miércoles, 5 de septiembre de 2012

Rosa Díez: 'Hay que elegir entre el Estado de bienestar y el Estado autonómico'


MADRID.- La líder de UPyD, Rosa Díez, ha dejado muy claro que hay que elegir entre el Estado del bienestar y el actual Estado autonómico porque, a su juicio, "los dos no so posibles", y cree, por tanto, necesario abrir un proceso constituyente para "diseñar" el modelo que desean los ciudadanos. En una rueda de prensa con la que Rosa Díez da por iniciado el nuevo curso político, ha dicho que ella apuesta sin titubear por el Estado del bienestar al tiempo que ha insistido en que mantener ambas cosas no es viable.
No lo es, en su opinión, porque en estos momentos y con la crisis como telón de fondo se está produciendo un "vaciamiento" del Estado y se están modificando "derechos básicos" de los españoles, que deberían ser "intocables".
Y es precisamente en esta dirección, en la de intentar forzar que se inicie un proceso constituyente, en el que se centrará la actividad parlamentaria de UPyD en los próximos meses, tal como concluyeron en la primera reunión que tuvo el grupo el lunes tras las vacaciones.
Rosa Díez, acompañada del diputado Carlos Martínez Gorriarán, espera que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el jueves recibe a la canciller alemana, Angela Merkel, empiece ya a negociar las condiciones del rescate para España, aunque tiene serias dudas de que lo haga.
"Cualquier dirigente serio habría iniciado la negociación del rescate", pero aquí, ha señalado, es "una palabra maldita" y parece que el Gobierno ha optado por esperar a ver qué condiciones le impone Bruselas.
En este sentido, ha echado en cara a Rajoy que prefiera que le impongan las condiciones para acceder al rescate cuando, según ella, no se puede estar permanentemente reduciendo salarios, bajando las pensiones o cerrando hospitales para cuadrar las cuentas.
Son medidas que tienen "un límite", ha dicho, y, por tanto ha apostado por reducir en aquellas partidas en las que el ahorro puede ser "permanente".
Rosa Díez ve el rescate como la "última oportunidad" para salir de la crisis, siempre y cuando se utilice para las necesidades urgentes del país, como son combatir el desempleo y afrontar un cambio de modelo productivo.
Para lo que no hay que utilizar esos fondos -ha recalcado- es para "salvar la ruina" y ayudar, por ejemplo, a cajas nacionalizadas como Caixa Nova y, por el contrario, dejar a su suerte a los miles de ahorradores que fueron "engañados" con las preferentes.
"No queremos que el rescate sirva para socializar la deuda privada y que la terminemos pagando los ciudadanos", ha insistido Rosa Díez.

La Generalitat valenciana quitará la extra de Navidad a Fabra y los consejeros

CASTELLÓN.- El Gobierno valenciano eliminará la extra de Navidad de los altos cargos, incluida la del propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra y los consejeros, de manera que, al tenerla prorrateada en sus nóminas, reducirá sus salarios en las distintas mensualidades en el equivalente a una paga extra, con el fin de ser "solidarios " con los empleados de la administración pública a quienes se les ha eliminado la de Navidad.

   Así lo ha asegurado este miércoles en Segorbe, donde tenía en agenda varios actos, entre los que se incluía una visita a la XVI Feria del Jamón y la XIV Muestra del Embutido Artesano, y la asistencia a la Entrada de Toros y Caballos.
   Fabra ha destacado que las administraciones están haciendo un "esfuerzo" para reducir gastos y, en ocasiones, adoptan "decisiones difíciles" como es la decisión del Gobierno central de eliminar la paga extra de Navidad a funcionarios, aunque ha apuntado que esto "nos afecta a todos, los funcionarios de todas las administraciones,  y también a los que tenemos cargos públicos porque entendemos que tenemos que ser solidarios con los empleados de la administración pública".
   Por este, motivo, ha avanzado que en la Generalitat "tanto los asesores como los altos cargos, consejeros y el presidente van a ver reducida no la paga extra, porque no la tenemos como tal, pero sí prorratearemos en las distintas mensualidades para cubrir ese siete u ocho por ciento que les afecta a los funcionarios públicos".
   "Tenemos que ser solidarios con los trabajadores y mostrar el esfuerzo conjunto para salir adelante", ha dicho Fabra, quien ha hecho hincapié en que en la Comunitat Valenciana hay "una administración muy austera" porque es "la que menos altos cargos públicos tiene por millón de habitantes, la que menos funcionarios y altos cargos por cada 1.000 habitantes y de las más económicas que hay".
   Según ha hecho hincapié Fabra, "la administración ha sabido ir de la mano de la sociedad para no suponer un lastre costoso para toda la sociedad y saber reducir, lo mismo que están haciendo las familias y las empresas, el coste total de la administración para poder salir cuanto antes de la situación actual". "Es una manera de ir conjuntamente la administración, la sociedad y los políticos para poder salir de la situación actual", ha manifestado.
   El pasado mes de agosto la medida se aplicó ya a la nómina del personal eventual --asesores-- de la Generalitat. De esta forma, se hacía extensiva la eliminación de la paga extra de Navidad anunciada para funcionarios y trabajadores de las empresas públicas al personal de confianza tanto de las Consejerías como de Presidencia, al que descontará de media unos 325 euros mensuales hasta que finalice el año.
   El Consejero calcula que esta medida supondrá un ahorro estimado de 180.000 euros para 2012 al tener 102 asesores. El recorte comenzó a hacerse efectivo en agosto ya que los asesores también tienen la paga extra prorrateada en 12 meses. En aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, en la nómina del mes de agosto se realizaron las regularizaciones de descontar el prorrateo correspondiente a la extra de diciembre y el porcentaje del IRPF.
   Así, se ha descontado el prorrateo correspondiente a la extra de diciembre del personal eventual, ya que sus retribuciones se cobran en 12 meses, con la finalidad de que le sea "menos gravoso" la reducción de esa paga aprobada por el Gobierno central. De igual forma, se ha regularizado el porcentaje del IRPF de acuerdo con el importe anual una vez modificado por la no percepción de la paga extraordinaria.

Rechazado el recurso de Aerocas por paralizar las obras del aeropuerto de Castellón

CASTELLÓN.- El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un recurso de casación de la sociedad pública Aeropuerto de Castellón S.L. (Aerocas) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dio la razón al Ministerio de Fomento al paralizar en 2005 las obras en esta infraestructura, decisión por la que la promotora pedía ser resarcida patrimonialmente de los daños y perjuicios sufridos.

   Aunque en la sentencia no se cuantifican los daños, el presidente de la promotora de la infraestructura aeroportuaria, Carlos Fabra, los cifró en 18 millones de euros. El TS también obliga a Aerocas a pagar las costas judiciales.
   De esta forma, el alto tribunal confirma la sentencia dictada por una sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fechada el 14 de enero de 2009, que desestimada a su vez un recurso de Aerocas contra la resolución del Ministerio de Fomento por la que se paralizaron las obras.
   En dicha resolución, Fomento acordó la suspensión inmediata de las obras de construcción del aeropuerto de Castellón hasta que no se hubiera aprobado la ejecución del correspondiente proyecto de ejecución por parte de la Dirección General de Aviación Civil.
   En su recurso, Aerocas aducía que la sentencia infringía el artículo 43 de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, en relación con el artículo 1.2 del Real Decreto 1778/1994 porque "no existe otro fundamento legal para sostener que, además de la Orden del Ministerio de Fomento que autorizó la construcción del aeropuerto, resulte y sea necesaria otra autorización posterior que habilite para la ejecución material de las obras".
   El motivo es desestimado al considerarse que no se ha vulnerado ningún precepto, y se añade que si es cierto que la orden autorizaba la construcción del aeropuerto, no lo es menos que contenía una específica previsión a tenor de la cual el Ministerio de Fomento debía, de modo singular, "aprobar" ulteriormente el proyecto constructivo, "lo que significa en buena lógica que la propia orden no lo hacía".
   Sobre la alegación de Aerocas respecto a que era la Comunidad Valenciana la competente para ordenar la suspensión de las obras, el TS no comparte esta tesis y asegura que el Ministerio de Fomento también podía suspenderlas si habían comenzado sin su preceptiva aprobación.
   Así, se apunta que aunque los terrenos fueran de titularidad no estatal y tuvieran una determinada calificación urbanística, lo relevante es que el título competencial exclusivo del Estado respecto de los aeropuertos de interés general se sobrepone a cualesquiera otros del resto de administraciones, entre ellos el urbanístico, cuando se trata precisamente de proyectar y construir las "complejas infraestructuras aeroportuarias" que revistan aquel carácter.

El Congreso acelera la Ley que abre la puerta a los rescates autonómicos


MADRID.- El Congreso aprobará la próxima semana las últimas modificaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que precisa los requisitos para poder acceder a mecanismos de financiación extraordinaria que el Estado ponga en marcha para comunidades autónomas y entes locales, tales como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

   Así, la Cámara alta ha decidido acelerar la aprobación de la norma, que en circunstancias normales habría debido pasar por debate de totalidad en el Pleno de las cinco enmiendas de devolución presentadas por PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, ERC y BNG; trámite de ponencia en la Comisión de Hacienda, debate de las enmiendas parciales y votación definitiva en el hemiciclo.
   Sin embargo, la urgencia de las necesidades de liquidez manifestadas por algunas comunidades autónomas --como Cataluña o Andalucía, que han pedido anticipos de la financiación del FLA-- ha llevado a la Junta de Portavoces del Congreso a decidir la tramitación del proyecto de ley por la vía directa y en lectura única.
   Esto significa que todas las propuestas de modificación se tratarán conjuntamente en el Pleno del próximo jueves, que aprobará definitivamente la norma para que pueda entrar en vigor y regular cuanto antes el FLA.
   Esta decisión ha soliviantado a algunos partidos de la oposición. Así, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela rechazó este martes la decisión de acelerar la tramitación de la norma. "No es cualquier ley", recordó, criticando que las "prisas" del PP por aprobarla "sin discutir" van a dejar la modificación en "una faena de aliño".
   Sin embargo, el portavoz 'popular' en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que sin la aprobación de los cambios en esta ley no es posible poner en funcionamiento el Fondo, y ha afeado a la oposición que "pida que no tratar este tema deprisa pero que luego exija el acceso a los fondos" del rescate.

Este año visitarán España 57,8 millones de turistas extranjeros

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, calcula que este año visitarán España 57,8 millones de turistas extranjeros, lo que supondría batir el récord del año 2007 e incrementar un 3,7% el dato del año pasado, con lo que el gasto turístico podría superar los 55.000 millones de euros.

   Así lo ha avanzado en su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso, donde Soria ha repasado las medidas adoptadas por su departamento en materia turística desde el pasado mes de noviembre y también ha hecho balance de la temporada estival con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
   En este sentido, ha indicado que el verano se cerrará con aproximadamente 27,6 millones de turistas internacionales, el 3,9% más que en la misma época del año pasado, que ya fue "espectacular" gracias a la recepción de muchos visitantes que cambiaron de destino por razones como la Primavera Árabe. Sólo en julio visitaron el país 7,7 millones de extranjeros (+4,4%), y desde enero han superado los 32,8 millones (+3,3%).
   "De mantenerse la tendencia, es muy posible que podamos cerrar el año con cerca de 57,8 millones de turistas internacionales, lo que supondría un incremento del 3,7% respecto a la buena cifra del año pasado", ha apostillado el ministro, que no renuncia a "consolidar" esos turistas llegados por "factores externos".   
   Así las cosas, Soria ha indicado que el gasto turístico en los primeros siete meses del año se ha incrementado un 6,4% (un 8,9% sólo en el mes de julio) por lo que, de mantenerse esta tendencia y a la luz de las cifras de 2011, "se podrían alcanzar los 55.000 millones de euros, un 6,5% más que el año pasado".
   En cuanto a la balanza de pagos, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, el turismo registró, entre enero y mayo, un superávit de 9.817 millones de euros, con una cobertura del 73,5% del déficit comercial.
   Frente a esto, el turismo nacional ha tenido un "peor comportamiento", con una caída de las reservas del 20% hasta agosto. No obstante, Soria ha alertado de lo engañoso de estas cifras, dado que "han aumentado los desplazamientos internos" pero muchos ciudadanos "no han usado alojamientos hoteleros". De hecho, entre enero y julio se incrementaron un 5% los turistas nacionales, con un 3% de mejora sólo en julio.
   "De ahí el llamamiento para que los españoles conozcamos nuestro país y disfrutemos de la intensa oferta existente dentro de nuestras fronteras", ha añadido en referencia a sus declaraciones instando a los españoles a quedarse en el país durante el verano. En su segunda intervención ha precisado que, como ministro, su obligación es promocionar el turismo en el país "dentro y fuera de España".
    "Critican lo que dije, pero es como si el ministro de Industria alemán, en vez de sugerir que se compren coches alemanes, dijera que se compren coches coreanos, que son más baratos. Además, imagine lo que me hubieran dicho hoy aquí si, a la pregunta de si los españoles deben hacer turismo en España, hubiera contestado: 'No, hombre, que hace mucho calor. Que vayan a Laponia este verano'", ha ironizado Soria.
   A renglón seguido, el ministro ha defendido el Plan Nacional de Turismo aprobado en junio y que constituirá la "herramienta fundamental para adaptar y modernizar un sector capital para la economía", con medidas como las líneas ICO dotadas con 266 millones de euros para "renovar la infraestructura turística", aumentar su eficiencia y apoyar a los jóvenes emprendedores del sector.
   Además, se ha "renovado" el modelo de Turismo Sénior de Segittur para "involucrar más a los municipios" receptores de estos visitantes y a la iniciativa privada; y se ha "desarrollado una política de flexibilidad en materia de visados", particularmente con mercados emisores de gran crecimiento como Rusia. Soria ha defendido también la subida de tasas aeroportuarias decidida por Fomento para "combatir el fuerte carácter estacional del modelo turístico de algunas comunidades", con una política "especial" para Baleares y Canarias.
   También ha recordado que, aunque "tres de cada cuatro euros de la actividad turística se desarrollan en turismo de sol y playa", España también cuenta con "una riqueza potente y creciente" de oferta turística rural, cultural, gastronómica, de compras o deportiva. "Están en alza y tienen un potencial de crecimiento ciertamente grande", ha dicho.
   Por último, el titular de Turismo ha puesto de relieve que el Plan Nacional está pactado con todos los actores públicos y privados, de quienes se han incorporado 200 propuestas de mejora; y también es transversal, al tener en cuenta aspectos de otros ministerios como flexibilidad laboral, Ley de Costas o estadísticas.
   En la misma línea, se ha puesto en marcha una plataforma de intercambio de iniciativas con las comunidades autónomas y se apuesta de forma decidida por las nuevas tecnologías en la promoción turística, "bajo el paraguas de la Marca España". Para abundar más en las líneas generales del Plan, Soria ha anunciado que solicitará una nueva comparecencia específica de Turismo en el Congreso.
   Durante su réplica, el socialista Sebastián Franquis ha reprochado al ministro que, pese a su larga intervención, "no haya dedicado ni una palabra al impacto que la subida del IVA ha tenido en el sector turístico" ni ha entrado en las "consecuencias negativas" de la subida de tasas aeroportuarias.
   Además, se ha quejado de la escasez de tiempo para tratar asuntos tan extensos, especialmente en un sector como el turístico, que "hasta hace pocos meses crecía económicamente y creaba empleo, cosa que no ocurre en estos momentos por las medidas del Gobierno". "Han sido seis meses de mucha desconfianza, desconcierto, engaños e incumplimientos. Y las cifras no pueden esconder las falsedades", ha añadido.
   Por último, ha criticado las palabras de Soria este verano, instando a los españoles a practicar turismo nacional porque fuera "hay muchos mosquitos", ya que a su juicio reflejan "una visión muy estrecha" del turismo. "Habríamos querido campañas para favorecer el turismo nacional, pero eso es diferente a ocurrencias como ésa. Además, ¿qué diría si los ministros de Francia, Alemania o Reino Unido practican lo que usted dice? ¿Estaríamos teniendo estas cifras de turismo?", ha concluido Franquis.
   Carles Pàramo, de CiU, ha recomendado al Gobierno que aplique una "visión transversal" al tema turístico, y ha apuntado la necesidad de mantener líneas de financiación "accesibles y flexibles", atender a Internet, apoyar a empresarios que trabajan en mercados emergentes, y diseñar un "marco fiscal y laboral que apoye al turismo en temporada baja".
   Además, ha reclamado "reconocimiento" a los municipios turísticos, medios para luchar contra el 'top manta' o la prostitución, y más inversión en infraestructuras de transporte. "¿Para cuándo la conexión del AVE con Europa o la participación del sector privado en la gestión de los aeropuertos?", ha preguntado.
   El diputado canario Pedro Quevedo (CC-NC) ha coincidido en que dichas palabras "no benefician en nada" y deberían "evitarse" porque "la mayoría de los españoles veranean ya en España, y además mal, porque no tienen posibilidad de veranear en otro sitio". Asimismo, ha acusado al ministro de haber "hundido" al sector, como muestran los "deteriorados" datos de paro y actividad, y ha hecho referencia a los problemas particulares de Canarias, donde el 30% del PIB regional depende del turismo.

La receta de Rajoy no funciona / Juan Torres López *

Rajoy ha tratado de hacer frente a la crisis mediante una receta que contiene tres ingredientes principales.

El primero es una gran dosis de disimulo para tratar de ocultar las mentiras, los incumplimientos programáticos y los juegos de manos que está habituado a hacer. Todo el mundo sabe que el presidente es un consumado especialista en mirar a otro lado cuando se presenta un problema para tratar de solucionarlo por el simple expediente de dejar que se pudra o que desparezca solo. Un procedimiento, sin embargo, que ya no le funciona por la sencilla razón de que no es lo mismo ser ministro o incluso principal líder de la oposición que presidente del gobierno, una posición desde la que, como siempre se ha dicho, no se puede engañar a todos y al mismo tiempo. Y, sobre todo, porque ha cometido el mismo error garrafal que hundió a José Luis Rodríguez Zapatero y a su partido: creer que la crisis era domesticable, no solo con dejar pasar el tiempo sino, en el caso de Rajoy, pensando que la llegada al gobierno del PP sería suficiente para modificar el signo de los acontecimientos (“Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros”, decía Montoro, no en vano, uno de sus hombres de confianza).

El segundo ingrediente de la receta Rajoy es un prontuario ideológico muy elemental y en su caso desarrollado con una retórica bastante pobre pero que contiene todos los principios ideológicos del neoliberalismo. Sea por convicción, por conveniencia o por necesidad, Rajoy forma parte de esa cohorte de políticos y economistas que se ha creído que los primitivos dogmas neoliberales que recitan de memoria, y cuya eficacia nadie ha conseguido demostrar, son realmente capaces de resolver los problemas que tienen por delante. Se creen que liberalizando el mercado de trabajo, reduciendo salarios y haciendo reformas orientadas a dar más poder a los empresarios se creará más empleo y aumentará la competitividad de la economía; que las políticas de austeridad, la disminución del gasto y los impuestos reducen el déficit y la deuda en etapas de recesión; que eliminando sector público se estimula la actividad privada; o que se logra más equilibrio y estabilidad dando plena libertad a las fuerzas del mercado y a los grandes grupos financieros y empresariales.

Tampoco le funciona ya este ingrediente porque la realidad es terca, incluso más terca que el propio Rajoy, y demuestra que esos prejuicios ideológicos no funcionan cuando se llevan a la práctica: ni se crea empleo con reformas liberales cuando lo que le falta a las empresas es demanda y financiación, ni se reduce la deuda cuando la austeridad reduce aún más la actividad económica, ni se estabiliza la economía con un mercado dominado por fuerzas oligopolistas que solo responden a lógicas muy improductivas y puramente especulativas.

La terca realidad indica que en ningún país ni en circunstancias parecidas a las nuestras han funcionado esas recetas que la Unión Europea, Rajoy y sus equipos defienden como la adecuadas para poder salir de la crisis.

El tercer ingrediente es una estrecha alianza con las clases dirigentes, con las élites profesionales, económicas, mediáticas y financieras que vienen dominando a la sociedad española desde hace decenios y, principalmente, gracias a la libertad de acción que le concedió la dictadura fascista durante cuarenta años y que la democracia no ha sabido o querido eliminar.

Esa alianza se traduce (como hemos analizado Vicenç Navarro, Alberto Garzón y yo en nuestro libro Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alternativas a los recortes del PP) en la adopción de medidas que solo conllevan mucho más poder y riqueza para esos grupos privilegiados pero que son incapaces de sacarnos del estancamiento económico.

Todos esos grupos clamaron en su día por la llegada al poder de Rajoy y lo jalearon durante un buen tiempo, pero no han tardado mucho en darle la espalda casi por completo.

Conceder más privilegios a los privilegiados es un remedio, pero muy efímero cuando la situación económica es tan agobiante. Los empresarios se alegran cuando una reforma laboral les da más poder pero pronto comprueban que eso no les sirve de mucho cuando lo que les falta son clientes en la puerta y créditos que los bancos no les conceden. Los banqueros agradecen los apoyos de las sucesivas reformas financieras diseñadas a su favor, pero comienzan a dudar cuando comprueban que el apoyo gubernamental se hace a costa de trapichear con sus socios europeos, que ya comienzan a estar hartos de ese juego y de tantas trampas. Incluso los grandes medios de comunicación comienzan a darle la espalda a un gobierno que ha batido todos los record de desafección política y que, por tanto, puede tener los días contados.

La conclusión es evidente: solo con mentiras, con un prontuario ideológico de Todo a cien que está bien para espantar a ingenuos pero que es completamente inútil para solucionar problemas económicos reales, e incluso con cada vez menor apoyo de los grupos oligárquicos no se va a ningún sitio, dada la situación a la que ha llegado nuestra economía y nuestra sociedad, harta ya de incompetencias, de improvisaciones y de excusas.

España (de la mano del PP y del PSOE) cayó hace tiempo en la trampa que supuso la política monetaria expansiva que el Banco Central Europeo adoptó (sin tener en cuenta su efecto sobre los demás países) para facilitar la recuperación de Alemania cuando su economía corría peligro de estancamiento. El exceso de ahorro y capital que gracias a ello obtuvo Alemania se tradujo en un flujo ilimitado de capital que nos inundó provocando un déficit exterior casi simétrico al superávit alemán, una burbuja inmobiliaria y un endeudamiento fatal de nuestro sector bancario del que se derivó el de las empresas y familias. Mientras que nos llegaba financiación barata casi nadie puso objeciones (ganando tanto dinero como estaban ganando los grupos que influían en las decisiones de los sucesivos gobiernos) y todos se jactaban de dirigir la mejor de las situaciones posibles. Pero cuando España dejaba de tener financiación externa y tuvo que dedicarse a hacer frente a la deuda exterior, las empresas y los consumidores dejaron de tener acceso al crédito, la demanda agregada (sobre todo el gasto dedicado a bienes y servicios nacionales y no tanto a los de fuera) se vino abajo, el negocio de la construcción saltó por los aires, se desbocó el paro… y empezó el llanto y crujir de dientes.

Casi inmediatamente aumentaron los gastos fiscales (desempleo y ayudas de todo tipo) y los públicos extraordinarios dedicados a evitar el colapso, cayeron los ingresos y el déficit se disparó, aumentando una deuda pública que se añadía a una privada mucho mayor aún.

Como no se podía acudir a la financiación fácil y barata de un banco central y como los financiadores privados no son tontos y sabían que, en esas condiciones, la situación necesariamente iba a ir a peor, comenzaron a apretar las tuercas y así hemos llegado al abismo en el que estamos.

A mí me parece que a estas alturas es una completa estupidez que los españoles y los europeos nos sigamos engañando. La realidad indiscutible es que la deuda (no solo española sino la que se ha acumulado en el conjunto europeo) es materialmente impagable. No hay posibilidad alguna de que España o Italia, por no hablar de Grecia, Irlanda o Portugal, puedan pagar todo lo que deben, y mucho menos en las condiciones impuestas y en las que van a ir imponiendo los financiadores privados.

Solo hay dos soluciones posibles (aparte, claro está, de dejar que los deudores se declaren en bancarrota, de desencadenar una inflación galopante o de provocar una guerra dramática y se empantane toda Europa y la economía mundial) para absorber la deuda que se ha acumulado.

La primera, que se la cobren los acreedores a base de adquirir a bajo coste el patrimonio que queda de los deudores. Es posiblemente lo que se busca con el diseño que los alemanes han hecho del banco malo (para poder quedarse con la mayor parte posible de la riqueza inmobiliaria que pueda salvarse), lo que seguramente trata de sondear Merkel en la visita que estos días nos hace, y lo que organizarán los hombres de negro (con privatizaciones de todo tipo) cuando seamos intervenidos tras un rescate que en cualquier caso no servirá para arreglar la situación.

La segunda alternativa es llegar a un acuerdo general de reestructuración y quita de la deuda (algo que Alemania trató de evitar obligando a la reforma constitucional de hace un año) para abordar un plan de regeneración económica bien organizado y consensuado desde principios de justicia social, solidaridad y compromiso con los intereses generales.
Los españoles deberíamos decidir pronto si queremos entregarnos o salvar y rescatar de verdad a España.

(*) Catedrático de Economía en la Universidad de Sevilla

Los 'sin papeles' pagarán sanidad en función de la dolencia que padezcan

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular o 'sin papeles' seguirán siendo atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pese a no tener tarjeta sanitaria, pero en caso de que el médico le recete un medicamento deberán pagar una parte o la totalidad de su precio en función de la dolencia para la que esté indicado.

   Así lo han confirmado hoy fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad después de que la Organización Médica Colegial (OMC) mostrara este martes su preocupación por cómo se iban a recetar en los centros de salud los medicamentos a éste u otros colectivos que con el nuevo sistema de aseguramiento pierdan su tarjeta sanitaria.
   De este modo, han dejado claro que en aquellos casos en que la ley garantiza la asistencia de este colectivo (atención por enfermedades transmisibles, mujeres embarazadas, y menores de 18 años) los pacientes deberán pagar un 40 por ciento por sus medicinas, al igual que cualquier trabajador activo.
   Los 'sin papeles' que sufren una enfermedad crónica y ya estuvieran en tratamiento se seguirán beneficiando del régimen de aportación reducida que tienen los medicamentos para estas patologías, y sólo abonarán un 10 por ciento de las medicinas. En ambos casos, el médico deberá ofrecerles una receta del SNS en que aparezca el código con la aportación que el paciente ha de realizar.
   Sin embargo, para el resto de casos (un dolor de espalda o un resfriado, por ejemplo) los pacientes deberán abonar el importe íntegro de lo que cueste en la oficina de farmacia. De hecho, han explicado las mismas fuentes, el médico deberá expedirles una receta 'blanca', como la que se hace en la sanidad privada o para cualquier fármaco no financiado.
   Fuera de esta casuística estarían los pacientes atendidos en los hospitales, tanto crónicos como agudos, que no deberán abonar nada por los medicamentos que reciban.
   No obstante, el departamento de Ana Mato ha recalcado que en este caso, al igual que a la hora de facturar la asistencia prestada, las comunidades tienen libertad para decidir si se hacen cargo de dicho coste o lo reclaman bien al país de origen bien al propio paciente una vez atendido.