El Parlamento Europeo votará hoy el informe que pide congelar los fondos europeos a España si no acaba con abusos urbanísticos

BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo votará hoy un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.

La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.

Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.

El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero los dos partidos no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas

La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles.

También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.

La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español; se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos; y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola.

Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.

En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.

Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.

Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.

El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".

Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".

También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.

La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos.

Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".

El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".

"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.

Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".

También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".

Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".

Ascó, Trillo, Vandellós y Cofrentes registraron en 2008 algún indicador inferior al funcionamiento normal

MADRID.- Todas las centrales nucleares funcionaron con normalidad durante el ejercicio de 2008, a excepción de Ascó II, Trillo, Vandellós II y Cofrentes, a las que en algún momento de ese ejercicio se les ha señalado un indicador blanco (valor situado en una banda de baja importancia para la seguridad), según se desprende de la última sesión del 25 de marzo del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), donde se analizaron los resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondientes al cuarto trimestre de 2008.

El SISC es un programa que integra los distintos elementos que configuran el proceso de supervisión que el CSN realiza a las centrales y que incluye la vigilancia de las instalaciones, la valoración de los resultados, la adopción de actuaciones para corregir las deficiencias y la comunicación al público.

Así, a lo largo de 2008 todos los indicadores de funcionamiento fueron de color verde, que significa que el funcionamiento es normal, con la excepción de uno blanco (valor situado en una banda de baja importancia para la seguridad) en Ascó II, en el primer trimestre, debido al número de paradas automáticas del reactor por cada 7.000 horas con el reactor crítico.

Además, se registró otro indicador blanco en Trillo, por el índice de fallos (IFSM) de los generadores diesel que se ha mantenido en los tres primeros trimestres; otro en Vandellós II, también por el índice de fallos de los generadores diesel registrado en los dos primeros trimestres y, por último, otro indicador blanco en Cofrentes, relativo al número de cambios de potencia no programados por cada 7.000 horas con el reactor crítico que se mantuvo el tercer y cuarto trimestre del año.

Por otro lado, los hallazgos de inspección ascendieron a 152, de los cuales 145 fueron categorizados de color verde, seis blancos y uno amarillo (que implica una importancia sustancial para la seguridad).

Concretamente, este último fue consecuencia del incidente de la fuga de partículas radiactivas del edificio de combustible, de la unidad I de Ascó, notificado al CSN en abril del pasado año y que fue clasificado por el organismo como de nivel 2 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES, por sus siglas en inglés).

En todos los casos, los hallazgos fueron resultado del programa de inspección del CSN, que efectuó un total de 178 inspecciones durante el ejercicio, superando la cifra de 2007. Además, se registraron cuatro hallazgos transversales en Ascó (en realidad, dos hallazgos que afectaron a las dos unidades).

Concretamente, uno de ellos se mantuvo "abierto" desde el año anterior, porque el CSN consideró que las acciones correctivas adoptadas por el titular para resolver los problemas observados en su gestión del Programa de Acciones Correctivas (PAC) fueron insuficientes para resolver todas las deficiencias existentes, y todavía persisten algunas.

Por este motivo, el hallazgo transversal se mantendrá mientras no compruebe el CSN que las acciones del titular son adecuadas para evitar la repetición de los problemas detectados. El segundo fue consecuencia de la detección de un elevado número de hallazgos de inspección verdes, es decir, muy poco importantes para la seguridad, debidos a una gestión deficiente por el titular de la regla de mantenimiento.

Durante el año pasado, Ascó I y Vandellòs II permanecieron en la columna de "pilar degradado" durantes tres y cuatro trimestres, respectivamente.

En Ascó I se debió al hallazgo amarillo en el pilar de Protección Radiológica del público y al hallazgo blanco en el pilar de Protección Radiológica Operacional, originados por la fuga de partículas radiactivas, durante el segundo trimestre, a lo que se añadió un hallazgo blanco en el pilar de sistemas de mitigación en el segundo trimestre por la falta de calificación sísmica de unas grúas situadas en la cúpula del edificio de contención que fueron instaladas para realizar la inspección de los tendones del edificio.

En Vandellòs II, el resultado del pilar degradado respondió a la existencia de un indicador blanco relativo al número de fallos en el funcionamiento de los generadores diesel en los dos primeros trimestres, y a dos hallazgos blancos en el pilar de sistemas de mitigación, uno del primer trimestre, relativo a deficiencias en el montaje y pruebas del sistema de agua enfriada esencial, y otro en el segundo debido a la incorrecta implantación de una modificación de diseño para prevenir los efectos de inundaciones internas.

Así, la existencia de dos resultados blancos en el mismo pilar de seguridad supone que éste pase a la situación de "pilar degradado". Además, bajo "respuesta reguladora" quedó la unidad II de Ascó, a causa de un indicador de funcionamiento blanco en el primer trimestre en el pilar de sucesos iniciadores, por paradas instantáneas no programadas, un hallazgo blanco en el pilar de integridad de las barreras en los tres primeros trimestres y otro blanco en el pilar de sistemas de mitigación en el cuarto trimestre.

Por su parte, Cofrentes permaneció en la citada columna durante el tercer y cuarto trimestres debido a un indicador blanco relativo al número de cambios de potencia no programados, en el pilar de sucesos iniciadores, y Trillo lo hizo los tres primeros trimestres por un indicador blanco relativo a fallos e indisponibilidades de los generadores diesel.

El valenciano José Viñals sustituye al valenciano Jaime Caruana en el FMI

MADRID.- José Viñals, subgobernador del Banco de España (BE), ha sido nombrado hoy consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI). La elección de Viñals para este cargo de relevancia internacional ha contado con el "pleno respaldo" del gobernador del BE, Miguel Angel Fernández Ordóñez, informó hoy la institución.

Viñals cesará como subgobernador del Banco de España cuando tome posesión del nuevo cargo en el FMI, algo que se prevé que suceda en breve plazo. Aún no ha sido designado un sustituto para asumir sus actuales responsabilidades, aunque se espera que se siga la tradición del BE de elegir para este cargo a uno de los directores generales del banco emisor.

El cargo de consejero financiero y director de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales del FMI fue ocupado previamente por Jaime Caruana, quien dejó el puesto para convertirse en director general del Banco de Pagos Internacionales a partir del 1 de abril. Caruana había sido a su vez anteriormente gobernador del Banco de España.

En opinión del Banco de España, este puesto tiene actualmente una "importancia capital", pues a raíz de la crisis financiera internacional y de los acuerdos del G-20, el FMI va a tener un papel protagonista en la reorganización del sistema financiero internacional. Así, considera que desde su nuevo cargo, José Viñals va a ser una "persona clave" para llevar a cabo este trascendental cometido en los próximos años.

José Viñals, de 54 años de edad, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia y doctor en Economía por la Universidad de Harvard. En el año 2001 obtuvo el Premio Rey Jaime I de Economía. Inició su actividad profesional en Estados Unidos, donde fue profesor de Economía en la Universidad de Stanford y consultor del FMI y el Banco Mundial.

Ingresó en el Servicio de Estudios del Banco de España en 1984 y entre 1990 y 1993 fue jefe de la Unidad Económica del Comité de Gobernadores de Bancos Centrales de la Unión Europea.

Posteriormente continuó su carrera profesional en el Banco de España, en el que fue sucesivamente jefe de Estudios Económicos y jefe de Estudios Monetarios y Financieros, antes de ser designado director general de Asuntos Internacionales, cargo que ocupó entre los años 2000 y 2006.

En ese año fue nombrado subgobernador por Miguel Angel Fernández Ordóñez, siguiendo la tradición del BE de elegir para este cargo a uno de los directores generales de la institución. A partir de 2006 ha sido también miembro del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea y en enero de 2009 fue nombrado presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Banco Central Europeo.

El Banco de España resalta que "durante los años en que ha ocupado el cargo de subgobernador, José Viñals ha llevado a cabo una eficaz gestión de los asuntos internos del BE, ha contribuido activamente a preparar a la institución para hacer frente a los problemas derivados de la crisis y ha desempeñado un papel importante en el impulso y desarrollo de las relaciones internacionales del Banco".

Ford avanza en las negociaciones para vender Volvo

DETROIT.- Ford ha dado otro paso en la venta de su marca sueca Volvo Car, que da pérdidas, al abrir las negociaciones específicas con los compradores potenciales, según un mensaje enviado el miércoles a los empleados de la firma europea.

Ford, que lidia con la peor depresión del mercado automovilístico en 27 años, está considerando vender el negocio, después de desprenderse del resto de su división de coches de lujo, que incluía a las marcas Aston Martin, Jaguar y Land Rover.

"Nos hemos puesto en contacto con varias partes que han expresado su interés por el futuro de Volvo. Ford ha quedado satisfecha por el número y calidad de esas partes", comentó John Gardiner, director de comunicaciones estratégicas de Ford Europa, en el mensaje a los empleados.

"Hemos tenido conversaciones preliminares para determinar el nivel de interés que tienen en el negocio de Volvo y estamos hablando con más detalles a esas partes sobre el futuro de Volvo", añadió.

Gardiner dijo que el proceso podría llevar a la venta del negocio, pero que no se había tomado una decisión final y que las negociaciones podrían tomar "un tiempo". El directivo no quiso identificar a los interesados.

El mes pasado, una fuente con conocimiento directo del asunto dijo que la automovilística china Chery Automobile había mantenido conversaciones con Volvo.

El periódico financiero sueco Dagens Industri, que citó fuente anónimas, también nombró a las fabricantes chinas Dongfeng Motor Group y Chongqing Changan Automobile, así como a "una constelación europea", como posibles compradores.

Volvo registró en el cuarto trimestre del año unas pérdidas por valor de 736 millones de dólares (unos 547 millones de euros) antes de impuestos, en caída de ingresos de un 35 por ciento, a 3.300 millones de dólares.

Citigroup y JPMorgan están asesorando a Ford.

Un alto mando declara que Trillo le encargó repatriar "cuanto antes" los cadáveres

MADRID.- El teniente general José Antonio Beltrán, coordinador de las tareas de repatriación de las víctimas del accidente del Yakovlev-42, que costó la vida a 62 militares españoles en mayo de 2003, aseguró hoy que el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, le encargó que se encargara de coordinar la misión para repatriar "cuanto antes" los cadáveres de las víctimas.

"Las únicas indicaciones del ministro fueron ocuparme de coordinar los vuelos y los aviones para traerme cuanto antes los cadáveres pero sobre las identificaciones no se habló nada en absoluto", señaló Beltrán durante su comparecencia, en la que detalló que el encargo del ministro se produjo en la zona 'vip' del avión en el que las autoridades se trasladaron hasta el lugar de accidente.

Beltrán también explicó que acudió a Trabzon (Turquía) como representante del Ejército del Aire y que se quedó hasta el día 28, cuando se produjo la repatriación de los cuerpos, porque Trillo le dijo que se quedaba "más tranquilo" si él permanecía al frente de la misión.

Según explicó, la tarea de los reconocimientos recayó en exclusiva en Navarro, aunque en todo caso no consideró que este asunto pudiera dificultar las tareas de repatriación. "Yo estaba dispuesto a traerme los cadáveres como estuvieran. Que estuvieran o no identificados no era un impedimento para traérmelos, siempre y cuando fuera legal", dijo.

En la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra tres militares por la identificación errónea de los cadáveres, Beltrán señaló hasta en dos ocasiones que el principal acusado, el general de Sanidad Vicente Navarro, le dijo que todos los cuerpos estaban identificados, a pesar de que pudo deducir "de la lectura del acta de entrega" que redactaron las autoridades turcas que existían 30 cuerpos que no habían sido identificados.

No obstante, indicó que durante la firma del acta, que calificó de "documento turco preparado por los turcos y con las condiciones que pusieron los turcos", no se trató el asunto de la identificación de los cadáveres ni tuvo constancia en ningún momento de los reproches que Navarro hizo a las autoridades locales por sus dudas en los 30 identificaciones que a la postre resultaron erróneas. "Estuve asesorado por el general Navarro, que me dijo: 'Cadáveres nuestros hay 62 y los 62 están identificados'", dijo.

El teniente general explicó que, a pesar de que nunca habló con Navarro de las dificultades que se estaban produciendo en las tareas de identificación, firmó el acta de entrega junto al general Navarro porque iba a "viajar con los cadáveres" y en aquel momento "le pareció lógico firmar". En este sentido, indicó que un intérprete realizó "una sucinta traducción" del acta de entrega y que, en concreto, "le señaló párrafos" al general Navarro.

El único intercambio de opiniones que tuvo con Navarro sobre las identificaciones se produjo en la noche del día 27, cuando éste le advirtió que tenían "un problema muy serio" porque había un cadáver sin identificar que la delegación ucraniana, nacionalidad de los miembros de la tripulación que fallecieron en el accidente, no aceptaba como suyo. "El general estaba completamente seguro de que ese no es nuestro y al final los ucranianos aceptaron el cadáver", dijo.

En otro momento del interrogatorio, uno de los letrados de la acusación se hizo eco del contenido del acta en la que se admitía que 30 de los cadáveres pertenecían "a soldados españoles" pero que desconocían sus identidades. "¿A usted le leyeron este acta?", preguntó el abogado a Beltrán.

"Eso no nos lo leyeron, se lo debió inventar el teniente que elaboró la información", replicó el testigo, quien aseguró no recordar "nada" sobre ese tema. Asimismo, en otra fase de su declaración añadió que apenas tuvo contacto con las autoridades turcas y destacó la "dificultad" que entrañaba trabajar con Navarro por su carácter.

En otro punto del interrogatorio que le hizo el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Fernando Burgos, Beltrán aseguró que los mandos militares siempre actuaron pensando en las víctimas. "Nuestra preocupación son las familias, aunque ellos no lo crean --dijo--. Nosotros siempre tuvimos allí presentes a las familias y a nuestros compañeros en todas nuestras actuaciones, en las mías y en las de nuestros compañeros".

Retenciones en el Puerto de Valencia tras la huelga de estibadores

VALENCIA.- El puerto de Valencia comenzó a recuperar la normalidad tras las dos jornadas de huelga de los estibadores convocadas en toda España por la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar contra la nueva Ley de Puertos que, con un seguimiento del 100 por ciento de los 1.260 trabajadores, impidieron la entrada y salida del puerto de cerca de 10.000 contenedores, según informaron fuentes del sindicato mayoritario.

Al respecto, puntualizaron que si bien durante esos dos días se paralizaron las labores complementarias de recepción y entrega de mercancías, las funciones de servicio público de los estibadores --de carga y descarga-- se desarrollaron "con total normalidad" para evitar que, como anteriores ocasiones, "la repercusión de la huelga sea siempre hacia el buque".

Desde la Coordinadora se mostraron convencidos de que "antes del fin de semana, el puerto volverá completamente a la normalidad", aunque reconocieron que en la mañana de hoy "inevitablemente ha habido colapso" entre "todos los transportistas" que querían acceder al recinto portuario para dar salida a las mercancías.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) señalaron que "no ha habido ningún problema a lo largo de la mañana, excepto el razonable después de dos días de no operación", dado que "desde ayer por la tarde, un dispositivo reforzado de policía portuaria trabaja para garantizar que no se produce ninguna situación de congestión dentro del puerto, mientras que en la parte de fuera se coordinan con la Guardia Civil de Tráfico".

A primera hora de la mañana, en torno a las 7.00 horas, se produjeron importantes retenciones en la V-30 y V-31 por la elevada concentración de camiones que pretendían acceder al puerto. De hecho, según indicó el Centro de Gestión de Tráfico, se llegaron a alcanzar colas de hasta 6,5 kilómetros en la V-30 y de cerca de 9 kilómetros en la V-31 en torno a las 10 de la mañana.

Posteriormente, en torno al mediodía, la situación del tráfico se había "normalizado totalmente", según confirmaron tanto desde el Centro de Gestión de Tráfico como desde la APV, quienes explicaron que el flujo de camiones fue "disminuyendo" gracias a que los vehículos eran distribuidos a la entrada del puerto según a la terminal a la que se dirigiesen.

"A primera hora de la mañana perdíamos de vista los camiones que accedían por el puente", pero hacia el mediodía había ya "un tráfico fluido, con cuatro o cinco camiones esperando que les indiquen hacia dónde dirigirse", indicaron desde la APV.

Ford estudia presentar otro ERE que afecta a 1.100 trabajadores

VALENCIA.- La dirección de la planta de Ford en Almussafes comunicó a los representantes sindicales con presencia en el comité de empresa su intención de solicitar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que afectará a 1.100 trabajadores del turno de noche durante ocho meses, de mayo a diciembre.

En esta ocasión, según informaron fuentes de la compañía, la multinacional del óvalo plantea este expediente después del anuncio de reducción de tres a dos turnos de producción, con la eliminación del turno de noche, y tras haber "barajado también la extinción de esos empleos".

"La empresa también había barajado la extinción, pero finalmente se ha decidido por una decisión temporal como esta hasta final de año", subrayaron las mismas fuentes, quienes apuntaron que "en esta ocasión, no podrá complementar las cuantías de prestación por desempleo" hasta el 80 por ciento de los salarios, como hizo con los afectados de los ERE anteriores.

Tras el encuentro mantenido hoy con la representación sindical de la planta, la dirección de la factoría valenciana da por iniciado el periodo de consultas para la presentación del nuevo ERE temporal, de modo que una vez transcurridos los 15 días que dura esta fase, será la Dirección General de Trabajo, que depende de la Generalitat valenciana, quien decida si acepta o no ese expediente.

La dirección comunicó esta decisión a los sindicatos durante la reunión convocada a petición del comité de empresa de la planta para retomar las negociaciones del convenio colectivo de los trabajadores, que permanecían bloqueadas desde el pasado mes de enero por las discrepancias en torno a la duración del convenio.

Así, la dirección abogaba por un convenio de un año de duración y la plataforma sindical --compuesta mayoritariamente por UGT-- defiende que esté vigente durante los próximos cinco años, mientras que CCOO aboga por prorrogar el actual un año más a la espera de un contexto más favorable.

Desde la compañía lamentaron, no obstante, que "tras la exposición realizada en la reunión, no ha habido ningún cambio significativo respecto a las posiciones planteadas inicialmente por el comité de empresa", por lo que el tema del convenio colectivo "quedó de lado para hablar del tema del ERE, que era prioritario", subrayaron.

Al respecto, el secretario general de UGT en Ford Almussafes, Gonzalo Pino, defendió nuevamente su propuesta de firmar un convenio para los próximos cinco años, un aumento salarial en base a las previsiones del IPC del Gobierno --2 por ciento-- y un plan de jubilación con relevo, según el acuerdo suscrito con el presidente de Ford Europa, John Fleming, y que éste "ratificó la semana pasada".

Pino indicó que, tras la presentación del nuevo expediente por parte de la empresa, "a partir de ahora habrá que hablar tanto del convenio como de las futuras medidas, y buscar un punto de equilibrio".

En este sentido, mostró la disposición de la representación social de los trabajadores a, una vez aceptada su propuesta de convenio, "estudiar las situaciones que vaya planteando la empresa y tratar de aceptarlas, siempre que se trate de expedientes de regulación de jornada y medidas temporales, y no de expedientes de extinción de empleos", recalcó.

Miquel Rosaleny, máximo representante de CCOO en la factoría, criticó que la empresa haya "convertido la sesión negociadora del convenio en la primera reunión del expediente" al considerar que supone "una burla al propio comité de empresa" que, para retomar esas negociaciones "llegó incluso a levantar su única medida de presión, el boicot a las horas extras".

Rosaleny avanzó que centrarán todos sus esfuerzos en "reducir el impacto del ERE y negociar que el complemento salarial de los afectados sea el máximo posible", al tiempo que comentó que para el sindicato "tampoco es prioritaria la negociación del convenio por pensar que sentarse es perder", y por ello, abogó por "prorrogar el actual convenio y solucionar primero el problema del empleo".

"Estamos ante una situación muy grave por mucho que se quiera enmascarar con psicología basura", alertó el representante sindical, quien hizo hincapié en que el "golpe industrial" sufrido por la factoría fue "muy fuerte". "Tenemos que responder, poner a la gente alerta y movilizarnos", sentenció.

Por su parte, desde CGT criticaron que la dirección anunciara hoy que "aparca la negociación del convenio para centrarse en un nuevo ERE" y que además, haya "insistido en la duración de un año de convenio para luego afirmar que 'no importa' ya que pretende centrarse en acometer un nuevo ERE".

La máxima representante del sindicato en la planta, Francisca Cuesta, expresó el "más rotundo rechazo" a la medida y criticó el "cinismo" de la compañía "al anunciar además un sábado y un domingo de producción", por lo que hizo un llamamiento a los trabajadores a "boicotear la realización de horas extra" y a la multinacional a "cesar en su irresponsable política empresarial".

El Gobierno defiende la "legalidad" del empadronamiento de De la Vega

MADRID.- La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, aseguró que la vicepresidenta primera del Gobierno y diputada por Valencia, María Teresa Fernández de la Vega, actuó "de acuerdo con la más estricta legalidad" al empadronarse en un municipio valenciano poco antes de las generales, pero el PP pidió su dimisión tras acusarla de "meter la mano en la urna".

Salgado respondió así a una pregunta del diputado del PP Esteban González Pons sobre cómo valora el Gobierno que De la Vega pudiera votar en las elecciones generales en Valencia, si la normativa aplicada impide cambios de domicilio posteriores al 1 de noviembre de 2007, y el suyo fue notificado por el Ayuntamiento de Beneixida el 5 de diciembre de ese año.

"La vicepresidenta del Gobierno ejerció su derecho al voto de acuerdo con la más estricta legalidad y avalado por la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral, por cierto sin que nadie lo impugnara, cabe preguntarse por qué lo hacen ahora, un año después", señaló Salgado.

Dicho esto, la ministra de Administraciones Públicas acusó a los 'populares' de "sembrar dudas sobre personas, instituciones y procedimientos democráticos", aconsejándoles acto seguido que "dediquen sus energías a arrojar luz sobre las zonas oscuras de las actuaciones de algunos de sus dirigentes".

González Pons afirmó que esa es la intención del PP al denunciar este hecho, "arrojar luz", y respondió a Salgado que hace un año no se recurrieron estos hechos simplemente porque la resolución que modificó las fechas de composición del censo "no se publicó en el BOE" y, en cambio, "se hizo en secreto y por lo 'bajini'".

El dirigente del PP mostró ante los diputados la resolución del censo por el que De la Vega pudo votar en Valencia "después de empadronarse tarde y mal" en el municipio de Beneixida, "es de 7 de febrero y no de 31 de enero, y corrige una resolución de negatoria anterior que no se ha dado a conocer todavía a la opinión pública", denunció.

González Pons aseguró que, según la Ley Electoral, "cualquier ciudadano no hubiera tenido más alternativa en las circunstancias de la vicepresidenta del Gobierno que acudir al juez de primera instancia" para alegar cambio de residencia y que le permitieran empadronarse en Valencia fuera de plazo. "Cualquier ciudadano, pero la vicepresidenta no, porque no es una ciudadana cualquiera", agregó.

El secretario de Comunicación del PP denunció así que De la Vega "se vio beneficiada por dos decisiones claramente ilegales". Y relató: "Primero por una disposición interpretativa del censo sobre las fechas de composición de las listas electorales que cambió el criterio mantenido durante más de 50 convocatorias electorales desde que existe el censo continuo".

González Pons denunció que dicha resolución "no se publicó en el BOE y no la conocieron los partidos políticos ni la Junta Electoral ni los más de 40 millones de electores españoles". A su entender, además cuando la Administración tiene que cambiar un acto firme comunicado debe iniciar un proceso de revocación que, en este caso, no hubo.

Es más, el dirigente del PP afirmó que es "jurídicamente imposible" que un acto administrativo estimatorio sustituya a otro acto administrativo desestimatorio y en este caso se hizo "de una manera arbitraria".

"No puede explicar usted ante esta Cámara cómo la Administración del Estado pudo emitir un acto estimatorio después de haber emitido uno desestimatorio sin haber acudido a un proceso de revocación", enfatizó.

Por ello, consideró que si de la Vega ha participado en estas decisiones "debe dimitir". "Señorías, la vicepresidenta ha vivido y vive en Madrid como todo el mundo sabe. Si participó en la decisiones que le permitieron votar en Valencia debe dimitir, porque esa es la esencia de la democracia, no meter la mano en la urna cuando se trata de unas elecciones generales", señaló.

Por su parte, Salgado respondió a González Pons que le "sobra retórica interesada y le falta rigor", insistiendo en que el caso de la vicepresidenta es "legal y de justicia". Señaló además que "afectó por igual a todos los que habían reclamado" para así "favorecer el derecho al sufragio activo".

Acto seguido, la titular de Administraciones Públicas argumentó que "la ley habla del 1 de diciembre y no del 1 de noviembre" y argumentó que la resolución a la que Pons hacía referencia "vino a restituir la legalidad en la interpretación de la ley".

"Ustedes donde gobiernan no dan explicaciones, hacen el paripé en comisiones de investigación, cuando una actuaciones les perjudica arrojan la responsabilidad a jueces, policías o los funcionarios. Dejen ya de enredar porque ya se está terminando el crédito que tenían ante los ciudadanos y le pregunto si esa es la razón por la que algunos de sus dirigentes pagan siempre en metálico", concluyó Salgado.

Los precios industriales en la Comunidad Valenciana un 0,4% en febrero

VALENCIA.- Los precios industriales descendieron un 0,4 por ciento en la Comunitat Valenciana en el mes de febrero con respecto al mes anterior, y sufrieron una caída del 2 por ciento en términos interanuales, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos nacionales apuntan que se mantuvieron estables en febrero respecto al mes de enero, si bien en términos interanuales experimentaron una disminución del 1,1 por ciento, su mayor caída desde marzo de 1999, cuando registraron también un descenso del 1,1 por ciento,

Las actividades que más influyeron en esta variación interanual fueron las de coquerías y refino de petróleo (-33,1%), metalurgia (-12,8%) e industria de la alimentación (-3,6%).

Por destino económico de los bienes, las tasas de variación respecto a febrero de 2008 fueron del 0,4 por ciento para los bienes de consumo (2,4 por ciento los bienes de consumo duradero y del 0,1 por ciento para los bienes de consumo no duradero), del 1,5 por ciento para los bienes de equipo, del -3,2 por ciento para los bienes intermedios y del -1,9 por ciento para la energía, que redujo sus precios por tercer mes consecutivo después de haberse pasado 15 meses al alza.

Internet, autocrítica y sectarismo / Carlos Carnicero *

La negación de la evidencia es un paso fundamental en la incapacidad para la autocrítica y ésta atenaza de tal forma a quien no la practica que termina por acabar envuelto en una nube de adhesiones inquebrantables en donde la luz de la discrepancia no tiene espacio para penetrar esas barreras. Digo todo esto en relación con la reacción de la interesada, Carme Chacón, y todos los miembros del Gobierno que se han pronunciado sobre el anuncio hecho por la ministra de la salida de las tropas de Kosovo.

A partir de la negación de la evidencia de esa gestión increíblemente torpe de una decisión legítima, razonable y acertada, toda la catarata de disciplina impuesta en el hemisferio del partido socialista ha cerrado filas para justificar ese error.

Ahora mismo el zapaterismoo como ideología dominante en el PSOE está engendrando unas criaturas supuestamente progresistas que han hecho de la adoración al líder un credo irrenunciable: el líder, por el hecho de serlo, no se equivoca nunca. Y quien lo critique es su enemigo. Pero la realidad es así de sencilla: no se puede culpar a los seguidores por los postulados del profeta porque sólo cumplen los prefectos establecidos en la cúpula del poder.

José Luis Rodríguez Zapatero entiende la discrepancia como una ofensa. Quien no piensa como él está frente a él. Por eso está tan sólo, rodeado de mediocres en un Gobierno en el que está escondido Alfredo Pérez Rubalcaba y con ganas de salir corriendo Pedro Solbes. La vicepresidenta, agotada, no termina de balbucear peticiones de auxilio de forma autoritaria a unos subordinados que no son ya capaces de sustituir el absentismo de sus jefes. Y el resto de los ministros están ausentes porque no tienen autonomía excepto para seguir las directrices de un presidente que no comparte su responsabilidad con nadie. Salvo sus amigos y consejeros particulares que están fuera de las esferas del Gobierno y del partido.

La metodología con que José Luis Rodríguez Zapatero ejerce la política es netamente autoritaria porque niega el debate como instrumento en la toma de decisiones que impone bilateralmente a sus ministros. Solo hay tres personas en ese universo que se atreven a llevarle la contraria: José Blanco, Alfredo Pérez Rubalcaba y Manuel Chaves.

De su primera hora no queda ningún testigo: están todos desterrados porque no quiere referencias de sus orígenes.

Su forma de operar ha tenido el apoyo inestimable de un Partido Popular cavernícola que alimentaba la pretensión del presidente de que la brutalidad de sus posiciones del partido conservador, sus equivocaciones estratégicas, iban a certificar los aciertos irremediables del Gobierno.

Las hordas que le idolatran arremeten contra cualquier crítica que se formule al líder carismático. El único credo posible es la incondicional y quien no lo practica es un traidor. Y quienes unas veces aplaudimos y otras pitamos no somos tolerables y se establece que tenemos que estar al servicio de intereses ocultos.

Escribo todo esto porque me encanta comprobar como una turba de fanáticos insultan a cualquiera que vea debilidad en el liderazgo de Zapatero. No valen los artículos que señalen un acierto, porque su apetito de adhesión es insaciable: señalar un déficit significa obligatoriamente una traición, un interés inconfensable. Esas posiciones son dramáticas porque rebelan que quien las practica no puede concebir la independencia y sus pensamientos aplicados al adversario son el espejo convexo que les devuelve la visión de su propia naturaleza en la que el pensamiento individual es imposible porque la manada obliga a la sumisión,

Internet es un instrumento valioso para esta pléyade de intolerantes disfrazados de progresistas, porque el anonimato les permite el insulto como todo argumento. No necesitan el menor esfuerzo intelectual porque la descalificación personal es suficiente para aliviarse de la posibilidad de discurrir.

No soportan el ridículo que acaba de hacer el Gobierno de España en la gestión de la salida de los soldados españoles de Kosovo y niegan la mayor, la torpeza infinita y las ansias de protagonismo de la ministra de Defensa ,sólo porque ha sido la tecnología aplicada por el Gobierno repitiendo eslóganes de propaganda para ocultar su incapacidad.

A todos ellos, a los que son incapaces de ver mácula en sus propias filas, les dedico con toda mi devoción este artículo para que tenga un calentón al leerlo que les motive a ser todavía más intransigentes, haciéndoles saber que todavía tienen recorrido para prosperar y llegar a ser verdaderos Talibán de la vida española. De verdad que he disfrutado mucho dedicándoles estas líneas. Ahora, ¡ánimo! por lo menos sería deseable que los insultos de hoy fueran renovados.

(*) Carlos Carnicero es periodista y analista político