La CAM tantea a Sa Nostra para dar los primeros pasos de una fusión

PALMA.- La CAM ha cortejado a Sa Nostra, pero ésta, en principio, le ha dado calabazas. La alicantina CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) baraja "todas las posibilidades" a la hora de buscar una fusión con otra entidad y en su abanico de opciones se encuentra Sa Nostra, que en cualquier caso afirma que «en este momento, tiene como objetivo principal la independencia».

La CAM ha propuesto a Sa Nostra realizar una "fusión virtual", según han confirmado a 'El Día de Baleares' fuentes cercanas a la caja alicantina. Dicha modalidad de fusión, conocida como SIP –Sistema Institucional de Protección– consiste en crear un ente común que protege a ambas pero permite mantener ambas marcas. Es decir, una especie de banco superior, paraguas de ambas cajas, que supondría "el paso inicial para una fusión a la larga", según fuentes del sector.

Pero la caja balear no quiere ni oír hablar de una fusión. "No estamos ajenos a los vaivenes del sector, pero ahora mismo la línea de fusiones no es una línea que se plantee en Sa Nostra", señalan desde la caja balear al tiempo que aseguran que "no se ha formalizado ningún acuerdo ni se está en vías de ello".

De este modo, los contactos de la CAM con Sa Nostra se habrían quedado en un simple tanteo. Y a esto es a lo que invitó el vicepresidente valenciano, Gerardo Camps hace unas semanas a las entidades valencianas Bancaja y CAM, "a tantear a Sa Nostra".

Mientras el PP valenciano propone abiertamente una fusión entre sus dos grandes entes, Bancaja, tercera caja de España, y CAM, cuarta, los directivos de ambas entidades no quieren verse sometidos a presiones políticas. La CAM ha flirteado, además de con Sa Nostra, con Caja Murcia y con Caja Madrid.

Si de algo puede haber servido la insistencia de la Generalitat en urgir a una fusión de CAM y Bancaja no es tanto para se avance con claridad en esa dirección sino más bien para que la caja alicantina explique que hay que caminar en alguna dirección, según 'El País'.

Traducción: la CAM apuesta por la fusión aunque aún no aclara con quién. Las opciones son tres: (cuatro reproduciendo la muletilla de que la caja puede continuar por su cuenta): la fusión con Bancaja, el SIP (Sistema Institucional de Protección, también conocida como fusión virtual) con Caja Madrid y el SIP con Bancaja y alguna otra entidad más pequeña de una zona próxima (Sa Nostra). Y CAM cree que hay que definir muy pronto.

La caja emitió ayer una nota tras el consejo y la asamblea inusualmente descriptiva y amplia aunque confusa en algunos aspectos.

La CAM explicó que el fondo de ayudas del Gobierno "únicamente se distribuye a aquellas entidades que estén en proceso de integración". Igualmente, se explicó a los consejeros que hay dos tipos de integración: el SIP ("un acuerdo de prestación de aval solidario entre socios") y la fusión mercantil.

La CAM no descarta seguir en solitario, pero advierte de que el sector se está remodelando y que los que no se integren pueden verse "descolgados y en desventaja".

La CAM apuesta porque si hay un proceso de integración con otra caja de ahorros la entidad resultante sea viable, solvente y aspire y tenga capacidad de ser uno de los líderes en su sector. También reclama que sea líder en aspectos sociales y considera fundamental que garantice la vinculación con la Comunidad Valenciana y Murcia.

La trinidad del crimen urbanístico acaba en Villena

ALICANTE.- Polop, Marbella y Pego. Tres lugares que poco tienen que ver entre sí pero que desde esta semana guardan un denominador común. Tres responsables políticos municipales de estas ciudades comparten barrotes en el centro penitenciario de Villena, según revela hoy 'El Mundo'.

Juan Cano, primer edil del PP en Polop imputado por el asesinato del ex alcalde Alejandro Ponsoda. Juan Antonio Roca, asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella en la era de Jesús Gil y Julián Muñoz e imputado por un sinfín de delitos contra la ordenación del territorio y blanqueo de capital.

Carlos Pascual, ex alcalde de Pego y acusado de agredir a varios funcionarios –entre los que se encontraba el jefe de la Policía local– y de crímenes ecológicos. De hecho, a Pascual (esposo de la actual líder local del PP) se le impuso la pena más elevada jamás impuesta a un responsable política por esta causa, con seis años de privación de libertad.

La corrupción urbanística y política en los ayuntamientos españoles ha traspasado esta semana la barrera de las líneas que marcan el juego democrático. La costa española se ha convertido en un polvorín del que se vale la camorra siciliana para imponer su ley.

Sexo, asesinato, amenazas y dinero es lo que ha marcado a Cano, Roca y Pascual durante su actividad pública. Ahora, la codicia ha unido a estos tres hombres que se encuentran recluidos en la cárcel de esta ciudad de la provincia de Alicante.

Por el momento, Juan Cano permanecerá en su celda hasta que se esclarezca el móvil del asesinato a tiros del que fuera el máximo responsable política desde 1995 hasta su muerte en 2007 de Polop.

Las hijas de Alejandro Ponsoda han desvelado en estos días el miedo y las amenazas que había sufrido su padre durante sus últimas semanas de vida. Y es que Ponsoda algo intuía pues la noche electoral del 27 de mayo de 2007 –fecha en la que revalidó su mayoría absoluta– aseguró a una emisora local de radio que «tengo la misma sensación que si hubiera perdido las elecciones–.

Ponsoda se vio obligado a readmitir en esos comicios a Juan Cano y el hombre de confianza de éste, Ximo Montiel. Durante una legislatura el PP de Alicante los apartó de la formación popular después de una supuesta extorsión a un empresario alicantino de al construcción por la concesión de una vado para los garajes de una promoción de viviendas.

Al parecer, Cano y Montiel le habrían pedido 25.000 euros a cambio de darle el ok. El empresario pagó, pero también grabó la conversación y el PP lo solucionó sin la necesidad de llegar a los tribunales, según confirmaron fuentes cercanas al ayuntamiento polopino.

Entre 2003 y 2007, Cano no estuvo como regidor pero intentó que Ponsoda retirará las competencias al entonces edil de Urbanismo, Juan Andrés Llorens (PP), para asumirlas él como asesor urbanístico municipal. Un cargo que ocupó durante más de una década Juan Antonio Roca en Marbella y del que ahora Cano tendrá mucho que aprender en la cárcel de Villena hasta que se diluciden los hechos.

Por cierto que Roca se encuentra en esta penitenciaría a la espera de ser juzgado en San Javier, Murcia, por supuesta implicación en la operación Ninette -blanqueo de capitales, fraude fiscal y cohecho en Los Alcázares-.

Paradójicamente, el máximo implicado en la Operación Malaya en Marbella se encuentra relativamente cerca de el famoso tigre que tenía en su residencia, quien fue acogido en el centro de acogida de animales El Arca de Noé en Benimantell, hace ya tres años.

En esta población del interior de la provincia alicantina este felino compartió espacio con varios tigres del ex domador Ángel Cristo o con los osos que Rodríguez Menéndez también tenía en su casa. Ahora es Juan Antonio Roca quien comparte hábitat especializado para criminales con Juan Cano y Carlos Pascual.

Las hijas del alcalde de Polop asesinado recuerdan su intranquilidad y miedo

BENIDORM.- Las dos hijas del alcalde asesinado en Polop rompieron ayer su silencio, justo en el día en el que su padre cumpliría 57 años. Las hijas de Alejandro Ponsoda, María y Fátima, de 27 y 29 años respectivamente, revelaron a 'El País' que su padre tenía miedo y llegaron a confesar que, antes de ser asesinado a tiros a la puerta de su casa hace poco más de dos años, "incluso estaba planteándose contratar guardaespaldas porque temía por su integridad".

Las hijas del regidor apuntaron directamente a Juan Cano, todavía alcalde del PP, encarcelado por la juez por su presunta implicación en el compló para este crimen. Cano llevaba tiempo sometiendo a Ponsoda a un calculado maltrato psicológico, con insultos incluidos, según explicaron las hijas, que recordaron que Ponsoda estaba "intranquilo", pero pensaron que era por su carácter reservado y por la muerte de su madre.

"Mucha gente tenía miedo de Cano, pero de eso nos hemos enterado tras su detención", afirmaron antes de calificar a Cano de "hipócrita y falso" porque no pidió que se investigara a fondo el crimen de su padre hasta que él estuvo en el punto de mira. Las hijas se quejaron de la indiferencia con la que trató el Ayuntamiento a la familia Ponsoda, a excepción de la actual alcaldesa en funciones, María Dolores Zaragoza, y cargaron contra la actitud que tuvo el alcalde, Juan Cano.

La familia de Ponsoda ha mantenido en estos dos años contactos esporádicos con agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y siempre se ha sentido arropada en la investigación. No tanto por "la actitud fría" del consistorio. María Ponsoda deslizó que el objetivo parecía "borrar" a su padre "del planeta", y agregó: "No nos han respetado". Y como ejemplo recordó que tras ir al entierro de su padre, Cano y el concejal de Turismo, Joaquín Montiel, se fueron de comida con dos trabajadores del Ayuntamiento. Antes, impidieron que algunos funcionarios salieran con media hora de antelación de su trabajo para asistir al funeral.

"Pensábamos que odiaba a mi padre, pero no hasta ese extremo", porque "no hay dinero que cubra un asesinato", añadieron, dando por hecho que Juan Cano está de una u otra forma implicado en el crimen. También criticaron la pasividad del partido. "El PP no nos ha hecho ni caso", llegaron a decir con alusiones directas a la dirección provincial.

El alcalde, encarcelado en Villena, Juan Cano, sigue sin dimitir ni renunciar al acta de concejal. El PP, que le suspendió cautelarmente de militancia, pretende que lo haga. La alcaldesa en funciones admitió que baraja la posibilidad de presentar una moción de censura con los cuatro concejales del PP y los tres de Gent de Polop para garantizar la estabilidad.

La investigación del asesinato de Alejandro Ponsoda en octubre de 2007 se centró en el móvil urbanístico. El objetivo era acotar el patrimonio personal y de las cuatro empresas de Cano y su mujer, María del Carmen Berenguer, en régimen de separación de bienes. Y sólo a su nombre o a medias con ella, el alcalde de Polop acumula un patrimonio desde que es concejal que supera los 1,3 millones de euros, repartido entre cuatro locales comerciales, un garaje, un piso, el chalé donde viven y una cuarta parte de cinco parcelas compradas entre abril y junio de este año con el concejal de Turismo Joaquín Montiel y dos sociedades de La Vila Joiosa.

Excepto un pequeño local comercial de 26 metros cuadrados y un garaje que pagaron al contado, el resto de los bienes fueron adquiridos con hipotecas por valor de 585.445 euros. Al actual tipo de interés, una hipoteca de ese importe a 20 años generaría cuotas mensuales de 2.900 euros.

Además, tiene a una hija estudiando en una Universidad en Miami (EE UU). Mientras, su salario como alcalde es de 3.660 euros mensuales brutos. Todas las cargas hipotecarias están soportadas por la CAM, entidad en la que trabajó Cano durante años.

Fuentes del mercado inmobiliario han valorado la vivienda en la que residen, que tiene 487 metros construidos en una parcela de 727, en unos 600.000 euros. El valor del 25% de las parcelas que posee Cano, según la propia tasación hipotecaria, suma otros 241.614 euros, mientras que los tres locales comerciales y el piso adquiridos en 1995 tendrían hoy un valor de 350.000 euros.

Cano y su mujer comparten la administración solidaria de la empresa Cano Berenguer, SL, que tiene por objeto social la intermediación en el mercado inmobiliario, mientras que el todavía alcalde figura como administrador único de Inversiones Puig Campana, SL.

El Gobierno valenciano dice ahora que preservará más de 1.000 hectáreas de suelo no urbanizable de la primera línea de costa

VALENCIA.- El Gobierno valenciano dice ahora que preservará de la urbanización algo más de 1.000 hectáreas de suelo no urbanizable de la primera línea de costa, que tendrá la consideración de 'Área Estratégica', según establece la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

En concreto, esta medida afectará al suelo no urbanizable de los primeros 500 metros de costa, considerados a partir de la línea de dominio público marítimo-terrestre.

Al respecto, la directora general de Territorio y Paisaje, Arancha Muñoz, declaró en un comunicado que estas bolsas de suelo "constituyen una gran oportunidad para cualificar el territorio y un activo muy valioso, que los municipios deben preservar como reserva estratégica de futuro por sus importantes valores agrícolas, ambientales y paisajísticos".

Actualmente, la Ley de Costas protege sólo los 100 primeros metros desde la línea de dominio público marítimo-terrestre. En la franja de 500 metros la normativa vigente es mucho menos estricta, hasta el punto de admitir una amplia tipología de usos, entre los cuales está la posibilidad de edificar.

La Estrategia Territorial de la Comunitat va más allá en las limitaciones, con el fin de proteger los valores ambientales del frente costero. Así, la Estrategia establece que el suelo no urbanizable de la franja litoral de 500 metros --algo más de 1.000 hectáreas-- no se podrá reclasificar ni, por tanto, urbanizar, al recibir la consideración de "suelo estratégico".

La prioridad otorgada a este suelo obedece a razones ambientales, agrícolas y paisajísticas pero también económicas, ya que --según los expertos-- el 60 por ciento del PIB valenciano se genera en los municipios del litoral, y el 15 por ciento en la franja costera de los 500 metros.

El tramo de los 500 metros es el que ha registrado un menor aumento de la ocupación de suelo (1,3 por ciento en el periodo 2000-2006). Incrementos superiores se han producido en la franja de 1.000 metros (1,7 por ciento) y en la de 10 kilómetros (2,1).

Además, para reforzar esta medida, los suelos de la franja de 500 metros clasificados actualmente como urbanizables, y en los que hayan pasado diez años sin que el Programa de Actuación Integrada (PAI) se haya sometido a información pública, pasarán a considerarse "no urbanizables", de modo que tampoco podrán edificarse.

La Estrategia Territorial establece una serie de casos en los que, con carácter excepcional, podrán desarrollarse actuaciones en "suelo estratégico", como equipamientos supramunicipales de interés público, equipamientos (públicos o privados) de carácter cultural, turístico, deportivo, científico, sanitario, educativo, comercial y establecimientos hoteleros de al menos cuatro estrellas.

Estas actuaciones sólo podrán ejecutarse en el caso de que contribuyan a mejorar la "calidad del territorio" y produzcan "grandes ventajas comparativas y permanentes" desde un punto de vista económico, social y ambiental, tal como establece la Estrategia.

Los alcaldes socialistas reclaman al Consell 126 millones de euros anuales para los ayuntamientos

ALICANTE.- El PSPV-PSOE provincial de Alicante reclamó hoy, durante la I Conferencia de alcaldes, alcaldesas y portavoces socialistas celebrada en Novelda, que la Generalitat cree un fondo básico destinado a los Ayuntamientos de la provincia de un mínimo de 126 millones de euros anuales, que permita a la corporaciones atender los servicios básicos "que se encuentran desasistidos por el Consell", según informó el partido en un comunicado.

La secretaria general de los socialistas de Alicante, Ana Barceló, resumió los acuerdos y reflexiones del foro entre alcaldes y portavoces socialistas, en el que se apostó por los Ayuntamientos como administración esencial en el desarrollo de políticas de empleo y sociales.

En la Conferencia socialista, bajo el lema 'Liderando un Modelo Social de Progreso', Barceló apuntó a la "necesidad" de aplicar la 'Declaración de Elche', lo que supondría que las comunidades autónomas aportarán un mínimo de 70 euros por habitante para completar la aportación del Estado central a los municipios. En la provincia de Alicante esta suma ascendería a unos 126 millones de euros.

En opinión de los socialistas, los municipios "deben recibir una parte sustancial de los ingresos tributarios autonómicos, de manera que el esfuerzo de financiación que hace el Estado a favor de los pueblos y ciudades tenga una correlación en las comunidades autónomas".

"Hay que aprovechar la situación de crisis para aprender la lección y, sobre todo, mejorarla. Los socialistas estamos en condiciones de hacer propuestas, tomar medidas que nacen de un ejercicio de reflexión que nos tiene que llevar a una redefinición del papel de los ayuntamientos, capaces de crear empleo y actuar en materia de política social", explicó Barceló.

Los socialistas también defendieron los esfuerzos del Gobierno de España por modificar el Estatuto del Gobierno local y por establecer un nuevo modelo de financiación local que entre en vigor en 2011.

Barceló considera que la Generalitat "debe involucrarse más en la ayuda financiera a los ayuntamientos, que les permita atender demandas ciudadanas en materia social, educativa y de fomento de empleo, especialmente cuando se ha demostrado que los municipios se encuentran únicamente apoyados por la apuesta del Gobierno de España a través de los Presupuestos Generales del Estado y de los Planes E".

La dirigente socialista añadió que la Generalitat "tiene la obligación de cumplir con los ciudadanos, y eso pasa por poner medidas que garanticen que los Gobiernos locales tengan el dinero suficiente como se establece en nuestro estatuto de autonomía y en la Constitución".

A su juicio, "ya está bien de que el Consell pida con una mano dinero al Estado, mientras se lo gasta con la otra en proyectos de dudosa utilidad social. El PP valenciano debe dar el paso y cumplir con la descentralización del poder autonómico en aras de los municipios".

En opinión de Barceló, los socialistas "están demostrando en los ayuntamientos donde gobiernan que se puede hacer política positiva para los ciudadanos".

"Porque sólo desde una visión progresista, moderna e igualitaria, que persigue el bienestar individual y colectivo, combatiendo la exclusión social y favoreciendo el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de todos, se podrá garantizar el desarrollo de los derechos de la ciudadanía", afirmó.

Los alcaldes, que analizaron nuevas políticas y recetas en materia social, reclamaron al Consell la "inmediata aplicación" de la Ley de Dependencia. y recordaron que el Gobierno de España ha destinado a la Comunitat 168 millones de euros para este fin "que no han sido revertido a los ciudadanos que han reclamado la ayuda".

La secretaria general advirtió de que la Generalitat "tiene la obligación de incrementar los equipos humanos para las valoraciones de las personas dependientes y el establecimiento de un periodo inferior a los 60 días para el cobro de las prestaciones una vez que han sido valoradas".

En caso contrario, "nos encontraríamos con la paradoja de que las personas con menos recursos o más necesidades actúa como financieras de un Consell en bancarrota por la pésima gestión del dinero público que ha hecho el PP, destinado principalmente a eventos y proyectos que sólo benefician a los que más tienen", comentó.

La I Conferencia de alcaldes y alcaldesas también hace un llamamiento genérico para que el Consell aumente las partidas de gasto social y para que ponga en marcha los planes de Empleo en un momento de crisis, donde el desempleo afecta más a la Comunitat Valenciana que a otras regiones.

La ocupación del cuartel de la OTAN de Bétera se salda con 15 identificados por entrar en la base ilegalmente

VALENCIA.- La ocupación del cuartel de la OTAN situado en Bétera, por parte de un grupo de pacifistas de Alternativa Antimilitarista-MOC, se saldó hoy con 15 identificados por la Policía por entrar en la base de forma ilegal.

Durante el acto, en el que participaron unas 60 personas, cuatro grupos, con un total de 20 personas, entraron por diferentes puntos del cuartel valenciano, acompañados por pancartas en las que pedían la retirada de las tropas de Afganistan y el cierre de todas las bases militares, así como la abolición de los ejércitos, según informaron fuentes de Alternativa Antimilitarista-MOC.

La acción, denominada 'inspección ciudadana' consistió en un "pequeño pasacalles" por el centro de la localidad de Bétera, una marcha hasta el perímetro de la instalación militar, situado a unos tres kilómetros y la entrada de unos 20 participantes en el recinto militar principal.

Se trata, según la entidad impulsora, de un acto abierto de "desobediencia civil" por el que los participantes "se arriesgan a recibir condenas e incluso prisión militar".

No obstante, los antimilitaristas hicieron "caso omiso tanto de las medidas de seguridad como de la prohibición expresa de acceder al cuartel militar", como una "forma activa y simbólica para reclamar el cierre de las bases y la recuperación civil y ecológica de todas las instalaciones militares".

Este año, además, la acción hizo hincapié en la petición del fin de la ocupación de Afganistán y coincidió con la de otras ciudades como Barcelona, Madrid, Pamplona o Segovia.

Así, la organización subrayó que la 'inspección ciudadana' "dará voz a una parte nada despreciable de la población española que desea que las tropas españolas abandonen completamente Afganistán", algo que reclama el 60 por ciento de la población.

De esta forma, el lema del evento fue 'Fuera de Afganistán, fuera de todas partes', ya que, según el colectivo organizador, "la constante intervención militar occidental" en este país, "no ha hecho más que agravar la situación de guerra que padece la población afgana desde hace ya más de 30 años, y no ha ayudado en absoluto a la pacificación y reconstrucción del país", que "ha fracasado a todos los niveles, pues la guerra se ha extendido a Paquistán y ha avivado el odio antioccidental del que se nutren los grupos armados ultrarreligiosos".

Del mismo modo, la iniciativa pretende concienciar sobre que "guerras a miles de kilómetros como las de Afganistán comienzan realmente al lado de las casas valencianas, desde instalaciones como la de Bétera, a través de infraestructuras de transporte civiles". Así, la entidad recordó que el cuartel de Bétera será designado por la OTAN en 2011 para comandar todo el contingente de ocupación de la Alianza en Afganistán, la ISAF.

En la acción participarán personas de grupos de Alternativa Antimilitarista-MOC de Bilbao, Salamanca, Madrid, Zaragoza, Elche y Alicante.

Este colectivo es una red de ámbito estatal de grupos locales, antimilitaristas, de acción noviolenta, de base, independiente y funcionamiento asambleario que trabaja, también, en coordinación con redes similares a escala europea, como las que organizaron la entrada masiva en el cuartel general de la OTAN en Bruselas en marzo de 2008, o el bloqueo noviolento de la cumbre de la OTAN en Estrasburgo en abril de 2009.

El PSPV lamenta que Alberto Fabra sea "prisionero" de Carlos Fabra al no establecer un código contra corrupción

CASTELLÓN.- El portavoz adjunto del grupo municipal socialista de Castellón, Mario Edo, instó al alcalde de la ciudad, Alberto Fabra, a pronunciarse sobre las 25 medidas políticas para un Pacto Anticorrupción en el ámbito municipal, y afirmó que el "silencio" del primer edil se debe a que es "prisionero de la indignidad" del presidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra.

"El silencio de --Alberto-- Fabra revela hasta qué punto no le interesa establecer un código de comportamiento ético que regule la convivencia municipal", ya que "el alcalde está prisionero de la indignidad de Carlos Fabra, el gran imputado judicial de la democracia española, y sólo busca cortinas de humo para ocultar sus graves carencias democráticas".

Mario Edo manifestó que el PP se ha lanzado "a la estrategia de la confusión, a un acoso sorprendente a la oposición socialista que sólo persigue establecer la máxima de que todos los políticos son iguales".

"Estamos ante un intento de desprestigiar al adversario político con falsedades y acusaciones inventadas que revela el nerviosismo del alcalde y su propósito de hacer lo que sea para camuflar la realidad de que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos años de cárcel para Carlos Fabra", subrayó.

El grupo municipal socialista presentó en el pleno del pasado jueves un paquete de 25 medidas políticas para negociar un Pacto Anticorrupción en el Ayuntamiento de Castellón. La iniciativa fue anunciada en el transcurso del pleno ordinario por el portavoz adjunto del PSPV.

"Los socialistas reclamamos una actuación firme del equipo de gobierno municipal contra la corrupción que se ha anclado en algunas instituciones de Castellón y que atenta contra la sociedad, la ética política y la justicia", remarcó Edo.

Asimismo, precisó que la elaboración del Pacto Anticorrupción Municipal se debe hacer "con el consenso de todas las fuerzas políticas con representación electoral".

"El Ayuntamiento, como institución más cercana a la ciudadanía, debería liderar el combate político de la corrupción y el alcalde debería ser el primer interesado en activar mecanismos de transparencia que permitiera a la ciudadanía seguir creyendo en la honestidad de sus representantes públicos", reclamó.

El portavoz adjunto del PSPV instó al alcalde a convocar una mesa de diálogo para auspiciar el consenso político y explicó que "las llamadas a la decencia" del presidente del PP, Mariano Rajoy, "se estrellan contra la insubordinación de aquellos feudos del PP que son regidos de forma caciquil por políticos cuya única vocación es perpetuarse en el poder a costa de lo que sea".

Entre las propuestas socialistas para el Pacto Anticorrupción, destacan las de apartar del cargo y de la vida política de forma inmediata a los representantes políticos que se encuentren implicados en causas relacionadas con la corrupción, publicar las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, directivos y personal de confianza; hacer públicas las declaraciones de bienes y de actividades de los cargos electos; prohibir la aceptación de regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales.

También se exige que se permita a la oposición el acceso sin restricciones a la documentación que solicite; facilitar la creación de comisiones de investigación; incrementar los medios humanos y materiales de las áreas de la gestión dedicadas a la fiscalización y control de las cuentas municipales; y ofrecer publicidad específica en todo lo relativo al planeamiento urbanístico y sus modificaciones, incluyendo la tramitación de los convenios urbanísticos, cambios de propiedad en procesos de recalificación y plusvalías derivadas del suelo, entre otras.