domingo, 24 de junio de 2012

Las CCAA deberán aplicar los ajustes en sanidad y educación

MADRID.- Los Gobiernos autonómicos que necesiten ayuda del Estado para financiar su deuda financiera deberán demostrar que han aplicado antes los recortes en educación y sanidad y las reformas de todos los servicios públicos que se aprueben.

   Estos son los parámetros con los que trabaja la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que dirige Antonio Beteta. El Gobierno tiene preparado un instrumento para ayudar a las CCAA a afrontar los vencimientos de su deuda, que esperará a aprobar a que se calmen los mercados tras las próximas citas europeas.
   Este año, las autonomías han contado con una línea de crédito del ICO para este fin, dotada con 10.000 millones, ampliables a 15.000. En adelante, para contar de nuevo con el respaldo del Estado en sus emisiones de deuda, las autonomías deberán demostrar previamente que han utilizado al máximo las posibilidades de ajuste presupuestario aprobadas, como en sanidad y educación, ajustes sobre los que algunas autonomías han mostrado reticencias. Será condición imprescindible, según Administraciones Públicas.
   Fuentes de Hacienda han asegurado que el Gobierno ha decidido esperar a que se calmen las presiones de los mercados sobre España antes de aprobar este mecanismo o instrumento de ayuda financiera.
   Estas fuentes han explicado que la fórmula está preparada, pero que se ha considerado prudente esperar al resultado de próximas citas que el Gobierno considera importantes para el futuro de la economía española, sobre todo el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de este mes.
   El Ejecutivo confía en una respuesta clara de las instituciones europeas en defensa del euro y del proyecto comunitario, que lance un mensaje de confianza y calme la situación de los mercados. A partir de ese momento, el Gobierno barajará la aprobación de esta herramienta, que las mismas fuentes han asegurado que está ya ultimada.
   Fue el ministro Cristóbal Montoro quien aseguró en rueda de prensa el día 1 de junio que el Gobierno trabajaba en este mecanismo, ante la reclamación de diversas comunidades autónomas de que se aprueben lo que se han llamado 'hispanobonos'.
   Montoro explicó entonces que esta fórmula llevará aparejada la exigencia de nuevas medidas para las Comunidades Autónomas, con lo que éstas "no se van a ahorrar nada".
 "Que cada palo aguante su vela", remachó. Asimismo, recalcó que se trata de un instrumento de financiación "extraordinaria" para las regiones que puedan necesitarla, y que, por tanto, tendrá un carácter "temporal", mientras duren las dificultades.

Unas 38.000 empleadas del hogar irán a la economía sumergida si no pasan al régimen general de la S.S

MADRID.- Más de 38.000 empleadas afiliadas al antiguo Régimen Especial de Empleadas del Hogar --el 15% del total-- serán dadas de baja de la Seguridad Social y pasarán a la economía sumergida si no tramitan su incorporación al Régimen General antes del próximo domingo, 1 de julio, fecha en la que termina el plazo de seis meses fijado para completar la integración, según cifras aportadas por CC.OO. a partir de datos de afiliación al sistema de la pasada semana.

   Se trata de aquellas trabajadoras que están afiliadas en la modalidad de discontinuas --las que asumen a su cargo exclusivo la totalidad de la cotización porque trabajan para varios empleadores--, puesto que las empleadas que cotizan en la modalidad de continuas --su único empleador es el que cotiza por ellas-- se integrarán de forma automática cuando acabe el mes de si su empleador no lo ha hecho antes.
   La cifra de empleadas discontinuas pendientes de integración a 31 de mayo era de cerca de 45.000 personas, con lo que el paso de estas trabajadoras al Régimen General en lo que va de mes de junio se ha producido a un ritmo aproximado de unas 400 empleadas al día.
   Sin embargo, desde CC.OO. se cree que en esta última semana se podría producir una "explosión" de altas que acelere el proceso y reduzca significativamente el número de mujeres que tendrán que ser dadas de baja en la Seguridad Social a partir del 1 de julio.
   De hecho, fuentes del Ministerio de Empleo han indicado que se ha producido en estas últimas semanas un aumento fuerte de las solicitudes para tramitar este cambio de régimen de afiliación que aún no se ha materializado en altas efectivas en el régimen general.
   Las mismas fuentes recuerdan que las empleadas eventuales del hogar podían darse de alta hasta ahora en uno sólo de los domicilios en los que prestaban sus servicios, mientras que a partir de su integración en el Régimen General tendrán que hacerlo en cada uno de ellos, lo que supondrá mayor gasto. Esta circunstancia podría estar llevando a muchas de estas empleadas a apurar los plazos para ahorrarse en la medida de los posible días de cotización.
   En cualquier caso, desde CC.OO. se espera que también se produzcan altas en el Régimen General de la Seguridad Social en los primeros días de julio. Las empleadas que así lo hicieran serían dadas de baja en el antiguo Régimen Especial de Empleadas del Hogar el 1 de julio, y días más tarde, de alta.
   En esta situación, el secretario confederal de Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravo, indicó que "es necesario redoblar los esfuerzos que se están llevando a cabo para explicar las ventajas que tiene asociados tanto para la trabajadora como para el empleador".
   En este sentido, considera que la razón de que aún haya más de 38.000 empleadas del hogar que aún no se han integrado en el Régimen General radica "en el retraso en la puesta en marcha de la campaña informativa de la Administración", que, a su juicio, "debería haber comenzado a finales del año pasado cuando se alcanzó el acuerdo para la integración entre Gobierno y sindicatos".
   La integración de estas trabajadoras en el nuevo régimen les garantiza tener derecho a baja por enfermedad común y accidente de trabajo, a la garantía de revalorización automática del salario de cada año y a una mayor seguridad jurídica sobre las condiciones de trabajo.
   Por el lado de los empleadores, la integración aporta tranquilidad frente a posibles responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo u otras circunstancias, garantía jurídica de las condiciones de trabajo y la posibilidad de acceder a importantes reducciones de cotizaciones, que oscilan entre el 20% y el 45%.
   Bravo considera que "el proceso de integración en el Régimen General finalmente ha conseguido un ritmo razonable" puesto que de las 297.000 trabajadoras que estaban afiliadas a finales de 2011 al Régimen Especial, está prácticamente garantizada la integración del 90%. Además, se ha conseguido hacer emerger cerca de 30.000 nuevas altas que antes estaban trabajando sin protección social.
   Con todo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), hay más de 700.000 empleadas del hogar en España, con lo que habría de 400.000 de ellas aún fuera del sistema.
   Por ello, desde el Ministerio de Empleo se ha avanzado que en una segunda fase se van a poner en marcha nuevos incentivos para lograr que todas estas trabajadoras también desarrollen su labor dentro de la legalidad.
   Con este objetivo, Empleo tiene previsto elaborar no mucho tiempo después de que termine el plazo de integración un informe técnico para estudiar las alternativas posibles.
   Este informe es un mandato recogido en la reforma laboral a través de una enmienda acordada entre PP y CiU, en la que se instaba a buscar durante el segundo semestre del año fórmulas de simplificación de los trámites y posibles mejoras en las cotizaciones.

Descontrol de las administraciones públicas españolas en la gestión de las ayudas europeas

MADRID.- La portavoz parlamentaria de UpyD, Rosa Díez, critica los errores en la gestión de las ayudas comunitarias por parte de las administraciones públicas españolas, que junto con Italia y Reino Unido acumulan el 59% del total de fallos de la UE, y en una pregunta escrita al Gobierno reclama la implementación de un programa de control de estos fondos.

   Según explica la diputada, la CE ha detectado que el 59% de los errores de gestión de las ayudas de la Unión Europea entre 2006 y 2009 se produjeron en España, Italia y Reino Unido, con particular incidencia en los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), en el Fondo Social Europeo (FSE) y en los Fondos de Cohesión.
   Esto ha llevado al Parlamento Europeo a enviar una delegación de expertos a España para verificar cómo se están gastando estas ayudas y evaluar si existen "suficientes mecanismos de control" para "evitar irregularidades".
   Así, la líder de la formación magenta pregunta al Gobierno de Mariano Rajoy por su "diagnóstico" sobre las causas de esta situación y por si se está llevando a cabo algún programa de control. Además, se interesa por conocer las medidas que se está planteando el Ejecutivo para "mejorar la gestión y el control de las ayudas europeas en los distintos niveles de la administración".

El PSOE pretende embridar a concejales y alcaldes

MADRID.- El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha citado este lunes a los alcaldes socialistas para definir la propuesta de este partido para reformar la Ley de Bases de Régimen Local que, entre otras medidas, contempla regular los sueldos de los ediles en proporción al presupuesto y tamaño del municipio. 

   En un comunicado, Zarrías ha señalado que los socialistas apostarán por determinar límites a las retribuciones de los electos locales y del personal al servicio de la Entidad Local ya que, según el, a veces "se hacen públicos algunos sueldos que escandalizan a la ciudadanía".
   "Lo que pretendemos es introducir racionalidad y sentido común en el régimen de los sueldos y también de las asistencias a Plenos y a Comisiones que a veces engordan las retribuciones de alcaldes y concejales", ha defendido el dirigente socialista.
   Zarrías ha añadido que el PSOE también quiere aprobar una nueva regulación de los grupos políticos municipales, "no sólo para limitar las cuantías percibidas sino también para asegurar un contenido mínimo de derechos que posibiliten el ejercicio responsable de la oposición política y el control del grupo del gobierno".
   La propuesta que analizarán los alcaldes socialistas contempla que las retribuciones no deberán superar, en ningún caso, los límites que se fijen en los Presupuestos Generales del Estado. Y deberán estar en proporción al presupuesto del ayuntamiento y al tamaño del municipio. Los Ayuntamientos a través de sus asociaciones más representativas acordará con las CCAA el marco regulatorio correspondiente. Dichos acuerdos recogerán las retribuciones tanto para los cargos electos con dedicación exclusiva como para los de dedicación parcial.
   Zarrías ha defendido la "transparencia para cualquier responsable político" y que toda la información de políticos y personal de confianza del gobierno esté "accesible para el conocimiento de cualquier ciudadano".
   Las propuestas objeto de estudio abogan por preservar la "autonomía municipal" reconocida en la Constitución para que los ayuntamientos puedan decidir cuál es la fórmula más idónea para "prestar los servicios públicos siempre desde parámetros de eficiencia y respeto a las normas de estabilidad presupuestaria".
   Zarrías se ha referido a la propuesta del PP para señalar que, a diferencia de este partido, el PSOE quiere "evitar desapoderar a la inmensa mayoría de municipios utilizando para ello a las Diputaciones provinciales, bajo la apariencia de la mejora de la eficiencia y el supuesto reforzamiento de las mismas".
   "Eso supondría --ha afirmado Zarrías-- hurtar competencias a 7.720 municipios que, hasta el momento, se ha demostrado que son los que menos deudas tienen y que mejor han sabido gestionarse con la crisis. Y los datos lo demuestran: entre los 50 municipios más endeudados de España no hay ninguno de esos más de 7.000 y los 3.000 municipios que no tienen contraída ninguna deuda son todos municipios pequeños a los que ahora el PP quiere castigar".

El PPCV mantendrá reuniones en las tres provincias con dirigentes locales para explicar las últimas medidas del Consell

VALENCIA.- El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha avanzado este domingo que la formación regional ha concretado reuniones en las tres provincias con dirigentes locales para explicar las últimas medidas del Consell en materia de educación, principalmente las ayudas sociales aprobadas para el próximo curso. En concreto, los encuentros tendrán lugar este lunes en Castellón, el 2 de julio en Valencia y el 4 de julio en Alicante.

   Castellano, en un comunicado, ha subrayado que el PPCV "continúa con su intensa actividad para coordinar el partido y tratar temas de interés de los ciudadanos, principalmente relacionados con la educación y la economía".
   El dirigente 'popular' ha destacado la "implicación" del PPCV con sectores económicos como el turismo con la constitución de una Comisión específica, así como "la apuesta por nuestras señas de identidad" centrada en la Comisión de Señas de Identidad o la importancia de la coordinación desde la Comisión de Portavoces Municipales en la Oposición.
   En esta línea, ha resaltado que el PPCV considera "prioritario tomar el pulso de la economía para relanzar la Comunitat", y ha avanzado que se han cerrado reuniones para las próximas semanas con las Confederaciones empresariales provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, con el objetivo de tratar "las necesidades y preocupaciones del sector empresarial y trabajar en la misma línea de proyección de la economía de la Comunitat".
   Asimismo, Serafín Castellano ha indicado que la próxima semana se constituirás la Comisión de Sanidad del PPCV, con el objetivo de "velar por el derecho a una sanidad pública, gratuita y de calidad", a lo que ha añadido que el PPCV "se preocupa de los problemas que tiene la gente en estos momentos que es la economía, el paro y el mantenimiento de los servicios públicos"
  Por otro lado, el secretario general de los 'populares' valencianos ha hecho hincapié en que para el PPCV es "primordial el contacto directo con los ciudadanos porque el mayor partido de la Comunitat debe trabajar desde la realidad de la sociedad, estar a la altura de sus expectativas y conocer y dar solución a las cuestiones que plantean".
   Para ello, ha anunciado, que la próxima semana se creará una nueva comisión sobre nuevas tecnologías para "impulsar todos los medios que permiten una comunicación directa y bidireccional con la gente".
  "El PPCV apuesta por la transparencia y la información directa al ciudadano y por eso vamos a usar las nuevas tecnologías para exponer todas las iniciativas que pongamos en marcha y dar voz todas las personas que quieran aportar sugerencias y propuestas", ha indicado Castellano, quien ha sostenido que "una Comunitat fuerte se construye entre todos y el PP quiere contar con los cinco millones de valencianos para dotar de las mejores ideas a una gran autonomía como la valenciana".

Unas 2.000 personas se manifiestan contra el "despilfarro" en la Fórmula 1

VALENCIA.- Unas 2.000 personas se han manifestado este domingo en Valencia bajo el lema 'Fórmula 1? Les persones primer. No a les retallades' (¿Fórmula 1? Las personas primero. No a los recortes) en la marcha convocada por los sindicatos UGT e Intersindical Valenciana, contra la política de "despilfarro" del Consell en los grandes eventos como la Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en Valencia.

   A la marcha se han unido además los trabajadores de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y la Empresa Metropolitana de Transportes (EMT) en protesta por "los recortes" realizados por el Gobierno valenciano en estas empresas del sector público.
   El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Luis Lozano, ha asegurado que es una marcha que protesta ante un gobierno de una comunidad que está "en quiebra" a causa del "despilfarro de los 16 años de saraos del Partido Popular", y que "recorta en sanidad, educación y ha dejado de aplicar "la Ley de Dependencia".
   "Frente a esta situación de crisis el Consell se gasta muchos millones en una carrera que no tiene ninguna repercusión social ni genera puestos de trabajo estables", ha apuntado.
   Asimismo, el portavoz de Intersindical Valenciana, Vicent Mauri, ha expresado que mientras la sociedad valenciana "se empobrece se hacen recortes públicos y, a la vez, se gastan el dinero en un circuito urbano teniendo otro en Cheste".
   Según Mauri, la Fórmula 1 "esta hecha para cuatro ricos" y no para dar trabajo a las personas "normales". "La corrupción impera en la Comunitat, el problema de la crisis valenciana no es solamente global", ha reiterado.
   Además, Lozano ha asegurado que la situación es un "desastre" porque el Consell "corrige y aumenta los decretos de Madrid con el objetivo de privatizar las empresas públicas y gestionar la sanidad con empresas como El Corte Inglés, Mercadona y Dragados".
   Sobre el Gobierno de Alberto Fabra, el secretario de UGT ha asegurado que es "el mismo que el de Camps" y que el conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, continúa "justificando todos los gastos como ha hecho durante estos años."
   El representante de UGT ha declarado que en un principio "la Subdelegación de Gobierno prohibió este recorrido" porque afirmaban que esta marcha "podría traer disturbios entre los manifestantes y el público de la Fórmula 1" y tenía el objetivo de "desprestigiar la imagen de la ciudad".
 "Al final recurrimos al Tribunal Superior de Justicia y nos dió la razón", ha matizado.
   Por su parte, el portavoz de Intersindical ha insistido en que el Consell "no quería que esto se viera" desde otros lugares, y que por lo que se ve "no sólo recortan en derechos sino también en libertades".
   No obstante, fuentes de la Delegación de Gobierno han explicado hoy que no permitían ese recorrido porque "querían llegar hasta el final de la avenida del Puerto y la Policía Local y la Policía Nacional insistían en que no era recomendable ya que era una vía de evacuación en caso de que sucediese algo en el circuito urbano". Delegación ha cifrado la marcha en unos 400 participantes.  
   El presidente del Comité de Empresa de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Vicent Mifsud, ha afirmado que la Fórmula 1 demuestra "cuales son las prioridades del Consell".
 "Un ente que a la vez planea echar a la calle a más de 1.000 personas en la cadena autonómica", ha manifestado.
   "RTVV se gastó 22 millones de euros para emitir las carreras que es un tercio de lo que cuesta mantener a los trabajadores de tres canales televisivos, dos radio y una página web", ha apuntado.
   Mifsud ha insistido en que desde la dirección no les "comunican nada" y buscan implantar "un modelo que no es más barato para al ciudadano y que consiste en privatizar la empresa a través de productoras de gente próxima al partido popular".
   Por otra parte, la vicepresidenta del Comité, Salut Alcover, ha expresado que están pasando "por una situación muy grave" y no saben el futuro de los trabajores. "Paralelamente se gastan el dinero en estos macroeventos", ha afirmado.
   Alcover ha asegurado que la "manipulación informativa" que se produce en la cadena "es grotesca" y que los valencianos que sigan Canal 9 "no sabrán que hay un señor llamado Blasco metido en una caso de corrupción".
   "Nuestro director está más en funciones que en defunciones porque no sabemos nada de él y no se reune con el comité de empresa y se sienta a negociar ninguna medida", ha finalizado.

Fabra destaca que el Gran Premio de Europa es "un gran estímulo para el turismo y la economía" de la Comunitat

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en Valencia "es un gran estímulo para el turismo, la imagen y la economía de la Comunitat Valenciana, que se convierte en oportunidades de futuro y empleo".  

   Alberto Fabra ha realizado estas declaraciones durante la celebración del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 de Valencia que se ha celebrado hoy en el Valencia Street Circuit, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
   Durante la celebración de esta quinta edición, el jefe del Consell ha destacado que este acontecimiento "genera empleo y riqueza en la economía de la Comunitat con un impacto económico total para este año estimado en torno a los 100 millones de euros y la creación de 1.400 empleos directos".
   Además, Alberto Fabra ha afirmado que el Gran Premio significa "una importante campaña de promoción de la Comunitat, ya que, gracias a él, nuestra tierra es seguida por 500 millones de telespectadores de más de 180 países"  Una campaña de promoción turística valorada en 150 millones de euros, según el Informe de Formula Money 2012, que "a medio plazo se traduce en riqueza para la Comunitat Valenciana", ha manifestado.
   No obstante, el jefe del Consell ha afirmado que, conscientes de la situación económica actual, "tenemos que racionalizar el coste, para lo que la alternancia es fundamental". Así, ha reiterado que se sigue negociando la alternancia con Cataluña y ha abogado por un Gran Premio asumible bajo la premisa de la racionalidad.
   Al respecto, ha destacado la "buena predisposición" de todas las partes de dicha negociación para "mantener un evento que ofrece una imagen muy positiva al mundo de la Comunitat y de España "necesaria para generar confianza y atraer inversiones extranjeras".
   Así, ha indicado que la promoción es un "pilar básico" de una buena política turística y la incidencia de la celebración del Gran Premio en el turismo, un sector  que emplea en la Comunitat a más de 270.000 personas y aporta el 12,6 por ciento del PIB regional, ofrece datos irrefutables.