lunes, 9 de abril de 2012

España perderá hasta 2,87 millones de turistas por la subida de tasas aeroportuarias

MADRID.- La Alianza para la Excelencia Turística Exceltur dice que la "desproporcionada" subida de tasas aeroportuarias que contempla el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2012 podría provocar "una caída máxima de llegadas de turistas (entre españoles y extranjeros) de 2,87 millones", que dejarían de generar un gasto de 1.636 millones de euros de derrama turística durante un año, en los diferentes destinos españoles de su área de influencia.

   El 'lobby' ha expresado su "notable preocupación" por los "desfavorables efectos" que dicha subida pudiera generar sobre los resultados del sector turístico en el conjunto del año.
   Según sus cálculos, los aeropuertos más afectados por el descenso de turistas serán el de Barcelona-El Prat, con 1,16 millones menos de turistas, seguida de Madrid-Barajas, con 945.115 turistas menos, Palma de Mallorca con 268.567 turistas menos, Málaga con 146.616 turistas menos, Canarias, con 128.240 turistas menos, Alicante (-113.671) y Tenerife Sur con 100.390 turistas menos.
   En un comunicado, el 'lobby' de las principales empresas del sector turístico señala que según sus propios estudios de sensibilidad el promedio de la subida de tasas aplicables sobre los siete principales aeropuertos españoles sería del 50,3% en Madrid, del 53,6% en Barcelona y del 12,9% en Palma de Mallorca, Málaga, Gran Canaria, Alicante y Tenerife Sur.
   "Exceltur apela a las fuerzas políticas para que se reconduzca esta situación durante la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado, de manera que el turismo pueda seguir ejerciendo de locomotora de la recuperación económica y del empleo en España", señaló la alianza presidida por Fernando Conte.
   Según los informes realizados por Exceltur, en el momento actual la sensibilidad para el conjunto del sector turístico de cualquier subida en los costes y precios "es más alta que nunca", con un impacto negativo en la decisión final de viajar y en las cuentas de resultados de las empresas, con el consiguiente efecto sobre su capacidad de generación de empleo.
   Asegura que en el caso de los destinos vacacionales la subida de tasas puede provocar la eventual redirección de los vuelos por parte de los touroperadores hacia otros destinos competidores en países emergentes, especializados en el turismo de 'sol y playa' y con menores costes operativos "que han aplicado agresivas políticas de reducción de tasas para atraer demanda turística en este año 2012".
   "En el actual escenario macroeconómico de recesión en parte de las economías europeas --incluida España--, la subida de tasas aeroportuarias incide sobre el ya de por si débil consumo, reflejando la gran sensibilidad al precio del transporte aéreo en España y en Europa, así como en el resto de subsectores turísticos", subrayó el lobby .
   Los impactos finales sobre la actividad turística en España "estarán en función de la repercusión que las compañías hagan del incremento de las tasas sobre el precio que paga el consumidor".
   En este sentido, prevé que la subida de tasas se traduzca en un incremento del precio de los billetes debido a que las aerolíneas no podrán asumirla por la presión generada en sus márgenes derivada del encarecimiento del crudo.
   Se trata de un fenómeno que puede intensificarse a partir del último trimestre del año, en la medida en que cuando entre en vigor el aumento de tasas la programación de verano "estará muy avanzada".
   Es muy probable que a partir de entonces la redirección de vuelos a los países emergentes más especializados en el 'sol y playa' se acentúe, por sus menores costes asociados a la operativa de transporte.
   Esto es especialmente significativo, por cuanto los costes de operar son en estos países --principalmente los aeropuertos de Turquía, Egipto, Marruecos y Grecia-- mucho más bajos que en los destinos españoles, habiendo la mayor parte de estos países aplicado "drásticas medidas de reducción de sus tasas en 2012 para impulsar su atractivo turístico".
   Concretamente, y según los cálculos de Exceltur, el coste total por operación con tasas por pasajero de España asciende a 24,28 euros, por encima de Marruecos (23,19), Turquía (22,51) y Grecia (20,36 euros).

Clemente: "Ni Camps ni nadie se plantea presentar una candidatura alternativa a Fabra, no sería lógico"

VALENCIA.- El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Antonio Clemente, ha asegurado que ni el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps "ni nadie en este momento se plantea presentar una candidatura alternativa a Alberto Fabra", ya que considera que "no sería lógico". 

   Clemente ha explicado que existe la "posibilidad" de que se pueda presentar más de una candidatura en el Congreso Regional de los 'populares' valencianos y es "fácil" porque "no hacen falta muchos respaldos". Sin embargo, considera que "está absolutamente descartado".
   Preguntado por si el Camps irá al congreso, ha señalado que el exjefe del Consell "es compromisario electo, pertenece a la Junta Directiva Regional".
 "Si irá o no es una decisión que tiene que tomar él, pero tiene la posibilidad de acudir", ha manifestado
   Respecto al futuro político del expresidente valenciano, Antonio Clemente ha señalado que "tiene que pasar por una decisión propia, por una decisión personal". El secretario general ha asegurado que Camps "lo ha pasado muy mal", dado que "ha sufrido mucho en lo político y en lo personal".
   Por este motivo, entiende que debe darse "un período de reflexión durante el tiempo que él quiera tomarse para analizar la situación, ver las cosas y, con absoluta tranquilidad, tomar una decisión". No obstante, entiende que su tiempo como jefe del Consell "ya ha pasado".
   En su opinión, "es de justicia" recordar que Camps, al presentar su dimisión, tomó una decisión "valiente, dolorosa, porque no quería perjudica al partido ni a la Comunitat Valenciana". Al respecto, ha destacado que "a pesar de lo doloroso de la situación", han apoyado al actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "del mismo modo que en su momento apoyamos a Camps".
   De cara al congreso que los 'populares' valencianos celebrarán en Alicante los días 19 y 20 de mayo, ha indicado que tiene "la confianza, la esperanza y el desafío" de que el apoyo a Fabra "sea lo más unánime posible", aunque ha apuntado que "el 100 por cien no existe".
   El secretario general del PPCV descarta que en el congreso haya posiciones críticas por parte de lo que sectores más partidarios a Camps que a Fabra. Inquirido por si cree que seguirá siendo secretario general, ha explicado que es una decisión que compete "al presidente y al congreso".
   Clemente no ha querido avanzar ningún nombre que se incorporará a la nueva dirección, aunque ha señalado que "en los congresos siempre hay sorpresas". Antonio Clemente ha hecho hincapié en que en el cónclave 'popular" habrá "renovación de personas, de estructuras y de ideas".
   Al respecto, se ha mostrado partidario de cambiar el organigrama del partido por otro "más clásico". Además, considera apropiado crear una nueva secretaría ejecutiva de Nuevas Tecnologías. También ha destacado la apuesta del PPCV por hacer que el partido sea "más abierto a la gente" y por utilizar las nuevas tecnologías "para hacerlo mas participativo".
   Asimismo, ha destacado que una ponencia abordará la organización del partido, pero también habrá otra dedicada al "compromiso con las personas", en la que hablarán "de sanidad, de educación y, sobre todo, de empleo".
 "El principal compromiso del PP es la creación de empleo", ha insistido.
   Además, ha subrayado que los 'populares' valencianos son "conscientes de que en estos momentos no tenemos la mejor imagen". A su juicio, esa imagen "no se corresponde con la realidad, pero está ahí", por lo que trabajarán en el congreso para intentar cambiarla.
   Respecto al nuevo secretario general del PSPV, Ximo Puig, --elegido el pasado fin de semana en el Congreso Nacional del partido--, Clemente ha destacado que en lo personal le cae "bien". También ha destacado que se trata de un político "con mucha experiencia".
   El dirigente 'popular' espera que Puig y la nueva Ejecutiva socialista hagan "un cambio rumbo", dado que, en su opinión, "el PSPV lleva muchos años desnortado". 
"Políticamente lleva 21 reveses consecutivos y eso mina al partido", ha manifestado Clemente.
   Del mismo modo, ha señalado que los ciudadanos "van viendo progresivamente que la oposición está desgastando más a la oposición que al partido en el Gobierno, porque los resultados para el PP cada vez son mejores y para el Partido Socialista cada vez son peores", ha puntualizado.
   "No hace falta hacer una refleión muy amplia para darse cuenta de que algo no está bien, algo no está funcionando en el PSPV", ha dicho Clemente, quien considera que son los socialistas "los que tienen que poner el remedio".
   El dirigente del PPCV cree que "sin duda" afectará al PSPV que su secretario general no tenga escaño en las Corts. Preguntado por cómo valora la gestión del ya exsecretario general de los socialistas valencianos Jorge Alarte, Clemente ha dicho que no le gusta "hacer leña del arbol caído", aunque ha respondido que le daría "un suspenso".

El Congreso aplaza por segunda vez el debate de la reforma del Estatut de la Comunitat

MADRID.- El Congreso de los Diputados va a aplazar, por segunda vez en tan solo un año, el debate sobre la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana con la que se pretende condicionar las inversiones del Estado en esa comunidad al peso de la población, que tiene su origen en la conocida como 'cláusula Camps', y que se había incluido como primer punto del orden del día del Pleno que arranca este martes.

   El debate de esta reforma estatutaria estaba pendiente desde la anterior legislatura y su nuevo aplazamiento, igual que el anterior, ha sido solicitado por las Corts Valencianes. Se hará efectivo en la reunión que mantendrá este martes la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.
   Fue el pasado miércoles, al día siguiente que se decidiera la fecha del debate, cuando el presidente de las Corts Valencianes, Juan Cotino, envió una carta al del Congreso, Jesús Posada, pidiendo el aplazamiento.
   En ese escrito, Cotino explica que la Cámara valenciana sigue sin haber designado a la delegación de diputados que tendría que defender la iniciativa en el hemiciclo del Congreso.
   Dado que deben ser elegidos por el Pleno de las Corts y que éste no tiene previsto reunirse hasta el próximo 25 de abril, Cotino demanda que el debate de la reforma estatutaria se deje para una próxima sesión plenaria de la Cámara Baja, que como pronto ya habría de ser en mayo.
   Se trata del segundo aplazamiento de la misma iniciativa en el plazo de un año. La otra vez fue en abril de 2011; entonces el Congreso también puso fecha para discutirlo, pero la Cámara autonómica pidió dejarlo en suspenso puesto que iba a coincidir con la precampaña de elecciones autonómicas que se celebraron en mayo y el Parlamento valenciano ya se había disuelto.
   Atendiendo a este requerimiento, la Cámara Baja aplazó el debate y, dado que las reformas de los Estatutos de Autonomía no caducan al finalizar una legislatura, el texto quedó 'vivo' cuando se disolvieron las Cortes a finales de septiembre de 2011.
   La reforma en cuestión, que recibió el apoyo de PP, PSPV y Compromís y la abstención de EUPV, parte de la denominada 'cláusula Camps' que se incluyó en la reforma estatutaria de 2006 a instancias del entonces presidente valenciano, Francisco Camps, para garantizar que la comunidad modificaría su texto si se veía perjudicada por los Estatutos que estaban negociando entonces las demás comunidades.
   Cinco años después, y tras los Estatutos de Cataluña, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Baleares y Extremadura, junto con buena parte de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre estos procesos, el 9 de marzo de 2011 la Comunitat Valenciana aprobó una proposición de ley de reforma estatutaria para reclamar al Gobierno central que tuviera en cuenta el peso de la población en sus inversiones por un periodo de siete años y para crear una comisión bilateral para negociar estas inversiones.

La Comunitat se sitúa como segunda región con más concursos de acreedores este año

MADRID.- La Comunitat Valenciana es la segunda región con el mayor número de concursos, al registrar un total de 254 entre enero y marzo de 2012, un 25 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según el 'Baremo Concursal' elaborado por PwC.

   Por delante de la región se ha situado Cataluña (con 336 concursos). Tras la Comunitat, la Comunidad de Madrid (197), Andalucía (157) y Galicia (145), según el baremo elaborado por PwC, a partir de la información publicada en el Boletín Oficial del Estado.
   Por provincias, Alicante ha registrado un total de 57, un crecimiento del 39 por ciento; Castellón un total de 30, lo que supone un aumento del 2 por ciento; y Valencia, con 167, un aumento del 21 por ciento, lo que la coloca como la tercera ciudad a nivel nacional con más concursos.
   En concreto, las ciudades con más procesos concursales en lo que va de año han sido Barcelona y Madrid, con 295 y 197 concursos, respectivamente.
   En cuanto a las cifras totales en España, los tres primeros meses de 2012 registraron un nuevo récord histórico en el número de empresas en concurso, ya que las insolvencias de compañías alcanzaron los 1.665 concursos.
   El número de concursos publicados se ha incrementado un 21 por ciento, si se compara con los 1.379 registrados en los tres primeros meses de 2011. La cifra de este trimestre llega a los 1.958 concursos, si se incluyen tanto los de personas jurídicas como físicas, un nuevo máximo histórico de los últimos ocho años.
   Por lo que se refiere a los concursos por sectores de actividad, el de construcción, el inmobiliario y el de servicios casi representan el 60 por ciento del total de concursos publicados. Por su parte, las insolvencias de empresas inmobiliarias han seguido incrementándose, con un aumento del 19 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
   El sector inmobiliario, junto con el sector de la construcción, representan un 44 por ciento del total de concursos registrados en este periodo. A pesar de que dicho sector se ha visto afectado por un gran número de procesos concursales en años pasados, las insolvencias continúan en aumento debido a que se han agotado las primeras y segundas refinanciaciones que se acometieron en 2008 y 2010 sobre la base de planes de negocio imposibles de cumplir.
   También destaca el incremento del 18 por ciento de los concursos del sector industrial y del 22 por ciento del de distribución

Puig dice que el Consell está 'out' en el futuro del Banco de Valencia y pide un esfuerzo para recuperar la situación

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, cree que el Gobierno valenciano está 'out' en el futuro del Banco de Valencia y pide un esfuerzo para superar una situación que ha llevado a "dilapidar" el valor que durante décadas ha logrado. Por ello, ha pedido al Consell un esfuerzo para recuperar la situación de la entidad. 

   Puig se ha mostrado muy preocupado por la "deriva" del Banco de Valencia y ha criticado que el Gobierno valenciano está 'out' en una cuestión que es fundamental para el futuro de la Comunitat".
   Ha explicado que durante años se ha "dilapidado" todo el valor logrado en décadas por los valencianos gracias al trabajo, el ahorro y el esfuerzo, que finalmente había generado un sistema bancario potente, por lo que pide "un esfuerzo para superar esta situación y que la entidad siga siendo la última posición y sirva como interlocución financiera para recuperar la economía".
   Puig considera que cada uno tiene que asumir lo que ha hecho y no quiere que nadie le regale nada a nadie pero ha recordado que la parte mayoritaria de Banco de Valencia la tenía Bancaja que ha estado "intervenida directamente por el gobierno de la Generalitat con un expresidente al frente -Jose Luis Olivas- y Rodrigo Rato ahora (en Bankia). Desde que en 1996 que se aprobó la ley de cajas ha sido una intervención publica directa del partido del gobierno".

El Gobierno prevé ahorrar otros 10.000 millones en sanidad y educación

MADRID.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha respondido este lunes a la inquietud de los mercados con un nuevo paquete de reformas en educación y sanidad con las que el Ejecutivo prevé un ahorro de 10.000 millones de euros.

   En concreto, Rajoy se ha citado en el Palacio de La Moncloa con la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, para "definir el Programa Nacional de Reformas" y "determinar las reformas encaminadas a lograr una mayor racionalización, eliminación de duplicidades y eficiencia en la gestión de los grandes servicios públicos que se pondrán en marcha este mes", según ha informado el Ministerio de la Presidencia en un comunicado.
   Además, el jefe del Ejecutivo ha citado a su equipo económico para definir los contenidos del Programa de Estabilidad 2012-2015 y el Programa Nacional de Reformas de España para 2012, que se presentarán a la Comisión Europea en este mes de abril.
   A esa reunión han acudido la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; y el de Economía y Competitividad, Luis de Guindos; y el director de la Oficina Económica, Álvaro Nadal.
   En el Programa de Estabilidad se establecerá "el firme compromiso" de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2013. En el mismo, se introduce un cuadro macroeconómico que refleja que "la mayor estabilidad presupuestaria y las reformas estructurales dirigidas al crecimiento supondrán un cambio en la tendencia recesiva y de destrucción de empleo que ahora experimenta la economía española", según el Gobierno.
   Además, el Programa de Estabilidad "reafirma" el compromiso de reducción del déficit de las Comunidades Autónomas al 1,5% del PIB en 2012.
   En los próximos días, las comunidades autónomas, coordinadas por el Ministerio de Hacienda, adaptarán sus presupuestos a las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y actualizarán sus planes económico-financieros al nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno. Para ello, se convocará una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a principios de mayo.
   En la reunión de Rajoy con sus ministros también se han abordado reformas en el ámbito financiero. En concreto, se ha decido proceder a la aceleración de la venta de las entidades financieras con participación mayoritaria del Sector Público y "avanzar decididamente en el proceso de consolidación del sector".
   Igualmente, se han estudiado medidas para poner a disposición de los sectores productivos un mayor volumen de crédito que reduzca la actual contracción financiera que vive la economía española.
   Según informa el Gobierno, todas estas decisiones suponen la adopción de un calendario de reformas estructurales para las próximas semanas que también incluirán privatizaciones y reformas en distintos ámbitos orientadas a la racionalización de los costes y la mejora de competitividad y la flexibilidad de la economía española, como en el sector energético, la unidad de mercado, el mercado de alquiler, el fomento de la actividad emprendedora o las actuaciones en I+D+i.

En España sobran más de 41.000 empleados en banca, el 16% del total

MADRID.- La red bancaria en España debe reducirse en un 35% en los próximos tres años, hasta quedarse en unas 25.000 oficinas, según un estudio del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que cifra el excedente de plantilla en el sector en 41.460 empleados, el 16% del total.

   El informe sostiene que es necesario adecuar el tamaño de la red de sucursales a la realidad del país y, de acuerdo a este esfuerzo, prevé el cierre de diez oficinas bancarias al día hasta 2014, un drástico recorte que tendrá efectos en el empleo en el sector.
   El 30% de las oficinas en España genera el 70% del negocio, lo que pone de manifiesto la existencia de un importante excedente de sucursales, sostiene el IEB, tras destacar que el país es el que más oficinas por habitantes tiene.
   Si se tiene en cuenta el tamaño de la red bancaria en 2007, cuando alcanzó un máximo de 46.000 oficinas, la reducción necesaria para racionalizarla será del 40%. "No tiene ningún sentido que España sea el primer país del mundo con más oficinas por habitante cuando ni siquiera estamos entre las diez potencias mundiales", argumenta.
   El estudio recalca que la necesidad de adelgazamiento de la red comercial del sector financiero puede ser incluso superior al 35% en función de los efectos de la crisis económica y del mapa definitivo que surja de la reestructuración bancaria en marcha.
   Según el IEB, la reforma financiera en España dará lugar a que solo haya una decena de grandes entidades.

El PP propone un nuevo reglamento de precios ante el acuerdo con Marruecos

MADRID.- El PP ha presentado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Agricultura del Congreso en la que, entre otras medidas, pide al Gobierno que exija a la UE controles aduaneros "eficaces" y un nuevo reglamento de precios con el objetivo de "clarificar y minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas" del nuevo acuerdo de asociación aprobado entre la UE y Marruecos, así como compensaciones para los afectados por el mismo.

   Según el texto, "se hace preciso adoptar por parte del Gobierno una serie de medidas que contribuyan a clarificar y a minimizar el impacto en las producciones hortícolas españolas", especialmente en las que coinciden en el calendario de exportación a los mercados europeos con las producidas y exportadas por Marruecos.
   Así, los 'populares' apuestan por reclamar a la UE "un sistema eficaz de controles aduaneros que garantice que las cantidades previstas en el Protocolo Agrícola susceptibles de beneficios arancelarios preferentes, establecidos por el contingente no son rebasados en ningún caso", así como "el cumplimiento, control e inspección de los estándares fitosanitarios, de trazabilidad de los productos, así como de seguridad alimentaria que se exigen en las producciones europeas".
   Además, antes de que se elabore la nueva Política Agraria Común (PAC), el Gobierno debería presentar una propuesta de reforma del Reglamento de precios de entrada que "garantice su estricta aplicación" y también debería exigir "un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los Mercados Comunitarios y sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo".
   Si este acuerdo ocasiona perjuicios a los productores europeos, el PP pide que se ponga en marcha "medidas de apoyo" para "compensar y mejorar su competitividad", comenzando por ayudas del propio Ejecutivo español para incentivar la concentración de la oferta en origen, favoreciendo la fusión de cooperativas; modernizar y ampliar las instalaciones, y promover actuaciones de I+D+i encaminadas a nuevos productos, nuevas técnicas productivas y ahorros energéticos y de inversiones.
   Además, el PP reclama al Gobierno "contacto permanente" con el Gobierno francés para controlar la aplicación del control aduanero, con el sector productor español en Marruecos para evaluar información sobre el cumplimiento del Protocolo y la evolución del tomate marroquí en los mercados comunitarios, y con el Gobierno marroquí para controlar los productos exportados a la UE, así como su implicación para el mejor desarrollo de los intercambios de los productos contemplados en el Protocolo.
   El nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos fue aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 16 de febrero, provocando las críticas de prácticamente toda la oposición en el Congreso, así como de los partidos de las regiones más afectadas (Andalucía, Murcia, Valencia y Canarias, sobre todo), incluyendo al PP.
   Las asociaciones agrarias, por su parte, anunciaron su intención de recurrirlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por las consecuencias que tendrá su aplicación, entre ellas la pérdida de empleo y el agravamiento de la crisis.
   Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente responsabilizó al anterior Ejecutivo de los "efectos negativos" que pueda producir el acuerdo, dado que votó a favor del protocolo en diciembre de 2010. Asimismo, garantizó que se realizarían las actuaciones necesarias para que se respeten "estrictamente" los términos del acuerdo y para evitar que tenga un impacto negativo en la producción española.
   Así, el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, anunció en el Congreso que plantearía, en el marco de la reforma de la PAC, una "profunda modificación" de los mecanismos de precios de entrada para evitar la "competencia desleal" de países que exportan a la UE sin respetar los contingentes pactados y "hundiendo" los precios de las producciones españolas; así como el mantenimiento de los fondos de la PAC que recibe España y de los que dependen las subvenciones a los agricultores.
   Además, tras reunirse en Rabat con su homólogo marroquí, Aziz Akhanouch, Arias Cañete aseguró que España trabajará en colaboración con el reino alauí para analizar las eventuales crisis del mercado hortofrutícola e "instaurar, llegado el caso, medidas correctivas si son necesarias". En la misma comparecencia criticó sin embargo a quienes "magnifican los daños" del acuerdo y señaló que las proyecciones que tiene el Gobierno sobre el impacto de este protocolo "son muy limitadas".
   El pasado 13 de marzo la mayoría del PP en el Congreso rechazó una iniciativa del PSOE --que aglutinó el apoyo del resto de la Cámara-- para que el Gobierno aprobara compensaciones a los agricultores por los "perjuicios" que la prórroga del acuerdo de la UE con Marruecos les causará si no se "aplica de forma correcta, equilibrada y justa" y si no se toman "medidas complementarias".
   En su propuesta, los socialistas pedían, entre otras medidas, colaboración del Ejecutivo con los agricultores españoles ante los "bajos precios de sus productos en el mercado comunitario" y la puesta en marcha de un fondo para ayudar al sector a acometer nuevas inversiones que mejoren su competitividad.
   También reclamaban, "de forma inmediata y sin esperar a la próxima reforma de la PAC, una propuesta de reforma del reglamento de precios de entrada que garantice su estricta y eficiente aplicación" así como controles de los contingentes que entran en Europa, y sus condiciones fitosanitarias e higiénicas.
    Sin embargo, los 'populares' rechazaron la iniciativa y propusieron una enmienda que recogía prácticamente todos los puntos excepto las compensaciones, alegando que era necesario esperar a la entrada en vigor del acuerdo para evaluar los perjuicios y rechazando poner la tirita antes de la herida.

Las CCAA se han comprometido ya a ahorrar 10.000 millones

MADRID.- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado que las comunidades ya se han comprometido a ahorrar 10.000 millones de euros en los planes de saneamiento que actualmente está estudiando el Gobierno.

   En declaraciones a Onda Cero, Beteta ha considerado que este nivel de ahorro demuestra que hay "voluntad" en los dirigentes de las comunidades para reducir el déficit desde 2,9% del año 2011 al 1,5% comprometido con Bruselas.
   En cualquier caso, Beteta ha recordado que el Gobierno está a la espera de que se apruebe definitivamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria en las Cortes para que empiece a funcionar la "enorme batería" de posibilidades que incluye para garantizar el equilibrio presupuestario, desde la advertencia hasta la intervención.
   En este sentido, ha dicho que las medidas que ha puesto en marcha Cataluña se enmarcan en este ahorro de 10.000 millones que ya se ha planteado, aunque habrá que esperar a que la normativa de estabilidad esté en vigor para tomar las medidas necesarias que garanticen que Cataluña cumple la ley como las otras comunidades.
   "Nadie puede salirse del marco de la ley", ha dicho Beteta, tras asegurar que "sí o sí" todas las comunidades van a cumplir el objetivo fijado para este año. "Si hay que llegar a la intervención financiera se llegará", ha advertido, tras admitir que esto sería "muy grave", a pesar de ser una de las posibilidades que fija la nueva ley.
   Preguntado por la situación de Andalucía, Beteta ha asegurado que hay datos facilitados por empresas que demuestran que la Junta "no es transparente", aunque ha confiado en que la entrada en vigor de la ley permita acabar con estas situaciones, un elemento "imprescindible".
   El secretario de Estado ha señalado que el Estado de las autonomías ha sido un "éxito", aunque ha permitido ciertos "excesos" en su desarrollo que han llevado a un "sinfín" de gastos duplicados que al final han provocado que las comunidades hayan tenido un comportamiento "muchísimo peor" que el Estado durante la crisis.  
   En este sentido, Beteta ha resaltado la importancia de conseguir el equilibrio presupuestario y aplicar el "gran principio" que planteó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate de investidura: una administración, una competencia, sin gastar más de lo que se ingresa.
   De hecho, ha recordado que los Presupuestos del 2012 ya incluyen una "importantísima reducción" de las subvenciones del Estado a las administraciones territoriales para que pueda dedicar sus "escasos" recursos a materias de su "estricta competencia", tal y como debe ocurrir en las comunidades y corporaciones locales.
   En este sentido, el Gobierno está negociando la redefinición de las competencias con comunidades y ayuntamientos, uno de los "ejes" necesarios en la búsqueda del equilibrio presupuestario en un país en el que el endeudamiento ascenderá al 79,8% del PIB. "Hay que ganar en credibilidad y confianza", ha dicho.
   A su parecer, el equilibrio presupuestario es un "objetivo prioritario" en los Presupuestos y la obligación de reducir el déficit público al 3% en el año 2013, tal y como exige Bruselas, es "absolutamente ineludible".

De Guindos atribuye la mala evolución de la prima a las dudas sobre CCAA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha señalado este lunes que la incertidumbre que pesa ahora sobre España y que se ha trasladado a su prima de riesgo y a su mercado bursátil se deben a los temores de que Europa, que ya se encuentra en recesión, no pueda cumplir con los objetivos de déficit, además de a las dudas sobre la situación de las comunidades autónomas españolas, que fueron responsables de buena parte de la desviación del objetivo de déficit en 2011.

   "A lo largo de la semana pasada, España ha visto cómo se ha ampliado su prima de riesgo y la Bolsa ha tenido una caída importante. Existe un factor general y un factor específico. El factor general es el temor de que la recesión en Europa dificulte el cumplimiento de los objetivos de déficit y que una nueva vuelta de rosca a los Presupuestos vuelvan a afectar al crecimiento y nos metamos en una especie de círculo vicioso. Y el factor específico en España es que existen dudas sobre la situación de las comunidades autónomas porque gran parte de la desviación del año pasado se debió a ellas", ha explicado.
   No obstante, De Guindos, en declaraciones a la SER, ha asegurado que "puede ser posible" que las comunidades cumplan este año con el objetivo de déficit que se les ha marcado y ha insistido en que lo que no puede ocurrir es lo que pasó en 2011, cuando los gobiernos autonómicos fueron responsables de dos tercios de la desviación total sobre el objetivo de déficit.
   El ministro ha apuntado a las comunidades autónomas que España "se juega mucho" y que el Gobierno central "no es el policía malo" que las va persiguiendo para que cumplan sus compromisos. "Es que todos estamos en el mismo barco, en la misma situación y tenemos los mismos compromisos. Y eso es algo importantísimo desde el punto de vista de los mercados", ha indicado De Guindos, que ha recordado que el Estado seguirá mucho más de cerca la evolución del gasto autonómico.
   El titular de Economía ha reconocido que ha hablado este fin de semana con la Comisión Europea y también "con algún colega", algo que ha considerado "lógico" porque es lo que suele hacer un ministro de Economía.
   En todo caso, De Guindos ha subrayado que aunque este año "va a ser muy difícil", después "saldrá el sol", pues la economía española volverá a crecer en 2013 e incluso en el último trimestre de este año, la situación del mercado laboral será "mucho mejor".
 "Iremos viendo cómo se estabiliza lo que está siendo una hemorragia tremenda desde el punto de vista de la destrucción de empleo", ha añadido.
   El ministro de Economía cree que no habrá este año subidas de impuestos adicionales a las ya anunciadas (IRPF, IBI y Sociedades) y ha insistido en que estas medidas no han sido "plato de gusto" para nadie, tampoco para el Gobierno.
   Tampoco lo ha sido, ha admitido, la aprobación de una amnistía fiscal, una medida "que no ha gustado a nadie" pero que De Guindos ha defendido por la excepcionalidad de la situación. El ministro ha recordado que se han puesto incentivos para aflorar el fraude y ha subrayado que quien no lo haga, sabe que tendrá toda la presión de la Inspección de Hacienda.
   De Guindos ha indicado que el presupuesto aprobado para 2012 es "corto" y ha afirmado que el compromiso de España "no es tanto" el objetivo de déficit para este año (5,3% del PIB) como el de 2013, fijado en el 3%.

Carrefour congela el sueldo a más de 6.000 trabajadores de supermercados

MADRID.- Carrefour ha decidido congelar este año el sueldo los más de 6.000 trabajadores de sus cadenas de supermercados 'Express' y 'Market', antiguos 'Champion', como consecuencia de la caída de ventas registrada en dichos establecimientos durante el pasado ejercicio. 

   "Resulta evidente que los resultados de 2011 son inferiores a los de 2010, por lo que se concluye que no procede incremento para el año 2012 de los salarios base del grupo", según recoge una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   En concreto, los salarios base se situarán este año entre los 12.100 euros anuales del grupo de profesionales y los 14.411,29 euros al año del grupo de mandos. Por su parte, el grupo de especialistas se embolsará una retribución anual de 12.826 euros y el de técnicos y gestores, 13.595,56 euros.
   La medida afectará a unos 6.400 trabajadores de unos 154 establecimientos de sus enseñas 'Carrefour Express', 'Carrefour Market' y mini-hipermercados de entre 2.500 y 4.000 metros cuadrados, informaron fuentes sindicales.
   En el transcurso de la negociación del convenio, las mismas fuentes apuntaron que la compañía mantendría las tablas salariales durante los años 2011 y 2012 teniendo en cuenta la situación económica actual y las previsiones de futuro en un entorno comercial fuertemente competitivo y de grave contracción del consumo.
   De esta forma, según las mismas fuentes, la empresa reconocía que no era posible asumir un incremento de los costes si no existía una correspondencia con los resultados de ventas y manifestaba que ya había adoptado otras medidas de control del gasto en distintos capítulos como la renegociación de alquileres o medidas de ahorro energético.