martes, 27 de abril de 2010

Carles Sastre defiende que su conferencia en la UV no es un acto político sino de "recuperación de la memoria histórica"

VALENCIA.- El ex militante de Terra Lliure y sindicalista Carlos Sastre, defendió que la conferencia que hoy pronunció en la Universitat de València (UV), invitado por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), "no se trata de un acto político" sino de "recuperación de la memoria histórica".

Sastre se pronunció de esta manera durante su intervención en la conferencia 'La lluita per la independencia desde la clandestinitat' que tuvo lugar en el salón de grados de la Facultad de Geografía e Historia de la UV.

El ex miembro de este grupo terrorista, disuelto en 1995, hizo referencia al proceso de independentismo catalán hasta la creación de este grupo armado. Además, consideró que en la actualidad el modelo catalán tras la transición "está agotado", por lo que "hay que pasar página y seguir avanzando".

De esta manera, destacó que ya no se esconde la expresión pública del independentismo en Cataluña, "ha salido del armario", y argumentó la petición de referéndums en algunas zonas de esta comunidad.

Al inicio de la ponencia se congregaron a la puerta del salón de grados donde se celebró la conferencia, un grupo del sindicato de estudiantes Generación Universitaria Comunitat Valenciana para protestar por que esta iniciativa del SEPC se realizara en la instalación universitaria.

En un primer momento no se permitió la entrada ni a estos estudiantes, ni a medios de comunicación, alegando que la conferencia debía desarrollarse "con normalidad" y que el SEPC había recibido amenazas a través del correo electrónico. Finalmente la conferencia se desarrolló sin altercados, con la presencia de medios de comunicación, algunos estudiantes de Generación Universitaria y dos miembros de la seguridad de la universidad.

Al finalizar el acto, Sastre abandonó el salón de grados escoltado por la seguridad del centro, tras esperar cerca de 20 minutos a que los estudiantes de ambos sindicatos que aguardaban en la puerta abandonaran el pasillo de acceso a la sala.

El portavoz del Sindicat d'Estudiantes del Països Catalans (SEPC), Adrià Martí, subrayó en declaraciones a los medios, que la conferencia se enmarca en un ciclo con motivo del 25 d'Abril y esta es una "conferencia más" con un ponente que, en este caso es "ex militante de Terra Lliure", para que cuente sus experiencias en la ponencia 'La lluita per la independencia desde la clandestinitat'. Martí, no obstante, apuntó que "no se trata de hacer apología de ningún tipo".

Martí, que explicó que han obtenido permiso de la facultad para realizar el ciclo de conferencias en el que se enmarcaba esta ponencia en el salón de grados.

Preguntado por si denuncian los actos terroristas, Martí afirmó que condenan "toda violencia, venga de la parte que venga" y apuntó que el ponente "sabe de qué se trata" esta conferencia: de "contar algo que no se ha contado normalmente". Y, en este caso lo hace un "preso político", agregó.

Por otro lado, el presidente del sindicato de estudiantes Generación Universitaria Comunitat Valenciana, José Andrés Hernández, mostró su rechazo a la conferencia y opinó que es "vergonzoso" que la Universitat de Valencia "acoja en su seno a un terrorista con delitos de sangre" y se denomine al ponente como "preso político".

"Nos pone profundamente tristes y más cuando a sindicatos de estudiantes como el nuestro, por defender los valores que defendemos se nos ha negado en repetidas ocasiones la posibilidad de organizar actos tan sencillos como un congreso normal y corriente y no, como en este caso, ensalzar la figura de una persona por ideología política".

Este sindicato ha solicitado una reunión con el nuevo equipo rector para manifestar su opinión sobre este caso. "Teníamos la esperanza", dijo que con el nuevo rector "cambiase una situación" que ha llevado a la Universitat a "perder crédito".

Aunque el rector se haya desvinculado de la conferencia, el portavoz sindical indicó que sigue siendo su deber "presionar para que esto no ocurra", ya que en anteriores años "han asistido ex miembros o miembros de Terra Lliure y entendemos que es una cosa inaceptable" en un sitio que tiene que representar los máximos valores de democracia, que son contrarios a que se acoja a un terrorista, como pasa en el día de hoy".

Por otro lado, la Associació Catalana de Víctimes d'Organizatcios Terroristes (ACVOT), en un comunicado, pidió que "con toda firmeza", se evite dar la palabra "a los criminales terroristas", porque "de por sí es una humillación a las víctimas". Pero, si así sucediese, como de hecho ha sucedido, "no dudaríamos en ejercer acciones legales oportunas contra quienes participasen, consintiesen y organizasen el acto", apostilló.

La Asociación Valenciana de Estudiantes Universitarios (AVEU), en un comunicado, informó de que se plantea también "tomar medidas legales" contra la Universitat de València por "tolerar un posible enaltecimiento del terrorismo" en la institución. Así, criticó que la universidad "salga a la palestra a desvincularse" del acto, acusó a la decana de Historia, Elena Grau, de la celebración del mismo y lamentó la "actitud pasiva" del rector.

La Policía libera a siete ciudadanos asiáticos explotados laboralmente en un taller de confección

VALENCIA.- Agentes de la Policía Nacional liberaron el pasado 22 de abril a siete ciudadanos de origen asiático que supuestamente estaban siendo explotados laboralmente en un taller de confección de la localidad valenciana de Manises, en el que trabajaban durante todos los días de la semana y vivían en el mismo local en "pésimas condiciones", según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Los agentes, que practicaron cuatro registros, detuvieron a dos personas como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores y que quedaron en libertad tras prestar declaración ante la Policía.

Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento los agentes de que en alguna nave del polígono industrial de Manises se podía estar explotando a ciudadanos asiáticos, en su mayoría de origen chino, a los que presuntamente obligaban a coser prendas textiles durante largas jornadas de trabajo, que se prolongaban incluso durante todos los días de la semana y que llegaban a vivir en la misma nave, en "pésimas condiciones".

La actuación se realizó en colaboración con la delegación regional de la Inspección de Trabajo que, en algunos de los registros praticados, interpuso alguna sanción porque no se tenían dados de alta a los trabajadores. Además, detuvieron a otras dos personas por infracción a la ley de Extranjería.

Los agentes practicaron cuatro registros, uno en un local de lavado y planchado de vaqueros situado fuera de Manises y otros tres en este municipios, uno de ellos en una nave y dos en talleres de confeccción textil. En uno de estos últimos, es donde los policías localizaron a estas personas, todas ellas de origen asiático, que se encontraban en "pésimas condiciones" laborales y de vida.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, aseguró, preguntado por esta actuación de la Policía, que esta intervención "pone de manifiesto una realidad que no podemos desconocer y es que siguen existiendo actuaciones claramente ilegales que pertenecen al pasado, ésa es la conciencia unánime de toda la sociedad, y que, en ocasiones se ceban en el sector de los inmigrantes".

Por ello, señaló, a preguntas de los periodistas en la inauguración de una jornada sobre Prevención de Riesgos Laborales organizada por la CEV, que se debe "prestar atención a esas realidades y actuar contra ellas tan pronto se detecten". En este sentido, destacó el papel de la Policía "en todos los ámbitos, también en éste protegiendo la vida de los trabajadores".

Compromís propone aumentar la capacidad de fiscalización de la Sindicatura de Comptes y crear una Oficina Antifraude

VALENCIA.- El grupo Compromís en las Corts Valencianes propone la modificación de la ley de creación de la Sindicatura de Comptes, coincidiendo con su 25 aniversario, para potenciar su función fiscalizadora y la puesta en marcha de una oficina valenciana antifraude que funcione como "mecanismo disuasorio" contra la corrupción. Ambas iniciativas buscan que la Comunitat pueda situarse en la "primera fila" de las autonomías más transparentes.

En concreto, Compromís pretende que la Sindicatura de Comptes tenga capacidad para reclamar a cualquier persona física o jurídica relaciones de justificaciones de sus cuentas cuando hayan sido beneficiarias de subvenciones o contrataciones públicas, ya que actualmente el acceso a esta información es imposible para los parlamentarios, según señaló la diputada Mireia Mollà, que compareció en rueda de prensa junto al portavoz de la coalición, Enric Morera.

Otro de los objetivos es que la institución encargada del control de las cuentas públicas valencianas pueda también "fiscalizar con mayor agilidad y eficacia al conjunto de los procesos electorales, a los partidos y a las federaciones y fundaciones ligadas" a las formaciones políticas, y que se suspendan las transferencias y las subvenciones de fondos públicos a los municipios que no presenten "en tiempo y forma" sus cuentas.

Mireia Mollà señaló que algo "no funciona en el sistema fiscalizador de la Comunitat" puesto que la Sindicatura "actúa como actor de segunda fila" y el objetivo es "dar un paso adelante" y darle a este órgano "más capacidad y un talante mucho más significativo".

Otra de las propuestas de Compromís es la creación de una oficina antifraude de la Comunitat Valenciana, en línea con la constituida en 2007 en Cataluña y siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas contra la corrupción, como "mecanismo disuasorio y de prevención".

Al respecto, citó el caso de Cataluña, donde en 2007 el 60 por ciento de los municipios no presentaban sus cuentas para fiscalizar, en tanto que en 2009 se ha convertido en una de las comunidades "más transparentes" en ese ámbito, con una puntuación del 78,8 sobre 100, mientras que la media de la Comunitat es del 52,8, según el informe 'Transparencia internacional', aseveró la diputada.

En este sentido, Enric Morera señaló que, según este documento, los ayuntamientos valencianos en los que gobierna el PP son donde "menos transparencia y más opacidad hay" y remarcó que la corrupción "encarece las inversiones públicas, disminuye la productividad e hipoteca el futuro de generaciones venideras" y supone una "lacra para la economía, nuestro futuro y nuestro bienestar".

Por todo ello, justificó las iniciativas de su grupo para "poder situarnos en primera fila de las comunidades más transparentes" y que el argumento esgrimido por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la última sesión de control, donde señaló que el Gobierno valenciano es el más transparente de España, "tenga sentido y sea real".

Morera indicó que se dirigirá a la organización responsable del informe 'Transparencia internacional' para que realice un estudio similar pero con los gobiernos autonómicos.

Asimismo, reveló que han modificado el enunciado de la pregunta que realizarán el próximo jueves al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control, ante la posibilidad de que en la reunión de la Mesa de hoy el PP no acepte su tramitación.

Así, Compromís tenía previsto inquirir a Camps sobre los efectos en la economía valenciana de los procesos judiciales "en los que están involucrados miembros del Consell", texto que ha sido sustituido por "los procesos judiciales de la llamada trama Gürtel", explicó Morera, quien justificó el cambio para "salvaguardar nuestra libertad de expresión".

Gónzalez-Sinde asegura que destinará todos los medios y recursos para defender El Cabanyal

MADRID.- La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, aseguró hoy que destinará "todos los medios y todos los recursos" para "salvar" el barrio valenciano de El Cabanyal, porque se pueden hacer "muchas cosas antes" que reducirlo "a una zona cero", y subrayó que esta defensa figura "en el primer plano" de la atención de su departamento.

Ángeles González-Sinde propuso hoy, entre las diferentes "líneas de trabajo y actuación" que contempla el Gobierno, convocar un panel de expertos en patrimonio para que dictaminen sobre los valores patrimoniales del barrio y la posibilidad de solicitar al Parlamento Europeo (PE) un informe sobre la incidencia del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), en el Cabanyal.

En este sentido se manifestó la titular de Cultura, durante su comparecencia en la Comisión de Cultura, en el Congreso de los Diputados, a petición de ERC para informar sobre las actuaciones que piensa realizar el Gobierno en relación con este barrio de pescadores de Valencia, en la que manifestó que el Gobierno tiene "diferentes propuestas de líneas de trabajo y actuación".

Asimismo, la ministra ofreció toda su "colaboración" al Ayuntamiento y Generalitat valenciana, y destacó que se reuniría "con mucho gusto" con la alcaldesa, Rita Barberá y representantes de la Generalitat para "encontrar una vía constructiva de colaboración".

En la misma línea, recordó que existe un convenio de rehabilitación, con tranmisión de fondos a la Generalitat, por lo que confió en que "se ponga en marcha, y que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat reconsideren sus posiciones y reconsideren ese maravilloso barrio que tienen".

Además, la ministra, --que lanzó un mensaje de "seguridad, serenidad y confianza" para que no se realice ningún "abuso" en el barrio, y para que la cultura no se utilice como "método de confrontación"--, indicó que la actuación urbanística "propuesta y comenzada a ejecutar" se diseñó con "un solo objetivo" y es que "algunos obtengan importantes plusvalías".

Por su parte, el diputado de ERC, Joan Tardà, se mostró "de acuerdo" con las palabras de la ministra excepto en las que se refieren a que no quiere polémicas. En esta línea, destacó que la actuación policial frente a los ciudadanos que se oponían a los últimos derribos fue una "vergüenza", y criticó que se actuase de "forma tan salvaje, ante unos ciudadanos indefensos que se limitaban a protestar ante lo que consideraban un atentado a su memoria más que a sus propiedades".

En respuesta al diputado, la ministra de Cultura indicó que le "consta" que se ha abierto una investigación, por parte del Ministerio de Interior, por las cargas policiales y "esperaremos los resultados", aseveró.

Por su parte, el diputado del PP José María Lasalle indicó que el Ministerio "no está, evidentemente, para entrar en un escenario de debate" sobre el Plan que ha sido "refrendado por doce sentencias favorables".

Para Lasalle, habría sido "muy interesante" que Cultura hubiera actuado "con tanta diligencia" en el caso Odyssey, que a día de hoy "ocasiona 620.000 euros en pagos de asistencia jurídica", y que un caso como El Cabanyal necesita "más de cinco minutos" de comparecencia.

Por otra parte, la ministra destacó que existen unos informes que resultan "incontestables y tajantes" que avalan las decisiones de su departamento.

Así, destacó que el de la Real Academia de la Historia indica que el PEPRI "altera gravemente" la zona declarada Bien de Interés Cultural, sin que "se justifique de modo alguno su expolio".

El informe firmado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España indica lo "obvio" de la incompatibilidad de dos acciones simultáneas; la protección de El Cabanyal y la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez.

El último, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, advierte de que el PEPRI supone una actuación que "pone en peligro de destrucción los valores históricos, arquitectónicos y urbanísticos del núcleo original de este ensanche".

Luna afirma que el Consell pagó a la trama 147.024 euros a través del fraccionamiento de dos contratos en 2005

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, reveló hoy que la Generalitat pagó en 2005 a empresas supuestamente vinculadas a la trama 'Gürtel' un importe total de 147.024,51 euros a través del fraccionamiento de dos contratos para la realización de trabajos "aparentemente relacionados".

Uno de los contratos, adjudicado por Presidencia de la Generalitat --en concreto la Dirección General de Promoción Institucional--, tenía como objeto la coordinación y tratamiento de datos de la guía de la comunicación del año 2005 de la Generalitat por un importe total de 34.540,48 euros.

Esta adjudicación, que data del 17 de febrero de 2005, se fragmentó en tres contratos distintos "para no tener que pasar ningún tipo de control, los tres con empresas de la trama 'Gürtel', uno con Orange Market, justamente por el límite máximo que la ley permite, 12.020,24 euros; otro con Boomerangdrive por 10.500 euros y otro con Down Town Consulting por 12.020,24 euros", según señaló Luna en declaraciones a los medios de comunicación al término de la reunión de la Junta de Portavoces.

Para el portavoz socialista, "lo llamativo de este asunto es que parece que hay una empresa que se dedica a sacar los USB de una caja y otra a meterlos y son empresas distintas para el mismo contrato".

En concreto, el adjudicado a la empresa Down Town Consulting tiene como objeto el montaje en caja de cartón y colocación de todos los productos; extracción de productos del blister; manipulado y envoltorio en papel seda e introducción en caja; empaquetado y la distribución de 1.200 unidades de memoria USB en distintas zonas de la Comunitat Valenciana, en tanto que el pago correspondiente a Boomerangdrive se hace por la creatividad y serigrafiado de 1.200 unidades de memoria USB, manipulado y extracción de manual de disco duro y demás componentes del blister.

La factura de Orange Market y la de Boomerangdrive entraron en el registro a la vez el día 26 de septiembre. La de Down Town Consultig "se les debió de olvidar y no es hasta el 22 de diciembre cuando entra en el registro", según explicó Luna, quien especificó que las facturas se pagaron tres días después, "también en fecha coincidente".

El otro contrato, por un importe total de 112.484,03 euros, corresponde a la entonces Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, en concreto de la Dirección General de Archivos e Innovación Tecnológica, para el diseño, impresión, transporte, montaje y desmontaje de toda la cartelería exterior del Palacio de Congresos de Castellón para la celebración de un Congreso de Software Libre los días 5 y 6 de mayo de 2005.

Este contrato se dividió en otros cinco para "el mismo asunto", especificó Luna. En concreto, fueron cuatro contratos por "un importe clavado de 12.020,24 euros" destinados a la empresa Orange Market, que facturó a la Consellería de Cultura, Educación y Deporte por importe total de 48.080,96 euros por conceptos todos ellos relacionados con los preparativos del evento y accesorios al montaje.

Las cuatro facturas tienen la misma fecha de emisión, el 18 de mayo, y de conformidad, el 29 de septiembre, pero hay una quinta a nombre de Proyecto Cultural de Castellón por 64.403,07 euros, y en la que, aprovechando "la mayor opacidad de la facturación a través de las empresas públicas" se factura el montaje propiamente de los stands, y que vulnera "la posibilidad de adjudicación directa de un contrato", aseveró el síndic del PSPV. También es de fecha 18 de mayo y las cinco facturas tienen numeración consecutiva.

En total, por el Congreso de Software Libre de Castellón "se pagó a la trama más de 112.000 euros a dedo y mediante el procedimiento de fraccionar contratos".

Por todo ello, Luna indicó que en el Parlamento valenciano "hay muchas cosas de las que hablar todavía, tienen muchas explicaciones que dar y las van a dar quieran o no quieran, aquí, en los juzgados o en los dos sitios", advirtió.

Ford anuncia un beneficio neto de 2.085 millones en el primer trimestre

DETROIT.- El fabricante de automóviles estadounidense Ford anunció registró un beneficio neto de 2.085 millones de dólares en el primer trimestre del año, más de lo esperado y en las antípodas de la pérdida de 1.427 millones de hace un año, en especial gracias a un alza del volumen de negocios.

Según un comunicado publicado este martes, Ford publicó un beneficio neto por acción de 50 centavos (43 sin elementos excepcionales), mejor que los 31 centavos previstos de media por los analistas.

El volumen de negocios del grupo se elevó a 28.100 millones de dólares, lo que supone una subida del 15% en un año. Ford reivindica una "buena respuesta a los nuevos vehículos, que permitieron alcanzar la mayor parte del mercado en EEUU desde 1977".