lunes, 23 de marzo de 2009

Los camioneros piden aplazar las cuotas a la Seguridad Social como medida anticrisis

MADRID.- Las patronales de transporte de mercancías por carretera han planteado al Gobierno un plan de Salvamento para sortear el efecto de la crisis en el sector, entre cuyas medidas destaca el aplazamiento de cuotas empresariales a la Seguridad Social y a Hacienda, informó hoy Fenadismer.

Entre el resto de peticiones del sector destaca la posibilidad de poder ampliar los plazos de financiación de los créditos y el 'leasing' relacionados con la compra de vehículos y la eliminación del 'céntimo sanitario' con el que algunas comunidades autónomas gravan el combustible para cofinanciar la sanidad.

El plan propuesto por los camioneros contempla también el establecimiento de un régimen de suspensión de las autorizaciones de transporte de vehículos que se encuentren inactivos para permitir así a las empresas reducir su fiscalidad y sus costes de aseguramiento.

El transporte de mercancías por carretera se desplomó un 20,4% en el cuarto trimestre de 2008, según los últimos datos del observatorio del sector. La caída de los tres últimos meses del año contrasta con los descensos medios que se venían registrando a lo largo del pasado año (un 3,4% en el primer trimestre de 2008, un 7,5% en el segundo y un 6,6% en el tercero).

Fenadismer presentó sus reivindicaciones en el marco de la convención anual de la Asociación de Transportistas por Carretera celebrada este pasado fin de semana en Bruselas.

La asociación europea, a su vez, también planteó a la Comisión abordar un paquete de medidas a escala europea "que permita a las pymes del transporte hacer frente a la crisis económica", habida cuenta que, según sus datos, el sector transporta más del 75% de las mercancías que se consumen en la UE".

Entre las propuestas del sector en Europa resta la introducción del gasóleo profesional (un sistema de devolución total del impuesto sobre combustible) y la modificación de la directiva europea correspondiente que permita reducir los plazos de cobro.

Asimismo, piden que los peajes que se cobran a los camiones en algunos países europeos se extiendan también a los particulares y que lo que se recaude se reinvierta en el propio sector y no a cofinanciar el desarrollo de otros modos de transporte.

La huelga de estibadores paraliza la entrega y recepción de mercancías en los puertos

BARCELONA.- La huelga que hoy secundaron los estibadores de "la mayoría" de los 33 puertos españoles en contra de la nueva Ley de Puertos paralizó las actividades de entrega y recepción de mercancías, informó La Coordinadora, sindicato que agrupa a este colectivo de trabajadores.

En fuentes del sindicato indicaron que no se ha movido "nada que no estuviese ya en los puertos", dado que el seguimiento de la huelga fue "del 100%" en casi 30 puertos. Las excepciones fueron algunos puertos, "cuatro o cinco", en el Norte del país, en los que Coordinadora no tiene mayoría sindical.

La convocatoria de paro de este colectivo en contra de la nueva Ley de Puertos se extenderá hasta las 8.00 horas del próximo miércoles. Hasta entonces, los estibadores cargarán y descargarán barcos, pero no moverán las mercancías para su distribución por tierra.

En la primera jornada de huelga, según el sindicato, el paro fue total, dado que sólo se realizaron los servicios mínimos acordados para la gestión de productos perecederos y medicinas, así como en la descarga de barcos, pero no en la de camiones y trenes.

En el caso del Puerto de Barcelona, la paralización de las labores de los estibadores puede afectar unos 2.500 camiones y cinco trenes por día, aunque en fuentes de la Autoridad Portuaria de Barcelona señalaron que ante la previsión de huelga, muchas empresas adelantaron trabajo a la pasada semana.

Coordinadora rechaza el borrador de la nueva Ley de Puertos, dado que, en su opinión, "pretende cambiar, entre otras cosas, todo el sistema de reparto de trabajo en los puertos lo que, sólo en Barcelona, pone en peligro unos 400 puestos de trabajo".

El paro es la respuesta de los estibadores a la "nula respuesta" que han obtenido de la Administración para tratar el proyecto de Ley, al que Coordinadora ha presentado sus alegaciones porque considera que ataca la estabilidad laboral de los trabajadores.

Según los estibadores, tras una primera y única reunión con los responsables de Puertos del Estado, se dio una "falta de diálogo". Aseguran que, si no hay una negociación para modificar el anteproyecto de Ley, se iniciará un periodo de conflictividad laboral como el de 1986 en el sector, que duró 18 meses.

El PP lleva al Congreso el empadronamiento de De la Vega en Valencia

MADRID.- El PP pedirá el próximo miércoles en el Congreso explicaciones a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, sobre las informaciones que apuntan a la ilegalidad del empadronamiento de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en Beneixida para votar en dicho municipio en las pasadas elecciones generales.

El cabeza de lista del PP por Valencia y vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, será el encargado de llevar esta cuestión a la sesión de control al Gobierno después de que De la Vega, 'número 1' del PSOE por esa misma provincia, negara el viernes tras el Consejo de Ministros este extremo y anunciara que tomará medidas legales.

"¿Cómo valora el Gobierno el que su vicepresidenta primera pudiera votar en las últimas elecciones generales en la provincia de Valencia si la normativa aplicada, y todavía expuesta en la página web por el INE, impide cambios de domicilio posteriores al 1 de noviembre de 2007, y el suyo fue notificado por el Ayuntamiento de Beneixida el 5 de diciembre de ese año?", reza el texto de la pregunta.

El PP cambió hoy mismo una pregunta sobre la inmigración que tenía previsto formular el diputado Rafael Hernando por ésta, después de que el pasado viernes la Oficina del Censo Electoral (OCE) avalara el empadronamiento de la vicepresidenta en Beneixida para las elecciones generales de 9 de marzo de 2008, revocando anteriores resoluciones desestimatorias.

Ese mismo día González Pons ya pidió a la 'número dos' del Gobierno que haga pública la norma interpretativa que le permitió votar en los comicios del pasado mes de marzo en la localidad valenciana de Beneixida y aclare si utilizó "algún tipo de influencia" política para obtener este documento.

Las pernoctaciones en los hoteles de la Comunidad Valenciana caen un 10,4%

VALENCIA.- Los hoteles de la Comunidad Valenciana registraron un total de 447.843 pernoctaciones en febrero, lo que supone una reducción del 10,4 por ciento en tasa interanual, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, los datos indican que también bajaron los precios (-6,2%) e ingresos (-4,8%) hoteleros en la autonomía, por encima de los descensos registrados en el conjunto del territorio nacional.

El principal destino elegido por los no residentes es Canarias, con un 45,6% de pernoctaciones de extranjeros, y que disminuyen un 15,1% respecto a febrero de 2008. Le siguen Andalucía, con una tasa interanual del -23,0%, y Cataluña, con una tasa del -11,4%.

Los datos nacionales indican que los hoteles españoles registraron 12,5 millones de pernoctaciones en febrero, lo que supone un fuerte descenso del 15,5% respecto al mismo mes de 2008, mientras que los precios retrocedieron un 5,1%.

Por séptimo mes consecutivo las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros españoles registraron caídas, acelerando el descenso experimentado en enero, que fue del 12%. En los dos primeros meses de 2009, las pernoctaciones disminuyeron un 13,9% con respecto a igual periodo de 2008.

La tasa de pobreza en la Comunitat Valenciana está en el 16,9%

VALENCIA.- La tasa de pobreza de la Comunitat Valenciana se encuentra en el 16,9 por ciento, dos puntos por debajo de la media nacional.

No obstante, presenta "una de las situaciones de más extrema necesidad vinculadas a pobreza severa, migración y situación de comunidad gitana" con lo que "no tiene una situación ni mucho mejor que el resto del conjunto del Estado", según expuso el autor del VI informe de Foessa, Víctor Renes.

Renes dio una rueda de prensa para presentar las jornadas sobre exclusión social y desarrollo social en España que se celebrarán los días 24, 25 y 31 de marzo en la Universita de València y que analizarán los ocho capítulos en los que se divide este informe, que constata que la pobreza y las desigualdades no disminuyeron en la última década en España pese al crecimiento económico.

Al respecto, explicó que tampoco se ha detectado un cambio en la evolución de la pobreza en la Comunitat Valenciana, donde "hay una presencia muy vigente del fenómeno migratorio" y "además tiene una presencia muy importante de déficit de integración de determinadas minorías étnicas, especialmente de los gitanos".

En cambio, apuntó que coincide con el resto de comunidades autónomas en los parámetros de pobreza severa. Así, manifestó que en las comunidades que presenta un mayor desarrollo vinculado a los servicios "la pobreza severa tiende a consolidarse en unos límites muy semejante a la media nacional".

Por todo ello, concluyó que aunque el umbral de pobreza se sitúa dos puntos por debajo de la media nacional, "sin embargo en las situaciones de más extrema necesidad vinculadas a pobreza severa, migración y situación de comunidad gitana la Comunitat Valenciana no tiene una situación ni mucho mejor que el resto del conjunto del Estado".

Además, evidenció que es una de las comunidades en las que el factor relacional "tiene una incidencia más alta que la media nacional, lo que se relaciona claramente con un déficit de servicios". Al respecto, llamó la atención para que en la Comunitat Valenciana la inserción social sea una de las prestaciones que se proporciones desde los servicios sociales.

Por otro lado, constató que la crisis no afecta sólo a las personas o grupos que están en una situación de más vulnerabilidad, especialmente en relación con el empleo y la protección social. Así, apuntó que se está observando que hay personas que no eran perceptores habituales de los servicio sociales, pero que "lo han perdido todo y es algo que no contemplan los servicios sociales", lamentó. Por ello, apuntó a la nueva pobreza que está generando la crisis en los sectores de la clase media baja.

En ese sentido, advirtió de que si las demanda de ayuda para un acceso a la vivienda "no van a parar", por lo que advirtió de que "si no se ponen medidas no debería extrañarnos que haya mayor pérdidas de viviendas, lo que es especialmente grave".

Renes indicó que "no es correcto afirmar que el empleo es la solución a la exclusión y pobreza", como demuestra el que el 10 por ciento de los ocupados con contrato legal esté bajo el nivel de la pobreza, sino que depende de en qué condiciones, estabilidad y sobre todo formación, calificación y remuneración del empleo.

Por todo ello, subrayó la necesidad de acometer "programas reales y amplios" que "combinen formación, protección y empleo" porque "aunque la ayuda directa es algo imperioso no es una solución de futuro ni de medio plazo".

"Igual que hay fondos que se conceden a determinados sectores económicos o se plantea este tema de manera rigurosa y seria o difícilmente podremos afrontar la crisis", apostilló.

El organizador de las jornadas, Rafael Alienna, del departamento de trabajo Social y Servicios Sociales de la Universitat de València explicó que ya hay más de 200 inscritos en estas jornadas, que analizan los resultados de este estudio, en el que se hace una radiografía de la realidad social de nuestro país entre 1994 y 2007.

El estudio recalca que "por primera vez en las últimas cuatro décadas", ni la desigualdad ni las situaciones de pobreza monetaria se han reducido en un contexto de crecimiento económico. Así, la cifras de pobreza en la última década se mantienen en el 19,7 por ciento (8,5 millones de personas), situándose la pobreza severa entre el 3 y 4 por ciento (1,5 millones), mientras que la exclusión social es una realidad constatada en más de un 17 por ciento de los hogares españoles, y las situaciones de exclusión severa afectan a un 5,3 por ciento de los hogares.

Precisamente estas jornadas analizarán los ocho capítulos del informe; 'La visión del desarrollo social en el siglo XXI', ?la exclusión social en España: un espacio diverso y disperso en transformación'; 'Desigualdad, pobreza y privación', 'Políticas y bienes sociales: procesos de vulnerabilidad y exclusión social', 'Actores institucionales y sociales e las políticas sociales', 'Capital social y capital simbólico como factores de exclusión y desarrollo', 'el modelo de inmigración y los riesgos de exclusión' y 'España en el mundo'.

La Comunitat Valenciana cuenta con 17 especies amenazadas

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana cuenta con 17 especies amenazadas incluidas en el Libro Rojo, según consta en un informe sobre la situación medioambiental elaborado por el CES (Consejo Económico y Social), en el que se recogen los datos del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Madrid, Navarra y País Vasco y Cantabria son las comunidades autónomas con menos especies amenazadas incluidas en el Libro Rojo, con un total de seis en cada una de ellas. Se sitúan así por detrás de La Rioja y Extremadura, con tres y cuatro especies, respectivamente.

En el otro extremo se encuentra Canarias, que cuenta con 171 especies amenazadas y Andalucía, con 120. También se sitúan por delante de la región cántabra Galicia (38), Baleares (36), Cataluña (35), Castilla y León (29), Aragón (22), Castilla-La Mancha (20), Comunidad Valenciana (17), Asturias (12) y Murcia (11).

En este estudio se recuerda que la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza acordó hace diez años una serie de criterios orientadores para coordinar actuaciones destinadas a la protección de determinadas especies en varias regiones.

Así, a finales de 2005 las estrategias aprobadas respecto a la fauna tenían que ver con la protección del lince ibérico, el oso pardo cantábrico, el quebrantahuesos, el águila imperial ibérica, el lobo ibérico, el urogallo cantábrico y el pirenaico, el visón europeo, la pardela balear, la malvasía cabeciblanca y la lucha contra los cebos envenenados.

Las familias del Yak confían en que Trillo comparezca tras los primeros testimonios

MADRID.- La Asociación de Familias de las víctimas del accidente del Yak42 aseguró hoy estar "esperanzada" ante la posibilidad de que el juicio que comenzará mañana en la Audiencia Nacional sobre el proceso de identificaciones de los 62 militares fallecidos aclare la "verdad" sobre los motivo por los que 30 de los cadáveres fueron mal identificado.

Así lo manifestó el presidente de la asociación, Miguel Angel Sencianes, en una rueda de prensa convocada para hacer pública la postura del colectivo que agrupa a la mayoría de las familias de los 62 militares fallecidos el 26 de mayo de 2003, ante el inicio mañana del juicio en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Fuentes de la asociación consultadas al término de la conferencia, aseguraron que confían en que los testimonios ante el juez Javier Gómez Bermudez permitan aclarar más detalles sobre lo ocurrido e impliquen que se determine la comparecencia del ministro de Defensa en la época del siniestro aéreo, Federico Trillo.

"Tenemos que tener esperanza. Si no, no hubiéramos llegado hasta aquí. Tiene que salir la verdad, avalada por la Audiencia Nacional, de que el ex ministro de Defensa Trillo mandó a Turquía un equipo médico en el que no había ningún forense. De eso no sólo son responsables los militares, hay ha habido políticos y ha habido civiles", remarcó la vicepresidenta de la asociación, Curra Ripollés.

La vicepresidenta de la asociación quiso transmitir el siguiente mensaje dirigido a "ese señor que ahora habla tanto de justicia"--, en referencia al ex titular de Defensa y actual portavoz de Justicia del Partido Popular, Federico Trillo--: "yo voy a creer en la justicia".

Tanto Sencianes como Ripollés subrayaron la confianza de su asociación en que "la verdad saldrá" en el juicio en la Audiencia Nacional porque llevan "seis años persiguiéndole". Ambos portavoces leyeron un comunicado de la asociación titulado "Hasta donde llegue España", en el que las familias subrayan que el equipo médico español no contaba con ningún forense, por lo que considran que "no hubo identificaciones".

"Por eso estamos hoy aquí porque ellos no se merecían lo que pasó",recalcó Sencianes, siguiendo el citado comunicado de la asociación, en el que las familias consideran que han pasado "un auténtico calvario" durante la investigación judicial sobre las identificaciones, cerrada en dos ocasiones por el magistrado encargado del caso y reabierta en otras tantas por la Sala de lo Penal, que corrigió el criterio inicial de Teresa Palacios y Fernando Grande Marlaska.

"Ahora sólo nos queda confiar en una Justicia que no tenga nada que ver con esos días, no hace tantos, en los que había que archivar el Yak", concluyeron los dos representantes de la asociación.

La Comunidad Valenciana construyó un 10% de su costa en sólo seis años

MADRID.- Juan Antonio Ramírez recuerda cómo hace sólo tres años "las oficinas de los promotores inmobiliarios de Huelva eran como las churrerías. Había cola para comprar un piso en la costa", según evoca este agente inmobiliario afincado en la costa onubense, donde "aún se pueden comprar casas a 150 metros del mar", apunta a 'El País'.

La burbuja inmobiliaria se ha cebado con el litoral. Entre 2000 y 2005 la superficie urbanizada en los dos primeros kilómetros de costa creció un 22% en toda España (un ritmo que duplicó el del anterior periodo analizado, 1987-2000). Pero el detalle de los datos acumulados por el Observatorio de la Sostenibilidad de España, organismo del Ministerio de Medio Ambiente y de la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), revela que Valencia (53,5% de incremento), Huelva (48,1%) y Alicante (37,4%) son las provincias en las que más aumentó la urbanización.

El ladrillo castigó mucho a la Comunidad Valenciana, que en sólo seis años cementó el 10,66% de sus dos primeros kilómetros de costa, por el 8,71% de Málaga y el 7,39% de Cataluña.

En Huelva aumentó mucho la urbanización porque mantiene uno de los litorales menos construidos de España: tiene urbanizado el 14% en los dos primeros kilómetros, y sólo en el periodo analizado urbanizó el 4,52% del litoral, menos que otras provincias. El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Huelva, Alfredo Flores, señala: "Esto no es Benidorm. Se ha construido en la costa, pero los principales problemas urbanísticos los tenemos en el interior".

El informe, hecho con imágenes de satélite para el estudio Corine Land Cover, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, es comparable con datos de 1987 y 2000. No es el más preciso (cuando se hace con más detalle la superficie urbanizada suele ser aún mayor, por lo que no se le puede acusar de exagerar la realidad), pero sí resalta las tendencias. Pese a que la investigadora del estudio anunció públicamente que lo presentaría antes de enero, un portavoz del Observatorio de la Sostenibilidad aseguró el viernes que dicho estudio "no existe".

Este organismo fue creado en 2004 con el objetivo principal de "producir y difundir" un informe anual sobre el medioambiente, lo que no hizo en 2008. El Gobierno acaba de prorrogar su subvención al Observatorio (180.000 euros anuales durante la pasada legislatura).

Además, el informe confirma la situación que se describe en el plan llamado Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, que anunció la ex ministra Cristina Narbona en 2007 y que sigue sin ser aprobado. "Asistimos al desbordamiento de la capacidad de carga de la costa. El 44% de la población vive en municipios costeros que apenas representan el 7% del territorio", se indica en el citado plan.

El catedrático de Gestión de Zonas Costeras de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán, afirma: "La sociedad se ha emborrachado de cemento. Cuando dentro de unos años miremos atrás y veamos lo que hicimos con la costa durante la burbuja inmobiliaria nos daremos cuenta de que fue un disparate. Unos pocos han ganado muchísimo a costa de un patrimonio común", destaca, y añade: "El litoral ha perdido valor. El turismo de calidad no busca cemento, que eso ya lo tiene en Düsseldorf, sino playas cuidadas, y cada vez quedan menos".

En Málaga y Alicante, el 52% de sus dos primeros kilómetros de costa están ya construidos; en Barcelona, el 68%. En cambio, la ocupación en el Cantábrico y Galicia es muy inferior (entre el 24% de Pontevedra y el 6% de Lugo), si bien se aprecian tensiones alcistas. Es lo que Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, define como "mediterranización del Cantábrico". Entre las ocho provincias en las que más aumentó la urbanización están Asturias (un 38%) y Vizcaya (30,3%).

"No puede ser que sólo en Cádiz haya 50.000 viviendas ilegales en 17 municipios costeros. Eso no ocurre en ningún país de Europa", denuncia Barragán.

Y es que la burbuja inmobiliaria ha generado un daño estructural al litoral, aunque la tendencia ahora se esté invirtiendo. Ramírez, el citado vendedor de Huelva, ya no vende tres casas a la semana, sino tres al mes. Aun así, los expertos temen un efecto rebote: el terreno sigue calificado como urbanizable, esperando tiempos mejores.

Y existe el riesgo de que, si alguien tiene dinero para construir, ninguna administración le va a poner pegas, dada la crisis. Medio Ambiente ya ha frenado el derribo de un hotel ilegal que bloquea el acceso a una de las grandes playas de Lanzarote.

El gran ladrillazo

- El 44% de la población española vive en los municipios costeros, el 7% del territorio.

- El 80% de los 60 millones de turistas que visitan España va al litoral.

- El ritmo de urbanización en la primera línea de playa se duplicó con la burbuja inmobiliaria (2000-2005) respecto al periodo 1987-2000.

- La superficie construida en los dos primeros kilómetros oscila entre el 68% de Barcelona y el 52% de Málaga. En Lugo es el 6%, mientras que en Almería o Huelva sube al 14%.

- La urbanización creció un 22,8% en el Atlántico.

Camps recupera a Blasco como estratega para recuperar la posición tras el acoso judicial

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está sufriendo un calvario. Los trajes que supuestamente recibió como regalo de Orange Market, empresa que ha obtenido diversos contratos de la Generalitat e instituciones controladas por el PP, han estropeado su impoluta imagen de político íntegro en la Comunidad Valenciana. Pero también en la estructura nacional del PP, donde ha pasado de ser el principal apoyo de Mariano Rajoy a depender de su apuntalamiento, según cuenta 'El País'.

Más allá de su imagen, las suspicacias respecto al vínculo del Consell con la trama han sido subrayadas en fosforescente por la relación del bufete de José María Michavila, hermano de su omnipotente jefa de Gabinete, con imputados en la operación Gürtel. Además, su número dos en el partido, Ricardo Costa, está en el mismo saco. Y si le faltaba algo, el amigo de uno de sus consejeros, Serafín Castellano, ha engordado empresarialmente a la sombra de los departamentos que éste ha ocupado desde el año 2000.

La primera reacción de Camps frente a la situación de noqueo en que le dejó el auto del juez Baltasar Garzón fue el cierre de filas y la activación de homenajes. Y en seguida, la ofensiva contra el PSPV. Es decir, contra sus presumibles flancos débiles: la torpeza del alcalde de Elche, Alejandro Soler, que "por error" pagó su promoción electoral con dinero del Ayuntamiento, así como la insinuación de posibles sombras en la gestión municipal del secretario general Jorge Alarte y del portavoz adjunto del PSPV y alcalde de Morella, Joaquim Puig. Y en la recámara, la relación del síndic en las Cortes, Ángel Luna, con el constructor Enrique Ortiz, al que asesoró antes de volver a la política.

En la embestida contra la oposición empieza a aflorar el sello del consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, político ex socialista de larga experiencia y curtido en adversidades, que acaba de ser recuperado como estratega electoral tras haber sido alejado del entorno del presidente. Blasco recibió el encargo de urdir una estrategia que le permita a Camps afrontar la situación y le ha encontrado una a medida: personalizar en el pueblo valenciano el acoso judicial a Camps. Es lo que hizo Jordi Pujol en Cataluña en 1984 ante la querella del ministerio fiscal como antiguo consejero en el caso banca catalana. "Con Cataluña no se juega", advirtió Pujol, y a partir de ahí llegaron los telegramas de adhesión enviados a la Generalitat, los autocares desde las comarcas para la manifestación, los desagravios ofrecidos... Blasco sólo ha tenido que copiarlo y adaptarlo.

A esa consigna le han hecho el coro diversas entidades afines, como el Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, presidido por Arturo Virosque, que en un comunicado de adhesión a Camps, afirmó que "estas calumnias no ofenden solamente al presidente de la Generalitat, sino a todo el pueblo valenciano, porque cuando se ofende al presidente, sea del color político que sea, elegido libremente por el pueblo valenciano, se desprecia la inteligencia de los valencianos". Y lo mismo hizo la semana pasada el presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, cuando en un acto de apoyo empresarial al presidente revestido de planes de medidas a la economía, proclamó que "quienes tratan de ofender y dañar" a Camps, "ofenden y dañan a todos los valencianos".

En los años del caso Banca Catalana, el PSC, como ahora el PSPV y el resto de la oposición, se exasperó ante "la utilización de las instituciones y de los sentimientos nacionales para interferir el curso de un procedimiento judicial", así como la apropiación de la Generalitat y del nombre de Cataluña (la "usurpación al pueblo de Cataluña"). Sin embargo, Convergència Democràtica de Catalunya no levantó el pie del acelerador. La cúpula del PP valenciano está convencida de que con esto, las debilidades del adversario socialista y la tradicional galvanización del partido ante los ataques externos, Camps podrá capear el temporal como lo hizo Pujol.

Sin embargo, aunque Pujol hizo eso, ésta sólo fue la mitad de su estrategia. Pujol también pasó a la acción con la Generalitat como instrumento para recuperar el resuello con planes de gobierno, se obligó a pactos con la oposición en Cataluña (sobre todo con los socialistas enfrentados con Narcís Serra, a quien apuntó en su proa). Y también con el Gobierno de Felipe González, del que obtuvo, entre otras, financiación para trasladar el puerto de Barcelona. Ante la debilidad, exhibió vitalidad e iniciativa política ante el acoso de la justicia.

En ese sentido, no faltan voces del PP que consideran que lo que procedería es que Camps pasara a la acción con un Consell que funciona bajo mínimos. Remodelar el gobierno de bajo perfil, concentrar áreas, reducir consejerías y abrir el melón del personal contratado y el de la sobredimensión de RTVV para reducir el gasto ante la profunda crisis. Incluso negociar un alto el fuego con los socialistas "intercambiando cromos" y alcanzar acuerdos de gobierno. Son algunas de las sugerencias que ofrecen.

Uno de los principales lastres para gestionar esta crisis, apuntan, es que la cúpula del partido ha crecido en la expansión electoral y carece de experiencias negativas. El mecanismo funcionó a la perfección mientras el partido fue impelido por el movimiento uniformemente acelerado del éxito. Sin embargo, en el cambio de rasante se ha detenido. La cúpula desconoce cómo actuar en una situación adversa y ese desconcierto está inscrito en la expresión de los colaboradores más íntimos del presidente, cuya única esperanza es que surta efecto "la reacción al ataque al símbolo de la Comunidad Valenciana".

"Si el presidente se queda en los homenajes, será más vulnerable", mantiene una de las fuentes consultadas.

"Soy el señor Lobo. Soluciono problemas"

Rafael Blasco, como Harvey Keitel (el señor Lobo en la película Pulp Fiction) siempre aparece como la solución divina en el momento más crítico. La tarjeta de presentación del personaje, especialista en gestionar embrollos muy pringosos, parece hecha a propósito para Blasco: "Soy el señor Lobo. Soluciono problemas".

El candidato a la presidencia a la Generalitat, Eduardo Zaplana, fue el primero que en 1995 recurrió a sus servicios. Blasco, arrancado de cuajo de la primera línea de la política del PSPV bajo la sombra de cohecho, conocía como la palma de su mano la selva y la fauna que Zaplana aspiraba a ocupar y someter si, como le decían las encuestas, ganaba las elecciones. El ex socialista obtuvo un pasaje a la rehabilitación a cambio de ayudarle en la campaña electoral y guiarle en el Palau de la Generalitat, en cuyo engranaje se convirtió en una pieza imprescindible. Lo fue tanto que se convirtió en el disco duro de Zaplana.

Pese a que su deuda había sido cancelada, en 2003 Francisco Camps lo nombró consejero de Territorio y Vivienda en su primer gobierno, una de las de mayor protagonismo político por la Ley de Ordenación del Territorio. Podía solucionarle problemas. Y no tardaría el momento. Blasco sería el primero en referirse públicamente a la conveniencia de que la presidencia del PP en la Comunidad Valenciana correspondiera al presidente de la Generalitat, y no a Zaplana, cuya relación quedó rota a partir de ahí. Blasco abrió el fuego y ayudó a Camps a recomponer la estructura de un partido que todavía estaba en manos de zaplanistas. Ahora el señor Lobo ha vuelto a ser requerido para marcar objetivos y argumentarios que rescaten a Camps del purgatorio en el que se ha metido.

Garzón ha acumulado evidencias de la conexión entre las empresas de la trama corrupta de Francisco Correa y dirigentes de la Comunidad Valenciana

MADRID.- Federico Trillo, diputado del PP, ex ministro de Defensa y abogado, ha lanzado su artillería verbal contra un trabajador en paro, llamado José Tomás y recién despedido de la tienda de ropa Forever Young. Trillo le ha llamado mentiroso y ha dudado de su cualificación profesional para defender a su compañero Francisco Camps, el presidente valenciano, sobre quien recae la sospecha de haber aceptado vestuario por 12.000 euros de empresarios que recibieron contratos de la administración donde gobierna, se escribe hoy en 'El País'.

Tomás conoció la mala noticia de su despido a las 48 horas de declarar ante Baltasar Garzón para explicar sus relaciones comerciales con el clan empresarial de Francisco Correa (encarcelado), quien montó una extensa red de negocios a partir de su magnífica relación con el PP durante el mandato de José María Aznar. El sastre atendía, primero como jefe de ventas de Milano y luego, de Forever Young, a los mejores clientes, entre ellos, algunos jefes de la trama corrupta. Éstos pusieron en contacto a Tomás con Camps.

Antes de que Garzón llamara al sastre, el juez ya tenía pruebas para imputar a Correa y los suyos el supuesto delito de sobornar a políticos valencianos con regalos a cambio de contratos millonarios de esa administración autonómica. La trama se instaló en dicha comunidad en 2005, cuando Camps ya gobernaba y Mariano Rajoy, por desconfianza, había cortado relaciones con Correa.

Correa creó para operar en Valencia Orange Market y logró en cuatro años más de cinco millones de euros en contratos de consejerías del Gobierno de Camps. El delegado de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, se hizo amigo íntimo de Camps, a quien llevó hasta el sastre Tomás. En la investigación judicial hay numerosas pruebas sobre las relaciones entre la trama corrupta y el Gobierno de Camps. Son éstas:

- Grabaciones. Un ex edil del PP de Majadahonda (Madrid) que trabajó para Correa grabó conversaciones comprometedoras con los directivos de la trama y las entregó junto a una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. En una de ellas, Isabel Jordán, subordinada de Correa que planificó la expansión en Valencia, admitía: "He hecho trabajos reales para la [Comunidad Valenciana] tipo Fitur, el Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagar los trajes al presidente Camps. Vamos, que tengo yo la factura... que he pagado yo la factura". La investigación demostró que esta frase se basaba en datos reales. En la contabilidad de Easy Concept, otra firma de la red, figura un apunte de 63.220 euros bajo el título "entradas y salidas de Milano". Jordán explicó al juez que eran compras en Milano.

- Pinchazos telefónicos. Los pinchazos telefónicos que ordenó Garzón revelaron que Álvaro Pérez hacía gestiones, algunas privadas, para Camps y Ricardo Costa, el número dos del PP valenciano.

- Facturas. Garzón tiene en su poder documentos de empresas de la trama y de las tiendas Milano y Forever Young que dan pistas sobre lo ocurrido:

- Pagos a cuenta de Orange Market en Milano a principios de 2006 por vestuario para Camps.

- Pagos en Forever Young por compra de ropa para Camps (5.393 euros), Pedro García (3.284), Rafael Betoret (6.700), Ricardo Costa (4.925), Álvaro Pérez (5.798), Pablo Crespo (4.578). Se pagó con transferencias bancarias y cheques de Servimadrid y Diseño Asimétrico (ambas de la red corrupta) entre el 29 de junio de 2007 y el 24 de julio de 2007, según la documentación dada al juzgado por Forever Young. Entre éstos figuran algunas notas de pedidos con números 54416, 54417 y 54418 a favor de Camps.

- Declaraciones de Tomás. En su escrito al servicio de conciliación y arbitraje por su despido, el sastre señala: "A través de los directivos de Orange Market (...) entré en contacto profesional con altos cargos de la Administración valenciana, y así confeccioné trajes para varios, entre otros, el presidente de la Comunidad de Valencia, Francisco Camps. Cada varios meses, y siguiendo la práctica habitual con clientes importantes, una persona de Orange Market se ponía en contacto con el responsable de facturación de la empresa y cuadraba los vales pendientes, que eran abonados por Orange Market mediante transferencias bancarias y, en algún caso, mediante pago en efectivo".

Ante el juez, Tomás explica: "Camps es el destinatario de otras compras en 2008 pagadas mediante transferencia bancaria de 4.040 euros de la empresa Orange Market (Documento 31) a cuyo nombre se realizó también la factura (documento 30). Cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva barbour y una chaqueta fantasía por 2.689 euros".