martes, 23 de marzo de 2010

Salgado ve necesario mayor control de las finanzas locales y se compromete a que los ayuntamientos rindan cuentas

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, consideró anoche necesario un mayor control y una mayor transparencia de las finanzas públicas de las entidades locales y la gestión de sus presupuestos, para lo cual se comprometió a que los ayuntamientos "rindan cuentas".

En respuesta a una interpelación del senador navarro Francisco Javier Tuñón, Salgado avanzó que aunque la teoría diga una cosa, "no siempre se convierte en realidad", de modo que aseguró que por este motivo el Gobierno y el Tribunal de Cuentas están trabajando para que los municipios sean fiscalizados.

Sin embargo, admitió que esto "no es suficiente", de modo que recordó que el Ejecutivo ha puesto en marcha ciertas medidas de, por ejemplo, lucha contra la morosidad, creación de un registro de facturas así como el proyecto de ley de economía sostenible, que plantea controles de la actividad presupuestaria local.

Aún así, la vicepresidenta segunda se comprometió a "seguir en esta línea" y tratar de "mejorar la transparencia" porque dijo ser "consciente de que las funciones de intervención en las entidades locales tienen que reforzarse".

En definitiva, subrayó que el objetivo del Gobierno se centra en "mejorar la eficiencia en la gestión pública", lo que requiere "más transparencia a la hora de rendir cuentas ante los ciudadanos" y medidas de control de todas las administraciones que han de ser "absolutamente respetuosas dentro de cada marco competencial".

Salgado respondió así al senador Tuñón, quien consideró "importante" incluir a los ayuntamientos en la "cultura de la fiscalización pública", para lo cual opinó que las auditorías evitarían muchas "prácticas irregulares".

"Si dejas tantos espacios abiertos, la gente se aprovecha. Hay tantos casos de corrupción porque se los hemos dejado en bandeja", señaló.

En este sentido, preguntó a la vicepresidenta segunda si se habrían dado casos como el de Marbella si estas entidades locales se hubieran fiscalizado.

Según recordó, han pasado casi 30 años y "los ayuntamientos todavía no rinden cuentas", algo que consideró necesario para "homologarnos a Europa", donde hay control interno y externo en el que se recurre a la empresa privada y a los sistemas mixtos.

Por otra parte, Salgado avanzó en respuesta a una pregunta del senador del Grupo de CiU Joan Maria Roig que la liquidación de los tributos del Estado por parte de los ayuntamientos en el ejercicio de 2008 ascenderá a unos 1.500 millones de euros.

La ministra afirmó que el Gobierno ha dado "ciertas facilidades" a los entes locales, como retrasar la liquidación definitiva de los tributos estatales, si bien también les ha pedido un "pequeño esfuerzo" en el plan de austeridad del Gobierno.

El senador Roig pidió previamente que "se articulen los mecanismos adecuados para que los ayuntamientos continúen prestando servicios a los ciudadanos", pese al alto nivel de endeudamiento con la Administración central. A su juicio, "se debe ir más allá de la prórroga de un año adoptada para paliar esta grave situación".

De hecho, subrayó que aunque "muchos ayuntamientos habrán de hacer un ejercicio profundo sobre su gasto y sobre los servicios", paralelamente el Gobierno debe ser "consciente de que los consistorios no pueden responsabilizarse de la disminución galopante de los ingresos que ha sufrido el Estado".

Para solucionar esta situación, Roig llamó la atención de la ministra para la aprobación de una nueva financiación de las haciendas locales, algo en lo que, según Salgado, el Gobierno está "trabajando" para que también las comunidades autónomas asuman sus compromisos y los ayuntamientos dejen de asumir competencias impropias que no les corresponden.

El PSPV enmienda a la totalidad la Ley de Régimen Local porque "no garantiza la autonomía financiera a los ayuntamientos"

VALENCIA.- El portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ximo Puig, anunció hoy, tras la finalización del plazo parlamentario para presentar enmiendas, que enmendará a la totalidad el anteproyecto de la nueva Ley de Régimen Local por considerar que "no garantiza la autonomía financiera a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana".

En un comunicado, Puig ratificó la "voluntad de acuerdo" de los socialistas valencianos y reivindicó la "necesidad de consenso" para "sacar adelante una ley que marcará las reglas de juego de las corporaciones municipales".

Según el portavoz socialista, el anteproyecto de ley "no responde a criterios de modernidad, agilidad y eficacia que se le exigen cada día más a las instituciones más cercanas a los ciudadanos", al tiempo que "se sigue sin asumir la creación de un fondo de cooperación municipal con el objetivo de que la distribución de los fondos a los municipios deje de estar condicionada".

En este sentido, sostuvo que "la financiación de los ayuntamientos ha sido una asignatura pendiente y la presente ley debe abordar la dotación de un fondo autonómico para que de una manera incondicionada se le dé cobertura al principio de autonomía local"

Puig indicó asimismo que "la cultura de la subvención de los otros niveles de la estructura del Estado frente a los entes locales es una perversión del sistema que hay que zanjar entre todos cuanto antes".

Políticos expertos en extranjería reivindican en el Icav un debate sobre el modelo migratorio en España

VALENCIA.- Representantes de grupos políticos y sindicales reivindicaron hoy en el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav) un debate sobre el modelo migratorio en España, después de que entrara en vigor el pasado mes de diciembre de 2009 la nueva Ley de Extranjería, según informó en un comunicado esta entidad.

Al respecto, la vicesecretaria de comunicación del PP y concejal de Bienestar Social e Integración en el Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, criticó la nueva ley por cuanto que "consagra el modelo anterior de 'papeles para todos'", y señaló como puntos negativos la "indefinición del modelo de inmigración que quiere el país cuando el resto de Europa sí lo ha hecho, la ausencia de acciones contundentes contra las mafias que trafican ilegalmente con personas, el estancamiento del fracasado problema de retorno voluntario, la aplicación del arraigo a los irregulares tras dos o tres años de estancia ilegal en nuestro país o la escasa mención de políticas de integración para los inmigrantes".

La edil incidió, además, en que el fenómeno migratorio tiene una dimensión "especial" en la Comunitat Valenciana, ya que es una de las autonomías que más inmigración ha absorbido en los últimos años.

"Sólo en la ciudad de Valencia hemos pasado de 5.000 extranjeros en 1991 a 123.000 en 2009. No sólo es significativo el alto porcentaje de población extranjera, sino también la rapidez con que se ésta se ha incrementado", explicó.

En este sentido denunció que "a pesar de este aumento, el Gobierno central ha reducido en un 30 por ciento los fondos para inmigración, y ha recortado en 3.000 millones de euros las partidas para el desarrollo de políticas migratorias por parte de los ayuntamientos".

En su opinión, "el esfuerzo de medios técnicos y humanos que hacen las administraciones locales para ofrecer servicios públicos de empleo, de sanidad o educación exige una coherencia presupuestaria", dijo.

Por su parte, el diputado de Convergència i Unió (CiU) Carles Campuzano, explició que la sociedad española "puede sentirse razonablemente satisfecha" de cómo ha encajado la realidad migratoria, y que el mérito es "del sentido común de la ciudadanía y del esfuerzo de la sociedad civil, a través de sindicatos y organizaciones, así como de las administraciones autonómicas y locales".

El diputado apuntó que el verdadero reto al que se enfrenta España ahora "es solucionar los problemas de una sociedad mucho más diversa y con altas tasas de desempleo".

Carles Campuzano criticó que, a pesar de este cambio de coyuntura, el nuevo texto sigue siendo continuista con el modelo de inmigración que tiene España desde el año 1985.

"Nuestro modelo migratorio es eminentemente laboral, es decir, depende del mercado de trabajo como principal vía de acceso. Este modelo se mantiene en la ley actual, cuando dicho texto debería adecuarse al nuevo escenario. Deberíamos plantearnos: 'cuando pase la crisis, ¿qué modelo migratorio queremos?'. Aun así, creemos que es positivo que se incorpore por primera vez principios y alusiones a la integración social de los extranjeros", matizó.

El abogado de Comisiones Obreras José Antonio Moreno, experto en Extranjería, elogió la capacidad española para absorber en un corto período de tiempo el gran contingente migratorio, y afirmó que Europa "nos mira con admiración en materia de Extranjería, porque lo que otros países han hecho en décadas, nosotros hemos sabido hacerlo en menos de 10 años".

El balance del tratamiento del fenómeno inmigratorio en España "es positivo, es un éxito social, un éxito laboral y un éxito económico, pero un auténtico fracaso político porque no ha habido ningún cambio de enfoque en la política migratoria desde 1985", declaró José Antonio Moreno.

Este experto apuntó que actualmente España vive un panorama distinto a otras etapas en materia de inmigración. "El tiempo de la 'solidaridad' con los inmigrantes se ha acabado.

Ahora nos toca convivir, que es mucho más complicado, porque significa respetar la diferencia y la diversidad de valores", subrayó el abogado de Comisiones Obreras, que criticó la nueva ley por ser "inoportuna e insuficiente, cuando debería ser una ley integral".

José Antonio Moreno explicó, además, que algunos aspectos positivos de la nueva ley son el reconocimiento de los derechos de los inmigrantes a la huelga y a la sindicación, y considera que todos los trabajadores, también los irregulares, deben tener derecho a prestaciones por desempleo.

"La Organización Internacional del Trabajo recomienda expresamente que las consecuencias del desempleo deben ser las mismas independientemente de la procedencia y situación del trabajador", declaró.

El PSPV cree que la "desfachatez" de Gerardo Camps "puso en evidencia una vez más su inconsistencia política"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Corts y responsable de Economía de la dirección del PSPV, Cristina Moreno, aseguró hoy que la "desfachatez desorbitada" del vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "puso en evidencia una vez más su inconsistencia política".

La diputada recordó en un comunicado el compromiso económico de "los dos Camps" --en referencia también el jefe del Consell-- de reducir el déficit público de la Generalitat Valenciana a través de la reducción del sector público y de las empresas públicas dependientes del Gobierno valenciano y lo contrapuso con el "flagrante incumplimiento de ese compromiso hasta la fecha", y con la abstención de ayer del vicepresidente económico del Consell a la hora de votar un plan de austeridad para las instituciones públicas.

Según Moreno, "la desfachatez de Gerardo Camps no tiene límites, puesto que se atreve a decir que la Generalitat valenciana ha hecho los deberes y se atreve a abstenerse en la votación del plan de austeridad para las instituciones públicas cuando en la Comunitat Valenciana los indicadores económicos le dan calabazas día tras día y cuando el derroche y la falta de control sobre las cuentas públicas" del Consell "se hacen más evidentes".

Para Moreno, "es necesario que el Consell se ponga a trabajar de una vez para superar la crisis como el resto de los gobiernos autonómicos de España porque los deberes se pueden hacer bien o mal".

"Y todos los indicadores económicos de la Comunitat Valenciana demuestran que el Consell, o no hace los deberes como cuando incumple sus compromisos, o los hace muy mal", concluyó.

La central nuclear Cofrentes pedirá un permiso para operar 10 años más

VALENCIA.- El director general de la central nuclear de Cofrentes, Felipe Galán, aseguró hoy que su equipo ha solicitado una revisión periódica de seguridad de la instalación con el fin de pedir un nuevo permiso para operar durante 10 años más, ya que, tras sus 25 años de vida, la instalación se ha "modernizado permanentemente" de forma que cuenta con "los requisitos que se exigen" a una planta "que se empieza a construir hoy".

Galán hizo estas declaraciones en su comparecencia en la Comisión de Seguridad Nuclear de las Corts Valencianes, donde aseguró que la central de Cofrentes dispone del mejor nivel de seguridad de las instalaciones españolas y reclamó que no se "asuste a la gente creando problemas donde no los hay".

Luna cree que "no pasa nada" por que algunos ex diputados reclamen el derecho de pensión en los tribunales

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, aseguró hoy que "no pasa nada" por que algunos diputados de la Cámara autonómica reclamen en los tribunales el derecho a cobrar una pensión, tal y como se preveía tras la modificación del Reglamento de las Corts en la legislatura pasada, y que fue derogado en el periodo actual de acuerdo a los informes jurídico y económico de los servicios de la Cámara

Luna se pronunció de esta manera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la que se fijó la celebración de la Comisión de Gobierno Interior para el 30 de marzo, en la que "se supone que nos van a entregar algún informe en relación a los ceses de los diputados", dijo.

En este sentido, explicó que una vez anulado el reglamento de las pensiones, "quedaba abierto el de los ceses", en el que mantiene la "posición razonable de que si el diputado no tiene que tener privilegios, tampoco tiene que tener perjuicios" y "en la medida que no tenemos derecho al seguro de desempleo cuando terminamos nuestro mandato y no accedemos otro trabajo, se trataba de complementar de alguna manera ese vacío, equiparando al diputado a cualquier trabajador normal y corriente".

De esta manera, preguntado por la "intención" de algunos ex diputados socialistas y del PP de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la derogación del sistema de pensiones de las Corts, Luna explicó que "en contra de lo que opina el presidente Camps, para quien acudir a la Justicia supone violentar no sé muy bien qué, mantengo que es una manera civilizada de resolver las diferencias de opinión".

"La Justicia es una institución del Estado a la que hay que acudir cuando el conflicto no se puede resolver por la vía del diálogo y no pasa nada por que alguien mantenga una posición discrepante de lo que sea y acuda a la Administración de Justicia", dijo.

Por tanto, "me parece perfectamente razonable que si alguien entiende que una determinada resolución de la Mesa de la Cámara ha violentado algún derecho al que cree tener derecho, que acuda a los tribunales a reclamar lo que entiende que es suyo", subrayó.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) suspendió cautelarmente en 2007 el acuerdo de la Mesa de las Corts de modificación del Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones para ex diputados, aunque esta decisión fue recurrida.

En la actual legislatura, la presidenta ha recibido diversos informes de los servicios de la Cámara ante las peticiones de varios ex parlamentarios que reclaman el cumplimiento de dicho acuerdo.

Blasco asegura que están "muy contentos" de que se levante "cuanto antes" el secreto del sumario Gürtel

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, aseguró que están "muy contentos" de que "pueda levantarse cuanto antes" el secreto de sumario sobre el 'caso Gürtel' --previsto para el 5 de abril--, porque "dejarán de hacerse interpretaciones o, a veces, filtraciones intencionadas" sobre este asunto.

Blasco se pronunció de esta manera tras ser preguntado por si los 'populares' tienen "miedo" del levantamiento del sumario del 'caso Gürtel' que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El responsable 'popular' apuntó que "no sólo no tenemos miedo sino que estamos absolutamente satisfechos de ver que por una vez va a levantarse el secreto de sumario", y entienden se trata de algo "positivo porque dejarán de hacerse interpretaciones o, a veces, filtraciones intencionadas", subrayó.

"Es un motivo de satisfacción que la Justicia funcione como debe funcionar" y eso va a ser un elemento "muy positivo" porque va a "poder centrar una información sobre datos reales y no como ha sido hasta ahora con filtraciones de contenidos, saltándose a la torera el funcionamiento de un Estado de Derecho, con afirmaciones no contrastadas y que han servido para utilizarlas de forma interesada", insistió.

El síndic 'popular', que señaló que "hay que respetar el funcionamiento de la Justicia", agregó que están "muy contentos de que eso --el levantamiento del secreto del sumario-- se pueda producir cuanto antes".

El portavoz del PSPV en la Cámara, Ángel Luna, recordó que lo que se ha hecho ha sido "prorrogar" el secreto de sumario y no es "ningún anuncio" que el levantamiento se vaya a producir".

Al respecto, añadió que "en función de lo que ahí se levante, derivará tanto nuestra actuación política como la judicial", al tiempo que apuntó que todavía no ha habido contestación del TSJM sobre su personación en el caso.

"Políticamente, nuestra dinámica no tiene ningún condicionante, ya que no vamos a dejar de luchar por conseguir que haya transparencia en la vida pública valenciana", añadió Luna, quien apuntó que a ellos no les interesa "meter esto en un lodazal" ni tampoco les interesa "temas de la vida privada de nadie siempre que no tengan que ver con dinero público o abuso de poder".

Así, remarcó que "donde no hay dinero público ni abuso de poder", cada uno "puede hacer con su vida privada lo que quiera".

Luna, además, señaló que si con todo lo que se conoce del 'caso Gürtel' "aquí cayera una cortina de humo" y se siguiera "como si no hubiera pasado nada", se le estaría entregando al PP una "patente de corso para que siguieran haciendo lo mismo que han estado haciendo hasta ahora".

Igualmente, el síndic de Compromís, Enric Morera, consideró necesario el levantamiento del secreto de sumario para se conozca "cuanto antes" si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "está o no imputado" porque no se puede seguir con esta "situación de desgobierno" de la Comunitat. En su opinión, el jefe del Consell "está huyendo de la realidad" con sus viajes oficiales.

Además, el portavoz de Compromís indicó que la diferencia con la rama madrileña de este asunto es que allí la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha cesado consejeros por su presunta implicación, mientras que en la Comunitat "puede que Camps esté imputado", apostilló.

Los trabajadores de Zirconio no aceptan las condiciones del ERE que afecta a 129 empleados

CASTELLÓN.- Los trabajadores de Zirconio afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa a finales de febrero acordaron hoy no aceptar las condiciones este expediente, que contempla el despido de 129 empleados con la indemnización mínima que marca la legislación, 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, según explicaron en un comunicado los responsables de la sección sindical de UGT en la empresa.

Los representantes sindicales señalaron que los trabajadores mantendrán las movilizaciones frente a la sede de la empresa y estudian la posibilidad de realizar una manifestación por la localidad de Vila-real e, incluso, concentrarse ante el domicilio de los propietarios en Barcelona.

Al mismo tiempo, los trabajadores denunciaron que la empresa aún no ha pagado ninguna nómina a los empleados desde que se inició el año y también que sólo ha abonado la paga extra de Navidad de 2009 a una parte de la plantilla, lo cual consideran una "discriminación".

Los responsables sindicales indicaron que la azulejera dio permiso retribuido a unos 115 trabajadores desde el uno de febrero, a los cuales la firma cerámica no les ha abonado la paga de Navidad. Por ello, los representantes de UGT en la empresa exigen a la dirección de Zirconio que "rectifique y abone de forma inmediata la paga a los empleados que han sido discriminados".