jueves, 14 de mayo de 2020

Un estudio busca conocer cuándo llegó y cómo se expandió el coronavirus en España


MADRID.- Un proyecto liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que estudia el genoma del SARS-CoV-2 en 20.000 afectados de toda España busca entender qué pasó en las primeras fases de la pandemia y responder a preguntas como cuándo llegó el coronavirus a nuestro país y cómo se expandió a las comunidades autónomas.

En el proyecto SeqCOVID, que cuenta con financiación del Instituto de Salud Carlos III (1.750.000 euros) y del CSIC (740.000 euros), participan medio centenar centros de investigación y hospitales de toda España, cada uno de los cuales aportará entre 200 y 400 muestras de pacientes diagnosticados en sus unidades de microbiología clínica para que el virus sea secuenciado.
Iñaki Comas, del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV-CSIC), es el investigador principal del proyecto, que también codirige Fernando González, del Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas (I2SYSBIO) del CSIC y la Universitat de València (UV).
El proyecto, que tiene una duración de un año ampliable, ya se ha iniciado y de momento se han recogido cerca de un millar de muestras de pacientes, que serán secuenciadas en centros de investigación como Fisabio en Valencia o en los propios hospitales. En un mes, deberá elaborarse un informe acerca de por dónde entró el virus en España.
El investigador principal explica que las muestras se escogerán entre los primeros pacientes que sufrieron la COVID-19 y con fecha inmediatamente después al 13 de febrero, fecha en la que falleció en el Hospital Arnau de Vilanova de València el primer paciente, que se conozca, con COVID-19.
“Estamos intentando conseguir una muestra de este primer paciente diagnosticado, pero el resto de muestras, por defecto, tiene que ser de después de la fecha de su muerte”, señala Comas, quien preguntado por si considera que el virus llegó a España en diciembre de 2019, señala que le parece que es “un poco pronto para saberlo” pero creen que es “poco probable, y si lo hizo no fue hasta más adelante que consiguió establecerse”.
Según Comas, un primer bloque de objetivos está relacionado con la epidemiología y pretende entender qué es lo que pasó en las primeras fases de la pandemia, en “esta primera ola de la que supuestamente estamos saliendo”.
“Queremos ver cómo llegó el virus a España, por cuántas rutas lo hizo y cómo se expandió, cómo se estableció en el espacio y el tiempo y por qué lo hizo de formá más fuerte en unas regiones que en otras, cómo ha ido evolucionando en el tiempo y cómo han afectado a la movilidad del virus medidas como el confinamiento”, afirma.
Comparando las diferencias genéticas entre los genomas de los virus de los pacientes “podemos trazar esa transmisión dentro y entre comunidades y ver si se puede asociar a algún factor de riesgo”, lo que permitirá, en futuros rebrotes del coronavirus, controlar estos factores y mejorar la manera de actuar.
Según Iñaki Comas, un ejemplo es que ahora “sabemos que hay que controlar muy bien las residencias de mayores. Si al principio de la epidemia hubiéramos sabido que en ellas había mucha transmisión, se habría actuado de manera diferente. El proyecto intentará identificar este tipo de factores y lugares asociados a transmisión”.
El investigador valenciano explica que el proyecto también busca monitorizar la aparición de mutaciones en el virus, porque cada vez que se replica sufre una mutación, aunque indica que de momento no hay ninguna evidencia que diga que esta mutación en el virus SARS-CoV-2 afecte a su virulencia o transmisibilidad.
No obstante, añade, esa mutación puede afectar a los diagnósticos, ya que si aparece en una región concreta del virus, ese diagnóstico podría perder eficacia.
Además, cuando contemos con nuevos antivirales y vacunas, se debe estar atento a la aparición de mutaciones de resistencia al antiviral o de mutaciones de escape a la vacuna, como ocurre con la gripe estacional, porque en ese caso podría perder eficacia.
“Claramente, por alguna razón, la clínica de este virus es muy compleja, porque es capaz de interaccionar con el hospedador y originar toda una serie de síndromes o de manifestaciones que van más allá de la insuficiencia respiratoria”, asegura para añadir que espera que las investigaciones que se llevan a cabo por otros grupos “permitan diseñar vacunas inteligentes, identificando los factores clave de la virulencia del virus”.
El investigador considera que la aparición de este nuevo virus ha supuesto científicamente “un gran cambio” porque muchos laboratorios han girado sus investigaciones hacia el coronavirus para “intentar identificar todas las piezas del puzzle”. 
“Hay un gran esfuerzo mundial”, valora.
Pero también tiene su parte negativa, y es que se está “apartando la mirada” de otras patologías y dolencias que investigaban muchos laboratorios y, por ello, cree que en algún momento “habrá que encontrar un punto intermedio”.
“Ahora mismo, está claro que la alerta sanitaria es el coronavirus y en ello estamos muchos, pero poco a poco tendremos que acordarnos de que hay muchas enfermedades que requieren también atención investigadora”, asegura.
El investigador principal asegura que aunque disponen de financiación para un año, después del cual se pueden pedir extensiones, su objetivo no es solo que se conozca lo que ha pasado, sino intentar aplicar este proyecto “en tiempo real si vienen futuros rebrotes”.
“Pero ha habido un recorte en la financiación que propusimos y ya veremos si se llega a todo”, lamenta Comas, que añade: la financiación aportada por el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC es elevada para los estándares españoles pero “sigue siendo un recorte de lo que estábamos buscando. Con este dinero podemos hacer muchas cosas, pero no todas las que teníamos en mente”.

La cuarta parte de los restaurantes de EE.UU. no volverá a abrir

NUEVA YORK.- Uno de cada cuatro restaurantes estadounidenses cerrará debido a las cuarentenas de coronavirus que han afectado a la industria de servicios de alimentos, según un pronóstico de OpenTable.

La sombría proyección subraya el dolor generalizado para los restaurantes estadounidenses, ya que los cierres han forzado a las personas a cocinar en casa o pedir comida para llevar en lugar de comer fuera. Las reservas totales y los clientes sin cita previa de la red de OpenTable cayeron un 95% el 13 de mayo con respecto al mismo día del año anterior, según los datos del servicio, propiedad de Booking Holdings Inc.
Esto ha sido calamitoso para la industria. Los restaurantes perdieron más de 30.000 millones de dólares en ventas durante marzo y 50.000 millones en abril, conforme a las estimaciones de la Asociación Nacional de Restaurantes.
OpenTable rastrea más de 54.000 restaurantes en su sitio para reservas en línea y telefónicas, así como para clientes sin cita previa. Los domicilios y los pedidos para llevar están excluidos.
Los datos de la compañía muestran que hay signos crecientes de que los clientes están dispuestos a cenar nuevamente en estados como Arizona y Texas, donde está permitido, aunque los números todavía están muy por debajo de donde estaban el año pasado.
Si bien las ciudades de Arizona y Texas fueron las que más mejoraron, Florida mostró la mayor ganancia en todo el estado, informando que el tráfico peatonal de restaurantes disminuyó 83% interanual. Florida comenzó una reapertura gradual el 4 de mayo, con los restaurantes operando a un cuarto de su capacidad.
Indiana comenzó la segunda fase de reapertura de su economía el 4 de mayo, permitiendo a los restaurantes operar al 50% de su capacidad. Está apuntando a una reapertura completa para el 4 de julio. Tennessee también permite que los restaurantes operen a la mitad de su capacidad normal.
Incluso donde se les permite reabrir, algunos restaurantes no lo han hecho.
“Los restaurantes son bestias complicadas”, dijo en una entrevista Steve Hafner, director ejecutivo de OpenTable y Kayak de Booking Holdings
“Tienen que pedir comida y suministros. Deben asegurarse de haber preparado las áreas de cocina y servicio para que se desinfecten fácilmente”.
Para ayudar, OpenTable ha eximido las tarifas y los costos de suscripción para los restaurantes que figuran en su plataforma. El jueves, también abrió el uso del sitio para bares y bodegas que necesitan cumplir con los controles de capacidad y las reglas de distanciamiento.

Soler dice que Montero es consciente de la infrafinanciación y apunta a una "confusión conceptual" de sus palabras

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha afirmado este jueves que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es "muy consciente" de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y cree que en el debate político a raíz de su respuesta a Compromís en el Congreso ha habido una "confusión conceptual" porque no se refería al sistema de financiación, sino al fondo Covid.

Así se ha pronunciado Soler ante los medios al ser preguntado por la polémica generada en torno a las palabras de la ministra y portavoz del Gobierno, que respondió al diputado Joan Baldoví pidiendo "no enredar" ni "inventar problemas que no existen" cuando se hablaba del reparto de fondos del Estado a las comunidades.
Soler ha indicado que no se estaba hablando del sistema de financiación, sino del fondo de 16.000 millones para que las autonomías hagan frente a los gastos derivados de la crisis del coronavirus y ha incidido: "Tanto la ministra como yo hemos dicho en todas las sedes posibles que la Comunitat Valenciana es la peor financiada de España".
Además, ha subrayado que Montero es "la primera ministra de España que acepta esta situación terrible, dramática", que se mantiene con el paso de los años, y es "un tema sobre el que no hay discrepancia, en principio". 
"Tanto la ministra como yo somos muy conscientes, esperamos que se den las condiciones para que podamos, lo antes posible, acabar con esta injusticia que raya la inconstitucionalidad", ha agregado.
El conseller ha señalado que "otro tema muy diferente es el fondo Covid", una "gran noticia" de 16.000 millones de euros que se divide en tres cajas: una social, una para paliar la caída de ingresos y otra para el gasto sanitario.
Ha puntualizado que en cuanto al fondo social, de 1.000 millones, el criterio es la población y la Generalitat quiere enfatizar aquí el índice de pobreza relativa de las comunidades.
Respecto a la caja de 5.000 millones para hacer frente a la caída de ingresos, Soler ha precisado que aquí hay que tener en cuenta que hay regiones que han hecho bonificaciones fiscales "de las que son responsables" y ahí se da una asimetría porque hay otras autonomías, como la valenciana que han estado "haciendo los deberes".
También ha puesto de relieve que no todas las comunidades sufrirán igual la crisis porque sus estructuras productivas son dispares. Por ejemplo, ha indicado que en las que el turismo tiene mayor peso "el impacto será más grave" y conllevará una mayor caída de ingresos fiscales.
Por ello, desde la Generalitat se está planteando una "alternativa contundente" en este ámbito desde la multilateralidad pero defendiendo los intereses valencianos.
Respecto a la caja sanitaria, con un total de 10.000 millones (se repartirán 6.000 primero y 4.000 en una segunda tanda), Soler ha explicado que la ministra planteó que "había que actuar sobre el gasto real realizado" y por ello se estableció que el reparto dependería en un 80% de la afectación de la pandemia (hospitalización, UCI o PCR hechas, entre otros criterios) y el 20% restante estaría vinculado a la población potencialmente afectable.
"Yo le dije que ese 80-20 se debe discutir. Conceptualmente estoy de acuerdo, pero no en la ponderación", ha indicado soler, y Montero anunció que en el reparto de la segunda tanda ya sería del 60-40. En todo caso, la posición de la Generalitat es la de trabajar "para que se revisen las ponderaciones".

Barceló: la prevalencia del 2,5% demuestra el trabajo de contención del Covid-19 pero también que hay poca inmunidad

VALENCIA.- La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha destacado este jueves que los resultados del estudio de seroprevalencia en la Comunitat Valenciana demuestran el trabajo realizado por Salud Pública para evitar la propagación del virus pero, ha advertido, "también que solo el 2,5% de los valencianos tiene anticuerpos y, por tanto, que hay menos personas que sirvan de escudo". Por ello, ha insistido en pedir prudencia en la desescalada para no tener que volver a restringir medidas.

   Barceló, en la rueda de prensa diaria para informar de la evolución de la pandemia, se ha referido así a los resultados de la primera ola del estudio de seroprevalencia realizado por el Ministerio de Sanidad, que arrojan que solo un 2,5% de los valencianos tiene anticuerpos frente al nuevo coronavirus, frente al 5% de media nacional.
   En ese sentido, ha destacado que "estamos en la mitad de la media", lo que releva el buen trabajo realizado por Salud Pública en la Comunitat Valenciana para que el virus no se propagara. No obstante, estos datos "también significan que hay menos personas inmunizadas, que no ha pasado el virus, y por tanto, que hay menos personas que sirva de escudo" ante la propagación de la Covid-19.
   Barceló ha destacado la importancia del estudio para determinar cuántas personas han podido contraer el coronavirus y cómo ha circulado el virus y ha atribuido los resultados a que, durante la pandemia, la Comunitat Valenciana estaba entre las cinco comunidades con "menos contagios, y por tanto con menos hospitalizaciones y ingresos en UCI gracias al trabajo de Salud Pública de seguir los contactos y establecer la trazabilidad".
   No obstante, ha insistido en varias ocasiones en lanzar un mensaje de prudencia y de la necesidad de respetar las medidas de higiene y distanciamiento social porque, además, ha recalcado que ya se ha visto en otros países que iniciaron la desescalada con "buenos datos" que han tenido que "restringir medidas".
 "El virus todavía está entre nosotros por eso hay que extremar la prudencia y seguir las medidas que se recomiendan por Sanidad", ha recalcado.
   Precisamente, ha señalado que estos datos de este estudio refuerza su petición al Ministerio de que por "prudencia" no aplique el permiso de celebrar actos culturales en el exterior con hasta 200 personas. "Nos da más la razón para ser prudentes", ha señalado.
    Por ora parte, ha confirmado que a lo largo del día mantendrá una reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que le insistirá en que en su petición de que pasen todos los departamentos de salud a la Fase 1 y que entonces se permita la movilidad provincial.
   Asimismo, también abordarán una nueva regulación de las franjas horarias para evitar la salida de los menores en las horas de más calor. Al respecto, ha explicado que el ministerio permite modificar el horario pero ampliar las franjas, por lo que se deberán reajustar "por arriba o por abajo".

Cuatro consellerias coordinan la 'Operació PAU' para que las pruebas se hagan de forma segura

VALENCIA.- Un grupo específico de coordinación de las Consellerias de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital; Educación, Cultura y Deporte; Justicia, Interior y Administración Pública y Sanidad Universal y Salud Pública trabaja en la 'Operació PAU', con el objetivo de concretar datos y establecer los protocolos de actuación y prevención para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de este año, que se llevarán a cabo los días 7, 8 y 9 de julio.

   La Generalitat ha establecido un dispositivo extraordinario para llevar a cabo la pruebas de este año, dada la situación de "excepcionalidad" que se ha creado debido a la crisis por la Covid-19, para que la realización de los exámenes en los institutos se realice "de forma segura y garantizando la igualdad de oportunidades de los estudiantes", según ha informado en un comunicado.
   Las conselleras de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, y de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, han mantenido este jueves un nuevo encuentro de trabajo por videoconferencia, al que también han asistido los secretarios autonómicos de Seguridad y Emergencias, José María Ángel; de Sanidad, Isaura Navarro y de Universidades e Investigación, Carmen Beviá, así como el director general de Centros Docentes, Joaquín Carrión.
   Según ha apuntado Pascual, "este grupo específico de coordinación ya trabaja en concretar los datos necesarios para el abastecimiento de material de protección y prevención, el número de aulas necesarias y la ratio de estudiantes en cada una de ellas o la señalética que se requiera, entre otras necesidades, para que el estudiantado no tenga confusión alguna cuando acceda al centro".
   Además, según ha explicado, "se remitirá un protocolo de Sanidad a los centros y se pedirá, además a los ambulatorios y centros de salud en cada zona que estén coordinados en caso de necesidad" y contará con el apoyo de los efectivos de Emergencias. En cada centro habrá dos representantes de los tribunales para asegurar el correcto funcionamiento de las pruebas.
   Las pruebas se realizarán en 462 institutos y centros de Bachillerato de la Comunitat. De ellos, 161 en la provincia de Alicante, 247 en Valencia y 54 en la provincia de Castellón. El grupo de coordinación estudia la situación específica de cada centro para habilitar las medidas necesarias de atención a los estudiantes que van a examinarse.

La prueba del título de Bachillerato para mayores de 20 años será los días 19 y 20 de junio

VALENCIA.- La Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ha fijado para los próximos días 19 y 20 de junio la prueba para la obtención del título de Bachillerato para mayores de 20 años.

De esta forma, la administración reactiva la convocatoria, aplazada por la declaración del estado de alarma sanitaria para hacer frente a la Covid-19, y en la que este año se han inscrito 148 aspirantes.
Los exámenes tendrán lugar el viernes 19 y el sábado 20 de junio de 2020, siguiendo las instrucciones que las autoridades sanitarias establezcan para garantizar la seguridad tanto de los y las aspirantes como del profesorado que lleva a cabo la prueba.
Las sedes de realización de la prueba, como estaba previsto inicialmente, serán el IES Playa San Juan de Alicante, donde están convocados 51 aspirantes de las comarcas alicantinas; el IES Vicent Sos Baynat de Castelló, donde harán la prueba 21 aspirantes de las comarcas castellonenses, y el IES Lluís Vives de València, donde se han matriculado 51 aspirantes al título de Bachillerato.
La información actualizada sobre la prueba está disponible en los canales oficiales de Educación de la Generalitat, como el espacio web de la sección de Bachillerato con información para la ciudadanía sobre la prueba para mayores de 20 años de la Dirección General de Innovación Educativa y Ordenación (http://www.ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/bachille...).
También se puede acceder al portal GVA a través del procedimiento 16176, desde el que las personas interesadas reciben información general y acceden a la solicitud de inscripción a la prueba (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos? id_proc=16176), y los espacios informativos habilitados a tal efecto por los tres IES que son sede de los exámenes.

La UE reducirá a la mitad los pesticidas para 2030 para proteger a las abejas y la biodiversidad

BRUSELAS.- La Comisión Europea está tratando de reducir a la mitad el uso de plaguicidas químicos para 2030 a fin de detener la disminución de los polinizadores, con un plan que probablemente suscitará críticas tanto de quienes instan a la eliminación gradual de estas sustancias como de los agricultores que dicen que el rendimiento de los cultivos se verá afectado. 

La Comisión, órgano ejecutivo de la UE, quiere que la Unión Europea se comprometa a reducir a la mitad el uso de plaguicidas químicos y de “alto riesgo” para 2030, según un borrador de un documento que se publicará el 20 de mayo.
El borrador no explica qué se entiende por alto riesgo ni cómo hará efectiva la reducción.
La Comisión rehúsa comentar los borradores no publicados, que son documentos de trabajo y están sujetos a cambios hasta que se adopten.
Es posible que el plan de la Comisión para hacer la agricultura más sostenible, cuya publicación también está prevista para el 20 de mayo, añada detalles.
Los apicultores de Europa occidental han informado de una disminución del número de abejas y de las pérdidas de colonias en los últimos 15 años, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Los legisladores de la UE dicen que esta tendencia pone en peligro el 76% de la producción de alimentos en Europa que depende de la polinización.
Los reguladores de la UE ya han prohibido el uso de insecticidas neonicotinoides en el exterior en 2018, lo que significa que sólo pueden utilizarse en invernaderos cerrados.
Algunos grupos de agricultores han afirmado que la prohibición generalizada de los plaguicidas podría hacer que disminuyera el rendimiento de las cosechas, y han instado a la Comisión a que evalúe las repercusiones de las medidas antes de fijar objetivos vinculantes.

La OCU alerta de la “ausencia” de mascarillas infantiles en las farmacias españolas

MADRID.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado en un comunicado de la “ausencia” de mascarillas infantiles en las farmacias de España.

Así lo ha puesto de manifiesto la organización tras realizar un sondeo aleatorio preguntando por teléfono en 50 farmacias repartidas por la geografía nacional.
La encuesta ha revelado que 18 de las 50 farmacias consultadas disponían de mascarillas infantiles, de las cuales en 5 casos se trataba de mascarillas higiénicas o quirúrgicas, las recomendadas para los niños mayores de tres años “por su mayor transpirabilidad y comodidad”.
Las otras 8 farmacias solo disponían de mascarillas infantiles FFP2, destinadas a niños con enfermedades crónicas o inmunodeprimidos en los que conviene asegurar una mayor protección, y que además tenían un precio medio de 5,80 €/unidad.
En alguna otra farmacia ofrecieron como alternativa mascarillas de tela lavables, que, según ha asegurado OCU, “no garantizan una eficacia similar a las anteriores”.
Por ello, la organización ha urgido a las autoridades sanitarias para que aseguren el “necesario abastecimiento” de mascarillas infantiles en las farmacias, más si cabe teniendo en cuenta que los menores de 14 años ya están autorizados a salir a la calle y el riesgo de contagios infantiles es mayor.
En este contexto, OCU ha explicado que existen diferentes tallas de mascarillas infantiles: pequeña, para niños de 3 a 5 años: mediana, para niños de 6 a 9 años; y grande, para niños de 9 a 12 años. Los menores de 3 años no deberían llevarla, por el peligro de atragantamiento.
En lo que se refiere a las mascarillas FFP2 para adultos, recomendadas para personas con problemas de salud crónicos, inmunodeprimidas y quienes cuidan de enfermos con coronavirus, estaban presentes en 43 de las 50 farmacias, con un precio medio de 6 €/unidad.
Sin embargo, ninguna de las mascarillas a la venta era reutilizable, lo que implicaría un coste mensual estimado de 180 euros al mes para una persona que tuviera que reponerlas a diario por pertenecer a alguno de los colectivos afectados.
Por ello, OCU ha solicitado al Ministerio de Consumo que, tal y como ya hizo con las mascarillas quirúrgicas, fije un precio máximo para todas las categorías de mascarillas, incluyendo las FFP2.
Por último, ha recordado a los ciudadanos que pueden informar de cualquier abuso de precios en relación con la crisis del coronavirus a través del correo electrónico ‘controldeprecios@ocu.org’ para dar traslado a las administraciones competentes.

Pablo Iglesias asegura que el Gobierno aprobará ‘de forma inmediata’ la Ley de protección a la infancia

MADRID.- El Gobierno aprobará "de forma inmediata" en Consejo de Ministros la ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que ya estaba prácticamente diseñada en el momento en que la declaración del estado de alarma paralizó su tramitación, según ha anunciado el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Así lo ha indicado Iglesias este jueves 14 de mayo durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales en el Senado, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento.
“Puedo confirmar que el Consejo de Ministros aprobará también de forma inmediata la ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que ya estaba prácticamente diseñada en el momento en que la declaración del estado de alarma paralizó su tramitación”, ha subrayado en su primera intervención de la comparecencia.
Según ha precisado, el Comité de Derechos del Niño, con ocasión del examen de la situación de los derechos de la infancia en España en 2018, reiteró la necesidad de aprobar una ley integral frente a la violencia contra niños y niñas, análoga a la aprobada contra la violencia de género, que garantice la reparación de derechos y unas normas de atención suficientes.
“Es una ley que responde a una amplia demanda social, consensuada con las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, que va proteger a niños y niñas de las graves consecuencias que tiene la violencia en su desarrollo personal y social, y que va a ser clave para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”, ha insistido.
Además, ha asegurado que la aprobación de la ley será “una muestra de que una parte fundamental de la acción de esta vicepresidencia estará presidida por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”, a quienes quieren “escuchar activamente e invitar a participar” a través del Consejo de Participación Infantil que desarrollarán también en los próximos meses, según ha afirmado.
Todo ello, según ha precisado, lo harán con la colaboración de las organizaciones civiles que trabajan en el campo de la infancia, a quienes ha agradecido su implicación en el desarrollo de la ley y la atención de las necesidades de los menores durante este periodo de confinamiento.

La UE aprueba destinar 57 millones a la Comunitat y otras CC AA por las inundaciones

BRUSELAS.- Los gobiernos de la Unión Europea han dado este miércoles su visto bueno a destinar 56,7 millones de euros en fondos europeos a España para paliar los efectos de las inundaciones que tuvieron lugar en Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía en septiembre del año pasado.

Los veintisiete han dado luz verde a nivel de embajadores ante la UE a la propuesta original de la Comisión Europea, que prevé el desembolso total de 279 millones de euros para España, Italia (212 millones), Portugal (8 millones) y Austria (2,3 millones) para hacer frente a distintos desastres naturales que ocurrieron en 2019.
El dinero se canalizará a través del Fondo de Solidaridad de la UE, que se utiliza en caso de catástrofes naturales graves. El Parlamento Europeo debe aprobar también estas ayudas como último paso para completar el proceso.
"Las regiones de toda la UE siguen sufriendo las consecuencias económicas de las catástrofes naturales que ocurrieron el año pasado, a las que se han añadido la crisis de la Covid-19. La decisión de hoy de dar ayuda constituye otro ejemplo concreto de solidaridad europea en acción", ha destacado Zdravko Maric, ministro de Hacienda de Croacia, país que hasta finales de mayo ocupa la presidencia de la UE.

El comercio advierte de quiebras si el Gobierno prohíbe las rebajas

MADRID.- Los mayores representantes del sector comercial, como la Confederación Española de Comercio (CEC), la patronal Acotex o la gran distribución, han advertido al Gobierno de que la prohibición de las rebajas para evitar aglomeraciones conducirá directamente a la quiebra de empresas y a la pérdida de miles de empleos.

El sector del comercio ha solicitado la "rectificación" del Gobierno sobre este asunto que consideran conlleva una "grave inseguridad jurídica".
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo este miércoles que "las rebajas pueden suscitar aglomeraciones y no están permitidas" y que por tanto sólo se permitirán las rebajas online y no en las tiendas físicas.
Las declaraciones de Illa se producían después de que la Secretaría de Estado de Comercio dijera que se podían realizar rebajas en tiendas físicas si se aseguraba que no hubiera aglomeraciones, rectificando así lo publicado en el BOE del pasado sábado en el que se ordenaba dicha prohibición.
Fuentes de la CEC han destacado "las manifiestas contradicciones" entre lo publicado el pasado sábado por el BOE, las aclaraciones desde la secretaría de Estado de Comercio y las declaraciones de Illa".
La CEC considera un "despropósito" la disposición del BOE publicada el sábado que impide a los establecimientos "anunciar ni llevar a cabo acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público, tanto dentro del establecimiento comercial como en sus inmediaciones" y por la que "quedarían vetadas" las rebajas en las tiendas físicas.
Para la CEC es intolerable que se tomen estas medidas sin consultar y sin informar al sector, algo que debería haberse hecho en la mesa de dialogo sectorial, cuya constitución lleva reclamando a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, desde hace más de dos meses.
En este sentido, la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel, Acotex, ha pedido al Ministerio de Sanidad que no prohíba las rebajas y "rectifique urgentemente" porque ello provocará el cierre de empresas y pondrá en riesgo cerca de 200.000 empleos.
El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, que ha calificado la medida como "una auténtica barbaridad", ha dicho que "el daño que se producirá a todo el comercio es terrible", ya que "pone en peligro más de 17.686 puntos de venta y 198.882 puestos de trabajo".
Según ha señalado Acotex, las restricciones y el control del aforo del 30% impuesto a los establecimientos, así como el mantenimiento de la distancia entre personas de dos metros de seguridad, son las medidas más eficaces para evitar los contagios y "no controlar los precios de los productos".
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) cree que el "debate" de la prohibición de las rebajas es "innecesario" porque con las medidas establecidas por el Gobierno para la reapertura de las tiendas, de momento menores de 400 metros, no se pueden producir aglomeraciones.
Anged ha explicado que "resulta impensable pensar que en el comercio de no alimentación se va a producir la avalancha de clientes que experimentaron los establecimientos de alimentación, al comienzo de la pandemia del coronavirus.
"En el caso de la alimentación, hablamos de productos de consumo diario, mientras que para el resto del comercio la frecuencia de compra es muchísimo menor", ha señalado Anged.

La "ruina" del pequeño comercio

La Confederación Nacional de Autónomos del Comercio (CNAC) ha dicho al Gobierno que la prohibición de rebajas en tiendas físicas y permitirlas online será la "ruina" del pequeño comercio porque ellos no pueden competir en este sentido con las grandes cadenas.
Según ha señalado el presidente de la CNAC, Pepe Galván, a través de un comunicado, "no se pueden prohibir las rebajas en las tiendas físicas y permitirlas a través de internet, al mismo tiempo, porque eso puede suponer una nueva ruina para el comercio de proximidad".

El Gobierno confía en abonar todos los ERTE pendientes esta semana

MADRID.- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, confía en que esta semana se puedan tramitar y abonar todos los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que quedaban pendientes.

En una entrevista en Telecable, Díaz ha reconocido que a finales de abril quedaron sin resolver unos 300.000 ERTE, que "hoy prácticamente están reconocidos".
Ha añadido que muchos de esos expedientes tenían "errores de tramitación" que ya se están resolviendo y, dado que se están pagando a diario -sin necesidad de esperar a una fecha mensual concreta para el abono-, cree que "esta semana terminarán todos".
Por lo que respecta a las personas que se encontraban en paro antes de que estallara la crisis del coronavirus y que están agotando sus subsidios, la ministra ha admitido que algún colectivo "queda siempre" fuera de los programas, una situación que pretende resolver con el futuro ingreso mínimo vital.

El Gobierno pospone todas las oposiciones masivas

MADRID.- El Gobierno ha decidido continuar con el aplazamiento de todas las pruebas selectivas presenciales y que tengan una concurrencia masiva por el tiempo que resulte "imprescindible", aunque ha garantizado la continuidad de la actividad pese a la crisis sanitaria y económica desatada por el Covid-19.

Así lo ha trasladado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, durante una comisión en el Congreso de los Diputados, donde ha informado de todas actuaciones llevadas a cabo por su Departamento durante los últimos dos meses de estado de alarma.
"Se pospone la celebración de pruebas selectivas presenciales y de concurrencia masiva por el tiempo que resulte imprescindible, aunque se garantiza la continuidad de los procesos", ha informado la ministra al resto de representantes de partidos políticos presentes en el Congreso.
No obstante, Darias ha avanzado que, en cuanto finalice la suspensión de los plazos administrativos decretada por la situación de estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus entre la población, los procesos selectivos se podrán tramitar con carácter ordinario.
Mientras tanto, durante estos dos últimos meses, todas las unidades del Ministerio han mantenido su trabajo de manera ordinaria, tanto de forma presencial y no presencial, y han adoptado nuevos mecanismos para reuniones y nuevos ámbitos de trabajo, con celebración de videoconferencias, la flexibilización de horarios o anticipando medidas que formaban parte del itinerario de la legislatura y que se mantendrán de forma permanente.
Según los datos aportados por la ministra, actualmente hay cerca de 50.000 efectivos en la en la Administración General del Estado (AGE) prestando servicios de manera presencial, más de 110.000 trabajando de forma no presencial y poco más de 3.000 se encuentran en aislamiento, lo que supone un 27,7%, 62,18% y 1,76%, respectivamente, sobre el total de la plantilla.

Refuerzo en las áreas esenciales

Debido a que algunas áreas esenciales de la función pública se encuentran sobrecargadas para hacer frente a esta crisis, especialmente en materia de sanidad y empleo, el Ministerio ha tomado medidas para reforzar el personal con cupos de contratación en estos ámbitos.
En este sentido, ha establecido acuerdos de colaboración de empleados públicos procedentes de otras áreas no esenciales para reforzar lo cuerpos de médicos titulares y enfermeros en algunas unidades como la Escala de Gestión de Organismos Autónomos, así como para reforzar otros organismos como el SEPE, Inserso o AGE.
Respecto a la organización del Departamento de cara al proceso de desescalada en la AGE, un acuerdo con los sindicatos ha mantenido como prioritario la actividad no presencial, sin menoscabo de jornada, horario o retribución, mientras que ha hecho prioritaria la atención telefónica y otras formas no presenciales de atención al público y que, en caso de ser presencial, tendrá que ser con cita previa y limitando el aforo.
Darias también ha avanzado que "en breve" convocará la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue), tras un acuerdo procedente de la última conferencia de presidentes, celebrada el pasado domingo, para tratar la implicación de la Unión Europea (UE) en esta crisis, de forma que se celebrará en torno a los días 25 o 26 de este mes, según ha asegurado la ministra.

El Gobierno estudia acelerar la desescalada en el mundo rural

MADRID.- El Gobierno estudia acelerar la desescalada en municipios del mundo rural de menos de 10.000 habitantes donde "tiene poco sentido" mantener las mismas restricciones que en las grandes ciudades. 

"Hay un compromiso del presidente del Gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas de buscar espacios donde se vaya más deprisa, con todas las cautelas del mundo. (...) Tiene poco sentido mantener las mismas limitaciones de las grandes urbes en municipios de menos de 10.000 habitantes", ha destacado la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera.
Ribera, encargada de la elaboración del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, ha subrayado este jueves en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico que la crisis del coronavirus ha demostrado la resiliencia del ámbito rural y que el Ejecutivo quiere impulsar medidas más flexibles en pueblos pequeños.
La también ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha incidido en que el nivel de inmunidad de la población es limitado, lo que requiere ser "extraordinariamente cautos" en la desescalada, que ha de hacerse "poco a poco" a lo largo de las semanas y los meses.
La vicepresidenta cuarta ha incidido en que ha sido "extremadamente difícil y doloroso" doblegar la curva" y ha advertido de que se pueden producir rebrotes durante la desescalada, lo que requerirá actuar "de inmediato y de manera concertada".
Aunque confía en una buena evolución, Ribera ha afirmado que hay que estar preparados para el supuesto de un rebrote de la epidemia, lo que podría suponer dar marcha atrás en la desescalada. En ese difícil equilibrio entre luchar contra el virus y recuperar la economía, es imprescindible "que no se produzcan rebrotes no gestionables de un territorio a otro".

Apertura de fronteras

En cuanto a la recuperación de la movilidad y la apertura de fronteras, ha aseverado que hay que mantener las limitaciones y ha indicado que la realización de test serológicos no son la respuesta para una detección temprana en viajeros porque no detectan a quienes están incubando la enfermedad.
"Hay que ir buscando cómo se puede detectar tempranamente, pero mantener las cautelas con las personas que proceden de otros territorios", ha puntualizado.
Ribera ha incidido en que la autoprotección y las medidas de higiene siguen siendo esenciales para impedir que los ciudadanos se conviertan sin quererlo en vectores de transmisión
Ante las afirmaciones de PP y Vox relativas a su supuesta destitución como responsable del plan de desescalada, la vicepresidenta ha negado tal extremo y ha criticado que los populares se queden en "chascarrillos" sin aportar soluciones en un momento en que la sociedad atraviesa tales dificultades. Ambos grupos han sido muy críticos con la gestión de Ribera y del Gobierno en la crisis del coronavirus.
La diputada popular Carmen Navarro le ha espetado que "sus éxitos lamentablemente son la gama alta de la irresponsabildad y la ineficacia", la ha acusado de ser una ministra "ocupada en todo y en nada" por los cargos que acumula como vicepresidenta y responsable de la desescalada: "Son el gobierno de la mentira y España necesita certidumbre", ha denunciado.
Desde Vox, Luis Gestoso ha exigido que Ribera sea cesada por "sus líos y su arrogancia" y que se produzca la desescalada del "secuestro" de las libertades.
El socialista Germán Renau ha expresado que "del PP cabría esperar algo de coherencia y compromiso en lugar de poner palos en la rueda" y ha aconsejado a ese partido en lugar de alabar la gestión de la presidenta de Madrid," tenerla más escondida".
La diputada de Cs María Muñoz ha reconocido sentir vergüenza y bochorno por el debate político de la Comisión basado en el "y tú más" cuando se está planteando la reconstrucción del país. "No me sorprende que los ciudadanos tengan desafección por la clase política; hay casi 30.000 muertos, qué mas tiene que pasar para que nos unamos y acordemos juntos desde el consenso", ha preguntado a sus compañeros.
En el mismo sentido, Idoia Sagastizabal (PNV) ha lamentado que los discursos catastrofistas y de reproches no ayuda, sólo "encrespan" a una sociedad "que ya bastante tiene con gestionar su miedo e incertidumbre".
La diputada de Unidas Podemos Isabel Franco ha pedido que la ciudadanía pueda salir de esta crisis "más fuerte y unida" y ha solicitado que se tenga en cuenta el reto demográfico en la desescalada.
Ribera ha pedido unidad para los desafíos que se avecinan y a no mirar hacia otro lado: "La reconstrucción va a ser complicada, lo sabemos".
El plan de desescalada es "orientador", ha dicho, se basa en tres principios que son la prudencia y la seguridad sanitaria, la gradualidad para evitar un rebrote fuera de control y la cogobernanza.
Según Ribera, se han incluido entre el 85 y el 90 % de las aportaciones hechas por las comunidades autónomas, si bien ha reconocido que no siempre ha existido acuerdo con los gobiernos autonómicos a la hora de determinar el avance o no de la fase 0.
La vicepresidenta ha defendido que la salida de esta crisis requerirá repensar la movilidad y los modelos de ciudad y en ella la lucha del cambio climático y el valor de lo público deberán estar muy presentes.
"Saldremos de la crisis mejor si somos más sostenibles, digitales y más industriales", ha coincidido el diputado de ERC Joan Capdevila i Esteve y Juantxo López de Uralde (Unidas Podemos) ha exigido que la lucha contra el cambio climático sea una prioridad y no una víctima en esta crisis.

La OCU no detecta rastro de coronavirus en envases en supermercados

MADRID.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no ha detectado rastros de coronavirus en los envases de alimentos de diez supermercados analizados, si bien recomienda mantener las medidas de precaución al hacer la compra.

Ninguno de los 66 alimentos y productos de droguería de gran consumo adquiridos por la organización durante la última semana de abril en supermercados de ocho cadenas en Madrid, Barcelona, Vitoria y La Coruña contenía coronavirus en su superficie, según un comunicado difundido este jueves.
En concreto, analizaron harinas, tabletas de chocolate, bolsas de patatas fritas, barras de pan, latas de cerveza, manzanas a granel, papel higiénico, yogures, ensaladas envasadas, tortillas precocinadas, barquetas de carne y salmón ahumado.
Los resultados se obtuvieron mediante pruebas genéticas PCR, según la organización, que reconoce que las medidas de higiene promovidas por los propios supermercados, como la limpieza periódica de las superficies y el uso de guantes y mascarillas han podido ayudar a reducir el riesgo.
A pesar de no haber detectado restos de coronavirus, la OCU recomienda seguir manteniendo las medidas de precaución en los supermercados, como guardar la distancia con otros usuarios, usar guantes y mascarilla, y evitar tocarse la cara.
También sugiere hacer la compra solo cuando sea necesario, preferiblemente sin acompañantes, pagar con tarjeta y, al salir del establecimiento, quitarse los guantes y dejarlos en los contenedores que haya al efecto.
Cuando se vuelva a casa, conviene eliminar el embalaje exterior de los productos, apuntando la fecha de consumo o el lote, y lavarse las manos con agua y jabón, mientras que si hay personas de riesgo en el hogar propone limpiar los envases de cristal, plástico o latas con agua y jabón.

Bruselas amenaza con expedientar a España por la mermada protección a los viajeros de aerolíneas

BRUSELAS.- Los comisarios de Justicia, Didier Reynders, y de Transporte, Andina Valean, han enviado este jueves una carta a España para avisar de que ven "problemas" en el modo en que la legislación nacional protege los derechos de los pasajeros a quienes se ha cancelado un vuelo durante la crisis del coronavirus, por lo que estudiarán iniciar un expediente sancionador si el Gobierno no toma medidas.

Las reglas de la Unión Europea obligan a las aerolíneas o turoperadores a reembolsar en efectivo el importe de los billetes anulados, aunque si el pasajero acepta se le puede ofrecer en su lugar un itinerario alternativo o un cupón para canjear por otro viaje más adelante.
Sin embargo, Bruselas ha detectado que en un grupo de Estados miembro, entre los que está España, hay "problemas" en su legislación que hace que los derechos de los pasajeros no se vean cubiertos en la medida en que exigen las reglas de la UE.
Por ello, Reynders y Valean han decidido enviarles una "carta de advertencia", han indicado  fuentes comunitarias, en la que se señala "preocupación" porque en su análisis de la situación han detectado posibles deficiencias y les da hasta el 28 de mayo para ofrecer "aclaraciones" antes de valorar si procede incoar un procedimiento.
La comisaria Valean anunció ya el miércoles cartas para los ministros de Transporte de "todos" los Estados miembro con la que recordar las reglas europeas en materia de consumo y negó que se lanzaran expedientes sancionadores contra doce países, tal y como había anunciado poco antes -y después corrigió- la vicepresidenta de Competencia, Margrethe Vestager.
El objetivo de las misivas, dijo Valean, es subrayar que los pasajeros tienen derecho a exigir el reembolso en efectivo de sus billetes anulados, y rechazar por tanto los cupones de viaje que muchas aerolíneas ofrecen en su lugar, algo que no todos los países están haciendo cumplir.
Cada una de estas cartas está "adaptada a las especificidades" de cada país, añaden fuentes comunitarias, y no suponen el inicio de un procedimiento de infracción, si bien Reynders y Valean "dejan claro que no dudarán en tomar medidas" si los países incumplidores no enmiendan la situación "con celeridad".
En efecto, Bruselas tiene dudas con respecto a trece Estados miembro, según ha confirmado este jueves en una rueda de prensa el portavoz de Valean, Stefan de Keersmaecker, que ha nombrado a "Bélgica, Bulgaria, República checa, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal y Países Bajos".
A finales de abril, al menos una docena de Estados miembros, entre ellos Francia, Irlanda y Países Bajos, pidieron a Bruselas flexibilidad para suspender temporalmente la obligación de devolver el dinero de los vuelos cancelados, para aliviar los problemas de liquidez de las aerolíneas por tener la flota parada como consecuencia de la pandemia.
Así, pidieron una respuesta "urgente" que permita a las compañías aéreas resolver las devoluciones mediante cupones canjeables más adelante, algo a lo que se resiste Bruselas.

Consumo desaconseja para la población general el uso de mascarillas FFP2

MADRID.- El Ministerio de Consumo ha desaconsejado este jueves en la población general el uso de mascarillas tipo FFP2, el modelo que la Comunidad de Madrid está distribuyendo gratuitamente en las farmacias, y ha recordado que éstas sólo están recomendadas para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables bajo prescripción médica. 

La Asociación de Empresas de Equipos de Protección Individual advirtió ya ayer en un informe que este dispositivo presenta hasta 19 fallos y no se adecúa al Reglamento 2016/425 de la Unión Europea.
Para la población general, el Departamento que dirige Alberto Garzón sugiere el uso de las mascarillas higiénicas en el caso de las personas sanas y sin contacto con la COVID-19 y de las quirúrgicas para las personas que hayan resultado contagiadas, tengan síntomas o sean positivas asintomáticas, tal y como especificaban en la guía que facilitaron en la víspera en que el uso de este tipo de protección se convertía en obligatorio para los viajeros en transporte público. 
El tercer grupo de mascarillas, las tipo EPI (equipo de protección individual), entre las que se encuentran las FFP2, están recomendadas sólo para personas en contacto con el virus y para grupos vulnerables, siempre bajo prescripción médica.
Este tipo de mascarillas pueden dificultar la respiración más que las mascarillas higiénicas o quirúrgicas, "por lo que personal no especializado puede tender a tocarlas y recolocarlas continuamente, con el consiguiente riesgo de contaminación", advierte Consumo. 
Además, las personas que realizan actividades físicas o algunas personas con dificultades respiratorias pueden no tolerarlas, por lo que Consumo insiste en que su uso, por quienes no son profesionales, debe realizarse con prescripción médica.  
Además, avisa de que al ser material principalmente destinado a profesionales, puede generar una falsa sensación de seguridad, que relaje el mantenimiento del resto de medidas de seguridad y prevención de imprescindible cumplimiento, como son la distancia física y el lavado de manos.
Desde ayer, este tipo de mascarillas ha dejado de ser dispensada a menores de 4 años por prescripción de Salud Pública, que advierte de que no es "recomendable" para esta franja de edad. Solo se entregan actualmente por orden de la Consejería de Sanidad a los nacidos hasta el 13 de mayo de 2016
a raíz de la retirada solicitada de los Coordinadores de Pediatría de Atención Primaria.

Correcto etiquetado

El Ministerio de Consumo recuerda que es imprescindible que todas las mascarillas contengan una etiqueta con la información obligatoria según la legislación aplicable. Esto incluye los datos relativos a su reutilización y, si procede, los usos permitidos y número de lavados que pueden hacerse sin que el producto se resienta, así como método de lavado de la mascarilla.
En el caso de las mascarillas etiquetadas con la norma europea para equipos de protección individual, el etiquetado del embalaje debe contener datos del fabricante, clase de protección (FFP1, FFP2 o FFP3), la frase "véase la información suministrada por el fabricante", la indicación R o NR en caso de que sea reutilizable o no reutilizable, condiciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento y desinfección. 
Consumo advierte de que es obligatorio que toda la información que acompaña al producto esté escrita, al menos, en castellano, ya que si no puede provocar problemas de seguridad al usuario, como que personas alérgicas a determinados materiales estén usando mascarillas con información en inglés y chino.
Las obligaciones relativas a la seguridad -subraya Consumo- son aplicables "independientemente de que el producto se ponga a disposición del consumidor a título oneroso o gratuito, en el marco de una actividad comercial".
Además, la información que acompaña a la mascarilla debe esclarecer al usuario la vida útil del producto y las condiciones en las que usar el producto en ese periodo de tiempo.
En lo referente a su certificación, el Ministerio de Consumo recuerda que antes de usar una mascarilla EPI, en caso de que incluya el marcado CE, hay que comprobar que está acompañado de los cuatro dígitos que indican la conformidad de un Organismo Notificado reconocido previsto en el reglamento UE (2016/425).
El Ministerio de Consumo pide a todas las administraciones que sigan las recomendaciones del Gobierno y que cumplan la legislación aplicable sobre EPI, los supuestos establecidos en la Resolución del 23 de abril de 2020 de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, y la legislación básica de información y garantías para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.


Guía para elegir la mascarilla más adecuada

El comisario europeo aboga ahora por mejorar el presupuesto de la PAC

BRUSELAS.- El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, ha afirmado  que es necesario mejorar el presupuesto de la PAC y renovar sus herramientas para hacer frente a situaciones de crisis, tal y como ha dejado patente la pandemia de Covid-19. Asimismo, aboga por desligar la reserva de crisis de los pagos directos.

El polaco ha señalado tras la reunión telemática de ministros del ramo que hay una “opinión común” entre las capitales sobre la necesidad de “fortalecer” la dotación de la PAC. “Es una señal muy importante”, ha expresado el responsable de Agricultura del Ejecutivo comunitario en una rueda de prensa.
“El problema es que la PAC y su presupuesto están preparados para tiempos normales y no para situaciones de crisis. En el futuro debe ser reformada para incrementar las posibilidades de intervención en momentos de crisis”, ha defendido Wojciechowski.
El comisario ha subrayado sobre todo la necesidad de aumentar el presupuesto del pilar sobre Desarrollo Rural, puesto que es el instrumento que permite reducir las diferencias entre los Estados miembros, que puede agravarse por el hecho de que en medio de la pandemia algunos países tengan más capacidad de otros para apoyar a su sector primario.
A modo de ejemplo, el polaco ha apuntado que se debe desligar la reserva de crisis de los pagos directos. “En la práctica no podemos usarla porque es sensible desde el punto de vista político, los Estados miembros no están interesados porque supondría una reducción de los pagos directos“, ha explicado.
Precisamente la posibilidad de activar la reserva de crisis de la PAC es una de las cuestiones que divide a los Veintisiete. Algunas capitales creen que “ha llegado el momento de hacerlo” pero otras se oponen, según ha explicado en la comparecencia la ministra croata de Agricultura, Marija Vuckovic, que este semestre ostenta la presidencia de la UE.
Vuckovic también ha señalado que muchos ministros remarcaron la necesidad de desbloquear recursos adicionales para sectores como el lácteo o el vino. Con respecto a esta cuestión, el comisario ha afirmado que Bruselas se ha centrado en los sectores más golpeados y no estudia nuevas medidas de mercado, aunque “vigila” la evolución de los distintos sectores y está preparado a adoptar nuevas acciones si fueran necesarias.

La deuda de la banca española con el BCE se disparó un 17,16% en abril

MADRID.- Tras seis meses consecutivos a la baja, las entidades españolas rompieron en marzo esta racha y acumulan ya dos meses elevando su apelación al organismo presidido por Christine Lagarde, según datos del Banco de España. 

Por su parte, la apelación bruta del conjunto del Eurosistema al BCE alcanzó 895.972 millones de euros. Esta cifra representa un repunte de casi el 30% respecto al mes inmediatamente precedente y de un 23,7% si se compara con abril del año pasado.
Así, la apelación de los bancos residentes en España al instituto emisor representó en abril el 18,69% del total del Eurosistema, esto es 2,04 puntos porcentuales menos que en marzo.
Por otro lado, el volumen agregado de activos adquiridos en España en el marco de los distintos programas de compra de activos implementados desde 2009 por el BCE sumaba 356.051 millones de euros en abril, un 4,71% más que el mes pasado y un 6,1% superior en términos interanuales.
En el conjunto del Eurosistema, el importe agregado de las compras de activos alcanzó en el cuarto mes de 2020 un total de 2,8 billones de euros, un 4% más que un mes antes y un 6,46% por encima de abril de 2019.
Según los datos del Banco de España, el volumen agregado de compras de activos en España representa un 12,68% del total correspondiente al balance consolidado del Eurosistema, en línea con el mes anterior.

Altos cargos de Compromís piden paralizar la ZAL de València y responsabilizan al PSPV

VALENCIA.- Terremoto en València por la aprobación del trámite que inicia las obras de reparación y reurbanización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL). Joves PV-Compromís ha impulsado un comunicado firmado por altos cargos en el que se posicionan en contra de su reactivación, de la que responsabilizan al PSPV-PSOE. Advierten que, al estar judicializado, “tiene posibilidades de ser anulado” y exigen que se paralice y que el actual polígono fantasma se convierta “en un gran espacio verde”, según recoge La Vanguardia.

El texto lo secundan altos cargos de Compromís: el conseller de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà; la secretaria autonómica de Política Territorial, Urbanismo y Paisaje, Imma Orozco; el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enric Juan; los diputados en Les Corts Valencianes Fran Ferri, Graciela Ferrer, Cristina Rodríguez, Juan Ponce, Papi Robles, Carles Esteve y Josep Nadal; la vicepresidenta de la Diputación de València, Maria Josep Amigó; y la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó.
Llama la atención, sin embargo, que ningún miembro de Compromís del Ayuntamiento de València se haya unido al comunicado. Además, en él tampoco se explicita que se vaya a llevar a cabo ninguna acción política orientada a paralizar la ZAL.
El comunicado carga duramente contra el PSPV-PSOE, socio de gobierno de Compromís tanto en la Generalitat Valenciana como en el Ayuntamiento de València, y afirman que si gobernaran sin ellos, no tomarían estas medidas. Pasan la pelota, así, al tejado de los socialistas.
Primero acusa a “los gobiernos del PSOE y el PP en el Estado y en la Generalitat” de haber “perpetrado” esta “agresión” que supuso “la destrucción de la huerta de la Punta y de sus casas y el desalojo de sus familias” y que fue anulada por los tribunales, tanto por el TSJ (2013) como por el TS (2015). El Supremo también tumbó en 2017 el proyecto de la red eléctrica de alta tensión que tendría que dar el suministro a la ZAL.
En segundo lugar, subrayan que la aprobación del nuevo Plan Especial de la ZAL la impulsó en 2017 “la Conselleria de Obras Públicas dirigida por el PSPV-PSOE”, “sin modificar los fundamentos del proyecto previo e incurriendo de nuevo en un riesgo de judicialización de sus actuaciones”.
Entonces, Joves PV-Compromís recuerdan que ya presentaron una propuesta alternativa para “convertir la zona en un gran espacio verde”. Tras aquella decisión, la plataforma ‘Horta és Futur. No a la ZAL’ presentó un recurso contencioso administrativo ante el TSJ, que fue aceptado a trámite.
En tercer lugar, recalcan que, a pesar de compartir gobierno “con otras fuerzas progresistas”, Compromís tiene “discrepancias sobre el modelo territorial”, ya que “defiende un modelo que piense en el conjunto de la ciudadanía, en la salud y el bienestar de las personas y en la defensa del territorio”.
“Estas diferencias pueden ocasionar la aceptación de medidas con las que no estamos del todo de acuerdo y que no tomaríamos gobernando en solitario”, aseguran, en clara referencia al PSPV-PSOE.
En el comunicado admiten que la aprobación de las obras de reparación y reurbanización de la ZAL en el Ayuntamiento de València el pasado 30 de abril se explica en que, de no hacerlo, “se podría incurrir en un delito de prevaricación por desatender sin motivos un trámite administrativo”.
En cualquier caso, aprovechan, una vez más, para señalar al responsable: la decisión fue “llevada a Junta de Gobierno por parte de la concejala de Urbanismo, del PSPV-PSOE” (Sandra Gómez). Y añaden: “Consideramos que es un error, porque supone dar trámite a un proceso judicializado que tiene posibilidades de ser anulado”.
La coalición valencianista rechaza la ZAL “como proyecto del siglo anterior que contraponía medio ambiente y economía”, y afirman que “ya no tiene razón de ser hoy día”. 
“El consenso actual reitera la necesidad de reducir las cadenas globales, reducir las macroinfraestructuras y repensar un modelo económico de bajo valor añadido y concentración de beneficios en pocas manos”, añaden.
Por ello, instan a “repensar el modelo de grandes inversiones especulativas, eliminar las nuevas infraestructuras faraónicas con elevados impactos medioambientales y exigir nuevos modelos de cogovernanza ciudad-puerto tal como apuesta la agenda 2030 de ciudades portuarias”. 
“Ahora es la ZAL, pero mañana será la ampliación norte y pasado mañana el acceso. El que hace falta es mirar la brújula y girar 180 grados”, defienden.
El comunicado recuerda que el pasado mes de septiembre la Generalitat Valenciana decretó el Estado de Emergencia Climática y que la actual pandemia del coronavirus “obliga” a “repensar la dependencia del comercio internacional” y a “favorecer la economía de proximidad”, entre la que incluyen la huerta productiva.
Por todo ello, defienden que la ZAL sea “un gran conector de infraestructura verde” que conecte, a través del lecho del río, los parques naturales del Túria y de la Albufera, y manifiestan su “apoyo” a la plataforma ‘Horta És Futur. No a la ZAL’ y “a las acciones emprendidas para la paralización de la ZAL y la recuperación de la Punta”.

El sector turístico ve esperanza tras la corrección europea

MADRID.- El sector turístico aplaudió el plan presentado por Bruselas para volver a la actividad, al entender que «es una señal de aliento que propicia la vuelta a la movilidad» y que «va en contra de la política de confinamiento y de cuarentena en el espacio Schengen».  

«Nos alienta mucho que los vientos que llegan de Bruselas no sean de cuarentena», declaró ayer a El Mundo el vicepresidente de la Alianza por la Excelencia Turística, Exceltur, José Luis Zoreda.
El sector entiende que el mensaje de Bruselas es una corrección a la medida tomada hace dos días por el Gobierno de poner en cuarentena a las personas que vengan de otros países durante el estado de alarma. Esta decisión fue muy criticada, al considerar que disuade al turista que se está planteando sus vacaciones.
Bruselas instó ayer a levantar las prohibiciones al turismo de forma gradual, sin cuarentenas forzosas a quien venga del extranjero ni imponiendo el uso de un pasaporte sanitario. 
«La prohibición generalizada a la libre circulación debería ser reemplazada por medidas más específicas. Si la situación de salud no justifica un levantamiento general de las restricciones», dice el texto, con un sistema «por fases y coordinado».
Incluye una invitación a la desescalada gradual, «en realidad similar al plan de desescalada por fases del Gobierno», señala Zoreda, que lamenta que el Ejecutivo se precipitara al anunciar la cuarentena sólo un día antes de que Bruselas se pronunciase.
Europa apuesta por establecer corredores entre zonas razonablemente seguras, entre países que tienen una situación sanitaria similar. Esta regionalización, dicen desde Exceltur, «nos dará más oportunidades», pues podría permitirse, por ejemplo, que turistas de determinados países viajen a Canarias o Baleares, ya en fase 1 y con mucha menor incidencia del coronavirus.

Sin cuarentenas

En cuanto a las cuarentenas, la Comisión cree que no son una buena solución y que carecen de sentido o de proporcionalidad cuando se habla de países vecinos, en situación epidemiológica similar y que han aplicado medidas de confinamiento o distanciamiento social equivalentes.
«La temporada de verano ya no está perdida y ahora tenemos que trabajar para conseguir atraer al turista», señala Zoreda, para quien la idea de poner en cuarentena a los extranjeros puede disuadir a turistas a irse «a otros países que tienen una posición mejor, como Grecia, Portugal o Malta».
«Las recomendaciones de Bruselas son muy importantes porque veníamos advirtiendo de esta necesidad de que la UE estableciese un marco común de diálogo para restablecer de nuevo las fronteras para la recuperación del sector turístico», señaló Jorge Marichal, presidente de Cehat, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.

Tráfico aéreo, clave

Recuperar el tráfico aéreo es clave para el turismo español, pues prácticamente el 80% de los extranjeros que nos visitan vienen en avión. En este sentido, el sector aéreo también acogió con alivio las pautas marcadas por Bruselas al respecto. Hace recomendaciones concretas para cada medio de transporte, desde reducir el número de personas en trenes, autobuses o aviones, pero no forzosamente prescindir del asiento del medio. 
Es decir, no les obliga a mantener una distancia de seguridad dentro del avión, una medida que las aerolíneas veían como inviable y nada rentable.
«Las compañías aéreas estamos totalmente comprometidas con la seguridad. La salud y seguridad de nuestros pasajeros y trabajadores es nuestro principal objetivo y con la decisión de la CE se reconocen las particularidades del avión, que es el transporte aéreo más seguro incluso en tiempos del Covid», señala Javier Gándara, presidente de ALA, la Asociación de Líneas Aéreas.
Desde Exceltur también creen que el hecho de que no se hayan puesto restricciones a la viabilidad del transporte aéreo ayudará al turismo, pues «se deja de discriminar de alguna manera este medio de transporte».

Tiempos para viajar

La idea de que la movilidad entre países pueda llegar de manera gradual plantea ahora la cuestión de cuándo podrán comenzar esa circulación entre turistas. Bruselas no da plazos ni fechas. 
En su último informe sobre el impacto de la pandemia en el sector, Exceltur planteaba una activación de turismo interno (el español) hacia finales del mes de junio, principios de julio. La llegada de extranjeros en coche o en tren no la contemplaba hasta julio, pero aún con muy poca demanda, mientras que la llegada por avión no se esperaba hasta finales de agosto.
Los planes de Bruselas cambian ahora la perspectiva, «y sí se podría adelantar la llegada», recibir turistas antes, siempre y cuando la situación sanitaria evolucione en sentido positivo. Las aerolíneas, de hecho, ya están preparándose para ello. KLM ha anunciado que retoma los vuelos a Europa, Ryanair hará lo propio en julio y Lufthansa conectará con Baleares también a partir de junio.
Para Romà Andreu, experto en el sector aéreo de la EAE Business School, hacia finales de verano la capacidad aérea podría estar entre el 45% y el 50% y para los de larga distancia, entre el 80% y el 90%. 
Otra medida que da aire a las aerolíneas es una de las que más polémica ha generado en las últimas semanas: los derechos de los ciudadanos a recuperar su dinero tras las cancelaciones de viajes o paquetes turísticos. 
Según las normas de la UE, los viajeros tienen derecho a elegir entre cupones o un reembolso en efectivo por cada cancelación de billete o paquetes de viaje. Devolver este dinero a los clientes supondría para muchas aerolíneas «perder meses de liquidez», señala Romà Andreu. 
La Comisión cree que esta opción es más viable para las aerolíneas, uno de los sectores más tocados por la crisis derivada de la pandemia.
De momento, Alemania anunció aque relajará los controles en sus fronteras terrestres con la intención de crear un efecto dominó que concluya con la apertura completa de sus fronteras el próximo 15 de junio en el espacio Schengen. Austria y Suiza harán lo propio en la misma fecha.

Un total de 146.779 autónomos de la Comunitat Valenciana tienen concedida la prestación extraordinaria por la Covid-19

VALENCIA.- La Seguridad Social ha reconocido ya a 146.779 autónomos de la Comunitat Valenciana la prestación extraordinaria por cese de actividad que habilitó para el colectivo a mediados de marzo ante la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y la suspensión de actividades decretada por el estado de alarma.

En concreto, se ha recibido esta prestación a 59.789 autónomos de la provincia de Alicante, 15.168 de la de Castellón, y 71.822 de la provincia de Valencia, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
En toda España, son ya más de 1,3 millones de autónomos los que han visto reconocida esta prestación extraordinaria, esto es, el 92% de los más de 1,44 millones de trabajadores por cuenta propia que la han solicitado a fecha 12 de mayo. De este total, el 3,1% se han denegado y mientras que el 4,6% restante está en trámite.
Esta prestación, que también conlleva la exoneración de cuotas a la Seguridad Social de forma temporal, fue aprobada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, tras la declaración del estado de alarma.
En términos absolutos, los sectores con más beneficiarios de la prestación son comercio (328.767 solicitudes aceptadas), hostelería (255.493) y construcción (134.383). Mientras que las comunidades autónomas con un mayor número de receptores son Andalucía, Cataluña y Madrid.
Tiene acceso a esta prestación, cuya cuantía asciende al menos a 661 euros mensuales, cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido a la declaración del estado de alarma o cuya facturación caiga en el mes un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior.
En el caso de algunos colectivos como el régimen agrario, del mar -con unas actividades muy estacionales- o de la cultura y el espectáculo, el periodo de cálculo se adapta a las peculiaridades de esos sectores.
La tasa de cobertura --beneficiarios de la prestación en la primera semana de mayo sobre la media de afiliados en febrero, antes del impacto de la pandemia del coronavirus-- se sitúa en torno al 40% de los autónomos.
Por sectores, se supera el 70% en Servicios de comidas y bebidas, Otros servicios personales, Servicios de alojamiento, Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento y Juegos de azar y apuestas.
Por comunidades autónomas, la mayor tasa de cobertura se produce en las Islas Canarias, donde se sobrepasa el 45%, mientras le siguen, con una cobertura de entre el 40% y el 45%, Andalucía, Comunitat Valenciana, Asturias y Cantabria.
En el caso de la Comunitat la tasa de cobertura se sitúa en un 41,8% de media. Por provincias, en la provincia de Alicante la tasa está en el 45,11%, en Castellón en un 37,22% y en un 40,37% en la provincia de Valencia.
La Tesorería General de la Seguridad Social ya ha devuelto la parte correspondiente de las cuotas de marzo de 272.749 autónomos que tenían entonces concedida la prestación. El importe de la devolución asciende a 44,7 millones de euros. En las próximas semanas también se realizarán las devoluciones de las cotizaciones de abril a aquellos a quienes se les reconoció después de que se realizase la orden de cobro.
El pasado día 30 de abril, más de 1,1 millones de autónomos recibieron la prestación extraordinaria, por un importe de 641,2 millones de euros. Previamente, el 17 de abril, ya se había realizado el ingreso de la primera mensualidad, que supuso una inyección de 670,9 millones de euros.
La ayuda busca proteger la falta de ingresos de los autónomos en esta situación excepcional provocada por la COVID-19 y contribuir a la supervivencia de su negocio.
Para solicitar esta prestación, un trámite que se debe realizar a través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, no se requiere periodo mínimo de cotización exigido para otras, sólo es necesario estar en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y hallarse al corriente de pago de las cotizaciones sociales.
Además, es compatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social que el solicitante viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba.

Confecomerç asegura que la prohibición de rebajas en tienda física es una "sentencia de muerte" para el pequeño comercio

VALENCIA.- La Confederació del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (CONFECOMERÇ CV) ha expresado este jueves su "indignación" al conocer la decisión del Gobierno de prohibir las rebajas en tienda física durante la crisis provocada por la Covid-19, una medida que considera "incoherente" y que "deja en clara desventaja al pequeño comercio respecto a las grandes plataformas digitales" internacionales.

Tras casi dos meses de cierre, los pequeños comercios han recibido esta noticia como un "mazazo", que necesita urgentemente de una aclaración por parte del Gobierno, dado que la prohibición de las rebajas o promociones significará la "sentencia de muerte para los pequeños comerciantes", asegura en un comunicado.
En su escrito, la patronal autonómica recuerda que las rebajas una acción que se rige por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, por lo que para realizar una modificación de este calibre es necesario cambiar la ley y lamenta las "contradicciones" entre lo publicado en la Orden Ministerial, las aclaraciones de la Secretaría de Estado de Comercio y las declaraciones del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que repercuten en la seguridad jurídica del sector.
En este sentido, el presidente de la patronal, Rafael Torres, ha lamentado lo que considera una "descoordinación entre ministerios, y una decisión que provocará un gran impacto en el sector", por lo que solicita al Ejecutivo que piense que "con este tipo de medidas se está poniendo en serio peligro la viabilidad de miles de pequeños empresarios y trabajadores, lo que sin duda supondrá la desaparición y cierre de pymes, micropymes y autónomos que forman la mayor parte del tejido empresarial y que representan el 13% del PIB a nivel nacional".
En su opinión, "es inadmisible que asistamos a un Plan de Desescalada, en el que se adopten decisiones en contra de la reconstrucción y de la recuperación empresarial y económica, cuando se puede garantizar totalmente la seguridad, adoptando medidas de limitaciones de aforo y mantenimiento de la distancia de seguridad".
A su juicio, la argumentación de evitar posibles aglomeraciones "carece de sentido" cuando ya existen limitaciones de aforo en los locales comerciales para las distintas fases, encaminadas a garantizar plenamente la total seguridad para comerciantes y clientes.
"No entendemos esta prohibición y pedimos explicaciones. El sector ahora mismo requiere de certidumbre y seguridad para iniciar la senda de la recuperación. Con este tipo de actuaciones lo único que se consigue es crear confusión y generar un agravio comparativo del pequeño comercio respecto a la venta en las grandes plataformas digitales internacionales, a las que no se les hace esta restricción, pudiendo seguir operando, teniendo así una ventaja competitiva respecto al pequeño comercio", ha concluido Torres.

La Coordinadora de Hostelería de los Barrios aconseja esperar a reabrir cuando haya "más certeza" sanitaria y económica

VALENCIA.- La Coordinadora de la Hostelería de los Barrios de València recomienda a las pymes esperar a abrir a que haya "más certeza" económica y sanitaria. En su opinión, la incertidumbre ante la decisión del Ministerio de Sanidad sobre el cambio de fase de la Comunitat Valenciana, la desconfianza sobre la situación sanitaria y económica y la falta de un plan para la reconstrucción de València hacen "desaconsejable" recuperar la actividad por el momento.

Para las pymes del turismo, la hostelería, el ocio y la cultura de los barrios de València ha llegado el momento de reclamar "valentía" a los responsables políticos para "asumir decisiones extraordinarias, en momentos inimaginables, con herramientas administrativas excepcionales".
En un comunicado defienden que el debate sobre la ampliación de la superficie de las terrazas y la ocupación de la calzada o el espacio público o el "esfuerzo titánico" que están haciendo las juntas de distrito por agilizar la concesión de los permisos de las nuevas terrazas son aspectos importantes en tanto en cuanto tienen que ver con la dinamización de la vida en la calle como espacio privilegiado para recuperar la actividad económica y social de la ciudad.
"Pero el desafío va mucho más allá", apunta la Coordinadora. En este sentido ha defendido que es el momento de elaborar un plan transversal de gobernanza entre todas las áreas municipales implicadas como pueden ser comercio, dominio público, juntas de distrito, movilidad, servicios sociales y turismo, para abordar un 'plan integral de reconstrucción' de la ciudad que "no puede dejar fuera ninguno de los barrios de València o marginar aquellos que fueron declarados Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS)", remarca el comunicado.
Para la Coordinadora de la Hostelería de los Barrios de València "la maquinaria burocrática no puede entorpecer la reconstrucción de la ciudad. El Ayuntamiento no debe ni puede enrocarse en las actuales ordenanzas municipales vigentes ni en los procedimientos ni ordenamientos jurídicos ordinarios actuales, sino que debe buscar fórmulas y mecanismos jurídicos que agilicen los trámites para activar planes de choque y medidas urgentes de cara a la reapertura y adecuación de los establecimientos hosteleros, comerciales, actos culturales y sociales a la nueva realidad y necesidades surgidas tras la Covid-19, en todas las zonas y barrios de la ciudad, incluidas las ZAS".
Al respecto, argumenta que, según la Ley de Bases del Régimen Local de 1984, en su artículo 124.4, "las administraciones locales pueden adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno".
Partiendo de esta base y cobertura legislativa, y en el actual contexto socioeconómico, la Coordinadora pide al alcalde, Joan Ribó, la publicación de un decreto-bando que recoja todas las disposiciones y normas que rijan el funcionamiento de la ciudad, durante los próximos meses, para la reactivación de la actividad económica y social de la ciudad.
"Si queremos salvar la ciudad y evitar la crisis más grave que ha vivido València desde la Guerra Civil, tenemos que asumir la verdadera magnitud del conflicto y del problema al que nos enfrentamos como sociedad". 
"Durante los próximos meses València no va a tener un problema de ruido ni de molestias, ha llegado el momento de sumar y de trabajar por la ciudad", remarca el comunicado.
La Coordinadora de la Hostelería de los Barrios de Valencia, integrada en la plataforma nacional SOS PYMES CORONAVIRUS, toma el relevo de la Plataforma Antizas, creada hace ahora poco más de un año y formada por la Asociación de Empresarios de Ciutat Vella y del Barrio del Carmen (Albarca), la Asociación por una Hostelería Responsable en Russafa (Al Balansí), la Asociación de Hostelería del Cabanyal y hosteleros de Xúquer, Wooody y Juan Llorens.