El juez acuerda libertad provisional para Alfonso Rus y fianza de dos millones

VALENCIA.- El juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha acordado libertad provisional para el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP en esta provincia, Alfonso Rus, el exvicepresidente de la corporación provincial y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis; y el exvicepresidente de la Diputación y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El juez ha decretado medidas cautelares para los cuatro, que tendrán la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Además, ha fijado fianzas de dos millones para Alfonso Rus, que se ha acogido a su derecho a no declarar, y para Máximo Caturla. 

En el caso de Llopis y Medina, la cifra es de un millón de euros para cada uno. El alto tribunal valenciano recuerda que estas cantidades son para garantizar la responsabilidad civil en caso de una eventual condena.

Se trata de cuatro de los 'pesos pesados' de las 24 personas que fueron detenidas el pasado martes en la denominada Operación Taula --hay además otros cinco investigados--, que se centra en una presunta trama de corrupción en torno al PP valenciano y a la empresa pública Imelsa.

Los cuatro exdirigentes populares han sido los últimos en comparecer ante el juez y han puesto punto y final al desfile de políticos, empresarios y técnicos de estas tres jornadas en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Tras comparecer ante el juez, los 24 detenidos en la operación Taula mantienen la condición de investigados --nueva denominación de los imputados-- por prevaricación, malversación, cohecho y tráfico influencias. En el caso de 22 de ellos, se han acogido a su derecho a no declarar.

El fiscal había solicitado la adopción de medidas cautelares respecto de los estos cuatro arrestado en el marco de la operación Taula, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El magistrado ha acordado esta medida al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en el caso de estos últimos cuatro arrestados en prestar declaración. No obstante, les ha impuesto como medidas cautelares que comparezcan cada quince días en el Juzgado.
Por otra parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha dejado en libertad provisional a seis de los diez últimos arrestados en la operación Taula que han prestado declaración este jueves y ha impuesto fianzas por un valor total de 2,4 millones de euros para el exjefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco, y cuatro empresarios.
El magistrado ha tomado declaración este jueves a los diez últimos detenidos que han sido puestos a disposición judicial, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia y del Partido Popular en esta provincia, Alfonso Rus, el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina y el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de la Diputación Emilio Llopis.
Tras este trámite, el juez ha ordenado libertad provisional para seis de ellos. Además, ha impuesto fianzas de 200.000 euros para el ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco, y un empresario; de medio millón de euros para otros dos empresarios; y de un millón de euros para un quinto empresario.
Todas ellas tienen carácter pecuniario --no carcelaria-- para garantizar el pago de las responsabilidades civiles a las que tendrían que hacer frente ante una eventual condena, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Todos ellos continúan investigados --nueva denominación para los imputados-- en la causa abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
El fiscal ha solicitado la adopción de medidas cautelares respecto de los otros cuatro arrestado --Alfonso Rus, Máximo Caturla, Juan José Medina y Emilio Llopis-.

Declaraciones de Rus

El expresidente de la Diputación de Valencia y del PP en esta provincia Alfonso Rus ha negado su implicación en la presunta red de corrupción que se investiga en el caso Imelsa.
El exdirigente 'popular' ha atendido --durante ocho minutos-- a los numerosos periodistas que le esperaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha comparecido ante el juez tras haber sido detenido el martes en la Operación Taula. El juzgado ha acordado su libertad provisional con obligación de comparecer cada 15 días.
Rus ha negado su implicación en los hechos que se investigan y ha emplazado a dar todas las explicaciones más adelante.

Ha agregado, cuando se le ha nombrado al exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, --imputado en la causa que ha colaborado con la Fiscalía y el juzgado en este caso-- que se ha de sentir "responsable de poner una persona que no se lo merecería en su cargo".
Sobre si considera que ha sido "traicionado" por el PP, ha manifestado que "están en lo que tienen que estar" aunque ha apostillado, acerca de las 'líneas rojas' fijadas que estas "son convenientes cuando existe la certeza de que las cosas han sido así". "Un partido no puede tener 2.000 millones de euros de facturas en los cajones sin que salieran al final de año".
Acerca de la posibilidad de que haya habido financiación irregular en el PP valenciano, ha hecho notar que él nunca se ha ocupado de la financiación. "Si es por mí, no tengo nada que ver", ha comentado Rus, que ha añadido: " De los billetes de 500 no tengo ni idea".
"Me considero totalmente inocente, en el momento que conozca de qué se me acusa puntualmente contestaré una por una: Quiero saber el qué, el porqué y en qué forma", ha sentenciado Alfonso Rus. "Y no me escondo; las cosas hay que demostrarlas y no he hecho nada malo en absoluto".
Rus --que ha manifestado que su familia lo está "pasando muy mal"-- ha admitido que se sintió molestos por los insultos que tuvo que escuchar en Xàtiva cuando fue detenido porque no pudo defenderse. "Intentaré centrarme y dar la cara; si tengo que defenderme de algo, lo haré como lo he hecho siempre donde he estado", ha rematado.
A su salida --a las 12.18 horas a la puerta del juzgado de guardia-- Rus ha vuelto a oír a algunos que le han increpado. Una decena de personas han gritado "ladrones", "corruptos", "dónde está el dinero" y "dónde está Rita Barberá".

Arturo Torró (PP) deja el Ayuntamiento de Gandía como concejal

GANDÍA.- El que fuera alcalde de la localidad valenciana de Gandía entre 2011-2015 y actual concejal PP en el consistorio, Arturo Torró, ha anunciado este jueves, durante el pleno municipal, que deja su acta como concejal 'popular' en el ayuntamiento, aunque ha indicado que seguirá como presidente del PP en el municipio, según ha informado el PP en un comunicado.

Así lo ha anunciado Torró durante el pleno municipal, celebrado en la tarde de este jueves, en donde ha recordado que ya avanzó que si ganaba el juicio contra Bankia por la preferentes, dejaría su puesto como edil 'popular'.
"Yo prometí que en el pleno siguiente a que saliera la decisión sobre Bankia, si yo había ganado me iría", ha recordado el edil, quien ha manifestado que la semana pasada le notificaron la devolución de su patrimonio con Bankia, unas 12 millones de acciones.
A su juicio, se trata de un motivo "de peso" por lo que dejará su acta como concejal con "todo el dolor de su corazón" porque, según ha manifestado, la política le "gusta más que el arroz caldoso".
 "Creo que me debo a mi familia", ha sostenido.
No obstante, ha remarcado que seguirá como presidente del PP de Gandía, al tiempo que le ha trasmitido a la nueva alcaldesa de Gandía, Diana Morant, que se pondrá "a su disposición". "No soy santo de la devoción de su ideología, ni usted de la mía y creo que está más que demostrado, pero como alcaldesa tiene mi respeto", ha manifestado el que fuera primer edil de la ciudad, quien se ha despedido del Ayuntamiento entre aplausos.

El juez deja en libertad e impone fianza ante posibles responsabilidades a otros cuatro detenidos

VALENCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia que investiga el caso Imelsa ha dejado en libertad a otros cuatro de los diez detenidos que han pasado a disposición judicial esta tarde. A todos ellos les ha impuesto fianza pecuniaria --no carcelaria-- como medida cautelar para garantizar el pago de las responsabilidades civiles a la que tendrían que hacer frente en el caso de ser condenados.

Se trata, según ha detallado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), del ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la diputación de Valencia, Salvador Deusa, y de empresarios.

Uno de estos, el propietario de Engloba, José Adolfo Vedri, ha confirmado a los periodistas que había quedado en libertad y ha añadido que se iba a su casa con su familia "y a trabajar" porque lleva "48 horas alejado del trabajo".

También han abandonado ya el juzgado sin hacer declaraciones otros dos empresarios: Javier Luján, presidente de Construcciones Luján, y Salvador Sansano.

Durante la salida de algunos de los investigados por esta presunta trama de corrupción un par de ciudadanos han gritado: "Y los niños en barracones".

El juzgado sigue tomando declaración de aquellos detenidos que la UCO pone a su disposición.

Una obra de Sorolla 'escondida' desde hace más de 100 años saldrá a subasta en marzo

LONDRES.- Una obra del pintor Joaquín Sorolla, que no ha sido expuesta al público desde hace más de cien años, será subastada el 2 de marzo por la empresa de subastas 'Bonhams 19th Century European'. El valor de la pieza, conocida como 'Un hebreo', se estima entre las 300.000 y 500.000 libras.

El director de Bonhams, Peter Rees, ha señalado que "la aparición en subasta de 'Un hebreo' es un acontecimiento muy importante. "Anteriormente se había conocido sólo a través de fotografías en blanco y negro", ha explicado.
Rees ha destacado que Sorolla se asocia principalmente con escenas del mar y de playas brillantes, pero, según apunta, "también era un pintor de retratos muy logrados".
"A veces se trataba de creaciones formales, pero más a menudo prefería una mayor libertad, como en 'Un hebreo'", ha añadido.
La casa de subastas apunta que se trata de una imagen en movimiento, sobre un tema inusual para Sorolla, que fue pintado en 1898 durante un período excepcionalmente creativo del artista en el que completó una serie de obras clave. Para los expertos, la obra comparte la facilidad y espontaneidad de muchos de sus conocidos retratos de figuras individuales.
En 1898, Sorolla era un artista consolidado, con su obra expuesta regularmente en toda Europa. Para la apertura y cierre de meses de ese año trabajó en su estudio de Madrid. Sin embargo, pasó junio dedicándose a la pintura en la ciudad costera de Jávea (Alicante), completando dos paisajes importantes, 'La pequeña cala' y 'El algarrobo', antes de unirse a su familia en Valencia.
En 'Un hebreo', Sorolla eligió una composición con paisaje, que no es un formato común en la tradición del retrato español pero que él utilizó con gran efecto en muchos de sus retratos. La técnica del artista muestra la influencia del pintor barroco José de Ribera con los tonos de la piel del sujeto, contra el fondo oscuro para ofrecer un gran contraste.

El TSJCV anula la adjudicación de plazas para dependientes que realizó la Generalitat Valenciana en 2013

VALENCIA.- La sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado una resolución de la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat de 2013 por la que se adjudicó a dos empresas de residencias el contrato para concertar plazas para personas con dependencia. El fallo judicial se basa en que la administración optó por un procedimiento negociado sin publicidad en base a una interpretación de la cláusula de exclusividad "contraria a derecho".

Así, la Sala estima el recurso interpuesto en 2013 por la Asociación de Empresas de Recursos para la Dependencia (Aeste) contra la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, la Asociación de Empresas Concertadas de Accesibilidad Social (Aecas), Centros Residenciales Savia --participada por la empresa Sedesa, vinculada a la familia Cotino-- y Sacova Centros Residenciales.

El objeto del recurso es la adjudicación del contrato administrativo especial para la puesta a disposición de la Conselleria de Bienestar Social de plazas de accesibilidad social para personas mayores dependientes en la zona 2 del Mapa de Atención Gerontológica de la Comunitat Valencia.

Según señala la sentencia, de fecha 13 de enero de 2016, en 2001 la Generalitat Valenciana sacó a concurso un contrato administrativo especial para creación de un máximo de 9.000 plazas residenciales para personas mayores. El pliego de cláusulas explicaba que un tercio de las plazas --3.000-- serían de accesibilidad social, es decir, estarían a disposición de la Conselleria de Bienestar Social para la ocupación de las personas indicadas por la Administración, en función de sus necesidades. El resto, serían plazas de libre disposición para el adjudicatario.

En septiembre de ese mismo año, el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, dictó una resolución interpretativa en la que hablaba de la creación de nuevas plazas y reconversión de los dos tercios restantes de plazas libres a plazas de accesibilidad social.

Así, la Conselleria y los adjudicatarios del contrato suscribieron un acuerdo para adaptar la Ley de Dependencia y en él incluyeron incrementarlas plazas en los centros existentes de asistencia social al cien por cien. En concreto, 1.937 plazas en 2008, 863 en 2009 y 1.533 en 2010.

La Generalitat y las empresas adjudicatarias consideraban que el aumento en el número de plazas era absorbido por la cláusula de exclusividad de 2001 y, por tanto, no haría falta sacar concurso, dado que bastaría con aumentar el concierto y asignar el presupuesto.

No obstante, Aeste entendía que la administración no podía sacar el concurso por el procedimiento negociado sin publicidad, y considera que el concurso de 2001 sólo cubría la exclusividad respecto a un tercio de las plazas. Por tanto, absorbido este tercio, cualquier aumento tenía que ser sometido a concurso ordinario.

En este sentido, la parte demandante consideraba que la Administración "ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" y advertía de "una vulneración de las normas de procedimiento en función de la interpretación de la cláusula de exclusividad".

Respecto a la primera alegación, el TSJCV la desestima al considerar que "la Administración no ha prescindido de manera absoluta del procedimiento legalmente establecido", pues "parte de una interpretación del contrato y sigue el procedimiento acorde con dicha interpretación".

No obstante, en cuanto al segundo argumento, la Sala subraya que la disposición de la orden es "contraria a derecho por llevar a cabo una modificación de un contrato suscrito en 2001, ya que amplía su objeto de forma no permitida por la legislación de contratos".

Por todo ello, el tribunal considera que la resolución de la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar Social de 26 de febrero de 2013 es contraria a derecho al haber optado por el procedimiento negociado sin publicidad, "en base a una interpretación de la cláusula de exclusividad que es contraria a derecho", por lo que estima el recurso presentado por Aeste.

Tras conocer esta sentencia, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, ha subrayado que "la interpretación de la norma daba preferencia a ciertas empresas", y ha avanzado que la Conselleria "va a estudiar una reordenación del sector" para lo que creará un mapa de necesidades, en el que "se primará la situación personal".

Esta misma semana se ha constituido en las Corts Valencianes una comisión de investigación sobre el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para personas dependientes, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por una decena de empresas entre las que figura Sedesa, vinculada a la familia Cotino.

Punset y Montiel presentan una PNL para establecer un nuevo modelo urbanístico que acabe con la corrupción

VALENCIA.- La síndica del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Carolina Punset, y del Grupo Parlamentario de Podemos, Antonio Montiel, han presentado este jueves una proposición no de ley (PNL) para establecer un nuevo modelo urbanístico que "acabe con la corrupción" y cree empleo en la Comunitat Valenciana a través de la rehabilitación y la eficiencia energética.

Al respecto, Punset ha explicado que la presentación conjunta de esta iniciativa es consecuencia "el interés personal y profesional" entre ambos en este tema. "Quizá si no estuvieran Montiel y Punset no sería un acuerdo Podemos-Ciudadanos", ha señalado.

En ese sentido, ha apuntado que "si bien a nivel de partidos" no podrán llegar "nunca" a acuerdos en materia del modelo de Estado o modelo territorial "sí que podemos llegar a acuerdos en materias en el ámbito social o la regeneración democrática".

Así, ha destacado que el modelo urbanístico "ha ido ligado a la corrupción" y además ha recalcado que cambiar el ordenamiento jurídico "también es una forma de luchar contra la especulación y la corrupción". Asimismo, ha resaltado que con esta PNL "no sólo se pretende luchar contra la corrupción sino también contra el paro" porque el modelo que ha seguido la construcción hasta ahora "no tiene futuro" al "haber consumidor de una manera desaforada un recurso no renovable como es el suelo".

Por ello, ha propuesto que en lugar de recurrir a subvenciones se debe cambiar el marco jurídico para orientar la actividad de esas empresas privadas de la construcción al modelo europeo, que se dedican en un 70% a la rehabilitación y eficiencia energética y un 30% a la construcción "y no al revés como sucede en España".

Punset ha lamentado que ni el PP ni el PSOE "tienen la intención" de reformar el ordenamiento jurídico "sin el acicate" de estos dos partidos emergentes. Los cinco objetivos básicos de la PNL, según ha explicado la líder autonómica de C's, giran en torno a "obligar a los ayuntamientos a no tener normativas desfasadas ni planes generales anticuados, con una revisión obligada cada diez años"; "reorienta el sector de la construcción al modelo europeo a través de medidas de formación y de incentivos fiscales efectivos"; "acabar con las figuras de la ley urbanística que favorecen el modelo especulativo"; "garantizar sanciones efectivas a las ilegalidades urbanísticas"; y "fomentar el uso social del parque de viviendas vacías".

Por su parte, Montiel ha destacado asimismo que ante "los grandes problemas" de la Comunitat Valenciana "se debe estar por encima de las trincheras ideológicas, de las trincheras de partidos, y construir consensos". Por ello, se han unido para presentar esta iniciativa y ha confiado en que en el trámite parlamentario se sumen los otros grupos.

Montiel ha señalado que la Comunitat Valenciana "tiene ahora los rendimientos" del modelo de construcción: "hemos sido el epicentro de la corrupción y el urbanismo ha sido la caja negra donde ha nacido esa corrupción". Además, ha constatado que la "economía especulativa de casino no sólo ha llevado a daños en el paisaje sino a miles de jóvenes que han abandonado los estudios".

"Es un modelo fracasado, es un modelo ruinoso y hay que reorientarlo", ha recalcado. Por contra, con el nuevo modelo que plantean ha destacado que se buscan la creación de empleo sostenible y a largo plazo.

Resumen de Confidenciales

Jueves con cuatro ejes informativos en portadas y grandes titulares: todas las facetas de la investidura; la sentencia del Tribunal Supremo que abre el camino para devolver su dinero a centenares de miles de accionistas que fueron a la salida a Bolsa de Bankia; resultados del Santander con tirón de orejas de Ana Botín a los políticos; y los números rojos de Repsol a resultas del provisionamiento por la caída del petróleo.

Mensajes cada vez más ensordecedores a Rajoy para que lo deje, pero el interesado mira a otro lado y se lamenta de que Sánchez no quiere hablar con él. Pero hablan por los medios: se va a Telecinco a usar la tribuna de Ana Rosa Quintana y un poo patético ya sigue con su oferta de gran coalición. El líder del PSOE le replica al presidente y al ex presidente Felipe González, gran promotor de un Gobierno PP-C’s con abstención del PSOE, que ‘no hay razones para apoyar al partido de la corrupción’, ‘ni por activa ni por pasiva’.

Y Felipe carga a su vez en El País, pero no en el artículo que se esperaba, sino en una entrevista casi a toda primera plana firmada por el director del diario, Antonio Caño, y que merece también apertura en varios otros medios : ‘Ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne’; califica a Podemos de ‘puro leninismo’. Y Pablo Iglesias mete presión: pide a Sánchez obviar a la vieja guardia del PSOE. Mientras, la parálisis hace mella. Ana Botín avisa con elegancia sobre la prudencia de los inversores: ‘El teléfono suena menos que hace dos meses para comprarnos activos’.

Entrevista a José María Aznar en Diario Las Américas de Miami: ‘La amenaza de Podemos': ‘Podemos es una amenaza para nuestro sistema democrático y nuestras libertades. Esas personas no creen en un sistema democrático y quieren subvertirlo; no creen en el Estado de derecho; no creen en la independencia judicial; no creen en un sistema democrático libre ni en la economía de mercado, ni en las libertades de las personas y, de ahí su carácter chavista-comunista. Podemos es un riesgo político y, si tiene alguna posibilidad de llegar al Gobierno, mucho más todavía'.

21-D

El País: Podemos buscó el apoyo de los separatistas para presidir el Congreso; CDC, ERC y PNV rechazaron sumarse a la operación liderada por Carolina Bescansa porque no la vieron viable (Maiol Roger). Otro titular: El PSOE propuso desplazar a Podemos a los escaños superiores (Fernando Garea y Francesco Manetto). Otro titular: El escepticismo impregna la segunda ronda de contactos del Rey (Miguel Alberola). Eldiario: Felipe González pide a Pedro Sánchez que mantenga al PP en La Moncloa. Bolsamanía: González pide negociar con Rajoy pero no descarta un gobierno progresista. Confidencial Digital: Felipe González propone a Javier Solana como presidente de un gobierno de concentración.

La Razón: El Rey podría disolver las Cortes sin que haya una investidura: si ningún candidato aceptase someterse a una votación, Felipe VI remitiría una Carta al presidente del Congreso para desbloquear la situación; Patxi López tendría dos opciones: convocar elecciones inmediatamente o tomarlo como ‘votación fallida’ y dejar pasar dos meses desde esa fecha (F. Velasco y P. Gómez). Otro titular: Los susanistas se unen a González para que el PSOE deje gobernar al PP. El Confidencial: La 'mafia' del PP valenciano: comisiones del 3% y blanqueo con equipos de fútbol (José María Olmo). Otro titular: Operación Reina Maga: cómo Colau quiere hacerle la cama a Pablo Iglesias (Antonio Fernández).

Vozpopuli: Órdago al Rey: Sánchez pretende que Rajoy opte por la investidura o el retiro (Federico Castaño). Otro titular: El juez rastrea las cuentas del PP de Rita Barberá en busca del donativos 'fantasma' (Ó. López-Fonseca). Libertad Digital: Ciudadanos empuja al PP a prescindir de Rajoy (Mariano Alonso). Esdiario: Réquiem por el PP de Rajoy: la militancia pide a gritos dimisiones (Antonio Martín Beaumont). El Mundo: El PP blanqueaba mordidas para financiar sus campañas (Juan Nieto y Cristóbal Toledo).

CATALUÑA

El Periódico: El Govern rebaja la DUI a una mera ‘declaración de intenciones’: no aclara la hoja de ruta tras el primer roce (F. Masreal, X. Barrena y R. Julve). Diario Crítico: Juegos del lenguaje: el Govern promete una 'declaración de intenciones' de independencia. La Vanguardia: El fiscal no ve delito en la declaración del 9-N si se evita aplicarla: el ministerio público considera que en estos momentos el texto no tiene efectos jurídicos. Otro titular: Arrimadas ofrece diálogo a Puigdemont si respeta la ley (Iñaki Ellakuria). Otro titular: Recibir una ayuda y aprender catalán: el Govern aconsejará a los receptores de la RMI que tomen clases.

La Vanguardia: JxSí y la CUP articulan la constitución provisional catalana: las formaciones independentistas esbozan una ley de transitoriedad que 'facilite' el 'traspaso de un Estado a otro' (Quico Sallés). El Confidencial: Oleada de ventas de empresas familiares en Cataluña ante el miedo a una secesión (Agustín Marco). El Español: El poder judicial investiga al juez del 'caso Mas' por su lentitud: el proceso se inició hace ya un año. La investigación disciplinaria es consecuencia de una denuncia presentada por Manos Limpias, que ejerce la acusación popular (María Peral).

ECONOMÍA

El País: Ana Botín: 'La incertidumbre política no ayuda a la economía': 'El teléfono suena menos que hace dos meses para comprar activos', afirma la presidenta del Banco Santander (Íñigo de Barrón). Libertad Digital: Botín: 'El teléfono suena menos que hace dos meses para comprar activos' (Domingo Soriano). Cinco Días: ‘Hoy suena menos el teléfono para comprar activos’. Expansión: Bruselas intenta poner coto fiscal a las multinacionales. El Correo: España y 30 países más compartirán información sobre dónde tributan las multinacionales: el acuerdo firmado en la OCDE obliga a las grandes empresas a detallar el pago de impuestos en todos los estados en los que tengan actividad. (David Valera). El Economista: El céntimo sanitario carga 1.000 millones más al déficit. Otro titular: El brío de empleo y consumo anuncia un buen dato de PIB al cierre de 2015 (Pepa Montero).

EMPRESAS

Capital Madrid: Repsol registrará pérdidas de 1.200 millones en 2015 tras provisionar 2.900 millones; mantendrá el 31% del capital de Gas Natural Fenosa y no venderá la filial Butano, recortará un 20% sus inversiones en 2016 y mantendrá el dividendo a los accionistas (Julián González). Cinco Días: Números rojos en Repsol. Otro titular: Slim lanza una opa sobre Realia con una prima del 18%: Inmobiliaria Carso ofrece 0,8 euros por acción (P.M. Simón y A. Simón). Otro titular: Abengoa mantiene 8.000 millones de cartera de pedidos pese a su crisis. Otro titular: El fondo canadiense Borealis se hace con el 24% de CLH. El País: Repsol pierde 1.200 millones por las provisiones por la caída del petróleo.

Expansión: Repsol entra en pérdidas al dotar 2.900 millones. El Economista: Repsol entra en pérdidas pero mantiene el pago al accionista. Otro titular: Las petroleras cancelan proyectos por 350.000 millones por el bajo precio del crudo (Concha Raso). El Mundo: Entrevista con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina: ‘He ordenado investigar los contratos de FCC con este Ministerio’ (Carlos Segovia). El Correo: Urkullu defiende en Bruselas la Acería Compacta de Bizkaia y pide medidas contra el acero chino: la parada indefinida de la factoría de Sestao alcanza ya a las subcontratas. OKdiario: Acuamed compró 300 millones de deuda del Estado tras recibir 1.500 millones de la UE (Francisco Mercado).

SECTOR FINANCIERO

Capital Madrid: Ana Botín se fija en la vinculación de los clientes y da la espalda a posibles fusiones: la cuenta 1/2/3, que ya tiene la presidenta, roba 237.000 clientes a la competencia, y la transformación digital está en el foco (José Luis Marco). El Economista: La sentencia de Bankia abre una ola de reclamaciones por 3.100 millones: los inversores institucionales se plantean acudir a los tribunales; el Supremo rechaza los recursos de la entidad, que ha provisionado 1.840 millones (Eva Contreras y Javier Romera). Otro titular: Las cotizadas deberán anunciar el dividendo dos meses antes: nuevas normas en el mercado de valores.

20 Minutos: Arriaga Asociados: 'La sentencia del Supremo contra Bankia crea jurisprudencia, se ganará el 100% de las demandas' (Héctor Garrido). El País: La incógnita de los 1.237 millones de las instituciones (Íñigo de Barrón). Expansión: Santander gana un 3% más pese a subir los saneamientos. Vozpopuli: Triple inversión: el fondo Ameriprise llega al 9% de Applus+, supera el 3% de DIA y toma el 7,6% de Cellnex (Alberto Ortín). El Español: 367.000 inversores podrán recuperar su dinero tras la decisión del Supremo sobre Bankia (Rubén J. Lapetra).

OTROS TITULARES DESTACADOS

Economía Digital: Un puñado de constructoras arriesga mil millones anuales con la municipalización en Madrid: FCC, Sacyr, Ferrovial, Dragados y Acciona tendrán un boquete financiero sin precedentes si el Ayuntamiento rescinde los contratos que considera abusivos (David Placer). El Periódico: Barcelona seduce a los turistas de Madrid: enloquecen por BCN; lideran el aumento del turismo nacional en la capital catalana: 348.000 viajeros procedentes de la capital de España se alojaron en hoteles barceloneses; EEUU vuelve a ser el principal cliente, con 724.000 hospedados (Patricia Castán). OKdiario: La Ley obliga a la madre de Iglesias a devolver la VPO ilegal que usa el líder de Podemos (M.A. Ruiz Coll).

OPINIONES

Editorial en El País: ‘Descalificación: los casos de pillaje reducen a cero el margen de Rajoy para lograr apoyos’. Otro editorial: ‘Bankia: desautorización múltiple; la sentencia es un varapalo al anterior equipo directivo de la entidad, a los supervisores y al ministerio de Economía’. Javier Cremades en el mismo diario: ‘Fumata blanca para los accionistas de Bankia: un escándalo que ha afectado a la credibilidad de las instituciones, a la gobernanza de lo público y al patrimonio de los españoles’. Editorial en El Mundo: ‘La condena a Bankia prueba el fracaso de las instituciones’. Otro editorial: El pacto todavía es posible pese a la negativa de Sánchez’. Raúl del Pozo en el mismo diario: ‘España, aire corrompido’. Editorial en El Español: ‘Bankia, un sopapo al Estado que pagaremos todos’.

Editorial en OKdiario: ‘Sánchez, no juegues con nuestro dinero: la llamada de atención de la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, debería ser tomada con sumo cuidado por nuestros representantes políticos’. Antonio Sánchez-Gijón en Capital Madrid: ‘La Guerra de Sucesión Española no acaba nunca: la historiografía catalana adoptó su curso soberanista con la Transición’. José Antonio Zarzalejos en El Confidencial: ‘El nuevo y hostil ‘embajador’ de la Generalitat en Madrid. Jesús Cacho en Vozpopuli: 'La desvergüenza de un gobernador del Banco de España: MAFO, el sectario por antonomasia, se atreve a sacar libro lanzando insidias sobre presuntos culpables, siempre otros, mintiendo descaradamente' (Jesús Cacho).

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El garrapata / Ramón Cotarelo *

La primera línea del famoso libro de Jean François Revel, El conocimiento inútil, publicado en 1988 reza: La mentira es la primera fuerza que dirige el mundo. Una verdad como un castillo que, en el caso del Sobresueldos se convierte en una montaña. La mentira rige la vida de Rajoy las veinticuatro horas del día. Vive mintiendo. Vive para mentir. No hace otra cosa que mentir. Ganó las elecciones de 2011 mintiendo como un bellaco y mintiendo ha seguido hasta el día de hoy. Es tan obvio y evidente y hasta tal punto del conocimiento general que nadie da crédito jamás a lo que dice y por eso su calificación es la más baja de todos los presidentes democráticos.

Un mentiroso compulsivo que miente incluso cuando no sería necesario, que es bien pocas veces, quizá cuando le pregunten por el tiempo. De este modo, las entrevistas que se le hacen -y en las que ahora se prodiga, tras haber pasado cuatro años sin darlas, sin contestar a las preguntas de los periodistas e, incluso, sin dejar que las hicieran- no son otra cosa que retahílas de mentiras, de mentiras desvergonzadas, mentiras patentes. Miente. La gente sabe que miente. El sabe que la gente sabe que miente. Pero le da igual. Lo suyo es mentir y mentir a ver si consigue continuar al frente del gobierno para seguir destruyendo y esquilmando el país al frente de un partido que no es otra cosa que una banda de ladrones. Para seguir empobreciendo a la gente, desahuciándola, dejándola sin trabajo, sin ingresos, sin pensiones, en beneficio del 1% de la población, en pro del que gobierna.

La entrevista de la TV de ayer, una pura antología de la mentira: el PP no está imputado (dice), cuando sí lo está; todas las empresas borran los discos duros de los ordenadores (dice), cuando es mentira y muy probable que ni siquiera sepa qué quiera decir "disco duro"; Barberá y Camps están "limpios" (dice) cuando están de lodo de corrupción hasta las cejas; no sabe nada de Rato (dice) y era su amigo del alma y lo puso él en Caja Madrid.

Podríamos seguir. No merece la pena. Un tipo indigno y despreciable que, viéndose ya en la puerta de la calle, se arrastra implorando una investidura que ni el país puede permitirse ni los españoles tolerar. Después de cuatro años de autoritarismo, chulería, trágala e imposición de leyes retrógradas como la Ley Mordaza, la reforma laboral o la LOMCE que hace una semana no estaba dispuesto tocar, ahora ofrece modificarlas en lo que sea a cambio de pacto. Está dispuesto a ofrecer un riñón para seguir desgobernando España y no ser el único presidente que no ha repetido mandato.

Y está también dispuesto a instrumentalizar las instituciones al servicio de sus indignos fines, bloqueando el sistema democrático, como ha hecho siempre que le ha convenido, como tuvo bloqueado el Tribunal Constitucional durante años, como retrasó la aprobación del presupuesto de 2012 para no perder las elecciones de Andalucía. Un caradura que de todo se aprovecha para mantenerse en el poder como las garrapatas se aferran a los perros.

Hay que decir que le ayuda mucho una parte de los socialistas. Imbuidos estos de un falso sentido de Estado, sostienen que, debiendo haber un gobierno en España, el PSOE ha de posibilitar a la banda de mangantes seguir con sus latrocinios. Ese grupo de viejos dirigentes, todos correosos reaccionarios, solo miran por sus intereses personales e ignoran -o simulan ignorar- que este gobierno que quieren perpetuar ha sido un ataque sistemático a los derechos y el bienestar de la gente, una agresión franquista y nacionalcatólica a las libertades públicas, un indignante atropello de la dignidad de las personas, un insulto constante a los catalanes y un saqueo universal del erario, en provecho de auténticos truhanes militantes y dirigentes del partido del gobierno, empezando por su presidente.

Ignoran que este, el mentiroso compulsivo presidente de los sobresueldos suscita no ya rechazo general sino auténtico odio.

Pero ellos no lo ven porque no saben cómo lo está pasando la gente en la calle. Si no están en las puertas giratorias, cobran saneados emolumentos por cargos públicos y desconocen la situación real del país. Solo cuenta su egoísmo. Y por eso pueden hacerse propuestas moralmente tan repugnantes como la de que el PSOE (que, de todas formas, no ha sido capaz de oponerse a los atropellos de los últimos años) permita con su abstención un gobierno del PP, el partido de la corrupción, en alianza con C's, el partido del programa últraliberal para terminar de arrebatar a los trabajadores sus últimos derechos.

Si tanto preocupa a estos padres de la patria, empezando por Felipe González, la gobernación de España, les propongo otra fórmula: un gobierno de PSOE y Podemos con la abstención de C's. Para garantizar esta basta con que los magnates que pagan a los Gonzáleces llamen a Rivera y le den la orden. Fácil, ¿verdad?

No querrán, claro, porque, en el fondo, prefieren a los franquistas. Pero, por si acaso se impusiera esta opción, un último ruego a Podemos: estaría bien una cura de humildad, después de llevar meses haciendo el ridículo, el pedante y el prepotente. Si quieren sobrevivir, tienen que aliarse con el PSOE, bajar sus estúpidos humos y garantizar un gobierno serio y responsable a la par que radical en las medidas en favor de la regeneración democrática y la recuperación de los derechos arrebatas por esta derecha a las gentes del común.

Y si no lo hacen y siguen tratando de destruir al PSOE con tácticas de catón de tercera, nuevas elecciones, en las que desaparecerán porque no podrán reproducir sus franquicias ni siquiera en Andalucía. No darse cuenta de esto ahora que están a tiempo y esperar a hacerlo tardíamente será dar la razón al Revel con el que empezaba este post cuando, en el libro citado, señalaba que comprender las cosas tarde equivale a no comprenderlas.

 

La propuesta de Felipe González

 

Entiendo perfectamente la propuesta de González de que gobierne el PP con C's y la abstención del PSOE. Es una sugerencia de estadista, de hombre que se preocupa por el destino de su país y no por intereses de partido. Es un ejemplo de mesura y prudencia. Al fin y al cabo, el PP es el partido más votado y C's, una organización nueva (no tanto en Cataluña) de carácter regeneracionista. Sin duda actuará de contrapeso a la propensión del PP al robo, el fraude y la corrupción. Además, para mayor seguridad, Rivera pedirá la retirada de Rajoy, principal responsable de este gatuperio. Sin duda la propuesta tiene el aval de Rubalcaba, Bono y Zapatero, tres políticos de fuste. Y el apoyo de Susana Díaz y Carme Chacón, dos socialistas de empuje y brío y, par dessus le marché,  mujeres, lo que da a la idea un aire transversal en cuestión de género. Muchos de los barones la verán también con agrado, García Page o los de Extremadura, el que fue, Ibarra, y el que es, Fernández Vara. 

 

Definitivamente, un acierto en punto a contener la locura secesionista catalana y mantener la unidad de España. Y no solo eso, también está llena de razón y enjundia para dar una lección a estos advenedizos pretenciosos de Podemos que se han creído que todo el monte es orégano y han faltado al respeto a las venerandas barbas del abuelo Iglesias Posse; que no se conforman con los trasportines que les han asignado en el Congreso y pretenden primera línea de proscenio, bajo los focos, porque les pierde la vanidad y la petulancia. Es igualmente una propuesta sensata, que tranquilizará a los mercados internacionales y a la Gorgona germánica, Merkel, así como la arpía del FMI, Lagarde, y mirará por la prosperidad de España. 

 

Y no solo eso: también es una propuesta moderada y templada, que pretende reconciliar a los españoles de una vez, ahora que andan los bolcheviques cambiando los nombres de la calles y, sobre todo, dar una segunda oportunidad a la derecha del PP, en donde todavía quedan militantes que no han robado lo que podían robar y a otros no les ha dado tiempo de destruir las pruebas de sus latrocinios. Sí, definitivamente, es una propuesta sensata que trata de evitar el caos que se desataría en España con un gobierno de coletas, bebés, núcleos irradiadores, ogros catalanes, y socialistas díscolos de los que todavía quedan algunos en las periferias de las ciudades e instituciones. Una propuesta que Sánchez debiera hacer suya por el bien de la "gran nación" y esperar a tiempos mejores.

Desde luego, merece todo el apoyo de los analistas y comentaristas independientes de esos que sueltan estopa en televisiones de la Iglesia, radios de la Iglesia, medios de los magnates y canales públicos repletos de esbirros a suculentos sueldos. Sin duda.

Pero ¿sabe usted qué, don Felipe? Métasela en donde le quepa. Usted y todos sus amigos de derechas, los meapilas y cómplices con esta degradación a que ha llegado este desgraciado país. Sigan ustedes rezongando su envidia y su odio a la nueva izquierda y al independentismo catalán, que son las únicas puertas que se han abierto en esta situación de agobio, abuso y corrupción a que la incompetencia de la vieja oligarquía nacionalcatólica, con su ayuda, ha condenado a este país. Y la única -y última posibilidad- de que el PSOE se levante de ese cenagal en que lo han arrojado todos ustedes y pueda recuperar algo de su dignidad perdida.

Siga haciendo propuestas. Llegará usted a ser más inmundo que el Sobresueldos.

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La Generalitat Valenciana ingresará este mes 1,8 millones de euros del FLA

MADRID.- La Generalitat Valenciana ingresará este mes 1,8 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según ha informado el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro.

Las comunidades autónomas recibirán concretamente este jueves entre todas ellas 1.061,16 millones del FLA (369,28 millones) y del Fondo de Facilidad Financiera (1.034,89 millones), según los datos de Hacienda.

Ordenadas según la cuantía, Madrid será la que reciba más fondos (278,3 millones), seguida por Cataluña (159,5 millones), Andalucía (147 millones), Castilla-La Mancha (138,66 millones), Baleares (120,88 millones), Cantabria (67 millones), Galicia (48,96 millones), Asturias (40,96 millones), Aragón (30,23 millones), Canarias (15,3 millones), Castilla y León (8,29 millones), Murcia (2,2 millones), Extremadura (2 millones), Comunidad Valenciana (1,8 millones) y La Rioja (196.190 euros).

Desde la creación de estos fondos en la pasada legislatura e incluido este mes, las administraciones autonómicas han recibido 37.647 millones de euros; 16.516 millones de euros, en pagos directos a proveedores y otro tipo de pagos a terceros.

Por comunidades, del FLA han cobrado Cataluña (11.287 millones de euros en total), Comunidad Valenciana (8.631 millones), Castilla-La Mancha (1.305 millones), Murcia (1.155 millones) y Cantabria (428 millones).

Y del Fondo de Facilidad Financiera, los pagos han sido para Andalucía (3.577 millones), Castilla y León (2.016 millones), Madrid (1.845 millones), Galicia (1.553 millones), Aragón (1.465 millones), Baleares (1.126 millones), Canarias (986 millones), Extremadura (757 millones), Asturias (560 millones) y La Rioja (267 millones).

El paro baja en 22.300 personas en la Comunitat y el empleo crece en 22.600

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la tercera en la que más ha descendido el paro en el cuarto trimestre de 2015 respecto al tercero con 22.300 desempleados menos mientras que en este trimestre el número de ocupados creció en 22.600 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Morera quiere retransmitir la actividad parlamentaria por la señal pública de TVV

VALENCIA.- El presidente de las Corts, Enric Morera, quiere que los plenos, las sesiones de control al presidente de la Generalitat y las comisiones se retransmitan por la señal pública por la que antes emitía Canal 9 para que así la ciudadanía "pueda conocer de manera directa" el trabajo parlamentario, aunque ha aclarado que no tinen nada que ver con una televiisón en pruebas.

Al respecto, ha aclarado, en rueda de prensa, que con esta propuesta "no quiere interferir ni suplantar de ninguna manera" la futura creación de la nueva RTVV". En ese sentido, ha asegurado que estas emisiones no chocarían con la futura ley de creación del ente público porque se limitarían a retransmitir tal cual la actividad parlamentaria al igual que ya se puede ver por internet. "No queremos hacer una televisión sino dar un salto técnico", ha aclarado Morera.

Morera ha explicado que este planteamiento surge de la presidencia de las Corts para equipararse con la mayoría de los parlamentos autonómicos que emiten su actividad a través de la televisión o el mismo Congreso de los Diputados que recurre incluso a canales privados.

Al respeto, ha señalado que se trata de aprovechar "una señal y las antenas que son públicas, propiedad de la Generalitat valenciana, para retransmitir un servicio público", por lo que no tendría ningún coste. De este modo, la televisión actuaría de "altavoz" para divulgar la actividad de las Corts entre los ciudadanos de forma directa, "sin intermediarios".

En ese sentido, ha asegurado que el parlamento valenciano cuenta con un equipo audiovisual "muy capacitado" y "no hay ningún problema técnico" para poder retransmitir estas emisiones, que le gustaría que se pudieran poner ya en marcha para el próximo pleno.

Morera ha señalado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es "conocedor" de esta propuesta aunque aún no se ha trasladado de forma oficial está petición al Consell. Así, ha señalado que se trata de una competencia de la secretaría autonómica de Comunicación, dependiente de Presidencia.

No obstante, ha destacado que sí que ha sido comentada de "forma informal" con los grupos parlamentarios. Asimismo, este mismo jueves se ha reunido con el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, para tratar el tema y ha señalado que le ha parecido que es "interesante".

Pasan a disposición judicial los últimos detenidos, entre ellos Alfonso Rus

VALENCIA.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha informado sobre las cinco menos cuarto de esta tarde de que los últimos detenidos en la macrorredada contra la presunta trama de amaño de contratos en administraciones públicas han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción 18.

Son diez los arrestados pendientes de declarar, después de que durante los últimos 10 días hayan comparecido ante el juez un total de 14 detenidos.

En este último grupo, además de Alfonso Rus, figuran el exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina y el exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de la Diputación Emilio Llopis.

El Ayuntamiento de Valencia acuerda una comisión de investigación para determinar responsabilidades

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha acordado este jueves por unanimidad crear una comisión de investigación "no permanente" en el consistorio "con el fin de determinar las posibles responsabilidades políticas derivadas de los hechos de carácter ilícito que se hayan podido cometer" en esta institución "por los miembros del grupo municipal popular investigados por este motivo y que son objeto de examen por los tribunales" tras llevarse a cabo la operación 'Taula' de la Guardia Civil dentro del 'caso Imelsa'.

Así, los cinco grupos que conforman la corporación local -Compromís, PSPV y València en Comú, en el equipo de gobierno, y Ciudadanos (C's) y PP, en la oposición-- han respaldado esta iniciativa después de los registros realizados dentro de la operación 'Taula' en el grupo municipal del PP el pasado martes, la detención de su secretaria Maria del Carmen García Fuster, y la imputación --investigación de acuerdo a la nueva terminología de la Lecrim-- de su portavoz y presidente de los 'populares' en la capital valenciana, Alfonso Novo, y de Luis Salom, uno de sus asesores.

La creación de esta comisión se ha acordado a partir de la moción presentada por vía de urgencia por el grupo de Ciudadanos para "dignificar al pueblo valenciano y aliviar la terrible imagen que se proyecta en estos momentos al exterior" tras los hechos citados. C's, como ha explicado su portavoz, Fernando Giner, ha estimado "imprescindible" que el Ayuntamiento de Valencia "adopte las medidas que estén a su alcance para determinar y concretar la responsabilidad política que cada persona que desarrolla su actividad en él debe asumir".

La propuesta alternativa, que ha presentado en nombre el gobierno local su primer teniente de alcalde y portavoz, Joan Calabuig, completa la moción planteada inicialmente por ciudadanos para que la puesta en marcha de la comisión de investigación se adapte a lo dispuesto el reglamento ordinario del pleno y se remita a la Comisión de Participación, Derechos, Innovación Democrática y Seguridad Ciudadana, Prevención e Intervención en Emergencias. Así se pretende "concretar el número de miembros, la materia, el régimen de funcionamiento y el plazo para concluir los trabajos" de este nuevo órgano.

La portavoz adjunta del PP, Mª Àngels Ramón-Llin, que este jueves ha actuado en el pleno como portavoz en sustitución de Novo -éste no ha acudido porque está pendiente de declarar ante el juez tras su imputación-- ha expresado el respaldo de su grupo a la propuesta porque no quiere "eludir ningún debate" y ha mostrado su respaldo a ponerla en marcha "cuando judicialmente se depuren responsabilidades".

El Consell destina 11 millones a cooperación al desarrollo para "devolver el honor a la solidaridad" tras el 'caso Blasco'

VALENCIA.- La Generalitat Valenciana ha sacado las convocatorias de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo de 2016, para las que destina once millones de euros y con las que quiere "devolver el honor a la solidaridad de los valencianos" tras "el más repugnante caso de corrupción de todos los que ha habido que es el caso Blasco".

Así lo ha explicado el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, en una rueda de prensa en la que ha presentado la convocatoria y el presupuesto que se destinará a las ayudas para proyectos de cooperación durante el próximo ejercicio económico. En el acto también han intervenido la secretaria autonómica de Transparencia, Zulima Pérez, y el director general de Cooperación y Solidaridad, Federico Buyolo.

El conseller se ha referido al "más repugnante caso de corrupción de todos los que ha habido que es el caso Blasco" y ha subrayado que "la corrupción es una enfermedad gravísima que daña el cuerpo social", aunque ha resaltado que "de esta enfermedad se sale si hay voluntad, concienciación ciudadana y si los políticos tienen medianamente claros los objetivos".

Alcaraz ha destacado que el Consell ha cumplido su "compromiso" de sacar la convocatoria de subvenciones de cooperación antes de que acabara este mes de enero. También ha aprovechado para anunciar que durante este período de sesiones se presentará en las Corts el proyecto de Ley de Cooperación Valenciana.

El titular de Transparencia ha valorado el incremento de las subvenciones para cooperación --en las que se ha pasado de 0,02 por ciento al 0,07 por ciento del total del presupuesto de la Generalitat--, pero considera que es "insuficiente" porque "todavía estamos muy lejos del objetivo irrenunciable del 0,7 por ciento".

Ha destacado que los proyectos serán evaluados por expertos independiente porque en este tema hay que ser "especialmente exquisitos". Del mismo modo, ha recordado el compromiso del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que todo el dinero que se recupere del caso Blasco se destinará íntegramente a cooperación, lo que, según Buyolo, ya se podrá comprobar en los presupuestos de 2017.

Por su parte, Zulima Pérez ha destacado el "cambio de rumbo" que ha dado la política de cooperación de la Generalitat ha agradecido el "gran trabajo que han hecho las ONG, que ha sido incansable incluso en los peores momentos".

Federico Buyolo ha explicado que el presupuesto de la Dirección General de Cooperación ha pasado de 3,7 millones a 13,5 millones y de esta cifra el 90 por ciento se dirige a ayudas al desarrollo. En concreto, para subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo se destinan 6,3 --4,5 millones para gastos corrientes y 1,8 para gastos de inversión--, con las que se cofinanciarán proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en los países del sur. El importe máximo de las ayudas será de 400.000 euros para los proyectos individuales de una sola ONGD y 500.000 euros para los de agrupación.

Se intervendrá en Haití, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Burkina Fasso, Mozambique, Senegal, campamentos de refugiados saharauis, India y territorios Palestinos. Estos países son los que están establecidos en el actual Plan Director, pero Buyolo ha explicado que elaborarán uno nuevo --que tienen previsto que se apruebe a finales de este año--, que será "más amplio" y en el que se "alinearán los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nuestras políticas".

Por lo que respecta a las subvenciones a proyectos y actividades de educación para el desarrollo y sensibilización en la Comunitat Valenciana, el director general ha explicado que se destinarán 2,7 millones. Los importes máximos --que dependerán de la modalidad del proyecto-- serán de hasta 50.000 euros en el caso de los proyectos individuales y de 60.000 euros para los de agrupación.

Otra de las líneas en las que trabajará la Generalitat será la de los convenios "para ayudar a desarrollar una nueva visión de cooperación al desarrollo". Así, de destinarán 500.000 euros a los convenios con las universidades públicas, 125.000 euros con la Coordinadora Valenciana de ONGD y 55.000 euros con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

También se financiarán con 1.190.000 euros líneas nominativas de Acción Humanitaria para Cruz Roja, Farmamundi, Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui del País Valenciano, Unicef, Acnur, Unrwa y el Programa Mundial de Alimentos.

Por otro lado, el conseller ha destacado la "solidaridad" que demostraron los ciudadanos y la asociaciones valencianas que estaban dispuestos a colaborar en el proyecto de la Generalitat para traer refugiados a la Comunitat Valenciana, aunque ha indicado que "no ha sido posible por la ceguera de las políticas europeas y del Gobierno español".

Sobre este tema, ha recordado que ayer se conmemoró el Holocausto Nazi y ha resaltado que "empezó el día que muchos países europeos y en América se le cerraron las fronteras a los judíos que querían huir". A su juicio, "esto fue el prólogo de los campos de concentración". Por tanto, "lo que estamos viviendo, Europa ya lo ha visto", ha resaltado.

Más de 10 millones de clientes viajan en los AVE y Alvia Madrid-Valencia en sus cinco años de servicio

VALENCIA.- Renfe ha transportado 10.867.000 viajeros en los trenes de Alta Velocidad (Ave y Alvia) que circulan en la línea Madrid-Cuenca-Requena-Valencia durante los cinco primeros años de funcionamiento. El trayecto entre Valencia y Madrid, de punto a punto, ha sido el más demandado, con más del 87 por ciento de los viajeros totales.

El número de viajeros que se desplazan entre estas dos ciudades se incrementó en 140.000 viajeros en 2015, un 7 por ciento más que el año anterior. Además, este trayecto supera por primera vez los dos millones de clientes anuales, frente a los 1.952.000 clientes del 2014.
La respuesta positiva de la demanda frente a otros medios de transporte en los cinco primeros años de funcionamiento del servicio de alta velocidad entre Madrid y Valencia ha supuesto la inversión de la cuota de mercado respecto al avión y ahora el tren supone el 87,5 por ciento de la cuota de mercado frente al avión.

Ximo Puig justifica su recurso a los PGE por la "asimetría" de la financiación entre comunidades

MADRID.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha denunciado este jueves, tras presentar un recurso ante el TC a los Presupuestos Generales del Estado de 2016, la "asimetría" que existe en materia de financiación entre las comunidades autónomas y la "discriminación" que, a su juicio, sufren los valencianos.

En declaraciones a los periodistas tras presentar el citado recurso, Puig ha recordado que asiste al Alto Tribunal "después de agotar todas las vías de diálogo".

"Venimos al TC a intentar rescatar una parte de aquello que les pertenece a los ciudadanos que viven en la Comunidad Valenciana", ha argumentado, subrayando que hay cinco millones de ciudadanos "valencianos y españoles" que "se sienten discriminados" por la ley de presupuestos de este año.

Según ha explicado, esta norma "sitúa los servicios públicos", sanidad, educación y servicios sociales, en "un espacio de discriminación" entre las distintas regiones.

El presidente autonómico, que ha acudido al TC junto a la consellera de Justicia, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha hecho hincapié en la "infrafinaciacion" de la comunidad.

Concretamente, desde el Gobierno valenciano, piden que se "inconstitucionalice" el fondo de suficiencia global que, a su juicio, "no desarrolla el objetivo del equilibrio entre ciudadanos".

Asimismo, denuncia que se haya incumplido "durante tres años" la renovación del sistema de financiación autonómica que debió llevarse a cabo por parte del Ejecutivo central, que según Puig, ha decidido "de manera arbitraria" no adaptar el modelo "a las nuevas circunstancias".

Aunque el presidente valenciano ha pedido una modificación del sistema de financiación actual --que cuenta con un fondo de suficiencia global para ajustar las diferencias entre las autonomías-- ha aseverado que con este modelo se podría "actuar con equidad si se aplicara dicho fondo de suficiencia global".

En concreto, el recurso se dirige contra la Ley 48/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2016. La iniciativa reclama al Tribunal Constitucional la anulación de las previsiones de saldo del Fondo de Suficiencia regulado en el Título VII, capítulo II, artículos 111 y 112, que se desarrollan en varias secciones y programas anexos.

El cálculo del fondo de suficiencia realizado por el Gobierno en la Ley de Presupuestos indica que la Comunidad Valenciana debe ingresar al Estado en 2016 un total de 1.329,53 millones de euros. Pero no se trata de una cantidad a devolver al final del año, ya que el Ejecutivo central la descuenta de su previsión de entregas a cuenta a la Generalitat para el presente ejercicio, que queda fijada en 7.875,24 millones de euros.

Puig exige explicaciones públicas y responsabilidades políticas de Rita Barberá y Gerardo Camps

MADRID.- El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exigido "explicaciones públicas" de la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP, Rita Barberá, y del que fuera vicepresidente de la Generalitat y diputado popular, Gerardo Camps, y que asuman "responsabilidades políticas".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los periodistas tras acudir al Tribunal Constitucional para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de Presupuestos Generales de 2016, preguntado acerca de la investigación de una trama de corrupción que se saldó con 24 detenidos este martes en la Comunidad Valenciana, en el marco de la investigación del caso Imelsa.
"Hay una parte de responsabilidades políticas que el PP de la Comunidad Valenciana aún no ha asumido", ha señalado. Además, según el presidente autonómico, el PP conocía toda la información desde hace años "y no hizo nada".
Concretamente, ha subrayado que Barberá "es responsable política" también de varias de las actuaciones "fraudulentas" relacionadas con el caso Nóos. En este sentido, ha apuntado que es "discutible" que no esté en el banquillo de los acusados.
Sobre la Operación Taula desarrollada en Valencia, Puig ha apuntado que están siendo investigadas personas que han trabajado "íntimamente con ella". Así, ha pedido "como mínimo" una explicación pública de esta dirigente 'popular' señalando que también ha habido financiación "ilegal" de sus campañas.
Asimismo, a Camps le ha exigido explicaciones ya que, a su juicio, en la región ha habido un "despropósito" en la gestión en la que Camps "tuvo mucho que ver".
Puig se ha mostrado "indignado" tras el desarrollo de esta nueva operación anticorrupción: "No nos merecemos desayunarnos muchos días con lo que ha pasado y efectivamente voy a poner todo lo que esté de mi parte para levantar la hipoteca reputacional y devolver el orgullo a los valencianos", ha recalcado.
Puig sostiene que el PP conocía esta información desde hace tiempo y ha criticado la "utilización de la información según en qué momento". Por otro lado, ha apuntado que la financiación ilegal tiene que desaparecer de la vida pública y, para ella, el "antídoto es la transparencia".

El juez impone fianzas a cinco de los detenidos que suman casi un millón de euros

VALENCIA.- El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa ha impuesto finanzas que suman un total de 965.000 euros a cinco de los 14 detenidos en la Operación Taula que han comparecido ante el juez hasta el momento.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la fianza pecuniaria de mayor cuantía asciende a 500.000 euros y se ha impuesto a un empresario exsuegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Asimismo, pide 150.000 euros a la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón para garantizar responsabilidad civil.

La misma cuantía de 150.000 euros la reclama también el juez a la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen García Fuster, la única arrestada para la que el fiscal solicitó prisión al término de su declaración. Del mismo modo, la fianza al exgerente de la Fundación Jaume II El Just y exjefe de gabinete del Consell Juridic Consultiu, Vicente Burgos, se ha fijado en 150.000 euros.

Finalmente, al ex secretario autonómico de Deportes y exdiputado en las Cortes Valencianas, David Serra, el magistrado reclama una fianza pecuniaria de 15.000 euros.

El Juzgado de Instrucción 18 de Valencia recibirá este jueves a otros diez de los 24 detenidos en la operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana sospechosa de amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

Los otros 14 arrestados ya comparecieron ante el instructor. Todos han quedado en libertad provisional, investigados --término que sustituye al de imputados tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)-- en la causa abierta por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

La primera en pasar a disposición judicial fue la exconcejala de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, María José Alcón. Declaró el pasado martes, el mismo día de su detención. El juez acordó la libertad provisional. Le impuso una fianza de 150.000 euros para garantizar el pago de la responsabilidad civil en caso de condena. En el caso de que no la abone en el plazo establecido, el juzgado procederá al embargo de bienes.

El miércoles por la tarde noche pasaron a disposición del juez otros 13 detenidos. Las declaraciones se prolongaron hasta la madrugada. Todos quedaron en libertad provisional. A cuatro de ellos también se les impuso fianzas pecuniarias.

Además, prestaron declaración dos arquitectos, un extrabajador del Ayuntamiento de Valencia --personal de confianza del grupo popular-- y seis empresarios. Todos quedaron en libertad provisional y mantienen la condición de investigados.

El Juzgado de Instrucción 18 tiene previsto recibir este jueves al resto de arrestados, a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil concluyan sus diligencias y los pasen a disposición judicial. En ellos se encuentran el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia Alfonso Rus, y el exvicepresidente de la corporación provincial y ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

También figuran el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exacalde de Genovés Emilio Llopis y el ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, Salvador Deusa Ibanco, así como cinco empresarios.

La operación llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

En la operación se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública Ciegsa) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent, imputado en la causa, pero que no se halla entre los arrestados en esta macrorredada.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se desarrolló la operación encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.

La investigación se extiende a una presunta financiación irregular del PP valenciano

VALENCIA.- La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos --hay 24-- están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.

Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.

En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado 'popular' Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.

El propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha pronunciado ya sobre este supuesto y, preguntado por si tomará medidas contra Barberá o Camps en caso de ser imputados, recalcaba que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están "absolutamente limpios".

"Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias", proclamó Rajoy, si bien reiteró que cualquier persona acusada será apartada del partido.

La macrooperación desplegada desde el pasado martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas --ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat-- que se descubrió a raíz de la denuncia por el llamado 'caso Imelsa'.

Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.

Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado marzo, el juez incoó diligencias por diversos delitos contra la administración pública --entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales--.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.

Bonig dice que si el juez mantiene la imputación de Novo "tendrá que dejar su acta"

VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha considerado este jueves que si tras la declaración ante el juez del portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia y presidente del PP local, Alfonso Novo, éste sigue imputado y se mantiene "la gravedad de los hechos" que se están conociendo el edil "tendrá que dejar su acta".

En una rueda de prensa para ofrecer su opinión sobre la denominada Operación Taula, Bonig ha instado a esperar a ver qué ocurre en la declaración judicial y saber "de qué se le acusa" para hablar del futuro, al tiempo que ha recordado que la portavoz adjunta en el consistorio, MªÀngels Ramón-Llin, ha asumido la portavocía del grupo en el pleno de hoy.

Preguntada por la posibilidad de nombrar una gestora para dirigir el partido en la ciudad de Valencia, la responsable 'popular' ha reconocido que es "una de las posibilidades" que están estudiando pero que no hay aún una decisión tomada porque, además, antes de tomarla quieren hablar con las bases. A su juicio, el partido "necesita un revulsivo importante en una ciudad que representa muchísimo" para el PP.

Respecto al hecho de que Novo siga siendo presidente del PP local pese a estar suspendido cautelarmente de militancia, ha destacado que no fue detenido y ha apelado nuevamente a esperar a su declaración ante el juez, tras la cual se adoptarán las medidas que se consideren según se mantenga o no su imputación.

Al ser cuestionada sobre las informaciones que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP de Valencia y si ha hablado con algún compañero de esta agrupación, Bonig ha querido ser "cauta" porque el caso está bajo secreto de sumario y "lo único que conocemos es la información que sale en los medios".

Ha explicado que sí ha hablado con compañeros y le han dicho que "no es así", al tiempo que ha recordado que las aportaciones a los partidos y grupos "se hacen en todos" los partidos y eso "es legal", por lo que ha querido ser "prudente" hasta conocer más datos.

La presidenta del PPCV ha dicho, preguntada sobre si le preocupa que el caso pudiera salpicar a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá o al exvicepresidente segundo del Consell Gerardo Camps y si, de producirse estas imputaciones, serían igual de contundentes, que "evidentemente" lo serían, pero ha recalcado que "a fecha de hoy no han sido ni detenidos ni citados" ni siquiera como testigos y no se les está investigando "que sepamos oficialmente", por lo que ha pedido "respeto a la presunción de inocencia".

Asimismo, ha reconocido que ha hablado con Barberá y "mientras no se demuestre lo contrario "es inocente" y "hay que ser prudentes".

La presidenta del PPCV ha comenzado su intervención asegurando que el pasado martes fue un día "bochornoso y negro", que no le gustaron "las imágenes y los delitos" que se les imputan a los detenidos e investigados --antes imputados-- y que su sentimiento es de "rabia e indignación".

No obstante, y tras "pedir perdón por los errores que se han cometido", Bonig ha recalcado que su partido ya ha iniciado un proceso de regeneración que "no tiene vuelta atrás" porque considera que a política "se viene a servir y nunca a ser servidos" y, por tanto, mantiene una actitud de "tolerancia cero a la corrupción".

Ha agregado que ahora se abre la oportunidad de construir un PPCV "sólido, honrado y decente" en el que se destierren los comportamientos y las personas que "no han estado a la altura de la honradez" tanto del partido como del conjunto de los valencianos" y ha recordado que, dada la alarma social, el PP ya decidió suspender de militancia y abrir expediente a todos sus cargos detenidos e investigados, cesar a los dos asesores de la Diputación de Valencia arrestados y hacer lo propio con la secretaria del grupo popular en el consistorio, Mª Carmen García Fuster.

El PP municipal cesa a García Fuster como asesora y secretaria del grupo en el Ayuntamiento de Valencia

VALENCIA.- El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia ha cesado, como asesora y secretaria, a María del Carmen García Fuster tras su detención el pasado martes en la operación 'Taula', llevada a cabo por la Guardia Civil dentro de la investigación del caso Imelsa.

Así lo ha indicado este jueves la portavoz adjunta de esta formación en el consistorio, Maria Àngels Ramón-Llin, que ha señalado que así se ha dejado "sin efecto" el nombramiento de García Fuster.

Ramón-Llin se ha pronunciado de este modo antes de comenzar el pleno ordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Valencia, una sesión durante la cual ha ejercido como portavoz del PP en ausencia de su portavoz, Alfonso Novo, imputado --investigado de acuerdo a la nueva terminología de la Lecrim-- dentro también del caso Imelsa y pendiente de prestar declaración ante el juez.

La edil 'popular' ha señalado que, "tal como se habló con el alcalde" de la ciudad, Joan Ribó, "se procede a dejar sin efecto" el nombramiento de García Fuster como asesora y secretaria del grupo municipal del PP.

De este modo, ha asegurado que esta formación tiene previsto "hacer efectivo" este planteamiento "rápidamente" con el registro del correspondiente escrito en el consistorio, con lo que "deja de ser asesora y secretaria del grupo municipal del Partido Popular.

María del Carmen García Fuster quedó en libertad bajo fianza este miércoles tras prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa. El magistrado adoptó esta medida en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía su ingreso en prisión.

Por otro lado, preguntada por el asesor del PP Luis Salom, imputado también en esta causa -investigado según la nueva terminología de la Lecrim--, la portavoz adjunta de este grupo municipal ha comentado que "de momento" no se ha producido ninguna decisión respecto a su situación.

"De momento, vamos a ver, son situaciones distintas", ha apuntado comparando la de Salom, que debe declarar ante el juez, y la de García Fuster, que fue detenida.

Ramón-Llin ha confiado en que tanto la declaración de Alfonso Novo como de Luis Salom ante el magistrado que instruye el caso Imelsa se puede producir "cuanto antes", además de manifestar que espera que "se aclare la cuestión en beneficio de todos, de ellos, del grupo 'popular', del PP y del sistema democrático".

Pilar de la Oliva, reelegida presidenta del TSJCV

MADRID.- El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido a Pilar de la Oliva presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por 12 votos.

La magistrada Pilar de la Oliva optaba a la reelección como presidenta del alto tribunal valenciano tras cinco años en el cargo. Esta valenciana llegó al tribunal en octubre de 2010, en sustitución de Juan Luis de la Rúa, en un momento en el que estaban pendientes asuntos de gran interés político y mediático como el conocido caso de los trajes que sentó en el banquillo de los acusados al entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps.
De la Oliva, que fue nombrada en 2010 para un primer mandato en el Tribunal Superior, ha sido reelegida con 12 de los 21 votos del pleno del Consejo, frente a los 9 logrados por el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, que también aspiraba al cargo, según un comunicado del CGPJ,
Los candidatos a presidir el TSJ valenciano eran, además de De la Oliva y Magro, el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, Pedro Castellano, y el titular del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia, Juan Francisco Mejías.
Según el comunicado del CGPJ, Pilar de la Oliva tiene acreditada la especialización en Derecho Civil de la Comunitat Valenciana y el conocimiento de la lengua valenciana. También habla francés e italiano.
Ha participado como ponente en numerosos cursos, jornadas y seminarios y en 2015 dirigió el curso de Macrocausas para el programa de despliegue territorial de formación del Consejo General de Poder Judicial.

De la Oliva, valenciana de 59 años, ingresó en la carrera judicial en 1982 tras licenciarse en Derecho. Sus primeros destinos como juez de primera instancia e instrucción fueron los juzgados de Calamocha (Teruel) y Llíria (Valencia). 

Tras ascender a la categoría de magistrada ejerció en juzgados de Mataró (Barcelona) y Castellón. En 1996 llegó al juzgado de Instrucción número 10 de Valencia, donde permaneció 23 años como juez titular.

Tras estos años en instrucción, su carrera dio un vuelco cuando en octubre de 2010, el CGPJ le designó nueva presidenta del TSJCV en sustitución del magistrado Juan Luis de la Rúa.

El PPCV recalca que las cuentas del partido están auditadas por el Tribunal de Cuentas

VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha resaltado este jueves que las cuentas del partido, tanto a nivel regional como nacional, están auditadas por el Tribunal de Cuentas, al ser preguntada sobre las informaciones que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP valenciano, en el marco de las investigaciones de la Operación Taula, y las supuestas 'mordidas' del 3 por ciento cobradas durante una década.

Bonig ha señalado que el caso está bajo secreto de sumario y cuando éste se levante podrá verse si esto es así. De confirmarse, ha dicho, "nos parece bochornoso y repugnante como no puede ser de otra forma" y pondrán en marcha "todas las medidas para que no suceda".

Ha explicado que "el partido presentaba sus cuentas, han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas" e incluso hay una investigación en este órgano y ya dirán los tribunales "lo que tengan que decir".

Preguntada sobre si considera que debe reforzarse el control interno de las cuentas, ha destacado que el PP opta desde hace tiempo por "gerentes con un perfil técnico" y ha incidido en que el PPCV presenta sus cuentas en Madrid, el partido "da el visto bueno" y después son auditadas por el Tribunal de Cuentas".

También, ha agregado, están estudiando la posibilidad, "como pasa en muchas empresas públicas o privadas, de que una auditoría externa audite, pero eso ya se está haciendo", ha dicho, porque el Tribunal de Cuentas las fiscaliza.

Asimismo, ha puesto en valor que "si hoy se puede investigar a una persona jurídica es porque el PP ha reformado el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que eso sea posible" porque "hasta ahora la responsabilidad penal era para personas físicas". También se han endurecido las penas por delitos de corrupción y la financiación ilegal, ha dicho, para resaltar que "otros hablan mucho de regeneración pero no apoyaron al PP en estas medidas".

La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los detenidos --hay 24-- están el expresidente 'popular' de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.

Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad y que algunos altos cargos 'populares' tuvieran conocimiento de estos hechos.

En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado 'popular' Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.

El PPCV demandará a sus cargos condenados por corrupción por los daños a la imagen del partido y sus militantes

VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha anunciado este jueves que el partido va a llevar a cabo una medida hasta ahora "inédita" en la política y presentará una demanda por vía civil para reclamar a todos sus cargos condenados por corrupción, con sentencia firme, para pedir una indemnización por los daños y perjuicios causados a la imagen del partido y sus militantes y simpatizantes.

Así lo ha avanzado en una rueda de prensa en la que ha explicado que esta acción está regulada en el artículo 1902 del Código Civil y el dinero que se recaude irá destinado a los fines sociales que se determinen .

Los servicios jurídicos del partido ya están estudiando la demanda al exconseller Rafael Blasco, en prisión tras ser condenado con sentencia firme por el caso Cooperación. 

Según ha recalcado Bonig, con esta acción se pretende que, con independencia de las responsabilidades civiles y penales que determine el juez, "hay que dar un paso más" y que los condenados por corrupción "paguen por el daño que han hecho a la imagen del PP y de sus militantes".