El rescate de CCM no es por un problema de liquidez, sino de insolvencia, según Instituto Juan de Mariana

MADRID.- El Instituto Juan de Mariana considera que la intervención de Caja Castilla-La Mancha no se debe a un problema de liquidez, tal y como afirma el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, sino de insolvencia financiera, y "constata el fracaso de la supervisión bancaria en España".

Así, el Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto estima que la supervisión del Banco de España "está lejos de ser ejemplar", y augura que su intento de implantación a nivel internacional "será un fracaso".

"El rescate público de CCM no sólo demuestra que España no contaba con el sistema financiero más sólido del mundo y que la supervisión del Banco de España estaba lejos de ser tan ejemplar como se afirmaba, sino que las propuestas de reforma del sistema financiero internacional que se están barajando hasta la fecha -precisamente por mirarse en el espejo de España- van en una pésima dirección", subraya.

Por ello, estima que con CCM se demuestra que el problema de las malas inversiones financieras también concierne directamente al modelo tradicional de banca.

"Al fin y al cabo, Caja Castilla-La Mancha ni quedaba fuera de la supervisión del Banco de España ni incurrió en operaciones financieras que quedaran fuera de balance, sino que los impagos que la han abocado a la quiebra han sido fundamentalmente créditos a promotores y constructores", apunta.

A juicio de la institución independiente, la clave del problema radica en que los bancos se endeudaron a corto plazo para prestar grandes cantidades de dinero a largo plazo, con la garantía de que el banco central refinanciaría a vencimiento y de manera permanente su deuda a corto.

Por ello, estima que la futura reforma financiera "debe impedir este esquema de funcionamiento, evitando que los bancos centrales puedan expandir el crédito de manera discrecional y que los bancos se endeuden a corto e inviertan a largo".

IULV-CA cree que la intervención de CCM "es sólo el principio"

SEVILLA.- El coordinador general del IULV-CA, Diego Valderas, lamentó hoy que la intervención del Banco de España de Caja Castilla-La Mancha (CCM) "es sólo el principio", por lo que pidió responsabilidades políticas ante la "pésima gestión".

Valderas indicó que "desgraciadamente no será la última intervención que tenga que hacer el Banco de España para sanear una entidad", por lo que hizo un llamamiento a la razón para garantizar el ahorro de miles de familias.

Del mismo modo, el líder de IULV-CA dijo que "el propio Gobierno conocía la situación de la entidad financiera de agujero e insolvencia", por lo que criticó tanto al PSOE, que "incluso teniendo intermediación directa el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha no hizo nada", y también el PP, "que no lo denunció".

Para Valderas, se trata de "una clara ocultación de información, además de una mala gestión y una estafa al interés de los que mostraron su confianza en la entidad bancaria". Asimismo, indicó que el tiempo ha dado la razón a IU, que alertó de una agujero de 3.000 millones de euros en CCM, "mientras que otros hablaban de sólo 500 millones".

Por otro lado, el coordinador de IULV-CA, felicitó al Consejo de Administración de Unicaja y a su presidente que, "a pesar del llamamiento del Gobierno a la fusión con la entidad castellano-manchega, no se han dejado llevar".

Por su parte, los integrantes del Consejo de CCM fueron convocados hoy por la entidad a un encuentro urgente en el Banco de España, donde se celebraba también otra reunión extraordinaria que estudiaba la intervención de la caja castellano-manchega.

Al respecto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó hoy un Consejo de Ministros extraordinario para analizar la situación de Caja Castilla-La Mancha (CCM), además de anunciar que va a aprobar un decreto-ley por el que se autorizará la concesión de garantías para la financiación de CCM, según informaron fuentes gubernamentales.

Petición de una banca pública

El coordinador general de IU, Cayo Lara, exigió hoy al Gobierno que lleve a cabo "un saneamiento limpio y efectivo" de Caja Castilla-La Mancha (CCM) y pidió que esta intervención "sea el comienzo de la creación de una banca pública fuerte a nivel estatal".

Además anunció que reclamará responsabilidades políticas tanto a los gestores del PSOE como del PP en la CCM, y no descartó exigir "responsabilidades penales según se vayan conociendo todos los detalles de lo ocurrido".

En un comunicado Lara pidió que se garanticen los depósitos de los clientes de CCM y los empleos de los trabajadores "que no son los culpables de la nefasta actuación seguida" en la caja en los últimos años, tras poco más de tres lustros de existencia.

El máximo responsable de Izquierda Unida consideró que esta intervención del Banco de España "debe sentar unas bases claras y los primeros cimientos para crear una auténtica banca pública estatal fuerte, que tenga como objetivo resolver los problemas de los ciudadanos y no la especulación y el beneficio rápidos".

"Izquierda Unida centrará sus actuaciones en ello y éste puede ser un buen ejemplo para comprobar cómo va a gestionar en la práctica el Gobierno socialista este tipo de situaciones y otras similares en caso de que se repitan, así como su voluntad política para poner los intereses de defensa de lo público por encima de planteamientos políticos conservadores", afirmó.

Cayo Lara respaldó la intervención pública en la caja castellano-manchega, si bien consideró "lamentable que la ceguera política haya permitido que se llegara a un deterioro tan grave que la haya hecho inevitable".

Por último, indicó que IU estará vigilante para que las garantías que se den a los fondos particulares se hagan conforme a la ley y con total transparencia.

Industria reparte ayudas entre doce fabricantes de componentes de automoción

MADRID.- El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio distribuirá casi 200 millones de euros en ayudas entre doce grandes fabricantes de componentes para automóviles, nacionales y extranjeros, con cargo a los 800 millones con que cuenta el Plan de Competitividad de Automoción.

Según consta en la Propuesta de Concesión de las ayudas, siete fabricantes de componentes (cinco españoles y dos franceses) recibirán cada uno más de 20 millones de euros, como subvención para proyectos de inversión.

El mayor importe corresponde a Gestamp, que recibirá ayudas de 22,3 millones de euros para proyectos inversores presupuestados en 72,23 millones de euros. Por su parte, el grupo Antolín percibirá 22,11 millones para acometer inversiones por valor de 125,8 millones de euros. Ambas empresas son españolas.

Con ayudas concedidas también por encima de los 20 millones de euros figuran las españolas Ficosa (21,6 millones para 46 millones de inversión), Grupo Mondragón (con 21,34 millones sobre 71,7 millones de inversión) y CIE Automotive (con 21,01 millones sobre 55,2 millones de inversión).

Además, Industria ha decidido conceder ayudas por importe de 21,25 millones de euros a la francesa Faurecia, filial de PSA Peugeot-Citroën, para proyectos de inversión por 73,4 millones. La también francesa Valeo se llevará 21 millones sobre una inversión total de 62,9 millones.

De menor cuantía son las ayudas aprobadas para Michelin, con 13,65 millones de euros y una inversión prevista de 47,12 millones, y para Bosch, con subvenciones de 13,09 millones para proyectos inversores de 39,6 millones.

Además, la distribución del Plan de Competitividad contempla ayudas de 8,5 millones de euros para Hispano-Carrocera, de 5,82 millones para Dalphi-TRW y de 7,82 millones para Exide, denominada anteriormente Tudor.

Internet, autocrítica y sectarismo (II) / Carlos Carnicero *

El socialismo democrático, el debate político y la potencialidad de la red. He decidido proseguir el debate iniciado con el artículo de ayer a la vista de la aceptación de los lectores (unos a favor y muchos otros, la mayoría de los que entran en el foro, en contra de mis tesis), lo que me motiva a seguir haciendo una prospección en la intolerancia que anida en la sociedad española y la incapacidad para la autocrítica –que muchos suponen que es patrimonio exclusivo de la derecha- que se ha instalado en sectores del socialismo español como un mecanismo de defensa ante las limitaciones de liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Creo que fundamentalmente lo que diferencia –o lo que debiera diferenciar- a los militantes de izquierda de los de derecha es, sobre todo, la exigencia de participación política en las decisiones, para que el compromiso militante sea el motor de las dinámicas democráticas de los partidos. Un antídoto contra el establecimiento de castas y camarillas que por un sistema de cooptación tienden a ocupar la cúspide del poder y apartar a quien no practique la adhesión inquebrantable.

Eso, hoy día, es bien visible en el conjunto de los partidos españoles, de tal manera que lo que era un caudal exclusivo de la derecha –la concepción del partido como una maquinaria electoral controlada por los intereses económicos más poderosos en forma de castas- ha terminado por contaminar toda vida partidaria copada en sus direcciones por élites inaccesibles.

La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del PSOE interrumpió una larga tradición de democracia interna en el partido que en momentos puntuales ha provocado verdaderos climas de tensión. El congreso de Suresnes –auténtica refundación del PSOE- fue sobre todo una ruptura generacional entre los jóvenes socialistas del interior y los viejos socialistas, supervivientes de la guerra civil.

Pero no se estigmatizó a nadie que quiso sumarse a aquel proyecto por razones de procedencia o de edad. La suma positiva del conjunto de partidos socialistas diseminados por la geografía española, con las limitaciones que pudo llegar a tener, fue un ejercicio democrático en el que se invitaba a la participación de todos.

La batalla de Suresnes fue dura y como es sabido fue ganada por la dirección que encabezaron Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo (padre), Enrique Múgica, José María Benegas y toda una generación de líderes que tuvieron buen cuidado en que la victoria no supusiera una ruptura ni con el pasado ni con los veteranos militantes que quisieron seguir incorporados a la vida del partido.

Los congresos sucesivos siempre dieron cabida a la discrepancia, circunstancia que quedó más evidenciada que nunca en el congreso que debatió la adhesión de la ideología del partido al marxismo, con un pulso democrático que ganó Felipe González poniendo en juego su liderazgo.

Durante los años de Felipe González el pluralismo interno no fue un obstáculo para la cohesión del partido. No se invocaba la obediencia ciega y hay sobrados ejemplos de que la vida partidaria permitía los debates profundos y las diferencias no se solucionaban desde la sumisión sino desde el convencimiento y la imposición de mayorías formadas después de un debate bastante libre.

Es cierto que en esa época no había hecho eclosión el aznarismo. La llegada de José María Aznar a la presidencia del Partido Popular marcó el cambio de las reglas de la democracia española. Con un talante autoritario y un soporte ideológico predemocrático, José María Aznar organizó una maquinaria de poder para asaltar La Moncloa sin tener la paciencia de esperar los resultados de las elecciones.

El contubernio organizado por el PP junto a Pedro J. Ramírez, Baltasar Garzón y los periodistas adheridos al llamado “sindicato del crimen”, estuvo a punto de dar un golpe institucional para meter en la cárcel al presidente legítimo del Gobierno de España y forzó las instituciones hasta el límite que le permitió alcanzar un gobierno minoritario en 1.996.

Nada ha sido igual después de aquella ofensiva predemocrática de José María Aznar. El encanallamiento de la vida democrática volvió a enfrentar a España en dos mitades difícilmente reconciliables. La crispación de la anterior legislatura, la falta de responsabilidad democrática del PP para asumir la derrota del 2004, fue la antesala de una confrontación con el Gobierno de Zapatero que no dejó al margen ni la lucha antiterrorista ni la política internacional. El PP metió todo, incluidas las instituciones, en la trituradora de la práctica política, para tratar de llegar al poder.

El tiro les salió por la culata porque esta derecha agresiva, ligada con los poderes más reaccionarios de la Iglesia católica y de la sociedad, sembró una alarma que movilizó el voto útil de adhesión al PSOE más allá del convencimiento sobre las propuestas que formulaba José Luis Rodríguez Zapatero, como forma de frenar a una derecha tan dura en su escalada hasta el Gobierno.

Esta lucha política ha tenido daños colaterales y efectos secundarios. Primero, que el miedo a una derecha tan dura ha establecido la impunidad del Gobierno sobre el axioma de que cualquier crítica, formulada incluso desde la izquierda, favorecía el crecimiento de las tesis del Partido Popular. Se estableció desde sectores del poder, sobre todo en el entramado más cercano al presidente del Gobierno, que las discrepancias eran imposibles, desde el momento que ejercerlas auxiliaría al Partido Popular.

Ahora, el Gobierno pretende que cualquier crítica equipara a quien la ejerce con el Partido Popular. En el fondo, en La Moncloa y en algunos sectores del PSOE, rezan todos los días para que el PP no se democratice, para que el liderazgo de Mariano Rajoy con todas sus debilidades permita la supervivencia de un partido ultraconservador, agresivo y enraizado con la Conferencia Episcopal, para garantizar la llamada de auxilio de toda la izquierda, desde la renuncia a la crítica y a la participación política, si no es con la condición de aplaudir todas y cada una de las decisiones del Gobierno, incluidos sus errores.

Quienes ejercemos la crítica en las ocasiones que no los dicta nuestro saber y entender, somos sencillamente traidores. Hay una jauría organizada en Internet para desacreditar a quien no aplauda todos y cada uno de los gestos del Gobierno, porque entienden la acción política como mera propaganda y la militancia como adhesión acrítica a un proyecto del que no esperan explicaciones sino consignas. (Continuará).

(*) Carlos Carnicero es periodista y analista político

Medio Ambiente ve "lógico" mantener el trasvase Tajo-Segura siempre que no genere polémica con ningún territorio

MADRID.- La directora general de Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Marta Morén, manifestó hoy que le parece "lógico" que si ya existe un trasvase Tajo-Segura que cubre los usos de unas zonas determinadas, "lo mejor es que estuviera así siempre, pero siempre y cuando no genere polémica con ningún territorio", aunque su obligación es "responder a los compromisos del Gobierno".

"Nuestro trabajo será dar respuesta a esa gestión y a esa disponibilidad en función de esa decisión (posible derogación del trasvase en el Estatuto de Castilla-La Mancha), pero no es nuestro trabajo tomar esa decisión", subrayó Morén.

Así, la directora general de Agua señaló que los grupos políticos y el Gobierno son los que debaten el futuro de "lo que tiene que ser o no debe ser" el trasvase Tajo-Segura y su compatibilidad con el Estatuto de Castilla-La Mancha.

En todo caso, insistió en que lo que sí le compete es gestionar el agua en España en base a la "garantía disponibilidad", que incluye a la Ley de Aguas y a la Ley de 1971 que aprobó el trasvase Tajo-Segura así como sus leyes de acompañamiento.

Por este motivo, aseguró que "no se ha llegado aún a la tesitura" de pensar en cómo garantizar la disponibilidad de agua de Murcia si el trasvase Tajo-Segura es derogado en 2015 por el Estatuto de Castilla-La Mancha, porque "dependerá de la decisión" que se tome en el debate político que se dirime en el Parlamento.

En ese sentido, explicó que el Ministerio de Medio Ambiente se regirá por los planes de cuenca que "obligan a una serie de condiciones" y que, si es preciso cambiarlas "por el motivo que sea" o por una decisión o ley que así lo indique, habrá que "dar respuesta a través de la planificación". De momento, reiteró que "no procede" pensar ahora en la solución que, en cualquier caso, habrá que tomar "en base a una reflexión y jamás por un capricho".

Si bien, Morén estimó que "no se debe banalizar" y que antes de tomar decisiones es preciso estar seguros desde el punto de vista medioambiental, social y económico de que esa es la solución ideal y la más adecuada". En todo caso, transmitió que para esta región existen también otras opciones como ampliar el plan de desalación o realizar un cambio de toma del trasvase Tajo Segura (Tajo Medio).

También recordó que ya se han puesto en marcha programas como la reutilización, la desalación, la gestión de demanda, los planes de ahorro o la modernización de los regadíos. "Hay un abanico de disponibilidades y todas nos hacen el conjunto de los recursos hídricos que se ponen a disposición de los usuarios", insistió.

En todo caso, dijo que "todos" están esperando a "salir de este 'impass' (la tramitación parlamentaria del Estatuto)". "No soy yo quien decide si eso tarda más o tarda menos. Debemos ser conscientes de que eso tiene unos plazos que se cumplen, que el debate está reglamentado y no es infinito. La decisión la tendremos que tomar en ese marco", sentenció.

En cuanto al informe de viabilidad de un trasvase a Cataluña desde el Ródano (Francia), compromiso que el Gobierno adquirió a petición de CiU el año pasado, Morén confirmó que "ya se ha elaborado y se está ultimando" un informe que se entregará al Ejecutivo para que pueda presentarlo en el marco en el que se comprometió.

"Es el presidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) quien tiene la obligación de manifestar lo que nos dice ese informe, que se ha hecho de la forma más objetiva posible", precisó.

Antes de hacer públicos los resultados de ese informe, la directora general recordó que en el año hidrológico actual se dispone de unos recursos superficiales muy importantes porque ha llovido mucho, lo que "da una garantía y una flexibilidad muy importante y cómoda", y añadió que además existen otros recursos hídricos como los acuíferos.

Además, en materia de almacenamiento de agua, apuntó que, por su tradición hidráulica, España cuenta con más de 1.000 infraestructuras de este tipo y en la actualidad se están construyendo otras 30 presas "pequeñas y grandes".

En el caso de que se proyectaran nuevos embalses, indicó que queda "poco espacio" y que en la actualidad sólo cabrían en el norte de la Península donde aún hay "cierto margen a pesar de que en cualquier caso serían embalses pequeños y concretos que contasen con aceptación social".

Por todo ello, señaló que es "muy importante" que los ciudadanos sean concientes de lo que son los planes de cuenca, que definió como un documento legislativo aprobado por el Consejo de Ministros que refleja el estado, las actuaciones y dónde se quiere llegar en cuestiones de recursos hídricos en una cuenca hidrográfica determinada.

Esto dictaminará las actuaciones para garantizar la disponibilidad ya que además, la directiva europea exige que las cuencas estén en un buen estado ecológico para 2015.

Marta Morén estimó que todas las partes interesadas han tenido tiempo suficiente para analizar la documentación y manifestar lo que considerasen "oportuno", por lo que en este momento se están analizando todas esas aportaciones para estudiar sus posibles respuestas.

En cuanto a los plazos, admitió que hay que "ser flexibles con los plazos" --deberían estar listos a finales de 2009-- ya que "es mejor tardar un poco más y hacer las cosas bien que hacer las cosas rápido sólo por cumplir plazos".

En es sentido cifró esta "flexibilidad" en dos o tres meses, ya que hay que buscar "un punto" donde todos los "intereses contrapuestos" se conjuguen y coordinen.

Por ello, calcula que los planes de cuenca ínter comunitarios serán aprobados por el Consejo de Ministros a mediados de 2010, es decir con unos seis meses de retraso. A ese respecto, estimó que "sí da tiempo" a cumplir los planes hasta 2015 que dicta la Unión Europea, donde comenzará el segundo ciclo de planificación, porque en España "no se empieza de cero".

En concreto, citó como actuaciones ya realizadas el plan de choque de regadíos que ha permitido un ahorro bruto de agua de más de 1.000 hectómetros cúbicos, el plan de choque de vertidos, el plan de saneamiento y depuración de aguas, entre otros. Por ello, recalcó que "hay un trabajo muy importante ya hecho".

Sobre las expectativas para alcanzar un Pacto del Agua con caracter nacional, estimó que se trata de un debate a nivel Estado que exige una coordinación de política de agua a nivel nacional.

"Creo que de forma informal, pero sí que todos un poquito están aportando su grano de arena a ese pacto del agua; unos de forma más directa y otros más indirectamente", dijo Morén, al tiempo que pronosticó que "será bienvenido por todos".

Todos estos temas serán objeto de análisis el próximo 6 de abril en la primera reunión de la legislatura del Consejo Nacional del Agua, (órgano consultivo en el que están presentes todos los órganos competentes en materia de gestión de agua). En la reunión, se discutirán los temas "más relevantes de la planificación".

"Existe un interés muy importante por parte del Gobierno, porque (la reunión) permite poner sobre la mesa lo que se está haciendo y lo que se va a conseguir en los próximos años", apostilló.

Finalmente, la directora general de Agua considera "fantástica" la posibilidad de que en el futuro se articule una Convención de Naciones Unidas sobre Agua similar a la que ya existe sobre Cambio Climático, aunque no quiso desdeñar el trabajo "importante" que realiza actualmente el Consejo Mundial de Agua.

Un centenar de personas acude al homenaje por 'Los Ocho de Benagéber' para reivindicar la exhumación de sus cuerpos

VALENCIA.- Un centenar de personas acudió este fin de semana al acto celebrado en homenaje a 'Los Ocho de Benagéber' en esta localidad valenciana con el fin de reivindicar la exhumación de los cuerpos de estos ciudadanos, asesinados en dicha población durante la Guerra Civil, según informó el portavoz del Grupo para la Memoria Histórica, Matías Alonso.

La concentración con las que se les homenajeó tuvo lugar a las 12.00 horas del sábado en el cementerio municipal de Benagéber. En el acto participaron la Agrupación de Familiares de las Víctimas de la Fosa Común de Benagéber, el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, el Grupo de Investigación de Desaparecidos (La Gavilla Verde) y el alcalde del municipio, Rafael Darijo.

Asimismo, estuvieron presentes algunos familiares de los fallecidos que se trasladaron desde Barcelona para asistir al homenaje, destacó Alonso. El portavoz del Grupo para la Memoria Histórica se mostró "satisfecho" con el desarrollo del homenaje, ya que con él se cumple "un doble objetivo", dijo.

En este sentido, apuntó que "por un lado, se conmemoran los 65 años transcurridos desde el asesinato de las víctimas" y que "por otro, se reivindica la firmeza de los familiares para la recuperación de los cuerpos", explicó.

Reivindicó también "la determinación de los familiares de Benagéber de acometer la primera exhumación de una fosa común en la Comunidad Valenciana". Según señaló, este proceso se encuentra a falta de obtener todos los permisos necesarios por el Ayuntamiento y, sobre todo, las subvenciones necesarias desde el Gobierno".

En relación con este último punto, aseguró que es "justo" que la Administración sufrague los gastos en última instancia, puesto que desde ella "se ordenaron los asesinatos de estos ciudadanos durante el régimen franquista".

El portavoz del Grupo para la Memoria Histórica recordó que los asesinatos reivindicados se produjeron entre los días 25 y 26 de marzo, cuando la Guardia Civil abatió a dos revolucionarios que se refugiaron en una casa de Benagéber.

A partir de este momento, se produjeron otros cinco asesinatos entre los ciudadanos del pueblo acusados de colaboración con los republicanos. Alonso destacó "la injusticia de estas muertes" porque "en muchos casos se cargó contra simples trabajadores del pantano" que se construyó en esta localidad.

Del mismo modo, explicó que el proceso "llegará a un punto en que las asociaciones memorialistas se apartarán y los protagonistas serán el equipo de arqueólogos de la Comunidad Valenciana".

En esta línea, indicó que la operación de exhumación se realizará cuando sea "técnicamente propicio, de manera que ni las lluvias ni el clima puedan dañar los cuerpos y, por tanto, el trabajo forense para un posible informe judicial".

Apuntó, en atención a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que "ya debería haberse producido una investigación de los asesinatos, desde el momento de su enterramiento ilegal".

Matías Alonso también se refirió a aquellos familiares contrarios a la exhumación, a los que aseguró que con este proceso "se garantizarán los derechos tanto de los que quieren recuperar los cuerpos, como de aquellos que prefieren que permanezcan aquí".

Sin embargo, criticó que la oposición a esta medida "se haga extensiva a todos los cuerpos y se perjudique al resto de familias que sí quieren un análisis forense".

Finalmente, el portavoz del Grupo para la Memoria Histórica reivindicó "la puesta en marcha de todos los mecanismos legislativos de España, así como de los protocolos internacionales, para asegurar un procedimiento que garantice la exhumación, todavía incierta".

Aseguró que con ella se cubrirá "la necesidad de muchas personas de cerrar heridas, especialmente, acuciante en el caso de los más mayores, que quieren llegar a ver una solución antes de que sea tarde", subrayó.

Decenas de personas se reúnen en Valencia para criticar que el Gobierno "no da más alternativas" que el aborto

VALENCIA.- Decenas de personas se concentraron hoy en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia en un acto en defensa de la vida y en contra de la reforma de la Ley del Aborto que plantea el Gobierno central y que calificaron como una "atrocidad". Así, criticaron que el Gobierno "no da a las mujeres más alternativas que el aborto".

La protesta, convocada por distintas plataformas como 'Derecho a vivir' (DAV), 'Hazteoir.org', 'Médicos por la Vida', y Grupo Provida', contó con la presencia de unas 500 personas, según fuentes de la Policía Nacional, y más de 5.000, según la organización.

Entre los asistentes se encontraban el conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, y la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia y diputada nacional por el PP, Marta Torrado, entre otros.

El delegado de Derecho a Vivir en Valencia, Antonio Bandín, en declaraciones a los medios de comunicación, se mostró satisfecho por la participación obtenida en el acto de hoy pese a la "precipitación" con la que se organizó y la falta de recursos de esta entidad en la ciudad, dijo.

Asimismo, destacó que el principal objetivo "se ha cumplido" porque con esta protesta los convocantes pretendían "hacerse oír y, sobre todo, hacerse ver porque la sociedad valenciana está un poco dormida en este aspecto", aseguró. Bandín reclamó a los responsables del Gobierno central que "piensen dos veces las leyes que hacen", al tiempo que tildó la propuesta de la ley del aborto de "surrealista" y de "barbaridad".

Se refirió también a uno de los puntos de la propuesta de la administración central que dice que las menores de edad de más de 16 años podrán abortar sin el consentimiento de sus padres, y criticó que esto supone "quitarle la autoridad a un padre y a una madre para que su hija pueda decidir sobre una operación quirúrgica que conlleva un riesgo".

Por su parte, Juan Cotino, tras recalcar el "apoyo" del Consell "a la vida", anunció que en unos 12 días se celebrará una reunión de la Comisión Delegada de 'Más vida', que estará presidida por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y donde se concretarán las líneas del Gobierno valenciano en defensa de las mujeres embarazadas en riesgo de exclusión que decidan no abortar.

Estas medidas tendrán en cuenta las "sugerencias que llegan desde distintas asociaciones y consellerias", apuntó el titular de Bienestar Social.

De este modo, hizo hincapié en que el Consell trabaja para "dar todas las ayudas posibles a esas madres para que sepan que hay otra vida, que la solución nunca es abortar". Cotino enmarcó este apoyo en la celebración del 'Año de la Solidaridad', ya que "la solidaridad tiene que ser más importante con la personas que más lo necesita, y todos hemos estado en el vientre de nuestra madre", recalcó.

En este sentido, el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano insistió en que la Generalitat "ayuda a las personas que tienen dificultades para que las superen, tanto desde un punto de vista psicológico, humano, o económico.

El acto también contó con la presencia de la concejala de Bienestar Social en el consistorio valenciano Marta Torrado, que felicitó a los organizadores por reunir a una gran cantidad de gente. La edil aseguró que es una "auténtica barbaridad que se permita abortar a una niña de 16 años", mientras que para otras actividades como "ir hacer una excursión, necesita la autorización de los padres".

A lo largo de la concentración los asistentes corearon consignas como 'Sí a la vida' y mostraron pancartas con lemas como 'Déjame nacer ZP, quiero llegar a presidente como tú'; 'No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir'; o 'Yo también fui embrión'. Después de leer el denominado 'Manifiesto de Madrid', apoyado por profesores de universidad, investigadores, académicos, e intelectuales, se guardó un minuto de silencio "por los no nacidos".

El escrito que leyeron señala que "lejos de suponer la conquista de un derecho para la mujer, una Ley del aborto sin limitaciones fijaría a la mujer como la única responsable de un acto violento contra la vida de su propio hijo" y considera que "el aborto es una tragedia para la sociedad, porque una sociedad indiferente a la matanza de cerca de 120.000 bebés al año es una sociedad fracasada y enferma".

Por ello, con este escrito se reivindica que "las conclusiones que el grupo socialista en el Congreso, por medio de la Subcomisión del aborto, ha trasladado al Gobierno para que se ponga en marcha una ley de plazos, agravan la situación actual y desoyen a una sociedad que, lejos de desear una nueva Ley para legitimar un acto violento para el no nacido y para su madre, reclama una regulación para detener los abusos y el fraude a la ley de los centros donde se practican los abortos".

Nissan, Ford y PSA acaparan la tercera parte de las ayudas de 800 millones del Plan de Automoción

MADRID.- Los grupos automovilísticos Nissan, Ford y PSA Peugeot-Citroën acaparan una tercera parte de las ayudas de 800 millones de euros aprobadas por el Gobierno en el marco del Plan de Competitividad de Automoción, puesto que entre las tres empresas suman una subvención de unos 263 millones de euros, según consta en la Propuesta de Concesión del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

A la convocatoria de las ayudas han acudido todos los fabricantes de vehículos con presencia en España, si bien Seat no está incluida en la propuesta de concesión a la espera de que su matriz, el grupo Volkswagen, apruebe la adjudicación de la producción del Audi Q3 a la planta de Martorell, según explicaron fuentes del sector.

Nissan es el fabricante de automóviles que recibirá una mayor subvención, con 103 millones de euros para sus instalaciones de España. En concreto, la multinacional nipona percibirá ayudas por importe de 70,9 millones de euros para un proyecto inversor de 280,2 millones de euros en Barcelona.

Además, la planta de vehículos industriales de Nissan en Avila recibirá ayudas por importe de 23,1 millones para una inversión de 34,6 millones, mientras que el centro de Cantabria se lleva 9,2 millones para un monto inversor de 15 millones de euros.

Ford España, que dispone de una planta en Almussafes, ha presentado al plan un proyecto con una inversión de 261 millones de euros, para el que recibirá ayudas por un importe de 83 millones, en tanto que el grupo PSA Peugeot-Citroën recibirá unos 80 millones de euros, de los que alrededor de 72 millones corresponden a la factoría de Vigo, y los ocho millones restantes a la factoría de Madrid.

Las ayudas a la fábrica de General Motors en la localidad zaragozana Figueruelas suman 29,2 millones de euros, mientras que el proyecto presentado por la empresa contempla una inversión total de 163 millones.

Renault suma ayudas de casi 27 millones de euros para sus cuatro centros españoles. De esta cifra, 12 millones de euros corresponden a la fábrica de Carrocería-Montaje de Valladolid, destinadas a sufragar parte de un proyecto inversor de 39,18 millones de euros. Por su parte, la fábrica de Palencia recibirá 8,75 millones para una inversión de 52,51 millones.

En cuanto a las factorías de órganos mecánicos de Renault, la fábrica de motores de Valladolid percibirá 782.000 euros para un proyecto inversor de 39,2 millones, y la factoría de cajas de cambios de Sevilla tendrá ayudas de 5,3 millones para una inversión de 15,2 millones de euros.

Mercedes-Benz España percibirá ayudas por importe de 20,32 millones de euros, destinadas a sufragar parte de un proyecto inversor de 95 millones de euros. Volkswagen Navarra contará con ayudas de 18,8 millones para su inversión de 62 millones.

Iveco, filial de vehículos industriales de Fiat, ha presentado al Plan de Competitividad proyectos de inversión por 201,5 millones para sus centros de Madrid, Valladolid y Barcelona, para los que recibirá una ayuda de 15,3 millones de euros.

Las ayudas a los fabricantes de automóviles se completan con los 5,6 millones de euros que recibirá Santana Motor para su fábrica jienense de Linares, en relación con un proyecto de inversión de 57,3 millones de euros.