ciudad de la Justicia y, en declaraciones a los medios, ha dicho entender "que se prejuzgue a las personas solo por el hecho de que me estéis preguntando hoy".

"Solo decirles a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a todos los colectivos con los que he trabajado durante todo este tiempo que entiendo que solo por verme aquí puedan verme de otra manera", ha dicho, aunque ha afirmado tener "la conciencia muy tranquila". Preguntada por si donaron dinero, ha apelado al secreto de sumario mientras que sobre la exalcaldesa Rita Barberá ha manifestado no tener nada que decir.

Ramón-Llin ha llegado a declarar a las 12.20 horas, momento en el que un ciudadano ha lanzado gritos de "ladrones". A la entrada ha dicho que iba a hacer su declaración al juez y ha apelado al "secreto de sumario". "No tengo más que decir", ha manifestado. A su salida ha dicho que esperan que el proceso siga adelante y ya está.

A la pregunta de que le diría a los ciudadanos, ha contestado que "hay que confiar en la justicia". 

"He declarado al juez lo que tenía que declarar y el juez les dirá a los ciudadanos lo que hay", ha añadido. La edil se ha mostrado "muy satisfecha de declarar ante el juez" y ha aludido al secreto del sumario.

Uno de los diez investigados citados para esta jornada, un asesor municipal, no ha llegado a declarar por motivos de agenda de su abogado, que interviene en el juicio por el 'caso Noos', que se está celebrando en Palma de Mallorca. La comparecencia ante el juez de este investigado se ha pospuesto.

Hasta el momento ya han prestado declaración ante ante el juez los 24 investigados que fueron detenidos, otros 20 imputados y cinco testigos. El nuevo calendario incluye las declaraciones para el 16 de febrero de tres asesores; para el 17 de cuatro asesores la edil maria jesús Puchalt y los exconcejales Vicente Aleixandre y Francisco Lledó; para el 18 de los exconcejales Juan Vicente Jurado y mayrén Beneyto y siete asesores y para el 19 los exedicles Emilio del Toro y Ramón Isidro Sanchis.

El juez ha programado declaraciones el martes 23 de febrero por la tarde y 24 por la mañana de 12 personas, que declararán con intervalos de media hora.

La investigación se centra en Imelsa, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Ciegsa y la Fundación Jaume II El Just, por presuntamente realizar adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Se investigan contratos desde el año 2003.

En el curso de las diligencias han sido detenidas 24 personas, entre las que se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; los exvicepresidentes de la corporación Máximo Caturla y Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Deporte y ex diputado en las Corts, David Serra; la ex concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just, Vicente Burgos; el exacalde de Genovés, Emilio Llopis; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster y Salvador Deusa Ibanco, ex jefe de sección de Evaluaciación y Planificación de la Diputación de Valencia.

Además, fueron arrestados 12 empresarios, como supuestos cohechadores, dos arquitectos y un ex trabajador del Ayuntamiento de Valencia (personal de confianza del grupo popular).

Las Corts piden que Sagunto sea declarada Capital Valenciana de la Romanización

VALENCIA.- Los cinco grupos parlamentarios de las Corts han llevado al pleno de este miércoles una declaración institucional para apoyar a la ciudad de Sagunto como Capital Valenciana de la Romanización. El Parlamento autonómico reconoce que la también capital del Camp de Morvedre reúne todos los méritos históricos suficientes, objetivos y rigurosos para serlo, compartirlo y divulgarlo.

La lectura de la declaración institucional en el pleno ha contado con la presencia en el público de representantes políticos de Sagunto, como también de las asociaciones y colectivos que apoyan la iniciativa. Un grupo de recreación histórica también ha celebrado el acuerdo de la Cámara y ha visitado el Palacio de los Borja, vestidos con las galas propias de las clases altas romanas que habitaron Saguntum.
En la declaración, las Corts destacan que Arse/Saguntum fue "una de las más importantes ciudades iberoromanas de Hispania perteneciente al ámbito cultural de la Edetania". Señalan que estuvo habitada sin interrupción hasta su romanización y se convirtió en el núcleo más antiguo y activo del área valenciana.
El Parlamento también indica en el texto que "una de las singularidades más importantes de Arse/Saguntum es el hecho que se trata de un centro edetano que asumió la civilización romana sin perder su identidad" y, del mismo modo, destaca que fue la primera fábrica que emitió moneda en la Península Ibérica.
También subraya que su puerto se convirtió en un emporio "fundamental" para las transacciones comerciales entre los pueblos del Mediterráneo, como íberos, fenicios, púnicos y griegos. Las Corts también indican que la "importancia" de la ciudad se refleja, además, en las abundantes referencias de los historiadores clásicos.

El cuñado de Barberá: "Si me entero de que mi mujer da 1.000 euros, la corro a bofetadas"

VALENCIA.- El abogado José María Corbín, esposo de Asunción Barberá, hermana de la excaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá, ha asegurado hoy que su mujer "no sabía nada" del presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento, que se está investigando en el caso Imelsa, y ha agregado: "Permitidme la licencia; si yo me entero de que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas, ni ha dado ni se los ha pedido nadie; es funcionaria de carrera y esto ya me duele un poco más".

El letrado, que se encarga de la representación de la exsecretaria del grupo municipal 'popular' María del Carmen García Fuster --una de las personas detenidas en la Operación Taula-- se ha manifestado en estos términos en declaraciones a los periodistas a las puertas de la Ciudad de la Justicia, donde hoy se han reanudado las declaraciones de concejales, exediles y asesores del PP investigados por blanqueo.

Corbín, que ha mantenido una actitud irónica y altiva con la prensa, ha llegado diciendo que iba a los juzgados por un tema de acciones bancarias. Cuando los medios le han comenzado a preguntar por el caso Imelsa y por su cuñada, Rita Barberá, en concreto sobre qué piensa de su aforamiento, ha contestado: "No pienso porque el saber ocupa lugar, creo que el Barcelona va a pasar esta tarde a la final (de la Copa del Rey)".

Sobre por qué no habla la exalcaldesa, ha dicho que "ella sabrá" y ha considerado que "cuando sepa de qué la acusan, tendrá que dar alguna explicación; habrá que ver qué pruebas tienen, porque a lo mejor es mentira".

En este punto, ha subrayado que el procedimiento está aún bajo secreto y "cuando se levante se verán las cosas; lo mismo se archiva o lo mismo es una causa tremenda y a lo mejor imputan a algún periodista".

En el mismo tono, cuando se le ha interrogado por si está asesorando a Rita Barberá, ha replicado que "no aconseja ni a sus hijas".

Ha recalcado que está deseando que se levante el secreto de sumario y entonces, tal vez, estará "encantado" y cambia de actitud, "como lo hacen Paquirrín, la duquesa de Alba y todos estos".

Ha recordado que Rita Barberá no es su cliente "porque no está imputada" y, si finalmente lo fuera, se tendría que mandar a "otro foro", en referencia al Tribunal Supremo, ya que la excaldesa es aforada por su condición actual de senadora. Sobre si ha hablado con ella, ha vuelto a ironizar: "Somos una familia muy unida, hablamos mucho todo, nos vemos solo en Nochebuena".

También se le ha preguntado por el exvicealcalde Alfonso Grau y las informaciones que aseguran que vació la caja b del PP en el Ayuntamiento. "No tengo ni idea de si hay caja b ni de qué vacía Grau, imagino que vaciará el cubo de la basura". Aquí ha añadido, a la pregunta sobre el sentimiento de "soledad" de Grau, que "no está solo, está casado, la que no está casada es Rita Barberá".

Acerca de si García Fuster está preocupada, ha reconocido que "a nadie le gusta que le pongan las esposas y dormir en un calabozo" aunque ha afirmado que él, como abogado, "no está preocupado".

"Nunca he creído ni en financiación ni en ilegalidades; no sé cómo funcionan los partidos y creo que ustedes tampoco", ha dicho a los medios, para añadir que si él hubiera donado algo habría pedido que se devolvieran "Pero yo no soy partidario de donar nada".

Al interrogarle por las informaciones que aseguran que Asunción Barberá era conocedora del procedimiento para blanquear dinero, ha defendido a su esposa: "No tiene nada que ver con el PP, ni sé si ha votado al PP; solo era jefa de gabinete, no está afiliada y nada tiene que ver el gabinete de Alcaldía con lo que haya hecho el PP.

"Arrieros somos y a lo mejor ajustamos cuentas en los juzgados", ha advertido Corbín, que ha reiterado que su mujer "no es asesora por la cara, sino funcionaria".

También ha aludido al juicio del caso Nóos, que no cree que "toque" a Rita Barberá. En esta causa hay "imputados clarísimos: el yerno y la hija del que antes era Rey y el socio; habláis de aforamiento como si fueran impunes o inmunes, solo que es otro tribunal, eso está montado así y un día por ti y otro por mí en este país solo hay un inmune, que es el 'coronao', Su Majestad el Rey. Si hay algo, procederá el tribunal que tenga que proceder y, si no, es que no hay nada".

Por último, se ha mostrado disgustado por la presencia de los periodistas: "¿Creéis que esto es normal? ¿Por qué no le preguntáis al juez o al fiscal? ¿A que yo sé por qué?. No hay razón para que yo tenga este interés mediático", ha rematado.

Ximo Puig sobre Barberá: "El PP debe tomar una decisión porque la mala reputación de la Comunitat se debe a su actuación"

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles respecto a la inclusión de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la Comisión Permanente del Senado, que el PP tiene que tomar una decisión "porque la mala reputación que en algunos ámbitos tiene la Comunitat Valenciana se debe exclusivamente a su actuación, por tanto, no debería dejar que continuara esta situación".

Puig se ha manifestado en estos términos ante los medios antes de visitar el Instituto de Traumatología y la sede central de la Unión de Mutuas en Castellón al ser preguntado al respecto.

Según ha dicho, "la señora Barberá es la responsable política de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Valencia en los últimos 25 años, en los que ha dirigido la administración local, y todo lo que ha pasado, de alguna manera, le concierne en cuanto a responsabilidad política".

Al respecto, el jefe del Consell considera que más allá de lo que digan los tribunales, hay una responsabilidad política "evidente", por tanto, "este serial se debe acabar ya y se deben tomar las decisiones oportunas y, desde luego, que no se juegue con esa doble moral y ese cinismo, que se dice una cosa y se hace la contraria".

En su opinión, "el problema es que las facturas de su actuación las estamos pagando todos los valencianos, y a eso no hay derecho porque los valencianos somos gente honrada, honesta y trabajadora y no tenemos nada que ver con lo que ha sido los que nos han gobernado durante este tiempo".

Preguntado por la imposibilidad de revocar el nombramiento de Rita Barberá como senadora, Puig ha señalado que "aunque desde el punto de vista legal seguro que es así, estamos hablando de responsabilidad política y de reprobación moral, ética y política".

"En términos legales probablemente no se puede hacer nada, pero eso lo dirán los servicios jurídicos de la Cámara", ha apuntado el presidente de la Generalitat, el cual ha indicado que "el que tiene la decisión en estos momentos es el PP, pues si el PP la suspende de militancia y toma las decisiones que debe tomar, asumiendo la responsabilidad política más allá de la judicial, se acabaría este problema".

"Me gustaría que acabara por fin este serial, pues los valencianos estamos por levantar la hipoteca reputacional que tenemos, poner en evidencia lo positivo que tiene esta Comunitat y, desde luego, que paguen los culpables, pero que no pague toda la sociedad valenciana", ha concluido.

Barberá no acudirá al Senado y dice que no tiene que dar explicaciones de nada

MADRID.- La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha confirmado que no acudirá este miércoles al Senado, porque cree que es “más prudente” no hacerlo hasta que se aclare su situación, y ha asegurado que no tiene “nada que ver” con los hechos destapados en la ‘operación Taula’.

En declaraciones a ‘La Razón’, Barberá ha dicho además que no ve motivos para dar explicaciones: “No sé de qué debo darlas”, ha afirmado.

La actual senadora autonómica ha asegurado que sigue “sin entender nada de lo que está sucediendo” en lo que concierne a ella y que no se mueve de Valencia “a la espera de que se produzca una clarificación de la situación actual”.

Así, considera que “en estas condiciones es más prudente no estar presente” en el Senado, a pesar de que el presidente del Gobierno en funciones y del PP, Mariano Rajoy, reunirá este miércoles a sus parlamentarios en esta Cámara.

Asimismo, ha añadido que desconoce por qué se encuentra “como protagonista de la actualidad sin estar investigada ni imputada ni procesada y sin tener nada que ver con todo lo relativo a Imelsa ni a los movimientos en torno al grupo municipal de Valencia”.

El juez y el fiscal preparan ya el suplicatorio de Rita Barberá para que declare en el Tribunal Supremo

VALENCIA.- La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá declarará por el presunto blanqueo de capitales del grupo municipal del PP de Valencia a pesar de su aforamiento. Es lo que afirma este miércoles Valencia Plaza que citando fuentes de la investigación asegura que tanto el magistrado instructor como el fiscal Anticorrupción preparan el suplicatorio al Tribunal Supremo para que Barberá declare como investigada por estos hechos tras el blindaje a su condición de aforada establecido este martes por el Grupo Popular en el Senado.

Valencia Plaza recuerda que el citado blindaje ha situado a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado, por lo que la exalcaldesa no perderá el aforamiento en el caso de que se disuelvan las Cortes por una nueva convocatoria de elecciones generales. Ello significa, básicamente, que si Barberá no renuncia a su aforamiento motu proprio, sólo el Tribunal Supremo podrá tomarle declaración como imputada.

Según dicho medio, este hecho es algo que contemplaban los instructores del caso, por lo que no les resulta “extraño” tener que plantear un suplicatorio al Tribunal Supremo para que Barberá pueda declarar como investigada por el presunto blanqueo de capitales. De hecho, las mismas fuentes indican que “no les temblará el pulso a la hora de citar a Barberá a declarar, como al resto de personas investigadas en esta causa”.

Rus dio a los contratistas 27 millones pero sólo se han instalado bombillas LED por valor de 18

MADRID.- El plan de ahorro energético puesto en marcha por Alfonso Rus al frente de la Diputación de Valencia, por el que se compraron 30 millones de euros en bombillas LED, no sólo deja dudas sobre la legalidad de un concurso donde se compraron lotes de producto al doble de su valor de mercado. Las propias cuentas revelan nuevas irregularidades: la Diputación pagó bombillas a los contratistas por valor de 27,4 millones, pero, en realidad, sólo tenía constancia de que se hubiera entregado material por valor de 18 millones, revela hoy Okdiario.

El resultado de los balances que constan en la Diputación arroja un saldo a favor de las compañías adjudicatarias sin que conste que han entregado todo el producto comprometido: Rus pagó 9,5 millones por unas bombillas que no constaban haber sido entregadas ni entonces, ni ahora. El documento que publica Okdiario con el desglose de lo pagado a cada contratista y lo que la administración certifica como producto entregado no ha sido renovado. Y, en todo caso, el pago por las bombillas LED debió ser posterior a su instalación, nunca previo como consta en ese documento y como fijaba el convenio con los ayuntamientos.

El sistema establecido para el pago de las ayudas de la Diputación que dirigía Rus, precisamente, exigía que los ayuntamientos certificaran que habían recibido las luces LED compradas por la Diputación antes de realizar cualquier desembolso al panel de adjudicatarias. A la vista de la diferencia entre las cantidades pagadas a los contratistas y las bombillas que cada ayuntamiento certifica haber instalado, un miembro del Tribunal de Cuentas se muestra tajante: “Si yo me encuentro con un desfase así, lo investigaría inmediatamente”.

Okdiario también consultó con un dirigente socialista especializado en el control de esta entidad y llega a la misma conclusión: Rus abonó un material que a la Diputación no le constaba haber sido recibido por los ayuntamientos destinatarios del plan de eficiencia energética.

Los expertos consultados por Okdiario coinciden en que el importe certificado siempre debe ser igual al abonado. Si lo supera hay un sobrecoste que debe explicarse y el ente público dirimirá si es justo el sobreprecio del contratista y si debe o no pagarlo. Pero este caso es más insólito, la Diputación de Valencia arroja el fenómeno contrario: se han pagado 9,5 millones de más por una mercancía que no existe formalmente, que no tiene “certificado”.

La entrega de material es sensiblemente inferior a la pagada. Este fenómeno se repite en cada contratista, pero llama poderosamente la atención que Inelcom, la empresa tecnológica vinculada con Rus y el Partido Popular, sea la más beneficiada por estos desfases contables.

Inelcom tenía adjudicados de partida 15,2 millones de euros, del total de 30 kilos destinados por la Diputación a comprar bombillas LED en el marco del plan de ahorro energético. La empresa recibió 13,2 millones de la diputación por sus bombillas, pero sólo consta como “certificado” la entrega de LEDS por valor de 9,3 millones. Es decir, Inelcom cobró casi cuatro millones de más por unas bombillas inexistentes en la contabilidad oficial.

La Diputación de Castellón pide a la UE que mantenga la protección al azulejo español ante la "amenaza" china

CASTELLÓN.- La Diputación de Castellón solicitará a la Unión Europea (UE) que mantenga la protección al sector de la cerámica, asegurando la competitividad de todos los sectores industriales en las relaciones comerciales entre la UE y China.

Así, el Pleno de la Diputación debatirá el próximo martes, 16 de febrero, la moción registrada por el Grupo del Partido Popular que solicita que la Comisión Europea realice "inmediatamente" un estudio y evaluación completa sobre los efectos "negativos" sobre la industria europea que tendría la concesión del estatus de economía de mercado a China, debido a la venta de productos por debajo de los precios de mercado con la intervención del Estado chino y la "laxitud" de su legislación medioambiental y social.

El vicepresidente provincial y portavoz popular, Vicent Sales, ha explicado que "tras la escucha permanente que hacemos con el sector castellonense, la Diputación sigue al lado del sector cerámico, una de las tres patas de la economía provincial, en su defensa estratégica de la cerámica ante la posibilidad de que la Unión Europea conceda a China el estatus de economía de mercado".

Según Sales, la economía china que en estos momentos "no está cumpliendo con unos mínimas normas de regulación laboral ni unos mínimos estándares medioambientales, está fabricando a precio por debajo de mercado y ejerciendo un dumping que la Unión Europea no debe permitir" y, por tanto, "presentamos esta moción para instar a que Europa a que defienda al azulejo y a los sectores económicos españoles de competencias desleales".

Así, el texto de la moción que se elevará al Pleno para conseguir el acuerdo unánime de todos los grupos con representación en la Diputación solicita que se propongan y apliquen todos los instrumentos necesarios eficaces en la defensa de la competencia de mercado entre la UE y China, ya que están "en riesgo" miles de puestos de trabajo.

Además, a través de esta moción de cuyo acuerdo se dará traslado al Colegio de Comisarios de la Unión Europea, a cada uno de sus miembros, a los eurodiputados españoles, al Gobierno de España y a Ascer, la Diputación pedirá que se proteja especialmente la competencia desleal al sector de la cerámica española "concentrado en más del 90 por ciento en la provincia de Castellón", tal y como ha remarcado Sales, ya que es uno de los sectores "estratégicos y más competitivos" de España y Europa.

Esta iniciativa se corresponde con el compromiso adquirido por el presidente de la Diputación, Javier Moliner, con la patronal del azulejo Ascer de activar todas las medidas de presión posibles desde el Gobierno provincial para conseguir la protección de Europa al azulejo español frente la "amenaza" china.

Este compromiso de Moliner se suma el adquirido como presidente de Partenalia, para difundir entre otros territorios europeos los perjuicios que supondría para el empleo en Castellón y otras zonas europeas la eliminación de las medidas antidumping que hasta ahora ha llevado a cabo la UE con el tema de la industria cerámica.

El juzgado aprueba la venta de 'Taulell', en concurso, para evitar la pérdida de 143 empleos

CASTELLÓN.- El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón ha autorizado la venta de la unidad productiva de la empresa cerámica Taulell SL, antes de aprobar su liquidación, como medida para intentar salvar los 143 empleos de esta mercantil en concurso de acreedores, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

De conformidad con el informe emitido por el administrador concursal, el magistrado entiende que la propia evolución del proceso judicial conducirá a "un definitivo deterioro" de la empresa "que comprometa su viabilidad, reduzca su valor en perjuicio de los acreedores e impida el mantenimiento de los puestos de trabajo".

En el auto, el magistrado explica que "debe evitarse en suma que, en espera de un futuro trámite liquidatorio, las dificultades advertidas frustren definitivamente la oportunidad de transmisión con conservación de la actividad empresarial y de los puestos de trabajo".

Por este motivo, el juzgado ha autorizado la transmisión de la unidad productiva de Taulell, mediante la enajenación directa al mejor oferente de forma anticipada a la fase liquidadora. El plazo para que los interesados puedan presentar ofertas expira el 15 de marzo.

El juez se basa en el informe emitido por el administrador concursal, según el cual la venta de la unidad productiva en funcionamiento es la "mejor solución al concurso" por cuanto permite continuar con la actividad empresarial que desarrolla la concursada, evita la destrucción del tejido empresarial, asegura el mantenimiento de los casi 150 puestos de trabajo y evita la pérdida de valor de la unidad productiva si se produce un cese de la actividad con motivo de las dificultades financieras.

El administrador concursal concluye que el valor de la unidad productiva en caso de venta unitaria ascendería a más de 11 millones de euros; y añade que, de no llevarse a cabo esta medida, la empresa se vería abocada a la liquidación con un déficit patrimonial de -11,5 millones de euros.

'Ciudadanos' sobre los casos de corrupción en la Comunitat Valenciana: "Esto apesta"

VALENCIA.- El portavoz de Ciudadanos en las Corts, Alexis Marí, ha asegurado respecto a los casos de corrupción en la Comunitat Valenciana que el mandato de 20 años del PP ha sido "nefasto, ha estado podrido, carcomido hasta las entrañas por la corrupción" y se ha vivido una situación "lamentable", con lo que ha asegurado que "esto apesta".

En declaraciones en los pasillos del parlamento valenciano, ha señalado que hace poco ha pedido a uno de los técnicos del grupo un informe con todos los casos de corrupción existentes porque él ya no se acuerda de todos y ha lamentado que hoy, mañana, dentro de un mes y al acabar la legislatura "vamos a seguir hablando de lo mismo".

A su juicio, el PP ha hablado de señas de identidad y las usó "para dividir a los valencianos" cuando "una buena seña de identidad podría haber sido una cartera con un candado".

A su juicio, "la falta de transparencia y la opacidad" son las señas que han "sufrido los valencianos y especialmente los votantes del PP, que no merecen lo que ha ocurrido".

Las Corts crearán una comisión para investigar los sobrecostes de 'Ciegsa' y depurar responsabilidades

VALENCIA.- El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles por unanimidad crear una comisión de investigación sobre la empresa pública Ciegsa --investigada dentro de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa-- para aclarar los sobrecostes en la construcción de infraestructuras educativas y depurar posibles responsabilidades.

Así, se ha dado luz verde a esta comisión solicitada por PSPV, Compromís y Podemos, que han lamentado que muchos niños hayan pasado toda su etapa educativa en barracones y han denunciado los sobrecostes de 1.000 millones de euros. La 'popular' Beatriz Gascó ha replicado que de los 1.000 millones "457 corresponde a gastos de funcionamiento de la empresa, intereses de créditos, impuestos pagados y nóminas de los trabajadores".

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha indicado que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana creó Ciegsa y "diseñó un plan en el que intuía que con 1.000 millones de euros se harían 277 colegios y todo el mapa escolar estaría completo". Sin embargo, "esta empresa se ha fundido 2.800 millones, no ha hecho ni la mitad de los colegios comprometidos y hemos pagado el triple por metros cuadrado que en otras comunidades", ha señalado.

Mata ha indicado que Ciegsa ha contratado "con una empresa investigada en la trama Gürtel" y con otras como Sedesa o Lubasa.

"¿Ustedes saben los primos, amigos y cuñados que estaban en Ciegsa?", ha preguntado el socialista, quien ha dicho que el PP "con el ejemplo de esta mercantil han arruinado a esta comunidad".

También ha instado a la presidenta del PPCV y síndica del grupo popular, Isabel Bonig, que le cambie el nombre al partido, pero "no le ponga el adjetivo popular", porque "popular es lo relativo a pueblo y este partido no tiene que ver con el pueblo".

Por su parte, la diputada de Podemos Sandra Mínguez ha preguntado al PP si "la buena gestión de la que tanto se regodean" es "Imelsa, operación Taula, caso Blasco, caso Fabra, Gürtel, Camps, Nóos, Púnica, la visita del Papa o Púnica", y ha denunciado el "nuevo caso de utilización indecente del dinero público por parte de los gobierno del PP".

 "Tenemos que saber quiénes son los responsables", ha resaltado Mínguez, quien ha reclamado que "el dinero estafado es nuestro".

Mínguez ha señalado que durante la etapa en la que el actual vicepresidente segundo de las Corts, Alejandro Font de Mora, fue conseller de Educación "la deuda de Ciegsa se multiplicó por tres" y, asimismo, ha señalado que Máximo Caturla --investigado en la operación Taula-- fue a la vez "el máximo dirigente" de la empresa pública, secretario autonómico de Educación y "responsable de las finanzas del PP".

También ha destacado que Isabel Bonig fue asesora parlamentaria de Font de Mora y la diputada 'popular' Beatriz Gascó directora general de Calidad Educativa. "¿Hacia dónde miraban mientras las aulas prefabricadas se eternizaban dejando a nuestros niños en barracones?", ha preguntado.

Desde Compromís, Josep Nadal ha defendido la creación de una comisión de investigación "abierta y democrática que saque a la luz toda la porquería posible que podamos sacar y nos diga dónde han fallado los mecanismos de control que toda sociedad democrática y seria debería tener para evitar esta vergüenza".

A su juicio, "los procedimientos penales tiene su tiempo, pero también son muy importantes los procedimientos y los tiempos políticos". Del mismo modo, ha señalado que Font Mora debe explicar "si no vio nada durante todos los años" como conseller de Educación y si "no le extrañó un incendio intencionado donde su guardaba la información más sensible de Ciegsa".

Font de Mora, que ha pedido la palabra por alusiones, ha exigido "respeto hacia las personas que hemos trabajo y algunas nos hemos dejado la piel y la salud y no hemos tenido ningún beneficio personal en este tipo de actividades". 

Así, ha defendido el "honor de las personas".

El exconseller de Educación también ha señalado que el incendio en Ciegsa fue investigado por la Policía "en tiempos de Zapatero y Rubalcaba" y se concluyó que "fue un incendio accidental". Del mismo modo, ha resaltado: "Lo que yo vi personalmente fueron 265 colegios nuevos porque los inauguré yo" y ha destacado que durante la etapa del PP se construyeron 600 centros educativos.

Asimismo, la 'popular' Beatriz Gascó ha denunciado que PSPV, Compromís y Podemos ya han "juzgado a Ciegsa y la han condenado culpable" y ha resaltado que el PP es "el único partido interesado en conocer la verdad", mientras que los demás "lo único que quieren es hacer ruido y un circo mediático".

"Nosotros somos los primeros interesados en desvincular un trabajo que ha puesto en pie más de 600 centros educativos de un presunto caso de corrupción", ha dicho Gascó, quien ha asegurado que Ciegsa se creó "porque los gobiernos socialistas fueron incapaces de planificar y construir los centros que necesitaba la Comunitat Valenciana".

Del mismo modo, ha tildado de "malicioso" y "perverso" el razonamiento de que "si en Ciegsa hay un presunto caso de corrupción, toda Ciegsa es corrupta". También ha criticado que el resto de grupos quieran que "sobrecoste signifique delito" y ha resaltado que "si se demuestra que ha habido acto delictivo, esa persona a la cárcel, de cabeza, sin ningún tipo de piedad".

Sin embargo, ha dicho que no van a consentir que "mezclen un presunto caso de corrupción con un trabajo que ha permitido a 250.000 alumnos estrenar centro educativo".

Finalmente, desde Ciudadanos (C's), Carmen Sánchez ha destacado su "más absoluta vergüenza" por lo sucedido en Ciegsa. "Los que parecen se lo llevaban calentito eran los altos cargos del PP, partido que ha hecho y deshecho a su antojo".

 "Con la educación de nuestros niños no se juega", ha destacado Sánchez, pero ha indicado que se debe "poner un punto y final a la corrupción sin límites".

El exedil Silvestre Senent dice que le "consta" que no hubo blanqueo y que sus donativos no le fueron devueltos

VALENCIA.- El exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia Silvestre Senent ha asegurado que le "consta" que no hubo blanqueo de capitales en el grupo 'popular' y ha agregado que los donativos que realizó al partido nunca le fueron devueltos.

Senent ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha acudido a declarar ante el juez en calidad de investigado por blanqueo. Según ha asegurado el propio exconcejal, el magistrado del juzgado de Instrucción nº 18, que instruye el conocido como caso Imelsa, ha decidido mantenerle en esta condición.
A su llegada al complejo judicial, sobre las 09.10 horas, el que también fuera presidente del PP en Valencia ha reconocido a los periodistas que realizó donaciones al partido en varias ocasiones pero ha recalcado que no le reembolsaron ningún dinero.
Cuando se le ha preguntado por las declaraciones de la exconcejala María José Alcón sobre que le dieron billetes de 500 para que los ingresara al PP, Senent se ha limitado a decir. "Pregúntenle a ella".
Tampoco ha querido pronunciarse sobre si la exalcaldesa Rita Barberá tenía conocimiento de este supuesto blanqueo o si debe dar alguna explicación. "No lo sé, no lo sé, pregúntenselo a ella", ha insistido.
El exedil de Hacienda ha entrado a declarar alrededor de las diez menos cinco y ha salido, por la puerta trasera del edificio, a las 10.30 horas sin querer hacer más declaraciones.
En este momento, se ha producido un incidente cuando un ciudadano ha comenzado a increpar al exdirigente 'popular'. Cuando el letrado que le acompañaba se ha dirigido a ese hombre para decirle que "no sabía por qué se encontraban ahí" el transeúnte ha contestado que "sí, por robar a los pobres" y les ha instado a "irse a la obra" a trabajar.
Con la declaración de Senent se han reanudado las comparecencias ante el juez de concejales, exediles y asesores del grupo municipal 'popular' en el consistorio valenciano. Para hoy también está prevista la presencia de la exconcejala Ana Albert (a las 13.00 horas) y la actual edil Maria Àngels Ramón-Llin (13.30 horas), así como de siete asesores.

Peremarch proclama su inocencia desde su nuevo escaño: "Sigo defendiendo lo mismo por lo que me presenté a diputada"

VALENCIA.- La exdiputada de Podemos y ahora parlamentaria del grupo no adscritos, Covadonga Peremarch, ha ocupado este miércoles su nuevo escaño en las Corts y ha defendido su inocencia porque "no hay nada legal ni jurídico" contra ella y tampoco "se ha demostrado nada" dentro del partido, del mismo modo que ha justificado que mantenga su acta: "Sigo defendiendo lo mismo por lo que me presenté a diputada".

Así se ha pronunciado la diputada ante los medios desde su nuevo escaño, situado entre los grupos de Ciudadanos y el PP, después de que el pasado mes de enero la Comisión de Garantías Democráticas estatal de Podemos sancionara a Peremarch, entre otros miembros del Consejo de Alicante, por inscribir a menores en el censo para las primarias y desacreditar a otros candidatos a la dirección a través de cuentas falsas en redes sociales. Después fue expulsada del grupo en las Corts al negarse a dejar el acta.

"Yo sigo defendiendo mi inocencia, estoy como diputada no adscrita y estoy trabajando. Estoy en la Comisión de Igualdad y sigo solicitando a la Mesa todos los procedimientos para poder llevar a cabo mis funciones", ha dicho la diputada, que ha destacado que ha sido expulsada del grupo pero no ha recibido "ningún tipo de confirmación" respecto a su expulsión del partido.

Según ha recalcado, entró en Podemos por una causa y sigue en las Corts "por la misma causa", la del cambio, aunque ha admitido, al ser preguntada sobre si es una situación incómoda para ella, que ahora "es una situación distinta" porque tiene 25 años y "esto es muy nuevo", aunque ha dicho que intenta "llevarlo lo mejor posible con el mayor compañerismo y el respeto, que es lo más importante".

Respecto a si cree que es ético que mantenga el acta, ha asegurado: "Teniendo en cuenta que no hay nada legal ni nada jurídico contra mí y que, además, no se ha demostrado nada por lo que se me acusa dentro del partido yo, aunque he acatado la decisión de Podemos, sigo defendiendo mi inocencia".

Por ello, ha remarcado que "no hay ningún tipo de incompatibilidad con la ética" porque ella continúa "defendiendo lo mismo" por lo que se presentó a diputada con Podemos.

Alberto Fabra señala que es "difícil de creer" que Barberá no supiera nada y que debe dar "un paso atrás"

MADRID.- El expresidente de la Comunitat Valenciana Alberto Fabra ha mantenido este miércoles que es "difícil de creer" que la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá no supiera nada de lo que sucedía en su grupo municipal cuando "su entorno" está siendo investigado en la operación Taula que ha destapado una red de comisiones en torno a la empresa Imelsa y sospechas de blanqueo.

Por ello, consdiera, según ha señalado en una entrevista en Antena 3, que Barberá debe "dar la cara" y dar explicaciones a la ciudadanía y le ha pedido asimismo que "dé un paso atrás" para que que "el PP pueda seguir avanzado y generando confianza" aunque ha matizado que es "importe" respetar la presunción de inocencia.

Preguntado por si él fuera Barberá renunciaría, ha replicado "yo no soy Barberá". Al respecto, ha señalado que cuando fue presidente en "una época complicada", con 11 imputados en las Corts, mantuvo "el criterio" de que "la responsabilidad política debe estar a distancia de lo que es la responsabilidad judicial".

En ese sentido, ha argumentado que los políticos deben "generar confianza" y "en el momento en el que hay momentos duda lo mejor es que esa persona dé un paso atrás y que el PP pueda seguir avanzado y generando confianza a los ciudadanos".

 "Cualquier personas que pueda entorpecer esa generación de confianza debe dar un paso atrás", ha insistido.

Fabra ha relatado que habló con Barberá "al principio" y le preguntó "como compañero, cómo estaba y si ella tenía algo que decir". 

"No tengo nada y hará las declaraciones cuando lo estime oportuno", ha relatado Fabra que dijo la exalcaldesa.

Al respecto, ha considerado que "hay que dar la cara. Esa es nuestra obligación", ha recalcado. Preguntado por el hecho de que Barberá no esté dando la cara ha replicado: "yo creo que hay que hacerlo, hay que dar explicaciones siempre y luego que la gente juzgue si está de acuerdo con tu planteamiento o no".

Fabra ha insistido en que el partido es "un proyecto muy grande y se ha avanzando mucho cortando aquellas personas que entendían que la política era un lugar donde podían tener un beneficio particular y todas aquellas personas que pongan en duda ese proyecto deben dar un paso atrás", ha esgrimido Fabra. Por ello, ha considerado que si Barberá tiene "mucha experiencia, ella entenderá y sabrá lo que debe hacer".

Asimismo, ha considerado que el PP ha sido "sensible" con la situación por la que "vive" Barberá ya que aunque la devolución del acta de senadora es "una cuestión personal" ha señalado que ahora ya no es presidenta de la Comisión constitucional y "lo único que es, es vocal de dos comisiones porque los senadores tienen que ser vocales". 

"No tienen ningún protagonismo", ha recalcado.

Además, ha explicado que ella está amparada por el hecho de ser senadora territorial no por el hecho de estar en la Diputación permanente y ha insistido en que el partido "actuará" cuando el juez pida un suplicatorio para Barberá ya que, ha recalcado, "que sea senadora no quiere decir que sea impune".

 "Lo cierto es que más allá de las sospechas y de las dudas de que todo su entorno está siendo investigado a ellas no se la ha pedido nada ni por parte del juez ni por parte de la Policía", ha apuntado.

Preguntado por si con sus líneas rojas se ganó enemigos como el exvicealcalde de Valencia, procesado en el caso Nóos, ha comentado que "no fueron momentos fáciles" los que se vivieron en la Comunitat Valenciana con personajes como Alfonso Grau que "hacían un menosprecio no a lo que yo pudiera decir sino a la dignidad de la política y a los ciudadanos".

De este modo, ha insistido en que cuando una persona está siendo investigada lo que marca el "sentido común" es que "se debe aparatar de la vida política".

Fabra ha apuntado que "nadie se puede sorprender" de los resultados electorales que consiguió el PP en las pasadas elecciones autonómicas y ha recordado que "había personas que no podían entender que pudiéramos cambiar el paso en cuanto a exigir un mayor limpieza en el partido".

Al respecto, ha explicado que los estatutos del partido establecían que se actuaría cuando hubiera un sentencia firme mientras que ahora estábamos hablando de tomar medidas cuando haya una investigación o una imputación. "El cambio se produjo en la Comunitat Valenciana porque la situación era extraordinaria de origen", ha señalado.

Por eso, ha recordado que se expulso al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus "cuatro días antes" de las elecciones tras las conversaciones en las que presuntamente salía contando dinero. Preguntado por si Rus era su "gran" enemigo y "gran amigo de Barberá, ha comentado: "yo no quiere hablar de amigos ni de enemigos porque en política uno está porque quiere", ha apostillado.

Las Corts adjudican por 135.071 euros el suministro de 99 ordenadores portátiles para los diputados

VALENCIA.- Las Corts Valencianes han adjudicado a Inforein, SL por un importe total de 135.071,61 euros, IVA incluido, el contrato del suministro de 99 ordenadores portátiles para la oficina móvil de los diputados de la Cámara autonómica.

Así lo publica este miércoles el Boletín Oficial de las Corts Valencianes, que señala que se trata de una adjudicación de tramitación ordinaria y procedimiento abierto, para la que se presentaron nueve licitadores y se tuvieron en cuenta varios criterios.

Los criterios de evaluación automática --proposición económica-- se cuantificaron con un máximo 60 puntos, mientras que los de evaluación no cuantificables automáticamente, con 40. En concreto, estos últimos se refieren a la propuesta técnica con hasta 15 puntos; el valor añadido con 12 puntos; la garantía y mantenimiento con hasta diez y el plazo de entrega con tres.

El presupuesto base de licitación era de un total de 138.600, mientras que finalmente se ha adjudicado por 111.629,43 euros que, sumado a 23.442,18 euros de IVA, asciende a 135.071,61 euros. El contrato se adjudicó el pasado 24 de noviembre a Inforein, SL y, finalmente, se formalizó el 26 de noviembre.

Cataluña y las “guerras” del agua / Ramón Vilaró *

El agua está que hierve en Cataluña. Tanto por el problema del caudal del río en el Delta del Ebro, de acuerdo al nuevo Plan Hidrológico, como por la polémica sin fin por la privatización de Aigües Ter Llobregat al Grupo Acciona, hoy puesto en tela de juicio por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC).

Según la OAC el Grupo Acciona, ac­tual con­ce­sio­naria de la em­presa Aguas del Ter y Llobregat (ATLL), ha­bría des­viado unos 13 mi­llones de euros por la emi­sión de fac­turas cru­zadas por ser­vi­cios no pres­ta­dos. En el in­forme – en­viado a la Fiscalía Superior de Catalunya - cita irre­gu­la­ri­dades en la ope­ra­tiva de ATLL Concesionaria, en la sub­con­tra­ta­ción de ope­ra­ciones a la Operadora ATLL y Acciona Agua, las dos mer­can­tiles vin­cu­ladas tam­bién a Acciona. Según la Oficina Antifraude de Catalunya tales tra­bajos se ha­brían rea­li­zado al margen de las con­di­ciones de mer­cado. Todo ello sin el pre­cep­tivo co­no­ci­miento de la Agència Catalana del Aigua. Las ope­ra­ciones se re­fieren a los ejer­ci­cios 2013 y 2015 y ha­brían in­ci­dido en el au­mento del re­cibo del agua.

“Acciona Agua y ATLL han cum­plido en todo mo­mento de forma ri­gu­rosa la le­ga­lidad y las con­di­ciones con­trac­tuales exi­gidas por el pliego de li­ci­ta­ción y por el con­trato de con­ce­sión”, re­plica en un co­mu­ni­cado la firma ex­plo­ta­dora de ATLL, que con­si­dera “absolutamente in­fun­dadas y des­pro­por­cio­nadas las con­clu­siones que se atri­buyen al in­forme de la Oficina Antifraude de Cataluña”.

En el mismo co­mu­ni­cado Acciona re­plica que: “bajo ningún con­cepto pueden dar lugar a la re­ver­sión del con­trato de con­ce­sión”. He aquí el meollo del pro­blema. La pri­va­ti­za­ción de parte de ATLL fue tema de li­tigio entre Acciona y Aguas de Barcelona. Y, si la Generalitat, quiere re­vocar la con­ce­sión, de­berá in­dem­nizar a Acciona con unos 1.000 mi­llones de eu­ros.

Si el li­tigio entre Generalitat, Acciona y ATLL, en­turbia las aguas que be­bemos en Cataluña, tam­poco bajan cal­madas las aguas del río Ebro. Sobre todo por la re­duc­ción de caudal que su­pone para el Delta del Ebro el nuevo Plan Hidrológico, apro­bado re­cien­te­mente por el go­bierno en fun­ciones del PP.

El pa­sado fin de se­mana unas 50.000 per­sonas se ma­ni­fes­taron en Amposta (Tarragona) contra la re­duc­ción del cau­dal. Aunque, un cen­tenar de ki­ló­me­tros más arriba los agri­cul­tores se fe­li­ci­taban de la me­jora en caudal para re­ga­díos.

Un grupo de eu­ro­par­la­men­ta­rios ha es­cu­chado las opi­niones de cada bando y, sobre todo, ana­li­zarán si el Plan Hidrológico cum­ple, o no, con las nor­ma­tivas eu­ro­peas.

En de­fi­ni­tiva, Cataluña vive unos días de aguas tur­bu­len­tas, y no sólo en po­lí­tica. Si no en la más pura realidad y en un con­texto, ade­más, de mu­chos meses de se­quía.

(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/2016/2/10/41120/cataluna-y-las-guerras-del-agua.html

El blindaje de Rita señala a Rajoy / Pablo Sebastián *

Mal se le presentan a Mariano Rajoy sus próximas citas negociadoras con Albert Rivera y Pedro Sánchez tras los últimos escándalos del PP valenciano y el blindaje de Rita Barberá en el Senado, que implica que todo el PP y su Presidente, están de alguna manera afectados por este nuevo y flagrante caso de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia que presidía Barberá. La que amén de responsabilidad política puede tener otras penales, como sus concejales valencianos. De lo contrario su blindaje en la Diputación Permanente del Senado no habría tenido lugar.

El portavoz del PP, Pablo Casado, le ha tomado el pelo a los medios de comunicación al anunciar el lunes que Rita Barberá abandonaría el cargo de presidenta de la Comisión Constitucional del Senado, pero ocultando a los informadores que semejante movimiento llevará a Rita Barberá a la Diputación Permanente de la Cámara Alta, con lo que la exalcaldesa de Valencia se queda blindada y aforada, incluso en caso de que se convoquen unas elecciones anticipadas.

La decisión sobre Rita es de Rajoy quien, de esa manera, incumple su compromiso de no dejar pasar ‘ni una’ en los casos de corrupción del PP, como en el nuevo vendaval valenciano que señala a Rita como la muy presunta responsable de la trama de lavado de dinero negro de las comisiones ilegales, por el que han sido imputados la casi totalidad de los actuales concejales del PP en Valencia.

Lo que podría provocar que Barberá fuera imputada o investigada por el juez del caso, pero su aforamiento impide semejante actuación de la Justicia salvo que lo pida el Tribunal Supremo y lo autorice la mayoría del Senado que está en manos del PP.

El caso de Rita Barberá es emblemático, y deja al PP y a Rajoy en la peor de las situaciones posibles, y falto de toda credibilidad para mantener su deseo de volver a ser investido presidente del Gobierno. E incluso para que el PP asuma el liderazgo de un nuevo Gabinete porque están rodeados por la corrupción: Nóos, Bárcenas, Gürtel, tesoreros, Púnicas, Valencia, Bankia, etcétera. Y eso obliga a Rajoy a retirarse de una vez por todas del proceso de investidura.

Lo insinuó Albert Rivera cuando dijo que Rajoy ‘no está en condiciones de abanderar la lucha contra la corrupción’. Y puede que en la reunión que ambos van a celebrar este jueves el líder de Ciudadanos dé un paso al frente en este sentido, y le diga a Rajoy que su partido no lo apoyará como presidente del Gobierno. Máxime ahora que Rajoy se ha prestado al blindaje descarado de Barberá en el Senado usando de la inmunidad parlamentaria. La que por otra parte C’S quiere que se suprima de una vez por todas.

Y lo mismo le puede ocurrir a Rajoy, a propósito de la corrupción del PP valenciano y de Barberá, durante su encuentro con Pedro Sánchez quien ya acusó a Rajoy en el debate electoral televisivo de deshonesto.

De manera que, cuando parecía que el PP abandonaba a Rita Barberá a su suerte frente a la acción de la Justicia, se produce un golpe de mano de Rajoy y el partido la blinda lo máximo posible. ¿Por qué?

Puede que por dos motivos como podían ser los siguientes: porque la imputación de la que durante tantos años fue alcaldesa valenciana y lideresa del PP en la ciudad, sería un duro golpe para la imagen del PP; y puede también porque Rita haya advertido a Rajoy de que si el PP la abandona ella contará que lo que se hizo en Valencia con el lavado del dinero negro pudo haber sido aconsejado o avalado por un destacado dirigente del PP nacional.

En consecuencia el caso de Rita y del PP valenciano abunda más si cabe en las responsabilidades de Rajoy y merman sus posibilidades para ser el candidato a la Presidencia del Gobierno. Y además daña mucho las expectativas del PP ante unas posibles nuevas elecciones, a la vez que desdibujan y dejan en segundo plano los argumentos económicos y los políticos que suele utilizar Rajoy para proponer una ‘gran coalición con PP, PSOE y Ciudadanos’.

(*) Periodista

http://www.republica.com/el-manantial/2016/02/09/el-blindaje-de-rita-senala-a-rajoy/ 

Todo está en manos de Iglesias / Melchor Miralles *

El Ibex va de mal en peor, El Mundo habla de cabreo entre el Rey y Rajoy, Carmena sigue sin cesar a la responsable del escándalo de los titiriteros, el PP se sigue desangrando y cada día salen a relucir más voces que reclaman que Rajoy se vaya, Sánchez se pasa por el forro sus criterios contra las puertas giratorias cuando le toca a Trinidad Jiménez, que ya tiene despacho en Telefónica y el mismo Sánchez presenta un documento-propuesta-programa de Gobierno para dejar contento a todos, lo cual a veces es la antesala de terminar por no agradar a ninguno. Veremos.

La propuesta del PSOE no le ha sido enviada a los grupos independentistas ni al PP, hecho este que evidencia hasta qué punto desprecia el líder socialista a los populares. Pero además es un cachetazo incompatible con desear su abstención para poder gobernar con Ciudadanos. Solo cabe deducir dos cosas entonces del comportamiento de Pedro Sánchez: o es muy torpe o tiene ya decidido que gobernará con Podemos.

El documento de Sánchez ha sido lógicamente aplaudido por Ciudadanos y por Podemos, porque es una síntesis perfecta de la política no ya socialista, sino española. Decir muchas cosas, emplear muchas palabras huecas interpretables en diferentes direcciones, plantear desiderátum a los que nadie puede negarse e incluir sandeces que le sitúan en un punto muy aparentemente progre que contenta a la izquierda caviar a la izquierda decimonónica que va de moderna. Como por ejemplo esa patochada de que la Constitución dejó en blanco el modelo territorial, escrita con la intención última de soslayar un asunto que debiera ser esencial en cualquier pacto: el serio problema catalán.

Puede discreparse del modelo, es más que legítimo querer modificarlo de modo sustancial, pero decir que la Constitución dejó en blanco el modelo territorial solo puede revelar dos características, y ambas son incompatibles con gobernar un país: o una ignorancia supina sobre la Constitución o una maldad manipuladora insuperable. Y, por supuesto, contando con que el resto del personal somos o perfectamente imbéciles o tan iletrados como ellos. Y no. No es así. La Constitución, en el Título Preliminar y en el VIII, y en decenas de artículos con sus correspondientes puntos y apartados desarrolla un modelo que fue aprobado en su día por la mayoría de los españoles, incluidos los catalanes.

Llegados a este punto, siendo evidente que sólo un milagro puede llevar al PP a abstenerse en segunda votación para posibilitar que Sánchez gobierne con Ciudadanos, todo queda en manos no de Sánchez, sino de Pablo Iglesias. Si el líder de Podemos y su esmoquin de los Goya quieren, Pedro Sánchez será presidente del Gobierno. De lo contrario, iremos a nuevas elecciones. No hay otra. No le den más vueltas a la noria.

Y por lo tanto, la cosa depende sustancialmente de hasta qué punto está dispuesto Sánchez a arrodillarse ante Iglesias, es decir, de cuanto poder va a concederle, cuantos ministerios y de qué fuste. Todo lo demás son zarandajas. Quedan semanas de reuniones, documentos, titulares, dimes y diretes. Pero las únicas reuniones importantes serán las que celebran Sánchez e Iglesias. Las públicas y las secretas. Ahí es donde se ventila el asunto. Y todo apunta a que Sánchez dirá que sí, porque como me dijo un joven veterano socialista la semana pasado, Sánchez está decidido a ser ex presidente de Gobierno a toda costa. Solo nos queda por ver cuánto cede ante el líder de Podemos, que es quien mejor está jugando esta partida, porque aunque digan lo contrario, en Podemos no quieren elecciones ni por el forro.

(*) Periodista


http://www.republica.com/en-el-anden/2016/02/09/todo-esta-en-manos-de-iglesias/

Un partido de ladrones aforados / Ramón Cotarelo *

Según un burócrata del PP, es preciso respetar la presunción de inocencia de Rita Barberá. Y acto seguido, su partido la blinda en el Senado, nombrándola miembro de la Comisión Permanente, para que no pierda su condición de aforada incluso aunque la cámara esté de vacaciones. 

En la Edad Media, los perseguidos por la justicia que lograban entrar en recinto sagrado conseguían santuario y quedaban fuera de la acción de la justicia. Actualmente son las embajadas las que brindan santuario, como se ve en el caso de Julian Assange que, además, desde el punto de vista de Palinuro no ha cometido delito alguno y está siendo injustamente perseguido.

En el caso de Rita Barberá el PP convierte el Senado en santuario a los efectos de impedir que la inocente exalcaldesa se vaya de rositas, luego de haber robado presuntamente cuanto ha querido en Valencia. El propio Senado va de mal en peor. La mayoría de la gente en España piensa, con mucha razón, que no sirve para nada. Habría que matizar: para nada bueno. Para dar cobijo a los delincuentes sirve muy bien. El PP sigue instrumentalizando las instituciones democráticas al servicio de su práctica presuntamente delictiva.

Si tan inocente es esta zafia rabanera, no debiera tener inconveniente en renunciar a su aforamiento para que su honradez brillara como una patena. Pero no es el caso: se blinda por el privilegio para no ser encausada penalmente. De esta manera, no tiene por qué responder de sus actos ante un juez como tenemos que hacer todos si nos encontramos en una situación así.

Pero esto tiene un coste: si Barberá se niega a responder ante los jueces cuando la imputen delitos, todos estaremos moralmente legitimados para pensar que, en efecto, la señora es una delincuente. En el PP -y no solo el valenciano- esa condición, más que excepción, es regla. 

La corrupción no desaparecerá de España mientras la organización que la fomenta, ampara, protege y blinda, como se ve, continúe siendo considerada como un partido político y no una asociación de ladrones. Única razón capaz de explicar el hecho de que, tres días después de asegurar muy serio el Sobresueldos que "no iba a pasar ni una", haya aforado a esta presunta ladrona que, sin duda, sabe muchas cosas sobre los latrocinios de esta banda.

 

 

El amargo cáliz del Sobresueldos

 

 

Algunas almas cándidas comienzan a flaquear y dar síntomas de compadecerse del hundimiento, el desprestigio y la soledad de Rajoy el de los sobresueldos. Mal hecho. Él no daría cuartel, no se arrepentirá de ninguna de las canalladas que ha perpetrado y lo único en qué piensa es en cómo volver a engañar a la gente como hizo en 2011.

La soberbia de este personaje, como la del cogollo de sus íntimos, Sáenz de Santamaría, Cospedal, etc., no es un reacción subconsciente, inadvertida, producto del desconocimiento o la falta de práctica. Al contrario, es su actitud normal en la vida, según la cual los pobres tienen que trabajar, pagar impuestos sin rechistar y callarse excepto en las fiestas y celebraciones religiosas, en las que pueden entonar cánticos de alegría por la salud eterna de su Señor y aplaudir a las autoridades. Y esa soberbia es la que lo ha conducido a un ridículo aislamiento tanto fuera como dentro de su país. Es alguien indigno de ocupar el puesto que ocupa, un usurpador.

Fue displicente con los periodistas, manipulador y embustero con los demás medios, altanero con los partidos de la oposición, despreciativo hacia la gente, hirió los sentimientos de amplísimos sectores de la población, atropelló su derechos y gobernó mediante los trágalas sucesivos de los decretos-leyes. ¿Qué sucede ahora? Que nadie lo traga. Condigna respuesta a una actitud autoritaria, impositiva y frecuentemente insultante hacia quienes no coincidieran con sus criterios.

Se resiste a marcharse. Como un nuevo Rip van Winkle, parece haberse despertado de su sueño y no entiende nada de lo que pasa en el mundo, que ya no es el suyo. Le llena de furia y rabia saber que será el primer presidente de España desde la transición que no repetirá mandato porque la ciudadanía no lo soporta. Pero no hay nada que hacer. Cuatro años de desprecios y chulerías, lo han colocado en la posición de los apestados leprosos de la antigüedad. Con él se va una época, una forma de entender la política hecha de abusos, altanería, desprecio, embustes e imposiciones a machamartillo de creencias dogmáticas subjetivas. Se va y que no vuelva nunca más. Y que se lleve con él todo el desprecio que su gobierno inspira.

Para disimular, para hacer como que hace, el Sobresueldos ha preparado un plan de gobierno con algunas ofertas a Sánchez y Rivera, a ver si consigue que estos dos entren en esa coalición que el Sobresueldos quiere ver materializarse bajo su experta mano. Pero es ya poco probable que los demás partidos le presten atención.

El Sobresueldos es una figura del pasado. Nadie cuenta con él. Ni los de su partido.

Todo lo que no sea echar a este irresponsable de su guarida en La Moncloa es perder el tiempo y hacérselo perder a los demás.

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED