MADRID.- El vicepresidente primero y candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha remarcado este sábado la conveniencia de debatir sobre el papel de las diputaciones en el actual marco administrativo, de cara a fomentar una "transformación" de estas instituciones para evitar duplicidades y centrar sus funciones en el apoyo a los pequeños municipios.
Así lo ha transmitido Rubalcaba durante su intervención en un encuentro con alcaldes y concejales socialistas en municipios con más de 40.000 habitantes en la sede socialista de la calle Ferraz, donde ha estado acompañado también por el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias.
El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno abordó el debate abierto sobre el papel de estas instituciones para comentar que la pregunta sobre la existencia o no de las diputaciones "no lleva a ningún sitio" sino que lo correcto es preguntarse para qué sirven las diputaciones, en referencia a la necesidad de definir sus funciones competenciales para evitar casos de duplicidades con ayuntamientos o comunidades autónomas.
En este sentido, el vicepresidente del Gobierno ha explicado que en el caso de las diputaciones de régimen general se da una situación "bien peculiar" porque en esos territorios se despliegan hasta cuatro administraciones --ayuntamientos, diputación, comunidad autónoma y administración central--. "Suena un poco raro", ha apostillado posteriormente.
No obstante, durante su intervención ha defendido la labor que tiene estas instituciones para aportar determinados servicios a pequeños municipios que por sí solo no serían capaces de desplegar.
"Si es para eso sí sirven, pero si las diputaciones son ayuntamientos grandes o comunidades pequeñas entonces no. Si duplicamos entonces no", ha comentado Rubalcaba para volver a incidir en la necesidad de transformar su papel dentro del aparato institucional porque, de no se así, la gente se preguntará "para qué sirven".
Por otro lado, Rubalcaba ha manifestado que es consciente que los ayuntamientos actualmente están pasando por dificultades financieras y comentó, por tanto, que el techo de gasto presupuestario aprobado ayer por el Consejo de Ministros aporta 2.300 millones adicionales para los consistorios.
Al respecto, Rubalcaba exhortó a los representantes municipales a que dediquen esa partida adicional para pagar "más rápidamente" a las empresas proveedoras de la administración y hagan un "esfuerzo" en "priorizar" el gasto en esa dirección, dado que esas empresas en muchos casos son pymes que "lo están pasando mal".
Deuda de las administraciones públicas
Las administraciones públicas adeudan a los autónomos 13.300 millones de euros, de los cuales más de la mitad (57 por ciento) corresponden a entidades de cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.
Así consta en el informe que ha hecho público la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que se estima que la deuda de las administraciones catalanas con este colectivo asciende a 2.433 millones, por delante de los 2.154 millones de Andalucía y los algo más de 1.500 de Madrid y la Comunidad Valenciana, en cada caso.
A estas cuatro comunidades les siguen Galicia (940), Castilla y León (758), Castilla-La Mancha (631), País Vasco (625) y Murcia (532), mientras que, con una deuda inferior a los 500 millones se sitúan Extremadura, Aragón, Canarias, Baleares y Asturias.
Por último, se encuentran La Rioja, Navarra y Cantabria, donde, según ATA, las administraciones son "más cumplidoras" y su deuda con los autónomos y microempresas no supera los 200 millones de euros.
Para que las corporaciones locales puedan pagar las deudas contraídas con los autónomos, ATA ha solicitado la puesta en marcha de una línea ICO que esté acompañada de un régimen sancionador que obligue a las administraciones a abonar intereses de demora o que permita compensar estas deudas con los impuestos o cotizaciones.
En una visita al parlamento europeo, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya solicitó al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Industria y Empresas, Antonio Tajani, la creación de mecanismos de control para que los estados miembros cumplieran los plazos de pago.
ATA resalta en su informe que un 95 por ciento de las administraciones públicas en España incumple la Ley de Morosidad y las considera el principal foco de destrucción de empleo de autónomos y microempresas.
Según el último barómetro realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo de esta organización, el 60,6 por ciento de los autónomos se ve afectado por la morosidad pública y cuatro de cada diez tarda más de seis meses en cobrar sus facturas, aunque en el 30 por ciento se llega a un año.
Además, el periodo medio de pago de las administraciones públicas se sitúa en 170 días, lo que contrasta con el resto de Europa, donde los plazos de pago a autónomos se van reduciendo, según Amor.
El informe también pone de relieve que los autónomos han adelantado más de 1.600 millones de euros en concepto de IVA por unas facturas que aún no han cobrado.
Cataluña ha abonado por este concepto un total de 392,6 millones de euros, por delante de los 322 de Madrid, los 200 de Andalucía o los 180 de la Comunidad Valenciana, concentrando entre estas cuatro comunidades el 66,9 por ciento del total del IVA adelantado por los autónomos.
Les siguen el País Vasco (87,3 millones), Galicia (84), Aragón (58,4), Murcia (53,5), Castilla-La Mancha (53) y Castilla y León (52,1).
"Estos datos suponen un testimonio claro y definitivo de que autónomos y microempresas están financiando a las administraciones públicas cuando debería de ser al revés", asevera Amor.
