viernes, 10 de julio de 2009

Lladró Comercial ofrece a los afectados del ERE 28 días por año y los sindicatos lo ven "inaceptable"

VALENCIA.- Lladró Comercial y Daisa ofrece a los 79 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que presentó esta filial del grupo el pasado 16 de mayo, 28 días por año trabajado, con 15 mensualidades, en lugar de los 23 días que se comprometió a pagar la empresa inicialmente, según informaron hoy los sindicatos CSI·F y UGT.

En este sentido, tanto la portavoz del sindicato CSI·F, Encarna García, como su homóloga de UGT, Concha Clemente, criticaron esta medida, pues, para esta última, resulta "inaceptable y no convence" y, a juicio de la primera, esta propuesta "sólo beneficia a una minoría", por lo que esperarán a una votación que realizarán el próximo jueves los trabajadores, en la que decidirán qué hacer.

Las representantes de los sindicatos hicieron estas declaraciones a Europa Press tras la reunión que mantuvieron esta mañana con la dirección de la empresa y con el director general de Trabajo, Román Ceballos, con el objetivo de que éste intentara mediar en la resolución del ERE.

En este sentido, García explicó que, durante el encuentro, el director general solicitó a la empresa que "recapacitara". Tras ello, los representantes de la compañía se ausentaron unos minutos y volvieron con el compromiso de pagar 28 días por año trabajado, en lugar de los 23 que establecieron inicialmente, indicó.

Sin embargo, la portavoz de CSI·F manifestó que este aumento "no afecta en demasía", ya que la mayoría de la plantilla lleva "entre 15 y 20 años trabajando, con una media de edad de 45 años" y consideró que la nueva propuesta "sólo beneficia a aquellos que llevan pocos años trabajando", es decir, "una minoría". "Es una medida relativamente pequeña", lamentó.

García se mostró "consciente" del "problema económico" de la compañía y, al respecto, sugirió a los representantes de Lladró la contratación de los trabajadores como "fijos discontinuos", para que, en lugar de tener un contrato de 12 meses al año, pasaran a trabajar menos tiempo. Con esto, añadió, la empresa se ahorraría el dinero de las indemnizaciones por despido.

Por su parte, la portavoz de UGT, Concha Clemente, esgrimió que a los sindicatos la medida "ni nos convence, ni nos gusta, ni estamos de acuerdo con ella" y ahora, agregó, los trabajadores "tendrán que votar y decidir", pero advirtió de que el acuerdo "no es nada bueno". "Nos han defraudado, el trabajador se merece más", matizó.

Los trabajadores afectados por el ERE de Lladró Comercial y Daisa se concentraron ayer en la puerta principal de la fábrica, situada en Tavernes Blanques (Valencia), para protestar por las condiciones del ERE y reclamar la reapertura de la negociación por parte de la dirección de la empresa, que se llevó a cabo hoy, con esta nueva propuesta que "no ha convencido" a los sindicatos.

Por otra parte, la dirección de Lladró comunicó ayer a los miembros del comité de empresa la "necesidad" de abrir un "periodo de consultas y negociación" para la realización de un ERE, que, según los datos facilitados hoy por la compañía, afectará a 240 trabajadores, ya que a los 220 de Porcelanas Lladró --40 por ciento de la plantilla--, anunciados ayer, se suman 20 de la filial Arte y Porcelanas, que representan el 20 por ciento de la plantilla.

La compañía aseguró hoy en un comunicado que está llevando a cabo "grandes esfuerzos humanos y económicos", pero "la crisis financiera actual obliga, lamentablemente, a tomar medidas aún más drásticas", por lo que "necesariamente debemos adaptarnos a las ventas con el objetivo prioritario de garantizar la supervivencia de la compañía y de todos los puestos de trabajo que sea posible", agregó.

La dirección de la empresa destacó que está aportando "todos los recursos disponibles", y que "de ser posible, tal y como se ha hecho en el pasado, seguirá destinándolos a beneficio y reconocimiento de los empleados afectados".

Asimismo, aseveró que "tiene fe en el futuro y pese a las difíciles decisiones que se deben tomar hasta que las ventas se recuperen, sigue apostando por garantizar la continuidad de la mayor parte de la plantilla".

Este ERE se suma a otro en la misma empresa que se presentó en octubre y que supuso la extinción de otros 275 trabajadores de las áreas de producción de las empresas Porcelanas Lladró --250 trabajadores-- y Arte y Porcelanas --25 empleados--.

El PSPV pide la dimisión de Blasco por intervenir y "conspirar" en la situación del 'Valencia Club de Fútbol'

VALENCIA.- El PSPV mostró hoy su más "profunda preocupación" por las informaciones publicadas "que confirman la intervención del conseller de Inmigración, Rafael Blasco, en la actual situación del Valencia Club de Fútbol", según informó en un comunicado en la portavoz de Economía del PSPV-PSOE, Cristina Moreno, que pidió la dimisión del este miembro del ejecutivo por intervenir y "conspirar" en este asunto.

Moreno considera que "estamos ante un episodio vergonzoso que no hace más que confirmar el modus operandi de un gobierno que sólo entiende la política desde la trama, la conspiración y la corrupción".

La dirigente socialista manifestó que la primera incógnita que se plantea es qué hace un conseller del gobierno valenciano en una reunión empresarial como la que ha trascendido a la luz pública. "En calidad de qué asiste Blasco a esa reunión. Por orden de quién está allí", se preguntó. "¿Como delegado del Presidente Camps?, ¿como consejero de Inmigración y ciudadanía?, ¿cómo asesor privado?".

Moreno se preguntó también qué hace un conseller participando en conversaciones "en las que se cuestiona la continuidad o no del presidente de la principal entidad financiera valenciana" y a qué se deben las afirmaciones de Blasco cuando se refiere a que Bancaixa "está metida en una operación temeraria". Para la dirigente socialista, las afirmaciones y valoraciones que realiza Blasco de Bancaixa "merecen una inmediata explicación y la depuración de las responsabilidades políticas".

La diputada explicó que estas afirmaciones "deberían suponer la inmediata destitución de Blasco, aunque es consciente de que el gestor de la campaña de intoxicación que pretende exonerar al Gobierno Valenciano de su implicación en la trama Gürtel, no va a asumir ninguna responsabilidad, ni que su rehén político, el presidente Camps, se la va a exigir".

La dirigente socialista subrayó que es constante la "compulsión manipuladora de todas las instituciones, cívicas, culturales o deportivas de nuestra comunidad por parte del PP, que lejos de dedicarse a la labor que tiene encomendada vive en un frenesí intervencionista jugando sin rubor con los intereses y sentimientos de los accionistas y aficionados del Valencia CF".

"Tras la información publicada, se trasluce que el conseller Blasco hace gala una vez más de su conocido perfil conspirador, ya que se ha dedicado siempre a intervenir y manipular todos los ámbitos civiles que irresponsablemente Camps a puesto a su disposición desde distintas conselleries", argumentó

La diputada en las Corts lamentó que situaciones como esta hacen que el Club esté en esta situación. Llevamos tiempo diciendo que cada intervención de Camps y Rita Barberá empeora la situación del club".

Víctor Campos pone a Camps contra las cuerdas al cambiar de estrategia defensiva respecto a las dádivas

VALENCIA.- El ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos cambia de estrategia de defensa y admitirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que recibió regalos de la trama corrupta de empresas que dirigía el empresario Francisco Correa y cuyo representante en Valencia era Álvaro Pérez, El Bigotes. Esos regalos fueron personales y no le pidieron nunca nada a cambio. Así lo aseguran a 'El País' fuentes del PP de Génova y del despacho que le defiende.

Campos, en principio, no recurrirá el auto del caso Camps, en el que el juez instructor José Flors rechazaba el archivo solicitado por los otros tres imputados -el presidente valenciano, Francisco Camps; su número dos, Ricardo Costa, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret- y acordaba continuar con la investigación de un presunto delito de cohecho pasivo impropio, recogido en el artículo 426 del Código Penal.

La decisión de Campos, el único de los tres cargos del PP que fue dado de baja de militancia por la dirección nacional del partido y al que sus compañeros han dejado en el ostracismo, pone patas arriba la estrategia del presidente de la Generalitat y del secretario general de los populares valencianos. Ambos insisten en que no recibieron regalos de El Bigotes.

Campos defenderá ante el juez que recibió regalos, que lo hizo en razón de amistad y que nadie le pidió nada a cambio. Su defensa esgrimirá, además, que nunca interfirió en proceso de adjudicación alguno y que los hechos que se le imputan podrían haber prescrito. Campos sólo se plantea recurrir el auto del Tribunal Superior por considerar que parte de los hechos que se le imputan han prescrito.

La decisión de Campos supone un cambio en la estrategia mantenida hasta ahora en el proceso. El ex vicepresidente del Gobierno valenciano, en su declaración ante el juez instructor José Flors, había manifestado que había pagado los trajes recibidos -igual que los otros tres cargos-, recurrió su imputación y llegó a presentar una solicitud de archivo.

Ahora, después de que el auto le vincule con, al menos, un pedido de tres trajes, dos americanas y cinco pantalones, valorados en 4.850 euros y pagados por Pablo Crespo, copropietario de Orange Market y uno de los cabecillas de la trama, Víctor Campos ha decidido adoptar otra línea de defensa.

El auto del magistrado José Flors lo explica así: "[en 2005] Álvaro Pérez y José Tomás [sastre y principal testigo de cargo] acudieron al despacho oficial de Víctor Campos Guinot, que desempeñaba el cargo de vicepresidente del Consell de la Generalitat valenciana, en cuyas dependencias el señor Tomás [el sastre de Milano y Forever Young] le tomó medidas y le exhibió el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prendas de ropa".

El cambio de rumbo de la defensa del Víctor Campos coloca a Camps y a Costa ante un nuevo aprieto. El ex vicepresidente de la Generalitat se retiró de la política en la primavera de 2007, justo antes de la campaña electoral autonómica. Campos, a diferencia de Camps y Costa, fue suspendido de militancia en el Partido Popular inmediatamente después de que el juez de la Audiencia Nacional lo incluyera como posible autor de un delito de cohecho en el auto redactado el pasado mes de marzo.

Es el único de los imputados en Valencia que ha sido suspendido de militancia. Ahora, Víctor Campos asume que puede ser condenado a una multa, aunque considere que los regalos fueron personales y que no ha cometido delito alguno. De hecho, el ex vicepresidente de la Generalitat nunca ocultó su relación con Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia.

La defensa de Campos, además, pone en duda que el supuesto delito todavía pueda ser perseguido. ¿Por qué? Porque si se toma como referencia la apertura de diligencias, 6 de agosto de 2008, dado que el delito de cohecho tiene tres años de prescripción, el encuentro en el despacho del ex vicepresidente, cuya fecha no se precisa, debería haberse producido con posterioridad al seis de agosto de 2005.

Las acusaciones entienden que el regalo no es efectivo, aunque los trajes se le hubiesen entregado antes, hasta que se abonó el coste de los mismos. Un pago que se hizo en el segundo semestre de 2006.

Sin embargo, en el auto del Tribunal Superior valenciano se señala que Campos "según manifestó José Tomás en la declaración que prestó ante este magistrado instructor, sobre la primavera de 2006 se presentó en la tienda de la calle de Serrano y se llevó un chaqué que confeccionó de la talla 48 y varias cosas más". Campos negó tal cosa en su comparecencia como imputado ante Flors.

Por contra, Francisco Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret, han decidido mantener la estrategia que han seguido hasta ahora. Esto es, negar que han recibido regalos y que pagaron en efectivo las prendas que aparecen referenciadas en la documentación de Milano y Forever Young.

Costa, en su recurso, ha decidido cuestionar los testimonios del sastre, poner en duda su credibilidad, minimizar la trascendencia de su relato y cuestionar el soporte de pagarés, facturas, hojas de pedido, de entrega y tiques varios. Eso es lo que argumentará, según fuentes próximas a Camps, el presidente valenciano. Las mismas fuentes argumentan que el jefe del Gobierno valenciano prefirió optar por negar la mayor antes que admitir que recibió los trajes.

Los trajes del ex vicepresidente Campos

En el auto del juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, José Flors, dictado el pasado lunes, refleja los siguientes encargos de ropa del ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos.

- En 2005, "Álvaro [Pérez, El Bigotes] y José Tomás [el sastre] acuden al despacho oficial de Víctor Campos, en cuyas dependencias el Sr. Tomás le tomó medidas y le exhibió el muestrario de telas, recibiendo el encargo de varias prensas de ropa: tres trajes, dos americanas y cinco pantalones por 4.850 euros". "No existe constancia de que los receptores de esas prendas abonaran su precio ni directa ni indirectamente, y sí la hay, en cambio, de que fueron satisfechas mediante dos cheques librados contra la cuenta de Orange Market".

- "En la primavera de 2006, D. Víctor Campos se presentó en la tienda de [Milano de] Serrano y se llevó un chaqué de confección de la talla 48 y varias cosas más (lo que el Sr. Campos negó en su declaración)". "La deuda fue finalmente saldada en metálico, y no por el señor Campos".

El PSPV respalda las medidas de apoyo al sector de la prensa en Castellón

CASTELLÓN.- El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, anunció el respaldo del PSPV-PSOE a la propuesta planteada por el Col.lectiu de Treballadors dels Mitjans de Comunicació de Castelló, integrado por Justificar a ambos lados60 profesionales de la prensa de Castellón.

El colectivo entregó a los representantes municipales una propuesta de moción para que sea debatida y aprobada en el pleno. Según dijo Calles, "los medios de comunicación aportan un plus de calidad a la democracia y son vehículos para la transmisión de valores, de cultura y de ética pública. La labor social de la prensa exige una respuesta de las administraciones para evitar que la crisis minimice su voz".

La moción persigue, entre otros objetivos, reclamar a las administraciones la adopción de medidas económicas y fiscales que ayuden a la supervivencia de los medios de comunicación y al mantenimiento de los puestos de trabajo.

Calles destacó el papel que la Administración local puede tener para impulsar el sector, "sin que ello suponga que ni la política ni la prensa crucen la línea roja que las separa, por el bien de la independencia periodística y para evitar la tentación de los partidos políticos de utilizar a los medios para fines electoralistas".

El grupo socialista apoyará las medidas que se acuerden para fomentar la promoción de los medios de comunicación en la sociedad de Castellón, mediante campañas financiadas con fondos públicos para animar la lectura de periódicos y el consumo de radio y televisión.

Calles defiende el reparto proporcional de los recursos destinados a la publicidad institucional, sin discriminación por divergencias políticas con la línea editorial de los medios. "Sólo con esta medida muchas empresas periodísticas podrían afrontar el envite de la crisis", dijo.

El líder socialista se comprometió, Asimismo, a buscar respaldo a la iniciativa en las instituciones públicas con representación del PSPV-PSOE, como la Diputación, Les Corts Valencianas, el Congreso y el Senado.

En la misma medida, se solidariza con las propuestas que en una línea parecida está abanderando la Asociación de Periodistas de Castellón.

La APC también se ha dirigido al equipo de gobierno municipal para que el Ayuntamiento establezca una línea de ayudas al sector de la prensa que frene los despidos de profesionales.

Bancaja y la CAM están por debajo de la media en inversiones sociales

VALENCIA.- Las cajas valencianas Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM) están por debajo del porcentaje medio (26%) que dedican de sus beneficios veintiuna entidades financieras para la obra social, según un estudio realizado por Consumer Eroski y que ha incluido también a cinco bancos.

Concretamente, el estudio indica que Bancaja dedica un 22,8% (84 millones de euros) de sus beneficios para Obra Social mientras que Caja Mediterráneo, con 49 millones de euros, no supera el 12,7%.

Otro de los datos indica que la CAM destina una mayor proporción (37%) de su presupuesto social para iniciativas sociales y sanitarias y Bancaja incide en las iniciativas culturales (40,8%).

Además, el estudio señala que las grandes cajas de ahorro "refuerzan sus fondos de reserva a costa de la subvención para iniciativas sociales".

En el análisis realizado por Consumer Eroski se ha analizado a Caja Cantabria, Caja Rioja, Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Kutxa, Caja Vital, Caixanova, Caixa Galicia, Caixa Catalunya, Caja Sur, Unicaja, Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), Ibercaja, CAM, Caja Murcia, Caja España, Caja Duero, Caja Madrid, Cajastur, La Caixa, Bancaja y Caja de Ahorros de Navarra (CAN).

Los responsables del estudio han explicado que se consultaron sus memorias y cuentas anuales y se remitieron cuestionarios cerrados a los responsables de la Obra Social de cada una de ellas.

Han añadido además que si se comparan los resultados con los obtenidos en un estudio similar elaborado en 2004, "se observa una realidad con dos caras".

Por un lado, el crecimiento de la inversión social en términos cuantitativos es más que notable: de 677 a 1.654 millones de euros (1.338 millones si sólo se incluyen las quince entidades evaluadas hace cinco años). Sin embargo, si se toma como referencia el porcentaje sobre beneficios, se comprueba una tendencia descendente generalizada.

Las mismas fuentes han hecho hincapié en que el crecimiento de la inversión de las cajas de ahorro en iniciativas sociales "se ha producido de manera fundamental por el aumento de los beneficios y no por el crecimiento de los porcentajes dedicados a estos fines, afectados por la necesidad de reforzar las reservas de las entidades".

La normativa, vigente desde 1992, exige a las cajas de ahorro dedicar como mínimo la mitad de sus beneficios para el fondo de reservas que garantice su solvencia y futuro económico. En el caso de Bancaja y CAM esa partida supone el 77,2% y el 87,3%, respectivamente, de sus ganancias en 2007.

El 22,8% restante en el caso de Bancaja y el 12,7% en CAM se destinó para financiar la Obra Social de estas dos entidades valencianas durante 2008.

Así, de los 386 millones de euros que ganó CAM, 49 millones de euros (en los que se incluyen gastos de amortización y administrativos) se dedicaron íntegramente a sufragar las actividades de su Obra Social durante el año pasado.

Pese a lograr un beneficio menor, Bancaja invirtió casi el doble, 84 de sus 369 millones de euros de beneficios. En cualquier caso, ambas entidades de ahorro se encuentran por debajo de la proporción media para Obra Social de las veintiuna cajas analizadas, un 26%.

No obstante, las diferencias se reducen o desaparecen cuando se comparan con las dos principales cajas del país, La Caixa y Caja Madrid, pues la proporción de Bancaja para fines sociales es superior a la de la entidad catalana (un 18,7%, 465 de sus 2.488 millones de euros de beneficios) y casi triplica a la madrileña (un 8,7%, 250 de los 2.861 millones de euros de beneficios).

En el estudio se indica que la CAM queda detrás de La Caixa, pero rebasa la proporción de Caja Madrid.