Muchas dudas tras las acciones de la CAM, según "El Mundo"

MADRID.-No todos los productos financieros novedosos tienen por qué ser atractivos. De hecho, en una coyuntura como la actual, pocos vehículos de inversión consiguen el respaldo de los inversores, por muy sofisticados o pioneros que parezcan. Eso es lo que le ha ocurrido a la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que esta semana protagonizó un hito en la historia bursátil al ser la primera caja en saltar al parqué a través de la emisión de cuotas participativas, según "El Mundo".

Estos valores, semejantes a las acciones ordinarias pero que no otorgan derechos políticos al portador, permiten a una caja de ahorros acudir al mercado para aumentar sus recursos y fortalecer sus ratios de solvencia y capital. Sin embargo, la emisión de cuotas de la CAM apenas ha contado con el beneplácito del mercado, que duda tanto del emisor como de la evolución que puedan tener estos valores a medio plazo.

«Creo que el interés de estos valores para los inversores es muy limitado y, por tanto, no auguro en el corto plazo un gran comportamiento de las cuotas participativas de la CAM», señala Juan José Fernández-Figares, jefe de análisis de Link, quien recuerda, además, que la caja alicantina ha logrado colocar su emisión en el tramo minorista gracias a su amplia red comercial, pero que eso será un impedimento para otras entidades más pequeñas que quieran seguir sus mismos pasos.

Otro de los inconvenientes que ven los analistas en esta colocación es la escasa liquidez de las cuotas, ya que se ha colocado una parte muy pequeña del capital -sólo un 7,5%- por un importe total de 292 millones, mucho menos de los 1.000 millones que estimaba la entidad cuando empezaron a sonar los rumores de su salida a Bolsa.

«Hoy por hoy no recomendaría a ningún inversor comprar cuotas participativas de la CAM», dice tajante un miembro de Renta 4. Además, el dividendo que puedan recibir los accionistas será mucho más bajo que cualquier otra cotizada, ya que la caja primero tendrá que destinar un importante porcentaje del beneficio a obra social y reservas. Finalmente, el pay out de la compañía podría rondar el 3% o 4%.

Y entre los grandes rivales de las cajas, los bancos, tampoco se augura un futuro muy prometedor a las cuotas de la CAM. Una entidad española calcula que el verdadero valor de la caja es la mitad del utilizado para su salida a Bolsa. De cumplirse su augurio, el valor de las cuotas de la CAM se situaría por debajo de los tres euros.

Eso, en todo caso, es el futuro. La realidad es que en las tres primeras sesiones, las cuotas de la CAM han caído un 2,3% hasta los 5,70 euros. Incluso en la primera jornada, los títulos de la entidad habrían cerrado con un retroceso cercano al 5% de no ser por el rescate llevado a cabo por MB Capital Markets, el broker contratado por la entidad para sujetar el valor y que en la subasta de volatilidad al cierre de la sesión realizó el 93% de las adquisiciones por un valor superior a los 3,5 millones de euros. Ese día, además, la Bolsa subió casi un 3%.

MB Capital Markets actuará junto con Lehman Brothers, el banco estabilizador del valor, durante los 30 días posteriores a la salida a Bolsa con el fin de mantener la cotización en niveles estables. También la CAM actuará con operaciones de recompra de títulos, sobre todo a medida que algunos inversores institucionales -otras cajas españolas, principalmente- decidan reducir su participación.

Fuentes del mercado advierten de que durante los primeros días el comportamiento de los títulos puede ser engañoso debido a estas operaciones, y creen que la CAM no tardará en notificar que ya ha alzanzado un 1% de autocartera, señal inequívoca de una desconfianza del mercado en sus cuotas participativas.

Un instrumento que puede quedar en entredicho

Las cuotas participativas fueron reguladas por el Gobierno del Partido Popular justo antes de que expirara su mandato en 2004.Un decreto del 20 de febrero de ese año, apenas tres semanas antes de las elecciones, legisla todo lo concerniente a este instrumento.

Una prueba de la poca fe que ha despertado es que ha sido necesario esperar más de cuatro años hasta que una caja de ahorros se ha atrevido a lanzar una emisión. Y, a la vista del resultado inicial, pueden pasar otros cuatro años hasta que llegue el siguiente. No en vano, la CAM ha tenido que recurrir a los amigos para cubrir la parte institucional de su emisión de cuotas, y eso que apenas llegaba a 100 millones de euros.

La parte institucional es clave, ya que es la que fija el precio definitivo de la salida a Bolsa. En este caso se estableció en el más bajo del rango (5,84-7,30 euros).

Por eso la CAM tiró de otras cajas para que arrimaran el hombro y se hicieran con cuotas dentro de ese tramo institucional.

Y seguramente son estas mismas entidades las que ahora están lanzándose a vender las participaciones adquiridas antes de que el valor se desplome, como auguran la práctica totalidad de los analistas. El problema son los miles de inversores particulares, la mayoría clientes de la CAM, que se pueden ver atrapados en una inversión poco rentable, al igual que lo ha sido, por ahora, la salida a Bolsa de Criteria, el holding de La Caixa.

En ninguno de los casos el momento elegido ha sido el más apropiado.Y en el horizonte llega Cibeles, el holding en el que Caja Madrid va a integrar sus participaciones financieras y que podría salir a Bolsa en el mes de noviembre.

Corrupción y poder / José Vidal-Beneyto*

Los dos términos que encabezan esta columna forman una indisociable pareja que protagoniza uno de los comportamientos más frecuentes y lamentables de nuestra triunfal democracia capitalista, cuya ilustración paradigmática representan hoy los antagónicos destinos, uno en la derrota, el del periodista Denis Robert, y otro en la apoteosis del triunfo político-empresarial, el de Silvio Berlusconi.

El primero es un escritor francés y obstinado profesional de la investigación periodística, Denis Robert, cuya actividad de base es el periodismo, que logra reunir en 1996 a siete grandes magistrados anticorrupción y lanza con ellos elLlamamiento de Ginebra, que quiere ser la convocatoria de una acción contra el capitalismo negro y la criminalidad financiera organizada.

A golpe de libros de ensayo en los que presenta análisis de casos concretos, siete libros en los últimos diez años; de obras de ficción, ocho novelas sobre la misma problemática en el mismo periodo de tiempo; así como de una combativa filmografía, que cuenta ya con seis películas, siempre con variaciones sobre los malhechores de cuello blanco; y sobre todo gracias a una incansable movilización personal de todos los instantes, de la que da cuenta diaria en su blog La dominación del mundo, se ha convertido en el gran debelador de la corrupción financiera mundial.

Su acción se centra en la denuncia de las trampas y turbiedades de los paraísos fiscales, y más concretamente de las prácticas de las cámaras de compensación bancaria, concretamente en las de Clearstream, basada en Luxemburgo, que conjuntamente con Euroclear, representan las dos principales sociedades mundiales de clearing (compensación) financiero, instrumentos absolutamente indispensables para el buen funcionamiento de la globalización financiera, y según los datos que aporta nuestro autor, insustituibles en las prácticas de fraude fiscal masivo y de blanqueo de dinero.

Lo que tenía que producir y produjo el enfrentamiento con la poderosísima Clearsteam, cuyas prácticas expuso en sus libros Revelaciones y La Caja Negra, publicados en España por Ediciones Foca y en su documento audiovisual Los Disimuladores o el asunto Clearstream contado a un obrero de Daewoo.

Lo que se ha traducido en su inculpación en 32 procedimientos judiciales, en el acoso incesante judicial de que le han hecho objeto los inspectores judiciales luxemburgueses, con más de 200 visitas de control personal y profesional, sin olvidar la inverosímil condena por difamación al pago de 12.500 euros, impuesta por un tribunal de Burdeos por afirmaciones, que para un profano parecen muy moderadas y que fueron pronunciadas hace más de dos años, al igual que la reclamación por el Tribunal de Luxemburgo (audiencia civil) de 100.000 euros de indemnización por los 421 ejemplares vendidos en dicho país del libro Clearstream, o la reciente acusación de la fiscalía de París contra él por abuso de confianza con dolo y por robo de documentos bancarios.

Sin citar los reiterados intentos de embargo de sus bienes y el insoportable hostigamiento de todas las fuerzas que el gran poder social y político de Clearstream ha sido capaz de movilizar contra él.

Frente a ellos, Denis Robert sólo cuenta con los irrecuperables de la izquierda social e ideológica, en especial ATTAC, y con los últimos escasos reductos de la honestidad política de los partidos de la izquierda clásica. En esta situación ha decidido tirar la esponja, como acaba de anunciarnos en un vencido e-mail a los amigos con cuya, tan poco eficaz solidaridad, todavía cuenta.

"Tengo la impresión, escribe, de ser más perseguido y sancionado por informar sobre la delincuencia financiera que si hiciera una apología del nazismo... mi blog está vigilado... Queríais destruirme y arruinarme... Queríais que me callara, pues me callo. Pero muchos juicios siguen aún suspendidos y todavía es posible una comisión de investigación del Parlamento Europeo. A todos los que me han acompañado en este trabajo os digo: gracias y perseverad. La lucha sigue aunque ahora tenga que callarme".

Simultáneamente asistimos a la apoteosis de Silvio Berlusconi, de quien su antecesor en la jefatura del gobierno italiano, Romano Prodi, decía que acabaría comprándolo todo, tal vez salvo el papado. Pero la nutrida saga político-judicial del Caimán, como le llaman en su país, de la mano de su abogado británico, David Mills, no cabe aquí y habrá que dejarla para otro día.

* Valenciano y Catedrático de las Universidades de París y Madrid

La insolidaridad fiscal / Joaquín Aurioles*

El revuelo levantado en torno a las balanzas fiscales publicadas recientemente por el Ministerio de Economía tiene más de fuegos artificiales que de evidencias sobre beneficiados y perjudicados por el sistema fiscal español. Las comunidades deficitarias, es decir, las que aportan más al Estado de lo que reciben, coinciden con las más ricas, como no podía ser de otra manera, mientras que son las más pobres las que presentan un saldo positivo de intercambios.

No está claro, sin embargo, que de este resultado pueda deducirse que las primeras soportan el coste de la solidaridad entre los territorios y que las segundas son las que se benefician, puesto que el sistema impositivo es el mismo para cada uno de nosotros y todos contribuimos de la misma manera a los ingresos del Estado, en función de nuestra capacidad individual.

No hay, por tanto, solidaridad entre los territorios a la hora de pagar impuestos, dado que ni las leyes ni los gobernantes discriminan a favor de unos y en contra de otros, pero sí que puede manifestarse a la hora de aplicar el gasto. Puede admitirse que cuanto mayor sea el contraste entre la distribución del gasto y el nivel de renta o de PIB por habitante, mayor será el compromiso de solidaridad del gobierno de turno.

Otra cosa es la potencia redistributiva del sistema, que resulta de la acción conjunta de un sistema fiscal progresivo, que hace pagar más al que más tiene, y de una política de gasto público que da prioridad a los que menos tienen.

Lo que no se ha explicado de los datos publicados por el Ministerio es que en los balances fiscales de las comunidades aparecen bastantes reflejos de regresividad, que bien podrían interpretarse como insolidaridad. Una primera señal se aprecia al comparar la desigualdad en PIB por habitante con la desigualdad de los saldos fiscales. La cuestión es que si el sistema fiscal fuese proporcional, es decir, si todo el mundo contribuye en idéntica proporción de sus rentas y de su riqueza, y el gasto público es neutral desde un punto de vista social, es decir, tratase a todo el mundo por igual, el resultado también sería balanzas fiscales con superávit en las zonas pobres y deficitarias en las ricas.

Una forma de comprobar si esto pudiera estar ocurriendo es comparando el nivel de desigualdad entre el PIB por habitante que publica el INE en su Contabilidad Regional, con el del saldo de la balanzas fiscales regionales en términos de porcentaje del PIB. El ejercicio es complejo porque el Ministerio ha publicado un total de seis balanzas elaboradas con diferente metodología, pero pretendiendo todas ellas mostrar lo mismo, aunque con resultados diferentes.

Para resolver el dilema hemos optado por tomar el valor promedio de las seis y el resultado nos indica que la desigualdad en PIB por habitante es 2,3 veces mayor que la desigualdad en el trato fiscal a los territorios, lo que significa que ni de lejos cabe esperar que como consecuencia del sistema de relaciones fiscales entre comunidades autónomas y el Estado vaya a producirse una corrección significativa de las desigualdades regionales existentes.

Un detalle adicional se consigue al estudiar por separado los dos componentes del saldo fiscal, es decir, la contribución de cada comunidad a los ingresos del Estado y su participación en el total del gasto. Ambas magnitudes se han puesto en relación, en primer lugar, con el PIB de la comunidad y, en segundo lugar, con el volumen de población.

Lo primero que se aprecia es que los resultados quedan decisivamente condicionados por las comunidades forales, absolutamente ajenas a cualquier esquema de solidaridad y con niveles muy reducidos, en comparación con el resto, tanto de beneficios como de contribución.

Pero quizás lo más llamativo es que los principales beneficiarios por realizar una aportación relativa reducida no son las comunidades más pobres (Extremadura y Andalucía), sino Asturias y Galicia, seguramente por las subvenciones al carbón, y a continuación Madrid, cuya presencia se explica por su elevado nivel de renta y los criterios de reparto territorial aplicados a los impuestos recaudados en la capital.

Mucho mayor contenido social se aprecia en la distribución de los gastos del Estado, puesto que las principales beneficiarias son Extremadura, Asturias, Ceuta, Melilla y Galicia, mientras que las que menos reciben son las más ricas, Madrid, Baleares, Cataluña y Valencia. Andalucía queda en una posición intermedia, aunque con un saldo claramente favorable debido, sobre todo, a la participación en el gasto publico, que contrasta con un esfuerzo fiscal relativamente elevado.

La valoración se modifica sensiblemente cuando las magnitudes se expresan en términos per cápita. Como cabía esperar, la carga por habitante está intensa y positivamente correlacionada con el PIB por habitante, pero no ocurre lo mismo con los beneficios.

Los que menos se benefician del gasto del Estado son los baleares, valencianos y murcianos y a continuación catalanes y andaluces.

El resultado es sorprendente, sobre todo, porque entre los que consiguen unos beneficios por habitante superiores a la media figuran los madrileños, riojanos o aragoneses, todos ellos con niveles de renta superiores a la media.

* Profesor de la Universidad de Málaga